+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Raúl Cruz emula los abusos de Galdino Huerta en Santa Lucía del Camino

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Raul

+ Alcoholímetro, bares y actividades cuestionables, invisibles para Munícipe


Santa Lucía del Camino ha padecido largamente por la displicencia de sus autoridades municipales, y de su marcada voluntad por evadir algunos de los problemas de fondo de esa demarcación. Acaso el ejemplo más negro de ese tipo de autoridades fue Galdino Huerta Escudero, quien en poco tiempo convirtió a Santa Lucía en un espacio franco para diversas actividades prohibidas en cualquier otro municipio conurbado a la capital, y rápido también se fue en contra de sus propios gobernados, para exprimirles su economía y someterlos a cualquier cantidad de abusos. Y lamentablemente, Raúl Cruz González ya anda sobre los mismos pasos de su antecesor.

En efecto, con Huerta en Santa Lucía explotaron diversos abusos que hoy siguen ahí. Uno de ellos, el más conocido de todos, fue el del florecimiento de los centros de vicio y casas de prostitución, que llegaron incluso al extremo de “anunciarse” a la ciudadanía a plena luz del día ya no como botaneros, sino abiertamente como prostíbulos y casas de citas. Ávido de dinero, Huerta se dedicó a expedir licencias para el funcionamiento de bares, cantinas y “centros de entretenimiento”, por lo que incluso se distanció y peleó abiertamente con la mayoría de los integrantes de su Cabildo, a dos de los cuales incluso intentó meter en la cárcel.

Hoy en día existen muchos más bares, cantinas y prostíbulos en Santa Lucía del Camino, que los más de 300 que ya estaban antes de llegar Huerta al gobierno municipal de aquella demarcación. ¿Qué ha hecho Raúl Cruz al respecto? Evidentemente, nada.

Y no sólo eso: desde el inicio de su administración, en el mes de enero pasado, Cruz justificó su inacción frente a ese, que es uno de los grandes problemas, y uno de los mayores riesgos para la población, argumentando que como no había ocurrido ningún proceso de entrega-recepción entre la administración saliente y entrante, él no tenía ningún documento que le permitiera saber el número exacto de centros de vicio y/o prostitución que existían “legalmente” en la demarcación; y que por esa misma razón, Huerta no había entregado los sellos y la papelería oficial por lo que, dijo, éste podría seguir entregando permisos ante fechados para “legalizar” la existencia de esos establecimientos.

En ese sentido, Raúl Cruz ha preferido voltear para otro lado y fijar su atención en otros temas, evadiendo su responsabilidad de, por ejemplo, realizar inspecciones o revisiones a todos esos documentos oficiales al amparo de los cuales funcionan centenares de centros de vicio en aquella demarcación. Nunca ha reconocido que hacer eso significa un riesgo para su integridad y la de los funcionarios municipales, porque eso lo llevaría a también reconocer que en Santa Lucía ocurren otro tipo de actividades ilícitas de mucho mayor envergadura.

Más bien, lo que ha hecho es ignorar el problema en una especie de política de no meterse ni mover nada alrededor de los centros de vicio que ha solapado. Lo más que ha llegado a hacer es asegurar que durante su administración no se han expedido nuevas licencias para bares o cantinas, aunque en realidad esa es la última parte de un problema mucho mayor que radica en la incertidumbre sobre el funcionamiento de todos los establecimientos que ya existen y que funcionan de manera permanente, o intermitente, las 24 horas del día, todos los días del año.

EL ALCOHOLÍMETRO

Ese es otro rubro en el que Raúl Cruz se está convirtiendo en un pequeño, ávido y abusivo émulo de Galdino Huerta. Durante la gestión anterior, los puntos de revisión conocidos como alcoholímetros sirvieron para extorsionar y despojar a la ciudadanía de recursos económicos frescos, importándoles poco la integridad y la salvaguarda de las personas que conducen un vehículo de motor bajo los influjos del alcohol, y todos los que se encuentran alrededor de éste.

En algo que parecía inaudito, en los puntos de revisión de alcoholímetro en Santa Lucía del Camino, si un conductor ebrio llevaba la cantidad de dinero suficiente para pagar la multa correspondiente, así como los costos ocasionados por la inmovilización y arrastre del vehículo, podía continuar su camino; cuando en todos los demás puntos de revisión de alcoholímetro municipales, estatales y federales, por lo menos para la persona que es arrestada la sanción es inconmutable y debe permanecer retenida por un periodo que va de las 24 a las 36 horas, incluso habiendo tramitado un amparo. Pero además de todo eso, los costos de las multas, corralón y arrastre en Santa Lucía del Camino, eran con Huerta y siguen siendo con Cruz, de los más altos que un Ayuntamiento tenga autorizado a cobrar en Oaxaca.

No obstante, Raúl Cruz comienza a imprimirle su impronta al jugoso negocio del alcoholímetro. Pues si bien continúa la práctica de liberar al conductor ebrio a cambio de una multa –que ronda, según los parroquianos que han tenido la desgracia de haber caído en esos puntos de revisión, entre cinco y siete mil pesos sólo por la liberación de la persona, mas no por la recuperación del vehículo—, ahora aseguran que se ha popularizado el hecho de que los encargados de esa situación omiten la entrega de los recibos correspondientes.

Luego, señalan que después de haber pagado tal cantidad por la liberación de la persona que conduce bajo los efectos del alcohol, también hay que pagar otra cantidad de dinero por concepto de multa al vehículo, independientemente de que hay que pagar también por el arrastre y el uso de corralón para la unidad.

En el caso del punto de revisión que instalan en el cruce de Avenida Ferrocarril y Avenida Hornos, los vehículos sólo son arrastrados unas tres cuadras, ya que el encierro de vehículos se encuentra a espaldas de las oficinas del Instituto Nacional Electoral, que se encuentran sobre Hornos, casi llegando a la Avenida Lázaro Cárdenas. Aún así, por esos dos conceptos de arrastre y corralón, deben pagan alrededor de mil pesos; y al final, el Ayuntamiento sólo expide un documento que se entiende que es un oficio de liberación de la unidad, pero que no hace mención de los pagos que se realizan tanto por liberar a la persona del arresto, como respecto a la unidad.

Y lamentablemente si ese es un rasgo que lo ubica en el mismo rasero de su antecesor, a Raúl Cruz también le está carcomiendo su mala planeación de obras. Pues, volviendo al ejemplo de Avenida Ferrocarril, hay tramos enteros en los que su administración realizó obras hace más de dos meses, que continúan abiertos y, por ende, intransitables. Cada que bloquean puntos como el Monumento a Juárez o el crucero del IEEPO, el tráfico se carga sobre Lázaro Cárdenas —que está cerrado a la altura del Centro de Convenciones— e irremediablemente sobre Avenida Ferrocarril, que es la única arteria que queda para desfogar todos los vehículos que son desviados. Ahí, la ineficiencia y la indolencia de la gestión de Raúl Cruz se hacen presentes demostrando que tampoco en ese rubro ha logrado hacer algo notable.

PROTAGONISMO

En lo que sí es un ejemplo es en el protagonismo que ha demostrado. Carretadas de tuits y publicaciones, en las que su intención real es hacerse presente en las redes del Gobernador del Estado, para atraer su atención. Pareciera, pues, que él y su esposa gobiernan —así lo han reconocido en varias ocasiones, cuando se refieren a la gestión municipal como “nuestro gobierno”— más para llamar la atención de la clase política, que para entrarle de lleno a los problemas de fondo de ese lastimado municipio, que no ha logrado superar el mal fario de sus sucesivos gobernantes.

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