En enero pasado, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, denunció que el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, le estaba reteniendo recursos económicos al gobierno que encabeza, señalando que esto constituía una especie de represalia por perseguir a su antecesor en el gobierno chihuahuense, César Duarte Jáquez. Aunque su denuncia parecía estar revestida de un complejo fondo político, lo cierto es que todo lo resolvió cuando convirtió su inconformidad en un chantaje, y convino con el gobierno federal que dichos recursos le fueran transferidos a cambio de no continuar sosteniendo que esta era una acción política. Hoy, Corral es nuevamente noticia por su afán de seguir confrontando al ámbito federal respecto a la actuación y las disposiciones del Poder Judicial Federal.
En efecto, en enero pasado Corral acusó al gobierno federal, y en específico al presidente Enrique Peña Nieto y al secretario de Hacienda, Antonio González Anaya, de tratar de amedrentar a su administración mediante la retención de financiamiento para el estado debido a la prisión preventiva por un año que se le dictó al exsecretario general adjunto del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, así como Investigaciones que realiza la Fiscalía local sobre hechos de corrupción.
En aquella ocasión, Corral afirmó que días antes se había reunido personalmente con el secretario de Hacienda, Antonio González Anaya, quien le dejó ver el descontento del gobierno federal sobre las investigaciones que realiza el gobierno de Chihuahua y la detención del Gutiérrez Gutiérrez.
En ente sentido, dijo que el pasado 14 de diciembre, en Palacio Nacional, se firmaron diversos convenios que consistían en el otorgamiento por parte del gobierno federal de 44 millones 777,000 pesos por concepto de desarrollo regional en el estado; 35 millones 334,000 pesos por motivo de fortalecimiento a la gestión legislativa y 700 millones más por fortalecimiento financiero correspondientes al ejercicio fiscal 2017, los cuales dijo no se entregaron en el mes de diciembre como se pactó.
Ante este hecho, Corral relató que había solicitado a Gustavo Madero, coordinador de su gabinete, en el contexto de su buena relación con el secretario de Hacienda, que se comunicara con éste último para saber las razones del por qué no se habían destinado los recursos. El gobernador indicó que en la conversación sostenida, González Anaya arguyó que la recaudación fiscal se había caído por lo que se estaban “teniendo problemas para el cierre” del ejercicio fiscal 2017. No obstante, añadió Corral, la única entidad que no recibió recursos de apoyo federal fue Chihuahua.
De esta forma inició una disputa en la que Corral anunció que presentaría una controversia constitucional para obligar al gobierno federal para que le entregara los recursos que les correspondían, independientemente de cualquier criterio político. Hacienda respondió que no existía ningún criterio relacionado con la persecución judicial a César Duarte para limitar la entrega de los recursos.
Y una semana después, todos hicieron gala de las ilegalidades que ya no deberían existir en México: mediante una negociación de la que no hubo detalles, el gobernador Corral y el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, anunciaron de manera conjunta que existía el compromiso federal de entregar los recursos que eran motivo de la disputa, a cambio de que el Gobernador se diera por satisfecho. ¿Dónde quedó la legalidad, y sobre todo, dónde quedó la supuesta convicción de llevar un asunto como este ante el control constitucional que ejerce la Suprema Corte? Quedó, evidentemente, en el olvido.
DESACATO
Por ese mismo periodo hubo otro caso. En diciembre del año pasado, ocurrió la detención de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien presuntamente operó en un desvío de recursos públicos hacia campañas del PRI el año pasado.
“He sido informado por la Fiscalía Gral. del Edo. que el día de hoy se llevó acabo el cumplimiento de una orden de aprehensión dictada por juez competente en contra de Alejandro Gutierrez Gutierrez, en un operativo conjunto de la Policía Federal y de la Policía Estatal de #CHIH”, publicó Corral en Twitter. En aquella ocasión, el diario Reforma citó el testimonio de Jaime Herrera Corral, ex secretario de Hacienda de Chihuahua en el Gobierno de César Duarte, respecto a una presunta triangulación de recursos públicos, que habría sido avalada por la Secretaría de Hacienda Federal, cuando Luis Videgaray era su titular.
Según apuntaba ayer el periodista Raúl Rodríguez en su columna Gran Angular, tras el encarcelamiento de Gutiérrez y otros funcionarios, su defensa promovió que la PGR atrajera el caso por tratarse de un delito federal (el desvío, mediante empresas fantasma, de fondos entregados por la Secretaría de Hacienda para programas educativos de Chihuahua). En seguimiento, se operó para que los acusados fueran trasladados a un penal de la Ciudad de México, lo que el gobernador Corral interpretó como una maniobra de protección a los acusados, en coincidencia con la de demorar la extradición del ex gobernador César Duarte.
Fue así que el juez federal Gerardo Moreno García ordenó el traslado al Reclusorio Norte de la Ciudad de México de los tres imputados. La Fiscalía de Chihuahua respondió que no era posible porque enfrentan otras seis causas del fuero común que deben resolverse ante un juez de control de la entidad. Esta controversia de competencias entre la justicia local y la federal llegó hasta el Décimo Tribunal Colegiado de lo Penal, que finalmente dio la razón al juez federal Moreno García y confirmó la resolución de trasladar de Chihuahua a la CDMX a los acusados.
Rodríguez apuntaba que en esa ocasión llegaron agentes federales a tratar de hacer cumplir la determinación del juez federal, pero no se los permitieron. Y entonces, en un mensaje televisado, el gobernador Corral acusó al juez Gerardo García de acatar una consigna del gobierno de la República para excarcelar y garantizar la impunidad de Gutiérrez y coacusados, y dijo que “ya son muchas las tracaladas” de la justicia federal.
Luego de todo esto, ayer la Corte desechó por notoriamente improcedente un recurso de revisión promovido por Corral, contra la orden de que los casos de Gutiérrez y otros procesados sean conocidos por un juez federal en la Ciudad de México. La Corte indicó al gobierno de Corral que contra la determinación de los tribunales colegiados en conflictos competenciales no existe recurso alguno, por lo que son inatacables y los procesados debían ser recluidos en un penal federal en la capital del país, tal y como lo ordenó el juez de distrito Gerardo García.
DESPRECIO
Esto revela el profundo desprecio que Corral le tiene no sólo a la ley, sino al sistema competencial y a la división de poderes y ámbitos de gobierno establecidos en la Constitución. Es un signo más, de los muchos que existen, de por qué en este país la justicia y la legalidad están sometidas a una tóxica presión permanente, a manos de quienes deberían ser sus primeros garantes y defensores.
