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Apoya Poder Judicial barra de abogados con capacitación

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La Escuela Judicial inició una jornada de capacitación para un grupo de integrantes de la Barra de Abogados del Valle Eteco


En respuesta a una petición que integrantes de la Barra de Abogados del Valle Eteco hicieran al presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, Dr. Raúl Bolaños Cacho para que integrantes de la comunidad jurídica se capaciten sobre el Sistema Penal Acusatorio, la Escuela Judicial inició un curso-taller en la materia dirigido a los profesionales del derecho que forman parte de dicha agrupación.

El presidente de la Barra, Misael Reyes López reconoció la atención del titular del Poder Judicial para que los abogados postulantes fortalezcan sus conocimientos sobre el nuevo modelo de justicia, lo que les permitirá contar con las destrezas necesarias y tener un buen desempeño en su papel como defensores dentro de la reforma al sistema de justicia penal.

Indicó que un grupo de 40 profesionales del derecho se encuentra cursando el curso-taller que consta de seis módulos con temas como: generalidades del Proceso Penal, el Control de Detención, Imputación inicial, medidas cautelares, orden de aprehensión, etapa intermedia, mecanismos alternativos de solución de controversias, etapa de juicio y etapa de ejecución, así como recursos.

El jurista destacó que los abogados deben adaptarse al nuevo modelo basado en los juicios orales, que dio otro rostro al sistema jurídico del país y ha impactado en quienes ejercen esta profesión. “Es necesario siempre tener una relación estrecha con las autoridades, instituciones y la ciudadanía, nuestro objetivo es humano y debemos darle a quienes buscan resolver un asunto jurídico la mejor atención”, dijo.

A través de la Escuela Judicial, jueces especializados en el tema imparten el curso, que se realiza en el auditorio “Benito Juárez”, anexo al edificio de los juzgados Civiles y Familiares. La actividad es gratuita y su terminación está prevista para el 3 de octubre.

A través de la Escuela Judicial se capacita a integrantes de la Barra de Abogados del Valle Eteco

¿Cómo debería resolverse el reto del nuevo titular del Órgano de Fiscalización en Oaxaca?

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Una vez que pase el aluvión crítico del sismo del pasado siete de septiembre, habrá algunos temas que superarán la coyuntura. Uno de ellos, central, será el de la designación del nuevo titular del Órgano de Fiscalización Superior en Oaxaca. Al margen de los nombres y las circunstancias políticas, vale la pena centrarse inicialmente en los perfiles posibles y necesarios. Ahí los diputados tendrán un reto mayúsculo que ojalá puedan superar para legitimar de fondo sus decisiones. 

En efecto, hasta antes de que ocurriera el terremoto del pasado siete de septiembre, uno de los temas centrales que estaba en la agenda política estatal, era la decisión del Poder Legislativo de decretar la desaparición constitucional de la Auditoría Superior del Estado, para darle paso al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca. La determinación estuvo justificada en las necesidades del hasta ahora nonato Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, pero basada, en realidad, en la urgencia de retirar al actual titular de la ASE, Carlos Altamirano Toledo, a quien el nuevo régimen identifica como un orgánico de la administración de Gabino Cué, y que a todas luces deseaba ver fuera del órgano fiscalizador estatal. 

La decisión que tomó el Poder Legislativo fue algo así como salomónica, aunque necesita ser dotada de mayor contenido. En realidad, el Congreso del Estado decidió la desaparición lisa y llana de la ASE, como una forma de allanarse el camino para todo lo que deba o pueda ocurrir en el mediano plazo. Sin embargo, justificó la medida en la urgencia de establecer un nuevo órgano de fiscalización que cumpliera con los requisitos del nuevo sistema de combate a la corrupción. En todo eso, lo cierto es que utilizaron una cuestión de coyuntura, para dotar de contenido —justificar— una cuestionada decisión de fondo relacionada con la eliminación de un órgano fiscalizador como tema central de la reforma constitucional.

El argumento central, sin embargo, ha radicado en el endurecimiento de los requisitos que debe cumplir quien sea el nuevo titular del órgano fiscalizador estatal. Hasta ahora, lo cierto es que Carlos Altamirano Toledo no ha recibido el apoyo político, y el respaldo institucional que hubiera pensado en otros momentos: con su silencio, todos reconocen que —desde el inicio— el actual Titular de la Auditoría Superior del Estado no cubría los requisitos técnicos profesionales necesarios como para acceder a ese cargo; que nunca se pudo legitimar en sus responsabilidades;y que en realidad, dicho cargo le fue concedido por otras cuestiones que no necesariamente están relacionadas con sus capacidades como auditor, o como un experto en fiscalización superior, control y auditoría, tal y como lo marca la ley. 

¿Qué ocurre ahora? Que basado en esas razones, el Congreso del Estado tomó la determinación de desaparecer al órgano fiscalizador actual para darle paso a uno nuevo con distinta integración. Pero ahora lo que falta ver es que tomen todos las decisiones correctas. 

¿Y LA NUEVA —VIEJA— LEY?

Técnicamente, el Auditor Superior del Estado, o el Titular del nuevo Órgano Superior de Fiscalización, debería ser un verdadero experto en los temas que estaría destinado a conocer. En el ideal, debería existir un examen de oposición o de conocimientos, como un parámetro mínimo para que cualquier aspirante pudiera legitimarse en sus aspiraciones de convertirse en el titular del órgano fiscalizador, y luego demostrarlo a través de otros mecanismos técnicos. Así lo decía la antigua Ley de Fiscalización —que está en proceso de liquidación— y muy seguramente así lo dirá la nueva ley que se emita al respecto.

¿Por qué, en esto no hubo el proceso de legitimación que señala la ley? Seguramente, porque en aquellos momentos no había un parámetro específico para identificar los perfiles, pero sobre todo porque ni en los mismos diputados hubo la claridad suficiente como para allegarse de los mejores perfiles sociales y académicos, independientemente de su condición social o preferencia política, según fuera el caso. Por eso, terminaron allanándole el camino al entonces Gobernador Gabino Cué, que ya tenía visto a un prospecto como para dejarlo “sembrado” en una de las posicionespero sin asumir que lo más importante era que el organismo funcionara correctamente —en términos constitucionales— lo antes posible. 

Quizá así fue como llegó al cargo Carlos Altamirano, pero no debería ser así como llegaran los nuevos auditores y subauditores del nuevo órgano de fiscalización. Más bien, deberían cubrir perfiles técnicos por demás sofisticados como para que no hubiera duda de su autenticidad, sobre todo, para dotar a la ciudadanía de los elementos necesarios como para que no hubiera una repetición de las prácticas autoritarias del pasado. Es un tema por demás complejo pero que ya debería estar plenamente abordado en la Constitución. 

¿De qué hablamos? De que dicha Carta Magna establece una serie de requisitos que no parecen estar los suficientemente claros pero que deberían ser los mínimos para un posible auditor. Por esa razón, los requerimientos establecidos deberían ser por naturaleza altos y complejos —si de darle contenido social y político se trata—, y no de darle condiciones mínimas al Estado para que se los pudiera llegar a brincar

Por esa razón resulta importante lo que decidan, pero lo es más allá de la coyuntura política. El nuevo auditor debería ser a todas luces un experto en fiscalización, pero además un conocedor de los temas de control, auditoría y los demás rubros que establece ya la Constitución como prerrequisitos para aspirar a la titularidad del nuevo órgano. Ese debería ser uno de los puntos más finos de la actual discusión, y seguramente será uno de los temas por los que pasen los diputados, además de la autonomía y la independencia del poder público que cada uno de ellos demostrara.

De no ser así, entonces se estaría en repetición del pasado. Esto sería por demás cuestionable porque entonces sería repetir el esquema bajo el cual se eligió a Carlos Altamirano. ¿De nuevo querrían un auditor a modo? Ahí sí habría un enorme, y brutal, costo político.

PERFILES DE FONDO 

Por eso mismo deben apostar a perfiles especializados más allá de las filias políticas. Eso alimentará al órgano y dará legitimidad a los legisladores. Pero quién sabe si lleguen a entenderlo. 

Nuño en Juchitán, y el descuadre de la estrategia política de la Sección 22

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La semana pasada, la Sección 22 del SNTE tenía trazada una estrategia política rumbo al 2018, cuyo arranque se encontraba justamente en la visita del presidente Enrique Peña Nieto a nuestra entidad, para inaugurar las obras del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO). El plan magisterial consistía en generar el caos de aquel aciago jueves, y continuarlo de manera intermitente hasta llegar a finales de año —exacerbando temas como el de la “represión” ocurrida durante la visita presidencial—, cuando se supone que se definirán las candidaturas presidenciales. El terremoto de ese mismo día, cambió todas las variables de dicha estrategia, y ahora se verá hasta dónde llega la mezquindad de esos factores que ahora están trenzados en la tragedia que ocurre en el Istmo de Tehuantepec.

En efecto, el jueves pasado era un día crucial en la ruta política rumbo a 2018 en Oaxaca. La Sección 22 tenía establecido —en la lógica normal, que no consideraba la contingencia por el sismo— que ese sería el punto de arranque de la estrategia política de largo aliento que terminaría en la elección presidencial del año siguiente. La presencia en Oaxaca del Presidente representaba una afrenta para el magisterio democrático, porque el primero representa la reforma educativa, que rechazan los segundos.

Al tener la 22 entre sus victorias, que no hubiera ocurrido una visita presidencial a la capital Oaxaca durante más de seis años, el solo anuncio de la visita para la inauguración del CCCO constituía una afrenta que la 22 no sólo debía combatir, sino además tratar de capitalizar política y electoralmente. Esa fue la razón por la que el magisterio decidió emprender diversas acciones de resistencia, que incluían un despliegue importante de grupos de choque dispuestos a enfrentarse con las fuerzas de seguridad.

Del lado del Estado —el Estado Mayor Presidencial, que tomó el control de la seguridad, y que se respaldó en las fuerzas de seguridad pública estatales— hubo una visión egoísta de la visita presidencial, ya que no fueron capaces de prever no sólo que no estuviera en riesgo la integridad del Jefe del Poder Ejecutivo Federal y la comitiva que lo acompañara —cuestión que falló parcialmente, por el incidente del cohetón que impactó en una de las aeronaves federales que transportaba a reporteros de la fuente presidencial—, sino también que no ocurrieran incidentes que trastocaran el orden de la ciudad.

Esto último no fue previsto, y fue tomado como una oportunidad para los grupos magisteriales de choque que, más allá del perímetro protegido para la visita presidencial, hicieron lo que quisieron. Se fueron a enfrentar con el primer círculo protegido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, pero también lograron mantener diversos bloqueos en las calles aledañas al CCCO, e incluso incendiaron dos unidades de motor que tomaron mientras realizaban sus protestas.

Esos hechos —algunos descalabrados durante la refriega con las fuerzas estatales, y las unidades incendiadas— eran elementos suficientes para desplegar sus primeras estrategias de denuncia. Esa misma tarde, cuando el Presidente ya había volado de regreso a la Ciudad de México, la 22 inició las denuncias relacionadas con la represión y con el repudio del llamado “pueblo de Oaxaca” al Presidente que traía como una de sus principales banderas de gobierno, la reforma educativa.

EL TERREMOTO Y EL CAMBIO DE ESTRATEGIA

El terremoto que ocurrió esa misma noche, cambió toda la estrategia política que se había trazado la 22. A las 23.49 de la noche ocurrió un sismo de 8.2 en la escala de Richter que devastó la región del Istmo de Tehuantepec. Esto provocó la movilización inmediata de las autoridades estatales, y al día siguiente el propio Presidente de la República visitó la zona del desastre.

En medio de eso, muchos no dejaban de preguntarse dónde estaba la Sección 22. Para ese caso, el magisterio demostró no tener o el suficiente interés, o la suficiente capacidad de organización y movilización para solidarizarse y actuar a favor de los damnificados. Aunque con lentitud y desorganización, la ayuda gubernamental estatal y federal comenzó a fluir desde las primeras horas de la tragedia. Y, sin embargo, la 22 más bien quedó atrapada en un abrupto cambio de coordenadas que los ponía en una situación —política— por demás complicada.

La razón era obvia: el viernes 8 el Presidente estuvo nuevamente en Oaxaca. Estuvo en uno de los principales epicentros de la resistencia magisterial. Lo hizo acompañado de la mitad del gabinete federal. Y todo ocurrió no en un escenario controlado, sino en un espacio de contacto directo con los damnificados de varias zonas de la Ciudad de Juchitán de Zaragoza. ¿Dónde estuvo la 22? No apareció. Y no lo hizo no sólo por desorganización, sino también porque una protesta en esas condiciones sería vista como un profundo acto de oportunismo e insensibilidad, frente a la dimensión de esta tragedia.

Esa ausencia en medio de la crisis, ayer tuvo un segundo episodio. Igual, como parte de la crisis derivada del terremoto, por la mañana aterrizó el titular de la SEP, Aurelio Nuño. Acompañado del gobernador Alejandro Murat, recorrió varias escuelas de la región que sufrieron daños de consideración por la contingencia, y anunció que con la demolición de la que había sido una primaria, iniciaba el proceso de reconstrucción no sólo de las instalaciones educativas, sino de todos los inmuebles destruidos, y aprovechó para hablar de que esto era parte de los esquemas de la reforma educativa.

Igual que en la visita presidencial, nadie increpó al Secretario de Educación Pública. Nadie lo hizo porque, igual que en la anterior ocasión, esto sería visto como un acto de oportunismo y rapiña política, en medio de la tempestad social que provocó el sismo. Fue así, además como una consecuencia poco observada, pero directa, del desmoronamiento de la estrategia de la 22, que estaba enfocada justamente a impedir que Oaxaca volviera a ser escenario de una visita federal, principalmente del Presidente de la República —como emblema del poder al que repudian—, y mucho más del Titular de la SEP, al que repudian por ser el estandarte de la reforma educativa.

Para nadie es un secreto que todos los movimientos, todos, son parte de los estertores de 2018. El terremoto puso a Oaxaca en el candil político, y a partir de esto la presencia presidencial y de funcionarios federales será permanente. Casi vivirán en Oaxaca durante varios meses. En medio de todo eso, habrá que preguntarse cuál será la estrategia de reorganización política del magisterio, que indudablemente hará cualquier cosa por reorientar sus esfuerzos, quién sabe si frente a la tragedia, pero sí con toda seguridad rumbo a 2018.

Convoca la Conatrib a los Tribunales de Justicia a solidarizarse con Oaxaca

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El Poder Judicial del Estado de México inició una colecta de víveres que entregará al  Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca


La Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib)  manifestó su solidaridad con las personas damnificadas  en Oaxaca por el sismo del pasado jueves, por lo que en respuesta a este llamado y como como una de las primeras acciones de los integrantes de este organismo, el Poder Judicial del Estado de México inició la colecta de víveres “De tribunal a tribunal”.

Lo recaudado se hará llegar mediante un transporte del Poder Judicial del Estado de México al Honorable Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca que lo entregará a las instancias oficiales encargadas de su distribución en los lugares que resultaron mayor afectados, como es la región del Istmo de Tehuantepec.

El Poder Judicial del Estado de México abrió tres centros de acopio donde se encuentra recibiendo enlatados como atún, sardinas, frijoles, sopa y leche en polvo y otros no perecederos como galletas, café soluble, arroz, agua embotellada.  Además de jabón, papel higiénico, toallas sanitarias, pañales desechables, detergente y cloro.

Los Centros de Acopio están instalados en el Palacio de Justicia del Estado de México que se ubica en Nicolás Bravo Norte 201, en Toluca; Palacio de Justicia del Valle de México localizado en Paseo del Ferrocarril 85 en Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla y el Palacio de Justicia de Texcoco que se localiza en Carretera Texcoco-Molino de Flores km 1+550.

Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca realizó este martes  la entrega en el Gimnasio Ricardo Flores Magón, de tres toneladas y media de productos al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para los damnificados del Istmo y los cuales fueron donados por el personal jurisdiccional y administrativo.

La colecta de víveres prosigue en tres centros de acopio instalados en la sede del Consejo de la Judicatura, en la calle de Sabinos 106,  Colonia Reforma y del Tribunal Superior de Justicia, en Ciudad Judicial, así como en los juzgados civiles y familiares ubicados en División Oriente 618 Ex Marquesado, donde la generosidad de las personas ha permitido canalizar diversos apoyos para su entrega a través del DIF Estatal.

La posverdad y las mentiras han sido moneda corriente frente al sismo en Oaxaca

Debería ser muy preocupante y poco satisfactorio saber que en los casi cinco días que han transcurrido desde que ocurrió el terremoto del pasado siete de septiembre, varias de las noticias más trascendentes e influyentes entre la población, han sido mentiras. Esto refleja la enorme capacidad que tienen las redes sociales para difundir todo tipo de información –incluida la falsa—, pero sobre todo la susceptibilidad de la gente para darle crédito a noticias que son sólo aparentes y desdeñar la posibilidad de otorgar valor a la información —y a los medios— verificables. Esto resulta por demás traumático frente a una crisis como la que se vive en varias regiones de Oaxaca, luego del terremoto.

En efecto, en los últimos días se han propagado todo tipo de información falsa relacionada con el terremoto ocurrido la noche del pasado jueves, y un problema importante radica en que mucha gente le ha dado más crédito del debido. De hecho, esa persistencia malintencionada nos hace pensar en el hecho de que vivimos en la era de la posverdad, en la que pareciera que s más importante la apariencia que lo que realidad puede ser verificable. Pudiéramos pensar que ese fenómeno no nos toca ni corresponde, aunque lo cierto es que a la luz de los hechos estamos viviendo una demostración de ello.

¿De qué se trata? De acuerdo con Katharine Viner, citada por Arnoldo Kraus (http://eluni.mx/2h9Qs7y), la “posverdad” denota circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública, que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal. Viner, directora de The Guardian, al reflexionar sobre el tema, asegura que “la nueva medida de valor para demasiados medios es la viralidad, en vez de la verdad o la calidad”. Elegir, decantarse por una situación o una persona, escoger entre un ¡no!, o un ¡sí!, sin corroborar, sin escrutar, sin elementos para construir una opinión, conlleva peligros. Ignoro los motivos por los cuales los hacedores del Diccionario Oxford escogieron posverdad como palabra del año; la razón más plausible es Donald Trump, y en segundo término el movimiento Brexit (de Britain y Exit; salida del Reino Unido de la Unión Europea).

Incluso, en 2004, Ralph Keyes, ensayista estadounidense, publicó el libro La era posverdad: deshonestidad y decepción en la vida contemporánea, como una forma de prever esto que ahora presenciamos casi ante cada hecho relevante de nuestra existencia. En una entrevista reciente se le preguntó a Keyes “¿Cuáles son las consecuencias de que la sociedad deje de buscar la verdad?”; su respuesta fue precisa, “Vamos a dejar de confiar unos en otros, porque ya no sabremos quién está siendo honesto con nosotros y quién no. Sospecho que las consecuencias de vivir en un mundo posverdad serán cada vez peores…”.

Ello, en su dimensión, es exactamente lo que ocurre en Oaxaca ante el terremoto del pasado siete de septiembre. ¿Qué hemos visto? Junto con los hechos, hemos visto todo un mar de información falsa que profusamente circula a través de algunas cuentas en redes sociales, cadenas de mensajería instantánea, y chats de noticias que manejan ciudadanos interesados en información pero que en realidad muchas veces tienen poco o nulo cuidado en corroborar que lo que publican o retransmiten, es cierto. De esa manera, las apariencias y la desconfianza le han ganado un importante espacio a la información, y con ello han generado percepciones por demás riesgosas.

INFORMACIÓN FALSA

En un breve recuento realizado por esta columna, pueden hallarse cuando menos siete episodios distintos de información falsa relacionados con el reciente terremoto. La primera de esas notas fue una relativa a que un supuesto comité de expertos de la ONU alertaban que durante las siguientes 48 horas al primer gran movimiento sísmico, ocurriría un segundo terremoto de dimensiones todavía mayores.

Incluso, la supuesta información ofrecía ubicaciones, magnitudes y posibles daños y pérdidas humanas que esto ocasionaría. Tuvo que salir a las cadenas nacionales de televisión un grupo de expertos —esos sí— de la UNAM y del Sismológico Nacional para reiterar lo que ha sido sabido desde siempre: que ese supuesto comité de la ONU no existe y que esa organización jamás se atrevería a difundir información falsa de esa magnitud; y que, ni ahora ni nunca, los sismos han podido ser predichos.

Luego vino otra información. Se dijo que la noche del terremoto habría un tsunami. Alguien rescató fotos de otros eventos en los que el mar se ha alejado de las costas, y dijo que esto ocurría en las playas de Oaxaca. Evidentemente esto provocó más alarma y preocupación de la que ya había por el sismo, hasta que en las primeras horas del ocho de septiembre se confirmó que ni había ocurrido en Oaxaca y Chiapas tales alejamientos de las aguas, ni existía un riesgo real de que ocurriera un tsunami.

Después, se propagó un video en el que un supuesto experto aseguraba que el sismo era consecuencia de las ondas irradiadas por el sol, y —de nuevo— que el gobierno “sabía” tanto del sismo del pasado jueves, como de otros que ocurrirán en fechas próximas. Una vez más, la información circuló profusamente en redes sociales y servicios de mensajería instantánea, alimentando la necesidad de la gente de creer en una apariencia, aún a costa de desdeñar los conocimientos básicos respecto a la impredecibilidad de los movimientos sísmicos, y de que el gobierno pudiera saber de ello. Algo tan ilógico, sin embargo, fue creído a pie juntillas por miles de personas que vieron dicho video.

Como si algo faltara, entre el domingo y lunes se propagaron dos versiones más, también falsas: la primera, que contenía supuestas instrucciones sobre qué hacer para notificar al Fonden sobre los daños en viviendas y demás inmuebles, para que el personal del Fondo iniciara el procedimiento para la obtención de los recursos para ejecutar las reparaciones. La segunda información era la que señalaba que la Presa Benito Juárez había sufrido una fisura en su cortina principal, y que por esa razón las autoridades federales habían decretado la evacuación de la población que habita en Jalapa del Marqués. Ambas, evidentemente, eran notas falsas que incluso provocaron que el gobierno de Oaxaca emitiera sendos comunicados desmintiendo las versiones y precisando la situación real que prevalecía respecto a esos tópicos.

Ayer mismo se generó información direccionada por “haters” —esos a los que se les conoce como “odiadores”, o promotores del odio en redes sociales— para acusar a diversos personajes políticos de estar acaparando despensas o ayuda humanitaria para los damnificados, con fines políticos. Hubo algunos señalamientos que sí estuvieron corroborados con imágenes. Pero lo cierto es que buena parte de esa información estaba hecha con el objeto no de denunciar un hecho en concreto, sino de alimentar el odio en contra de alguna persona en específico.

DAR VALOR A LA INFORMACIÓN

Es importante, en este mar de información falsa, tener un criterio ecuánime y sostenible para discernir entre lo que es real, lo que es falso y lo que es aparentemente real. Tan simple como que los sismos no son predecibles, o que la ayuda gubernamental debe llegar a través de sus cauces y no de redes sociales o Whatsapp. Pero como hoy vivimos en el imperio de las apariencias… todo puede ser posible.

Evalúa personal especializado infraestructura del Poder Judicial

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Cuatro juzgados ubicados en la Región del Istmo resultaron con daños a causa del sismo de 8.2 grados


Por instrucciones del Pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, personal técnico de la Dirección de Infraestructura Judicial recorrió todos los inmuebles que conforman la infraestructura física del Poder Judicial, especialmente los ubicados en la Región del Istmo, para corroborar el estado físico que guardan éstos, luego del sismo de 8.2 grados ocurrido la noche del jueves pasado.

El titular de la Dirección de Infraestructura Judicial, arquitecto Rafael Vergara Rodríguez, informó que los juzgados, civil y familiar de Matías Romero, Mixto de Zanatepec y Familiar de Juchitán, resultaron afectados en su estructura, señalando que se están realizando las evaluaciones correspondientes en los tres primeros para determinar si son factibles de rehabilitación; en cuanto al Juzgado Familiar de Juchitán, debido a los severos daños que presenta, sus oficinas serán cambiadas al edificio que se ubica en Avenida Hidalgo y Arteaga en ese mismo municipio.

En tanto, el director de Administración del Poder Judicial, contador Antonio Díaz Aragón, señaló que de acuerdo al informe suscrito por el ingeniero Guillermo Martí Torroella, gerente de operación de la empresa “Operadora de la Ciudad Judicial de Oaxaca”, S.A.  de  C.V., (Marnhos), responsable de dicho Centro Administrativo, “se validó la estructura de los edificios sin encontrar daños”, por lo que se garantiza la seguridad para el personal que ahí labora.

Por lo que respecta al CENDI del Poder Judicial, ubicado en Constitución 502, en esta ciudad capital, Díaz Aragón precisó que este lunes se suspendieron actividades siguiendo las instrucciones del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Asimismo, precisó que su infraestructura física ya fue supervisada y validada, determinando que no existen daños.

En el aspecto jurisdiccional, la Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura, licenciada Adriana Zárate Ramírez indicó que el Pleno de ese Consejo, declaró el día viernes 8 de septiembre como inhábil para todo el estado, y los días lunes 11 y martes 12 de septiembre, como inhábiles sólo en la región del Istmo.  En razón de esos acuerdos no correrán los plazos procesales; en materia penal, únicamente se atenderán casos urgentes, reiteró.

Por su parte, la Secretaría General de Acuerdos, informó que el pleno del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, determinó el lunes 11 de septiembre  como día inhábil ante la falta de transporte oficial a las instalaciones de Ciudad Judicial, e indicó que en el interior del estado, salvo en el Istmo, el Poder Judicial trabaja con normalidad.

Funcionarios del Poder Judicial e integrantes del Sindicato de Empleados del Poder Judicial del Gobierno del Estado de Oaxaca e Instituciones Conexas, encabezados por su líder, Guadalupe Bautista Herrera, recorrieron este lunes las instalaciones de los Juzgados Civiles y Familiares que se ubican en el Exmarquesado de esta ciudad,  para constatar que dicho inmueble reúne las condiciones de seguridad para que los empleados adheridos a dicho sindicato laboren con normalidad.

PIES DE FOTO:

1 y 2.-  Funcionarios del Poder Judicial e integrantes del Sindicato de Empleados del Poder Judicial del Gobierno del Estado recorrieron los juzgados del Centro

3.- El inmueble del ex marquesado reúne las condiciones de seguridad para que los empleados adheridos a dicho sindicato laboren con normalidad

Aún con la tragedia, el terremoto demostró que los mexicanos sí aprendimos de las experiencias previas

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El sismo que sacudió a la mitad del país la noche del pasado siete de septiembre, demostró la importancia que tienen las medidas de prevención frente a una contingencia mayor. Éste, que ha sido uno de los mayores movimientos telúricos de que se tenga registro en nuestro país, puso en evidencia la necesidad de reforzar las labores de prevención en todos los ámbitos, pero también demostró que las medidas impulsadas luego del terremoto de 1985 han sido por demás efectivas. En el balance debiéramos reconocer la tragedia, pero también lo mucho que se evitó.

En efecto, casi a la medianoche del pasado jueves se registró un sismo de magnitud 8.2 en la escala de Richter. El movimiento causó pánico en las regiones sur sureste y centro del país, en donde fue ampliamente perceptible. De inmediato se activaron los protocolos de identificación de posibles víctimas y daños en varias entidades de la República, y aunque inicialmente la atención estaba puesta en algunas de las ciudades más pobladas e importantes de dichas regiones (como las capitales de varias entidades en donde se sintió el temblor, la Ciudad de México ante la reminiscencia natural de 1985, y las zonas costeras ante la posibilidad de un tsunami), en poco tiempo quedó claro que, como siempre, las afectaciones no se encontraban en los núcleos urbanos sino en zonas de mayor riesgo y mayor atraso en cuanto a medidas de prevención.

Se ubicó que había daños importantes en Chiapas —entidad donde ocurrió el epicentro del sismo—, pero sobre todo en diversas regiones de Oaxaca, principalmente en el Istmo de Tehuantepec. Ahí, en ciudades como Juchitán, Tehuantepec, Ixtepec, Matías Romero, Asunción Ixtaltepec, Niltepec y otras, se reportaron pérdidas humanas, lesionados y daños de consideración, que motivaron de inmediato la movilización de autoridades de los tres órdenes de gobierno para la atención de la contingencia.

Desde el primer momento, se pudo apreciar a través de imágenes difundidas en redes sociales, que la gran mayoría de los daños ocurrió en inmuebles construidos con adobe, techumbres, tejas, láminas y otros materiales que eran tradicionales en otras épocas, pero que no corresponden a construcciones de años recientes. E incluso, a pesar de la magnitud del movimiento sísmico, y de la cantidad de inmuebles dañados en la región del Istmo —muchos de ellos quedaron totalmente destruidos—, lo cierto es que el número de víctimas humanas no fue el que se habría esperado de un movimiento de dimensiones equiparables en otro tiempo y lugar.

¿Por qué no fue así? La respuesta sólo puede apuntar a la eficacia de la cultura de la prevención. De hecho, el presidente Enrique Peña Nieto declaró la misma noche del terremoto que éste había sido percibido por alrededor de 50 millones de mexicanos, y que había impactado en amplias zonas del centro y sureste del país. Por la dimensión, en términos generales podría decirse que el movimiento ocurrió en medio país, y fue sentido casi por la mitad de la población total mexicana, a partir de que fue uno de los temblores de mayor magnitud de que se tenga memoria y registro en toda la historia nacional.

CULTURA DE LA PREVENCIÓN

Todos relacionamos la cultura de la prevención, respecto a los sismos, con la instrucción que aprendemos desde la educación básica que dice “no corro, no grito, no empujo, y me dirijo a la zona de seguridad”. Esa es una de las reglas básicas para la prevención de riesgos en caso de un sismo que, sin embargo, se complementa con una serie importante de medidas que también tienen que ver con eso, pero que no necesariamente están en manos de la población civil.

Una de las cuestiones de mayor trascendencia ha sido la capacidad de establecer, y de que toda la gente lo entienda, esquemas de construcción acordes con la zona en la que habitamos. En un país en donde parece que todo puede prestarse a la corrupción y a las omisiones, resulta que todos han comprendido la importancia de no brincarse, no bordear, y no simular los lineamientos bajo los cuales deben realizarse las edificaciones. En gran medida, esa fue una de las razones por las que en los núcleos urbanos no hubo más que algunos cristales rotos y daños menores provocados por el movimiento sísmico, pero no una tragedia de grandes dimensiones como la que ocurrió en el terremoto de 1985.

En aquella ocasión, quedó claro que una de las razones por las que fue exponencial el número de víctimas humanas y pérdidas materiales en la Ciudad de México, radicó en la deficiente calidad de construcción, y en las incorrectas normas que regían el diseño de las edificaciones que se vinieron abajo. Aquella fue la gran prueba de un inmueble que casi cuarenta años antes se había construido con un sofisticado sistema antisísmico —la Torre Latinoamericana— y que demostró cómo cuando algo se construye a partir del reconocimiento del terreno en el que se encuentra, una posible tragedia puede no quedar más que en la anécdota.

Por eso, a partir de entonces no sólo en la capital del país, sino en todo México, se ajustaron los lineamientos y las medidas de protección en todas las construcciones. Por esa razón, ante la contingencia sísmica, hubo una gran diferencia entre aquellas construcciones antiguas que fueron construidas con diseños y medidas de prevención que o no eran lo suficientemente sofisticadas como las actuales —algunas ya existían, pero eran muy costosas y elitistas—, o que no consideraron la sismicidad del suelo en el que estaban asentadas, y aquellas edificaciones que ya fueron proyectadas o reforzadas después de 1985 y ya consideraban las medidas de prevención por ubicarse en una zona de alta sismicidad.

Por eso, sólo en algunos casos —contados— hubo pérdidas humanas y daños materiales en edificaciones que pudieran considerarse como “antisísmicas”. Eso mismo es lo que debe también permitir reconocer que en México ha sido ampliamente eficaz el fomento permanente a la cultura de la prevención, no sólo porque la gente sabe qué hacer en caso de un temblor, sino sobre todo porque las construcciones están hechas con esa perspectiva, y son capaces de soportar los fenómenos de la naturaleza.

Ahora, con todo y eso, todos debemos volcarnos a ayudar a las personas que habitan las regiones más castigadas por el terremoto. No habrá ayuda, ni recursos, ni manos, ni víveres que sobren, siempre que todo se haga con la responsabilidad y la solidaridad con quienes lo perdieron todo. A eso debemos abocarnos todos. Es lo menos que nos corresponde hacer frente a una tragedia que pudo haber sido de dimensiones catastróficas.

DESINFORMACIÓN

A pesar de todo lo anterior, entre los mismos ciudadanos debemos seguir trabajando en algo básico: muchos siguen creyendo que los sismos se pueden predecir, y difunden inopinadamente información falsa al respecto.

Abre Poder Judicial centros de acopio en apoyo a damnificados

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Se suma a la solidaridad de los oaxaqueños afectados por macrosismo de 8.2 grados


 El Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y el Consejo de la Judicatura se suman a la solidaridad de los hermanos oaxaqueños en desgracia por el sismo de 8.2 grados ocurrido la noche del jueves, y llama a su personal jurisdiccional y administrativo, así como a la sociedad en general a sumarse la campaña “#Oaxaca nos Necesita” que consiste en la donación de víveres para los damnificados.

En ese sentido, a partir de este domingo ha abierto Centros de Acopio para recolectar alimentos no perecederos y artículos de higiene personal.

El presidente del Poder Judicial, magistrado Raúl Bolaños Cacho ha expresado su solidaridad con los hermanos oaxaqueños que atraviesan esta difícil situación y ha convocado a unir esfuerzos para apoyarlos.

La donación de artículos como alimentos enlatados, agua embotellada, aceite, azúcar, sal, artículos de higiene personal, pañales, botiquín de primeros auxilios y papel higiénico se puede realizar en las instalaciones del Consejo de la Judicatura, ubicadas en la calle de Sabinos 106,  Colonia Reforma y la sede del Tribunal Superior de Justicia, en Ciudad Judicial.

Asimismo, se recibirán en los juzgados civiles y familiares ubicados en División Oriente 618 Ex Marquesado.

Reportan sin daños edificios del TSJE en la Ciudad Judicial

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Constata Protección Civil que las instalaciones se encuentran en buen estado y no sufrieron afectaciones por el sismo

Los edificios J1 y J2 del Tribunal Superior de Justicia del Estado que se ubican dentro del Centro Administrativo del Poder Ejecutivo “General Porfirio Díaz” en Reyes Mantecón se encuentran en perfecto estado, luego del sismo de 8.2 grados que sacudió a Oaxaca en los últimos minutos del jueves.

Así lo constató el personal del departamento de Protección Civil, dependiente de la Dirección de Infraestructura Judicial, que de manera conjunta con el director de Gestión Administrativa del TSJE, licenciado Óscar Valencia Henestrosa y de la dirección de Administración del Consejo de la Judicatura, así como del Sindicato de los Tres Poderes realizaron la mañana de este viernes un recorrido por los inmuebles.

“El magistrado presidente, Raúl Bolaños Cacho nos dio instrucciones de valorar el estado en que se encuentra, tanto la Ciudad Judicial, como de los juzgados del interior del estado para darle seguridad al personal que en ellos laboran después de haber ocurrido este fenómeno natural”,  dijo Valencia Henestrosa.

Indicó que los daños son en verdad mínimos pues sólo se  observó el desprendimiento de plafones, así como de protecciones de lámparas en cuatro oficinas; “los desperfectos ya son arreglados por el personal de la empresa Marnhos, la cual es la responsable de los edificios”, refirió.

Sostuvo que la mayoría de juzgados del interior del estado suspendieron actividades, salvo en los que ya estaban  programadas las audiencias judiciales.

Personal de Protección Civil constató condiciones del edificio sede del Poder Judicial en Reyes Mantecón

Al concluir el recorrido, el integrante del Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO), Andrés Aquino Bustamante, señaló: “Existen las condiciones para que el personal del TSJE labore, pues no hay afectaciones en los inmuebles”.

De su lado, el jefe de departamento de Protección Civil del Poder Judicial, Raúl Sánchez Castro indicó que la supervisión al edificio fue para hallar desperfectos, solucionarlos y de esa forma darle seguridad al personal jurisdiccional y administrativo.

Por su parte, el titular de la dirección de Infraestructura Judicial, arquitecto Rafael Vergara Rodríguez informó que el movimiento telúrico afectó en mayor medida los juzgados en materia familiar establecidos en Tuxtepec y Juchitán, al presentar cuarteaduras e indicó que personal de esa dependencia realizan las evaluaciones correspondientes.

Una visita presidencial no salda el adeudo histórico que la Federación tiene con Oaxaca

La presencia del presidente Enrique Peña Nieto ayer en Oaxaca, no salda el adeudo histórico que la Federación tiene con nuestra entidad. A estas alturas, es importante considerar que al margen de los partidos en el poder, las circunstancias han sido determinantes para que el gobierno federal omita atender a Oaxaca de la forma que sería quizá merecido, pero sobre todo, necesario. Los hechos de ayer, dan la pauta para considerar seriamente que no existe ninguna razón para sentirse aliviado, ni para creer que es suficiente, con la presencia del Presidente en la entidad.

En efecto, la inauguración del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO) fue la razón para que el presidente Enrique Peña Nieto estuviera, por primera vez en su administración, en visita oficial a la capital oaxaqueña. Había estado en alguna ocasión previa, pero había sido con el objeto de grabar anuncios de televisión para su administración, o por cuestiones de orden social. En un par de ocasiones, quizá tres en toda su gestión, había visitado algunas regiones del Estado para inaugurar obras. Pero no había venido al corazón de la entidad a refrendar el pacto federal, que es la razón política por la que un Presidente visita las entidades federativas, que son partes integrantes de la federación.

No lo había hecho, porque tampoco lo hizo Vicente Fox como presidente, desde el momento en que él mismo alimentó la predominancia de la Sección 22 como un factor de gobernabilidad, y mucho menos lo hizo Felipe Calderón, que sólo al final de su administración —en febrero de 2011— se atrevió a venir a Oaxaca a un evento de la Sedesol en el Palacio de Gobierno y, sobre todo, para inaugurar las instalaciones del campus de la Universidad La Salle, ubicadas en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán.

De hecho, el presidente Vicente Fox vino en muchas ocasiones a la entidad; e incluso parecía que al inicio de su gestión, Ulises Ruiz lo tenía seducido con las visitas constantes a Oaxaca. Sin embargo, pronto quedó claro que cuando tuvo que llegar el momento de las definiciones políticas respecto a Oaxaca en el contexto nacional —la sucesión presidencial de 2006—, Fox decidió que nuestra entidad se jodiera entregándole definitivamente el control de la gobernabilidad a la Sección 22 del SNTE.

Ese fue, en realidad, el golpe final y no el inicial de una larga historia de indolencia federal frente a Oaxaca. Fox venía constante a Oaxaca pero siempre en visitas rutinarias, igual que como lo hizo Ernesto Zedillo como Presidente. Ninguno de ellos tuvo interés o predilección particular con la entidad. Acaso, el único que hizo algo importante por la entidad en los últimos tiempos fue el presidente Carlos Salinas de Gortari, que impulsó obras como la súper carretera que conectó a Oaxaca con la capital del país a un tercio menos del tiempo en que se recorre la carretera federal.

Sin embargo, eso tampoco era suficiente porque Oaxaca estuvo largamente castigada, primero por la negativa federal a impulsar la inversión constante a niveles como lo hizo en otras entidades federativas; y luego porque cuando se decidió a dizque rescatar a Oaxaca en términos presupuestales, lo hizo en medio de un enorme clima de hostilidad en el que, por un lado, la gobernabilidad estaba en manos de la Sección 22, y por el otro había una enorme permisividad frente a la corrupción. Por eso, aquellas descomunales inversiones federales para la entidad sirvieron para enriquecer a algunos funcionarios de las dos últimas administraciones, pero no para paliar las condiciones de atraso en infraestructura, servicios, combate a la pobreza, y otros rubros en la entidad.

ENTONCES, ¿CUÁNDO?

Hay diversas versiones que intentan explicar las razones por las que Oaxaca quedó excluida del desarrollo nacional. Desde aquella leyenda urbana relacionada con una especie de pacto secreto entre los grupos de poder para evitar que otro oaxaqueño llegara al poder luego de las complejas experiencias de los gobiernos de don Benito Juárez y del general Porfirio Díaz —razón por la que incluso, dicen sin ninguna base comprobable, que el presidente Gustavo Díaz Ordaz se dedicó a negar su origen oaxaqueño e incluso cambió su registro de nacimiento al estado de Puebla—.

Otra versión, más convincente, es la que sostiene que Oaxaca quedó definitivamente marginada del proyecto revolucionario, y post revolucionario, desde el momento en que la clase política local se negó a reconocer y apoyar al Ejército Constitucionalista y a su Primer Jefe, don Venustiano Carranza, y que por esa razón Oaxaca ni tuvo una relación fluida con los gobiernos post revolucionarios, ni atendió de inmediato los mandatos constitucionales que establecían la necesidad de que el Constituyente oaxaqueño confeccionara y emitiera una Constitución local, acorde con la federal de 1917.

Incluso, esa es una razón que puede explicar por qué existe un desfase de cinco años entre la promulgación de la Constitución federal, y la emisión de la Constitución del Estado que hoy nos rige, y que data de 1922, lo que refleja que hubo resistencias y vicisitudes políticas que impidieron la emisión inmediata de una nueva Carta Constitucional local inmediatamente después de establecida la federal.  

Así, al margen de las razones, lo cierto es que la visita presidencial de ayer deja en claro que el gobierno federal sigue siendo timorato frente a Oaxaca. El propio gobierno federal debería reconocer que en gran medida, hechos como los de ayer —enfrentamientos, descalabrados, vialidades cerradas, autobuses quemados, y un deplorable espectáculo protagonizado por las fuerzas de seguridad y los integrantes de la CNTE— son consecuencia de la excesiva permisividad que se ha tenido frente al conflicto magisterial. El gobierno federal ha sido quien, con sus omisiones, en otros momentos entregó la gobernabilidad de la entidad a la Sección 22, y ahora no hace lo necesario para recuperarla.

Por eso, no se trata sólo de si hay una o varias inversiones importantes en la entidad, o si se inaugura una obra de gran envergadura como el Centro Cultural y de Convenciones, sino sobre todo del establecimiento de las condiciones mínimas para que ese, y todos los espacios públicos, puedan operar en un marco de normalidad y respeto a las normas de convivencia. En las condiciones actuales no se puede más que esperar que el CCCO se convierta en uno de los protestódromos favoritos de la 22, y de todas las organizaciones que asumen que pueden hacer lo que sea en Oaxaca, sin ninguna consecuencia.

PREOCUPANTE

No es común que en una actividad oficial, una aeronave sea atacada. Menos que dicho ataque ponga en riesgo un sobrevuelo, e incluso al mismo Presidente de la República. La última vez que un helicóptero federal fue atacado, fue cuando intentaron aprehender a un Jefe de Cartel en Jalisco. Por eso, el cohetón que impactó ayer a uno de los helicópteros de la comitiva presidencial, está lejos de ser una anécdota; y más allá de que sea la 22 la aparente responsable, el hecho debe ser investigado a fondo y sancionado hasta sus últimas consecuencias.