Mi solidaridad con Director de Marca, José Manuel Ángel Villarreal, y su
familia, ante el deceso de su señor padre, don Francisco Ángel Maldonado.
Existen muchos elementos que serán determinantes para el éxito o fracaso de la administración federal, que encabezará Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre próximo. De entre todos ellos, uno que será determinante es el tema educativo, que en Oaxaca hace ecos particulares. De la forma en cómo se aborde desde el inicio esta problemática, estarán determinados no sólo los aspectos puramente educativos y administrativos de la educación, sino también lo que tiene que ver con la gobernabilidad tanto en la entidad, como en la región sureste del país, e incluso en el plano nacional.
En efecto, como candidato presidencial López Obrador planteó propuestas que retumban, todas, en Oaxaca. Por un lado, AMLO prometió que de llegar a la presidencia en 2018, buscaría eliminar los exámenes de admisión para las universidades públicas, de manera que todos los jóvenes del país tuvieran garantizado su ingreso a la educación superior.
Desde 2016, cuando era dirigente del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), AMLO estableció coordenadas sobre esta propuesta que quién sabe cómo lograría hacer realidad, a partir de las fallas del sistema de educación en México y afirmó que lucharía porque la educación superior dejara de ser un privilegio de pocos el acudir a las aulas.
“Cuando triunfe nuestro movimiento vamos a cancelar los exámenes de admisión, eso se va a suprimir, todos van a poder estudiar (…) Nosotros vamos a terminar con eso, nos engañaron los organismos internacionales con lo de la calidad de la educación, diciendo que lo importante es la calidad y no la cobertura, que estudien los más sabios nada más y que se cuide la calidad, rechacemos a todos los demás, condenemos a los jóvenes a no tener educación, que sea un privilegio, no un derecho”, dijo en aquella ocasión.
Según aquella visión, muchos de los jóvenes rechazados han pasado el examen de admisión pero no los admiten por falta de cupo y presupuesto. “¿De dónde va a sacar el hijo de un campesino, obrero, transportista o comerciante para pagar una colegiatura de 4, 5 ó 6 mil pesos mensuales?”, señalaba, al tiempo de sostener que el Gobierno está obligado a garantizar la educación gratuita de calidad en todos los niveles escolares.
Esa propuesta, que fue reiterada y que todavía hace poco tiempo refrendó, choca con la realidad de universidades como la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, que no sólo no debería eliminar sus exámenes de admisión, sino que tampoco podría recibir a todos los jóvenes que intentan ingresar a ella, si se eliminara el requisito relacionado con el ingreso, que sirve de filtro —en esa, y en muchísimas otras universidades públicas del país— para depurar a los aspirantes simplemente porque su presupuesto es insuficiente para cubrir la inversión mínima que se requiere por alumno para poder ofrecerle una educación digna y de calidad en estándares mínimos.
De hecho, a finales del año pasado el rector de la UABJO, Eduardo Bautista Martínez, presentó ante diputados federales de la LXIII Legislatura, una propuesta para estandarizar el presupuesto universitario a los requerimientos mínimos. En su situación actual, dijo en aquella ocasión el rector Bautista ante diputados federales, la inversión anual es de 37 mil pesos por alumno, cuando la media nacional dice que la inversión mínima tendrá que ser de 47 mil pesos. También, el rector Bautista argumentó que las universidades estatales deben tener el mismo piso para todo el estudiantado del país, que permita asegurar educación de calidad y capacidad de atención, entre los rubros más importantes, y refrendó el compromiso de la UABJO en términos de disciplina financiera, transparencia, rendición de cuentas, atención oportuna, auditorías federales y estatales, así como una política de austeridad que ha permitido a la presente administración tener ahorros por más de 100 millones de pesos.
Así, si en la situación actual hay un déficit que de inicio debería abatirse, ¿cuánto más tendría que invertirse, presupuestalmente hablando, para que en la UABJO dejara de haber rechazados y, como lo prometió Andrés Manuel, todos los aspirantes a un espacio universitario tuvieran acceso y, sobre todo, una educación de calidad? La UABJO es una caja de resonancia fundamental de la gobernabilidad y la vida pública de Oaxaca. Y una decisión de esa naturaleza tendría un impacto profundo en diversos rubros que hasta ahora parecen poco considerados, todos relacionados no sólo con la educación sino sobre todo con la gobernabilidad.
EDUCACIÓN BÁSICA
En lo tocante a la educación básica, la cuestión es mucho más compleja. La Sección 22 del SNTE espera, junto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que el nuevo Presidente elimine la reforma educativa, tal y como lo vino a prometer recientemente a la entidad, aún como aspirante presidencial. En el rubro estrictamente partidista, López Obrador tendrá que lidiar también con una representación magisterial tanto en el congreso oaxaqueño como en el Congreso federal y, por si esto no fuera suficiente, tendrá también que enfrentar la posibilidad de una escisión del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y la posible creación de un nuevo sindicato a partir de la unión de las disidencias magisteriales.
En esa lógica, la verdadera dirección magisterial oaxaqueña —la Asamblea Estatal— obligó a la Sección 22 a mantenerse marginada de cualquier forma de participación electoral, aún cuando varios dirigentes —activos y del pasado— sí participaron como candidatos y que todos resultaron electos al haber arrasado Morena en casi todas las posiciones en juego independientemente de los nombres contenidos en esas candidaturas. En ello están, entre otros, Azael Santiago Chepi, Ezequiel Rosales Carreño, Irán Santiago Manuel, e incluso una hermana del actual dirigente, Eloy López Hernández. Todos, con ligas políticas de fondo no con la Asamblea Estatal sino con el Comité Ejecutivo Seccional en Oaxaca.
Ahora bien, López Obrador prometió —y ratificó mediante la firma de un documento— su promesa de dar “marcha atrás” a la Reforma Educativa a través de un proyecto de reforma a la Ley del Servicio Profesional docente, que “elimine la evaluación punitiva”. Con esto, el tabasqueño logró que un sector del magisterio manifestara su “total adhesión” al abanderado de Morena, según quedó establecido en el Acuerdo para la transformación de la educación en México, celebrado el pasado 10 de febrero.
En respuesta al planteamiento de López Obrador, de establecer una ruta para la eliminación de las disposiciones constitucionales relativas a la reforma educativa y la evaluación docente, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación criticó que el Candidato Presidencial de Morena plantee dar marcha atrás a la reforma educativa por medio de un proyecto de ley o iniciativa, en lugar de proponer su eliminación por decreto.
EPICENTRO
Un decreto, evidentemente, no podría derogar una reforma constitucional, e incluso tampoco la mayoría legislativa que tendrá Morena en las dos cámaras federales. Por eso, habrá también un problema de gobernabilidad casi de forma inminente que, para variar, volverá a tener su centro de atención en Oaxaca.
