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Con la instalación de la LXIV Legislatura federal comenzó a correr la cuenta regresiva para conocer tanto el destino de la reforma educativa actual, como las nuevas directrices que marcarán el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y los grupos a los que están consultando, para sustituir la actual reforma por un proceso de evaluación distinto al actual. Aunque la consulta y los foros educativos están en proceso, el espacio vacío que está dejando la incógnita sobre el destino de la reforma educativa del gobierno saliente, ha comenzado a generar rutas distintas en los derroteros posibles, que muy probablemente terminen enrareciendo —o descarrilando— la posibilidad de una segunda reforma educativa aprobada y aceptada en consenso.
En efecto, desde hace algunos días comenzó la realización de los foros relacionados con la realidad educativa. Dichos foros, fueron convocados por el Presidente Electo para definir el rumbo de la política educativa del próximo sexenio que sustituirá a la reforma educativa. “El propósito de escuchar la voz y experiencia de los actores vinculados con la educación, en especial la del magisterio”, dijo el propio López Obrador, cuando habilitó una página web (http://porunacuerdoeducativo.com) en la que se establece que cualquier persona puede subir su propuesta sobre qué camino debe de tomar la siguiente reforma educativa, que será tomada en cuenta.
Según la convocatoria a dichos encuentros de discusión sobre el futuro de la educación en el país —uno de esos foros nacionales se realizará en las instalaciones de la UABJO, en Oaxaca—, esto ocurre por el compromiso de construir una verdadera transformación educativa, y argumentan que para ello es necesaria la participación de la sociedad; para escuchar ideas y propuestas para mejorar la educación y fortalecer su carácter laico, gratuito y plural”. Estos foros son organizados por el equipo de transición en coordinación con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior; serán en total 32 (uno por estado) y se prolongarán hasta el 29 de octubre.
Esos foros han tenido el contenido esperado. Por ejemplo, según información del encuentro celebrado hace algunos días en Puebla, se dijo que los participantes –trabajadores de la educación— plantearon al próximo Titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, mejores condiciones laborales para los trabajadores de la educación, homologación de pagos para los docentes de los estados y evaluación apoyada por capacitación. Éste prometió que en la próxima administración federal habrá apertura a la participación social y no habrá más reformas educativas sin diálogo de todos los involucrados: maestros, tutores, alumnos y expertos.
De acuerdo con la información, Moctezuma Barragán también dijo que otras cuestiones que planea hacer la próxima administración, son un plan educativo incluyente, fortalecer las Escuelas Normales y la Universidad Pedagógica Nacional, revalorar al magisterio y respetar su autonomía, proveer de alimentos a las escuelas de educación básica marginadas, suspender cuotas para mantenimiento de las escuelas, garantizar que estudiantes no sean rechazados de las universidades públicas, brindar becas a estudiantes de nivel medio superior y superior de escasos recursos, entre otras estrategias.
CAMINOS DISTINTOS
Lo hemos apuntado aquí, y es algo bastante claro: tanto el SNTE, como su expresión interna disidente, la CNTE, tienen un consenso claro respecto a qué se debe eliminar de la reforma educativa. Ambos sectores coinciden en que el problema central se encuentra en la evaluación al personal docente, y concretamente en el hecho de que la consecuencia de esa evaluación pueda llegar a ser el cese del trabajador cuando repruebe cierto número de evaluaciones en forma consecutiva.
A pesar de que parece haber cierta claridad en ese sentido, lo cierto es que la disipación que existe respecto al tono y las propuestas que se están socializando en los foros educativos —que hasta ahora no han dejado ver que el gobierno electo tenga un derrotero y una propuesta definidos para socializar con los sectores a los que se les está consultando, y que más bien parece que los foros serían una especie de “buzón de quejas y sugerencias” pero con formato de encuentro de la sociedad— en cualquier momento puede motivar que la radicalización de las posiciones, o de las “propuestas alternas”, marque un rumbo distinto al posible para la evolución de esa reforma.
Pues, tal y como lo hemos apuntado, lo único que no podrá ocurrir es la cancelación lisa y llana de la reforma actual, pero sin la sustitución de otra redacción que garantice constitucionalmente el derecho a la educación de calidad que ya tienen los niños y jóvenes mexicanos que se instruyen en escuelas gubernamentales.
En esa lógica, vale la pena repensar las posturas que han mantenido tanto el SNTE, como la CNTE, respecto a la “reforma de la reforma” en materia educativa, y los riesgos que implican las posiciones radicalizantes que eventualmente podrían tomarse en el camino rumbo a la modificación de la Constitución federal y las leyes que actualmente rigen la evaluación educativa.
A este respecto se ha referido el investigador en temas educativos Carlos Ornelas, quien recientemente apuntaba en Excélsior (https://bit.ly/2oyFBoy) lo siguiente: “parece que los militantes de la CNTE, que alguna vez estuvieron enojados con el presidente electo hoy le dan el sí, pero con ciertas condiciones. En el otro lado, sin quedarse atrás, el SNTE también quiere que se olviden sus mohínas y regresará al carril de subordinación corporativa ante el nuevo jefe; claro, con algún provecho.
En este punto es donde radica el peligro de que una discusión, aparentemente consensada sobre la eliminación de los efectos de la evaluación docente, se desvíe a otros temas que no podrían establecerse en la ley. Pues Ornelas apunta las exigencias de la CNTE: “Líderes representantes de varias facciones de la CNTE se reunieron en la Cuidad de México el sábado 25 de agosto. Tras horas de discusión, acordaron desplegar un “Manifiesto a la Nación”, en el que exigen al Presidente electo: 1) abrogar la matriz constitucional de la Reforma Educativa y sus leyes secundarias; 2) desaparecer el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; 3) eliminar al Servicio Profesional Docente; 4) desechar el Nuevo Modelo Educativo; 5) frenar la Reforma en Normales; 6) acabar con la autonomía de gestión; 7) prescindir del Sistema nacional de información y gestión educativa; 8) desmantelar al Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo y regresar el control de la nómina a los estados; 9) finiquitar los programas de Escuelas al Centro, Escuelas al CIEN y Escuelas de Tiempo Completo; y, 10) que el próximo gobierno federal repare los daños, resuelva las consecuencias y costos provocados por la aplicación de la ley educativa.
DISCUSIÓN SIN VÍAS POSIBLES
El SNTE, por su parte, sostiene un conjunto de propuestas abstractas que más bien parecen encaminadas a que el nuevo régimen les permita seguir siendo el sindicato cogobernante que siempre han sido. Lo que preocupa, en el fondo, es la inconsistencia del gobierno electo, que no deja claro hacia dónde se pretende conducir la discusión. Ello permitirá la apertura de carriles paralelos en los que esta discusión podría terminar en las fauces del radicalismo o el detrimento de los derechos de quienes sí merecen —independientemente de cómo— educación de calidad en las escuelas de gobierno.
