Entidades federativas, rostro real del Estado fallido

Ayer, el presidente Enrique Peña Nieto aceptó en Nuevo León que “que se advierten señales de debilidad institucional en algunas partes del territorio nacional”. Sin referirse a ellas, específicamente se refirió a entidades federativas en las que las condiciones de inseguridad, violencia o ingobernabilidad, han rebasado la capacidad del Estado de mantener sus funciones esenciales. Bajo esa perspectiva de la debilidad institucional, bien podrían encontrarse estados como Guerrero, Michoacán, Oaxaca o el Estado de México. Y la pregunta que queda, y que también debe responder el gobierno federal, es: ¿quién es el o los responsables de ello?
En efecto, la debilidad institucional existe y la hemos visto y señalado reiteradamente. De hecho, desde principios de año (ver Al Margen 22.01.14) apuntábamos que, en el caso de Michoacán, éste era un ejemplo nacional de la debilidad institucional llevada al extremo. Sin embargo, señalábamos, es claro que lejos de que ese sea el único ejemplo, en realidad en México deberíamos comenzar a repensar con seriedad nuestro modelo de federalismo, pues sólo en una democracia de locos podría pensarse que el incremento en la exigencia de las instituciones federales, es inversamente proporcional a la capacidad de respuesta que tienen los gobiernos estatales o municipales.
Todo esto queda ratificado 10 meses después, cuando no sólo Michoacán, sino Guerrero, Oaxaca y el Estado de México han venido tronando a causa de diversos problemas que no han sido atendidos adecuadamente, y que bien podrían llevarnos nuevamente a pensar en la figura del Estado fallido como denominación de estas problemáticas, que todos conocemos: Michoacán, Estado de México y Guerrero, por ejemplo, están rebasados por la violencia y la delincuencia organizada. Y Oaxaca vive sometida por un poder fáctico llamado Sección 22 del SNTE. En cada uno de los ejemplos, el común denominador es la incapacidad del Estado para ejercer sus funciones y para mantener el monopolio de la fuerza pública.
Y es que según se apunta en un estudio sobre el concepto y los alcances de los Estados fallidos, editados por la Cámara de Diputados (http://bit.ly/1t3rHcs), lo que se quiere decir es que un estado “tiene éxito” si mantiene un monopolio en el uso legítimo de la fuerza física dentro de sus fronteras. Cuando este monopolio está quebrantado, por ejemplo, por la presencia dominante de señores de la guerra, de milicias o de terrorismo, la misma existencia del Estado llega a ser dudosa, y se convierte en un Estado que ha fallado o Estado fallido.
El término, dice el estudio aludido, también se utiliza en el sentido de un Estado que se ha vuelto ineficaz. Es decir, un estado que tiene control nominal militar y policial sobre su territorio, solamente en el sentido de no tener grupos armados desafiando directamente la autoridad del Estado, pero que no puede hacer cumplir sus leyes uniformemente debido a las altas tasas de criminalidad, corrupción extrema, un extenso mercado negro y/o informal, burocracia impenetrable, ineficacia judicial, interferencia militar en la política, grupos de poder fácticos que imponen sus decisiones sobre la aplicación de la ley, la ley misma y el interés general, situaciones culturales en las cuales los líderes tradicionales gastan más energía que el Estado sobre ciertas áreas aunque no compitan con el Estado, y otros factores.

ESTADOS FALLIDOS
Si releemos los dos párrafos anteriores, podríamos creer que lo que se están definiendo son amplios espacios del territorio nacional, en los que el gobierno no puede imponer su potestad soberana… aunque en realidad, a los estados a los que se refiere dicho estudio son, entre otros, Camerún, Liberia, Nigeria, Somalia, y Papúa Nueva Guinea.
En ese sentido, es claro que lo que hoy el gobierno federal denomina como “debilidad institucional” son en realidad indicadores de Estados fallidos, en los que es muy difícil imponer la fuerza del Estado. Acaso, de las cuatro entidades federativas donde se presenta con mayor vigor este problema (la mayoría de ellas ubicadas en el sureste del país), la menos compleja es Oaxaca. Aquí los problemas los genera un poder fáctico (la Sección 22 del SNTE) que impide al Estado ejercer ciertas funciones. Pero siendo rigurosos, queda claro que esto no puede ser comparado con la violencia, la criminalidad y la colusión entre criminales y servidores públicos, que prevalece en estados como Michoacán o Guerrero.
No obstante, lo que vale la pena preguntarse, y responderse, es sobre quién recae la responsabilidad, además de los gobiernos estatales y municipales, que definitivamente claudicaron en la posibilidad de hacer valer el orden público. Y la respuesta debe apuntar también hacia la Federación. Pues es en realidad insostenible que el presidente Peña Nieto diga que las crisis y la adversidad “pueden superarse cuando existe voluntad y capacidad”, cuando lo cierto es que este no es sólo un asunto de voluntad sino también de colaboración e intervención de los tres ámbitos de gobierno, solidariamente.
¿A poco es creíble sostener que la federación no se dio cuenta, y nunca pudo hacer algo, para frenar el proceso de descomposición que hoy viven varias entidades federativas? ¿A poco el gobierno federal nunca supo que gobernantes guerrerenses y michoacanos convivían y se hacían cómplices con criminales? ¿Y, a poco en el caso de Oaxaca, el gobierno federal nunca supo que, para administrar sus propias crisis políticas, durante décadas el gobierno estatal le fue dando todo al magisterio, hasta crear el monstruo que hoy tiene de rodillas a la paz social, al gobierno, y a la ciudadanía?
Este es, en realidad, un asunto integral que debe resolverse con la colaboración entre los tres ámbitos del gobierno, si es que aún pretende mantenerse vigente el federalismo. Éste, se supone, debe servir para generar un desarrollo integral de todas las partes que conforman un Estado; pero en el ejemplo mexicano, tal pareciera que la Federación ha servido sólo para hacer fuerte a un solo ámbito (el federal), a costa de que en los otros dos (estatal y municipal) los grandes acuerdos sólo busquen hacer quebrar al propio Estado.

OAXACA, ¿CUÁNDO?
Todo esto, además, suena a burla cuando la administración federal lleva 23 meses de ejercicio, y el Presidente no ha puesto un pie en la entidad. Eso revela que, además de la “debilidad institucional”, Peña Nieto ve como un cliché eso de “visitar los estados para refrendar el pacto federal”. Terrible.

+ En la condición actual, ¿ya no existen salidas posibles?

En una declaración atípica, el gobernador Gabino Cué Monteagudo dejó de lado la tolerancia y, al inicio de la semana, llamó abiertamente a los diputados de la LXII Legislatura del Estado a aprobar ya la Ley Estatal de Educación “porque el plantón que mantiene la Sección 22 del SNTE depende ahora del Congreso del Estado”. ante esto, cabe la pregunta: ¿De quién es la culpa de que el proceso de armonización continúe empantanado, y que la solución a este tema simplemente no tenga para cuándo llegar?
En efecto, el lunes en un acto público el Gobernador fijó una exigencia directa: El plantón, dijo, es responsabilidad del Congreso. Y continuó: “Yo haría un llamado muy respetuoso al Congreso del Estado para que a la brevedad pueda legislar en materia educativa, porque el Ejecutivo del Estado ya cumplió con el compromiso de participar en un proceso muy largo de la construcción de la ley educativa (…) Por eso mi llamado a los diputados y diputadas para que a la brevedad legislen en la materia y eviten que el plantón se siga prolongando; ya son muchos días…”.
Y específicamente, el Mandatario fijó la responsabilidad de la principal fuerza de oposición en el Congreso: el PRI. A los legisladores de ese partido, en lo particular, el titular del Ejecutivo estatal les pidió “asumir la responsabilidad que les corresponde y cumplir el compromiso que hicieron con el Magisterio de cara a la sociedad”. Este llamado, y la puntualización específica al PRI tiene mucho de fondo, porque lo que revela es la existencia de un “atorón” que no saben, en el gobierno y en la fracción del PRI, cómo resolver. ¿Por qué?
Porque específicamente, el gobierno hoy está colaborando con el llamado al PRI, que participó como firmante de las dos declaraciones políticas entre la Sección 22 y los Poderes Ejecutivo y Legislativo. En la primera de ellas, la del 10 de marzo, Ejecutivo y Legislativo se comprometieron a construir una ley educativa que recogiera las inquietudes del magisterio y respetara sus derechos adquiridos, en el marco de la nueva redacción de la Constitución federal.
Y en la segunda, signada el 27 de julio, ratificaron el cumplimiento de los acuerdos del 10 de marzo, y de “continuar de manera conjunta el proceso de construcción de la nueva Ley Estatal de Educación del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y su aprobación, en un clima de respeto y civilidad; de conformidad al proceso legislativo que mandata la Constitución de Oaxaca. A efecto de garantizar que no se apruebe ninguna otra iniciativa de Ley en forma unilateral, sino mediante el consenso de las partes signatarias del presente acuerdo”.
Este compromiso, letra por letra, ancla al PRI a una promesa que no puede ni quiere cumplir. ¿Por qué? Porque tal y como lo reconocen tácitamente la 22 y el Ejecutivo estatal, dar cumplimiento al compromiso de aprobar íntegra la iniciativa construida entre la 22 y los poderes estatales, y cerrar el paso a cualquier otra iniciativa, significa ir, primero, en contra de la Constitución federal; y segundo, ir también en contra de los lineamientos que ha marcado el PRI nacional, en el sentido de que su fracción parlamentaria en Oaxaca sólo deberá aprobar una iniciativa que sea acorde con el contenido de la legislación federal en la materia, y por ende rechazar cualquier otro contenido de la nueva legislación estatal.

LOS REPROCHES
Nadie en la fracción parlamentaria del PRI explicó, el 10 de marzo, por qué su coordinador, Alejandro Avilés Álvarez, había asistido a convalidar el acuerdo entre los Poderes del Estado y la Sección 22. La explicación era necesaria, y habría sido orientadora, porque en ese momento prevalecía una gran incertidumbre respecto a la postura que habría de tomar el partido tricolor en Oaxaca respecto a la nueva ley educativa.
No obstante, al estar presente en el evento sin dar una explicación de las razones que lo habían movido a acudir, lo que Avilés hizo fue dejar ver la posibilidad de que ya había una negociación, y un acuerdo concreto entre el gobierno, la 22, y su bancada, para ir adelante con esos compromisos y después con la iniciativa que saliera de la comisión redactora conjunta. Y dado que el PRI como partido de oposición había ya demostrado amplio colaboracionismo con el gobierno en los últimos años, esto tampoco parecía del todo raro.
Por eso mismo sorprendió que unas semanas después el PRI cambiara su perspectiva y anunciara que sólo votaría a favor de una iniciativa que fuera concordante con el contenido de las normas federales. Esto cerró definitivamente la puerta a la posibilidad de cumplir con los acuerdos del 10 de marzo. Pero dejó vigente una duda que hoy parece confirmarse con el reproche abierto del Gobernador del Estado a la bancada del PRI. ¿Por qué?
Porque no hace falta sino releer el mensaje del Gobernador a la bancada priista para entenderlo. El titular del Ejecutivo estatal, apuntamos en líneas anteriores, les pidió a los priistas “asumir la responsabilidad que les corresponde y cumplir el compromiso que hicieron con el Magisterio de cara a la sociedad”. ¿Cuál es ese compromiso? El que está contenido en la Declaración Política del 10 de marzo, y que fue ratificado en la Segunda Declaración, que también fue respaldada por el PRI el 27 de julio pasado.
Ahora lo que hace falta saber es bajo qué condiciones se estableció ese compromiso, y qué acuerdos se están rompiendo junto con el aparente “acto de congruencia” de la bancada del PRI con la reforma del presidente Enrique Peña Nieto. Si no hubiera ningún compromiso —hasta ahora no declarado— en medio de esos acuerdos, el PRI no habría ido desde el principio con las dos declaraciones políticas ni se habría comprometido a aprobar una iniciativa en particular, y por ende hoy nadie tendría cara ni argumentos para reprocharle públicamente porque no están cumpliendo “el compromiso que hicieron con el Magisterio de cara a la sociedad”.

SIN SALIDA
Al final, es claro que en el Congreso no le encuentran la cuadratura al círculo con la ley educativa, por una razón: cumplirle al magisterio significa romper la constitucionalidad; no cumplirle, significa declararle la guerra a la Sección 22. Lo primero no pueden ni quieren hacerlo; en lo segundo, se sienten tan débiles, que por eso le han dado tantas largas a la posibilidad de presentar si quiera un dictamen final de ley educativa. Incluso, en varias ocasiones han amagado con subir el acuerdo al orden del día, pero lo bajan a la primera reacción de la 22. ¿Dónde queda, pues, aquello de legislar responsablemente y no dejarse presionar?

+ Gestión, vicio arraigado y nocivo entre los diputados

Las fracciones parlamentarias del Congreso local, se están aprovechando abiertamente de la complicidad disfrazada de autonomía, bajo la cual están tratando de obtener más recursos públicos sin decir para qué, y sobre todo sin corresponder con transparencia, rendición de cuentas y compromiso con la responsabilidades para las que fueron electos. Su pobre desempeño, sus prácticas llenas de vicios y oscuridades, y hasta su ominosa figura como gestores, así lo comprueban.
En efecto, vale la pena repasar integralmente esta situación para entenderla. Pues según informaba TIEMPO en su primera plana de ayer lunes, los diputados de la LXII Legislatura de Oaxaca buscan autorizarse un presupuesto superior a los 870 millones de pesos, que contrasta con el gasto ejercido hace apenas unos años. “Los diputados (…) aumentaron desde diciembre del 2013 en más de un 60 por ciento su presupuesto, al pasar de poco más de 500 millones de pesos en el último año de la anterior Legislatura, a más 874 millones de pesos en el 2014 (…) en el Presupuesto de Egresos del 2014, el Poder Legislativo se autorizó un presupuesto de 389 millones 77 mil 72 pesos con 24 centavos. A éstos recursos se añaden otros por el orden de los 5 millones de pesos para cada diputado local, es decir 210 millones de pesos, mismos que fueron ejercidos en el primer semestre del 2014.
Y el diario continúa dando cifras. Pues señala que al aprobarse el paquete fiscal del 2014, al presupuesto se le agregó una reasignación para el Poder Legislativo por el orden de los 275 millones 9 mil 744 pesos. Al final del ejercicio fiscal, de acuerdo con la Secretaría de Finanzas, el presupuesto asignado al Congreso local será de 874 millones 86 mil 816 pesos con 24 centavos.
Esto es, ciertamente, un mundo de dinero que no corresponde, primero, con la improductividad legislativa. Pues es de todos sabidos que en los dos periodos ordinarios del primer año legislativo, la actividad de los representantes populares estuvo llena de temas de coyuntura, pero muy pocos relacionados con asuntos de impacto para toda la ciudadanía. Los diputados locales, pues, sólo lograron sacar adelante tres reformas constitucionales (la de la “irreductibilidad” del presupuesto del Congreso, la relacionada con el nombramiento de los administradores municipales, y la que reducía los periodos de sesiones) que les eran indispensables para las complicidades en la operación política y financiera de los coordinadores parlamentarios. Pero nada más.
Los diputados no fueron capaces de sacar adelante la armonización de la legislación en materia educativa. Tampoco lograron establecer un criterio respecto a la iniciativa preferente que envió el Gobernador en el segundo periodo ordinario; y tampoco tuvieron la disposición para abordar cuando menos alguno de los muchísimos temas que siguen pendientes de resolver en las comisiones legislativas, que a su vez trabajan sin ningún control ni capacidad de resolución en los temas que les son turnados.
Así, es evidente que si fuera por productividad de fondo, los diputados debieran ser separados definitivamente de sus funciones. Sólo que según ellos ocupan mucho tiempo en su labor de gestión, cuestión que también debiera ser eliminada y no promovida desde el Gobierno del Estado, porque ello sólo genera tentaciones de corrupción y complicidades, que no le hacen bien a la democracia.

OSCURIDADES
Un tema ampliamente criticado al Congreso, es que cada diputado tiene asignado presupuesto para la contratación de asesores. Eso ocurre en todos los Congresos del país, y del mundo, con la diferencia de que en otros estados existe el deber y la responsabilidad de contratar a gente preparada profesionalmente en temas relacionados con la actividad legislativa, y en Oaxaca no. Ese es el problema.
Y es que resulta que para evitar la improvisación y el desvío de esos recursos asignados para la asesoría especializada, en muchos Congresos se crearon servicios de carrera a través de los cuales un asesor ingresa al servicio legislativo, sólo después de aprobar exámenes y pruebas de diversos tipos que demuestren sus conocimientos en temas parlamentarios. Después, es un mismo esquema de preparación, trabajo y evaluación, los que definen si ese cuerpo de asesores permanece o se renueva.
En Oaxaca no ocurre nada de eso. Más bien, aquí el Congreso ha buscado rehuir a cualquier responsabilidad administrativa o laboral, y por eso hoy la administración de la Legislatura entrega, en efectivo, el dinero que le corresponde a cada diputado por concepto de asesoría, y es éste quien le paga, sin que medie ningún contrato o responsabilidad laboral, a cada uno de sus asesores, la cantidad que éste considera adecuada.
Así, no es extraño que actualmente haya diputados que no tienen más que un asistente o secretaria, u otros que nombran asesores a discreción, que lo mismo pueden ser sus amigos, sus novias o sus compañeros de parranda, y que obviamente no sólo no tienen ningún tipo de preparación profesional relacionada con temas parlamentarios, sino que además retrasan y obstaculizan el trabajo legislativo por su inexperiencia y desconocimiento de los temas técnicos que deben desahogarse como parte del trabajo legislativo.
Incluso, uno de los temas que debían desaparecer es el de las asignaciones presupuestales para “gestión social”. ¿En alguna fracción del artículo 59 de la Constitución local, donde se enumeran las atribuciones de la Legislatura, se dice que el diputado debe ser un gestor? Esa idea, en realidad, lo que hace es institucionalizar el influyentismo de los legisladores, y reconocer la diferenciación en el trato que tienen los funcionarios del gobierno con el ciudadano común, y con un diputado.
Y es que se supone que el servidor público debe atender a todos, y responder las demandas de todos, por igual. ¿Cómo que a cada diputado se le asigna un monto para realizar obras o “gestión”? Esa es la razón por la que luego los diputados se revelan como constructores o como líderes de organizaciones sociales, y comienzan su labor a partir de los llamados “moches” o los “diezmos” que tanto daño le hacen a la democracia.

¿Y LA TRANSPARENCIA?
En ninguno de esos puntos cabe la transparencia. Los diputados, pues, no explican por qué deciden lo que deciden, o bajo qué consideraciones emiten sus votos. Nunca, nunca, hay votos razonados. Y ya no digamos en los temas relacionados con los recursos económicos. Ahí sí, verdaderamente, hay una caja de pandora.

Desaparición de normalistas, de lesa humanidad 

El enfrentamiento, las ejecuciones y las desapariciones forzadas ocurridas el fin de semana pasado en el estado de Guerrero, son una muestra clara de la profunda debilidad institucional del estado y los municipios, que no sólo no son capaces de responder frente a un conjunto de hechos como éste, sino que asumen una actitud de total indefensión frente a los poderes fácticos. Debemos preguntarnos si sigue siendo necesaria la existencia de los gobiernos estatales y municipales; o si por el contrario, esto debiera ser un llamado a la reconstitución del federalismo, que hoy en día está más que muerto en nuestro país. 

En efecto, vale la pena repasar las respectivas actitudes de los titulares del gobierno de Guerrero, y del municipio de Iguala, donde ocurrieron los hechos. Cuando se supo que un grupo de normalistas había sido atacado, que habían muerto seis, y que otros 43 se encontraban desaparecidos, la Federación asumió que este asunto debía comenzar a ser abordado por los gobiernos estatal y municipal, porque en ellos se encuentran las atribuciones primarias relacionadas con esos hechos. ¿Qué ocurrió en realidad? 

Que el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, simplemente dijo que él no sabía nada ni se había enterado de nada, a pesar de que la Policía Municipal bajo su mando había coprotagonizado los hechos. Para Abarca, que de inmediato debió dar explicaciones congruentes y suficientes, en realidad mostró una desfachatez enorme que apenas si alcanzaba a disimular la realidad de que él como autoridad ha estado todo el tiempo rebasado. 

¿Por qué? Porque desde el inicio se supo que fue la delincuencia organizada quien estuvo presente en esos hechos. Pero como el Edil de Iguala está, o tan cooptado, o tan sometido por el poder fáctico de la criminalidad, que entonces no le quedó de otra más que ponerse en la insostenible situación de reconocer su ignorancia en los hechos, pagar él el costo de la debilidad institucional del ámbito de gobierno que representaba, y tomar la decisión de separarse de su cargo para esconderse inmediatamente. 

Eso transfirió, inmediatamente, la responsabilidad al gobierno estatal guerrerense, que actuó más o menos de la misma forma. Esto porque a pesar de que la dimensión de los hechos catapulta las posibilidades de que este asunto se convierta en un tema de responsabilidad para el Estado mexicano (porque hay homicidios y desapariciones forzadas), el gobierno del impresentable Ángel Heladio Aguirre Rivero decidió también esconderse y darle al asunto un tratamiento impropio. 

Y es que resulta que funcionarios estatales prefirieron aprovecharse de la crisis para tratar de sacar una raja política; y mientras, la Procuraduría estatal se vio imposibilitada de actuar con eficacia en la indagatoria. El gobierno de Guerrero, pues, tampoco tuvo la claridad para ver que el hecho de que en el ataque a los normalistas, participaron elementos policiacos que, para efectos prácticos, son agentes del Estado; y que de los hechos se derivan delitos que bien pueden llegar a ser catalogados como de lesa humanidad, por su gravedad y trascendencia a toda la población, y no sólo a los directamente afectados. 

No lo vieron y por eso decidieron únicamente hacer lo indispensable para que esto no pareciera una situación de total desentendimiento –aunque en los hechos eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Nunca pudieron entender el contexto, y todos se quedaron ahogados en la incompetencia y el desentendimiento, como si esto en verdad pudiera resolver algo. 

DE LESA HUMANIDAD 

Para darnos una idea de la trascendencia de estos hechos, vale la pena tener por lo menos una referencia de lo que son los delitos de lesa humanidad. En ese sentido, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aclara esto y nos permite ver la dimensión de lo que pasó en Guerrero. 

Sobre esto, dice el artículo 7 del Estatuto, que se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Ese mismo numeral se establece que uno de los actos sancionados como crimen de lesa humanidad es el de la desaparición forzada de personas. 

Y luego sostiene: “Por “desaparición forzada de personas” se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado.”

¿Podrían encuadrar los hechos de Iguala en este supuesto? Muy posiblemente, sí. porque en este caso se dio la aprehensión y secuestro del grupo de normalistas no precisamente por una decisión de Estado pero sí con la aquiescencia, autorización y posiblemente hasta apoyo de agentes del Estado para consumar esos hechos. Y el hecho de que en todo este tiempo el gobierno guerrerense y el de Iguala demostraron ser incapaces y no tener interés genuino y de fondo, para dar con los responsables de los hechos y aclarar el paradero de estas personas, consumando con ello el supuesto de que con esa desatención se está provocando que las personas queden fuera del amparo de la ley. 

Por eso valdría la pena redimensionar lo que está ocurriendo, y el papel que juegan estos ámbitos de gobierno. ¿Deben seguir existiendo los gobiernos estatales y municipales a pesar de su incapacidad para enfrentar un conjunto de hechos como éstos? ¿O la solución debe pasar por el replanteamiento del federalismo para devolverle la fuerza y la capacidad de acción de los gobiernos estatales y municipales, en un contexto en el que durante los últimos años lo que han hecho es socavar de fondo sus capacidades?  

LUTO PARA TODOS 

También es necesario dimensionar la gravedad que reviste, para todos los mexicanos, la posibilidad de que se confirme que las fosas encontradas el fin de semana contengan los cuerpos de los normalistas. Eso sería brutal, por el hecho de que se comprobaría que éstos fueron ejecutados sin ninguna otra motivación más que la de hacer una demostración de fuerza, y enrarecer (aún más) el ambiente político en Guerrero.

+ Guerrero y Oaxaca: cruciales para la insurgencia

En unas cuantas semanas el país entró en una singular espiral de violencia, que debe ser tomada en consideración desde todos los estratos de la sociedad y el gobierno. Entre septiembre y octubre, han venido ocurriendo una serie de hechos que bien podrían encender la chispa de una revuelta regional, en la que podrían estar presentes los profesores de la CNTE de Guerrero y Oaxaca, estudiantes universitarios de la capital del país que se manifiestan por inconformidades, y otros grupos que están esperando el momento para reactivar su lucha.
En efecto, es necesario analizar este conjunto de hechos aparentemente aislados, porque en realidad parece que varios temas aparentemente desconectados sí tienen relación; pero sobre todo porque al haber habido ya intentos de insurrecciones populares en los últimos años, no puede descartarse la posibilidad de que ésta sea otra tentativa de levantamiento masivo, a partir de la conjunción de luchas particulares, en una masa general.
Y es que no deja de llamar la atención la forma en cómo se está desenvolviendo el manejo político que se le está dando al tema de la educación en los estados de Guerrero y Oaxaca. Para entender esto en un contexto más amplio, vale la pena recordar que, apenas el año pasado era la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) quien encabezaba la insurgencia en contra de la reforma educativa que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto.
De hecho, en 2013 fue Guerrero y no Oaxaca quien estalló la beligerancia en la capital del país; pero con el paso del tiempo, el magisterio oaxaqueño tomó el control del movimiento y de facto asumió el liderazgo nacional de la CNTE, a partir de la decisión de la Coordinadora guerrerense de volver a su estado, y aún bajo la circunstancia de que durante todo el ciclo escolar 2012-2013, la Coordinadora en Oaxaca no paró un solo día de clases por actividades sindicales. Nunca pareció quedar del todo claro por qué la CNTE guerrerense decidió apartarse de la lucha nacional en contra de la reforma educativa, y reducir sus posiciones a su eterna lucha local contra el gobierno estatal en turno.
Considerando todo esto, ahora vale la pena repasar el contexto oaxaqueño. Pues durante varios meses la CNTE, integrada mayoritariamente por el magisterio de nuestra entidad, mantuvo un plantón representativo en la capital del país, en protesta por la aprobación de la legislación secundaria federal en materia educativa. A finales de 2013, el magisterio oaxaqueño decidió también volver a la entidad para librar una última batalla ahora en contra del gobierno estatal y el proceso de armonización de la legislación local al nuevo contenido de las normas federales.
Así, aunque intensa, la lucha magisterial que pudo haber sido verdaderamente nacional, se redujo a dos polos aislados que han sido fácilmente manejables por la federación, cada uno en su propio contexto. En Guerrero, por ejemplo, el gobierno federal se dedicó a minar todas las acciones de protesta a partir del tratamiento que comenzó a darle, por un lado, al gobierno de Ángel Heladio Aguirre Rivero, y por el otro, al abordar la circunstancia de la delincuencia, que siendo un factor paralelo a lo político, comenzó a repercutir en la gobernabilidad de aquella entidad. Estos dos factores relegaron al magisterio a un segundo plano, que hoy intenta recuperar su posición protagónica.
En el caso de Oaxaca la estrategia ha sido más o menos la misma. Hoy, por ejemplo, el gobierno federal continúa aplicando la vieja estrategia de la pudrición del conflicto magisterial local, simplemente evitando abordarlo. Los esfuerzos realizados por la Secretaría de Gobernación han sido aislados y pausados. Y más bien lo que parecen estar esperando es que el magisterio genere su propio desgaste, y eso lo obligue a ceder en sus posiciones. Parece que, hasta ahora, estaba logrando el objetivo de aislar esas luchas y desactivarlas a través del olvido. Pero algo parece que se salió de control.

DÍAS EXTRAÑOS
Los alumnos del Instituto Politécnico Nacional emprendieron una lucha para frenar no sólo los intentos de reforma a su reglamentación interna, sino también para oponerse a la soberbia con la que sus autoridades menospreciaron a la comunidad universitaria y pretendían modificar sus leyes internas sin considerarlos. Esa lucha es genuina y en poco tiempo ha recibido un respaldo sin precedentes, que pasa no sólo por la verdadera comunidad universitaria de la capital del país, sino también por grupos radicales que estando incrustados en las universidades, tienen también intenciones más allá de los temas que hoy en día están manejando.
Hoy mismo Gobernación intenta frenar el crecimiento de esas protestas, que en cualquier momento podrían rebasar el pliego petitorio original de los alumnos del Politécnico para abordar otros temas, ya no de la vida universitaria, sino de la vida pública del país.
En paralelo, los hechos de los últimos días en Guerrero en contra de los normalistas y los simpatizantes de la CNTE apuntan claramente a generar una situación de inestabilidad que derive en un levantamiento popular. En el fondo, parece que la intención es el de generar condiciones para una crisis en la que vuelvan a hermanarse las secciones magisteriales simpatizantes de la Coordinadora en varios estados, y hagan un solo frente de lucha en contra de la violencia, de las reformas, de la homogenización legal, y de todos los temas en los que históricamente han intervenido los profesores democráticos.
Al final, la pregunta que debe quedar, y a la que todos debemos acudir, es la de qué intereses son los que en el fondo están tratando de generar estas condiciones de insurrección. Los grupos subversivos afirmaron en su momento (en el año 2010) que ese no era un año crucial para ellos, pero reiteradamente advirtieron que esperarían pacientemente a la construcción de las condiciones para un levantamiento masivo.

¿A QUIÉN LE CONVIENE LA CRISIS?
Lo grave es que estos pueden ser también intentos de otros grupos (la delincuencia organizada, quizá) que en el fondo estén aprovechando ciertas condiciones de hartazgo ciudadano, para generar conflictos aprovechándose de la ira popular. Todo esto lo debemos considerar. Desde hace varios años, la gobernabilidad en México pende de hilos, y no se necesitan grandes condiciones para romper el soporte que aún sujeta la paz social.

+ Oaxaca, urgida de acciones federales de apoyo

Si algo hiciera falta para completar el escenario de la tormenta perfecta en materia educativa y presupuestal en Oaxaca, una cuestión sigue esperando respuesta: ¿Con qué recursos van a terminar de pagar los salarios correspondientes a 2014 a los trabajadores de la Sección 22 del SNTE? Es de todos sabidos que el IEEPO tiene un déficit histórico. Pero el problema entre los años previos y el actual, es que la Federación ya no podrá “adelantar” recursos de 2015 para cubrir el pago de salarios y obligaciones del presente año. ¿Qué pasará?
En efecto, este es un tema trascendental, que está a punto de hacer crisis. Pues en Oaxaca nos encontramos en la víspera de la entrada en vigor del Fondo de Aportación para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), que sustituirá al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), con el que el gobierno estatal sorteó durante años el déficit presupuestal en materia educativa, que hoy está a punto de generar una crisis tal que incluso pudiera derivar en la imposibilidad de cubrir el pago de las últimas quincenas de 2014 a todos los trabajadores de la educación en la entidad.
¿Qué generó esta crisis? En parte, esto deriva de lo que informó el IEEPO hace algunas semanas sobre el crecimiento desmedido de beneficios económicos a los trabajadores de la educación en Oaxaca, que se decidieron sin que existiera el soporte presupuestal para pagar lo acordado. Si recordamos, en el comunicado al que hacemos alusión (que puede ser leído íntegramente en http://oaxaca.quadratin.com.mx/?p=331919), el gobierno de Oaxaca hizo un recuento de esos beneficios económicos otorgados al magisterio en administraciones anteriores, los cuales deberán ser enfrentados a partir del 1 de enero por la Federación a través del FONE, pero que a su vez generan un problema grave en estos momentos porque no hay cobertura presupuestal para terminar el 2014.
El déficit, según el gobierno de Oaxaca, abarca lo siguiente: 1.-Prestaciones en días (70 días) y plazas fuera de presupuesto, derivadas de negociaciones salariales de gobiernos anteriores (1995-2007): lo cual equivale a 3.4 mil millones de pesos anual. 2.- Proceso de Rezonificación 2006-2012.- El costo de la transferencia de los trabajadores de la Educación de la zona económica II a la zona económica III, solo se cubre en su totalidad por la federación en el cinco por ciento de las plazas, por el 95 por ciento de plazas restantes, se recibe una compensación. Lo anterior conlleva a una insuficiencia presupuestal, conciliada con la SEP de: 2.1 mil millones de pesos.
3.- Distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica (FAEB).- A partir de 2008 se recibe del FAEB únicamente el presupuesto programado en el ejercicio anterior, más el incremento inflacionario estimado, esto implica que los incrementos anuales en sueldos y salarios no sean regularizados. Este criterio de asignación de recursos redujo el presupuesto del IEEPO en: 3.0 mil millones de pesos en el periodo 2008-2012. Con la publicación de la nueva Ley de Coordinación Fiscal, el Gobierno Federal, crea el Fondo de Aportaciones de Nomina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y desaparece el FAEB, y re-centraliza el pago de la nómina educativa a partir del 1 de enero de 2015.

¿QUIÉN PAGARÁ?
Entendamos una arista muy particular de este problema: durante años, el gobierno de Oaxaca enfrentó un déficit en materia educativa, que era sorteado en conjunto con la Federación. Es decir, como el dinero federal asignado para el pago de obligaciones y salarios del magisterio no alcanzaba a cubrir todos los beneficios que se habían acordado a nivel local en negociaciones entre el gobierno estatal y la 22, entonces en los últimos meses de cada año el gobierno de Oaxaca le pedía “préstamos” a la Federación garantizados con los recursos de ese mismo rubro del año siguiente.
Así, por ejemplo, si en agosto o septiembre del año X se agotaban los recursos federales y estatales en materia educativa presupuestados para ese año, la Federación no hacía una ampliación presupuestal para cubrir esos compromisos que el gobierno estatal había signado con la Sección 22 del SNTE, sino que le “prestaba” de los recursos que se etiquetarían al año siguiente. Así, desde mediados de ese año comenzaban a ejercerse recursos por adelantado del año ulterior.
Esto permitía que no hubiera retraso en el pago de la nómina educativa estatal y que el IEEPO pudiera seguir administrando su crisis. Pero en realidad no solucionaba en nada el problema de fondo, porque el faltante continuaba existiendo y la Federación no asumía responsabilidades de fondo, porque daba por hecho que esos eran recursos que no habían comprometido ellos sino el gobierno estatal, y que por ende debía ser éste y no aquél quien debía gestionar o aportar los recursos para cubrir ese déficit histórico.
Evidentemente, nunca se cubrió ese hueco presupuestal del IEEPO. No se hizo, primero, porque ni aportando todos los recursos propios de un año (Que dice el Secretario de Finanzas que hoy en día ascienden a 4 mil 500 millones de pesos), el gobierno de Oaxaca podría cubrir el déficit histórico de más de seis mil millones que tiene el IEEPO. Tampoco se hizo porque hasta antes de la reforma educativa y la recentralización de la nómina magisterial, los “préstamos” de la Federación a Oaxaca no constituían un asunto urgente mientras el FAEB existiera.
El problema es que a partir de 2015 ese Fondo que transfería recursos a las entidades federativas, desaparece; y por tanto en este momento no hay contra qué el IEEPO pueda pedirle un nuevo préstamo a la Federación para poder cubrir el pago hasta fin de año de la nómina educativa y de las obligaciones fiscales y de seguridad social de los trabajadores de la educación, dando por hecho que los recursos correspondientes al 2014 para el pago de esos deberes ya se agotó.

¿QUÉ SIGUE?
El asunto es gravísimo porque además de los problemas que ya genera la Sección 22 por la armonización educativa, pronto podría anexarse el de la falta de capacidad de pago del gobierno respecto a sus salarios. Ante esto, ¿la federación va a seguir ausente? Por lo pronto, los diputados federales de Oaxaca ya gestan acciones para llamar a la federación a que respalde a la entidad en esta crisis inminente. Pero la incógnita es si sus propias mezquindades les permitirán actuar a todos en conjunto, y si tendrán la fuerza suficiente para evitar que el gobierno federal termine de abandonar a Oaxaca.

Magisterio, de manipulador ahora puede ser utilizado

Los hechos del fin de semana en Iguala, Guerrero, deben llamar al magisterio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a repensar de forma seria el papel que juegan en la gobernabilidad de los estados, y del país, y de la forma en cómo están pasando a ser de manipuladores a manipulados en su relación —coyuntural o deliberada— con fuerzas oscuras como la guerrilla o el crimen organizado. La proyección que ejemplifica este tránsito aparece al confrontar el escenario de Oaxaca en el 2006 con el actual en el vecino estado de Guerrero.
En efecto, los ataques armados que policías municipales y presuntos pistoleros emprendieron la noche del viernes contra alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa dejó cinco muertos, 25 heridos —uno con muerte cerebral y otros cuatro de gravedad— y 25 desaparecidos. La agresión, que continuó la madrugada del sábado, fue pareja contra cualquiera que parecía estudiante, tanto que los pistoleros dispararon contra un autobús donde viajaban jugadores del equipo de futbol Los Avispones, de la tercera división profesional, sobre la carretera federal Iguala-Chilpancingo.
Este ataque, directo y artero, parece tener varias finalidades. Una, encaminada claramente a enrarecer el ambiente político que se vive en Guerrero, demostrando que poderes fácticos como los grupos del crimen organizado tienen tanta presencia en el territorio de ese estado, que son capaces de manipular a fuerzas policiacas para que sean éstas quienes, desde las instituciones, ataquen a balazos a población civil, que en proporción no estaba cometiendo conductas que requirieran ese nivel de fuerza y violencia con la que actuaron los policías.
No obstante, no se puede dejar de considerar el hecho de que una segunda finalidad, también muy clara, era la de no sólo atentar contra población civil, sino específicamente ir a lastimar a un grupo político —el de los maestros de la CNTE, y sus hijos los normalistas, en un espacio neurálgico para el radicalismo magisterial como lo ha sido históricamente la Normal de Ayotzinapa— que en los últimos años ha sido de los más activos en el activismo social en el sureste del país, y que lo mismo ha demostrado ser lo suficientemente radical como para actuar contra sus adversarios sin cuestionamientos ni límites internos, y lo suficientemente disciplinado y contundente como para poner de cabeza a cualquier gobierno que intentara confrontarlo.
Por eso el ataque contra normalistas en Guerrero parece todo, menos un acto fortuito. Se aprecia, en realidad como una conjunción macabra, en la que un grupo bien organizado decidió actuar para demostrar su nivel de penetración en los tejidos institucionales de los municipios y el estado en aquella entidad, pero también para obligar a que el magisterio tome parte involuntaria de esa necesidad de convulsión, que evidentemente están buscando.
Esto genera un escenario particularmente llamativo. Pues en otros momentos, como Oaxaca en el 2006, fueron los grupos radicales del magisterio quienes generaron las condiciones de crisis social; y luego para mantenerla, le abrieron la puerta a otros grupos —como el crimen organizado y células de la guerrilla— para que éstos se convirtieran en una especie de respaldo para sus acciones, a cambio de poder actuar libremente durante el tiempo que durara la crisis en ese escenario en el que antes habían tenido presencia limitada.
Oaxaca es muestra concreta de todo eso. Y por eso el escenario que se pinta hoy en Guerrero es exactamente el mismo que el de Oaxaca en aquellos años… pero sólo que al revés.

LOS ANTECEDENTES
No son raras las denuncias sobre la existencia de relaciones entre los conflictos sociales y la presencia de criminales o guerrilleros. Oaxaca se convirtió en un polvorín en 2006 debido a la mala relación que existía entre el gobierno de Ulises Ruiz y la Sección 22 del SNTE. Cuando estalló la revuelta popular, fue porque el magisterio recibió una especie de declaración de guerra del gobierno, y decidió responder a los ataques. Sólo que los profesores iniciaron las acciones, pero pronto llegaron al límite de su capacidad de actuación, y entonces necesitaron a otros grupos, con entrenamiento y experiencia de campo específica, que los respaldara.
Pensemos, por ejemplo, si la existencia de barricadas, o la defensa perfectamente sincronizada y eficaz de los espacios que ocupaba la Sección 22 o la APPO, fueron producto de la participación y organización espontánea del pueblo oaxaqueño. Evidentemente, no. En el caso de las barricadas, existen versiones ampliamente documentadas de que las principales fueron controladas por el crimen organizado.
Concretamente, son famosas las barricadas de Cinco Señores, y la de Brenamiel, por haber sido lugar de concentración no de ciudadanos que voluntariamente se adhirieron a la resistencia popular, sino de personas dedicadas a actividades ilícitas que se dedicaron a reforzar esos espacios a cambio de que los grupos inconformes les extendieran las respectivas patentes de corso para llevar a cabo libremente sus acciones ilícitas.
En el segundo de los casos, queda claro que tampoco fue producto de la organización ingenua de ciudadanos que salieron a enfrentarse con las fuerzas de seguridad estatales y federales en diversos momentos de la revuelta popular. Como en el caso anterior, existen versiones ampliamente documentadas de que los participantes en esas acciones recibieron asesoría y refuerzos de grupos subversivos. Incluso, cuando en 2007 fueron aprehendidos y desaparecidos dos militantes del EPR, éste grupo guerrillero aceptó abiertamente que tanto los desaparecidos, como muchos otros de sus integrantes, participaron en el conflicto de Oaxaca en su calidad de “luchadores sociales”.

MANIPULADORES, MANIPULADOS
En esos momentos, los profesores de la CNTE le abrieron la puerta –quien sabe si voluntaria o accidentalmente- a grupos de otro tipo para que los reforzaran en su lucha. Pero en el caso actual queda claro que es al revés: para poner en jaque al Estado (que en Guerrero está contaminado hasta el tuétano por la corrupción y la colusión de criminales y funcionarios), grupos delincuenciales tomaron de la mano a policías municipales para ir a patear un auténtico avispero con los normalistas de Ayotzinapa. Ahora falta ver si la CNTE entiende que los están usando como vehículo para otros fines, o si toma el garlito y los ayuda… ¿voluntaria o involuntariamente?

Lista, preliminar; ¿es posible que haya cambios?

En la sesión de hoy martes, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral conocerá y definirá la propuesta de integración final del Organismo Público Local Electoral (OPLE) en Oaxaca. Esta es la última oportunidad que tiene la autoridad para demostrar que la reforma constitucional federal sirvió para ciudadanizar a los órganos electorales, y para constatar que esto no fue otra demostración de gatopardismo.
En efecto, todos conocemos la historia de Gatopardo, que como culminación de su capacidad de adaptarse a las circunstancias para mantener a flote sus intereses, concluye que para que todo siga como está, es necesario que todo cambie. Esto, en México, ha sido reiterado en infinidad de ocasiones en las que se justifican cambios, medidas y reformas para —según— corregir situaciones de hecho que son perjudiciales para el interés público por la influencia desbordada de ciertos poderes fácticos, aunque al final esas correcciones no se materializan porque los mismos poderes fácticos manipulan los cambios para que se modifiquen ciertas situaciones pero sin llegar al fondo del problema, que es donde se encuentran resguardados sus intereses.
Esto es lo que ha pasado con los partidos políticos y las normas electorales. Desde 1994 la sociedad mexicana ha exigido vigorosamente que las normas constitucionales limiten la influencia de los partidos y grupos políticos en la aplicación de las leyes en materia electoral, y sólo a partir de eso se entiende la llamada “ciudadanización” de las autoridades y procesos electorales con la creación primero del IFE, y luego de sus múltiples y variadas reformas, dar paso al INE.
Se supone que esta última reforma —que es la sexta reforma electoral de gran calado en nuestro sistema jurídico contemporáneo— habría de consolidar la ciudadanización de los órganos electorales. Pero hoy el INE tiene la prueba del ácido con la decisión relacionada a la integración de los órganos electorales locales, a los que recientemente absorbió justamente bajo la premisa de que en el tiempo en que estuvieron bajo la potestad de los poderes locales, éstos no fueron capaces de garantizar la independencia de los integrantes de la autoridad y los órganos jurisdiccionales en materia electoral.
Se supone que para brindar certeza en las nuevas reglas de integración de los OPLEs, la Constitución le dio al INE un conjunto de herramientas cualitativas para decidir cómo integrará los órganos que fungirán como autoridad electoral en las entidades federativas. Concretamente, se estableció que sería a través de un mecanismo abierto, de evaluación de conocimientos y habilidades en materia electoral, y de no dependencia a partidos o grupos de poder, como se garantizaría que fueran auténticos ciudadanos no ligados a partidos e intereses políticos quienes finalmente integraran los órganos electorales.
Pero lamentablemente, lo que hemos visto hasta ahora, es no sólo la insistencia de los partidos y grupos políticos de tratar de entrometerse en el proceso de integración de los OPLEs, sino también la voluntad de éstos —junto con la tibieza del INE, que nunca les marcó un alto— por aparentar que estaban involucrados en la integración y en la propuesta de aspirantes, para tener espacios dentro del órgano que funge como autoridad electoral.
Al menos eso fue lo que pasó en Oaxaca. Y lo que estamos viendo es un proceso deslegitimado desde el inicio (por la realidad o por las apariencias) en el que nuevamente parece que están ganando los intereses por encima del aparente sentido de la norma a favor de la ciudadanización de las autoridades electorales.

¿CIUDADANIZACIÓN?
La propuesta que conocerá y decidirá hoy el INE está integrada por Gustavo Meixueiro, que tiene el padrinazgo de José Antonio Hernández Fraguas; Gerardo García Marroquín (familiar del diputado federal Ricardo Monreal), Filiberto Chávez Méndez (ex director de prerrogativas en el IEEPCO) y Rita Bell López Vences, esposa de un ex candidato panista a diputado federal, como Consejeros electorales por un periodo de seis años. Asimismo Nora Hilda Urdiales Sánchez (consejera electoral en la primera etapa de José Luis Echeverría y cobijada por el PAN), Elizabeth Bautista Velasco y Uriel Pérez García (actual funcionario del IEEPCO, ex secretario general del órgano electoral local encabezado por Alberto García Criollo) para un periodo de tres años.
¿Cuál es el común denominador de esa lista? Primero, que de nuevo no se aparenta la ciudadanización que se prometió. Y segundo, que tampoco se está convalidando el proceso cualitativo por el que se supone que fueron depuradas esas personas como las más idóneas para ocupar el cargo de consejeros electorales. Lamentablemente, pareciera que de nuevo se están imponiendo los criterios e intereses políticos por encima de las promesas de ciudadanización bajo las cuales se llevó a cabo la reciente reforma electoral nacional, que absorbió a favor del INE casi todas las facultades en materia electoral que antes eran de las entidades federativas.
Y es que de nuevo se cumplió el vaticinio que hicimos en nuestra entrega del pasado 28 de agosto. En aquel momento apuntamos: “En Oaxaca hay ejemplos negros de cómo los mejores perfiles son soslayados, en exámenes de oposición, frente a compromisos políticos. ¿Un botón de muestra? Que ninguno de los actuales integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado fue de los mejor calificados en el examen de conocimientos, y las demás pruebas que se aplicaron. ¿Esta historia turbia puede repetirse? Claro que sí, en los huecos que deliberadamente dejó el INE en las reglas que rigen este proceso, para permitir la ominosa participación e influencia discrecional de los partidos políticos en este proceso. Al tiempo.”

BOTONES DE MUESTRA
Para mal de todos los ciudadanos, esa previsión se cumplió y si algo extraordinario no ocurre hoy —es decir, si el INE no modifica la propuesta final de integración—, se perpetuará. Nos explicamos: cuando en 2010 se integró la actual conformación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca la mejor evaluada de todos los aspirantes, fue la maestra Araceli Pinelo López, a quien los diputados ni siquiera consideraron para integrar las ternas que someterían a votación del pleno de la LXI Legislatura. Y hoy ocurre lo mismo con la colega Rosa Ofelia Ramales, que también fue excluida a pesar de haber sido la mejor evaluada y cumplir con todos los requisitos que exigía este proceso.

AES no distinguió entre el problema y su soberbia

Alberto Esteva Salinas podrá decir misa, pero el paro policial y el pésimo manejo político que él le dio a la crisis de la institución que se supone que encabeza, revela dos cuestiones: primera, que tan no tiene —ni ha tenido nunca— el control de la Secretaría de Seguridad Pública, que por eso a la primera de cambio le explotó un conflicto que no pudo evitar ni controlar; y segunda, que una vez estallado el problema, su soberbia e torpeza le jugaron tal trastada que aún cuando su renuncia no es oficial, ya fue relevado política y administrativamente de sus responsabilidades.
En efecto, la mañana de ayer domingo se hizo oficial el fin del paro de labores de elementos de la Policía Estatal, que duró 15 días. Ante el secretario General de Gobierno, Alfonso Gómez Sandoval Hernández, la comisión negociadora de elementos policiacos estableció un conjunto de acuerdos que no sólo pasan por la mejora en sus salarios y prestaciones, y condiciones de equipamiento y trabajo, sino también por el relevo de fáctico de sus mandos operativos y administrativos.
Tan fue así, y tan fustigados quedaron Esteva Salinas y el comisionado de la Policía Estatal, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, que los equipos e instalaciones retenidas por los elementos inconformes le fueron entregadas al subsecretario de Operación Regional de la Segego, Jorge Alberto Ruiz Martínez, y el mando operativo de las corporaciones estatales quedó depositado temporalmente en la persona de Cornelio Figueroa Altamirano. Esta es, pues, la culminación de una historia que no se selló el día que los elementos estallaron el paro de labores, sino cuando Esteva y Zúñiga demostraron no tener capacidad para resolver los problemas que ellos mismos crearon. ¿De qué hablamos?
De que el paro no duró un día, sino 15, y que durante ese tiempo Esteva y sus mandos pasaron de las justificaciones y la búsqueda de culpables, a la demostración de sus propias torpezas. Al inicio, cuando hace tres domingos los elementos se insubordinaron, Esteva dijo que este era un lío prefabricado por los anteriores mandos policiales; luego señaló a un ex gobernador, y finalmente dijo que esta era una treta orquestada por varios diputados.
Lo grave es que aún con todos sus señalamientos, el problema seguía ahí, y no había capacidad operativa para desactivarlo, o cuando menos para entablar un diálogo productivo con los elementos inconformes. No había esa posibilidad por dos razones: primera, porque desde antes de estallar el paro, los elementos habían manifestado reiteradamente sus inconformidades a Esteva y sus mandos sin que éstos consideraran los planteamientos, y por eso una vez que estalló la crisis los elementos no quisieron negociar con ellos; y segunda, porque lejos de buscar una actitud conciliadora —que es lo primero que se debe hacer para solucionar un conflicto—, Esteva Salinas decidió alimentar la confrontación con los inconformes, y abrió una brecha entre los “policías buenos” (los “leales” a él) y a quienes él tachó de “malos” por estar manifestándose en contra de las condiciones en que realizaban su trabajo.
Eso no resolvió nada, y sí contribuyó a profundizar la crisis. Esteva señaló a muchos presuntos responsables de la inconformidad policial, pero nunca pudo demostrar nada, y menos hacer creíble su versión de que como sólo era el 10 por ciento de los elementos quienes estaban inconformes, no había que considerar negociar con ellos. Por si fuera poco, tampoco logró “aislar” a los elementos que supuestamente habían generado esta crisis por órdenes de Marco Tulio López Escamilla, o los diputados a quienes acusó, o al ex gobernador a quien también responsabilizó.
Y con las confrontaciones que todos los días generaba con todos aquellos que lo cuestionaban, sólo demostró el tamaño de su intolerancia e incapacidad para asumir inteligentemente la realidad, y enfrentar un problema que no sólo lo afectaba, sino que fue creado y alimentado por su soberbia y e inmensa capacidad para cometer errores en momentos estratégicos.

SU RELEVO
No debiera sorprender que Jorge Ruiz Martínez fuera designado como relevo provisional —y es muy probable que después se formalice— de Alberto Esteva Salinas al frente de la SSP. Pues aún cuando este servidor público desempeña actualmente funciones en la Secretaría General de Gobierno, cuenta con importante experiencia en el ramo policial al que por años estuvo ligado tanto en la capital del país como en el ámbito federal. Al contrario de Esteva —que no tenía experiencia en seguridad pública y ahora demostró ser un pésimo político—, Ruiz ha tenido un desempeño discreto y constante que de entrada generó aceptación y buen entendimiento con los elementos inconformes.
Y lo que sigue, y que es asimismo esencial, es que a nivel institucional el gobierno de Oaxaca busque los caminos para mejorar las condiciones salariales y de trabajo de las corporaciones policiacas, que históricamente han sido de las peor proveídas del país. No se puede comparar, por ejemplo, el nivel salarial y de prestaciones de un policía raso oaxaqueño (que en promedio tiene un salario que con todo y prestaciones no llega a los siete mil pesos mensuales), con uno de cualquier entidad del centro o norte de la república que tiene salarios por encima de los 15 mil pesos, más prestaciones y demás suministros.
Al final, el gobierno no debe seguir viviendo en el autoengaño de que se tiene la mejor policía del país. No puede ser así, cuando los elementos no cuentan con las condiciones adecuadas para evitar la corrupción, o para trabajar en una situación de dignidad, e incluso para desempeñar sus funciones de la manera adecuada. No es un problema de falta de voluntad, sino de reconocimiento de las insuficiencias y de búsqueda de mejores condiciones.

EL CHOQUE CON LA REALIDAD
Esteva Salinas falló gravemente al querer aparentar una policía suficiente y capaz, exponiendo a los elementos y queriéndolos obligar a secundar sus apariencias. No es indigno reconocer lo que falta y enfrentar la realidad. Pero esa insistencia machacona en atender las frivolidades (como los cascos naranjas, las falsas acciones de “proximidad social” (meras ocurrencias) que implementó, o poner el águila convergente en las patrullas) y cerrar los ojos a los problemas reales de los integrantes de las corporaciones, además de su soberbia y torpeza como político, es lo que en buena medida generó esta crisis, que ante su ineptitud, otros tuvieron que venir a resolver.

+ Escalada de violencia; Oaxaca, un botón negro

En otros estados del país se habla con preocupación de la incontenible violencia derivada de la criminalidad. Se dice que en casos como el de Michoacán, Nuevo León o Tamaulipas hay situaciones claras de Estado fallido, a partir de que el gobierno no es capaz de garantizar las libertades y derechos mínimos de las personas, y tampoco cuenta con los elementos para contener los quebrantos al Estado de Derecho. En Oaxaca ocurre exactamente lo mismo pero, de nuevo, el origen está en una conflictividad social a la que, por haber sido mal comprendida, se le da una tolerancia que no nos llevará, jamás, a algo positivo.
En efecto, ante los hechos recientes vale la pena reflexionar en torno a ello. Pues en las últimas semanas hemos visto cómo el gobierno asume con toda naturalidad que la alta conflictividad social deriva de una “tradición” relacionada con la pluralidad y la actividad social de las comunidades y grupos organizados de la entidad. En ese gran cajón han cabido lo mismo organizaciones sociales que vienen a la capital de Oaxaca a exigir recursos para las comunidades indígenas, que organizaciones de trabajadores que exigen prebendas al gobierno, o gremios que protestan para pedir o defender sus conquistas y privilegios. A todos se les ha permitido todo. Pero el problema no es ese, sino que esa permisividad fue desde el inicio confundida con tolerancia infinita, y ésta con la inaplicación de la ley.
El resultado es funesto. Pues contrario a lo que ocurría en el pasado, en donde eran pocas organizaciones las que se atrevían a encarar al gobierno y a tomar acciones que perjudicaran a la ciudadanía, hoy en día casi cualquier grupo social o gremio de la entidad puede tomar libremente las calles, cerrar comercios, perseguir a sus adversarios o, sobre todo, ejercer violencia para tratar de hacer valer el derecho o la pretensión que exigen. Aunque podemos creer que en eso los profesores de la Sección 22 del SNTE son los únicos que han caído en ese exceso, basta hacer un pequeño recuento para comprender que esto se está convirtiendo en una constante. Veamos.
Hace algunos meses, por ejemplo, camioneros de dos organizaciones distintas, dedicadas al transporte de material pétreo para obras civiles, se enfrentaron al sur de la capital a partir de un acto abierto de presión a una empresa privada (la constructora encargada de edificar la sucursal de The Home Depot en Oaxaca) para que contratara los servicios de una u otra. ¿El resultado? Que en una primera escaramuza hubo una persona muerta, y en la segunda hubo varias unidades de particulares incendiadas. Todo esto, además de enfrentamientos violentos que nunca fueron repelidos o contenidos por la autoridad.
Ese es un ejemplo. ¿Otro? Los recurrentes enfrentamientos que han ocurrido también entre integrantes de organizaciones de taxistas foráneos, que se disputan el control de las rutas de transporte que pertenecen a los municipios conurbados con la capital. Hace unas semanas, también, taxistas de dos organizaciones (CTM y CNP) se enfrentaron a balazos en la zona del Monumento a Juárez, afortunadamente sin pérdida de vidas humanas, pero con la terrible sensación de que las diferencias entre gremios, que debía atender una autoridad, en realidad son dirimidas con violencia a plena luz del día y ante la mirada complaciente del Estado, que no sólo no hace nada para impedirlo, sino que lo tolera en aras de una supuesta “tradición de conflictividad” que ha sido mal comprendida y que, de hecho, es muy peligrosa para la sociedad.

MAESTROS DE LA VIOLENCIA
Ayer, nuevamente, taxistas de esas dos organizaciones se enfrentaron violentamente en la disputa que sostienen por las rutas y paraderos que se encuentran en los alrededores de la nueva plaza comercial ubicada en Santa Lucía del Camino. Una vez más, y como siempre, la autoridad no hizo nada.
Antes, hace tres semanas, fue nota nacional que profesores de la Sección 22 organizaron una brigada para ir a saquear y vandalizar oficinas de sus adversarios de la Sección 59, de partidos políticos y de representantes populares. Como ocurrió en otras situaciones similares, nadie fue capaz de actuar ya no para reprimir a quienes estaban cometiendo los delitos, sino simplemente para evitar que se quebrantara de esa forma tan brutal el Estado de Derecho.
Todo esto lo ha permitido el gobierno en aras de una situación que no va a pasar: quizá, el Gobierno del Estado asume que permitiendo que situaciones como éstas ocurran libremente, se está privilegiando la vía política sobre la mano dura, y se dan muestras de un gobierno democrático que tolera hasta a las expresiones más radicales. Incluso, en el último de los casos podría creerse que también lo hace en aras de que, solos, los grupos violentos tomen conciencia de lo incorrecto de sus acciones y rectifiquen su forma de actuar y de dirimir sus conflictos.
Esto no va a ocurrir. No es así porque una persona o grupo al que una vez se le permite libremente la violencia, en las ocasiones siguientes no tratará de rectificar, sino más bien de actuar con mayor dureza, para buscar un efecto superior al de las ocasiones anteriores en las que sus acciones han sido exitosas.
Lo más preocupante de esta situación, es que esto se convierte en un mal ejemplo que luego pasa a ser una constante. ¿Vale la pena tolerar la violencia magisterial, gremial o de organizaciones, sólo porque esto es parte de una tradición mal comprendida? No. Y no debe ser así porque tolerar esto es abrir la puerta a expresiones cada vez más duras en contra de la sociedad. Es permitir, pues, que el inconforme se convierta en vándalo, y que después ese vándalo se convierta en un criminal. Es la ruta que lamentablemente llevamos en Oaxaca, sin que hasta ahora haya un reconocimiento del tamaño del error que se está cometiendo, y mucho menos acciones para impedir no la expresión de las organizaciones, sino el desbordamiento de sus exigencias hasta caer en los ilícitos.

PARADOJA DE LA VIOLENCIA
Los elementos policiacos se supone que, en buena medida, existen para contener el orden y prevenir el quebranto del Estado de Derecho. ¿Cómo podemos asumir eso cuando en Oaxaca vemos que hasta los elementos encargados de la seguridad pública se desbordan por la testarudez, intolerancia e incapacidad política de su principal mando, el secretario Alberto Esteva Salinas? Es contradictorio y paradójico que hoy hasta la contención del Estado esté al punto de la violencia.