Es paradójico que con la misma vehemencia con la que los mexicanos demandamos el perdón y la clemencia para nuestro compatriota que habría sido ejecutado la noche de ayer en los Estados Unidos al cumplirse la pena de muerte a la que se le condenó, sea también con la que denuncian la inutilidad del sistema de justicia penal acusatorio implementado en México y las supuestas bondades y facilidades que el sistema otorga a quienes están acusados de la comisión de un delito. Todo ello revela lo poco que entendemos el derecho al debido proceso, y la importancia que éste tiene para todo juicio del orden criminal.

En efecto, de no otorgarse clemencia de último momento, la noche de ayer miércoles debió haber sido ejecutado en el estado norteamericano de Texas, el mexicano Rubén Cárdenas Ramírez a quien se le acusó y condenó a la pena capital por haber sido hallado culpable de los delitos de secuestro, violación, y homicidio de su prima hermana, Mayra Azucena Laguna de 16 años de edad, en las inmediaciones de Retama Village, al sur de Texas, en febrero de 1997.

De acuerdo con el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Carlos Manuel Sada Solana, la condena a la pena de muerte que enfrenta el mexicano Rubén Cárdenas en Texas es ilegal, ya que no se respetó el derecho del detenido a poder avisar de su situación al consulado respectivo. El funcionario dijo que aún existen dos recursos para que la ejecución que se preveía se llevara a cabo ayer miércoles 8 noviembre, después de las 18:00 h, se pudiera posponer o suspender hasta que realizaran nuevas revisiones del caso. “Desde nuestra perspectiva, no se han agotado los procedimientos, el hecho de que haya existido una violación al debido proceso”, dijo el subsecretario Sada Solana.

“Desde nuestra perspectiva, no se han agotado los procedimientos, el hecho de que haya existido una violación al debido proceso, y por otro lado a la convención de Viena, no tener la posibilidad de una entrevista con un funcionario consular de entrada es una violación. El tema es que de origen hay una falla, y desde nuestra perspectiva es un acto ilegal”, subrayó el funcionario .

Sada Solana refirió que de ser rechazados ambos recursos, los abogados están preparados para buscar una apelación en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. Además, explicó que existe una solicitud de clemencia, donde incluso se han enviado 23 misivas de apoyo, y una de ellas ha sido del propio titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso.

¿Qué implica todo esto? Básicamente, que el gobierno mexicano seguía apelando hasta la tarde de ayer porque los tribunales estadounidenses que conocen del caso, reconocieran que en el procedimiento que se le siguió al mexicano condenado a muerte hubo violaciones al debido proceso. Éste, que es un derecho de amplio contenido, en realidad es el único medio que garantiza la posibilidad de lo que en buen español podríamos entender como un juicio justo.

CONTENIDO INCOMPRENDIDO

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que lo que en abstracto se entiende por derecho al debido proceso, está compuesto por lo que la propia Constitución denomina como “las formalidades esenciales del procedimiento”, cuyo contenido es: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por el Alto Tribunal como parte de esta formalidad.

Ahora bien, dice también la Corte —en la Jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.). Registro: 2005716— que otro de los núcleos del debido proceso, es el identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto.

Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio.

Y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza.

Todo eso es lo que el gobierno mexicano intentaba alegar a favor de nuestro paisano sentenciado a muerte. Al menos en este caso, y en otros similares en los que los juzgados y sentenciados a la pena de muerte son mexicanos en los Estados Unidos, parece existir un consenso social a favor de que todos esos derechos se respeten, y que se le permita acceder a un juicio con todas las garantías y mecanismos de protección antes señalados, para garantizar que la decisión que se tome sea apegada a derecho y a las circunstancias en las que se desenvolvió el juicio.

El problema es que eso mismo lo rechazamos dentro de nuestro sistema de justicia penal acusatorio. Amplias franjas de mexicanos se dicen en contra de un sistema de justicia más garantista y eminentemente dedicado a preservar los derechos fundamentales de todas las personas involucradas en un procedimiento penal. Sistemáticamente en México se habla de la llamada “puerta giratoria de la impunidad”, del “excesivo garantismo” que se le profiere a los acusados de la comisión del delito, y de la supuesta laxitud que existe en cuanto a la imposición de las penas de prisión.

En realidad, muchas de esas situaciones en realidad responden a la necesidad de que el sistema de justicia penal, garantice todo el catálogo de derechos que se ha señalado en líneas anteriores, y no sólo cumpla los caprichos o las exigencias de quienes ven la justicia desde uno solo de los extremos, sin entender la dimensión integral desde la que un asunto como éste debe ser visto.

RACIONALIDAD

Por eso habría que entender que con la misma vehemencia con la que todos nos sumamos al consenso a favor de los derechos del mexicano procesado en Estados Unidos, entendamos las implicaciones relacionadas con el debido proceso en nuestro propio sistema de justicia, bajo una perspectiva particular: el sistema de justicia anterior, el inquisitivo, fue el que fomentó y creó este caos judicial en el que vivimos. Partiendo de eso podríamos entender mejor nuestro propia perspectiva de la justicia.

Fue una muestra importante de determinación, tanto del gobierno estatal como de la Fiscalía General del Estado, la de sostenerse en la aprehensión del Secretario de Finanzas de la Confederación de Trabajadores de México en Oaxaca, a pesar de la virulenta reacción desplegada por sus agremiados para lograr su liberación. Fue una jornada indeseable para los habitantes de la capital, que sin embargo esperaban —esperábamos— que se mantuviera la postura institucional de no ceder ante los chantajes de grupos de presión como ese. Ahora será necesario que esa postura se constate no sólo en las acciones relacionadas con la justicia, sino también en los procesos electorales.

En efecto, la noche del lunes la Fiscalía General informó que había detenido a Marco Sánchez, Secretario de Finanzas de esa gremial, como probable responsable en la comisión del delito de homicidio calificado con las agravantes de premeditación y ventaja. Lo anterior, informó la institución encargada de la procuración de justicia en la entidad, en atención a los hechos suscitados el día 13 de junio del año 2013, cuando el ahora detenido efectuó disparos de arma de fuego desde un vehículo de motor, privando de la vida a cinco personas en la población de San Pedro Totolapan.

Derivado de los hechos, informó la Fiscalía General, se integró una averiguación previa, misma que fue consignada a un juez de lo penal, quien obsequió la orden de aprehensión del ahora procesado. Marco Sánchez fue detenido en inmediaciones del Fraccionamiento El Rosario, donde ocurrió una balacera entre los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y las personas que custodiaban al ahora detenido. Además del presunto homicida, ayer se informó que los ocho escoltas que lo custodiaban fueron también aprehendidos por esos hechos.

La respuesta de la CTM intentó ser contundente: desde la misma noche del lunes agremiados de diversos sectores de esa agrupación —motaxistas, taxistas, transportistas de materiales y de pasajeros—, iniciaron una serie de bloqueos en los accesos a la capital, y en algunas arterias viales que son vitales para las actividades de los habitantes de la capital.

Dichos bloqueos se mantuvieron durante toda la mañana de ayer, mientras corrían dos incertidumbres: la primera, de qué tanto se dejaría presionar el Fiscal General del Estado frente a la orden judicial que había ejecutado; y segundo, si alguien —y sobre todo, quién— estaría negociando por parte de la CTM con alguna de las instancias del gobierno estatal encargadas de la gobernabilidad, para tratar de distender las acciones de presión que habían desplegado.

Todo se mantuvo en incertidumbre hasta que después del mediodía de ayer, se estableció que los detenidos habrían sido trasladados a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR, por tener también vínculos con actividades ilícitas del orden federal. Sin que quedara exactamente clara la razón —ni siquiera si hubo o no negociación—, alrededor de las 16 horas la CTM decidió levantar unilateralmente los bloqueos, mientras circulaban diversas versiones relacionadas con posibles acciones para despejar las vialidades de los bloqueos, que finalmente no ocurrieron.

DESHACER LAS ALIANZAS

Cuando en junio pasado explotó el problema entre los integrantes del Frente Popular 14 de Junio y los habitantes de la agencia Vicente Guerrero, en inmediaciones de la Villa de Zaachila, también se acusó de la existencia de algunas alianzas que habrían estimulado la sensación de impunidad entre algunas organizaciones. Se decía que las huestes del dirigente Francisco Martínez Sánchez estaban abusando de los espacios en donde tenían influencia, como consecuencia de las alianzas que se decía que habían trabado con el grupo gobernante.

No obstante, el propio desarrollo de las acciones de procuración de justicia y de seguridad pública, fueron dando pauta de que el espacio de impunidad que suponían los del Frente Popular 14 de Junio que tenían, no era tal. De hecho, el ofrecimiento hecho por la Fiscalía General del Estado de una recompensa a quien diera detalles para la localización del llamado Don Panchito y su hijo, dirigentes visibles del Frente Popular 14 de Junio, y la expulsión definitiva de los grupos contra los que se habían enfrentado los habitantes de la Agencia Vicente Guerrero, y de la Colonia Guillermo González Guardado, dieron la pauta definitiva de que, si había existido una alianza de cualquier tipo, ésta había quedado saldada ante la intolerancia del gobierno a sostener espacios de impunidad para las organizaciones sociales.

Todo eso, lamentablemente, se había convertido en una constante. En los últimos años ha sido común que los agremiados en organizaciones de transportistas, materialistas y prestadores del servicio de pasajeros, diriman sus diferencias de forma violenta. Ocurrió, por ejemplo, cuando hace cinco años transportistas de materiales pétreos se liaron a balazos cuando se realizaba la construcción de una tienda departamental en los rumbos de Plaza del Valle; esas conductas se han repetido, incluso con las correspondientes cifras de muertos y heridos, en diversas ocasiones. Así, junto a ese común denominador, había sido también cotidiana la ausencia total de autoridad.

Por eso, en estos tiempos de una segunda transición de partidos en el gobierno estatal, era indispensable que se estableciera claramente su relación con organizaciones sociales y populares como las que a lo largo del año han reaccionado violentamente, pero han sido parados hasta entonces. Pues a lo largo de los últimos lustros, ha sido común que en los tiempos de campaña, los liderazgos partidistas intentan colonizar a organizaciones caracterizadas por su violencia e irracionalidad, como el Sindicato Libertad, los sectores de la CROC que emergieron desde la prácticamente extinta Confederación Nacional de la Productividad, el Frente Popular Revolucionario y la organización 14 de Junio, que en los últimos años aglutinó a sectores emergentes como el mototaxismo y los tianguistas, entre otros, que tienen hoy amplia presencia en la capital y sus municipios conurbados.

Muchos de ellos siguen suponiendo que pueden tener márgenes de impunidad. Pero es ahora tarea del gobierno estatal, y de las instituciones de procuración e impartición de justicia, demostrar que tienen voluntad para enfrentar de fondo este flagelo que tanto daño le ha hecho a los oaxaqueños.

APOLOGISTAS

No debiera ser admisible que haya quien diga que los de la CTM le dieron una lección a la Sección 22 de cómo organizar bloqueos. Esas expresiones, implican rasgos de admiración ominosa, que no debieran ser lanzadas con facilidad por los mismos que en el fondo somos blanco de los actos de chantaje de unos y otros.

Hemos visto a lo largo de las últimas semanas, el drama en el que se ha convertido el intento unilateral del gobierno catalán por consumar su independencia de España. Este es uno de los tantos procesos complejos que se viven en ciertos países a los que parece que los principios de la integración y la pluriculturalidad les hicieron una crisis de identidad profunda. Sólo así puede entenderse esto que es parte de nuestra realidad constitucional actual que, al menos en México, también encierra ciertos temores sobre separatismo.

En efecto, el 1 de octubre pasado, tuvo lugar un referéndum de autodeterminación convocado por el presidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, posteriormente suspendido por el Tribunal Constitucional y finalmente celebrado de manera ilegal en Cataluña, sin cumplir ninguna garantía mínima ni los estándares internacionales.

La Ley del Referéndum que lo haría posible, fue aprobada el 6 de septiembre por el Parlamento de Cataluña con los votos a favor de los parlamentarios de Junts pel Sí y la CUP, en un pleno rodeado de una fuerte polémica. Dicha ley establece que el referéndum es vinculante y que se proclamará la independencia dos días después de la publicación de los resultados oficiales si el “sí” obtiene más votos que el “no”, sin requerir una participación mínima. La ley es ilegal de acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Cataluña que requiere una mayoría de dos tercios en el Parlamento catalán para cualquier cambio en el estatus de Cataluña.​

La Generalidad de Cataluña dio los resultados finales el 6 de octubre. Con el 100% de votos escrutados, se habían contabilizando dos millones 262 mil 424 papeletas, con dos millones 020 mil 144 votos por el “sí” y 176 mil 565 votos por el “no”, con una participación del 43,03 %.​

El 10 de octubre de 2017, se celebró el pleno de los resultados del referéndum del 1 de octubre de 2017.​ En el pleno, Carles Puigdemont proclamó la República Catalana, sin embargo, suspendió los efectos de la declaración por unas “pocas semanas” en busca de mediación y negociación internacionales. La Declaración de Independencia fue firmada por todos los 72 diputados independentistas.

El 27 de octubre de 2017 la Generalidad de Cataluña declaró unilateralmente la independencia después de una votación anónima en el Parlament por 70 votos a favor, dos en blanco y 10 en contra, con la ausencia de los grupos parlamentarios Socialista, Popular y de Ciudadanos.108​ La votación se llevó a cabo a pesar de la advertencia sobre su ilegalidad, realizada esa misma mañana por los letrados del Parlamento de Cataluña.​ Como respuesta a la decisión del gobierno regional, el Gobierno Central disolvió el Parlamento de Cataluña, la destitución del Gobierno de la Generalidad y a otras instituciones catalanas convocando elecciones autonómicas para el 21 de diciembre de 2017.

Todo esto, ha generado una crisis muy profunda en España que no sólo tiene que ver con la legalidad –en la que evidentemente, la Constitución Española debe prevalecer, como piedra angular de la convivencia social y la unidad nacional— sino con el sentido de identidad de aquel país que ahora se enfrentará a una crisis más profunda por las desavenencias que todo eso significará.

EL CASO MEXICANO

Ahora bien, regresemos al caso mexicano. Aquí, cuando en 2001 se aprobó la reforma al artículo 2 de la Constitución, en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas, se estableció esa leyenda anotada en el primer párrafo de este escrito, como una especie de “candado” contra los posibles intentos separatistas que podrían surgir una vez que el Estado mexicano le reconociera derecho y personalidad a los pueblos indígenas, bajo la lógica de que ese reconocimiento también daba por reconocido que esas naciones existían antes de que México se formara como nación y que, por tanto, una vez que esto fuera reconocido esas “naciones” quisieran su independencia del Estado mexicano.

Esa, creemos, fue una prevención excesiva. Pues en los hechos, el caso más emblemático de la inconformidad de un pueblo indígena con el Estado mexicano se dio antes de esa reforma, y fue en 1994 con el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas. Ellos, a través del subcomandante insurgente Marcos, reclamaban al Estado el olvido histórico que le habían proferido a las comunidades originarias de Chiapas y su total desinterés por atender las necesidades básicas de esos pueblos, que seguían viviendo en condiciones similares a las de la conquista, en el siglo XVI.

A pesar de esos reclamos, ni el subcomandante Marcos, ni el EZLN, ni nadie, habló nunca en el conflicto de Chiapas, de que ese estado o los pueblos inconformes, buscaran su independencia frente al Estado mexicano. Querían, más bien, autonomía plena para autogobernarse al margen del derecho occidental, pero nunca cuestionaron su pertenencia a la nación mexicana, o su identidad.

Dice el artículo 2 de la Constitución española: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. De ese precepto tomó su forma el enunciado transcrito del artículo 2 de la Constitución mexicana. Que aquí no se necesita pero, según vemos, en España sí.

AVISO

Les deseamos a nuestros lectores felices días de descanso y convivencia con los fieles difuntos, que estarán entre nosotros a lo largo de estas fechas. Nos volvemos a leer el próximo lunes seis de noviembre. ¡Hasta entonces!