+ Alcaldes y diputados, en su mayoría serán reprobados por abulia y frivolidades
La elección del año próximo será atípica respecto a todo lo que conocemos, porque será la primera vez que los legisladores y concejales tendrán la posibilidad de reelegirse. Esta situación tendrá su propio impacto, aunque lo cierto es que hasta ahora no se tienen grandes expectativas de la reciente apertura constitucional a la reelección consecutiva de diputados y autoridades municipales. Esa disposición fue añadida a la Constitución para promover la productividad y la responsabilidad entre los alcaldes y legisladores, que de entre toda la clase política son quienes tienen de la peor fama. El problema es que ni eso los alentó a ser mejores.
En efecto, uno de los cambios más trascendentales de la reforma constitucional en materia político-electoral publicada en mayo de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, establece que los diputados de las entidades federativas pueden reelegirse consecutivamente hasta por cuatro ocasiones. Esta fue una de las decisiones más polémicas porque confrontó a los partidos y a los representantes populares, al dilema histórico de revisar el tema de la no reelección en México, que es uno de los grandes tabúes de nuestro sistema político por los problemas que provocó en el pasado. Quienes se negaban decían que eso era abrir las puertas a las tentaciones presidenciales rumbo a la reelección. Y quienes lo apoyaron sostuvieron —según— que ese era el mecanismo idóneo para revitalizar a los Congresos.
Dentro de la misma reforma, se estableció que las entidades federativas debían armonizar sus respectivas constituciones para establecer la reelección consecutiva de legisladores y autoridades municipales hasta por un máximo de cuatro periodos. Oaxaca armonizó en la Legislatura pasada la Constitución local, y por esa razón quedó establecido que a partir de la LXIII Legislatura, los legisladores integrantes podrían acceder al mecanismo de la reelección, y que también a partir de entonces los concejales podrían tener la posibilidad de buscar ser convalidados en sus cargos por el voto ciudadano de forma consecutiva.
En ese panorama, lo que parece es que, en lo ortodoxo, ambas posturas tienen sus razones sólidas: los anti reeleccionistas sostienen que no había razones para repensar esas figuras en un país que busca avanzar hacia una democracia rotativa y participativa; quienes están a favor, dicen que ese es el mecanismo idóneo para eliminar el “cheque en blanco” que cada tres años les hemos entregado a nuestros legisladores locales y federales para que hagan lo que quieran con el fuero —figura constitucional en vías de extinción, con todos sus asegunes—, con el cargo y con sus privilegios, sin que al final tengan que rendirle cuentas a alguien o demostrar trabajo o responsabilidad e interés por el deber que les fue conferido. En ese sentido, también parecen tener razón. Sin embargo hay más aristas que deben ser también analizadas.
Esto porque en un primer momento es claro que hoy como nunca los diputados locales y federales, y los senadores, son símbolo y representación de los intereses de sus partidos y de las cúpulas a las que representan, antes que de la ciudadanía. En su mayoría, los diputados que fueron a una elección abierta y ganaron terminan convirtiéndose en “borregos” de las cúpulas, que en la gran mayoría de los casos están integradas por los legisladores de representación proporcional, que a su vez simbolizan a sus cúpulas partidistas, aunque no necesariamente para defender y preservar los principios del partido político que los postuló, o a la ciudadanía.
En este sentido, con el hecho de que a los diputados y senadores no se les permita la reelección abre el espacio para que hagan lo que les venga en gana, pues durante el tiempo de su encargo no existe un solo mecanismo para que la ciudadanía los llame a cuentas o pueda reprenderlos por su falta de actividad; y cuando están a punto de terminar su gestión, tampoco. Es decir, que como no pueden volver a aspirar a ser diputados en el futuro inmediato, entonces no hay aliciente alguno para que se esmeren en el trabajo legislativo, y entregando buenas cuentas a sus electores puedan aspirar a ser ratificados en el cargo.
NADIE ENTENDIÓ
En Oaxaca hubo la idea el año pasado de que tanto los diputados locales como las autoridades municipales plantearían sus respectivas gestiones con miras a dos periodos, o más. El hecho de que este periodo actual de los diputados locales y los alcaldes fuera de dos años, con el aliciente de la reelección consecutiva, generaba la expectativa de que unos y otros buscarían extender sus mandatos, por lo menos de dos a cinco años abarcando dos periodos. Pero todo ha sido un fiasco.
Acaso, el que más habló de eso en su momento fue José Antonio Hernández Fraguas en Oaxaca de Juárez. Según sus cálculos, él haría un gobierno con miras para convertirse en una gestión extendida de cinco años, a partir de la eficacia que dijo que demostraría en este primer periodo de dos años. El problema es que hasta ahora todos han sido fracasos, que han ido de lo importante a lo intrascendente, pero que sí han demostrado que en realidad no tenía ni la capacidad política ni el proyecto sustentado para conseguirlo. Por eso la ciudad ha padecido de manera importante, y por mucho, el gobierno municipal ha contado más escándalos y fracasos, que posibilidades de consolidar una gestión responsable que pudiera generar confianza en la ciudadanía para refrendarles su voto para un segundo periodo.
Lo mismo le ha pasado a otros alcaldes como Raúl Cruz González de Santa Lucía del Camino, Emanuel Alejandro López Jarquín de Santa Cruz Xoxocotlán, y otros que han intentado hacer gestiones en apariencia más sensibles y cercanas con la ciudadanía, pero sin lograr resultados tangibles. En Santa Lucía del Camino, Cruz González ha tratado de acercarse a la ciudadanía, pero no ha logrado hacer nada relevante con los temas torales de aquella comunidad. Temas como la delincuencia organizada, la abundancia de giros negros, y los conocidos abusos de sus corporaciones policiacas, además de la forma poco ortodoxa en el cobro de impuestos, han sido pendientes que los electores de aquella demarcación le siguen reclamando a su munícipe.
En el caso de Xoxocotlán, las cosas son más o menos similares. López Jarquín ha gastado cantidades millonarias en la promoción de su imagen, pero en realidad no ha hecho lo suficiente para resolver ni los problemas básicos de aquella comunidad. El paso de Oaxaca de Juárez a Xoxocotlán permite ver el descuido o la incapacidad de la autoridad municipal para enfrentar responsabilidades tan básicas como los baches o la delincuencia común.
Esa misma incapacidad se nota, exacerbada, en la mayoría de los legisladores. Muy pocos de ellos han entendido que las cosas no pueden seguir teniendo las inercias de siempre, para plantear su representación popular con un sentido más ciudadano. No lo han hecho. Y por eso, aún cuando haya quienes intenten reelegirse en sus comunidades, nada garantiza que puedan lograrlo. La mayoría de ellos se entregaron a las frivolidades propias de los cargos legislativos, o a asumir la comodidad de los diputados a la antigua, que no se sentían evaluados por nadie. En esas condiciones, quién sabe qué destino tenga la reelección consecutiva en un escenario en el que nadie ha asumido la responsabilidad y la trascendencia de esa figura.
CONTRASTES
A propósito de la unción de Alejandro Avilés como delegado de Sedesol, vale la pena el contraste: Raúl Bolaños Cacho Cué, el secretario más joven de la administración estatal, ha sido uno de los funcionarios más disciplinados y cuidadosos en su conducción personal e institucional, y es quien más ha recorrido la entidad cumpliendo con las responsabilidades encomendadas por el Gobernador del Estado. El contraste, abismal, lo tiene con Avilés que no puede decir lo mismo en ninguno de los rubros anteriores, independientemente de su turbio historial como dirigente político. Sustantivas diferencias que serán determinantes en 2018, para esos dos personajes que —dicen— aspiran al mismo escaño en la cámara alta. Sólo será cuestión de tiempo para corroborarlo.
