Ciudadanía, ignorada; y el gobierno estatal se desentiende

Más allá de las grillas y las intrigas entre los grupos priistas, preocupa la cancelación del programa de las llamadas “fotomultas” del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, porque esto es un indicador de que las acciones de gobierno están sujetas a la manipulación y los líos entre grupos políticos, y que ni el gobierno estatal ni el federal tienen interés en garantizar no las fotomultas, sino el Estado de Derecho en la entidad.
En efecto, este fin de semana el apoderado legal de la empresa Comunicación y Espacios de Negocios Multinacionales S.A. de C.V., Felipe Prado Trejo dijo que no pondrá en riesgo la integridad de sus trabajadores, por lo que anunció su retiro de la entidad, al considerar que no existen las condiciones para aplicar este programa.
Entre las razones para justificar su retiro, denunció la existencia de una campaña en contra de la empresa así como amenazas de quemar las instalaciones y equipos, e incluso la extorsión de una persona (no ofreció nombres) que haciéndose pasar por periodista le exigió una cantidad de dinero para permitirles continuar operando. Incluso dijo que intentaron modificar diversos documentos, y que al incendiar sus oficinas, los delincuentes sustrajeron una serie de carpetas con información de la empresa. “Nos retiramos porque no existen condiciones”, remató.
Este retiro de la empresa operadora de los fotorradares, ocurre, por un lado, en medio de una guerra declarada al interior del PRI entre el grupo que respalda al edil Javier Villacaña Jiménez, y quienes quisieran no verlo avanzando en su gestión y como un posible aspirante a la candidatura a Gobernador en 2016; y por el otro, esto se da en un contexto muy descompuesto, en el que la Sección 22 ha demostrado que tiene el poder de la gobernabilidad en sus manos, y que ni el Gobierno del Estado, ni el federal, tienen capacidad o interés en generar los equilibrios para garantizar el orden público.
Y es que es claro que las llamadas fotomultas pueden ser polémicas y hasta molestas, pero es también evidente que el retiro de la empresa no se da en el contexto de un abierto rechazo ciudadano, sino de la operación sigilosa de grupos particularmente interesados en que esta medida no se aplique. Tan es así, que por eso en los días previos hubo una polémica intensa porque algunos medios dieron a conocer supuestas actas notariales que involucraban a la empresa operadora de los fotorradares con el fiscalista prófugo Sergio Castro, y a su vez trataban de evidenciar los lazos de éste con el tesorero municipal, Carlos Melgoza Martín del Campo, como si las fotomultas fueran un negocio de ambos.
Al ejecutar esas maniobras, los detractores del gobierno de Villacaña se dedicaron a jugar con medias verdades. ¿De qué hablamos? De que intentaron probar, a través de actas notariales manipuladas, el vínculo de Sergio Castro con la empresa Comunicación y Espacios de Negocios Multinacionales; y de que se valieron del hecho de que Melgoza sí tiene, o ha tenido, relaciones empresariales con las operaciones que realiza Castro López.
Y en un círculo social tan pequeño y conocido como el oaxaqueño, desde siempre se ha sabido que Melgoza y Castro tienen como actividad el negocio conocido popularmente como outsourcing. Sin embargo, eso no significa que sean, o hayan sido socios, o que esa posible relación la hayan llevado necesariamente a la operación de los fotorradares. Más bien, los adversarios de Villacaña utilizaron ese antecedente para desacreditar dicho programa. El problema para ellos, es que el propio Edil no tuvo empacho en mostrar las actas notariales correctas, y en reiterar que esto era un acto de hostigamiento en el que las fotomultas eran el pretexto y no la finalidad de las descalificaciones.
Sin embargo, eso no calmó a la empresa operadora, que el sábado anunció el retiro de su inversión. ¿Las razones? Falta de garantías de seguridad, extorsiones, amenazas, intrigas y falsificación de documentos. Ello, evidentemente, no marca —o no debería, en razón de que hay todo un proceso jurídico de contratación, que obliga a las partes a ciertos deberes aún en el caso de un incumplimiento— el fin de la relación entre el Ayuntamiento y la empresa.
Y sobre esto también deben una explicación los gobiernos estatal y federal, que también participan —aunque son omisos— de las facultades de brindar seguridad, orden y gobernabilidad, que son indispensables no para la operación de este programa, sino para la convivencia y la tranquilidad de los oaxaqueños.

¿Y EL ESTADO DÓNDE QUEDÓ?
El destino de las fotomultas no se decidió por la ciudadanía, sino por unos cuántos. Esto es muy importante no perderlo de vista, pues pareciera que una vez más en Oaxaca triunfan las minorías organizadas. ¿Quiénes? Las que, por un lado, traen una pugna permanente, política, con el grupo que encabeza el edil Villacaña por el futuro electoral de la capital, y la entidad; y por el otro, los grupos organizados que han demostrado ser profesionales en poner en jaque al gobierno, y en arrebatarle la gobernabilidad, como si ésta fuera patrimonio de alguien y no un tema de interés público.
¿Por qué nadie en el Gobierno del Estado ha asumido la parte de la responsabilidad que corresponde, si frente a la cancelación —o al menos postergación, hasta que el Ayuntamiento encuentre otra empresa dispuesta a invertir y a sortear los problemas que enfrentó la compañía que repudió la operación de las fotomultas— de una medida relacionada con la seguridad pública, se denuncian amenazas, hostigamiento, intentos de extorsión y demás, y todos en el gobierno estatal lo toman como si no fuera su problema, o como si esto fuera algo natural y propio de la entidad?
Esto no debiera ser tomado tan a la ligera. Podemos estar en contra de tal medida por considerarla recaudatoria, ilegal o simplemente molesta. Pero lo que no se puede aceptar es que por intrigas y presiones un asunto de interés público sea resuelto, únicamente a partir de lo que deciden esos grupos organizados según sus estratagemas y conveniencias, y no lo que fue comprobado fehacientemente o lo que de verdad es conveniente para la ciudadanía.

LOS PATOS Y LAS ESCOPETAS
¿Qué dirá ahora Alberto Esteva, que hace unos días dijo que si el Ayuntamiento lo pedía, ellos le “ayudarían” a desalojar a los comerciantes del zócalo? ¿Creerá que así puede seguirse lavando las manos, como si la seguridad fuera sólo una atribución del Ayuntamiento?

+ El Estado ahora debe reconocer su responsabilidad

El martes el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam ofreció una conferencia de prensa para anunciar el cierre de la investigación del caso de los normalistas desaparecidos en Iguala. Dijo que el expediente judicial sigue abierto y que éste se completará cuando se aprehenda a los demás participantes que aún no han sido ubicados y presentados ante las autoridades competentes. Esta, que pareciera la conclusión del asunto, en el fondo encierra una evasiva más del Estado mexicano frente a su deber de asumir su responsabilidad y buscar el mecanismo de reparación a las víctimas de este hecho.
En efecto, el Titular de la PGR dijo que existe certeza del móvil de los hechos en los que los normalistas de Ayotzinapa fueron detenidos y desaparecidos, y que también la PGR tiene un panorama claro de quiénes participaron, y qué grado de responsabilidad penal tiene cada uno. Anunció que luego de cuatro meses de los hechos se detuvo a más de 90 personas y que se han realizado centenares de peritajes para robustecer la investigación.
El Procurador sostiene —y tiene razón— cuando dice que todos los responsables serán castigados con cárcel. Pero nada dice Murillo Karam de la responsabilidad del Estado, que aunque no nace de lo que los detractores del Presidente quisieran, sí existe en el caso de referencia, y es uno de los temas que necesita ser enfrentado por el propio Estado mexicano para demostrar que tiene voluntad de hacer justicia. ¿De qué hablamos?
De que el Procurador está hoy en día tratando de satisfacer la idea de justicia de una gran cantidad de mexicanos, que asume que todo delito se paga con cárcel, y que por ende todos los responsables por el caso de los normalistas de Ayotzinapa deben pagar por la vía de ser privados de su libertad. Esta idea es correcta, aunque incompleta. ¿Por qué? Porque resulta que esto debe ocurrir con cualquier persona cuando actúa como particular, pero no únicamente cuando actúa en calidad de servidor público, y menos cuando comete un delito que incluso es calificado como de lesa humanidad.
Y es que resulta que si José Luis Abarca, su esposa, y todos los involucrados en la detención-desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa hubieran sido simples ciudadanos —incluso capos de la droga, líderes e integrantes de una banda de la delincuencia organizada, o gente que simplemente perdió la razón y tiene tendencias psicópatas— entonces sí se tendría que estar hablando eminentemente de una responsabilidad penal que la autoridad debía castigar con cárcel.
El problema es que en este caso participaron —cuando menos— un Presidente Municipal, y elementos de dos corporaciones de seguridad pública municipal (José Luis Abarca y las Policías Municipales de Iguala y Cocula, respectivamente) en un conjunto de hechos que sobrepasan por mucho la sola comisión de delitos, y que se inscriben en la comisión de delitos que lastiman a toda la humanidad. Por si eso fuera poco, su calidad de servidores públicos los coloca en una situación distinta, mucho más delicada y trascendente que la de un simple particular, y esto genera una responsabilidad de la cual ni ellos, ni el Estado mexicano, hoy podría sustraerse.

RESPONSABILIDAD
DE ESTADO, IGNORADA
En nuestro país, cuando en 2011 fue reformada la Constitución de la República en materia de derechos humanos, se estableció que uno de los deberes del Estado era el de promover, garantizar y reparar las violaciones a derechos fundamentales. Eso significa que no únicamente el Estado debe ser una especie de “policía” respecto a todos los que quebranten los derechos de las personas, sino que también tiene el deber de intervenir activamente en la reparación de esos quebrantos.
Eso es lo que debiera ocurrir, a partir de un reconocimiento de la responsabilidad de Estado por los hechos de Iguala. En otros momentos, en este mismo espacio hemos apuntado razones sobradas para considerar —en un plano teórico y jurídico, y al margen de los partidismos y las banderas políticas que abundan en contra del Presidente y su partido—, por qué sí existe una responsabilidad de Estado en estos hechos, y por qué en ello es determinante el que José Luis Abarca y las dos corporaciones policiacas municipales involucradas hayan tenido la calidad de servidores públicos en el momento en que ocurrieron los hechos, y hayan actuado valiéndose de esa autoridad para ordenar y ejecutar las desapariciones forzadas de los estudiantes.
Ese argumento, evidentemente, dista mucho de la intención de quienes acusan “fue el Estado”, pero lo hacen intentando generar la idea de que fue el Estado porque Peña Nieto habría ordenado las desapariciones, o porque éstas habrían ocurrido en el contexto de una acción coordinada de represión ordenada desde el gobierno de la República. Fue el Estado, sí, pero porque Abarca y los policías municipales de Cocula e Iguala eran agentes del Estado en el momento de que participaron —idearon, ordenaron, colaboraron, ejecutaron o permitieron los hechos— en las desapariciones y ello abre la puerta a la responsabilidad de Estado que el gobierno del presidente Peña Nieto se niega a reconocer.
¿Por qué se resiste a reconocerlo? Quizá porque considere que no es el momento aún de reconocerlo. Pero más seguramente, no lo hace porque en el fondo también se debe encerrar la idea en el gobierno federal de que el reconocimiento de la responsabilidad de Estado implicaría algo así como aceptar que ellos ordenaron o participaron en las desapariciones, cuando en realidad una cuestión y otra son totalmente distintas.
Al final, el Estado tendrá que reparar a las víctimas de estos hechos en algún momento. No será raro que una vez agotadas las instancias nacionales, los padres de los desaparecidos acudan a tribunales internacionales para exigir la parte de la justicia que aquí no se les dio. Esa parte de la justicia es la que debiera corresponder a la reparación por parte del Estado, tal y como la Corte Interamericana en su momento ya condenó al Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, y otros casos en donde ha quedado demostrada la responsabilidad internacional del Estado por hechos similares a los de Iguala el 26 de septiembre pasado.

MEZQUINDAD
En medio de esto hay un enorme velo de mezquindad, de quienes insisten en los desaparecidos para abonar a sus causas políticas. Es terrible que un asunto tan abominable sirva para fines tan frívolos como los de un resultado electoral.

Reviven certamen para exhibir su falta de compromiso

En memoria de mi padre, don
Ismael Humberto Ortiz Romero.
Es una lástima que la LXII Legislatura haya revivido el premio al periodismo cultural “Andrés Henestrosa”, para hacerlo terminar en otro de los desastres a los que nos tiene acostumbrados el Congreso cuando se mete a querer jugar a la responsabilidad, la equidad y la democracia. En todos los casos en los que ha tratado de hacer creer a la ciudadanía que de veras puede participar en las convocatorias que ha lanzado para diversos certámenes, lo único cierto es que el común denominador es que siempre ha terminado defraudando a todos. Y esta no fue la excepción.
En efecto, como ya lo sabemos ayer se hizo la entrega formal del citado premio a la reportera Diana Manzo, por un reportaje publicado en los diarios El Imparcial de Oaxaca, y La Jornada, en el Distrito Federal, sucesivamente. Hace tres días, un grupo de reporteros de la fuente cultural en varios medios estatales, hicieron pública su inconformidad no tanto con el fallo del premio, sino eminentemente con las condiciones que enmarcaron la organización y el otorgamiento del mismo.
La molestia de los reporteros culturales puede ubicarse en dos cuestiones: primera, en el ánimo descalificador y de menosprecio al trabajo que realizan los reporteros oaxaqueños dedicados a asuntos culturales; y segunda, en la poca seriedad y compromiso mostrados por la Comisión de Cultura de la LXII Legislatura, que encabeza el diputado Rafael Arellanes Caballero.
Sobre la primera de esas cuestiones, los reporteros firmantes sostienen que “quienes participamos en buena lid y otorgando un voto de confianza a los organizadores del premio, lo hicimos con el propósito de mostrar que sí habemos y que también han existido profesionales dedicados a informar día con día del acontecer cultural, cada vez más pujante, en la ciudad y el estado, contrario a lo que afirmó el C. Jorge Magariño, único integrante del jurado que se presentó el día indicado para dar a conocer el fallo, en el sentido de que hasta hace poco tiempo existían dos o tres reporteros culturales…”.
Frente a esa actitud, evidente, de poco conocimiento de la actividad periodística que se realiza en Oaxaca en temas de cultura, los reporteros señalan que la aseveración del integrante del jurado, expresada en el acto en que entregó el dictamen del citado premio al Congreso del Estado, revela ignorancia y menosprecio hacia quienes ejercemos el periodismo cultural en Oaxaca, por lo cual —señalan— cuestionamos la legitimidad del certamen, ya que no se puede descalificar de antemano al gremio, si en teoría se evaluó de manera responsable  profesional. Tal descalificación de nuestra parte, obedece además, a que el jurado no aplicó los tres criterios con los que aseguró haber evaluado cada uno de los trabajos periodísticos participantes, a decir: recursos narrativos, factor noticioso y trascendencia social.
Así, luego de señalar la evidente inequidad que provoca el hecho de que los propios integrantes del jurado desconozcan y menosprecien la actividad periodística que se realiza en el ámbito de la cultura en Oaxaca, los reporteros señalan también la irresponsabilidad de los encargados de la organización de dicho evento en el Congreso del Estado.
En su misiva, acusaron al diputado Arellanes Caballero de haber incurrido en una “ligereza” “al tratar de aprovecharse de un certamen que buscó renovar con una convocatoria imprecisa, y con la sorpresa de revelar tras el cierre de la misma, un jurado improvisado”. Por lo tanto —rematan—, la convocatoria como sus organizadores y jurado, no contribuyen al desarrollo del periodismo cultural, porque lo que debería ser un estímulo se convierte en una burla o denostación al ejercicio del periodismo cultural en Oaxaca.

LAS PIFIAS DEL CONGRESO
Por varias razones, es muy lamentable que todo esto haya ocurrido. Primero, porque como lo dicen los reporteros inconformes, más allá de quién haya ganado el premio, lo que resulta francamente contradictorio es que este sea un motivo de inconformidad y confrontación, y no un aliciente para realizar un mejor trabajo periodístico en un rubro tan prolífico como el de la cultura.
Segundo, porque se supone que cuando en enero de 2014 se revivió este premio al periodismo cultural, se hizo con la intención nada menos que de honrar la memoria de don Andrés Henestrosa en el mes de su aniversario luctuoso, y se estableció la realización de una semana cultural a partir de este año, sobre la cual hasta hoy no se ha hecho aún anuncio alguno, a pesar de que en el decreto para revivir este certamen, se estableció que a partir de 2015 se realizaría una semana cultural para enmarcar el fallo y la entrega del premio, y para ello también se dispuso la incorporación de una partida presupuestal sobre la cual —sobra decirlo— no se tiene noticia alguna de su existencia o destino.
Además de todo esto, existe una tercera razón que agrava las dos anteriores: con estos hechos el Congreso del Estado una vez más demuestra su incapacidad para organizar un concurso y entregarle un resultado aceptable, comprobable y legitimado a la ciudadanía, que es a quien convoca a participar.
Esto mismo, aunque en su propia circunstancia, es lo que ha pasado cuando el Congreso ha llamado a la ciudadanía a participar en los procesos de selección de Ombudsman, de integrantes de la Comisión de Transparencia, de quienes en su momento integraron el Consejo General del IEEPCO, y todos los demás órganos sobre los cuales el Poder Legislativo tiene facultad de nombramiento, y que se supone que debía hacerlo a partir de la valoración de perfiles, la equidad en el proceso, la responsabilidad en el desarrollo y preservación de las reglas establecidas, y la emisión de un fallo legitimado y, por ende, sin posibilidad de ser repudiado por los participantes.

INCONFORMIDAD, RAZONABLE
No ha sido así, y sabemos que en todos los casos la inconformidad no ha aflorado en supuestos “depositarios” de verdad absoluta o actividad alguna, o de “caníbales” feroces enojados por el solo hecho de no haber ganado. Si hacemos memoria, veremos que en todos los casos, en todos, el Congreso ha entregado malas cuentas, con procesos desaseados, deslegitimados, irresponsables, utilizados como mecanismo para formalizar acuerdos políticos, y con una enorme deuda a la ciudadanía. Frente a eso, en nada se diferencian la cuestionadísima elección de Arturo Peimbert en la DDHPO, o de los impresentables integrantes de la Cotaipo, con este premio… que también terminó en desastre.

+ IEEPO, un desastre que sigue sometido, y en el limbo jurídico

Si los diputados locales y el Director del IEEPO tuvieran algo de prudencia política, y vergüenza, ante los nulos resultados mostrados en el ámbito educativo, tendrían que haber evitado la comparecencia de Moisés Robles Cruz ante la LXII Legislatura. El funcionario no tenía aspecto relevante alguno que informar; y los legisladores carecen de toda legitimidad y calidad moral, política —y hasta administrativa— para exigir cuentas frente a un incumplimiento jurídico que, esencialmente, pasa por su falta de voluntad para discutir la norma estatal en materia educativa.

En efecto, si las comparecencias de funcionarios ante el Poder Legislativo tiene la falla de origen de no ofrecer la certeza de que luego de la evaluación algo mejore, en casos como el de la insistencia de los legisladores porque compareciera el Director del IEEPO en las circunstancias actuales, parece un desatino mayúsculo.

Esa obstinación multiplica las sospechas naturales de que las comparecencias sirven en realidad como mecanismos de presión y chantaje entre legisladores y funcionarios, pero además revela que hoy en día los diputados no tienen el menor pudor por mandar a comparecer al titular de una institución a la que ellos mismos no le han dado las herramientas jurídicas para transformar el estado de cosas del rubro que pretenden “evaluar”, e incluso se han dedicado a evadir toda discusión que implique la situación magisterial en el estado.

Esa es la historia recurrente de la LXII Legislatura frente al tema educativo. Ellos, de hecho, entre los pendientes que heredaron de la Legislatura anterior, se encuentra uno que es relevante: la postura institucional de la Legislatura del Estado de Oaxaca, que en su momento exigió el artículo 135 de la Constitución de la República respecto al proceso de reforma constitucional en materia educativa.

Si lo recordamos, desde principios de 2013 el Congreso del Estado debió emitir su postura respecto a la reforma constitucional federal, pero no lo hizo calculando que eso les evitaría un conflicto con la Sección 22, y que a su vez la aprobación del nuevo contenido constitucional por la mayoría de las Legislaturas estatales, haría innecesaria la emisión de una declaratoria a favor o en contra por parte del Congreso de Oaxaca. Por eso en aquel momento evitaron hacerlo. Pero hoy, casi dos años después siguen sin entrar a la discusión de esa cuestión.

Y si todo eso resulta ya de por sí grave, lo es mucho más que casi un año después de que debieran haber concluido —también por un mandato de la Constitución y las leyes de la República— el proceso de adecuación de la legislación estatal al nuevo marco federal en materia educativa, en Oaxaca aún no se haya modificado ni una coma a la legislación educativa. ¿Por qué no lo han hecho? Porque indebidamente, el Congreso y el gobierno de Oaxaca se doblegaron —el 10 de marzo de 2013— ante la presión de la Sección 22, al acceder a firmar una declaración política en la que voluntariamente se obligaban a impulsar, respaldar y aprobar sólo las normas que propusiera la Sección 22 del SNTE.

Aunque a la distancia el costo político de la firma de esa declaración política se la ha llevado el Gobernador del Estado, es evidente que sólo la mitad de ese descrédito debiera recaer sobre él, pues la otra mitad se encuentra en el Congreso, que en su momento también firmó la declaración política y permitió que su facultad soberana de legislar fuera pisoteada por la presión y el chantaje de la Sección 22 del SNTE.

ROBLES ES IRRELEVANTE

La sola lógica nos lleva a concluir que cuando en cualquier actividad los procesos no cambian, no hay razón válida para suponer que los resultados sí sean distintos. Eso es lo que pasa en el IEEPO, frente a las nuevas reglas educativas y a los “resultados” que se supone que los diputados locales le habrían ido a exigir al director Moisés Robles Cruz. Pues en esencia las reglas federales cambiaron, y por ende la federación relevó al Estado en el ejercicio de ciertas atribuciones; pero el marco jurídico-político de actuación del Director del IEEPO sigue siendo exactamente el mismo, porque el Congreso de Oaxaca no le ha restado u otorgado nuevas atribuciones.

Frente a esa realidad, era un desatino mayúsculo que los legisladores llamaran a comparecer a Robles, porque él como titular del IEEPO sigue siendo tan irrelevante e inmóvil como en su momento lo fueron Manuel Antonio Iturribarría Bolaños Cacho, o como antes lo fue Bernardo Vásquez Colmenares Guzmán… y como también lo fueron todos los demás directores que pasaron por el IEEPO sin capacidad de cambiar el rumbo de hegemonía y control total del sector educativo, que tiene desde hace más de dos décadas la Sección 22 del SNTE.

Sólo así puede entenderse que Robles haya ido a hablar de lo que todos ya sabemos: que el IEEPO es tierra de nadie; que su estado financiero es devastador; que no hay control ni siquiera sobre los rubros fundamentales relacionados con la docencia y con el manejo administrativo de la institución; y que —como siempre ha ocurrido con la Dirección del IEEPO— no puede tener el control de lo que hacen o dejan de hacer los agremiados a la Sección 22 del SNTE, ni siquiera para descontarles cuando deciden no ir a clases.

Por todo ello, queda claro que nada de esto debió ocurrir, pero que ocurrió porque los legisladores locales siguen enloquecidos y desbocados ejerciendo sin ningún control —ni prudencia, ni pudor— las facultades que la ley les da para “evaluar” a la administración pública. Ellos, por vergüenza y débito mínimo ante la ciudadanía, debieron primero hacer algún tipo de manifestación o posicionamiento relacionado con la armonización de la legislación educativa —que no han hecho— para después querer conocer qué avances ha tenido el IEEPO en los últimos doce meses.

No lo hacen, porque los diputados están convencidos que no le deben nada nadie, ni tienen por qué rendirle cuentas a nadie, y que eso incluye a la ciudadanía. El problema es que al estar dominados por sus desvaríos, no se dan cuenta que se terminan revolcando en sus propios cuestionamientos.

PF Y LAS CASETAS

Hay quienes se escandalizan, pero lo cierto es que sólo por mantener el principio de autoridad, el Estado —federación, estados y municipios— no debían permitir la toma de casetas de peaje por grupos de presión. Ese tendría que ser sólo un principio. El problema es que aquí el Estado de Derecho nos gusta sólo para lo que nos conviene.

+ El modelo, contrario a resultados de usos y costumbres

Preocupa mucho que en Oaxaca los poderes Ejecutivo y Legislativo sigan perdidos en la discusión de temas banales, y pongan tan poca atención a otros que siendo torales, siguen intactos. Uno de ellos es el de la adecuación de las normas estatales a las federales en el marco de la propuesta presidencial de la desaparición de las policías municipales, y el establecimiento de una policía estatal única en cada entidad federativa. ¿Qué perspectiva tiene el gobierno, el Congreso, y los propios Ayuntamientos, frente a un tema que no parece ser del todo útil para una entidad como la nuestra.

En efecto, a estas alturas, es evidente que el gobierno federal debe responder a una pregunta en específico ante su propuesta de unificación de las policías municipales en una sola corporación estatal, en entidades como la nuestra donde existen municipios de usos y costumbres: ¿Cómo harán transitable su reforma si dichas comunidades prefieren continuar con sus propios esquemas de seguridad? Y, sobre todo, y a la luz de las cifras, ¿bajó qué argumento desaparecerán a las policías municipales en esos municipios donde los propios indicadores revelan que sí cumplen con su cometido, y sí logran satisfacer la ansiada percepción de seguridad que no se logra en la mayoría de las regiones del país?

Pues resulta que en el marco de su plan para el rescate del Estado de Derecho, a finales de noviembre pasado el presidente Enrique Peña Nieto propuso desaparecer a las corporaciones policiacas dependientes de los municipios en México, y crear en su lugar una sola corporación policiaca estatal por cada entidad federativa. La propuesta recibió los aplausos de los presentes, quizá porque entre la concurrencia no había quien tuviera una visión distinta de la presidencial, o porque en ese momento nadie tomó en cuenta que México no es un país homogéneo, y que por eso aquí la igualdad se funda justamente en el reconocimiento constitucional de las distintas minorías étnicas que existen en el territorio nacional. Esas minorías también tienen derechos. Y es ahí donde —como lo apuntábamos en nuestra entrega del 2 de diciembre pasado— se ve el primer gran choque entre la propuesta presidencial y la realidad. ¿De qué hablamos?

De que según la propia Constitución, y las leyes federales, hoy en día la seguridad pública es una función a cargo de los tres órdenes de gobierno indistintamente. Esto significa que en las tareas relacionadas con la seguridad pública la Constitución no establece marcos de subordinación ni de sujeción de un ámbito de gobierno hacia otro, sino que establece una clara relación de coordinación entre ellos, para las distintas tareas que se establecen en la última parte del artículo 21 constitucional.

Frente a todo esto, la propuesta de crear Policías Estatales únicas y desaparecer las policías municipales, en realidad parece como la “evolución” del mando único y su consolidación en una sola fuerza. El problema es que no en todos los estados de la República existen corporaciones policiales municipales más o menos unificadas, y tampoco en todas las entidades federativas existen autoridades municipales uniformes, regidas únicamente por las normas emanadas del proceso legislativo, que no tomen en cuenta la costumbre o desarrollen su gobierno en base a sus sistemas normativos internos. Ese es el caso de Oaxaca, pero también de varias otras entidades federativas en donde el reconocimiento de sus pueblos originarios obligadamente llevaría esta discusión a otros ámbitos.

¿Cuáles? Los de la necesidad no sólo de que los Poderes Federales impongan a los pueblos determinaciones que involucren la desaparición de sus policías municipales —o de las corporaciones tradicionales de seguridad que existen en muchas comunidades, y que no son precisamente policías municipales, sino cuerpos de topiles, vigilantes, y demás—, sino que éstos tengan la posibilidad de participar en ese tipo de decisiones. Todo esto se agrava ante el hecho de que las cifras revelan que los esquemas de seguridad pública en municipios regidos por el sistema de usos y costumbres es más eficaz que los de los demás municipios en México.

LAS CIFRAS

México Evalúa (http://bit.ly/1Eng58y) ofrece algunas cifras que revelan la necesidad de que la reforma en materia de seguridad pública en municipios regidos por el sistema de usos y costumbres, pase necesariamente por la consideración de la realidad. Tomando como base a nuestro estado, hace revelaciones importantes.

Dice, por ejemplo, que a partir del análisis de cifras puede apreciarse que las mayores divergencias entre municipios con partidos políticos y de usos y costumbres están asociadas a la actividad de los cárteles de droga, específicamente, con pandillas o la venta y uso de armas de fuego. También se observa, dice México Evalúa, una menor percepción de los delitos de prostitución y secuestros en municipios de usos y costumbres. En cambio, no se ven diferencias significativas en cuanto a consumo de alcohol y drogas, robos o piratería, lo cual implica que las comunidades con usos y costumbres no están exentas de tener este tipo de problemáticas sociales.

Otro indicador revelador, es que a nivel estado no hay diferencia en las percepciones de inseguridad entre individuos de los municipios con usos y costumbres (75.3% se siente inseguro) y los regidos por partidos (75.4%). Sin embargo, a nivel de colonia, solamente un cuarto de los individuos que viven en municipios de usos y costumbres (25.1%) se sienten inseguros, mientras que esa proporción es de dos quintas partes (42.6%) en los regidos por partidos. Conforme más se extiende la jurisdicción política, más inseguros se sienten los oaxaqueños regidos bajo el sistema de usos y costumbres.

LECCIÓN INATENDIDA

Una de las conclusiones más notables a las que llega México Evalúa con este análisis realizado en Oaxaca, es que la labor policial en los municipios regidos por usos y costumbres ha permitido que las conductas delictivas relacionadas con el narcotráfico sean mucho menos frecuentes y los ciudadanos se sientan más seguros. Los cuerpos policiales municipales de usos y costumbres, con su enorme complejidad, diversidad y presuntamente debilidad, pueden ofrecer lecciones importantes sobre cómo crear una comunidad política, una República, donde nos sintamos más seguros y confiados de nuestra policía. El pequeño gran problema es que esta discusión simplemente no existe en la escena pública de nuestro estado.

+ Juego perverso, tomar sólo la mitad de los problemas 

Si la toma del zócalo por ambulantes, auspiciados por la Sección 22, es en sí misma una desgracia, lo es mucho más que el gobierno federal —que es el nuevo negociador e interlocutor con el magisterio— no asuma la responsabilidad de enfrentar este problema y todos los demás que siguen congelados en su ruta negociadora. Reiteradamente, la Secretaría de Gobernación se ha ufanado de ser la nueva conductora de la relación con la CNTE; pero parece que sólo lo ha hecho a medias, en lo que le preocupa, y con una enorme indolencia respecto a todos los oaxaqueños.

En efecto, es público y notorio que hoy la relación con el magisterio democrático la lleva el gobierno federal, y que el centro de esa relación se encuentra en los salarios como herramienta de negociación frente a sus movilizaciones. Concretamente, la Secretaría de Gobernación estableció una ruta negociadora con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que lo que busca evitar es que sus movilizaciones vuelvan a llegar a la Ciudad de México, o se enreden —todavía más— con los problemas políticos que existen en Michoacán y Guerrero, y particularmente con el de los normalistas desaparecidos.

Ese “interés” del gobierno federal por conducir la relación con la Sección 22, y por cumplirle todas sus exigencias —incluidos sus caprichos—, es lo que explica que en mesas de negociación haya decidido darle todas las concesiones que ellos exigían: la garantía de sus salarios íntegros, el establecimiento de un mecanismo enredado y burocrático que desalienta la posibilidad de que se les descuenten salarios cuando incumplen sus deberes, y sobre todo la inclusión de alrededor de 14 mil “trabajadores” en la nómina magisterial federal, que hasta hace unos meses no existían pero que aparecieron por decisión política de la CNTE —porque constituye la subsistencia de su primera línea de movilización política y choque.

Una de las cuestiones que hasta hoy no ha quedado del todo clara —no al menos en Oaxaca— es a cambio de qué, el gobierno federal le extendió un cheque en blanco al magisterio democrático de nuestra entidad. Pues parece —y así lo hemos apuntado en este espacio— una claudicación total del Estado mexicano en la implementación de la reforma educativa, el hecho de que contra todas sus promesas de aplicar la ley, le haya decidido dar todo a los democráticos, e incluso prometerles que a ellos los dejará fuera de la reforma educativa.

La lógica, en este sentido, nos lleva a pensar que el gobierno federal decidió negociar con la CNTE y la Sección 22 en base a su propia agenda política y de riesgos, y que en base a ella vio como una salida “aceptable” acordar con el magisterio la contención de sus inconformidades en el ámbito local de Oaxaca, para evitar que éstas se enredaran de más con las de otros conflictos políticos paralelos al magisterial, y provocaran un coctel nocivo para la gobernabilidad y la estabilidad del gobierno federal.

El problema es que esta agenda no sólo no parece tomar en cuenta interés alguno a favor de Oaxaca, sino que de hecho lo que parece estar haciendo es intentar sepultar o arrinconar el movimiento magisterial en nuestra entidad, para que ahí se desfogue y se contenga al mismo tiempo, evitando las mezclas y “contaminaciones” con otros líos en un año electoral como 2015.

Esta parece una decisión pragmática, y quizá hasta eficaz, aunque sólo en el corto —cortísimo— plazo. ¿Por qué? Porque la lógica del magisterio en sus negociaciones siempre es la de ir adelante. Por eso en un año posterior no se permite acordar un pacto a cambio de menos de lo que recibió el año previo. Por eso sus pactos políticos son siempre perecederos en el corto plazo. Y por eso la idea de darles todo siempre resulta un mal negocio, porque el magisterio nunca puede ver sus logros como hazañas sino como actos de justicia que no alcanzan a revindicar sus causas.

Por eso si el gobierno federal pactó con la 22 la inaplicación de la reforma educativa y el sostenimiento de sus privilegios, a cambio de no perturbar más la gobernabilidad y la estabilidad del régimen presidencial a lo largo de 2015, quizá en el corto plazo esté resolviendo un problema, aunque a costa de perjudicar profundamente a Oaxaca, y de abrir un frente mayor (en su propio perjuicio) para los años siguientes.

EL ZÓCALO, SÍMBOLO DE INDOLENCIA

Ayer, frente a la nueva ocupación del zócalo citadino, el presidente Municipal, Javier Villacaña Jiménez, anunció que buscaría a los interlocutores necesarios para poder despejar el área. Remarcó —y eso es algo muy importante— que este no es un problema de ambulantaje sino un asunto político que necesita ser resuelto por los tres ámbitos de gobierno en conjunto. Sólo que ese llamado no encontró eco ni en el Gobierno del Estado —que en los hechos está completamente rebasado—, y mucho menos en el gobierno federal, al que le interesa que el magisterio no le provoque líos “nacionales” aunque esto implique la destrucción de Oaxaca.

La cuestión es bastante compleja, porque la Sección 22 ya mostró sus cartas: aceptó todos los beneficios y prebendas que le dio Gobernación, pero anunció que mantendrá su plantón rotativo en el Centro Histórico de Oaxaca, que abonaría al regreso de los ambulantes como elemento de “cobertura” a su plantón; y que incluso hoy lunes llevaría a cabo nuevas acciones masivas de protesta. Esto significa que buscarán sostener el ritmo de sus movilizaciones aquí en Oaxaca, a cambio de no ir a la Ciudad de México.

Lo trágico es que, en estas circunstancias, es inútil lo que los gobiernos municipal y estatal puedan hacer, porque este es un tema federal, en el que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto está sacrificando a Oaxaca a la vista de todos. Ya demostró que no le importó poner la gobernabilidad estatal como moneda de cambio para sus intereses. Y con su silencio y su desinterés por atender la problemática local que trae aparejada su negociación nacional con la Sección 22, lo que demuestra es que —una vez más— lo que menos le importa es qué pase con nuestra ciudad.

LOS POZOLEROS

Estamos en las semanas de la “informitis”. A todos les da por informar algo, aunque sean los logros de otros. ¿Habrá hablado el senador tuxtepecano del PRI de la relación de él y su grupo político con los temidos “pozoleros” de la Sección 22? Porque si algo ha hecho por Oaxaca, eso ha sido abonar a sus problemas.

+ PGJE, PGR y Policía Estatal callan ante ilegalidad

La comparecencia ante el Congreso del Estado del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Alberto Esteva Salinas, revivió varias de las cuestiones que siguen pendientes de ser respondidas, y que el olvido parece que está a punto de perdonar. Los diputados le cuestionaron su insensibilidad e incapacidad para enfrentar los problemas que tiene la dependencia que encabeza, y los problemas que provocó con los policías. Pero a Esteva nadie le preguntó qué pasó con las órdenes de aprehensión que tenía pendientes, y tampoco cómo logró conseguir una nueva carta de antecedentes penales distinta a la que inicialmente se le había extendido.
En efecto, ni los coyunturales ni los de fondo son temas menores. Ayer durante su comparecencia ante la LXII Legislatura, Esteva fue duramente increpado por los diputados locales, quienes abiertamente lo invitaron a que renunciara a su cargo. Lejos de cualquier defensa, todos le reprocharon su incapacidad para enfrentar, manejar y resolver las diferencias que tiene con un grupo importante de elementos de la Policía Estatal, y para asumir el mando policiaco que se supone que debiera tener, y que por razón de esos mismos conflictos hoy se encuentra depositada de facto en la Secretaría General de Gobierno.
Por si eso no fuera suficiente, al recinto legislativo entraron a protestar elementos de la Policía Estatal que aseguraron no haber recibido aún ninguno de los beneficios pactados desde septiembre pasado con la SSP para levantar su plantón. Los elementos, que forcejearon con la seguridad del Congreso, hicieron su manifestación y luego continuaron viendo la comparecencia como si nada ocurriera.
Este hecho es llamativo porque resulta que hoy los elementos estatales que fueron a protestar, son los mismos que consiguieron que Esteva no pudiera ingresar, desde aquel entonces, al Cuartel General de la Policía Estatal, al que hoy sólo puede acceder el Comisionado. En ese contexto, que los elementos le fueran a protestar al propio Congreso es una muestra de la falta de control y capacidad política que tiene Esteva para manejar una situación como esa.
Todo esto provocó lo que bien podría calificarse como una “tormenta perfecta”. Esteva no pudo defender las cifras sobre la inseguridad, y lo más acertado que alcanzó a decir es que hay otras entidades que enfrentan problemas de delincuencia mayores a los de nuestro estado. Poco o nada pudo decir frente a los señalamientos por el crecimiento de las cifras de secuestro, homicidios dolosos, extorsiones y varios otros de los que diariamente se duele la ciudadanía oaxaqueña, y de la que los diputados fueron portavoces.
Por eso, si en la coyuntura Esteva salió pésimamente librado —a estas alturas es impresentable, y sólo se sostiene en el cargo por una decisión política de mantenerlo ahí— nadie se acordó de preguntarle qué ocurrió con uno de los temas cruciales relacionados con su arribo a la SSP, y que tiene que ver con su famosa carta de antecedentes penales, que luego simplemente le corrigieron como si fuera una simple carta de presentación.

EL MISTERIO DE LA CARTA
Con fecha 27 de diciembre de 2013, la propia SSP, a través de la Dirección Jurídica y mediante oficio número SSP/PE/DJ/23860/2013, hizo saber que Esteva tenía una carta de antecedentes penales. Ese fue el documento que conocieron inicialmente los diputados locales, justo el día en que Esteva había acudido al Congreso —ya con el nombramiento del Gobernador en la mano— para cumplir con el requisito constitucional de la ratificación en su cargo.
“Se encontró —decía ese primer documento, cuya copia aún hoy puede ser fácilmente consultada y ubicada en internet—: Orden de aprehensión emitida el 6 de mayo de 2003 en el proceso 151, por violación a la ley de Amparo y orden de Aprehensión en el proceso 29 del Juzgado 7º Penal del Reclusorio Norte, con estatus vigentes a ejecutar por la Procuraduría General de la República”, se leía en el oficio, firmado por el comisionado Roberto César Alfaro Cruz.
La supuesta filtración de ese documento, fue la razón para que el Gobernador cesara a Alfaro Cruz. El Comisionado de la Policía Estatal fue sustituido —al día siguiente de la difusión de los antecedentes penales de Esteva— por Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla; y hace poco más de un año, el lunes 30 de diciembre de 2013, Esteva fue ratificado por el Congreso de Oaxaca, al presentar una nueva carta de no antecedentes penales, firmada por el nuevo funcionario y sin los hechos delictivos mencionados en el oficio.
Hoy, frente a todo eso, no están de más algunas preguntas: ¿Qué pasó con las órdenes de aprehensión que se supone que estaban pendientes de cumplimentar?; si Esteva es un hombre apegado a la ley, ¿cómo consiguió que Plataforma México, y los demás archivos que se consultan para conocer si una persona tiene o no antecedentes penales, pudieran modificar sus datos de forma tan rápida?; si no fue así, ¿entonces le expidieron un documento con datos falsos sólo para salvarlo de la situación y asegurarle su arribo al cargo?
Los diputados, y la sociedad, debían hoy estar preocupados por conocer cuál fue la historia real detrás de la eficientísima corrección de datos que logró Alberto Esteva Salinas, y si en ello hubo apego a la ley o se cometieron delitos. De esto debía dar cuenta la PGR, la PGJE, y el mismo Comisionado Víctor Alonso, que hoy podría estar encubriendo ese conjunto de hechos, por un erróneo sentido de la institucionalidad hacia su cargo y hacia sus superiores jerárquicos. Sobre todo esto no ha habido una sola referencia. Pero debiera ser uno de los temas cruciales sobre el cuestionado titular de la SSP en Oaxaca.

LAS FOTOMULTAS
El programa de las llamadas fotomultas impulsado por el Ayuntamiento citadino, no parece un proyecto ideado para utilidad de las finanzas públicas —estatales y municipales— en Oaxaca. ¿Por qué? Porque aquí, por razón del elevado costo de la tenencia, circulan más vehículos con placas foráneas, que locales. Si la fotomulta sólo podrá aplicar para las placas de Oaxaca —porque la multa se enviará por correo al domicilio registrado al momento de la expedición de la lámina—, entonces el programa no parece tan atractivo como forma de recaudación y control del tránsito, y más bien es una invitación abierta a que haya más (aún más) fuga de contribuyentes de las arcas estatales, hacia los atractivos subsidios y las placas de otras entidades, a las que no les podrían aplicar las sanciones de la fotomulta.

+ Reto de SEP: sujetar protestas a lo que dice la ley

Bravucones, los integrantes de la Sección 22 del SNTE señalan categóricos que no permitirán que por movilizaciones como la de ayer miércoles —en la que pararon las actividades en las 14 mil escuelas de la entidad— no permitirán que la SEP les aplique los descuentos correspondientes por el día de inasistencia a sus centros laborales. Frente a esto, la autoridad educativa federal tiene dos retos: por un lado, demostrar que —como lo dice— aplicará cada una de las nuevas reglas establecidas en la reforma educativa; y, por el otro, lograr que los maestros ajusten sus inconformidades a las formas y mecanismos que establece la ley.
En efecto, ayer los integrantes de la Sección 22 llevaron a cabo un paro general de labores en el marco de lo que ellos mismos denominaron como “Primera jornada nacional de lucha de la CNTE en 2015”, y que consistía, según la convocatoria, en la “liberación” de casetas, toma de gasolineras, aeropuerto, transnacionales y la terminal de autobuses. El vocero de la 22, Mohamed Otaqui dijo que a pesar de estas acciones, la SEP no aplicará descuentos porque las mesas de negociación continúan, por lo cual los aspectos de esta ley (la reforma educativa) quedan sin efecto para esta entidad.
Esto significa, en términos sencillos, que las protestas de la Sección 22 continuarán obedeciendo a una lógica eminentemente política; y que el magisterio no tiene ninguna disposición para ajustar sus inconformidades a la ley, y tampoco permitirán los efectos que debiera tener el abandonar todos, todas las aulas, por uno o varios días para realizar movilizaciones o marchas, simplemente porque ellos —y quizá esa sea la realidad— asumen que la reforma educativa no se aplicará en Oaxaca.
Y es que parece que los oaxaqueños ya lo olvidamos por completo, pero en un verdadero Estado de Derecho los maestros tendrían plenamente justificados sus paros de labores siempre que se tomaran el tiempo de ajustar su calendario político a lo que marca la ley. ¿De qué hablamos?
De que la Sección 22 tiene la “costumbre” —permitida por todos los gobiernos desde hace décadas— de realizar sus movilizaciones y abandonar las aulas sin padecer consecuencia alguna. Las razones y las “autorizaciones” que reciben para cumplir su calendario de movilizaciones y protestas, han sido históricamente de tipo político, en el mejor de los casos.
En todos los demás, el magisterio ha asumido a plenitud que ellos tienen superioridad numérica frente al gobierno, y que su disciplina y capacidad de movilización es suficiente para no pedir ningún tipo de autorización a la autoridad para realizar sus protestas, y tampoco dar pie a que la autoridad cumpla su deber de aplicar las sanciones que corresponderían en derecho a quienes faltan a laborar a sus centros de trabajo.
Así, lo que históricamente hemos visto es que los profesores lo mismo paran sus labores un día para realizar una marcha, movilizaciones o una simple reunión sindical, que semanas completas para llevar a cabo plantones, movilizaciones en Oaxaca y la Ciudad de México, o simplemente paros indefinidos de labores en protesta por la resistencia de la autoridad a cumplir alguna de sus demandas.
¿Dónde queda entonces la ley? Es lo que muchos nos hemos preguntado desde hace tiempo; pero ahora mucho más frente a la nueva legislación en materia educativa que se supone que normaría todo esto que hacen los maestros para alejarse de sus deberes.

DERECHOS Y DEBERES
Es indiscutible el derecho que tienen los profesores, y todas las personas, para protestar por lo que consideran que les afecta o agravia. El de la protesta es un derecho constitucionalmente consagrado, que no tiene más límites que el del uso de la violencia como amenaza a la autoridad para que lleve a cabo lo que los manifestantes exigen.
No obstante, no se debe confundir ese derecho a la protesta, con otras prerrogativas y deberes que tienen los integrantes de la Sección 22 y todos los mexicanos, que no pueden eludir por el simple hecho de pertenecer a un gremio multitudinario, y que tampoco se debiera seguir utilizando como sustituto de las reglas que rigen la relación laboral, y la negociación de condiciones de trabajo y salario, entre trabajadores y patrones.
Hablamos, en concreto, de las reglas que debieran regir la huelga, por ejemplo, para cuando los maestros quisieran exigirle a su patrón —el gobierno federal o estatal, según fuere el caso— el cumplimiento de demandas laborales legítimas. Tan hemos olvidado que esto debería ser el marco de referencia para las acciones gremiales del magisterio, que por eso ya nunca lo consideramos como parte de la discusión entre lo que los maestros exigen y el gobierno otorga.
Aquí, por ejemplo, es tradición que el magisterio entrega su pliego petitorio al gobierno estatal en su tradicional marcha del 1 de mayo, y que a partir del día 15 del mismo mes se dice listo para recibir una respuesta. El gobierno responde y negocia con el sindicato, pero en una mesa de diálogo político y no siguiendo, en ninguna de sus fases, las reglas del emplazamiento, la negociación y el estallamiento de huelga que establecen las leyes laborales vigentes, independientemente de que aunado a ello pudiera existir un mecanismo específico en las leyes que rigen la relación laboral entre los profesores y el Estado.
Nada de esto se realiza, porque todo se hace a través de un manejo político. Esta tradición fue establecida desde que surgió el movimiento magisterial, y por eso las discusiones de los pliegos petitorios y el cumplimiento de las demandas salariales o de condiciones de trabajo —y hasta políticas— pasa por los requisitos naturales de todo patrón que negocia con un sindicato legítimo que cuenta con una mayoría reconocida y la legitimación por parte de las autoridades laborales.

EL RETO DE LA SEP
Y aunque pareciera que se pide un imposible al tratar de ubicar el derecho del trabajo como marco referencial para las protestas de la Sección 22, es claro que si el gobierno federal quiere marcar una diferencia y dejar constancia de que se aplica la reforma educativa, tendría que comenzar a orillar al magisterio a que proteste en el marco de la ley, a que exija según las reglas establecidas para todos los trabajadores, los sindicatos y los patrones, y que aplique sanciones cuando no se realicen las manifestaciones conforme a esos principios.

+ En Oaxaca no afecta la crisis, sino los intereses locales

Contrario a lo que pudiera pensarse, en Oaxaca la izquierda no está en crisis. En la entidad, ni el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ni el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tienen otra cosa de qué preocuparse, más que de negociar correctamente sus intereses con el régimen gobernante. Es una paradoja de la transición democrática, pero aquí parece que no importan las crisis políticas ni los escándalos mediáticos, e incluso tampoco lo que la opinión pública diga. Aquí las elecciones se resuelven con ingeniería electoral, que el régimen —a pesar de su aparente puritanismo— ha demostrado que sabe operar muy bien.
En efecto, en los últimos meses hemos visto cómo la izquierda en México se derrumbó. La combinación de factores que ocurrió en Guerrero con los normalistas desaparecidos, tiró de inmediato al gobernador Ángel Aguirre Rivero, pero justo detrás de él hizo sucumbir a los partidos de izquierda.
Razones hubo de sobra: en el lado del PRD, éste partido intentó negociar con el régimen presidencial la continuidad de Aguirre en la gubernatura a pesar del escándalo y de las evidencias de su colusión con el crimen organizado. Por si esto fuera poco, pronto salieron a la luz las intenciones perredistas de impulsar al edil de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda, como candidatos a una diputación federal, y a la alcaldía de Iguala, respectivamente. Ante las evidencias, la puesta en evidencia, y el escándalo, el PRD reculó y se escondió de una crisis en la que lo primero que quedó demostrado es que tiene hoy más vínculos con la criminalidad que con los ciudadanos.
Algo más o menos similar pasó con Morena, de Andrés Manuel López Obrador. Casi inmediatamente de desatado el escándalo por los desaparecidos, salieron a relucir los vínculos entre Lázaro Mazón —secretario de Salud del gobierno de Aguirre— con Abarca, y la relación política de ambos con AMLO. Contra todo lo que pudiera esperarse, el tabasqueño no se deslindó públicamente de Abarca sino hasta varias semanas después, cuando éste ya se encontraba desaparecido. Y de Mazón —que también es señalado por tener vínculos con la delincuencia organizada en Guerrero— AMLO nunca se deslindó, aún cuando el propio peso del escándalo público propició que éste se separara de su cargo en el gobierno guerrerense, incluso antes de que Ángel Aguirre dejara la gubernatura.
Todo esto generó una expectativa, que es la peor para la izquierda: en la gran mayoría de las entidades del país comenzó a sospecharse —y luego se constató a partir del resultado de las encuestas realizadas después del mes de septiembre de 2014— que la izquierda en el país tendría una caída estrepitosa. Las razones son visibles: Morena y el PRD quedaron en medio del escándalo de los desaparecidos, de la colusión entre la delincuencia y la política, y de la insistencia por postular a personajes impresentables lo mismo por ser ineptos que corruptos; o por tener estas dos “cualidades”, además de la de ser al mismo tiempo autoridad y capo criminal.
Todo esto tiene en vilo al PRD y Morena que, juntos, hicieron quedar muy mal parada a la izquierda en México. Esta circunstancia, por ejemplo, es la que en parte orilló al senador Armando Ríos Piter, a declinar la candidatura perredista al gobierno de Guerrero —lo cual hizo en medio de otro escándalo por acusar al perredismo de querer obligarlo a trabar un pacto de protección para el gobernador con licencia Aguirre Rivero—; y es lo mismo que está provocando que en todo el país se reconsidere el potencial castigo que hoy pudieran tener los partidos de izquierda frente a esos escándalos.
Hay quien habla ya del triunfo del abstencionismo, o la masificación del voto nulo en los comicios de junio próximo, ante la incapacidad del PRI y PAN por sostener —al igual que la izquierda— su legitimidad ante los electores. Pero, ¿esa realidad (o apariencia bien fundada) nacional, será la misma que en Oaxaca?

EL CASO LOCAL
Antes de que ocurriera todo el escándalo por los desaparecidos y por el descrédito que hoy pesa sobre la izquierda en el país, en Oaxaca ya era visible que el futuro de la izquierda estaría determinado en gran medida por los intereses del régimen. Ya hace varios meses, apuntábamos (ver Al Margen 11.09.2014) que en los cálculos estatales debía considerarse esencialmente la dirección hacia donde el régimen gobernante decidiera orientar el trabajo electoral que, según ha demostrado en los últimos procesos electorales en los que ha barrido al PRI en la entidad, sabe hacer muy bien.
La cuestión concreta se ubicaba desde entonces en si el Gobierno del Estado asumiría que sus lealtades e intereses principales deben seguir concentradas en el PRD, o si es el momento en el que Gabino Cué debía retribuir a AMLO el respaldo político que éste le dio por mucho tiempo para la construcción de su proyecto político. Hoy sabemos que, a la par de ello, se encuentran los intereses del régimen por construir su propia trascendencia política en Oaxaca, y por comenzar a blindar a personajes clave del régimen estatal, construyéndoles una ruta hacia las diputaciones federales.
Hoy todo esto está a la vista. A finales del año pasado, el régimen tomó el control del PRD a través de Carol Antonio Altamirano, no sólo para garantizar la lealtad hacia el régimen saliente sino también para generar el escenario electoral del perredismo en la entidad; y siempre se vio que Morena sería el partido de las lealtades del régimen al haberse integrado únicamente con personajes incondicionales de AMLO como Salomón Jara, y con la anuencia de varias de las tribus perredistas que transfirieron parte de su representación al nuevo partido.

¿Y LOS ELECTORES?
Con toda esa combinación de factores, por supuesto, nadie le apuesta la simpatía de los ciudadanos, al voto razonado o mucho menos al libre albedrío para que cada quien decida su voto. Aquí a lo que se está apostando es a un triunfo robusto de la izquierda, sin importar todos los negros antecedentes nacionales de la izquierda. ¿Cómo? A través de la movilización, de la ingeniería electoral y de las prácticas que ya conocen bien para ganar elecciones. Lo que está en juego es la trascendencia del régimen. Y frente a la debilidad común del perredismo y Morena, la fortaleza del régimen es un respiro que estarán dispuestos a compartir a cambio de ceder una, varias o todas las candidaturas en los comicios venideros.

Las normas, intrincadas; instituciones débiles

Aunque la Auditoría Superior del Estado (ASE) dice que el número de auditorías y recursos revisados a los Ayuntamientos oaxaqueños constituyen una cifra sin precedentes, en realidad la sociedad oaxaqueña debiera estar preocupada. No se trata sólo de los ediles corruptos que para impedir la revisión de sus actos, esconden, sustraen y destruyen los archivos municipales, sino sobre todo de que la ciudadanía exige honestidad y castigo a la corrupción pero a cambio de ello el Estado le ofrece normas inoperantes e instituciones incapaces de cumplir con esa misión. Ese es el caso oaxaqueño.
En efecto, en su portada de ayer lunes TIEMPO daba cuenta de dos notas relacionadas con este tema. En la primera de ellas, la principal, informaba que la ASE detectó que al revisar el ejercicio 2013 de los municipios de la entidad, un total de 232 ex presidentes municipales robaron documentos comprobatorios y contables por más de 4 mil millones de pesos para evadir la rendición de cuentas sobre su ejercicio.
En la otra, daba cuenta que al ex edil de la capital, Luis Ugartechea, la propia Auditoría le observaría un monto de hasta 300 millones de pesos por irregularidades cometidas sólo en el ejercicio 2013. Aunque es una buena noticia que la ASE esté intentando castigar a las ex autoridades corruptas, no lo es tanto que intente hacerlo en condiciones tan estructuralmente adversas. Los oaxaqueños debiéramos exigir cambios de fondo en algunas cuestiones, que saltan a la vista, y que vale la pena revisar.
Primero, al informar sobre el programa anual de auditorías del ejercicio 2013, la ASE afirmó que logró realizar 105 auditorías a igual número de municipios, los cuales en conjunto ejercieron alrededor de 5 mil millones de pesos de un total de 13 mil 287.9 millones de pesos, que recibieron los municipios del Estado y la Federación para su funcionamiento. En términos de cobertura, dice la ASE, la fiscalización correspondiente a este informe abarcó el 38 por ciento de los recursos y el 18 por ciento en cuanto al número de municipios.
Según la ASE, esto significa un hecho “sin precedentes en la historia de Oaxaca”… que en realidad no debiera tenernos tan contentos. ¿Por qué? Porque sólo basta ver las cifras antes citadas en una perspectiva distinta: si en la entidad hay más de 630 entes —entre dependencias del gobierno estatal, municipios, paraestatales y organismos autónomos— que reciben recursos públicos para su funcionamiento, entonces tendría que ser deber del órgano fiscalizador, auditar todos los años el funcionamiento de cada uno de esos entes.
Eso es lo que marca la lógica. ¿Por qué no ocurre? Porque en los hechos, el Estado oaxaqueño —los Tres Poderes— no ha tenido la disposición suficiente de dotar a la Auditoría Superior de los recursos económicos necesarios para cumplir con ese cometido. Por esa razón, la ASE debe circunscribirse a hacer una especie de sorteo o insaculación de los entes a los que va a auditar, y a establecer “reglas” a partir de las cuales lleva a cabo revisiones o a los entes que tienen un gasto público anual superior a cierto parámetro, o a los que enfrentan reiteradas denuncias sobre corrupción, o los que realizaron obras o acciones que requieren una especial atención.
Sin embargo, al final lo único que queda claro es que a la ASE no le alcanzan sus recursos —y los periodos marcados por la ley— para poder auditar a todas las dependencias gubernamentales estatales y municipales que manejan recursos públicos, y que sí debieran estar sometidas a un proceso permanente de revisión de su actividad y el manejo de su presupuesto.
Incluso, teniendo como marco de referencia lo dicho en líneas anteriores, resulta una pésima noticia que en una entidad en la que se transfieren 13 mil millones de pesos a los municipios sólo se hayan podido revisar alrededor de 5 mil. Esto es apenas alrededor de dos quintas partes del presupuesto total ejercido, lo que implica que en los 8 mil millones de pesos que se quedaron sin revisar pudo también haber ocurrido todo tipo de quebrantos que fueron tácitamente aceptados y “perdonados” por la ley y las instituciones. Esto debiera tenernos verdaderamente indignados.

LIMITANTES DE LA LEY
Podría ser tomado como una buena noticia que el año pasado se realizaron 110 auditorías. El problema es que los otros 520 entes auditables en el Estado se quedaron fuera de toda revisión, y no sólo eso: como dos de los principios que rige a la fiscalización superior son los de anualidad y posterioridad, ello significa que lo que no se revisó en 2014 del ejercicio anterior, ya no podrá ser revisado.
Esta es una especie de “bendición”  de impunidad para todos los que cometen actos de corrupción, y tienen el beneficio de no haber sido alcanzado por las revisiones de la Auditoría. E incluso, quienes sí son revisados y se les encuentran irregularidades, todavía tienen la posibilidad de solventar la aplicación o ejercicio de recursos que fue irregular, y una vez que esto queda saldado todavía tienen varias oportunidades para defenderse antes de que se les llegue a determinar una responsabilidad firme.
No es raro escuchar a personas que dicen que de todos modos la fiscalización es un gasto oneroso que no lleva a nada, porque sostienen que menos del cinco por ciento de las ex autoridades puede ser procesada a partir de los actos de corrupción o desvíos que se les comprueban. Incluso sostienen que a pesar de todo pueden dormir tranquilos. ¿Por qué pasa eso?
La respuesta está en que la ASE sólo puede determinar el quebranto e imponer sanciones administrativas y económicas; pero para que un acto de corrupción pueda ser castigado con penas corporales (prisión), las revisiones de la ASE deben ser sometidas a la consideración del Ministerio Público, que es quien debe integrar los datos en una averiguación previa. Este es otro problema porque no siempre los Agentes del Ministerio Público tienen el grado de especialización suficiente como para consignar su averiguación ante un juez, y que éste libre las órdenes de aprehensión para sujetar a las ex autoridades a un proceso penal.

¿LÍO SIN REMEDIO?
Hay quien, demagógicamente, dice que la solución a esto es darle más facultades a la ASE. En realidad, lo que debiera haber es voluntad por parte de los Poderes del Estado para dotar al órgano fiscalizador de fuerza institucional y capacidad presupuestal para cumplir con sus funciones. No lo hace, porque no quiere un ente fiscalizador robusto. Y eso lo termina haciendo cómplice de los corruptos.