+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

El diálogo por la bilateralidad sólo busca mantener el equilibrio al interior de la S-22

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A pesar de que el gobierno de Oaxaca parece transitar en los linderos de lo riesgoso al continuar dialogando con la Sección 22 del SNTE sobre el proceso de “bilateralización” de la educación, todo esto más bien debería entenderse en el contexto de las tensiones que existen tanto en el frente estatal, como en el gobierno federal, y al interior del propio magisterio, por el sostenimiento de las negociaciones políticas y salariales, el impasse en el que entró el conflicto magisterial luego de los sismos, y la cercanía con la elección federal de 2018. Aún cuando parecieran cuestiones aisladas, en realidad todo parece concatenado y por eso es importante comprenderlo.

En efecto, en los últimos días hemos visto cómo la Sección 22 del SNTE reactivó sus acciones de protesta, y nuevamente estableció como uno de los temas prioritarios de su agenda la continuación del diálogo por la “bilateralización” de la educación pública en Oaxaca. ¿Qué buscan? Quieren, en realidad, que la administración de la educación pública básica y media básica vuelva a ser como antes, cuando la Sección 22 tenía el reconocimiento institucional para incidir en el nombramiento de toda la estructura administrativa del IEEPO —con excepción sólo del Director General—; y para ejercer un cogobierno abierto y reconocido con el Gobierno del Estado en materia educativa.

Ese es, de hecho, un planteamiento de fondo que tiene la Sección 22, y que ha ido transitando a lo largo del tiempo y de las circunstancias que se han venido presentando desde la aprobación de la reforma educativa en 2013. Desde entonces, el magisterio oaxaqueño ha venido perdiendo espacios de control en todas las áreas administrativas de la educación, y su último reducto era el control que ejercía al interior del IEEPO, el cual se terminó en 2015 cuando el entonces gobernador Gabino Cué les expropió la administración del instituto educativo a través de un decreto que lo extinguía, y creaba un nuevo organismo ubicado únicamente bajo la tutela del Poder Ejecutivo.

A partir de entonces, la lucha política del magisterio se bifurcó entre exigir la abrogación de la reforma educativa, y la recuperación del control administrativo de la educación. Se tuvo la idea de que al despojar a la 22 de la influencia que tenía en la administración de los recursos educativos —los recursos humanos, esencialmente—, habría una caída en la respuesta de los trabajadores a los llamados hechos por su dirigencia sindical. No ocurrió así. Por eso, en algún sentido la Sección 22 insiste en que, gracias a ese respaldo, debe regresar el cogobierno en materia educativa a través de un acuerdo de bilateralidad en la administración de la educación.

En ese sentido, el gobierno de Oaxaca ha hecho eco de ese llamado y, de hecho, parece estar explorando algunas vías a través de las cuales pudiera dialogar con el magisterio en ese rubro. Ya lo había hecho a mediados de año. Y de hecho, hasta antes del terremoto del siete de septiembre, ese era uno de los temas principales de la agenda magisterial.

Dicha agenda quedó momentáneamente suspendida por la emergencia de los últimos dos meses. Pero finalmente parece que es uno de los temas con los que la dirigencia magisterial pretende ‘revivir’ y relegitimarse con sus bases, que nuevamente les cuestionan la tibieza de sus acciones y la falta de resultados concretos. Por eso la intención —y acaso, el respaldo disfrazado de apertura, por parte del gobierno para mantener con vida política a su interlocutor magisterial— de retomar ese tema y llevarlo hasta el mayor límite posible mientras cae la ola de la elección presidencial, y arrastra cualquier otro tema bajo la inercia de los tiempos electorales.

SIGUEN, ‘EL BUENO’ Y ‘EL MALO’

En nuestra entrega del pasado 28 de agosto nos referimos a esto, que sigue teniendo plena vigencia, cuando apuntábamos que, en respecto al diálogo por el retorno de la bilateralidad en la administración de la educación, parece que el gobierno federal, y el de Oaxaca, siguen jugando al bueno y al malo.

¿La razón? Porque mientras uno parece ceder, el otro aprieta irremediablemente. Pues por un lado, el gobierno de Oaxaca ha seguido avanzando en el diálogo que mantiene con la Coordinadora y la Sección 22, el cual tiene como telón de fondo la promesa de impulsar un proceso de gobierno “bilateral” con el magisterio en materia educativa. Esa promesa se ha visto cristalizada en ciertas canonjías que el gobierno estatal le ha permitido a la 22, pero que no alcanzan —y no ojalá no lo hagan— en lo que corresponde a la administración de la educación básica, media básica y media superior que está bajo la influencia de la Sección 22.

Así, mientras el gobierno de Oaxaca parece decidido a cogobernar con la 22, cuando menos en el papel, el gobierno federal ha ido avanzando en una lógica distinta. Ellos se han dedicado a implementar silenciosamente algunos aspectos de la reforma educativa que la Sección 22 se resiste a reconocer.

En noviembre de 2015 realizaron su primer proceso de evaluación docente, y éste ocurrió en medio de un enfrentamiento en las inmediaciones de Ciudad Administrativa. Las posteriores se han realizado en otras entidades y a través de operaciones más discretas. La realidad apunta a que aún con la resistencia aparente del magisterio, de todos modos se han ido realizando los procesos de selección y que cada vez se aceptan más las condiciones de la reforma educativa por parte de los mismos trabajadores de la educación.

A estas alturas, el riesgo que existe es que, por un lado, la federación “suelte” el proceso lento pero constante que lleva con la reforma educativa gracias a una eventual candidatura presidencial de Aurelio Nuño por el PRI —cuestión que como apuntamos en este espacio el 14 de agosto, pavimentaría la cuenca del descontento que sería la región sureste del país por la influencia de la Coordinadora, y su resistencia a la reforma educativa de la que el propio Nuño es insignia—; y que, por el otro lado, las propias circunstancias políticas llevaran al gobierno estatal a ceder en su promesa —demagógica— de la “bilateralidad” en el cogobierno con la Sección 22, no sólo en materia educativa sino también en lo que se refiere a la gobernabilidad, ya que en Oaxaca la 22 es un factor indispensable también en ese aspecto.

Al final, mientras no termine el doble juego y se administre correctamente, parece ser benéfico para todos —incluso para la 22, en el corto y mediano plazo. Ese equilibrio se romperá a finales del año, cuando México se inunde por la elección presidencial. Para comprobarlo, es sólo cuestión de esperar.

DIÁLOGO DE SALVACIÓN

¿A quién le ayuda revivir hoy este tema? Evidentemente, a la desgastada dirigencia de Eloy López, que gracias a eso tiene una bandera para congraciarse con sus agremiados, aunque en el fondo todos sepan que no llegarán a ningún lado. Paradoja: un líder sindical respaldado por sus contrapartes —que le regalan una bandera en tiempos difíciles—, para que pueda seguir adelante.

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