+ Reasignación municipal inquieta a autoridades

Transcurrió ya la primera semana hábil de 2014 y en muchos municipios de la entidad hay preocupación por la posible disminución del Ramo 28, que constituye la principal fuente de ingresos para el funcionamiento de los gobiernos municipales, y que proviene de las transferencias que realiza la Federación por la recaudación de diversos impuestos.
En efecto, una vez que las nuevas autoridades municipales asumieron sus cargos y comenzaron a revisar los recursos con los que contarán, muchos se percataron que contrario a lo común, en muchos casos el Ramo 28 de su municipio –que siempre aumentaba de forma anual, así fuera de forma sólo testimonial- disminuyó drásticamente para 2014, mientras que en otros municipios creció hasta duplicarse o triplicarse. Es tiempo que el gobierno estatal y federal ofrezcan explicaciones al respecto.
¿Qué es el Ramo 28? De acuerdo con lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal federal, éste el Ramo del Presupuesto de Egresos de la Federación que contiene los recursos correspondientes a las participaciones en ingresos federales e incentivos económicos que se asignan a las entidades federativas y los municipios en los términos establecidos por la citada Ley y los Convenios de Adhesión al Sistema de Coordinación Fiscal y de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.
Esencialmente, el Ramo 28 ha buscado ser una expresión del llamado “federalismo fiscal”, a través del cual se ha buscado que tanto la Federación, como las entidades federativas y los municipios, participen en el reparto de los recursos recaudados por la existencia de diversos impuestos que se aplican en todo el territorio nacional y que involucran por igual a los contribuyentes.
En el ámbito municipal, y al margen de las desviaciones y los vicios que existen en muchas administraciones corruptas, lo cierto es que en esencia el Ramo 28 constituye la principal fuente de ingresos, porque es el rubro presupuestal que les permite el funcionamiento de la administración y que les da margen de decisión para optar por el uso de esos recursos en funciones administrativas o en obra o servicios, con un grado de libertad que no tiene ningún otro fondo al que pudieran acceder del Estado o la Federación.
El origen federalista de dicho Ramo, radica en su integración: el Ramo 28 se compone del Fondo General de Participaciones, que se constituye con el 20 por ciento de la Recaudación Federal Participable (RFP), el Fondo de Fomento Municipal; el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, en el que las entidades federativas participan con el 20 por ciento de la recaudación.
Otro de los elementos de dicho ramo es el Fondo de Compensación, mediante el cual se distribuye la recaudación derivada del aumento a la gasolina y diesel. Para la integración del Ramo 28 también participan recursos de otras fuentes, como el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, el Fondo de Compensación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos; incentivos por el cobro del Impuesto a la Tenencia y Uso de Vehículos, y otros.
Uno de los aspectos que ha tenido el Ramo 28 como de vital importancia para los municipios, es que dicho fondo ha constituido algo así como un ingreso progresivo garantizado que tienen para cubrir sus necesidades más básicas, que van desde el otorgamiento de servicios a su comunidad, su gasto corriente y la inversión en temas que escapan a la cobertura de otros fondos que tienen recursos etiquetados para ciertos rubros.

LAS DUDAS
No son pocas las voces que, desde los municipios de la entidad sostienen que el Ramo 28 que corresponde a su comunidad ha disminuido, llegando a niveles que incluso hablan de reducciones de más del 50 por ciento, respecto a los recursos recibidos en 2013.
La primera duda que surge es en relación a si este es un problema de asignación desde la Federación, o si fue un error o una decisión deliberada del Paquete Económico aprobado por la LXII Legislatura para 2014. De entrada, y según lo establece el Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y Calendarización para la Ministración durante el Ejercicio Fiscal 2014, de los Recursos Correspondientes a los Ramos Generales 28 y 33, el Ramo 28 asignado a Oaxaca no sólo no decreció, sino que fue incrementado en más de mil millones de pesos respecto a 2013. En datos duros, para 2014 el mencionado Acuerdo establece que Oaxaca recibirá 15 mil 716 millones 766 mil 802 pesos, mientras que en 2013 fueron transferidos 14 mil 462 millones 776 mil 134 pesos. Hay una diferencia de mil 253 millones 990 mil 668 pesos.
Luego, en el Presupuesto de Egresos del Estado se establece, en su artículo 25, que los municipios ejercerán un presupuesto de 11 mil 486 millones 542 mil 155 pesos, y establece que la distribución y calendario de pagos se publicará en el Periódico Oficial a más tardar 15 días después de que Hacienda publique el calendario de entrega.
De ser correcta esta primera apreciación de muchas autoridades municipales, sería bueno que desde ahora el Gobierno del Estado, y el federal, tomaran las previsiones necesarias, primero para explicar si esto es cierto, y después –y sobre todo- para eliminar las disposiciones que establecen un cambio en el cálculo del Ramo 28 para cada municipio, tomando en cuenta que dejar esta modificación afectaría gravemente el funcionamiento de muchos municipios, y los servicios que reciben cientos de miles de ciudadanos en cientos de municipios de la entidad, provocando también problemas políticos, manifestaciones y hasta rebeliones.

SUBIR Y BAJAR
En contraparte, desde los mismos municipios sostienen que hay algunos a los que su Ramo 28 se multiplicó. Tiene la idea, porque no cuentan con datos concretos, que esto puede ser por la inclusión de dichas localidades en la Cruzada Nacional contra el Hambre, que en Oaxaca desde 2013 focalizó prácticamente todos los programas federales a los 133 municipios contemplados en el mapa de la Cruzada. De ser así habría beneficiarios colaterales, que no precisamente sufren de hambre pero sí de avidez económica: cinco de los doce municipios a los que la LXII Legislatura les asignó administradores, son parte de la Cruzada. Estos son San Juan Ozolotepec, San Mateo del Mar, Santiago Camotlán, Santiago Choapan y Santa Cruz Acatepec. ¿En estos hubo duplicación del Ramo 28? De ser así, ¿de verdad será para beneficio de la gente, o de los administradores y sus patrocinadores y socios del Congreso? Pronto lo sabremos.

+ Jucopo refleja ilegalidad y esconde decisiones

Ayer, a través de un comunicado, el Congreso del Estado anunció la designación de doce administradores municipales, y el nombramiento en breve de otros tres encargados, que fungirán de forma temporal como autoridades en lo que, según, se construyen las condiciones para que se verifiquen los comicios que, por razones políticas o de inestabilidad social, no pudieron realizarse durante el periodo electoral 2013. Lejos del compromiso y la vocación democrática, el Congreso da nueva muestra de torceduras y discrecionalidad que debía inquietar a propios y extraños.
En efecto, en el comunicado emitido la tarde de ayer, el diputado Alejandro Avilés (coordinador de la bancada priista y presidente de la Junta de Coordinación Política), aseguraba que “nombrar a los administradores de 12 municipios por parte del Congreso, y a otros tres que están pendientes, es coadyuvar a la estabilidad política y a la gobernabilidad democrática del estado”.
Luego decía que “en todos los casos los nombramientos de los administradores fueron producto de un estudio minucioso de perfiles y de un ejercicio mesurado y de amplio consenso entre las distintas fuerzas parlamentarias”. Y finalizaba diciendo lo siguiente: “concluye un proceso de revisión y selección de quienes a juicio del Poder Legislativo conducirán mejor el destino de los municipios asignados, y que no podían continuar sin una autoridad legítimamente constituida, quienes tienen la encomienda de crear las condiciones necesarias para que la comunidad elija a sus autoridades municipales”.
Hay varias cuestiones que son inquietantes alrededor de este asunto. La primera es la constitucionalidad de los nombramientos. Pues si bien el propio Congreso informó en su momento que el Pleno de la Legislatura había facultado a la Junta de Coordinación Política para proponer “y para que nombre, de ser necesario” a los encargados de las administraciones municipales, esa facultad conferida mediante decreto rebasa lo que establece la Constitución. ¿Qué dice al respecto?
La fracción XIII del artículo 59 constitucional, reformado por esta misma Legislatura hace apenas unas semanas, establece lo siguiente: “el Congreso hará la designación de un encargado de la Administración Municipal, cuando por cualquier circunstancia especial no se verificare la elección de algún ayuntamiento o se hubiere declarado nula o no válida, lo anterior de conformidad en lo establecido en la Ley de la materia”. Es claro que aunque pareciera que el Congreso hizo lo correcto, en realidad esos nombramientos fueron hechos fuera de la ley. ¿Por qué?
Porque al margen de lo que digan los decretos (en los que, en su soberbia e ignorancia, los diputados acostumbran amoldar la ley a lo que mejor les conviene, como si ésta fuera una simple referencia o un instrumento potestativo), la Constitución local dice que debe ser el Congreso quien nombre a los administradores. Ello implica un proceso político electivo, que no se puede delegar. ¿Por qué? Porque una elección del Congreso, la que sea, implica la participación de todos los diputados; implica también una votación y un debate, en pleno, de las razones que los llevan a tomar tal decisión; y, aunque esto último no ocurriera, lo que sí debe haber es la validación y la legitimación del Poder Legislativo como Institución del Estado de una decisión que trasciende al gobierno de una comunidad y a los derechos políticos no ejercidos de ciudadanos que estuvieron impedidos para ejercer su derecho al voto para elegir, o ser electos, como autoridad municipal.

LAS TRAMPAS
En uno de esos intentos por amoldar la ley a su conveniencia, el pleno del Congreso tergiversó el mandato constitucional cuando estableció que la Junta de Coordinación Política podía proponer, “e incluso nombrar”, a los administradores municipales. ¿Por qué?
Porque la Junta es un mero órgano de convergencia al interior del Congreso, pero no representa ni suple, en términos constitucionales y legales, la voluntad de todos los diputados. Para comprender mejor esto, basta con releer las atribuciones que tiene la Jucopo en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para corroborar que al margen de sus facultades frente a terceros, su función esencial entre los diputados es la de conseguir acuerdos y proponerlos al Pleno para que sea una mayoría legitimada la que decida.
Sin embargo, en este caso la Junta de Coordinación pasó por encima de este límite y se auto asignó atribuciones que rebasan su ámbito de competencia. Pues ni siquiera el Congreso en pleno tiene la fuerza suficiente para brincarse un precepto constitucional (¡confeccionado y reformado por ellos mismos!) y darle una vertiente distinta a lo que establece la propia Constitución. De ser así, entonces el siguiente paso que tendría que dar la Junta de Coordinación (que raya en el extremo, pero que está pasando por la debilidad de la mayoría de los diputados) es la de resolver que el Congreso ya no debe funcionar el pleno, y mandar a descansar a todos los legisladores, tomando ellos para sí una “voluntad delegada” de la mayoría de la Legislatura, para tomar todas las decisiones que fueran necesarias.
En este caso, lo más grave es que, como siempre ocurre, el Congreso y la Junta de Coordinación Política no explicaron en razón de qué nombraron a quienes ya fueron designados (sin votación y por la fuerza de un dudoso decreto) como administradores municipales.
La única “explicación” ofrecida por Avilés (que, queda claro, no ha sido sino un mero pararrayos y cómplice de los intereses que comparte con el coordinador perredista, Anselmo Ortiz) es la siguiente: ““No se trataba de nombrar por nombrar. No fue un ejercicio mecánico de medición de fuerzas ni de asignación de cuotas partidistas o de favorecer a los cuates, sino un proceso responsable de elección de las personas más calificadas”.

SÓLO DUDAS
¿Las doce personas nombradas como administradores municipales son de verdad gente honorable? ¿En qué se basó la Junta de Coordinación para llegar a esa conclusión? ¿Si no fue un asunto de cuotas o de cuates, por qué aparecen entre esos nombres, los de allegados a diputados, a delegados federales y políticos de diversos partidos? ¿Ninguno de ellos tiene cuentas pendientes con la justicia? ¿De verdad procurarán la concordia en los municipios? ¿Tuvieron, o tendrán costo esos nombramientos? Como no hubo discusión, será imposible conocer otras razones que determinaron que las administraciones recayeran en esas personas, y no en otras.

+ Gobierno no pudo convencer sobre el pago

Uno de los mayores fracasos de la administración estatal se encuentra en la recaudación del Impuesto sobre la Tenencia y Uso de Vehículos, como gravamen estatal. En los tres años que llevan aplicando este impuesto, lo único que han conseguido es una fuga enorme de recursos por dicho concepto, a partir de que se han limitado a tratar de obligar al contribuyente para que cumpla, pero sin hacerle ver por qué es necesario que pague dicho impuesto en Oaxaca, y no en otra entidad federativa.
En efecto, por disposición de una reforma ocurrida en 2007 a la Ley de Coordinación Fiscal federal, se estableció que a partir del 1 de enero de 2012 el gobierno federal dejaría de cobrar el Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos, como gravámen federal, y lo dejaría a la libre determinación de las entidades federativas para que cada una de ellas decidiera si continuaba aplicando su cobro pero ahora como gravamen de tipo local.
Cuando eso ocurrió, en Oaxaca la administración del gobernador Gabino Cué anunció que mantendría este gravamen, fundamentalmente por dos razones: primera, porque la recaudación estatal es de por sí mínima frente a la dependencia que tiene el gobierno estatal de los ingresos que cada año se transfieren a la entidad a través del Presupuesto de Egresos de la Federación. Sobre eso, la Secretaría de Finanzas sostenía que la recaudación estatal no podía darse el lujo de perder un impuesto como ese, debido a que esos recursos eran necesarios para acceder a más dinero del presupuesto federal.
El segundo argumento versaba sobre la imposibilidad de eliminar dicho impuesto, debido a que la administración anterior había llevado a cabo un proceso de bursatilización de recursos comprometiendo los ingresos por concepto de derechos vehiculares a cambio de obtener préstamos para la construcción de Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial, y para otras inversiones. Así, decían, eliminar el impuesto a la tenencia de vehículos era imposible.
El problema es que nunca dieron una alternativa a los particulares, ni establecieron incentivo alguno para motivar a que éstos continuaran pagando la tenencia, aún cuando en varias entidades federativas vecinas el cobro de dicho impuesto había sido ya eliminado. ¿Qué hicieron en Oaxaca? Que a partir de 2012 el gobierno inició una agresiva campaña para el cobro de dicho impuesto. Finanzas comenzó a enviar requerimientos a los domicilios advirtiendo a los tenedores de vehículos registrados en sus archivos, que de no pagar se les impodrían todavía más gravámenes, por concepto de multas y recargos.
A la par de ello, la Dirección de Tránsito, y la Policía Estatal, iniciaron operativos de verificación de la documentación de los vehículos. Así, sacando automóviles de circulación, y asustando a los contribuyentes, intentaron mantener la recaudación que tenían cuando la tenencia era un impuesto federal. Pero lo único que consiguieron fue fracasar estruendosamente.
Fue así, primero porque no tuvieron claridad ni ganas de convencer al contribuyente de que pagar ese impuesto en Oaxaca era benéfico para la economía gubernamental pero tambien para gozar de mejores derechos como ciudadano. Pero fracasaron tambien porque la misma regulación federal que rige el tránsito de vehículos, no prohibe –porque es una garantía constitucional, de las más importantes- que un automotor circule libremente por una entidad federativa distinta a la que registró su emplacamiento, y el cobro de los derechos vehiculares.

TRIPLE FRACASO
Así, este fracaso fue triple: primero porque en estos tres años el gobierno estatal ha visto disminuida fuertemente su recaudación por la tenencia vehicular. Segundo, porque el contribuyente prefiere no pagar frente a las condiciones en las que se encuentra todo lo relacionado a los vehículos y las vías de comunicación en la entidad. E incluso fracasó el gobierno porque esa fuga de dinero recaudado tambien se traduce en inseguridad jurídica para transeuntes, conductores y público en general. Vayamos por partes.
El primero de los fracasos radica en que el gobierno apenas si ha podido sostener el número de personas que mantiene registrados y emplacados sus vehículos en la entidad. Finanzas, Sevitra, y todas las instancias involucradas, nunca han hecho algo más que lo mínimo, para alentar a que la población emplaque, o reemplaque, sus vehículos en la entidad. Sólo ponen a disposicion del ciudadano el trámite para el emplacamiento. Pero ni siquiera existen incentivos atractivos, o trámites simplificados, como para provocar que el contribuyente común prefiera emplacar su automóvil en la entidad, antes que esperar a que un gestor le tramite sus placas en otra entidad federativa.
El segundo de los fracasos, radica en que el gobierno nunca estableció ningún tipo de incentivo indirecto. Esto es sencillo: las calles en Oaxaca están destruidas. Las vialidades son insuficientes para el tránsito de los vehículos, y éstos se dañan constantemente o por la temporada de lluvias que genera baches, o por el descuido en los programas de repavimentación, o bien porque la autoridad no tiene dinero o ganas de mejorar las vialidades. ¿Cómo convencer al contribuyente que pagar la tenencia le beneficia más que ir a emplacar su vehículo a otro estado en donde ese impuesto fue eliminado, si en Oaxaca ni siquiera en el estado físico de las vialidades se nota una mejoría, o un compromiso de la autoridad, por devolverle al contribuyente un servicio a cambio del dinero que paga por la tenencia? ¿Cómo demostrar que en algo se contribuye con el pago de la tenencia, si la única obra vial del gobierno estatal, el Distribuidor Vial de Cinco Señores, tiene dos años en construcción y no tiene para cuándo ser concluida?

INSEGURIDAD JURÍDICA
El tercero de los fracasos es todavía mayor. Antes, tradicionalmente, cuando había un incidente de tránsito, había cierta seguridad en apuntar el número de placa del automóvil infractor. Hoy ni eso es garantía de algo en Oaxaca. ¿Cómo buscar a alguien que causó algún daño, o que lesionó a alguna persona, si la diversidad de placas de otras entidades hace imposible la búsqueda debido a que muchos dan domicilios falsos para gozar de los beneficios en otros estados, aún cuando sus vehículos circulan siempre en Oaxaca? Al margen de la avidez recaudatoria, el gobierno estatal debía impulsar un registro de vehículos para tener cierta seguridad jurídica, que hoy tambien está perdida en Oaxaca gracias al torpe cobro de la tenencia.

+ Relevo municipal, gobernabilidad a prueba

Ayer se concretó en Oaxaca la quinta alternancia de partidos en el gobierno municipal, y contrario a lo que pudiera creerse, Javier Villacaña Jiménez llega a la alcaldía citadina con una renovada –e inusitada- buena expectativa, que ahora debe matizarse con la madurez y la prudencia propia de quien debe gobernar con sensibilidad, y no con el arrojo de quienes, embriagados por las alternancias disfrazadas de transición, prometen lo que no pueden cumplir y terminan defraudando el buen aliento de la ciudadanía.
En efecto, Oaxaca de Juárez es uno de esos extraños escenarios de la entidad, que hoy en día ha sido gobernada por la mayoría de las principales expresiones y fuerzas partidistas con presencia en el estado. Hasta 1996 el gobierno municipal estuvo en manos del PRI; en ese año, y hasta 2001 estuvo en manos del PAN, para luego pasar a manos del antiguo Partido Convergencia, quien en 2004 perdió los comicios a manos del PRI, que recuperó la alcaldía, hasta 2010 que nuevamente pasó a manos del PAN, con Luis Ugartechea Begué. Hoy, en la quinta alternancia, el poder regresa al PRI. Es momento en que la prudencia y la concreción, sean el buen fario de este gobierno frente a una ciudadanía que, sorprendentemente, no ha llegado a la desilusión, que parecería natural ante los fracasos recurrentes de los sucesivos gobiernos.
En ese escenario, Javier Villacaña tiene una oportunidad inmejorable, que debe honrar con un buen gobierno. ¿Por qué? Porque en él se combinan una reputación propia –ganada a pulso en la brega social con los sectores populares de la capital oaxaqueña- con un escenario en el que Oaxaca de Juárez necesita un proceso de rescate urgente, que lo aleje de las disputas políticas o por el poder, y ponga en el centro de atención la necesidad de atender los problemas de la ciudad. Eso, que parece tan simple, es lo que ha faltado en los últimos lustros.
Y es que Oaxaca de Juárez, como caja de resonancia de los problemas políticos y sociales de la entidad, ha sido siempre uno de los espacios que ha pagado las consecuencias de las efervescencias partidistas y la lucha por el poder. Ha sido natural que los gobernantes municipales tengan aspiraciones políticas, y que esas aspiraciones los terminen alejando del Gobernador en turno. Ese alejamiento ha derivado -en una recurrencia que casi parece crónica- en enfrentamiento; y en el enfrentamiento, quien paga los costos es la ciudad debido a la depresión en la calidad de los servicios y en el funcionamiento y eficacia del propio gobierno municipal.
Villacaña tiene un escenario distinto. Él mismo parece asumir que su posición no es la de llegar al enfrentamiento con el gobierno estatal en turno; también parece quedarle claro que su papel no debe ser el de un candidato anticipado en campaña de tres años rumbo a un cargo de superior jerarquía. Y también debe quedarle bien claro que su posición de aliado histórico de los sectores populares de la capital, le permite mucho, pero no ponerse a delirar en promesas y acciones que no podrá concretar en los tres años que tiene como gobernante citadino.
El ánimo citadino es inusitadamente alentador. En campaña demostró que pudo ganarle a todo un aparato de gobierno que estaba volcado a trabajar a favor de su candidato. Con su triunfo demostró que tenía claridad respecto a la mayoría que lo respaldó. Y con su unción como gobernante –cuestión que transcurrió con gran afluencia (política, con la presencia de representantes de los Tres Poderes del Estado; y de ciudadanía, con un auditorio a reventar), y sin ningún incidente- demostró que tiene capacidad de aglutinar y dialogar con los de su partido, pero también con los adversarios de otras fuerzas políticas.

EL BENEFICIO DE LA DUDA
Villacaña afirmó, en el discurso de arranque de su gobierno, que buscará cambiar a Oaxaca con acciones concretas que busquen responder a las demandas de la ciudadanía. Queda claro que la capital oaxaqueña ya no necesita aspirantes eternos ni políticos profesionales, sino personas con capacidad de hacer lo necesario por atender problemas concretos que preocupan a todos. Villacaña anunció un plan en cinco ejes para atender diversos temas sensibles; y un plan de 100 días con el que pretende dar una primera demostración de eficacia a una ciudadanía que está ávida de respuestas.
Por eso, a partir de ahora el nuevo Edil citadino debe alejarse de las posiciones frívolas, los excesos y las decisiones facciosas, y debe honrar la promesa de gobernar para todos, de hablar con todos, y de buscar atender las preocupaciones de todos los sectores de la ciudadanía, al margen de si están o no de acuerdo con sus posiciones políticas. Villacaña debe alejarse también de la tentación de sentirse anticipadamente como un aspirante a otros cargos, y asumir que su compromiso debe centrarse en terminar su gobierno con el mismo respaldo ciudadano y madurez propia como político que como arrancó, y que cometerá un error gravísimo si asume antes de tiempo que la ciudad puede ser su trampolín para las aspiraciones que naturalmente debe tener para los tiempos siguientes.
Oaxaca necesita respuestas concretas a problemas específicos. Debe asumir que recibe una ciudad con problemas y deficiencias graves, que van desde el mal manejo de los residuos, pasando por la inseguridad, los bloqueos, la informalidad y el ambulantaje, y hasta los recelos naturales de otros –también con poder- que desde ayer lo ven como rival. Si logra encontrar el punto de equilibrio para ir respondiendo a esas necesidades sin romper los equilibrios que debe guardar, entonces habrá superado con creces una de las pruebas que, sin ninguna duda, han reprobado las más recientes autoridades municipales en Oaxaca.
Este parece un comienzo distinto, que Villacaña debe aprovechar. Debe tomar a su favor la quinta alternancia, en la que propios y extraños han demostrado no haber estado a la altura del reto de Oaxaca; debe valerse también de que la ciudadanía exige resultados antes que política; y debe establecer un escenario en el que él no sea él la víctima de sus propias aspiraciones y retos como gobernante. Hoy tiene el beneficio de la duda. ¿Podrá conseguirlo?

RELEVOS MUNICIPALES
Informaba ayer la Secretaría de Gobierno que, salvo efervescencias naturales aisladas del cambio de autoridades en 570 municipios, el relevo en los Ayuntamientos transitó en calma. Ojalá que en municipios emblemáticamente problemáticos, como Santa Lucía del Camino, haya claridad para seguir caminando en el marco de la civilidad.

+ La violencia anunciada… nunca se evita

Uno de los aspectos “curiosos” por los que la Revolución Mexicana es conocida mundialmente es porque ha sido la única que ha tenido fecha y hora de inicio, y que a pesar de eso nadie hizo algo para evitarla. Algo más o menos similar podemos afirmar que ocurre en Oaxaca con la Sección 22 del SNTE, quien a pesar de anunciar con fecha y hora la violencia para la recuperación de una institución educativa, nadie parece tener capacidad de hacer algo para evitar que esto ocurra. Ello no es un problema sólo de las acciones recientes del magisterio, sino de la larga historia de debilidad institucional, y permisividad hasta la ignominia, por la que han transitado los grupos de lucha social en Oaxaca.
En efecto, ayer nuevamente se desbordó la violencia en la comunidad de San Pedro Mártir, Ocotlán. Profesores de la Sección 22 habían anunciado con toda oportunidad que irían a recuperar las instalaciones de una escuela que se encontraba en poder de los padres de familia y profesores de la Sección 59 del magisterio. Desde temprana hora se sabía que el punto de inicio de las hostilidades sería a las 14 horas del jueves. Y a pesar de ello las provisiones políticas y policiacas fueron insuficientes para contener un brote de violencia que en este caso no benefició a los profesores de la 22.
¿Qué ocurrió? Que como la recuperación de la institución educativa fue emplazada con fecha y hora, los profesores de la 59 y padres de familia tuvieron todo el tiempo para armar la resistencia. El gobierno estatal hizo presencia con elementos de seguridad pública destinados a la disuasión. Pero a pesar de todo eso, y de los llamados de la propia Secretaría General de Gobierno para evitar la violencia, fue imposible detener el avance de los profesores democráticos y la resistencia de quienes se apoderaron de la instalación educativa desde el momento del paro indefinido por la reforma educativa.
Así, producto de la trifulca, los profesores de la Sección 22 que intentarían la toma fueron replegados por quienes resistieron el ataque. En ello intervino la Policía Estatal, quien también se vio irremediablemente inmersa en la confrontación. En este caso los maestros democráticos no tuvieron capacidad para aguantar la resistencia de los padres. Y finalmente se fueron a bloquear la carretera que comunica a esas localidades con la capital oaxaqueña, argumentando que los elementos de seguridad pública los habían reprimido.
En Oaxaca estamos acostumbrados a esos escenarios. Sin embargo, al margen de lo que a nosotros ya se nos ha hecho común, ¿podemos imaginar que en una sociedad civilizada, democrática y con Estado de Derecho, una disputa violenta pueda anunciarse con fecha y hora de inicio, en un sitio determinado, a plena luz del día, y que a pesar de todo eso nadie sea capaz de hacer algo para detener la confrontación? ¿Podemos imaginar también que ello puede ocurrir en un clima de imperio de la ley? Claramente ambas respuestas son negativas. El problema es que todo eso ocurre todo el tiempo en Oaxaca. Y que a pesar de lo que se diga nadie ha podido generar una situación distinta para resolver problemas como los del magisterio, que hoy en día ya los quiere solucionar tomando la violencia en sus manos.

AUTORIDAD REBASADA
En Oaxaca ya nos parece un lugar común que cualquier grupo organizado, numeroso o no, tenga capacidad y maña para secuestrar autobuses del transporte público, cerrar hasta las arterias viales más importantes de la capital, y conseguir con ello la atención de la autoridad para satisfacer una demanda, que casi siempre es de un grupo determinado, pero que no incumbe a toda la ciudadanía. Nos parece cosa de todos los días, porque ya nos acostumbramos a que a pesar de todo eso, la autoridad sea paciente, tolerante y consecuente, y que omita tomar la fuerza para restablecer el orden público que se ve quebrantado con esas acciones.
¿De verdad la autoridad debe ser siempre así? Lo cierto es que no. Todavía hasta hace no tantos años, el cierre de una arteria vial (tomemos como ejemplo el famoso crucero de la VW) era noticia porque desquiciaba el tránsito vehicular y generaba tensión en la autoridad, porque ello ni era común, ni era tampoco algo que la autoridad pudiera tolerar cualquier día, de cualquier grupo. Quien se atrevía a hacerlo posiblemente fuera escuchado si su capacidad numérica era importante o si su demanda fuera muy muy específica. Pero en la mayoría de los casos el cierre de una calle o la toma de oficinas públicas eran tomados como una afrenta a la autoridad y ésta decidía en no pocos casos utilizar la fuerza antes que mostrar debilidad y permitir un chantaje por parte de grupos sociales.
El problema es que todo eso se relajó hasta límites insospechados. Hoy en día la autoridad toma con laxitud los actos de presión de cualquier grupo, que en Oaxaca ya vieron que es fácil emprender un cierre de calles o la toma de edificios, e incluso escalar a la violencia si la necesidad lo amerita.
En ese sentido, el caso de la Sección 22 es particular porque ellos van varios niveles arriba de los demás, y ellos ya tienen capacidad de anunciar actos violentos sin que alguien pueda o quiera hacer algo para evitarlos. Oaxaca se convierte en noticia internacional cada que ocurre un enfrentamiento como ese. Pero el problema es que también la autoridad parece estar acostumbrada a que ello pase, y a no demostrar ninguna posibilidad de enmendar lo hecho o de asumir consecuencias por esos actos.
Lo más grave es que en las condiciones actuales no parece haber una salida distinta a la que vemos de forma recurrente. La autoridad parece haber perdido, en sentido global, la noción de orden que debía hacer valer en todo momento. Por eso aquí pueden haber episodios indefinidos como el de ayer, y de todos modos seguir ocurriendo porque no hay decisión para comenzar a actuar en contrario.

YERROS LEGISLATIVOS
Un lector agrega otros yerros de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura, en relación a nuestra entrega de ayer jueves. Dicen, con razón, que el dictamen de la Comisión de Estudios Constitucionales fue presentado con fecha 16 de diciembre, cuando se supone que se dictaminó y entregó el día de la sesión, que fue el martes 17; y que dicho dictamen iba firmado por el diputado Ericel Gómez Nucamendi, quien gozando del don de la ubicuidad, no había pasado lista al inicio de la sesión, ni estaba presente al momento de la entrega del dictamen… porque tampoco se encontraba en las instalaciones del Congreso del Estado. ¿Qué tal?

+ Los diputados, como simples merolicos

La sesión del pasado martes, en la que la LXII Legislatura del Estado “discutió” y aprobó la reforma constitucional federal en materia de energéticos, pintó de cuerpo entero la improvisación y la falta de oficio de todos los que integran esa Legislatura. Es lamentable que hoy, los legisladores locales no sólo no demuestren capacidad para cumplir su labor, sino que tampoco tengan noción de que el trabajo legislativo y político debe estar también determinado por la ética y la dignidad, que ellos aún no parecen ver.
En efecto, la sesión extraordinaria para discutir la reforma energética fue citada para las 18 horas del pasado martes. De entrada la sesión legislativa inició casi con una hora de retraso, y desde el momento en que inició arrancaron también las protestas de integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional, que a gritos e insultos trataban de impedir que se llevara a cabo la discusión y aprobación de la reforma en cuestión.
Los trabajos legislativos iniciaron, aunque sólo para que el improvisado presidente de la Mesa Directiva, Jesús López Rodríguez, dispusiera que la remisión del Congreso de la Unión que daba cuenta de la reforma constitucional, sería turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y ésta emitiera, en sólo 20 minutos, el dictamen respectivo para que fuera conocido y, en su caso, aprobado por el Pleno.
Los 20 minutos mandatados se convirtieron en casi una hora. Pero cuando reinició la sesión a los diputados les fueron entregados sendos sobres con copias fotostáticas del dictamen elaborado y firmado por cuatro de los cinco integrantes de la Comisión respectiva. La Mesa Directiva anunció que abriría un espacio para que alguno de los integrantes de la Comisión de Estudios Constitucionales subiera a tribuna a ofrecer detalles de lo dictaminado. Ante el silencio, Jesús López pidió la dispensa de la lectura del documento y antes de proceder a la votación, abrió la tribuna para que diputados hicieran posicionamientos respecto a la reforma.
Por parte de PAN y PRI, no hubo una sola participación. No fue así, primero, porque ninguno de los legisladores de dichos partidos se iban a arriesgar a ser abucheados por los agresivos integrantes de Morena que a gritos intentaban inhibir la sesión extraordinaria. Los que sí pidieron la palabra fueron todos los integrantes de la bancada del PRD, el Diputado del PT (a quien señalaban de haber introducido a los manifestantes al Pleno), y el Legislador del PUP. Todos exaltaron el nacionalismo petrolero e intentaron quedar bien con los manifestantes, quienes tachaban a todos los demás de traidores. A pesar de ello, nadie pudo conseguir que el sentido de la votación cambiara.
Luego vino lo peor. El enorme grado de improvisación y de desconocimiento jurídico y de la práctica parlamentaria del diputado López Rodríguez (y de todos los que, de facto y de jure lo asesoran desde la Oficialía Mayor), llevó a que éste pusiera a consideración del pleno un asunto nada menos que de naturaleza constitucional: influenciado por el hecho simple de no saber qué hacer, pidió que los diputados votaran para decidir si para la aprobación de la reforma era necesaria una mayoría absoluta o una calificada. Ese cuestionamiento estéril implica varios yerros juntos.
Primero, porque la Constitución de la República no establece que las Legislaturas estatales deban aprobar una reforma constitucional federal con una mayoría distinta a la simple. Y segundo, porque ya metidos en ese embrollo, era jurídicamente insostenible la posición del diputado Rodríguez y sus asesores, de someter a votación un tema que está perfectamente claro en la Constitución y que además no admite posiciones por parte de particulares, incluso siendo diputados. Esto, por el falso dilema de la mayoría absoluta o calificada. Pues en realidad ninguna de las dos era necesaria en razón de lo dicho en líneas anteriores.
Sin embargo lo que pasó fue distinto: todos los diputados admitieron que ese asunto se sometiera a votación (incluso los del PRI y PAN, que sabían de su mayoría absoluta de 28 votos, pero que claramente desconocen la ley y la infringen de una forma abominable), y sólo cuando ganó la posición de la mayoría absoluta todos estuvieron dispuestos a votar.

INDIGNIDAD Y DESCONOCIMIENTO
Mientras se daban esas discusiones, el coordinador de los diputados del PRI, y presidente de la Jucopo, Alejandro Avilés, perdía todas las formas posibles del decoro y del respeto a los demás diputados, y se dedicaba a hacer señas, como porrista, a sus correligionarios y a los diputados panistas, para que éstos votaran o dejaran de hacerlo según fuera la conveniencia. Olvidó que hasta para eso existen formas, y prefirió la más burda para hacer valer su papel de coordinador de su bancada, y jefe de facto de la mitad de los panistas, ante la debilidad y falta de oficio político de la coordinadora panista, Antonio Natividad Díaz Jiménez.
Todo eso, sin embargo, no fue suficiente para detener este trajín de errores. Una vez que se determinó que la votación sería por mayoría absoluta, los integrantes de Morena que estaban en las galerías (y sobre los cuales la Mesa Directiva nunca llamó al orden, ni decidió su retiro ante su mal comportamiento, tal como lo manda el Reglamento del Congreso) comenzaron a cantar el Himno Nacional, secundados por los diputados que anunciaron que votarían en contra. Cuando ello ocurría, y en pleno desarrollo de la sesión, el Presidente de la Mesa Directiva decidió abandonar su función y levantarse de su asiento para entonar el Himno.
No estaba mal que lo hiciera. Pero cuando eso pasó, las diputadas priistas integrantes de la Mesa nunca supieron que cualquiera de ellas podía tomar el control de la sesión y continuarla. La votación, finalmente, alcanzó los 28 votos previstos. Y la reforma quedó aprobada aunque en medio del oprobio por avalar lo que desconocían, y por haber sido partícipes de una sesión en la que quedaba claro que es deplorable el nivel de política y de labor legislativa de nuestros legisladores locales.

PRI: NUEVO DELEGADO
Hace diez días en este espacio anunciamos que Melquiades Morales dejaría la delegación del CEN del PRI en Oaxaca, y que llegaría un ex gobernador sureño, que no era Mario Marín. Todo ocurrió tal cual, con el arribo del ex gobernador guerrerense, René Juárez. Lo que sigue en el aire es la sucesión en la dirigencia estatal. ¿Habrá en todos la prudencia, la ascendencia y el nivel político para poder aguantar esa renovación? Eso lo veremos pronto. Abundaremos.

+ Las entidades federativas, como apéndices de EPN

Casi al finalizar la semana pasada la Cámara de Diputados aprobó, vía fast track, el proyecto de reformas a la Constitución en materia de energéticos. Y en menos de cuatro días, esa iniciativa está a punto de convertirse en Norma Constitucional al haber sido aprobada, hasta la tarde de ayer domingo, por 15 de las 17 Legislaturas estatales que son necesarias, para que una reforma o adición pueda incorporarse, según el artículo 135, a la Constitución de la República. Al margen del contenido de la reforma energética, deberíamos comenzar a considerar la posibilidad de liquidar también nuestro sistema federal que, según vemos, no sirve para nada.
En efecto, la tarde de ayer el servicio de noticias del periódico El Universal, daba cuenta de al filo de las 15 horas de este domingo, el Congreso de Tamaulipas había aprobado por mayoría la reforma energética, con lo que se convertía en la entidad 15 en avalarla. “La sesión estaba programada a las 17:00 horas —reportaba El Universal—, pero de manera sorpresiva los diputados adelantaron la votación. Incluso, algunos legisladores príistas llegaron vestidos con ropa informal, pues fueron citados cuando se encontraban en una reunión estatal en el Polyfurum Victoria, a una calle de la sede del Congreso. Afuera del congreso estaban simpatizantes del PRD y Morena, quienes gritaban consignas en contra de la reforma.” Presenciamos hoy el peor de los escenarios para la discusión de una reforma de gran calado, del que hablábamos hace apenas una semana en este espacio.
El 10 de diciembre pasado, apuntábamos en este espacio lo siguiente: “La verdadera oposición a la reforma energética no se encuentra en las calles o en la toma de la tribuna legislativa, como intentan hacer algunos grupos de izquierda en el país: la respuesta de fondo, y la verdadera oposición a un intento como éste se encuentra en la propia Constitución de la República. ¿Por qué nadie la ve? Porque en realidad es tanto el desprecio que el centro del país le tiene a las entidades federativas —y éstas se encuentran tan desvalorizadas— que todos intentan consumar, o frenar, la reforma energética desde el centro de la República.” Hoy vemos que no sólo se intentó consumar desde el centro, sino que las entidades asumieron plenamente el desprecio a ellas mismas y decidieron aprobar, sin leer y sin discutir, la reforma energética.
Eso es abominable. Y lo es no porque necesariamente la reforma energética sea dañina para el país —pues para afirmar eso es necesario analizar el texto aprobado y, a partir de eso, construir un criterio propio e informado— sino porque lo que estamos presenciando es la consumación del regreso del centralismo pleno. Es decir, esa forma de gobierno en la que todo se decide desde un solo espacio, y en el que lejos de haber resistencias, todos colaboran para que eso ocurra sin contratiempos. Veamos si no.
La reforma energética comenzó a ser discutida la semana pasada en el Senado. Ahí, una reforma de gran calado fue aprobada en una “sesión histórica” de apenas 20 horas de duración. ¿20 horas son suficientes, o muchas, para de verdad discutir y analizar a fondo un tema que ha preocupado a nuestra nación durante décadas?
Nosotros creemos que ello ameritaba más que posiciones políticas y que una reforma de tal magnitud debió pasar por la construcción de un criterio propio en cada legislador, y no sólo por la necesidad de quedar bien con el Presidente, o de la disciplina a los intereses de su partido. Incluso, creemos que quienes estaban en contra debieron hacerlo valer a través de formas y argumentos más inteligentes, y no a partir de falsas posiciones ideológicas, y demagógicas, que al final no hicieron sino ayudar a quienes querían derrotarlos en las discusiones y votaciones legislativas.

LIQUIDEMOS EL FEDERALISMO
Nuestro gobierno está construido a partir de un modelo federal, en el que entidades soberanas se unieron para formar un ente gobernante superior, que pudiera proveerlos a todos de seguridades y bienestar, pero sin que esos estados forjadores de la Federación perdieran su independencia o quedaran subordinadas al poder federal. Eso es lo que se supone, aunque lo cierto es que el poder presidencial siempre ha tenido como tarea implícita la concentración del poder a partir de restarle importancia real a las entidades formadoras de la Federación.
Hoy debiéramos comenzar a pensar en liquidar nuestra Federación. A la vista de todos, el gobierno nacional recentralizó en pocos meses un conjunto enorme de facultades que antes estaban en manos de las entidades federativas (incluso, ahora mismo está recentralizando la organización electoral, que en los últimos años se había constituido como una de las principales banderas del federalismo mexicano); y hoy, también a la vista de todos, las entidades federativas no sólo no han reaccionado frente a ese renovado proceso de centralización por parte del gobierno nacional, sino que están abiertamente colaborando a que eso ocurra.
Sólo así puede explicarse que entre los días viernes, sábado y domingo, los estados de Chiapas, Querétaro, Veracruz, Estado de México, Hidalgo, Durango, Baja California Sur, Campeche, Sonora, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Quintana Roo, Yucatán y Tamaulipas hayan aprobado la reforma energética sin analizarla, sin leerla, sin discutirla y sin asumir una postura propia y consciente de lo que estaban haciendo. Todos lo hicieron para apoyar una política presidencial; lo hicieron para quedar bien con el Presidente; y para evitarle al PRI seguir pagando costos políticos por esa reforma polémica, y para vencer de una vez por todas a la izquierda que intentó oponerse de la peor forma posible, desdeñando la discusión seria, y dedicándose a cerrar calles, como si con eso pudiera evitar las votaciones.
Es desgarrador aceptarlo. Pero hoy queda menos de nuestro Federalismo que hace un año. Quizá hoy lunes quede consolidada la reforma constitucional en materia de energéticos, cuando se junten las 17 Legislaturas estatales a favor, que son necesarias para la declaratoria de reforma constitucional.

ADIÓS FEDERALISMO
Lo sentenciaba ayer Arnaldo Córdova, en la última parte de un lúcido texto publicado en La Jornada: “Enrique Peña Nieto es el sepulturero de la Constitución de 1917”, afirmaba. Quién sabe si de toda. Pero de lo que sí estamos seguros es que con esto, el Presidente y las “entidades federativas” —¿o provincias?— sepultaron al federalismo. Y sólo falta que regrese Santa Anna.

+ Referéndum, escondido para evitar ser visto

Si nada extraordinario ocurre, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobará la modificación a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución de la República, para continuar el cauce de la llamada reforma energética. Junto a esta reforma –que no sabemos si llegue a consolidarse, porque en las reformas a la Constitución participan también las entidades federativas, y quién sabe qué determinen éstas al respecto- habrá de darse otra, menos compleja, que dará a los ciudadanos mexicanos nuevas y amplias posibilidades de participación directa en los asuntos de incumbencia nacional. Nos referimos a la Consulta Popular, que ya sólo falta ser votada en el Senado de la República para convertirse en ley.
En efecto, la noche del martes la Cámara de Diputados aprobó, por una amplísima mayoría (436 votos a favor, 36 en contra y una abstención) la iniciativa de Ley de Consulta Popular, la cual es reglamentaria de la también recién adicionada fracción VIII del artículo 35 de la Constitución federal. Este nuevo mecanismo –que en Oaxaca ya existe, aunque hoy no sólo parece olvidado, sino también escondido por los poderes públicos para evitar que la ciudadanía asuma este nuevo rol en la democracia- implicará una nueva forma de participación de la ciudadanía en el contexto de la discusión nacional sobre la reforma energética. ¿Por qué?
Porque esta Ley de Consulta Popular fue una de las condiciones puestas por las fuerzas de izquierda nacional para poder darle paso a la discusión de la reforma energética. Como bien sabemos, la discusión sobre el marco jurídico -constitucional y legal- que debe regir al petróleo, la electricidad y demás energéticos, tiene una fuerte carga emocional para los mexicanos. La del petróleo, es la única batalla que históricamente le ha ganado México a las potencias extranjeras (particularmente a Estados Unidos). Por esa razón, en este tema el nacionalismo se exalta de una forma exponencial y se llega incluso a la posición de preferir que los energéticos se pudran en la naturaleza, antes que volver a entregarlos a manos y capitales extranjeros.
En ese sentido, es claro que aún cuando la reforma energética no tiene un futuro expresamente definido (hay conciencia de que es muy posible que se apruebe, mas no se puede afirmar esto con toda claridad hasta que la iniciativa no sea aprobada por las dos cámaras legislativas federales, y por la mitad más uno de las Legislaturas de los Estados), la Ley de Consulta Popular va caminando en una senda distinta: para que ésta llegue a convertirse en ley, sólo es necesario que la vote la mitad más uno de los integrantes del Senado de la República.
¿Qué implica esta reforma? En términos sencillos, la Ley de Consulta Popular lo que hace es establecer el referéndum como forma en la que los ciudadanos pueden emitir su opinión respecto a un tema de trascendencia nacional. En este sentido, la fracción VIII del artículo 35 constitucional establece que es derecho de los ciudadanos mexicanos “votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional”. La propia Constitución establece las bases generales, que en síntesis son las siguientes:
Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición del Presidente; del equivalente al 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras federales; o los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores; y cuando la solicitud sea de al menos 40% de los ciudadanos el resultado será vinculatorio para las autoridades. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la fuerza armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta, entre otras enumeradas en la propia Constitución.

EL REFERÉNDUM Y SU
IMPORTANCIA NACIONAL
La aprobación de esta ley constituye un paso fundamental para la democracia. En México ha sido largamente anhelada la posibilidad de que los ciudadanos puedan participar de forma directa en los temas que son de trascendencia nacional. El referéndum, o consulta popular, habían sido exigencias históricamente alejadas de la democracia mexicana, por ser contrarias a la tradición verticalista del régimen de partido hegemónico construido por los años de gobierno priista, y sostenidas en la primera alternancia de partidos en el poder a través del panismo.
Hoy el presidente Enrique Peña Nieto está buscando consolidar la reforma energética y a cambio el Congreso está abriendo una ruta por la que, al menos en la reforma energética, debemos transitar de forma irremediable: la consulta popular. Será sano para todos, incluso para quienes impulsan la reforma energética, que ésta decisión trascendente y que involucra a todos los mexicanos, sea sometida a una consulta en la que todos tengan posibilidad de participar, y en la que sea la propia ciudadanía quien refrende o rechace lo dispuesto por los integrantes de las cámaras legislativas.
Todo esto, para sorpresa de todos, ya existe en Oaxaca. El referéndum, el plebiscito, la revocación de mandato, el cabildo abierto, la audiencia pública y los consejos consultivos ciudadanos son mecanismos de democracia directa que existen en la Constitución de Oaxaca, y que están claramente reglamentados por una norma específica (la Ley de Participación Ciudadana), pero que por alguna extraña razón nunca han sido siquiera mencionados por el oficialismo o la oposición para darle un grado distinto, y mayor, de legitimidad a ciertas decisiones que trascienden a la vida y el bienestar de toda la ciudadanía.

MECANISMOS ESCONDIDOS
La Audiencia Pública es un mecanismo que casi de forma exclusiva es utilizado por el Gobernador del Estado. Aún con todas las críticas que se hacen a esos ejercicios, ésta es una forma de acercamiento con la ciudadanía, que hasta hace poco tiempo era inexistente. Pero de lo demás nadie tiene noticia. ¿Por qué en ninguna de las decisiones trascendentes de Oaxaca, los diputados, el Gobernador, o los propios ciudadanos, han optado por estos mecanismos? ¿A quién le conviene tanto, que todo esto siga siendo simplemente letra muerta en Oaxaca?

+ No hay consecuencias, ni reproches morales

Nuevamente comenzaron las comparecencias, y más allá del circo mediático y la faramalla que implica el enfrentar cara a cara con los secretarios del gobierno estatal con los diputados, lo que queda claro es que ese ejercicio no sirve para nada. No hay utilidad, porque la exhibición pública de yerros y desajustes en las tareas de gobierno no implica ningún compromiso ni consecuencia; y porque, ya ni siquiera en el plano de lo moral existe la posibilidad de que la recriminación sirva para que la sociedad o el propio gobierno tomen medidas para remediar las situaciones que se denuncian.
En efecto, hoy queda claro que la connivencia de diputados y funcionarios estatales ha traído consecuencias funestas para el equilibrio y los contrapesos en el poder público. Se supone que las comparecencias son el ejercicio posterior a la entrega del Informe anual de labores del Titular del Poder Ejecutivo, que tendría como utilidad que los diputados evaluaran con detalle, y tema por tema, los diversos sectores del gobierno que atienden las necesidades de la ciudadanía a través de servicios y obras.
El problema es que ese ejercicio hoy en día está plagado de vicios. Desde que comenzaron los tiempos de la alternancia –y el Gobernador dejó de ser del mismo partido que la mayoría legislativa, como fue hasta la LX Legislatura–, los diputados asumieron la “costumbre” de sostener encuentros y negociaciones previas con los funcionarios comparecientes para establecer los términos de las comparecencias. ¿La razón? Que se convirtió en una moneda de cambio la posibilidad de sostener un encuentro terso a cambio de beneficios y canonjías para cada legislador; o, en su defecto, que éstos tundieran al servidor público si no cumplía, previamente, con ciertos caprichos o peticiones de cada uno de los legisladores.
El resultado es funesto: en estos tres años, el ejercicio de las evaluaciones al Informe de Gobierno no sólo no mejoraron, sino que se llenaron de todos los vicios que nadie hubiera querido para una verdadera transición democrática. Pues contrario a lo que se hubiera esperado, en los temas torales de la relación entre poderes, los diputados deliberadamente quisieron simplemente no hacer nada para establecer métodos de control eficaces para conseguir que la administración pública tuviera un mejor funcionamiento, y también para corregir las fallas que hubiera en el ejercicio administrativo y de gobierno.
Al no establecer ningún mecanismo de control, ni de evaluación, ni de sanción respecto al funcionamiento de las secretarías del gobierno estatal, los diputados dejaron todo a la sanción moral, como forma de control respecto a los funcionarios. Sólo que ese mecanismo moral se vició en sí mismo cuando se volvió público que los funcionarios y los legisladores negociaban previamente la forma y los términos de la comparecencia, y cuando quedó claro que mucho de lo que ocurría era un encuentro pactado que no incluía ni informe serios sobre el funcionamiento del gobierno (todo se reducía a una exaltación unilateral de logros de la administración, aunque sin el contraste necesario con las metas incumplidas y sin ofrecer datos y estadísticas serias sobre el rubro), y tampoco críticas basadas en la razón y en la responsabilidad por parte de los diputados, que sólo iban a cumplir con el papel negociado y no a refrendar la representación popular que la ciudadanía les entregó a través de las urnas.

UN CIRCO
Frente a todo esto, queda claro que el problema del formato actual de este ejercicio no sólo radica en el hecho de que las comparecencias sean un auténtico circo, sino sobre todo en el hecho de que éstas no tienen impacto alguno en la evaluación del trabajo realizado, o en el establecimiento de compromisos sobre las deficiencias en el ejercicio de la administración pública. No. Porque en realidad las comparecencias sirven sólo para que los diputados se luzcan señalando, cuestionando y descalificando a los servidores públicos, y para que éstos vayan e informen lo que les viene en gana.
Ahí existe un problema de fondo que, deliberadamente, no ha sido atacado. Pues desde que ocurrió el establecimiento de las comparecencias de secretarios de despacho ante el pleno del Congreso del Estado, se han ido anidando un conjunto de prácticas que hoy hacen no sólo inviables las comparecencias como una forma de rendir cuentas, sino que incluso las convierten en un ejercicio nocivo porque lo que se hace año con año es refrendar las prácticas de connivencia que no debían existir en algo a lo que muchos insisten en llamar como “democracia”.
Y es que a la distancia se ha podido corroborar que la fragilidad de ese mecanismo de rendición de cuentas, y las amplias libertades que permite tanto para quienes comparecen, como para quienes examinan, permite que en realidad las comparecencias se hayan convertido ya en un auténtico “toma y daca” de negociaciones, prebendas y hasta extorsiones, en las que diputados y funcionarios se reúnen previamente para negociar no los compromisos, sino la cordialidad o dureza con la que serán tratados. Lo grave es que en esas “negociaciones” lo que se pone sobre la mesa es impunidad, recursos económicos, prebendas y “colaboraciones en conjunto”, que en realidad no son sino una forma de institucionalización de muchos de los negocios turbios que siguen existiendo en el ejercicio del poder público.
Hasta hoy, los diputados han omitido de forma deliberada revisar el formato de las comparecencias. En el inicio de la LXII Legislatura, los legisladores aparentan estar aún metidos en la ingenuidad que esconde la voluntad porque las cosas no cambien. Eso es lo que hemos visto hasta ahora: comparecencias en los que los funcionarios van a decir lo que quieren y no lo que deben; y en las que los señores legisladores vociferan, se rasgan las vestiduras, exigen renuncias y confrontan de manera abierta a los servidores públicos comparecientes. Aunque al final todo termina en que no pasa nada, en que los gritos y las cifras alegres sirven para resolver nada, y en que al terminar el día todos se van a su casa aunque todos los problemas discutidos y denunciados, sigan existiendo.

NO HAY CONSECUENCIAS
Ese es el problema: que no hay consecuencia ni compromiso alguno derivado de las comparecencias. Por eso todos van a prometer lo que quieren, y a cumplir lo que pueden o que se les antoja. Y los diputados siguen voluntariamente atados de manos dejando de lado la posibilidad de hacer algo de veras positivo para Oaxaca.

+ Posible, estar a favor o en contra: pero bien hecho

La verdadera oposición a la reforma energética no se encuentra en las calles o en la toma de la tribuna legislativa, como intentan hacer algunos grupos de izquierda en el país: la respuesta de fondo, y la verdadera oposición a un intento como éste se encuentra en la propia Constitución de la República. ¿Por qué nadie la ve? Porque en realidad es tanto el desprecio que el centro del país le tiene a las entidades federativas –y éstas se encuentran tan desvalorizadas- que todos intentan consumar, o frenar, la reforma energética desde el centro de la República, cuando México es un país que tiene 32 entidades, todas con distintos intereses, posiciones y visiones respecto al petróleo y los energéticos.
En efecto, ayer que la discusión legislativa en el Senado estaba a punto de pasar de las comisiones al pleno, legisladores del PRD optaron por su tradicional estrategia de tomar la tribuna de la cámara alta, para tratar de impedir que la discusión iniciara y siguiera avanzando la consolidación de la reforma legislativa, en las cámaras federales. Antes, los integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional –partido en ciernes, del ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador- habían instalado un cerco a las instalaciones del Senado, intentando con ello evitar que los legisladores pudieran llegar al recinto senatorial. Además de que esos intentos son ilegales, éstos también han demostrado su ineficacia ante un asunto de tal envergadura como el que enfrenta la nación con la reforma energética.
Y es que en el fondo la discusión radica sobre la posibilidad de que el Estado mexicano permita o no que capitales privados, y extranjeros, se involucren en tareas de exploración y extracción de petróleo y gas. La visión nacionalista que defienden los partidos de izquierda en el país, intenta evitar que manos ajenas al Estado mexicano tengan intervención en esas tareas, y plantean una reforma a Petróleos Mexicanos para dotarlo de las herramientas que necesita. La otra visión, la del gobierno federal (respaldada por el PRI y el PAN) busca la salida más práctica: que, como en otros países, el Estado mexicano permita la intervención privada para hacer más competitiva a la industria, para permitirle avances en un lapso menor de tiempo, y para compartir riesgos en las labores de exploración en las que hoy el Estado es el único que gana o pierde, con la búsqueda de nuevos yacimientos en aguas profundas.
Queda claro que esas dos visiones son irreconciliables. Así lo han aceptado el PRI y el PAN de la mano con el gobierno federal, y también así lo asume el PRD y los demás grupos de izquierda en el país, que juntos dicen que no darán tregua en sus respectivas posiciones. Los partidos que impulsan la reforma energética decidieron dejar atrás los pactos de pluralidad para erigirse en un abierto grupo aliado que se limitarán a la tarea de sacar juntos la reforma constitucional, uniendo el número de votos que necesitan en las dos cámaras legislativas federales. Y enfrente, los grupos de izquierda intentan frenar la reforma con lloriqueos, con marchas, con cercos y con toma de tribunas legislativas.
Juntos parecen no comprender que la nación es mucho más que tres partidos; que México es mucho más que dos cámaras legislativas, y que 500 diputados y 128 senadores. México es una federación, formada por 31 entidades y un distrito federal, los cuales deberían ser tomados en cuenta e involucrados de forma determinante en una reforma de tal calado como la que se intenta. Nadie lo ve. Y lo más triste es que parece que los mismos estados no asumen su importancia en este momento tan decisivo para la nación.

VOLVER A LA CONSTITUCIÓN
México, lo sabe cualquier abogado, tiene una Constitución que establece un método rígido para realizarle reformas o adiciones. Esto es, que contempla un procedimiento especial, distinto y más complejo, que la forma en que se puede concretar una modificación a leyes ordinarias.
De hecho, el artículo 135 constitucional establece: “La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que estas sean aprobadas por la mayoría de las Legislaturas de los Estados.”
Ya metidos en la dinámica política tradicional de nuestro país, podríamos descalificar esta vía por considerar que en México las cosas se arreglan de otra forma. Es decir, con protestas, en las calles, o con toma de tribunas legislativas. No entendemos que todas las posibilidades siguen abiertas, porque el hecho de que el PRI y el PAN en el ámbito federal acuerden una reforma, no significa en automático que ésta alcanzará el nivel de constitucional, y que por ende se volverá obligatoria para todo el país.
Por eso es momento de que todos regresemos a ver la importancia que tienen las entidades federativas (Oaxaca entre ellas) en todo este proceso, y que todos asumamos que este es el momento en que todos los ciudadanos -al margen del PRI, del PAN, del PRD o de López Obrador-, dejemos los intentos demagógicos para defender a nuestra Constitución, y lo hagamos por las vías que la propia Carta Magna nos ofrece. Es decir, que si no estamos de acuerdo con reformas como la energética, a los mexicanos nos queda, antes que las calles o que la resistencia, la segunda –e igual de importante- parte del 135 constitucional, que establece que las Legislaturas locales deben también dar su anuencia para que una reforma alcance verdaderamente el rango de constitucional.
No valoramos esa situación; las mismas entidades federativas no valoran su posición e importancia en un momento como éste. Es lamentable porque entonces queda demostrado que el centralismo en nuestro país es aprovechado por quienes quieren decidir todo desde la ciudad de México, pero también por las entidades que no asumen su importancia, y que aún se creen simples provincias de un virreinato que dejó de existir hace casi dos siglos en nuestro país.

POSICIÓN EN OAXACA
Aquí habrá una situación particular con la reforma energética: para aprobarla, la Legislatura necesita el voto de la mitad más uno de sus integrantes. En Oaxaca, la LXII Legislatura tiene mayoría simple priista. Pero oficialmente gobierna el PRD. Y no sólo eso: el gobernador Gabino Cué ha sido un decidido partidario de personajes como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Qué pasará?