Hace algunos días, la candidata presidencial independiente Margarita Zavala, se quejó con amargor sobre la disparidad existente entre la asignación de los llamados “tiempos oficiales” de radio y televisión durante la campaña, entre ella y cualquiera de los candidatos postulados por partidos políticos. Mientras a ella –que llegó a la candidatura sólo con respaldo ciudadano— le ofrecían unos cuantos spots de radio y televisión en cada una de las señales, a los candidatos de los partidos literalmente les ofrecían miles. Esto es, en sí mismo, un problema de inequidad, que puede volverse mayúsculo si asumimos las implicaciones que esto tendrá en los próximos años tanto para el gobierno como para los ciudadanos.
En efecto, es necesario dividir este problema en partes. Pues en lo que corresponde a la propaganda gubernamental, en sus primeros cuatro años, de 2013 a 2016, la administración de Enrique Peña Nieto ha gastado 36 mil 261 millones de pesos en publicidad oficial, un 71% más de lo que le aprobó el Congreso, de acuerdo con un estudio de Fundar. Esa cifra representa un gasto de 24.8 millones de pesos por día, o un millón de pesos por hora, para difusión en medios. En el periodo señalado, la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 21 mil 99 millones de pesos para publicidad oficial, pero el gobierno de Peña Nieto rebasó esa cifra por un monto de 15 mil 161 millones de pesos.
Y es que más allá de las cifras y los millones que se han usado para promocionar al gobierno federal, el problema con la publicidad oficial, señalan expertos, es el uso político de los recursos públicos para “capturar” la información periodística, y el impacto que esta tiene en la vida de las personas. En ese sentido, de acuerdo con una nota de Animal Político, Rocío Stevens de Oxfam México, una organización que trabaja el tema de la desigualdad social, señala que “la falta de límites en publicidad oficial crea condiciones para que el poder político pueda capturar la agenda de la información y de las ideas, de lo que se debate, y lo que eso implica en la calidad y el tipo de información que recibe la ciudadanía”.
Ahora bien, más allá de este panorama, vale la pena preguntarse qué pasará con la legislación que quizá se emita sobre la publicidad gubernamental, y cómo esto sí podría tener un impacto al combinarse con los lineamientos para la asignación de tiempos públicos de radio y televisión a los candidatos, durante las campañas. El analista Javier Tejado Dondé ofrece algunas coordenadas fundamentales.
LA CIMBRA DE UN NUEVO RÉGIMEN
Dice Tejado (https://bit.ly/2Hc4izp) que hay dos factores que pueden incidir en el establecimiento de un largo régimen en México, que abarque cuando menos 18 años: a) la Ley Electoral vigente y b) la nueva Ley de Publicidad Oficial, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ordenado expedir. Ambos instrumentos son clave para posicionar las acciones de un gobierno y de un candidato y son la piedra angular de cualquier estrategia electoral.
La Ley Electoral que tenemos desde 2006 es totalmente estatista y sólo permite a los partidos políticos hacer campañas y también, sólo a ellos, hacer promoción de temas políticos y electorales. Estas campañas se hacen principalmente con los spots gratuitos que el INE da a los partidos políticos, cuya asignación es proporcional al número de escaños que obtienen en la Cámara de Diputados. Así, un partido que obtenga la mayoría en la elección del 1 de julio, en la Cámara de Diputados, tendrá también la mayoría de spots electorales para la siguiente elección (del 2021). Con lo que los resultados de la elección del 1 de julio no sólo definen quién va a gobernar y quién tendrá la mayoría en cada Cámara del Congreso, pero también desde ya se definirá quién tendrá el mayor número de promocionales (o spots) para la próxima elección de dentro de tres años.
El esquema es tan estatista y arbitrario que, por ejemplo, una candidatura independiente —como la de Margarita Zavala— tiene derecho a un (1) spot por cada 124 que tiene la alianza PRI-PVEM-NA o por cada 119 que tiene el Frente conformado por PAN-PRD-MC. Con lo que queda claro que desde ahora quien tenga mayoría en estas elecciones, tendrá una ventaja para los comicios de 2021.
El otro elemento de cualquier estrategia político-electoral es la publicidad que un gobierno puede hacer durante su periodo de gestión. Luego de un mandato constitucional incumplido, desde 2015, la Corte ha ordenado que se expida una nueva Ley de Publicidad Oficial y que ésta tiene que estar lista, en teoría, para el próximo 30 de abril.
Esta nueva ley va a regir la publicidad del gobierno federal, pero también la de los gobiernos estatales y municipales. Esto significa que cualquier promoción (éxitos y logros) de un gobernante —ya sea en medios electrónicos, impresos y hasta en internet— será regulada por esta ley, así que ésta regirá todo lo que sucede en periodo no electoral para posicionar logros de gobierno. De ahí su importancia. Además, regulará un importante gasto publicitario: 6 mil millones de pesos por año por parte del gobierno federal y otro tanto, incluso superior, por parte de los gobiernos estatales y municipales.
Si esta ley no la expide la actual Legislatura, en el que hay un equilibrio entre partidos y nadie tiene mayoría por sí mismo, en un nuevo gobierno con mayoría en el Congreso se podría aprobar una Ley de Publicidad Oficial que haga nugatoria la posibilidad de que un gobernador, un presidente municipal o cualquier otro funcionario público pueda promover —con recursos públicos y hasta con privados— sus logros o dar cuenta de sus acciones de gobierno. Así, nadie se podría dar a conocer con sus gobernados.
Con ello, queda claro que un siguiente gobierno con mayoría en el Congreso no sólo va a tener la mayor parte de los spots electorales para las elecciones del 2021, sino también la posibilidad de expedir una Ley de Publicidad que evite que crezcan o se den a conocer logros.
La mezcla entonces de la actual Ley Electoral y la nueva Ley de Publicidad, que ha ordenado la Corte, puede generar un nuevo régimen político que inhiba el crecimiento de nacientes figuras públicas, privilegiando el mantenimiento del status quo que se obtenga el próximo 1 de julio. El riesgo entonces de un régimen que perdure durante años, por el control de medios de comunicación, de la publicidad oficial y de los spots en época electoral, parece ser una posibilidad real.
VER A VENEZUELA
Tejado lo advierte con oportunidad: En regímenes como el venezolano, que justo lleva 18 años en el poder, el cambio de la legislación y el control de medios se ha dado con el paso de los años, pero en México, el fuerte control que los políticos decidieron asumir de los procesos electorales desde 2006, aunado al reciente mandato de la Corte para regular la publicidad oficial parecen ser una mezcla potencialmente explosiva que podría dar lugar al establecimiento de una cuasi-dictadura a partir de leyes dadas desde un modelo democrático.
