+ Ruta del dinero explica resistencia a auditoría

Si algo debe fundamentar la necesidad de una reforma constitucional para hacer una nueva Auditoría Superior del Estado, eso es la resistencia abierta y velada de los diputados locales por abrir al Congreso a la fiscalización a la que pretende someter a los demás entes públicos. Debe predicar con el ejemplo. El problema es que en los poderes del Estado en Oaxaca no existen ni los controles ni el pudor frente al repudio ciudadano.

En efecto, ayer TIEMPO daba cuenta de que los diputados locales bloquearon la revisión que la Auditoría Superior del Estado había previsto al Congreso dentro de su programa anual de auditorías, luego del escándalo permanente que los propios legisladores habían protagonizado en los últimos años por el manejo discrecional —y la presunta malversación— de los más de 600 millones de pesos anuales que constituyen el presupuesto del Poder Legislativo. De acuerdo con lo publicado, la ASE dejó pendiente la revisión, a pesar de que ésta había sido una promesa pública del auditor Carlos Altamirano Toledo, y de que los diputados de la LXII Legislatura se habían dicho dispuestos a la revisión del último año de ejercicio de la diputación anterior.

Resulta que la LXI Legislatura terminó en medio de un escándalo —aunque hoy vemos que el primer año de ejercicio de la actual Legislatura rebasó por mucho la corrupción de sus antecesores— marcado por la opacidad en el manejo de su presupuesto, y por el evidente enriquecimiento y los beneficios indebidos de los que fueron objeto sus integrantes. Cuando concluyó la LXI Legislatura, diversos sectores de la ciudadanía se dijeron inconformes y por eso exigieron una revisión de lo ejercido.

Así, en un primer momento la LXII Legislatura dijo que abriría su administración a la revisión de la ASE. El problema es que, como lo apuntamos en nuestra entrega del 10 de febrero del año pasado, dentro del Congreso pudo más el arreglo discrecional entre quienes eran en ese momento coordinadores parlamentarios del PRI y PRD que el escándalo por el evidente manejo indebido de los recursos públicos, y por eso Anselmo Ortiz y Alejandro Avilés pactaron la permanencia de toda la estructura administrativa que tuvo a su cargo los recursos en la LXI Legislatura, a cambio de compartir los beneficios de ese manejo discrecional que ya quedó en evidencia de dos de los tres coordinadores parlamentarios de la Legislatura —depósitos millonarios realizados a cuentas bancarias personales de Alejandro López Jarquín y Francisco García López, del PRD y PRI, respectivamente— que antecedió a la actual.

Al parecer, apuntamos desde entonces, los diputados Anselmo Ortiz y Alejandro Avilés tratarán de capitalizar lo más posible (quién sabe para beneficio de quién, a aparte de ellos) el estruendo causado por las evidencias de corrupción y enriquecimiento indebido, y buscarán aprovechar el río revuelto, y el problema que eso genera entre los grupos perredistas, para seguir teniendo ventaja en la discrecionalidad que ahoga al Congreso del Estado.

Hoy podemos ver que esa discrecionalidad fue estimulada con creces: por un lado, en la LXII Legislatura ya brotaron innumerables evidencias de las enormes sumas de dinero que se manejan en efectivo —con todas las dudas que conlleva el hecho de que el manejo de dinero en efectivo denota opacidad plena—.

Y por el otro, los diputados decidieron cerrarle la puerta a la revisión que realizaría la ASE, seguramente no tanto porque quisieran proteger a los integrantes de la Legislatura anterior —aunque en ello pudo haber también un acuerdo político con el Gobierno del Estado, ya que varios de los que fueron diputados ahora son funcionarios estatales— sino más bien porque permitir la revisión, constituiría el “mal ejemplo” para que cada año la ASE quisiera auditarlos.

UNA AUDITORÍA DE PAPEL

A pesar de la supuesta transición democrática que se vive en Oaxaca, la Auditoría Superior del Estado es un remedo de lo que debería ser. Aunque el Ejecutivo prometió que establecería los mecanismos efectivos de fiscalización, y para eso envió una iniciativa que reformaba —y, sobre todo, reintegraba— la Auditoría Superior, aunque al final no propuso que se le dieran mayores alcances o fuerza institucional de las que ya tenía.

Por su parte, al aprobar sus nuevas reglas constitucionales y legales, el Congreso local tampoco le procuro mayores facultades, o recursos económicos; no le brindó una estructura burocrática de carrera que garantizara un nivel constante de actualización y mejoramiento de sus procesos administrativos; y por si fuera poco no le dio las herramientas para que la ASE se ganara la confianza frente a la ciudadanía, y con ello tuviera mayor legitimidad, basada en sus resultados.

Como todo eso no fue suficiente, en 2014 el Congreso creó otro elefante blanco al aprobar la creación de un órgano técnico de fiscalización, a cargo de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior, que encabeza el diputado Adolfo Toledo, que en esencia representa un incremento de burocracia que opera sin marco legal y hasta hoy sin resultados tangibles. Así, por un acuerdo político la Legislatura le creó al diputado Toledo su estructura burocrática, pero con recursos que le quitó a la ASE.

Eso no tendría mayor problema, si no fuera porque ya de por sí la Auditoría Superior opera con fuertes limitaciones económicas, que sólo le permiten revisar anualmente al 10 por ciento de los entes auditables del Estado; y que frente a los posibles quebrantos la misma ley no le da facultad para procurar una persecución judicial efectiva a los responsabilidades.

En esas condiciones, ¿cómo querer tener una Auditoría capaz de revisar ya no digamos que al Congreso, sino a muchas de las corruptas autoridades municipales, que a la vista de todos se burlan de la ciudadanía con sus excesos, con su impunidad, con sus nulos resultados, y con su nulo temor a las consecuencias que puedan tener sus desvíos de recursos.

Así, si la corrupción es institucional y estructural, entonces no habría por qué extrañarse que los diputados se resistan públicamente a la revisión, para preservar el millonario negocio anual que tienen en las manos.

¿MAESTROS?

Coincidimos con quienes piden que a los integrantes de la Sección 22 ya no se les llame “maestros” o “profesores”. Nadie encaminado al bien, y ni siquiera por una causa legítima, tiene justificación para romper y destruir. Ayer dieron una más de sus acostumbradas muestras de irracionalidad al causar destrozos y desmanes en la capital oaxaqueña.

La creación de “frentes comunes” para atajar la postulación de algunos personajes como candidatos del PRI a varias diputaciones federales en Oaxaca, sólo revela el avanzado estado de descomposición de la civilidad al interior de ese partido, y la inutilidad de todos los remedios que le han tratado de dar a los permanentes enfrentamientos, y a las feroces disputas por los ansiados cargos públicos. Lo que ocurrió ayer fue sólo un paso más en la ruta crítica de ese partido.

En efecto, la tarde de ayer se realizaría en la sede del PRI estatal una más de las fases en el proceso de selección de algunos de sus candidatos a las diputaciones federales por el método de convención de delegados. Como desde la semana pasada uno de los eternos grupos en disputa, filtró información falsa de que el Comité Nacional de ese partido ya había “palomeado” a los once futuros candidatos —y que la mayoría de los beneficiarios eran de ese grupo—, todos los demás aspirantes se dijeron burlados y amenazaron con boicotear el proceso, creando frentes de promoción al voto de castigo, y otros más amagaron con renunciar al PRI. Los hechos ocurridos la tarde de ayer, en los que unos porros llegaron a vandalizar la sede priista en aras de que se suspendieran los trabajos que se realizaban, es apenas una muestra de ello.

Lo cierto es que esa filtración de las supuestas decisiones del CEN del PRI, sólo fue una de las prácticas acostumbradas por el grupo del ex gobernador Ulises Ruiz, tratando de influir en las designaciones a partir de la inconformidad, el desánimo y la idea de que él se había impuesto en el reparto de candidaturas. Esa estrategia de echar a pelear a todos los que aspiraban a un cargo, para desgastarlos, y después facilitar la toma de una decisión, fue común durante su gobierno. Y eso fue lo que de nueva cuenta puso en práctica con resultados que, si bien eran los esperados, hoy tienen el efecto adicional de exhibir como incompetente a la dirigencia del partido en Oaxaca.

Pues en otra circunstancia, parecería inconcebible que al interior de un partido que se supone que se caracteriza por la institucional, ocurrieran hechos como los que hemos venido viendo. Se supondría que la dirigencia estatal del PRI, respaldada por su comité nacional, y acatando sus directrices, tendría que haber llevado a cabo el proceso de selección de sus candidaturas a partir de una eficiente operación política. Ello no existió. Y por eso estamos viendo una nueva trifulca en la que todos se sienten traicionados y burlados, pero a la vez todos se sienten con el derecho de cuestionar las decisiones y a su dirigencia.

En todo esto, una pregunta que hoy —al margen de fobias o simpatías— todos los interesados debieran hacerse es ¿dónde está el dirigente estatal, Héctor Anuar Mafud Mafud, que no atina a conseguir el único fin para el que fue designado como líder priista? Pues si recordamos, por estos mismos meses de 2014 hubo una fuerte disputa entre varios personajes y grupos al interior del PRI, para ver quién resultaba ungido como Dirigente.

Mafud ganó esa partida gracias a que era quien —según— generaba menos fricción en la relación necesaria entre los dos Jefes Políticos del tricolor en la entidad (los dos ex Gobernadores) y era quien podía —según, también— generar los consensos entre la militancia, para evitar más rupturas luego de la gran derrota electoral de 2010, y las subsecuentes de 2012 y 2013. Ese era, pues, su gran objetivo. Hablar con todos, conciliar con todos, revitalizar las estructuras partidistas y generar las condiciones para que el CEN decidiera quiénes serían sus siguientes candidatos a cargos de elección popular.

EL FRACASO DE MAFUD

En esta condición, Mafud Mafud debió haber impedido cualquier intento de insubordinación entre militantes y aspirantes a las diputaciones federales. No lo hizo, porque como no tiene influencia real sobre los actores determinantes de su partido —varios de ellos ni siquiera lo escuchan, y él no tiene paciencia para promover el consenso—, tampoco está en condiciones de llamarlos al orden, serenarlos, y establecer una margen mínimo de respeto a las reglas necesarias para el desarrollo del proceso de selección de sus candidatos.

Todo esto, además del caos que es hoy —como siempre, pero también como se supone que ya no debía de ocurrir al contar ese partido con un dirigente supuestamente consensado entre los factores decisivos del PRI— el proceso interno de selección de sus candidatos, revela que Mafud no ha hecho su trabajo, y que por eso anda buscando justificaciones frente a todo lo que está ocurriendo.

En estas condiciones, sólo faltaría escucharlo decir que una vez más —y como siempre— tendrá que ser el CEN del PRI, o el Presidente Nacional de su partido, o el propio Presidente de la República, quien deba venir a Oaxaca a poner orden entre los aspirantes a cargos públicos, e implícitamente a resolver el caos que él no contribuyó a resolver, y que sí estimuló con su indolencia, su apatía y su falta de iniciativa para realizar el trabajo que le fue encomendado.

Hoy, por ejemplo, el “borregazo” que fue la filtración de una supuesta lista de candidatos “palomeados” para las diputaciones federales por el PRI, es un golpe contra Mafud, que él mismo debiera considerar como “fuego amigo”. ¿Por qué? Porque el ulisismo, voraz y bribón como todos saben que es, decidió echar por delante esa lista para tratar de que el desánimo “bajara” a varios de los posibles candidatos (que en su lista ficticia no eran los elegidos), y para que el enojo los llevara a cometer actos que luego justificaran la decisión de sacarlos de las candidaturas.

Lo que el ulisismo no calculó, es que esta lista era un golpe bajo para el dirigente que ellos mismos contribuyeron a poner en el PRI. La lista filtrada, y la afirmativa ficta que trajo aparejado el silencio del CDE, fue el golpe que necesitaba Mafud para quedar como una caricatura de sí mismo. Pues ello demostró que la dirigencia ni opera políticamente y tampoco decide; que son los dos o tres personas, desde la Ciudad de México, quienes resuelven, y que todo lo que ocurre aquí es una simulación para justificar la “democracia priista” en la que, sin embargo, no se ve ni se escucha a nadie.

¿QUÉ SIGUE?

Hoy existe una disputa, que no conoce reglas, por las candidaturas en los distritos que se definirán a través de la convención de delegados. Y faltan las definidas por designación directa. Ese será otro caos. Todo está anunciado.

Lío por nómina, justificación para acatar reforma

Este fin de semana fue de nueva cuenta un martirio para la ciudadanía, y todo por una enésima resistencia (simulada) de la dirigencia de la Sección 22 del SNTE, a aceptar un paso más en la implementación de las nuevas reglas federales en materia educativa. Es una resistencia simulada, primero porque la dirigencia seccional llamó a sus bases a no recibir su primer quincena de enero, cuando los principales dirigentes ya lo habían hecho; y segundo, porque en la protesta y los acuerdos se esconde la aceptación silenciosa de la reforma federal.
En efecto, desde la semana pasada la dirigencia de la Sección 22 se dijo en alerta ante el anuncio del IEEPO, de que a partir de la primera quincena de enero asumía la responsabilidad del pago de la nómina educativa en Oaxaca, y no hasta el mes de marzo como inicialmente se había anunciado. Aún cuando el anuncio conllevaba un conjunto de buenas noticias para todos los trabajadores de la educación, la 22 insistió en ver lo negativo esencialmente por el cambio de institución bancaria, de Santander a Bancomer.
¿Por qué buenas noticias? Porque en su comunicado del siete de enero, el IEEPO anunció que “el Gobierno Federal absorbe la nómina integrada con los derechos y prestaciones logrados por los trabajadores de la educación, con la carga presupuestaria que implica el paso de la zona económica dos a la tres, además del reconocimiento de días adicionales, donde se incluyen bonos y aguinaldo”.
Es decir, con esta aseveración quedaban desmontados todos los argumentos con los que el sindicato magisterial asustó a sus agremiados, y con lo que los hizo participar en las largas jornadas de protesta que han realizado, relacionados con el hecho de que el gobierno federal no reconocería las conquistas salariales, el escalafón, y las prestaciones obtenidas por el magisterio en sus negociaciones anuales con el Gobierno del Estado, paralelas a las que el gobierno federal realizaba con el SNTE.
Pues fuentes del propio sindicato, sostenían este fin de semana que la razón concreta por la que el Comité Seccional decidió movilizar a sus bases, tiene su origen en el cambio de institución bancaria encargada del pago. Pues si de entrada tomamos en consideración que el manejo de la cuenta bancaria de la nómina educativa implica el manejo de 17 mil millones de pesos anuales, entonces podemos comenzar a dimensionar el tamaño de los intereses que se encuentran involucrados en el cambio de institución bancaria encargada de manejar estas cuentas de la nómina educativa.
Concretamente, señalaban que una de las razones por las que la Comisión Política de la Sección 22 se inconformó, e insistía con particular vehemencia que el Banco Santander siguiera siendo el responsable de la nómina educativa, se centraba en que la cúpula sindical quería preservar los “acuerdos” que históricamente ha tenido con esa institución bancaria.

LAS INCONGRUENCIAS
Fuentes del gobierno estatal, sostienen que hasta la tarde del pasado viernes, había cobrado su pago bajo la nueva modalidad, alrededor del 75 por ciento de los 81 mil trabajadores de la educación en Oaxaca; asimismo, señalaban que al margen de las negociaciones entre el gobierno y la 22, y las movilizaciones del fin de semana, de todos modos hoy lunes se normalizarían las operaciones relacionadas con el pago de nómina, con todo y los talones de pago, que era otra de las inconformidades del magisterio.
Sostienen además que las incidencias relacionadas con errores en pagos, o con trabajadores a los que no se les expidió su cheque, fueron menores al uno por ciento. Aún así, la 22 decidió tomar esa cuestión marginal (que quedó refrendada en la minuta firmada la noche del sábado entre el gobierno y la 22) como una bandera para tener una justificación más de sus movilizaciones.
Otra de las incongruencias de la Sección 22, es que el propio gobierno estatal aseguraba desde antes de que esto ocurriera, en que los pagos se procesaron tal y como los puso en la mesa la Sección 22, con base en su llamado “plantilleo”, que ahora con dicha protesta querían desconocer.
Y un aspecto fundamental, es que ocho de los quince integrantes de la Comisión Política de la Sección 22, que desde el miércoles pasado habían exigido a sus bases no cobrar, ya habían cobrado sus quincenas. Su salario, aseguran, fue depositado en sus cuentas de Santander desde el jueves 8 de enero. Y entre los que llamaban a no cobrar, pero con su quincena en la bolsa, se encontraban el propio Núñez Ginez y Francisco Villalobos, entre otros.
¿Qué es lo más contradictorio de este asunto? Que el sábado la dirigencia de la Sección 22 firmó una minuta de trabajo con el gobernador Gabino Cué, en la que éste se compromete a pagarle a los trabajadores que no hubieren recibido su cheque ahora emitido por la Federación, y a gestionar mesas de trabajo con el gobierno federal para que los cheques traigan su talón de pago, como tradicionalmente ocurría.
Esto esconde un hecho trascendente: al aceptar esto, la 22 está también acatando los términos de la reforma educativa. Esa que tanto ha combatido. Así, como lo dijimos hace meses, quedó demostrado que la llamada armonización de la legislación estatal en materia educativa no era indispensable, que de todos modos las nuevas reglas se estarían aplicando a partir del primer día del año, y que esa era una de las grandes apuestas del gobierno estatal para lavarse las manos frente al magisterio por el cambio de régimen jurídico a partir de 2015.
Al final, a quienes les queda el cuestionamiento más de fondo —y las alas críticas de la Sección 22 así se lo han venido reprochando a la dirigencia desde hace meses— es que sus supuestas acciones en defensa de los derechos de los trabajadores hayan sido meramente testimoniales y simuladas. Si vemos en perspectiva todo lo que ha pasado en los últimos dos años, podremos corroborar que desde que se aprobó la reforma constitucional a los artículos 3 y 73 en materia educativa, hasta este paso dado sorpresivamente por el gobierno federal, todas las batallas las ha venido perdiendo un magisterio que a su interior se encuentra cada vez más desgastado, desacreditado, deslegitimado y desarticulado.

LAS SOSPECHAS
Sí, es cada vez mayor el grado de sospecha de que en el fondo la 22 ha sido como un “tronco” del box: esos que su único fin es mantenerse de pie para aguantar la golpiza, pero que de antemano están destinados —y así lo aceptan— a perder la pelea.

+ Candidatos ciudadanos, ahogados por partidos

Si en el PRI es escandalosa la forma en cómo los mismos políticos de los dos grupos predominantes intentan tener la capacidad de reciclarse y volver, en cada proceso electoral, a intercambiar posiciones políticas, algo muy similar ocurre en el PAN y PRD. En estos partidos, en la elección federal que se avecina, están pasando por sus propios procesos internos los cuales, en el fondo, son muy similares —y cuestionables— que los de los priistas.
En efecto, determinados por los tiempos que marca la ley para el inicio de los procesos de selección de quienes serán sus candidatos, todos los partidos están ya metidos en el arranque de sus procesos internos. En el PRI, afirmábamos en nuestra entrega de ayer jueves, hubo ya toda una pléyade de personajes que decidieron brincar, abiertamente, de las diputaciones locales, las delegaciones federales y algunos cargos administrativos, para tratar de ser candidatos. En las determinaciones que ya se infieren al interior de ese partido, no habrá una sola cara nueva: todos los que ya manifestaron su aspiración, y que se convertirán en candidatos, son personas que han ido brincando de cargo en cargo, y que ahora harán lo mismo.
Esta práctica es harto cuestionable, pero no es privativa del PRI. ¿Qué pasa en los otros partidos importantes? En el PAN, por ejemplo, también están ya trabajando para conformar las listas de quienes serán sus precandidatos. Hay varias “sorpresas” que —como en el PRI— parten justamente de corroborar que las mismas personas pretenden brincar de un cargo a otro, sin detenerse a pensar si sus resultados o su capacidad avalan la nueva responsabilidad a la que aspiran.
En la inscripción del panismo para las diputaciones federales de mayoría, vemos varios rostros conocidos. Por el distrito que incluye a la capital oaxaqueña (el octavo, federal) ya se inscribió el diputado local Sergio Bello Guerra, que llegó a la Legislatura local como candidato de representación proporcional, y eminentemente gracias a la amistad que tiene con el dirigente nacional con licencia, Gustavo Madero Muñoz.
¿Qué puede presumir de trabajo legislativo? Nada. ¿Puede decir que representa los factores de poder de la clase empresarial oaxaqueña? No. ¿Tiene el respaldo de un sector importante de la ciudadanía? Tampoco. Más bien, como ya se siente dentro de la clase panista dominante, ahora pretende embarcarse en una aventura sin siquiera haber cumplido la primera mitad del periodo para el que fue electo como diputado local. Es decir, no tiene méritos sino ambiciones.
Algo muy similar ocurre con otros personajes como el diputado Gerardo García Henestroza, la diputada Remedios Zonia López, o la regidora Marlene Aldeco Reyes Retana, que también se inscribió en el proceso para la elección de candidatos. Los dos primeros son parte del mismo cuestionamiento global que pesa sobre todos los integrantes del Congreso local, maximizado por el hecho de que salvo destellos de participación importante, ninguno de ellos se ha destacado por grandes logros o para el Congreso, o para las comunidades que representan. Más bien, legisladores como Zonia López se han caracterizado por los escándalos, la improductividad y la intención de ser diputado únicamente por supervivencia pero sin demostrar un ápice de compromiso.
Mención especial tiene Marlene Aldeco, que ha sido una de las más grandes beneficiarias de la práctica de los chapulines, en los últimos años. Ha sido dos veces diputada local, y dos veces regidora, en la última década. Su primera diputación fue por la vía de la representación proporcional, y la ocupó por el extinto Partido Convergencia, de donde brincó al PAN para luego ser regidora en la capital oaxaqueña, y después diputada local por el distrito de Miahuatlán.
En esa zona, hubo una queja recurrente de la población porque, como diputada, Aldeco nunca regresó a comunidad alguna a gestionar o atender demandas sociales, y tampoco reconoció la representación que ostentaba de esa zona. Finalmente, en el proceso electoral del año pasado fue postulada nuevamente como candidata a Regidora por Oaxaca de Juárez, y hoy —como nadie le cuestiona que por su chapulinismo no tenga pertenencia ni identidad en una zona definida— pretende ser candidata a diputada federal por el distrito VIII.
Este caso es muy parecido al de Alejandra García Morlán, que nunca ha participado en una elección abierta, pero ya fue también regidora y diputada local. Ella se inscribió para ser candidata en esta elección federal intermedia, pero de la tercera circunscripción plurinominal.

LAS TRIBUS PERREDISTAS
Entre los perredistas pasa más o menos lo mismo, sólo que con sus variantes. De la tribu de los López, resulta que todos quieren ser candidatos pero ya no de la región de la que son oriundos (Juchitán de Zaragoza), sino por el distrito de Oaxaca Centro. En la lista de registrados como precandidatos ya aparecen los nombres de Lenin López Nelio López, Pavel López Gómez, y quizá también intente ser candidato Jesús Romero López, ahora que se vio frustrada su intención de ser dirigente estatal del PRD.
En el Istmo de Tehuantepec la tribu que domina es la de los Serrano Toledo. Rosendo es diputado federal plurinominal, y Félix es diputado local de mayoría relativa por el distrito V de Ciudad Ixtepec, y no sólo eso: también es coordinador de la bancada perredista en la LXII Legislatura local y Presidente de la Junta de Coordinación Política. En este contexto, la hija de Rosendo, Aleida Tonelly Serrano Rosado, fue diputada local plurinominal en la anterior Legislatura, y se manejó como posible candidata a la Presidencia Municipal de Ixtepec (cuestión que finalmente no ocurrió); por ello, no sería nada raro que ella apareciera como una de las candidatas plurinominales de la llamada tribu de “los chendos” en este proceso electoral federal, ya que entre ellos es práctica común y aceptada postular a hijos, primos, “juanitas”, compañeras sentimentales y demás.
No debiera extrañar que en este proceso Hugo Jarquín, con su tribu ahora bien ubicada, también imponga a sus candidatos, y que lo mismo hagan otros como Raymundo Carmona Laredo en Pochutla. Y así, cada uno por su lado.

¿Y LA CIUDADANÍA?
Es la gran ausente. El país vive una crisis de legitimidad sin precedentes. Pero parece que la partidocracia en Oaxaca no lo registra. Estos impresentables “chapulines” son muestra exacta de ello.

+ Avidez por los cargos; nulo débito a los electores

Con la llegada del mes de enero arrancaron también unas efervescencias electorales que en Oaxaca no vienen acompañadas de ningún tipo de cuestionamiento sobre los antecedentes y las formas de quienes aspiran a un cargo público. En cada uno de los partidos, las candidaturas a diputaciones federales están siendo ofertadas y repartidas según los criterios e intereses políticos particulares. Y la gran mayoría de quienes aspiran son simples “chapulines” —que van de cargo en cargo, con el mismo discurso estéril de siempre— que no parecen tener ningún temor a un cuestionamiento de la ciudadanía (que parece no existir).
En efecto, ayer por ejemplo en el PRI se llevó a cabo el registro de quienes aspiran a una diputación federal en cinco de los once distritos electorales federales; esta misma semana se dio a conocer que la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional dio su anuencia para que el ex titular de Sinfra, Netzahualcóyotl Salvatierra López, compita para conseguir la candidatura a una curul por el principio de representación proporcional. Y esto se cerrará una vez que se oficialicen algunos cambios más en la administración estatal, y se integre la lista de quienes buscarán una candidatura por el Partido de la Revolución Democrática.
El discurso, y la historia, son los mismos de siempre. En las dirigencias partidistas se dirá que los procesos de selección serán transparentes, respetuosos y equitativos aunque la realidad indique que todo responderá a los mismos intereses y prácticas cupulares de siempre. Y los aspirantes a una candidatura dirán que cuentan con el aval de su trabajo, y que sus aspiraciones políticas son legítimas y razonables. Pero todo esto ocurrirá de cara a una sociedad que parece no tener ningún cuestionamiento sobre las prácticas partidistas o sobre los aspirantes, y que con ese silencio avala las ambiciones de quienes no parecen ser más que simples e impresentables “chapulines”.
Y es que es bien conocido que en políticas son conocidos como “chapulines” aquellos que van —o intentan ir— brincando de un cargo a otro, como si los espacios públicos fueran parte de un proceso de acumulación, o como si todo se redujera a no perder los privilegios de los cargos públicos.
Pues al hacer una revisión de esas listas de aspirantes en los partidos, podremos corroborar que muchos de ellos encajan con toda perfección en dicha definición, porque hace apenas dos años varios de esos personajes eran los mismos que exigían ser considerados para la asignación de las delegaciones federales, y otros ya ocupaban alguna responsabilidad como servidores públicos.
Otros, incluso, tienen apenas un año desempeñándose como legisladores locales, y aunque son integrantes de una Legislatura improductiva y que demuestra muy poca preocupación por lo que le ocurre a la mayoría de las personas, asumen que por el solo hecho de ser diputados locales ya son líderes y jefes políticos de la región que representan, y que por ese solo hecho —y sin que medien resultados corroborables, o tiempo razonable para cumplir los compromisos que en otro momento hicieron con sus electores para llegar al cargo que hoy ostentan— ya son merecedores de una nueva candidatura.
¿Cómo explicar, por tanto, que personajes como David Mayrén, Beatriz Rodríguez, Antonio Amaro, Heliodoro Díaz Escárraga, Marco Antonio Hernández, Sofía Castro, Manuel García Corpus; todos ellos priistas, delegados federales con menos de dos años en funciones, y con una larga carrera de pasos sincrónicos entre el servicio público y los cargos legislativos, hoy pretendan una vez más convertirse en candidatos por el solo hecho de ser “políticos”.
Y pasa más o menos lo mismo con María Luisa Matus, Juan José Moreno Sada, Yolanda López, Fredy Gil Pineda Gopar y Emilia García —además de los que resulten—, que apenas si alcanzan a completar un año como legisladores locales, y que parecen querer llevar como respaldo y bandera de campaña, el escasísimo trabajo que han realizado en este corto periodo como diputados locales.

NETZA Y MAOH
Hace seis años, se criticó duramente —y con toda la razón— al entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz por haber movido cielo, mar y tierra para que su Secretario de Finanzas pudiera aspirar a convertirse en diputado federal. Ruiz había dispuesto que Miguel Ángel Ortega Habib (MAOH) tuviera a su “juanita” que le guardara la curul en San Lázaro, para que éste contara con inmunidad constitucional una vez que dejara su cargo y asumiera como diputado federal.
Esa maniobra se le complicó a Ulises Ruiz, porque a la par de ello estalló el escándalo de las y los diputados federales que solicitaban licencia tan pronto como asumían el cargo, para que ascendieran a dicha posición sus suplentes, que eran los reales beneficiarios de los espacios; y porque en ese mismo tiempo también estalló el escándalo de Rafael Acosta Ángeles, Juanito, a quien López Obrador puso como candidato a delegado en Iztapalapa únicamente para allanarle el camino a su candidata, que era Clara Brugada.
Y si algo le faltaba, además del escándalo que ya era que en Oaxaca había una versión propia de los “Juanitos”, con Ortega y Margarita Liborio (suplente y propietaria de una diputación federal plurinominal), hubo un cuestionamiento y una negociación fallida entre éstos para permitir el arribo de Ortega. Quizá hubiera podido pasar, pero MAOH se hizo verdaderamente impresentable cuando se reveló que familiares directos suyos habían sido detenidos por autoridades federales por poseer alrededor de mil 200 millones de pesos de procedencia no comprobada.
Todo esto sirve para ilustrar una postal actual: Salvatierra, uno de los funcionarios más cuestionables de la administración actual, está ahora buscando ser candidato a diputado federal plurinominal por uno de los partidos aliancistas (el PAN). Salvatierra no es político. No lo ha sido. De hecho, nunca lo fue. Pero sí dejó tras de sí una estela enorme de cuestionamientos y acusaciones de corrupción, que hoy son contenidos por el mismo gobierno para el que trabaja, pero que no tardará mucho antes de que las evidencias se desborden.

¿CHAPULINES O LANGOSTAS?
O quizá también sea que Salvatierra quiere andar en la misma ruta marcada por el secretario de Salud en el gobierno de Ruiz, Martín Vásquez Villanueva. A éste no lo han alcanzado las investigaciones sobre su desempeño en SSO porque ha ido siempre tras el manto del fuero, primero local, y ahora federal para evadir posibles responsabilidades.

Congreso legisla sin considerar derechos humanos

Un juez federal declaró inconstitucional una de las poquísimas normas aprobadas por la LXII Legislatura en su primer año de ejercicio, y que es a la vez la reforma que más interés revistió para los integrantes de la Junta de Coordinación Política. La norma declarada inconstitucional, es la que en diciembre de 2013 devolvió al Congreso la facultad para nombrar administradores en los municipios que por presentar conflictos políticos no pudieron llevar a cabo elecciones. Más allá del desacato a esta sentencia —que es la ruta previsible que tomarán los diputados— vale la pena conocer los razonamientos de esta trascendental resolución judicial.
En efecto, el juez quinto de Distrito del décimo tercer circuito judicial federal (el que corresponde al Estado de Oaxaca) declaró inconstitucional el decreto número cinco de doce de diciembre 2013, mediante el cual la LXII Legislatura reformó la fracción XIII del artículo 59 de la Constitución local. Fundamentalmente, el juez federal consideró que hubo violaciones graves al procedimiento legislativo, al pasar por alto que el establecimiento de dicha disposición vulneraba los derechos a la consulta y a la libre determinación que tienen reconocidos los pueblos indígenas en todo el país tanto por la Constitución como por convenciones internacionales. ¿De qué hablamos?
De que, en primer término, los pueblos y comunidades indígenas tienen reconocido el derecho a la libre determinación de acuerdo con el artículo 2 de la Constitución de la República. Ese derecho implica que los pueblos indígenas tienen el derecho a hacer uso de sus propias instituciones y métodos de elección de autoridades. Concretamente, la fracción III del apartado A de dicho artículo señala que los pueblos indígenas tienen autonomía para elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno; cuestión que, señala, no se respetó al realizar esta reforma.
Esta primer cuestión, se entrelaza con el derecho a la consulta a los pueblos indígenas, que si bien no se encuentra en el texto constitucional, sí es parte del marco jurídico nacional en virtud de que se encuentra reconocido en un tratado que fue firmado y ratificado por México. Este derecho, como lo hemos apuntado en otros momentos, está contenido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
Dicho instrumento (artículo 6, inciso a) señala que los Estados parte se comprometen a consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Esta cuestión, junto con el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, fueron esenciales para esta declaratoria de inconstitucionalidad realizada por un tribunal de control constitucional del Poder Judicial de la Federación.

VIOLACIONES CONSTITUCIONALES
Dice en primera instancia el Juez federal, que la reforma a la fracción XIII del artículo 59 de la Constitución del Estado, confrontada con el principio de autodeterminación de los pueblos indígenas, resulta contraria al texto constitucional y a las normas convencionales analizadas pues, en caso de que se actualice el supuesto normativo enunciado, será el Congreso quien designará a un administrador municipal, sin consultar previamente a la comunidad o pueblo, lo que indudablemente vulnera su sistema normativo interno o el régimen de usos y costumbres reconocido para los pueblos indígenas.
Incluso señala que el Congreso fue omiso hasta en el hecho de explicar las razones y fundamentos de esta decisión legislativa, pues sostiene que en la exposición de motivos de once de diciembre de dos mil trece, los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura, justificaron la reforma que constituye el acto reclamado basándose en los principios de la división de poderes, el régimen democrático del Estado de Oaxaca y de acuerdo a las atribuciones que les confiere el artículo 59, fracción XIII de la Constitución local para nombrar a los integrantes de los Consejos Municipales, lo que hicieron inexplicada (e inexplicablemente) extensivo a la designación de los administradores municipales.
Frente a todo esto, el juez federal hace notar que en ningún punto del proceso legislativo se hace notar que el Congreso haya consultado previamente a los pueblos indígenas sobre la intención de realizar esta reforma. Y aún cuando sostiene que la consulta no es parte formal del proceso constitucional de creación de una norma, sí señala que tanto el artículo 2o constitucional, en el que se establecen todas las prerrogativas a favor de los pueblos indígenas, como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, establecen la obligación de convocar a los pueblos indígenas en el momento en que se emita una legislación que de alguna manera afecte sus competencias, cuestión que no ocurrió pero que sí debió realizarse.
Así, dice, si la autoridad legislativa no realizó la consulta previa a que se refiere el artículo 2o de la Constitución federal, así como el artículo 6°, Apartado 1, inciso a), del Convenio 169 de la OIT en el proceso de reforma del numeral impugnado, constituye una omisión formal y sustancial trascendental, pues soslaya los requisitos de procedibilidad legislativa para la reforma de la norma, que se integran por el texto constitucional y las normas convencionales analizadas, sin las cuales dicha reforma no puede considerase válida, al haber sido creada en demérito a los principios democráticos consagrados en la Constitución de la República.

CONGRESO ¿ACATARÁ LA SENTENCIA?
En base a todos esos argumentos, el juez federal sostiene que el artículo 59 fracción XIII es inconstitucional. Y manda tanto al Legislativo como al Ejecutivo para que, por un lado, dejen sin efectos todos los actos relacionados con ese proceso legislativo; y por el otro, para que cuando realicen de nuevo la modificación a ese precepto, lo hagan previa consulta a los pueblos indígenas de Oaxaca. Puede preverse que nada de esto hagan los diputados, pues los administradores ya nombrados deben continuar en sus funciones hasta en tanto se realice correctamente la reforma. No ocurrirá. Esto último es lo que más le conviene a los diputados.

+ No agravia solvencia económica sino ostentosidad

Si Heliodoro Díaz Escárraga, o su hijo, fueran empresarios o beneficiarios de un premio de la lotería, nadie les cuestionaría un acto de frivolidad, por muy excesivo y pedante que éste fuera. Sólo que como no son empresarios, ni personas acaudaladas, y tampoco se les conoce otra actividad para ganarse la vida más que el servicio público y los proyectos políticos, una broma —cierta o falsa— sobre la adquisición de un vehículo de lujo, fue suficiente para que ambos fueran exhibidos y defenestrados de las responsabilidades administrativas que ostentaban.

En efecto, el 22 de diciembre pasado, en su cuenta de Facebook el hasta entonces empleado federal, Heliodoro Díaz Escárraga, posteó una foto de su hijo aparentemente conduciendo un vehículo Porsche color amarillo. En la leyenda que acompañaba la imagen, el priista hacía alusión a que ese automóvil era “su regalo” de Santa Claus, y que lo cuidara. De inmediato, capturas de pantalla de esa imagen comenzaron a circular en redes sociales, y al día siguiente esta información fue retomada por un diario de circulación nacional, que manejó dicha nota en portada. Esto generó un escándalo que rebasó por mucho la broma por la que aparentemente inició este asunto.

En un inicio, Díaz Escárraga afirmó que no era dueño del Porsche, que no se lo había regalado a su hijo; que éste simplemente se había fotografiado en el vehículo como anécdota, y que todo era producto de una broma. Sin embargo, un día después se hizo oficial la separación del cargo que éste ostentaba, y también del cargo del subdirector jurídico de Liconsa, que ocupaba su hijo Heliodoro Díaz Aguirre. A ellos la frivolidad, fuera cual fuera, les cobró una costosa factura. ¿Por qué?

Porque los Díaz Escárraga, como muchísimas otras familias de políticos en Oaxaca son plenamente identificadas. Además, porque se conoce perfectamente que el centro de sus actividades es la actividad del servicio público y porque, también se supone —aunque de forma muy relativa— que el servicio público debe estar regido por lo que en algún tiempo se conoció como la “justa medianía”. Es decir, vivir en condiciones de dignidad pero alejados de lo ostentoso, y de lo que no pudiera explicarse a partir de los ingresos obtenidos en su actividad, porque se supone que justamente la actividad pública permite ingresos para vivir en condiciones dignas, pero no de privilegio.

Ese es el primer parámetro que no entendieron los Díaz Escárraga, a pesar de la experiencia que se supone que tienen en la conducción de su vida pública. Pues aún siendo una broma, es imposible suponer que alguien que trabaja para el gobierno pueda ganar lo suficiente como para tener un vehículo que rebasa por mucho la capacidad adquisitiva de la gran mayoría de la población.

E incluso, aún teniendo la capacidad económica para comprar dicho vehículo —derivada de sus ingresos como funcionario—, de todos modos el agravio subsiste por la falta de prudencia y la contradicción que genera la suntuosidad en la conducción de su vida privada, de personas que se supone que trabajan para atender problemas sociales de la población que no tiene un ingreso seguro, ni casa propia, ni una subsistencia asegurada, y ni siquiera lo suficiente para poder hacer tres comidas al día.

LA PURGA

Al final, esta pareció ser una purga más que generan los errores que cometen quienes no son importantes para un proyecto político. Pues a pesar de lo cuestionable que resulta, cuando en nuestro estado y país han ocurrido conflictos de esta naturaleza en personas que son sustantivas para una institución o para un esquema de gobierno, el ventarrón es soportado y finalmente la responsabilidad subsiste sobre el escándalo. No obstante, en este caso parece que los Díaz Escárraga se quedaron atrapados en el escándalo y fueron víctima de los mecanismos por los que llegaron a las responsabilidades de las que fueron defenestrados.

Por un lado, Heliodoro Díaz Aguirre era subdirector jurídico de Liconsa, gracias a que el director General de esa empresa de participación estatal, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva, fue compañero diputado de Díaz Escárraga en la LX Legislatura. Ahí ocurrió lo que casi siempre termina pasando: que como parte de sus “negociaciones políticas”, un político pacta con otro ciertos apoyos políticos, a cambio de la incorporación de uno de los suyos en un área de responsabilidad administrativa.

En este caso, a cambio de la incorporación de su hijo, pero al margen de la capacidad, la experiencia y la idoneidad para ser nombrado en el cargo que ostentaba. Esa fue la forma en que incorporaron a Liconsa a Díaz Aguirre. Y de no haber sido por el escándalo del Porsche, nadie habría cuestionado —incluso, nadie se habría enterado— que esa área de responsabilidad era ocupada por alguien que no necesitó demostrar capacidades o superar a otros funcionarios y/o profesionistas para ostentar dicha responsabilidad, sino simplemente un acuerdo —o favor— entre dos personas.

Algo parecido pasaba con Díaz Escárraga, que también ocupaba un alta responsabilidad pública y que también llegó a ésta gracias a un conjunto de acuerdos políticos. ¿Qué experiencia habría podido demostrar Díaz Escárraga para ocupar la responsabilidad de coordinador regional que ostentaba, si la designación en ese cargo se hubiera hecho estrictamente a partir del perfil profesional y experiencia, en igualdad de circunstancias para todos los participantes, y en el que él hubiera participado no como un ex diputado federal o un político oaxaqueño de carrera, sino como un ciudadano más?

Al final, lo que parece es que un escandalo de esos sirvió, primero para demostrar que la frivolidad sí tiene su costo para quien incurre en ella —así sea en tono de broma—; pero también para recordarnos a todos (y ese es el mensaje más importante, aunque ha sido poco atendido) que del servicio público se deben desligar la política y los acuerdos poco transparentes, que permiten la designación en cargos públicos de personas que la mejor carta que tienen es política y no de idoneidad para las responsabilidades que les serán conferidas.

RIQUEZA ESCONDIDA

Si el mecanismo de la declaración patrimonial de verdad funcionara —partiendo del supuesto de que los servidores públicos declararan todos los bienes que son de su propiedad y de sus parientes directos—, ¿cuántos escándalos como estos habría? Seguramente nos faltarían días del año, y espacios en la prensa, para revelarlos (y escandalizarnos).

Proyectos previstos, para atender rezago nacional

No hay razones para exaltar la primera visita del presidente Enrique Peña Nieto a Oaxaca, después de los 25 meses que lleva su gestión al frente del gobierno federal. No, porque esta primer visita viene a ser la confirmación del desprecio que el Presidente le tiene al sureste mexicano, pero además de la actitud convenenciera y simuladora implícita en sus anuncios. El Presidente no había querido atender al sureste hasta que Iguala le explotó en las manos. Y las grandes inversiones que anuncia no son muestra de interés, sino de desesperación por el impulso tardío al polo de desarrollo nacional que constituye esta región del país.
En efecto, en su visita del pasado viernes al puerto de Salina Cruz, el Presidente inauguró los trabajos de introducción de suministro de gas natural a la refinería Antonio Dovalí Jaime, y el inicio de la construcción de buques para Pemex en astilleros de la Secretaría de Marina Armada de México. Y anunció inversiones por alrededor de 10 mil millones de dólares en la ampliación de gasoductos y la ampliación de la refinería, en el marco del establecimiento de la zona económica especial que anunció en noviembre pasado como parte de su tibio plan para la recuperación del Estado de Derecho y la gobernabilidad en el país.
Para muchos, que están acostumbrados a la magnanimidad de los anuncios presidenciales, estas noticias fueron sinónimo de buenas nuevas para Oaxaca, y también fueron una especie de reivindicación del Presidente por el olvido que le ha profesado a nuestra entidad, y a todo el sureste mexicano. No obstante, dichos anuncios deben ser tomados con más reservas que alegría, porque no responden a un acto de justicia para los salinacrucenses, los oaxaqueños o los habitantes del sureste del país, sino a una necesidad nacional —que reviste además el mayor apremio de los últimos años— por rescatar esa zona que a pesar de su riqueza natural y su ubicación estratégica, ha estado sepultada por el olvido.
Y es que a nadie se le debe olvidar que el puerto de Salina Cruz cuenta con condiciones idóneas para ser uno de los polos de la conexión transístmica entre el Oceano Pacífico y el Golfo de México, que ha sido codiciada y proyectada desde hace 150 años, sin que haya habido posibilidades reales de materializarse. Hoy en día, ese proyecto tiene más posibilidades que nunca de ser viable, y de convertirse en un detonador no para la economía de Oaxaca sino para la de todo el país, ante el incremento de las mercancías que necesitan pasos rápidos entre los mares que rodean a nuestro continente, la saturación que presenta el Canal de Panamá por ese incremento en el tráfico de buques mercantes, y la ubicación estratégica que tienen Salina Cruz (en el Pacífico) y los puertos de Veracruz y Coatzacoalcos (en el Golfo) para fungir como zona de paso alterna para esas mercancías.
A eso, y no a una deferencia o favor a los oaxaqueños, se debe el anuncio presidencial sobre las inversiones en Salina Cruz. Fueron, además, anuncios parciales y mínimos respecto a toda la inversión que requiere ese puerto para su revitalización y, si lo vemos en una perspectiva global, las inversiones anunciadas ni siquiera llegarán a tener un impacto significativo en la vida o situación de los salinacrucenses o los oaxaqueños, porque éstas se focalizarán en intereses relacionados con el procesamiento de hidrocarburos en la refinería de ese puerto, y por ende no generarán un impacto inmediato —ni a mediano plazo— en la vida cotidiana de las personas.

ANUNCIOS Y CONVENIENCIAS
El presidente Peña Nieto vino a Oaxaca a hacer anuncios que —como apuntamos en líneas anteriores— pretenden parecer una reivindicación con nuestra entidad o con el sureste del país. No lo son. Hay por lo menos dos razones concretas para sostener dicha afirmación:
Primera, porque el Presidente está reaccionando tarde frente a necesidades apremiantes, que han estado ahí por años, a la vista de todos en el país, y que nadie tuvo la disposición para atender sino hasta cuando estalló una crisis de legitimidad de las instituciones del Estado mexicano, del tamaño de la que representan los desaparecidos de la normal de Ayotzinapa.
Y segunda, porque esas inversiones no tienen como motivación directa el rescate social de esas comunidades, sino un interés muy concreto por rescatar esas zonas que son estratégicas para el desarrollo nacional; que han estado olvidadas; y que ante el panorama internacional adverso para el petróleo y la urgencia de demostrar que la reforma energética sirvió para algo, están tratando de invertir en ellas a ver si así logran algún dividendo positivo que les sirva para resumirle a la población.
Esta, pues, no es muestra ni de sensibilidad y mucho menos de preocupación por el sureste mexicano, sino que es una atención interesada y convenenciera que pretende ser enmascarada en una repentina atención que en realidad pocos han tomado como cierta. Pues desde que comenzó su sexenio, el Presidente vino evitando —a través de distintos pretextos— la posibilidad de visitar y atender a las entidades que integran el sureste del país en la zona del Pacífico.
Michoacán fue atendido sólo después del escándalo internacional por la existencia de amplísimas zonas del país controladas por el crimen organizado, por la colusión de las autoridades estatales con los Caballeros Templarios, y por el surgimiento de grupos de autodefensa. A Guerrero, Peña Nieto comenzó a ir sólo después de los fenómenos meteorológicos de septiembre de 2013 que sepultaron Acapulco y dejaron miles de personas afectadas.
Pero como en Oaxaca y Chiapas no se presentaron condiciones de ingobernabilidad parecidas a las de Guerrero y Michoacán, entonces no merecieron nunca la atención del gobierno federal para atender sus respectivas carencias y problemáticas, a pesar de que éstas son tan graves e importantes como las de las otras dos entidades que sí fueron atendidas y que, dados los hechos (la violencia que prevalece en ellos, y el hecho abominable de la desaparición de los normalistas), de todos modos no lo hizo el gobierno federal con la fuerza y capacidad con la que debiera haber atendido la zona.

TEMAS TORALES
Finalmente, esta fue una visita presidencial de simulación y pose. No vino a Oaxaca a darle a la ciudadanía respuesta a alguno de los temas que les preocupa. Peña Nieto no habló del rescate económico que le urge a Oaxaca, y mucho menos del magisterio. ¿Entonces? Sin convicción alguna, sólo vino a cubrir un requisito.

No hay productividad; sólo interesan las elecciones

Parece que los intereses nacionales corren en dos bandas paralelas, que no se tocan pero que sí se hacen daño. En una de las bandas se encuentran los partidos políticos, que continúan creyendo que en el país no pasa nada, y que la agenda pública está dominada por sus intereses partidistas. Sólo así puede entenderse su actuación actual en las cámaras legislativas, y su insistencia por continuar maquillando la honestidad con demagogia. Y en la otra banda se encuentra la sociedad, que está a punto de llegar al límite que no quieren ver los partidos políticos.
En efecto, al arrancar esta semana el PRI hizo dos anuncios que demuestran claramente que su agenda particular es la única que les importa. Por un lado, el dirigente nacional César Camacho Quiroz, anunció la publicación de las convocatorias para elegir a 244 candidatos a las diputaciones federales. De estos, explicó, 127 serán electos por el método de Convención de Delegados, y los 117 restantes serán postulados por designación directa del Comité Ejecutivo Nacional. Y junto a esto, el PRI anunció que todos sus aspirantes pasarán por el tamiz de la realización de un examen de conocimientos sobre sus documentos básicos partidistas, como requisito indispensable para ser postulados. Esta es una muestra más de frivolidad frente a la situación del país.
Hace apenas una semana, el PRI reventó el quórum en el Senado de la República como una forma silenciosa de resistencia a abordar las propuestas de creación del llamado sistema nacional anticorrupción, que anunció el presidente Enrique Peña Nieto orillado por los acontecimientos de los últimos dos meses pero que, según parece, nadie tiene voluntad real por llevar hasta sus últimas consecuencias. Pues si el sistema anticorrupción no fue parte de las reformas torales consensadas dentro del Pacto por México, hoy parece que el PRI y el gobierno siguen sin tener voluntad para impulsar el tema.
El asunto no es menor. Pues parece quedar claro que no sólo no hay interés, sino que sí hay una resistencia abierta a abordar un tema que fue puesto en la agenda nacional no por la venia de ningún dirigente político, sino por las revelaciones y evidencias de que la honestidad de los servidores públicos es una fantasía, y de que existe más corrupción y colusión en el sector público de la que podríamos imaginarnos.
Escándalos como el de José Luis Abarca (que era jefe criminal y autoridad municipal al mismo tiempo) o el de la llamada casa blanca de la esposa del Presidente, fueron las circunstancias que marcaron una urgencia por crear una comisión anticorrupción, a la que ni el gobierno federal ni el PRI están correspondiendo.
Es así porque el PRI fue uno de los partidos —junto con el PAN— que reventó el quórum en un periodo de sesiones que era crucial para dar respuesta a ese reclamo de los ciudadanos. No lo hizo. No le importó. Prefirió postergar, para quién sabe cuándo, una discusión y decisiones que son indispensables para la gobernabilidad y credibilidad de las instituciones frente a las evidencias de corrupción.
Y es también una evidente falta de correspondencia del gobierno federal, que no utilizó sus mecanismos de interlocución para conminar a las representaciones partidistas en el Congreso para que ese tema fuera abordado de manera preferencial —una especie de iniciativa preferente de facto— en este periodo en el que la ciudadanía ya no quiere discursos, sino decisiones trascendentes.
En el fondo podría preverse que los partidos postergaran esta discusión, si tomamos como punto de referencia que de septiembre a la fecha, y ante la crisis del país, el mismo Presidente ha evitado las decisiones trascendentes y ha preferido quedarle a deber a la ciudadanía —con el durísimo cuestionamiento que esto conlleva— antes que comenzar a desmantelar la red de intereses que ha protegido desde el inicio de su gobierno.
El problema está en que, a diferencia del Presidente, los partidos supuestamente son los agentes encargados de “promover la participación del pueblo en la vida democrática” y de contribuir a la integración de la representación nacional. Los partidos siguen muy interesados en esto último, aunque su finalidad de generar confianza entre los ciudadanos hoy esté pasando por uno de sus momentos más aciagos.

SÓLO DEMAGOGIA
En el marco del decálogo que presentó el Presidente hace un mes para enfrentar la crisis nacional derivada de los hechos de Iguala, anunció que dialogaría con los partidos políticos para establecer mecanismos de control de confianza en la postulación de sus candidatos. Si esto es de por sí risible (pues quienes podrían ser candidatos deben ser de antemano ciudadanos “con un modo honesto de vivir”), lo es mucho más la ridícula pose del PRI de someter a sus candidatos a un examen de conocimientos de sus documentos básicos, como si ello fuera un exorcismo contra la corrupción.
Pues según lo que se ha informado, a los priístas se les recordó “que no deben olvidar que son nacionalistas pero también son integrantes de la democracia social”, y según también se les “insistió” que para el proceso electoral “deben recordar que son garantes de la rectoría del estado, de una economía estable y sobretodo de los hidrocarburos”. Curiosamente, esta es la única evaluación que voluntariamente aplicará el PRI a sus posibles candidatos; y sobre ella ni se ha hablado sobre qué se abordó en esos cursos sobre la confiabilidad de quienes resulten candidatos, y tampoco si les realizarán otro tipo de exámenes para comprobar su honestidad.
Al final todo esto parece producto de una gran trama para evadir el asunto de fondo, que radica o en asumir cabalmente la honestidad y los buenos antecedentes, por encima del interés político, como el punto de referencia para elegir a quienes serán candidatos; o en decidir la aplicación de rigurosos exámenes de confianza —como los que le aplican a los policías, lo cual quizá sería útil pero al mismo tiempo el colmo— para verificar que sus abanderados son personas honorables y dignas de la confianza de la ciudadanía.

DESORIENTADOS
Por eso parece claro que hablamos de dos países distintos. Uno, que está indignado por todas las muestras de corrupción que abundan en el país —cada semana hay un caso nuevo que revela, cuando menos, conflicto de interés—; y el otro, que está decidido a mantener el estado de cosas a su favor, y que sigue simulando a la vista de todos, que está comprometido con una honestidad que en el fondo repudia.

+ Toma de la tribuna, acción degradante de priistas

Ayer el Congreso local vivió otra de esas jornadas para olvidar. Desde la noche del miércoles un grupo de porros liderados por el diputado Freddy Gil Pineda Gopar tomó las instalaciones del Recinto Legislativo en San Raymundo Jalpan. Sin mediar razones ni civilidad, trataron de generar nuevamente una crisis entre los diputados, cuando era apremiante la aprobación del paquete económico para el 2015. ¿Por qué continúan ocurriendo libremente hechos degradantes de esta naturaleza en el Congreso local? Vale la pena analizarlo.
En efecto, diversos medios informativos daban cuenta que estando al frente de un grupo de porros y seguidores, posiblemente armados, el diputado local priista Pineda Gopar tomó las instalaciones del Congreso del Estado, supuestamente para apoyar a trabajadores de confianza que serían despedidos por la Junta de Coordinación Política al finalizar el presente año. Otros medios aseguraban que la toma había ocurrido en protesta porque en el Presupuesto de Egresos no se habían incluido diversas “gestiones” de recursos que los diputados tricolores habían planteado para el año siguiente. Una tercera versión, incluso, sostenía que en realidad la toma de la tribuna era para forzar una negociación privada con las demás fracciones y con el gobierno estatal.
Un primer problema, frente a todo esto, radica en el hecho de que nadie explicó claramente ni por qué ocurrió la toma de la tribuna, ni cómo se arregló este problema. Ayer, al filo de las tres de la tarde, simplemente se informó que los porros del diputado Pineda Gopar habían desocupado las instalaciones tomadas, y que se normalizaban los trabajos legislativos. Ni siquiera porque este es un problema de incumbencia general, alguien tuvo el decoro de informar exactamente por qué ocurrió este chantaje —si no hay explicación ni causa legítima, entonces todo se reduce a eso— y cuál fue la solución pactada entre los legisladores.
En esto, vale la pena distinguir varias cuestiones. Una, inicial, tiene que ver con la compleja conducción política de los diputados a lo largo de las últimas semanas. Pues resultaría imposible tratar de entender este como un hecho aislado. Más bien, debemos recordar que hace apenas un par de semanas se resolvió el conflicto entre fracciones por la integración de la Mesa Directiva; que por esos mismos días, el propio diputado Pineda Gopar fue a agredir —verbalmente, a golpes, da lo mismo— al también legislador Jefté Méndez; y que para enmarcar esta cadena de problemas está en marcha hoy en día una campaña dirigida ex profeso a ventilar las irregularidades del manejo financiero del Poder Legislativo en el último año.
Al final, todo esto es parte de una disputa mayor, que tiene que ver con el manejo de los factores de poder al interior del Congreso. La fracción perredista, que hoy preside la Junta de Coordinación Política y que tiene a su cargo el manejo financiero del Congreso, quiere reventar al PRI a través de la exhibición de los —muy posibles— actos de corrupción realizados por el ex Presidente de la Jucopo (Alejandro Avilés, del PRI) en contubernio con el tesorero del Congreso, Mauro Alberto Sánchez Hernández, que se supone que es una posición administrativa cuyo nombramiento recayó en el Partido Acción Nacional.
Como en esto se encuentran involucrados dos partidos (PAN y PRI), lo que parece es que el primero está incapacitado para ser un factor de equilibrio entre el PRI y el PRD (y recordemos que al interior de la bancada panista también hay una rebelión por la incertidumbre en el manejo de los recursos de la fracción por parte de su coordinadora, Antonia Natividad Díaz Jiménez); y como por este factor la disputa se hace llana entre tricolores y amarillos, el resultado es esta inexplicable parálisis legislativa, que impide los trabajos del Congreso aunque nadie puede explicar, con razones legítimas y apegadas a la ley, por qué ocurre todo esto.

FREDDY, EN EL ESPEJO
Ayer, algunos que buscaban equivocarse intencionalmente, señalaron nuevamente al equipo de seguridad y resguardo del Congreso como responsable de esta toma. Nadie reparó en que más bien, una primera responsabilidad existe en quienes llevaron a Freddy Gil al Congreso; y después en quienes dentro de su propia bancada lo han acicateado para que despliegue el porrismo que conoce perfectamente.
Y es que paradójicamente, Freddy Gil Pineda Gopar constituye uno de los liderazgos más desbocados pero funcionales en el Congreso. En su paso por la LXII Legislatura, Pineda no ha hecho sino constatar, una y otra vez, que en Oaxaca funciona la violencia, la irracionalidad, el descaro y el uso de prácticas incivilizadas para conseguir lo que se propone.
Eso es lo que ha hecho siempre. ¿Cuántas puertas ha ido a patear impunemente el flamante Diputado por el distrito IX? ¿A cuántos servidores públicos ha golpeado, intimidado, escupido y jaloneado, para ser atendido? ¿Cuántas veces, dentro del mismo Congreso, ha hecho el papel de porro que grita, insulta, degrada y agrede verbalmente a sus mismos compañeros? Porque al final del día, resulta que todos le aplauden; que por eso es el más eficaz de todos los diputados en la “gestión social”, y es al que mejor atienden cuando tiene va a pedir algo, independientemente de si explica o no, o de si comprueba o no, que en verdad es para beneficio de sus representados.
Y finalmente, junto a esto debieran todos entender algo que también es harto paradójico: les guste o no, lo acepten o no, Freddy Gil es diputado; está protegido por la Constitución en el ejercicio de sus funciones; por eso los elementos de seguridad del Congreso no están autorizados a cuestionarle su capacidad de ingresar y permanecer en las instalaciones del Congreso, y tampoco de vigilar a quien le acompañe.

PROCACIDAD
Sus acciones, entonces, son resultado de su delirante irresponsabilidad como representante popular; pero por eso mismo debieran todos reprocharle a él —y a su fracción, que lo echa por delante— por esas actitudes, antes que seguirse “confundiendo” al tratar de responsabilizar a unos elementos de seguridad que se vuelven nada ante la inmunidad constitucional —el llamado “fuero”— de un diputado que ni tiene escrúpulos ni controla sus impulsos o la forma en cómo defiende sus intereses, en un Congreso al que ya le tiene sin cuidado lo que la sociedad piense de sus integrantes.