Resolver la democracia, sí, pero dando certidumbre

Muchos coinciden en que la luna de miel del presidente Enrique Peña Nieto con los mexicanos se terminó hace tres semanas, cuando el caso de los normalistas de Ayotzinapa le explotó en las manos; lo mismo se decía, en su momento y en su dimensión, del gobernador Gabino Cué cuando todos sus aliados, partidos y poderes fácticos, se le fueron encima apenas cambió su circunstancia. ¿Por qué hay tanta preocupación por la democracia, cuando ambos tienen serios problemas para —medio— satisfacer un requisito previo que es el cumplimiento del Estado de Derecho?
En efecto, ante los hechos, esta pregunta es más vigente que nunca. Pues pareciera que el local y el nacional son dos escenarios que se han replicado al pie de la letra uno con otro, dando exactamente los mismos resultados. En ambos casos se tuvo un abultado bono democrático, que fue invertido en la realización de reformas que, sin embargo, ni rescataron al Estado de las garras de los poderes fácticos, ni fortalecieron la capacidad de hacer cumplir la ley, ni lograron mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. ¿Qué pasa?
El caso Oaxaca es elocuente. Aquí, cuando recién inició la administración del gobernador Gabino Cué se estableció una ruta reformista que fue cumplida a cabalidad. Se modificó más de la mitad de la Constitución del Estado, se emitieron alrededor de dos docenas de leyes estatales de contenido totalmente nuevo y se establecieron, según el discurso oficial, las bases para una nueva gobernabilidad democrática basada en la democracia, en los mecanismos de participación ciudadana, y en un gobierno plural y tolerante. Muchos, en su momento, asumieron ingenuamente que eso resolvería muchos de los problemas de Oaxaca. Hasta que se toparon con pared.
¿Cuál fue esa pared? Que en realidad las bases democráticas se quedaron en la norma, pero nunca pudieron compensarse con una capacidad real para hacer cumplir la ley y darle a los ciudadanos eso que en otros escenarios conocen como Estado de Derecho. El tope con pared llegó, además, cuando el gobierno estatal reveló sus debilidades e incapacidades para generar confianza entre la ciudadanía de que, además de que tenía un gobierno democrático y tolerante, tenía también un gobierno capaz de hacer cumplir algunos de los preceptos fundamentales de la convivencia pacífica. ¿Cuáles?
Cumplir, por ejemplo, con aquella vieja exigencia de la ciudadanía en Oaxaca de que se respete su derecho a pasar por cualquier calle o parque en el momento que lo desee. Y si eso, que es lo más leve, no se cumplió, tampoco ocurrió con aquella —también vieja— exigencia de que los conflictos entre grupos de lucha social, entre comunidades, o entre gremios, pudieran dirimirse siempre por la vía pacífica.
Este conjunto de situaciones adversas, rápidamente se vio enmarcada por un cuestionamiento más: que en el gobierno oaxaqueño no hay orden ni existen los mecanismos adecuados para un funcionamiento administrativo correcto. Esto ha sido, acaso, lo que ha generado igualmente costos muy altos: la percepción de que en el gobierno cada quién hace lo que le place, sin un orden ni estrategia, y sin una capacidad de demostrar eficiencia. Al reclamo ciudadano de la falta de honestidad de muchos funcionarios, rápidamente se sumó otro relacionado con la ineficiencia en la utilización de todas las herramientas y recursos que tiene el gobierno, lo cual por ende desembocaba en una enorme ineficacia en la posibilidad de alcanzar los fines prometidos.
Y es que de alguna manera la ciudadanía oaxaqueña siempre ha sido tolerante —y quizá hasta alcahueta— de la corrupción, siempre que en el intercambio tenga resultados por parte de sus gobernantes. El problema en este caso, es que pareciera que al interior del gobierno estatal ha habido siempre un complot para hacer que el Gobernador pague por todas y cada una de las ineficiencias y desviaciones de sus subordinados, y que éste mismo lo ha aceptado.
Así, por ejemplo, hoy en día no se cuestiona por los subejercicios o por la falta de obras y resultados a los titulares de las dependencias sino al propio Gobernador, cuando es claro que muchas de esas responsabilidades si bien recaen de forma primaria en él, también lo es que hay encargados específicos que no están cumpliendo con sus funciones. Y lamentablemente queda claro que frente a todo eso, ninguna regla o argumento del gobierno democrático sirve para paliar estos cuestionamientos que más bien tienen que ver con el cumplimiento de la ley, con la gobernabilidad o con la eficacia de la gestión pública.

EL DRAMA FEDERAL
México es un país que está triturado por la violencia, pero el gobierno del presidente Peña Nieto lo único que hizo fue cambiar la estrategia mediática. Es decir, generar las condiciones para evitar que se hable de un tema que sigue ahí, latente. Pues la violencia no ha disminuido, como tampoco la actividad de los cárteles criminales, y tampoco el número de ejecuciones, desaparecidos y violentados por temas relacionados con la delincuencia organizada.
Mientras todo eso pasaba, el gobierno federal se construyó el rostro del reformismo, que ya le había ganado al presidente Peña la imagen internacional de un estadista destacado. ¿Qué falló? Que de nuevo, trató de aplicar la fórmula atractiva del gobierno democrático, cuando lo que había que hacer era comenzar por enfrentar la purulencia que existe en las entrañas de este país, la cual está generando una crisis sin precedentes por los efectos devastadores que está provocando entre la gente de a pie.
Y lamentablemente, el tope con pared fue el caso de Ayotzinapa, que quizá sea el más abominable, pero que no es el único. ¿Cuántos desaparecidos hay en el país? ¿Cuántas ejecuciones reales ocurren diariamente en todos los rincones del país? ¿Cuántas comunidades han vivido, y siguen viviendo, asoladas por la delincuencia organizada, que controla porciones completas del territorio nacional? ¿Cuántos pobres y cuántos marginados siguen esperando una respuesta?

CONFUSIONES
De nuevo, frente a eso trató de aplicarse la fórmula reformista, y hoy lo que está quedando claro que es estos son dos problemas distintos, pero que lamentablemente se ha insistido en continuar aplicando los remedios de un problema, a otro que paralelamente existe, pero que necesita soluciones de otra índole. Es buena la democracia. Pero en este caso ha sido una fórmula ineficaz porque antes deben resolverse muchos otros problemas que, para mal de todos, siguen pendientes.

+ Los crímenes de lesa humanidad no admiten jerarquías

A muchos sigue sin quedarles claro por qué si el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no ordenó, ni ejecutó, ni consintió, las detenciones-desapariciones de los 43 normalistas en Iguala el pasado 26 de septiembre, sí está obligado a responder por esos crímenes que, al constituir la desaparición forzada de personas, son de lesa humanidad. La respuesta a esa interrogante es más técnica que política. Aunque parece que al principio ni al mismo gobierno federal le quedaba claro, y por eso tardó tanto en asumir esta postura.

En efecto, uno de los temas por los que más se le ha criticado al presidente Peña Nieto es por, primero, haber declarado inicialmente que la desaparición de los normalistas era un tema que le correspondía únicamente al gobierno municipal de Iguala, y al estatal de Guerrero; y segundo, por haber dejado pasar tanto tiempo antes de asumir que esos hechos eran también corresponsabilidad del gobierno federal, y que habiendo tenido o no participación en los hechos, éste debía también asumir una postura pública y conducir las investigaciones que fueran necesarias.

Pues entre que pasaron los hechos y que el gobierno de la República decidió intervenir en tema pasaron varios días en los que el Presidente se lavó las manos, y el gobierno federal se abstuvo de participar del problema. Parece que, inicialmente, el gobierno del presidente Peña dio por válido el mismo cuestionamiento de muchísimas personas, que siguen sin comprender por qué debían ellos responder por un crimen que nadie en la Federación cometió, o en el que participara directa o indirectamente. Sólo que chocaron con la realidad.

Y es que primero es necesario comprender que la responsabilidad de Estado no se segmenta en los ámbitos de gobierno; y en un segundo plano, no menos importante, también es necesario entender que en el ámbito de los derechos humanos no existe jerarquía ni ámbitos de aplicación. Vale la pena analizar estos dos elementos que son determinantes en la explicación de por qué el gobierno federal sí tuvo responsabilidad desde el inicio, y de por qué sí es perfectamente válido el cuestionamiento de por qué tardó tanto tiempo en asumir una postura e intervenir en el caso de los normalistas desaparecidos en Iguala. Veamos.

¿Por qué la responsabilidad no puede segmentarse? Una primera luz sobre este tema, la da el Pacto de San José, cuando en su artículo 28, dice lo siguiente: “1. Cuando se trate de un Estado parte constituido como Estado Federal, el gobierno nacional de dicho Estado parte cumplirá todas las disposiciones de la presente Convención relacionadas con las materias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial. 2. Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción de las entidades componentes de la federación, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme a su constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta Convención”.

¿Qué significa eso? Que frente al derecho internacional de los derechos humanos, los gobiernos nacionales —como el gobierno federal, en el caso de la federación que es México— es quien debe, primero, responder por el cumplimiento del contenido de la Convención; y segundo, ver que las partes integrantes cumplan también su contenido, pero sin dejar de ver que el deber entre estados y federación es uno solo.

Ahora bien, cuando se habla de cumplimiento, se refiere al respeto a los derechos fundamentales consagrados en esa Convención. ¿Cuáles? El derecho a no ser privado de la vida arbitrariamente (art. 4); derecho a la integridad personal (art. 5); derecho a la libertad personal —que es uno de los directamente transgredidos aunque no el único, porque ese es un delito pluriofensivo— (art. 7); derecho a la protección de la honra y la dignidad (art. 11), entre otros.

Por eso, aunque el gobierno federal no es directamente responsable de haber cometido las detenciones-desapariciones de los normalistas, sí tuvo desde el primer momento una responsabilidad de Estado por la que debió intervenir de inmediato, tomando en cuenta, además, que la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas establece como primer deber de los Estados parte —México es uno de ellos— el no practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales. Valdría la pena saber, en concreto, por qué razón el gobierno de México tardó tanto en entender la situación.

DH’S, SIN JERARQUÍAS

Ahora bien, un segundo razonamiento relacionado con la responsabilidad del gobierno federal en este asunto, tiene que ver con que la propia Constitución federal no distingue jerarquías ni ámbitos de aplicación cuando se trata de derechos humanos. Concretamente, el segundo párrafo del artículo 1 de la Constitución dispone: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.

Al margen de otras consideraciones, lo que en este caso nos debe quedar claro es que en el ámbito de los derechos humanos no se puede alegar una cuestión de competencias o de jerarquías normativas, para no intervenir frente a una violación a derechos fundamentales que, además, no sólo es transgresora de los derechos fundamentales y del derecho penal interno, sino que constituye —como la desaparición forzada de personas— un delito de orden internacional que está considerado como de lesa humanidad.

EL COSTO POLÍTICO

Al final, parece claro que el gobierno federal está pagando, con intereses de agiotista, el costo político de no haber asumido a tiempo estas cuestiones, y haber primero intentado que el tema se circunscribiera a Guerrero, cuando no podía ser así. No se trata de estar a favor o en contra de la lucha o las razones de los normalistas, para comprender por qué esto generó de inmediato un rudo cuestionamiento internacional en contra de México: el país se había presentado no sólo como uno en donde ocurren estos hechos abominables, sino también como un Estado de Derecho sólo aparente, en el que ni el gobierno federal alcanzó a entender la situación, y a actuar en consecuencia en el tiempo y la forma que debía al menos para aceptar la parte de responsabilidad que le correspondía. Peor, no podía ser.

En 2010 no había condiciones; Iguala los está unificando

Cuando en 2010 muchos se preguntaban si México se encontraba en los albores de una nueva revolución, todos los posibles factores que habrían podido determinar esa situación enviaron señales en sentido negativo. Específicamente, los grupos armados ubicados en el centro y norte del país dijeron que ese no era el momento porque no existían condiciones. Hoy, la incapacidad del Estado mexicano de prevenir y resolver los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Iguala, parecen ser el elemento faltante que podría ser el hilo conductor que hacía falta para un gran levantamiento armado.
En efecto, en México hay una teoría cíclica de los movimientos sociales que, sin mucho sustento, aseguraba que si en 1810 hubo un gran levantamiento popular para buscar la independencia del país, y que si exactamente cien años después hubo otro gran movimiento armado para derrotar a las estructuras dictatoriales y sentar las bases de un nuevo orden jurídico, 2010 no sería sino la tercera repetición de ese ciclo. Muchos —románticos o poco enterados— hacían hipótesis sobre la llamada “nueva revolución”. Y muchos otros vieron incluso en el 2006 el catalizador para dicho movimiento que, sin embargo, no llegó.
Y es que para quienes querían todo eso, el conflicto magisterial de Oaxaca era el único referente, pero éste no alcanzó a funcionar como un unificador de luchas, primero porque el agravio que sufrieron los maestros de la Sección 22 del SNTE en ningún sentido era sinónimo de una afrenta general; y segundo, porque ese gran movimiento de 2006 se desgastó muy rápido en medio de la lucha entre radicales y moderados.
Los primeros querían llevar al movimiento popular al punto de la ruptura y la violencia; y los segundos pretendían simplemente negociar sus demandas hasta que fueran cumplidas, para después volver a su vida cotidiana. No hubo, en el conflicto magisterial, un punto medio que lograra articular las distintas formas de lucha. Y por eso Oaxaca fue un intento fallido para la construcción de ese gran movimiento popular.
Luego vino 2010, en el que muchos esperaban que algo importante ocurriera. No fue así, porque mientras se acercaba el momento del bicentenario de la independencia, y el centenario de la revolución, las principales organizaciones armadas del país se pronunciaron sistemáticamente por no considerar al 2010 como una fecha crucial para una posible gran ruptura nacional.
Para ellos, en ese momento aún no estaban dadas ciertas condiciones sociales y políticas como para emprender una gran empresa armada que lograra derrocar al régimen actual, e instaurar un nuevo orden basado en ideas distintas de libertad, de organización y de justicia.  Por si eso fuera poco, los grupos armados que en otros momentos habían intentado sublevarse, manifestaron que en las condiciones de ese momento sería algo así como un suicidio pensar en una insurrección violenta.
Más bien, la ruta que en ese momento siguieron fue la de la denuncia sistemática respecto a que la llamada guerra contra el crimen organizado había servido también para perseguir, reprimir y desaparecer a luchadores sociales y grupos que buscaban, por distintas vías, contrarrestar los excesos y las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado.
En aquel septiembre de 2010, apuntamos: “Podría suponerse, por todo eso, que el 16 de septiembre de 2010 podría haber sido una fecha crucial para una gran insurrección. No fue así por el conjunto de razones que, someramente, aquí se enumeran. Por eso mismo, ninguna de las organizaciones armadas de las que se tiene conocimiento de su existencia, hizo pronunciamiento o emprendió acción alguna sobre la fecha o el momento histórico por el que atravesamos. Otros serán los tiempos correctos. De eso no queda duda (Ver Al Margen 22.09.2010).”

¿“TIEMPOS CORRECTOS”?
Cuando aquellas organizaciones hablaban de la no existencia de condiciones, y de esperar el tiempo correcto, lo decían porque en el país no había existido un catalizador específico para la unificación de fuerzas entre quienes podrían encabezar este tipo de acciones. Ese poderoso catalizador, tan coyuntural como brutal fue, por una parte, la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa; y por la otra, el silencio y la incapacidad institucional de los tres órdenes de gobierno para enfrentar la crisis rápidamente para evitar que el pasmo de la ciudadanía se convirtiera en indignación, y escalara de los materialmente responsables a todos los actores e instituciones políticas del país.
Y es que la detención-desaparición de los normalistas es un hecho que lastima profundamente a todos los sectores de la población en México. Por eso hemos visto que lejos de suponer que la indignación fuese sólo de un sector o de una clase social, en realidad ésta ha unificado a todos los estratos sociales, a todos los sectores estudiantiles, a todos los intelectuales y, en resumen, a todos aquellos que teniendo capacidad de discernir asumen esa realidad que apunta a que la desaparición forzada de una sola persona a manos del Estado —independientemente del estrato institucional que sea el agente responsable— es suficiente como para mover a todos a la indignación e, inmediatamente después, a la protesta y a la exigencia de justicia, e incluso a la búsqueda de medios para cambiar radicalmente el estado de impunidad que prevalece.
Si sumamos esa indignación, a las condiciones ya existentes —galopante pobreza, marginación, injusticias y desigualdades que han subsistido a lo largo del tiempo, y que lejos de mejorar han empeorado en las últimas dos décadas— entonces lo que tenemos es una suma de factores que hacen posible un movimiento de otra magnitud, quizá capaz de lograr dicho propósito. Y hoy el tema de los normalistas ya logró unificar a las cuatro organizaciones guerrilleras conocidas en el país.

ADVERTENCIA
Con esos antecedentes, cobra sentido la advertencia del EPR en su último comunicado respecto a la búsqueda de acciones a gran escala, para derrocar a las instituciones. “Que nadie se asuste por la acción popular, este es un pueblo con dignidad y voluntad de combatir. Hoy más que nunca cobra legitimidad la autodefensa popular; que los loables actos de fe hagan comunión con las acciones políticas de masas; si por voluntad del pueblo es necesario que ardan los símbolos de la opresión burguesa, que salten por los aires los símbolos del capital monopolista transnacional, que se derrumben las corruptas instituciones de la democracia burguesa ¡QUE ASÍ SEA!”

+ La recentralización nos victimiza a todos

En el atril de los cuestionamientos hacia el Estado mexicano, continúa vigente la pregunta de por qué nadie pudo distinguir toda la podredumbre que se encontraba alrededor de los hechos de Iguala, el mes pasado. Una de las preguntas busca, en efecto, hallar una explicación sobre la impunidad abierta del edil prófugo de aquel municipio, pero junto a ella debe haber otras más que cuestionen a defenestrado gobernador Ángel Aguirre, e incluso que encaren al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Pues si algo queda claro —dentro de las pocas certezas que tiene hoy nuestro país— es que esto fue visto por todos, menos por quienes debían verlo.
En efecto, muchas de las explicaciones deben buscarse en ese mal logrado proceso de recentralización que comenzó con la administración del presidente Peña Nieto. Pues si por un lado quedó claro que todas sus reformas constitucionales tenían como rasgo en común la extracción de facultades a las entidades federativas para asumirlas —o reasumirlas— la Federación, por el otro también se vio que había ciertas decisiones claramente encaminadas a fortalecer al centro del país en detrimento de las entidades federativas. ¿Cómo se dio ese proceso? Aislando, por un lado, al gobierno federal de lo que pasaba en los alrededores; y por el otro, abandonando a quienes necesitaban o pedían ayuda desde las diversas regiones de la República.
Avisos de esta crisis de la recentralización, hubo varios pero nadie en el gobierno federal los registró correctamente. Cuando estalló la violencia en Michoacán y Tamaulipas, trataron de resolver el problema primero negando su existencia, y segundo tratando de aplicar soluciones desde el centro del país. No entendieron que hoy en día, a diferencia del pasado, ya no es trascendente la pugna de poder entre el Presidente y los Gobernadores, sino entre éstos dos juntos con los poderes fácticos, como la delincuencia organizada, el narcotráfico o los grupos sociales organizados.
En Michoacán no han podido resolver el problema, a pesar de la fuerza institucional que le dieron a Alfredo Castillo Cervantes, a quien nombraron como comisionado federal en aquel estado a pesar de que esa figura no existe en la Constitución, y por tanto no tiene sustento legal ni debería tener facultades ejecutivas para disponer de recursos públicos como lo hace. El gobierno federal intentó, en ese caso, desplazar y relevar al Gobernador como figura de mando, pero sin asumir la magnitud del problema y sin asumir que el tema de fondo no era si el Mandatario estatal gobernaba o no, sino que no existía capacidad para hacer frente a la delincuencia organizada, que ya había tomado el control de diversas regiones de aquel estado.
En Tamaulipas las situación fue peor. Ahí la federación intentó negar la situación asumiendo que los hechos de violencia eran aislados, y que por tanto “no era necesario” el envío de un Comisionado federal, similar al de Michoacán. ¿Qué hubiera resuelto otro comisionado? Nada. Porque el tema de fondo, de nuevo, no versaba sobre si Egidio Torre Cantú era o no un mandatario fuerte, sino que la delincuencia había rebasado la capacidad institucional del gobierno y, como fuere, había que encararlo sin anteponer el costo político de los enfrentamientos o de la violencia, que tanto han tratado de esconder para según ellos no caer en la misma espiral de terror que se vivió en los años de Felipe Calderón como presidente del país.
¿Qué ha hecho, personalmente, el presidente Peña Nieto? Simplemente ha evitado las zonas de violencia, así como el gobierno federal ha evitado penetrar en las zonas verdaderamente controladas por la delincuencia organizada. Como si con eso lograra que la delincuencia disminuya, el Presidente había venido evitando Michoacán —hasta antes del “rescate” que fallidamente encabezó Castillo Cervantes— y también Tamaulipas y la gran mayoría de las zonas afectadas por la ola criminal en el país.

EL SURESTE, OLVIDADO
Más o menos lo mismo pasó con el sureste mexicano. El presidente Peña Nieto se metió en el tema de Guerrero debido a la contingencia meteorológica del año pasado que arrasó con Acapulco y que dejó a un centenar de personas sepultadas en una comunidad de la montaña guerrerense. Se metió, sí, pero a atender a los damnificados y a tratar de inmiscuirse en un asunto de rescate social que nada tenía que ver con la delincuencia. Ángel Aguirre trabó amistad con él, y lo siguiente fue continuar administrando la crisis social sin tomarle importancia al tema de la delincuencia organizada, que no se circunscribía sólo a Michoacán, y que en Guerrero también provocaba problemas importantes.
Lamentablemente, tuvo que venir esta crisis para que las cosas cambiaran. ¿Qué hizo el gobierno federal? Doce días después de la detención-desaparición de los 43 normalistas, las fuerzas federales tomaron el control de varios municipios en donde había presencia de criminales. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué ninguno de los sistemas de información del gobierno federal pudo prever no los hechos relacionados con los normalistas, sino la galopante inseguridad y criminalidad existente en aquella entidad?
Lo mismo sucede en Oaxaca. Pareciera que aquí el gobierno federal sólo tomará atención cuando ocurra una tragedia en la tensa relación que existe entre el gobierno estatal y la Sección 22 del SNTE. El gobierno federal nunca ha reparado en eso, y lejos de asumir la importancia del manejo político que se le ha dado al tema, lo que se dedicó a hacer en todos los meses previos fue fustigar al gobierno de Oaxaca en los medios de información de la capital por la tibieza con la que, según ellos, el gobernador Gabino Cué ha manejado el conflicto magisterial.

EL COSTO DE LA SOBERBIA
Al final, la pregunta es: ¿Los problemas desaparecen cuando el gobierno federal cierra los ojos? ¿Hay algo que pueda resolverse negando la realidad? En el fondo, es alarmante que el gobierno de la República asuma que el país es sólo la Ciudad de México y la región centro del país, y que los únicos temas importantes de atender son los que involucran reflectores, inversionistas, relaciones públicas, frivolidad o diplomacia. A golpes, la realidad le ha ido enseñando a esta administración federal que México es mucho más de lo que ellos pensaban, y que tan les ha faltado sensibilidad para entenderlo, que por eso las circunstancias le están cobrando caro las facturas de su reiterada soberbia.

Uno de los síntomas más claros de que la transición democrática en México fue un fracaso, es la trágica situación que hoy enfrentan la mitad de las entidades federativas, que viven asoladas o por la violencia social o por la criminalidad, pero con gobernadores soberbios y millonarios que sin embargo no tienen capacidad de controlar la situación de los estados que gobiernan. ¿Qué pasa? Guerrero y Michoacán son dos llamadas de atención, de una situación sintomática que debe ser atendida cuanto antes.

En efecto, apenas el 20 de junio pasado se dio el relevo de Fausto Vallejo por Salvador Jara en el gobierno de Michoacán; este fin de semana ocurrió lo mismo en Guerrero, con la salida del gobernador Ángel Aguirre Rivero y su sustitución por Rogelio Ortega Martínez. En ambos casos la salida fue a través de la licencia al cargo. Y en ambos esto ocurrió frente a gravísimos hechos de violencia e incapacidad gubernamental para hacer frente a las circunstancia. Quienes festinan estas situaciones, dicen que detrás de Michoacán y Guerrero se encuentran Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y varias entidades más. ¿Qué pasa?

Lejos de ver las causas inmediatas, vale la pena ir a revisar por qué los gobernadores teniendo tanto poder, han podido hacer tan poco por sus estados. Y la primera respuesta está en el que, al margen de los nombres y los partidos, los mandatarios estatales recibieron mucho poder en muy poco tiempo, con un poder que no les costó obtener porque les cayó de rebote por la alternancia en el poder federal; y por eso asumieron actitudes de nuevos ricos descuidando los temas sustantivos de los gobiernos estatales. ¿De qué hablamos?

De que la extinción del régimen de partido hegemónico en el país, en el año 2000, decantó en los Gobernadores un nivel de independencia nunca antes visto. Hasta antes de ese año, los mandatarios estatales emanados del PRI tenían como Jefe Político al Presidente, y los de oposición eran tratados con lejanía por la Federación. No obstante, casi en paralelo a la pérdida del poder presidencial hegemónico se dieron también las reformas presupuestales que comenzaron a transferir más recursos a los estados, y que le dieron facultades para hacerse de recursos a través de mecanismos como la bursatilización de sus ingresos tributarios futuros.

Esto creó pequeños faraones locales que de pronto tuvieron toda la autonomía para hacer política y para allegarse de más recursos económicos que nunca, y a la par de ello pudieron plantarse frente a un gobierno federal debilitado por sus incapacidades propias y por la pluralidad fangosa del Congreso de la Unión. ¿Qué hizo la federación frente a esto? Comenzó a dar trato diferenciado a los Gobernadores, permitiéndoles todavía más ingresos y una fiscalización selectiva eminentemente determinada por criterios políticos. Así, si los gobernadores ya eran poderosos, la falta de rendición de cuentas les permitió convertirse en los nuevos magnates de la nación gracias al manejo discrecional de recursos, obras y licitaciones.

El problema es que, si vemos esto en perspectiva, lo que observar ver es que quienes se fortalecieron fueron los Gobernadores, no así las entidades federativas, que quedaron a merced de los intereses de los nuevos virreinatos en que se habían convertido los gobiernos estatales. Por eso, no fue extraño ver entidades en las que hubo mucha obra pero sólo de tipo faraónico para alimentar proyectos políticos. Hubo otras entidades en donde la deuda bursatilizada se fue a las nubes, y todavía hoy siguen sin saber en qué obras o programas se aplicaron esos recursos.

Hubo otros gobernadores que abiertamente se coludieron con criminales y decidieron entregar el control político de sus estados a la delincuencia organizada. Y en muchos otros casos más, ante la falta de controles y contrapesos en los demás poderes, se dedicaron a derrochar los capitales que habían conseguido sin preocuparse por hacer gobiernos fuertes en los temas importantes que debían atender.

GOBERNADORES SIN ESCRÚPULOS

Una entidad no se ahoga en la criminalidad en sólo un sexenio. Tampoco ocurre eso cuando la violencia es de tipo social y, como en el caso de Oaxaca, las amenazas vienen de organizaciones sociales o gremiales que ponen de rodillas a la gobernabilidad a través de su capacidad de movilización. En el fondo, lo que vemos es que estos fenómenos ocurren por un conjunto de variables que se dejan sueltas no sólo por un ámbito de gobierno, sino por los tres.

Pensemos: ¿cómo un edil —tomando como ejemplo a José Luis Abarca, de Iguala— puede ser al mismo tiempo autoridad y jefe de un cártel criminal, sin que ninguna instancia estatal o federal lo detecte o lo detenga? Supongamos de nuevo: ¿Cómo puede creerse que un Gobernador —pensando en Aguirre o en Vallejo— sea ajeno a la colusión de sus personas cercanas con el crimen organizado, y que la Federación también se desentienda? Y en casos como el de Oaxaca: ¿Cómo puede creerse que la fuerza que tiene hoy la 22 se la dio sólo Gabino Cué?

Esas son cuestiones básicas que en realidad lo que revelan es, por un lado, el tamaño de la falta de compromiso de esos mandatarios con la legalidad y los temas básicos del interés general; pero también revelan la existencia de redes y antecedentes ya anquilosados de relación, por un lado, entre gobernantes y criminales; y por el otro, del sometimiento institucional de los gobernadores a poderes fácticos, como en el caso de Oaxaca a la Sección 22 del SNTE, porque siendo Cué el gobernador, o cualquier otro, la situación frente al poder del magisterio sería prácticamente la misma.

¿Qué debe cambiar? Tendría que haber un replanteamiento integral de las atribuciones de los gobernadores y en general del federalismo en México, así como un refrendo profundo a la defensa del bien común, que se ha perdido aceleradamente en los últimos años. No puede seguir privando la simulación, ni la existencia de gobernadores poderosos en entidades federativas débiles. Ese poder incontrolado hace crisis cuando vienen sucesos como los de Michoacán o Guerrero, que ya tumbaron a sus gobernadores. Y si las cosas no cambian, irán cayendo, como piezas de dominó, muchos más gobernadores.

PRESIDENTE, DEBILITADO

Muchos ven, erróneamente, a Peña Nieto solicitando las renuncias de Aguirre o Vallejo. Pero en realidad, quien más debe padecer estas situaciones es el propio Presidente. ¿A poco estas dimisiones no son una especie de llamado a que el mismo Peña Nieto ponga desde ya sus barbas a remojar?

+ Demasiada política y no hay solución de problemas

En Oaxaca parece que todos los ciudadanos nos encontramos en un callejón sin salida, y lejos de que haya capacidad de propuesta y de solución de problemas entre nuestra clase gobernante —y opositora—, lo que recibimos es insensibilidad, incapacidad e indolencia frente a los problemas que son de todos. Si nos preguntamos por qué vivimos en un ambiente atiborrado de temas pendientes, y ninguna solución, lo que hace falta es ver quién, en qué ámbito de gobierno, se hace responsable de ellos.
En efecto, Oaxaca padece serios problemas en distintos ámbitos sobre los cuales nadie se responsabiliza. Basta con ver, por ejemplo, las calles de la capital oaxaqueña en las que prevalece un plantón representativo por parte de la Sección 22 del SNTE, que trae aparejado a un amasijo de comerciantes ambulantes, que carecen de un objetivo visible y más bien están aprovechando los vacíos de autoridad y la debilidad institucional que tiene atorado indefinidamente el conflicto magisterial por la incapacidad de los poderes del Estado para resolver de fondo la problemática. En ese, como en muchos otros temas, hay un conjunto de responsabilidades que nadie asume. Veamos.
El problema magisterial es, en primer término, responsabilidad del gobierno estatal atender. Éste lo ha hecho sólo parcialmente, en la medida en que la capacidad política de la administración estatal ha permitido desahogar puntos del pliego petitorio magisterial sin romper los delgados hilos de diálogo y entendimiento. Esto ha permitido avances poco reconocidos —como el hecho de que hasta hoy no haya habido paro general de labores docentes— a cambio de otros que son muy ruidosos para toda la sociedad como el plantón magisterial, que trae aparejados una serie de problemas que nadie atiende.
Esto, porque la persistencia del plantón es reflejo de que algo sigue sin poder resolverse. Ese “algo” es la ley educativa, a la cual los Poderes Ejecutivo y Legislativo no le han podido dar una solución por falta de capacidad de resolución. El Ejecutivo, por un lado, se lavó las manos en el conflicto entregando al Congreso local una polémica propuesta de ley educativa, que hace dos meses entró a un proceso de análisis de constitucionalidad, pero que hoy nadie sabe si en realidad quebranta las normas constitucionales federales, o si en realidad es un documento discutible y cuestionable pero sin rebasar al marco constitucional federal.
Si esa ya parece una solución más para capotear la crisis, lo que está haciendo el Congreso del Estado es todavía más cuestionable. Hoy, ahí, duermen plácidamente las siete propuestas de ley educativa. Pues como el Congreso local no tiene la legitimidad y la fuerza institucional para imponerse frente a los amagues de la Sección 22, entonces prefiere que a los profesores los derrote el paso del tiempo sin tomar una posición activa en la atención del conflicto. Su solución es no respaldar al gobierno, ni a la 22, aunque esa ominosa salida salomónica no sea sino la encarnación de la política del avestruz, en la que el responsable prefiere esconder la cabeza para no ver las responsabilidades que debe atender.
¿Qué queda? Un caos en el Centro Histórico, y una devastada imagen del Estado, de la que nadie se hace responsable. No lo hace el gobierno estatal, porque dice que como ellos ya cumplieron su parte del acuerdo con la Sección 22, entonces es problema del Congreso. Éste tampoco hace nada porque moverse en cualquier dirección, implica asumir una responsabilidad que no quieren ni de rebote. Y el gobierno federal se justifica en el hecho de este es un conflicto local que debe ser atendido y resuelto por los poderes estatales.
¿Quiénes quedan en medio? Quedan en medio los sectores productivos, a los que nadie atiende; quedan en medio los educandos que no pueden recibir instrucción completa y adecuada porque una parte de los maestros oaxaqueños se encuentran en el plantón; quedan en medio los prestadores de servicio, que han visto devastada su actividad comercial y su aportación a la economía local; y quedamos en medio todos los ciudadanos, que seguimos esperando una solución a este problema, que simplemente no llega, ni llegará, porque no parece haber alguien dispuesto a asumir su parte de responsabilidad para encarar la situación y tratar de hallarle una solución.

FRÍVOLOS
En Oaxaca tenemos 42 legisladores locales; 17 federales y tres senadores, pero la gran mayoría de ellos prefiere vivir en el mundo de la fantasía. Acaso, los que se encuentran más cerca del escrutinio público son los representantes populares locales, que a diario reciben el cuestionamiento por la baja productividad de la Legislatura del Estado; sin embargo, casi nadie considera que los legisladores federales por Oaxaca han sido, históricamente, de los más improductivos, intrascendentes e irresponsables con los problemas de la entidad.
Acaso, un ejemplo palmario, aunque no el único, es el del diputado Samuel Gurrión Matías, a quien un diario de circulación nacional exhibió no sólo por su improductividad sino por la intención faraónica de realizar un informe de actividades más ostentoso que el de un Gobernador, a pesar de tener una productividad legislativa tan pobre, y una participación nula en la solución de los problemas públicos de los oaxaqueños.
Hoy, por ejemplo, conocemos el marcador legislativo del diputado Gurrión Matías pero, ¿conocemos qué actividad verdaderamente productiva o provechosa para la entidad han realizado los otros diputados federales por la entidad? Evidentemente, no conocemos ninguna, más que las “gestiones” que según realizan respecto al presupuesto federal para Oaxaca que, además, no se refleja materialmente ante la incapacidad de muchos funcionarios para acreditar los proyectos que son indispensables para el acceso a esos recursos que son etiquetados para la entidad.

¿CHEQUE EN BLANCO?
Los diputados federales por Oaxaca parecen recibir, cada tres años, un cheque en blanco para ser pequeños virreyes en la cámara baja federal. Acaso el diputado Gurrión es el ejemplo más visible por ser el más estrafalario. Pero junto a él deberíamos preguntarnos qué han hecho, de verdad, por Oaxaca otros legisladores como Hugo Jarquín, Martín Vásquez, Eufrosina Cruz o Carol Antonio Altamirano, de quienes más sabemos por sus excentricidades, viajes y lujos, pero no por su trabajo a favor de la entidad.

+ Federalismo, a prueba; la moralidad, derrotada

Si el gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero tuviera escrúpulos, ya habría dejado el cargo. Tendría que haberlo hecho por la simple razón de que sostenerse en el cargo de Gobernador, luego de la corroboración de que en Guerrero la seguridad pública es un mito, y que el territorio estatal se encuentra convertido en una gran fosa clandestina —además de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido con los normalistas— lo hace moral y éticamente insostenible en su cargo. El problema es que no se va. Y parece que quienes exigen su salida, lo hacen sin saber exactamente para qué.

En efecto, en los últimos días hemos escuchado declaraciones de políticos, representantes populares, dirigentes partidistas, funcionarios y líderes sociales, que sostienen que el gobernador Aguirre Rivero debe dejar el cargo de Gobernador. Algunos han sostenido la urgencia de someterlo a juicio político, y otros han manifestado su venia para iniciar el proceso de desaparición de poderes en el estado de Guerrero. Unos más sostienen que simplemente el Gobernador debe reconsiderar su decisión de mantenerse en el cargo, y optar por solicitar licencia de forma unilateral. Hasta hoy, nadie ha podido centrar sus ideas y explicar para qué quieren que el gobernador Aguirre se vaya.

Este no es un asunto menor: Ángel Aguirre, como todos los gobernadores en el país, llegó al cargo con el respaldo de un resultado electoral, y a pesar de quienes no los ven con agrado, en su gran mayoría gobiernan los estados teniendo de su lado grandes porciones de la democracia representativa. Esto es, que en México casi todos los Mandatarios gobiernan teniendo mayorías afines en el Congreso del Estado, y sin mayores cuestionamientos de sus respectivos poderes Judiciales y órganos constitucionalmente autónomos.

Además, ningún Gobernador ha sido sometido a una revocación de mandato. Y si hoy el federalismo ha dado alguna de sus tenues demostraciones de consolidación, esto se nota en el hecho de que los Gobernadores ya no se encuentran subordinados al poder presidencial y tampoco son apéndices del régimen de partido hegemónico en las entidades federativas. Estas son razones formales que, en los hechos, se encuentran a favor de todos los Gobernadores en México, incluyendo al impresentable mandatario Aguirre Rivero.

Ahora bien, tomando en cuenta esto, volvamos a la pregunta: ¿Para qué quieren que se vaya Ángel Aguirre? Porque en un país como el nuestro, no es común escuchar opiniones unánimes en partidos y grupos políticos contrarios entre sí, y es mucho más raro que esa opinión sea clara en expresar el qué, pero sin siquiera ocuparse de dar una explicación de sus porqués.

En ese sentido, hay algunos líderes y representantes partidistas que quieren que Aguirre Rivero deje el cargo, para disputárselo entre ellos. Hay otros que sólo se subieron al tren de lo políticamente correcto, y como hoy dicho canon sostiene que lo indicado y bien visto es pronunciarse a favor de la licencia del gobernador (o del juicio político, o de la desaparición de poderes), entonces lo están repitiendo sin saber exactamente qué alcances puede tener una decisión, o una presión, de esa magnitud, y sólo se quedan con los argumentos que otros sostienen por un interés o motivación política. Lamentablemente, son los menos —y debieran ser los más— quienes sostienen que el Gobernador debe irse por razones morales o para permitir el reordenamiento del poder en aquella entidad.

¿PARA QUÉ SE IRÍA?

Si algunos quieren que el Gobernador de Guerrero se vaya únicamente para que quienes se quedan se disputen el vacío que éste dejaría, entonces el remedio sería más grave que el problema mismo, pues esa sería una garantía de que de todos modos subsistirían los mismos problemas estructurales de gobierno por los que hoy Aguirre tiene un pie fuera del gobierno, y lejos de resolver cualquier conflicto, la disputa por el poder estatal generaría un nuevo problema que hoy no existe en Guerrero, y que irremediablemente pasaría por la inestabilidad en el Congreso y los poderes formales y fácticos.

Ahora bien, si es el gobierno federal quien abona a que el gobernador Aguirre solicite licencia a su cargo, lo que ya debería tener listo es un plan de intervención en Guerrero. ¿Qué significa esto? Un plan a través del cual pudiera tomar las riendas del Congreso de aquella entidad, y pudiera efectuar un control de daños en tiempo real de todas las posibles situaciones de riesgo para garantizar el arribo de un Gobernador afín a la federación, que además viniera acompañado desde el primer momento por un plan estructural para rescatar la seguridad y dar soluciones a los problemas que Aguirre no pudo resolver.

Eventualmente, esta sería una salida eficaz aunque evidentemente significaría la claudicación total del incipiente federalismo mexicano, que hoy en día apenas si da destellos de existencia, pero que justamente eso se refleja en la “estabilidad” política de los gobernadores en sus cargos.

¿Esas podrían ser todas las razones? Evidentemente, no. En realidad, la razón más consistente para orillar la salida de un gobernador como Aguirre, debiera estar en su imposibilidad moral para sostenerse en el cargo. Esto es: un gobernador a quien le explota en las manos un problema del tamaño del de la desaparición forzada de 43 normalistas, y al que además se le descubre que en los mismos tiempos de su gobierno su entidad se convirtió en una gran narcofosa, es evidentemente un mandatario fallido que debería dejar su cargo por una ineptitud manifiesta, además de la comisión por omisión de los delitos que llegaran a configurarse.

En una empresa privada, por ejemplo, un gerente inepto debe ser separado de su cargo inmediatamente después de que se le comprueban sus deficiencias, primero como consecuencia de su incapacidad, y segundo, para que no siga cometiendo errores que pongan en riesgo a toda la compañía.

FACILITAR LAS INVESTIGACIONES

Otra razón consistente, que se ha esgrimido realmente muy poco, es la relacionada con que el gobernador Aguirre debe dejar su cargo para facilitar las investigaciones de los normalistas desaparecidos, de las narcofosas y de la delincuencia galopante que impera en aquella entidad. Como quiera que sea, todos los funcionarios estatales son subordinados de Aguirre y las investigaciones pasan por la presunta comisión de un montón de delitos del fuero común que no podrán ser indagadas imparcialmente mientras el actual Gobernador continúe en su cargo.

+ ¿Qué intereses están detrás de STPEIDCEO?

La administración estatal lleva años consintiendo la ineficacia de miles de sus trabajadores sin hacer algo para cambiar el estado de cosas, y lejos de que se vislumbre un cambio positivo, lo único que se encuentra a la vista es la elección de la nueva dirigencia de los burócratas estatales. Este proceso, que no reporta ningún beneficio para los trabajadores o para la administración pública, es más bien ocasión para la manipulación y la búsqueda de intereses políticos a costillas de los empleados.
En efecto, luego de que pasó la llamada “semana del empleado” en la burocracia estatal —una semana, que en realidad son dos, en las que el gobierno le “regala” a los trabajadores de base un bono económico, y días de descanso, para que realicen actividades recreativas en ocasión del Día del Empleado, aún a costa de menguar los servicios públicos que el gobierno presta a la ciudadanía—, vale la pena analizar qué mejoras le ha procurado el gobierno a sus trabajadores para que sean más productivos, y qué destino tiene la parte política del manejo gremial de los más de nueve mil burócratas estatales.
El asunto no es menor. Pues de entrada está el hecho de que el gobierno estatal ha mantenido desde hace años a una burocracia privilegiada, costosa y poco productiva. El Gobierno del Estado, por ejemplo, nunca ha tenido el interés de promover un verdadero servicio profesional de carrera que permita la profesionalización de la burocracia de base y el incremento de su productividad y eficiencia, a través de esquemas institucionales de escalafón basado en la productividad.
De hecho, cuando llegó Alberto Vargas Varela a la Secretaría de Administración, dijo que ese sería uno de sus objetivos como titular de esa dependencia. Sin embargo, a cuatro años de distancia, y sin ningún paso dado sobre la ruta que él mismo marcó el día en que tomó posesión, queda claro que ese es uno de los temas que definitivamente abandonó, o no pudo abordar. Y hoy en día la burocracia estatal sigue siendo la misma de siempre, que consume recursos millonarios, que carece de rumbo, y que reporta muy pocos beneficios a la administración estatal.
No obstante, parece claro que el de la improductividad es el menos grave de sus problemas, porque junto a él se encuentra otro: el de la manipulación con fines políticos. ¿De qué hablamos? De que el sindicato de burócratas ha sido un factor de poder para políticos y funcionarios. Y de que hoy que se avecina la elección del próximo dirigente de los burócratas ya hay intereses bien definidos alrededor de ellos, que buscan aprovecharse de él para alimentar futurismos. Veamos.
Por un lado se encuentra la llamada “unidad sindical”, que no es sino un amasijo de pequeños grupos de burócratas manipulados por el dirigente saliente del STPEIDCEO, Juan Rosas, y el director general del Colegio de Bachilleres, Germán Espinosa Santibáñez. Éste grupo es quien parece estar recibiendo la venia oficial, a través del otorgamiento de días de descanso y apoyos económicos para la realización de actividades abiertamente proselitistas, fuera de los plazos legales.
Hace unas semanas, por ejemplo, con financiamiento hasta ahora no aclarado, ese grupo de Unidad Sindical organizó un desayuno masivo, en horas y días hábiles, al que invitaron a todos los trabajadores de base que quisieran asistir. El “gancho” era doble entre los burócratas: desayuno y día de descanso, para identificarse con ese grupo, que lo que busca es simpatías de cara a la elección de la dirigencia sindical.
El problema es que ni así, Unidad Sindical pudo reunir a las mil 500 personas que esperaba, y sí quedó el cuestionamiento, primero, de quién costeó el desayuno, y segundo, de por qué la Secretaría de Administración le autorizó a ese grupo el día de descanso para los asistentes si la reunión no tenía ningún objetivo sindical, si el proceso electoral aún no inicia, si dicha actividad era claramente un acto proselitista. Y sobre todo, lo más ruidoso del asunto es que esto constituye una abierta intromisión de la Secretaría de Administración en temas en los que no debería involucrarse.

MANIPULACIÓN
El problema es que reiteradamente el gobierno estatal ha intentado manipular al sindicato de burócratas, y casi siempre se le ha salido de control. En los noventas eso pasó con Reveriano Chagoya, a quien utilizaron hasta que intentó rebelarse, y entonces provocaron un grave problema político para el gobierno y sólo se resolvió cuando encarcelaron a Chagoya y cooptaron a los líderes menores.
Esa historia se repitió a principios de la década anterior con Oliverio Neri, quien por un pésimo manejo político del gobierno intentó también una rebelión, que ni tenía fines a favor de los trabajadores, ni contaba con la fuerza para defender sus posiciones políticas. En todos los casos, pues, los experimentos de manipulación política al interior del STPEIDCEO han derrotado a quienes los han intentado, y además han sumido a la burocracia estatal en el descrédito y la improductividad, además de ocasionar más problemas de los que han resuelto.
Hoy pareciera que esta situación se repite con el intento abierto de Espinosa Santibáñez, y de Juan Rosas —a quien acusan de traición al grupo que lo llevó a la dirigencia gremial—, con el apoyo de funcionarios estatales, por generar una corriente que derrote al grupo que desde hace casi una década ha demostrado tener el respaldo mayoritario entre los burócratas, y que tiene como cabeza visible al ex dirigente Joel Castillo Pérez.
Y es que no está mal que intenten generarle oposición a ese o a otros grupos. El problema es que lo hacen mal, sin capacidad de persuasión genuina entre sus agremiados, y quebrantando abiertamente las reglas mínimas de la convivencia entre los burócratas, al utilizar recursos públicos para sus actividades, que además son realizadas al margen de los tiempos establecidos para ello.

LA ANARQUÍA
Es claro que quienes buscan meterse por la fuerza a la política sindical de los burócratas, lo hacen con la intención de ser un factor para la sucesión de 2016 en Oaxaca. El problema es que hoy parece haber más intereses políticos que de la clase trabajadora, y que si no hay un manejo político eficaz de esta situación, este bien puede convertirse en otro problema para la gobernabilidad al interior de la administración estatal. ¿A quién le conviene que haya inestabilidad? Es la pregunta que debían responderse quienes hoy permiten y alientan a los que quieren madrugar, en el relevo de la dirigencia del sindicato de burócratas.

+ Desaparición de poderes, desechado por el Senado

Parece increíble, pero es cierto: en México a pesar de la existencia de mecanismos de control de la constitucionalidad, no parece haber caminos viables frente a la situación de un insostenible como el gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero en Guerrero. No existen, primero porque en ese aspecto la Constitución de la República está desfasada frente a la realidad; y segundo, porque si tomamos como base los criterios del pasado reciente sobre la desaparición de poderes, podríamos ver que —a menos de que haya un acuerdo político para echar mano de esa figura— el mismo Senado la ha declarado inoperante.

En efecto, en nuestra entrega de ayer hacíamos un repaso somero de las normas jurídicas locales y federales que en un momento dado podrían regir o la desaparición de poderes, o el procedimiento de juicio político en contra del gobernador Aguirre en Guerrero. En realidad, su separación del cargo de Gobernador se ha vuelto un imperativo nacional frente a los graves hechos del 26 de septiembre en Iguala. Y sin embargo, hasta hoy no existe un criterio claro sobre qué prevenciones deben tomar los poderes federales, o el Congreso de Guerrero, en uno u otro caso, para poder separarlo del cargo sin romper la ley, dado que el propio Aguirre ha sostenido que su voluntad es continuar en el cargo.

Y es que tal y como lo analizábamos ayer, optar por la ruta del juicio político es materialmente imposible, dado que la bancada perredista en Guerrero es mayoría, y es quien apoyaría al gobernador Aguirre para sostenerse en el cargo. Por eso, decíamos, el otro camino se encontraba en la desaparición de poderes. Y afirmábamos que sólo faltaba ver si el Senado ocupaba correctamente, como prueba de la desaparición de poderes, los hechos del lunes pasado… en lo que Oaxaca en 2006, no es buena referencia.

No es el ánimo ser machacones. Pero si de lo que se trata es de tratar de probar la ingobernabilidad como causal para la desaparición de poderes ante el Senado de la República, Oaxaca es el único referente reciente al que habría que acudir. Y, lamentablemente, para los que quisieran que por esa ruta se fuera el gobernador Aguirre, la solución senatorial al caso Oaxaca no ayudaría como referente. ¿Por qué?

Valdría la pena recordar, brevemente, algunas circunstancias. Esta semana, en Guerrero, hubo un solo día de disturbios. Pero en Oaxaca, en 2006, los poderes locales estuvieron cinco meses a salto de mata. El Poder Ejecutivo no pudo ejercer sus funciones normalmente. El Legislativo actuó siempre en sedes alternas. El Judicial funcionó a medias, porque las salas del Tribunal Superior no pudieron sesionar durante la revuelta, y porque los juzgados de la capital fueron tomados. Todo esto, además de los constantes disturbios, enfrentamientos y ataques a la paz pública y los derechos de terceros, cometidos lo mismo por las caravanas de la muerte que por los integrantes de la APPO y la Sección 22 para tratar de generar las condiciones de ingobernabilidad que según ellos eran necesarias para la desaparición de poderes.

¿QUÉ RESOLVIÓ EL SENADO?

En 2006 el Senado recibió por lo menos siete solicitudes de desaparición de poderes en Oaxaca, basadas en el argumento de la ingobernabilidad. La Comisión de Gobernación del Senado conformó una Comisión de Senadores que vino a la entidad a corroborar lo que decían las solicitudes. Y vale la pena releer, punto por punto, bajo qué argumentos la Cámara alta resolvió, el 19 de octubre de 2006, la improcedencia de dicha solicitud. (El dictamen, íntegro, puede consultarse en http://bit.ly/1rd7VnQ) Veamos.

“I. Esta Comisión de Gobernación encuentra que el marco legal de la desaparición de poderes está rebasado por la realidad y la compleja vida actual. La legislación vigente fue pensada para un sistema político que ha sido superado por la dinámica política que en los últimos años ha vivido el país. Un ejemplo de esta complejidad para declarar la desaparición o no de los Poderes de un estado, como en este caso, lo constituye el hecho de que la Ley Reglamentaria de la fracción V, del artículo 76 constitucional, confiere al Senado más facultades que el propio texto constitucional. Es por ello, que aún cuando se tuviera la voluntad de declarar desaparecidos los poderes, en la situación que nos ocupa y con el marco de la actual legislación, no se dan los supuestos de ley.

“II. Resulta insoslayable que existen condiciones graves de inestabilidad e ingobernabilidad en el Estado de Oaxaca; que se ha trastocado seriamente el orden jurídico y la paz social. Sin embargo, esta Comisión dictaminadora, ciñéndose al marco jurídico vigente, sólo puede concluir que los hechos que esta situación ha generado, no implican la desaparición, esto es, la ausencia o inexistencia, de todos los Poderes del estado de Oaxaca.

III. Una vez analizados los antecedentes, valoradas las pruebas y vertidas las consideraciones, se concluye que no se actualizan los supuestos normativos previstos por la fracción V del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para proceder a declarar desaparecidos los Poderes del Estado de Oaxaca y por tanto, no ha lugar a nombrar Gobernador Provisional en dicho Estado.”

Bajo esos argumentos, en resumen, el Senado resolvió que no era procedente la solicitud de desaparecer poderes en Oaxaca. No, porque según ellos, los hechos graves ocurridos durante cinco meses no eran prueba plena de que los poderes habían desaparecido. Pero sobre todo, porque el Senado consideró que el marco jurídico estaba rebasado por la realidad y que por ende no era aplicable frente a una situación y un tiempo como el que ocurría entonces.

Y lamentablemente, ese parece ser el único referente para Guerrero, en donde a pesar de que existe una responsabilidad de Estado por la detención-desaparición de los normalistas, y de que esa responsabilidad pasa necesariamente —por acción u omisión— por el Gobernador del Estado, que debía irse para facilitar la realización de una investigación imparcial, parece muy poco posible que pueda operar plenamente esta figura para que el Senado lo separe de su cargo.

SOLUCIÓN POLÍTICA

¿Qué soluciones quedan? Que el PRD haga la labor política necesaria para que, “voluntariamente”, el gobernador Aguirre solicite licencia a su cargo; otra salida pueda ser que el gobierno federal lo haga, presionándolo con el fincamiento de otras responsabilidades. Pero al final, y para mal de todos, ninguna salida pasa por la Constitución y las leyes.

+ Desaparición de poderes, único camino posible… y viable

Si el conflicto magisterial de Oaxaca en 2006 dejó muchas lecciones al país que nadie ha considerado, una de las primordiales tendría que versar en cómo abordar constitucionalmente la necesidad de que el Gobernador del Estado se separe de su cargo. En Oaxaca, en aquel año, las dos vías posibles fueron inviables: La de la desaparición de poderes en la entidad, y la del Juicio Político a Ulises Ruiz. ¿Cuál es el panorama del gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero hoy en Guerrero?

En efecto, para entender a cabalidad la situación que hoy prevalece en Guerrero, vale la pena echarle un ojo al pasado en Oaxaca. Y es que ayer martes, la dirigencia nacional del PRD dejó formalmente solo al gobernador Aguirre. Carlos Navarrete, dirigente nacional perredista, dijo que “ante los graves acontecimientos que se han desatado en la entidad guerrerense, el gobernador debe evaluar si puede mantenerse en el cargo”.

Esto lo afirmó Navarrete luego de reunirse con Ricardo Anaya, líder nacional del PAN, quien a su vez dijo que “la única instancia facultada para determinar la desaparición de poderes en Guerrero y un eventual juicio político en contra de Ángel Aguirre Rivero es el Senado de la República”. Estas dos posturas dejan, en efecto, solo al gobernador Aguirre… quien sólo pende de los beneficios que le otorgan las lagunas constitucionales guerrerenses. ¿De qué hablamos?

De que para ver si funcionan o no los mecanismos señalados por las cúpulas panista y perredista nacionales, no hace falta sino hacer un pequeño análisis a las normas federales y locales que rigen esos procedimientos. Pues en el primero de los casos, el del juicio político, queda claro que sería inviable optar por dicho camino, a partir de la contradicción de las normas estatales con las federales. Veamos.

Por un lado, el segundo párrafo del artículo 110 de la Constitución federal dice que “Los Gobernadores de los Estados (…) sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda”.

Es muy probable que, por las faltas que se le imputan hoy en día al gobernador Aguirre, el juicio político federal sea procedente… sin embargo, la misma Constitución establece un candado, a través del cual debe ser la Legislatura estatal la encargada de ejecutar las sanciones al Gobernador, que según la Constitución federal deben consistir en su separación del cargo y la inhabilitación para ocupar responsabilidades públicas.

No obstante, el centro de todo se encuentra en la Constitución local guerrerense. Y resulta que el recién reformado artículo 195 de la Constitución de Guerrero señala que “incurren en responsabilidad política los servidores públicos que en ejercicio de sus funciones realicen actos u omisiones que vulneren los principios fundamentales de la presente Constitución o infrinjan las leyes que regulan el manejo del patrimonio del Estado o de los municipios.

Luego, la fracción VII de la primera parte del artículo 195 señala que procederá el fincamiento de responsabilidad política “por las siguientes causas graves”: “Cualquier infracción a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y a las leyes federales o del Estado cuando cause perjuicios graves a la Federación, al propio Estado de Guerrero, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones…”

Y luego de contemplar al Gobernador como posible sujeto de juicio político, dicho precepto dispone que la responsabilidad política se sancionará con la destitución del servidor público y su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público del Estado o de los municipios, por un periodo máximo de diez años, en los términos dispuestos en la ley”.

¿Por qué si la Constitución de Guerrero dice todo esto, el gobernador Aguirre dijo la semana pasada, en tono retador y hasta burlón, que sólo dejaría su cargo si el pueblo guerrerense, mediante una consulta pública, así lo decidía? Casi nada: porque la Constitución de Guerrero dispone que se necesita el voto favorable de dos terceras del total de integrantes de la Legislatura, que está integrada por 46 diputados. Para separarlo de su cargo se necesitarían 31 votos. Y si tomamos en cuenta que la bancada del PRD en la LX Legislatura de Guerrero (que es la bancada del gobernador Aguirre) tiene 20 diputados, la posibilidad de que procediera el juicio político evidentemente es nula.

DESAPARICIÓN DE PODERES

La salida directa a este problema de que el gobernador Aguirre no sólo se sienta seguro en el cargo, sino de que se burle de quienes quieren que se vaya, y se aferre a su posición, sería a través de la desaparición de poderes, a través de la cual el Senado declararía desaparecidos los tres poderes locales, incluyendo el que está depositado en la persona del gobernador Aguirre.

Sobre esto, la fracción V del artículo 76 de la Constitución federal dice que es facultad exclusiva del Senado declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un Estado, que es llegado el caso de nombrarle un Gobernador provisional, quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo Estado.

El nombramiento de Gobernador se hará por el Senado, dice la Constitución, a propuesta en terna del Presidente de la República con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes, y en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme a las mismas reglas. Y vale la pena considerar que, según la Constitución federal, la disposición antes transcrita “regirá siempre que las constituciones de los Estados no prevean el caso”, tal y como lo es el de la recién reformada Constitución de Guerrero, que no contempla el supuesto de la desaparición de poderes decretada por los poderes federales.

¿QUÉ SIGUE?

Ver, por un lado, hasta dónde el gobernador Aguirre tiene control de su Congreso y hasta dónde puede el PRD influir en la posibilidad de que solicite licencia a su cargo. Y, por el otro, ver si el Senado ocupa correctamente, como prueba de la desaparición de poderes, los hechos del lunes pasado… en lo que Oaxaca en 2006, no es buena referencia. Abundaremos.