+ Protección efectiva: no tutelas ni paternalismos

La semana pasada la Asociación de Comunicadores de Oaxaca (ACO) emitió un posicionamiento frente a la posibilidad de que la LXI Legislatura aprobara una iniciativa de Ley de Protección al Ejercicio Periodístico que, además de tener un contenido poco útil para la seguridad de los periodistas, incluía el establecimiento de ciertas medidas que no sólo no eran útiles para el ejercicio periodístico, sino que en sí mismas generaban un estado de polarización inútil entre todos los actores periodismo en Oaxaca. Ante las posiciones, y las reacciones, urge un debate civilizado que evite absurdos de los que luego todos nos arrepintamos.
En efecto, la ACO emitió un posicionamiento en el que en esencia hace los siguientes planteamientos: a) se dice a favor del establecimiento de protocolos que garanticen la seguridad de periodistas y de los medios de comunicación, necesarios en una entidad como la nuestra.
b) Denuncia lo que califica como “un nuevo embate” hacia los medios de comunicación de nuestro estado, pues por segunda ocasión en menos de tres años se promueve en el Congreso de Oaxaca una iniciativa de ley que tiene que ver con medios de comunicación y periodistas, pero sin el consenso de los mismos medios de comunicación.
c) Señala que, al intentar convertir en ley esta iniciativa, la LXI Legislatura no sólo sería omisa al proceso de diálogo que debe fundamentar la creación de una ley, sino cometerían el error jurídico y legislativo de sobrerregular o intentar regular lo que ya está considerado en la Constitución y en diversas leyes federales; y,
d) La ACO manifiesta que actuará unida ante este embate y exige al Congreso abrir los espacios de diálogo para emitir normas consensadas y legitimadas pues no hacerlo, dice con razón, un peligro para la libertad de expresión y abre la puerta a grupos de personas con intereses particulares y extraperiodísticos alejados al bien de Oaxaca.
Las reacciones de los grupos parlamentarios no se hizo esperar, así como tampoco la de algunos sectores de los medios informativos que han sido engañados y utilizados por esos grupos de personas con intereses particulares y extra periodísticos a los que se refiere la ACO, para sacar adelante una norma que ni protege a los trabajadores de la información, ni es útil para tener un mejor ejercicio periodístico en la entidad.
¿Qué dijeron desde las fracciones parlamentarias? El coordinador de los diputados del PRI, Francisco García López aseguró que ninguna ley debe ser aprobada al vapor, sin escuchar las demandas y propuestas de los distintos segmentos sociales directamente involucrados con cada legislación, y por eso se pronunció porque grupo parlamentario del PRI sólo apoye una iniciativa consensada y legitimada.
De forma mucho más discreta, el diputado Juan Mendoza, de la fracción panista, dijo que la citada iniciativa “no será presentada al pleno legislativo hasta que se consense con todos los sectores involucrados”. Con resignación, Mendoza adelantó que antes de llevar al pleno la propuesta de Ley de Protección del Ejercicio del Periodismo en Oaxaca, se convocará a una mesa con todos los actores del sector periodístico para que enriquezcan la iniciativa.

QUEBRANTOS, ¿DÓNDE?
Algunos sectores de la prensa se mostraron dolidos por esta decisión. Sostenían, por ejemplo, que por la inexistencia de esa ley muchos compañeros se encuentran en la desprotección. Esto, en efecto, puede ser así en ciertos casos. Pero una ley como la que pretendían impulsar no terminaba con ninguno de esos problemas y, al contrario, generaría otros que ellos mismos ni siquiera vieron, y que manos ajenas al gremio periodístico introdujeron con fines distintos a los que nos interesan.
¿Por qué no termina con los problemas? Porque, en el caso de los derechos laborales de los trabajadores de la información, éstos deben cumplirse en base a las leyes que ya existen en materia laboral, de seguridad social, de vivienda y fiscales, y el no hacerlo constituye un incumplimiento que debe ser denunciado y atendido por las autoridades federales competentes. Quien no cuente, por ejemplo, con Seguro Social, debe denunciarlo ante esa instancia para que a la empresa se le sancione. El gremio periodístico no es un sector socialmente vulnerable, ni mucho menos, como para suponer que una ley especial deba constatar derechos que ya se encuentran en sus ordenamientos.
Ahora bien, en el caso de los ataques a periodistas, lo que debe hacerse es establecer, y exigir con todo el vigor posible, los protocolos para la actuación de la autoridad frente a hechos relevantes y para la protección de quienes dentro de la prensa realizan actividades de riesgo. Esos son temas programáticos que deben ser establecidos y puestos en marcha, y no cuestiones declarativas —y en la práctica, inservibles— como las que engañosamente pretendía la ley citada, los cuales no resolverían nada.
Algo que causa más alarma aún es el hecho de que en los entresijos de esa ley se establecieron temas como el de la “profesionalización” y la “capacitación” que buscaban beneficiar a otros. ¿Quién sería el encargado de “capacitar” y de “profesionalizar”? Porque queda claro que los recursos para hacerlo los pondría el Estado (cuestión que de sí es impropia). Incluso, ¿a quién le interesaba tanto que se institucionalizara esa veta de chamba para capacitar a los comunicadores, y que incluso se creara un organismo “rector” de las relaciones entre medios de comunicación y periodistas, que tuviera injerencia —y hasta querían que tuviera autoridad— entre unos y otros?

UTILIZADOS
Insistimos: deben establecerse mecanismos para salvaguardar la integridad de los trabajadores de la información y los derechos de todos —no sólo de los periodistas— contemplados en los artículos 6 y 7 de la Constitución federal. Pero ni la ONU, ni los organismos internacionales de la materia, ni nadie, considera que sea a través de los supuestos mecanismos que se contemplaban en la iniciativa que iba a ser aprobada. Por ello, el consenso debe ser amplio y debe aprobarse una ley que sea útil para los informadores y para la vida pública. Querer hacerle un traje a la medida a los oportunistas de siempre, que quieren dictar las reglas de los medios sin nunca haber sido parte de uno de ellos, ni haber ejercido el periodismo en alguna de sus nobles y variadas formas, es tanto como regalarles una oportunidad que ni merecen —pero que sí andan buscando con oportunismo y ventaja—, ni que los periodistas estamos para desperdiciar.

+ Estéril, puja entre grupos por los cargos

Estamos a escasas cinco semanas de que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto cumpla su primer año de gestión, pero en Oaxaca aún se encuentran vacantes algunas de las más importantes delegaciones federales. Esto, es cierto, tiene su explicación en el aparente desdén que profesa el gobierno de la República por nuestra entidad, pero también en la interminable disputa que han sostenido los diversos grupos priistas por esos cargos. Lo trágico del asunto, es que mientras se libra esa batalla por los cargos, las remuneraciones, los presupuestos y los afanes políticos, hay otros “pescadores” que disimuladamente han aprovechado el río revuelto para sacar ventaja. En varias delegaciones se puede dar cuenta de ello.
En efecto, desde principios de año comenzó la batalla por las delegaciones. Partidarios de los grupos políticos de cada uno de los ex gobernadores, comenzó a buscar los espacios, primero, para regresar a la senda del presupuesto, pero también para tratar de reactivar la labor política que en Oaxaca se había acabado para los priistas luego de la derrota de 2010. En el primer semestre de 2013, sólo pudieron acomodarse Jorge Toledo en la delegación de CDI, Manuel García Corpus en Sagarpa, y David Mayrén en la SCT, además de algunos otros que no realizan funciones administrativas y presupuestales relevantes para la entidad.
En ese sentido, parecía que la batalla por las delegaciones federales era también un asunto político, y no un tema técnico y administrativo. En algunos de los casos, como el de Jorge Toledo, éste hizo valer su calidad de senador suplente del PRI, incluso más que su evidente cercanía al ex gobernador Ulises Ruiz, para ser nombrado delegado de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; y en el caso de García Corpus y Mayrén, ellos llevaron a cabo negociaciones que pasaron o por las aspiraciones por la dirigencia del PRI, o por el impulso del gobierno estatal. Pero, en casi todos los casos, el común denominador era la medición de fuerzas entre grupos políticos y la presión por obtener una delegación como trampolín para los comicios federales intermedios de 2015.
En ese camino se quedaron varias delegaciones, comenzando por Sedesol y pasando por Sedatu, pues ambas, por su amplitud presupuestal y por los programas sociales que administran, parecían las más redituables para el interés económico o político de los grupos priistas que intentan restablecer su predominio en la entidad.
En la Sedatu (que maneja programas con presupuestos millonarios, como Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda Esta es tu Casa, Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares, Vivienda Rural, el Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos, Rescate de Espacios Públicos, Vivienda Digna, Hábitat, Joven Emprendedor Rural, el Programa de la Mujer en el Sector Agrario, y el Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios), fue la propia ex diputada federal Sofía Castro quien soltó el rumor de que sería nombrada como delegada. Más tardó en difundir la información y una fotografía en la que aparece con el titular de Sedatu (aunque no en un acto de toma de protesta, como pretendió hacer ver) que sus adversarios políticos en hacerle ver que su llegada a esa delegación se convertiría en un problema y en una fuente de cuestionamientos para el gobierno federal. Hoy en día, según el portal de transparencia de la Sedatu, la delegación en Oaxaca sigue apareciendo como vacante.

APROVECHADOS
En el caso de Sedesol, ésta delegación pasó por un largo impasse —los primeros meses de la nueva administración federal, por la entrega-recepción; y los siguientes por el periodo electoral, en el que nadie quería suspicacias— en el que continuaron trabajando los funcionarios calderonistas, hasta que luego de los comicios fue nombrado un nuevo encargado de la delegación el político poblano José Antonio Aguilar San Sebastián. Aquí surge una nueva vertiente de esta historia de desencuentros entre los grupos priistas de la entidad, que demuestra fielmente que las luchas intestinas nunca dejan algo positivo.
¿Por qué? Porque en la Sedesol sí registraron bien que el conflicto político del priismo oaxaqueño haría intransitable el nombramiento de un delegado salido de los nombres que se barajaban. Y ahí se incrustó otra disputa, poco disimulada pero ajena a la política local, entre los subsecretarios Ernesto Nemer y Juan Carlos Lastiri, y entre uno de éstos y la propia secretaria, Rosario Robles.
¿Qué pasa? Que la secretaria Robles ha marcado amplia distancia de Nemer, porque ve en él (que es mexiquense, y secretario del ramo cuando el presidente Enrique Peña era Gobernador de esa entidad) a su posible relevo en caso de ser removida. En esa distancia, Robles trabó alianza con Lastiri (que es de origen poblano) para acotar los espacios a Nemer y atajar su posible crecimiento político. Sólo que de esa alianza han comenzado a salir manejos poco claros, que toman como base revueltas locales como la que ocurre en Oaxaca, que impide que se defina, por decisión política en la Secretaría de Gobernación, la conformación de la delegación en la entidad.
Y es que pocos ven, que mientras sigue su curso la disputa por la delegación entre los priistas locales, la Sedesol envió no sólo a un poblano, paisano del subsecretario Lastiri, como encargado de la delegación, sino que ésta poco a poco se ha ido llenando de funcionarios enviados desde aquella entidad. Eso no tendría nada de cuestionable, si no fuera porque de las propias organizaciones de la sociedad civil, y de las comunidades, comienzan a emanar señalamientos de que los encargados de la Delegación aprovechan la aparente confusión para recomendar contratistas, proveedores, o para dirigir los programas hacia ciertos fines que no necesariamente son para los asuntos y provechos para los que fueron creados.

¿A NADIE LE IMPORTA?
Los grupos priistas locales están ocupados, y perdidos, en sus disputas personales. Y no alcanzan a ver, y quizá ni les importa, no sólo que aquí la delegación esté siendo usada para beneficiar a particulares a través del presunto tráfico de influencias, sino que de ello tengan conocimiento incluso en las oficinas de Sedesol de la Ciudad de México y nadie haga algo para detenerlo. No harían nada, obvio, porque desentenderse les sería conveniente. Y aquí, mientras el gato no está, los ratones hacen fiesta…

+ Privilegiar democracia y los consensos

La renovación en la dirigencia estatal del PRI debiera implicar el primer ejercicio verdaderamente democrático, de inclusión y de consensos. Los procesos electorales que se avecinan serán determinantes no sólo para los grupos políticos locales, sino que tendrán una implicación nacional que hace apremiante dejar atrás el marasmo de los últimos años para construir verdaderas oportunidades de competitividad electoral.
En efecto, desde hace tres años la dirigencia priista tiene un funcionamiento meramente virtual. Durante ese tiempo, en Oaxaca han pasado dos procesos electorales –el federal de 2012 y el intermedio local de este año- en los que el PRI ha salido medianamente librado: en los comicios federales fueron arrasados a pesar del arrastre que tenía Enrique Peña Nieto como candidato presidencial; en el del presente año, los tricolores salieron más o menos bien librados, pero no gracias a la unidad del partido o al establecimiento de estrategias concretas: en todos los casos fueron factores muy concretos (y hasta casualidades) lo que determinó cada uno de los triunfos y las derrotas del tricolor en las diputaciones y las alcaldías.
En todo esto, el papel que ha jugado la dirigencia es lamentable. Pues al día siguiente de que Ulises Ruiz dejó la gubernatura (y habiendo ya heredado a Eviel Pérez Magaña como inoperante dirigente priista), la lucha por el PRI tomó un matiz imparable de ferocidad que a la larga provocó que el CEN tomara sucesivas decisiones salomónicas enviando a delegados con funciones de Presidente que, en los hechos, han servido para poco.
¿Por qué? La respuesta es simple: primero Jorge Esteban Sandoval Ochoa y luego Salvador Sánchez, si bien eran priistas de cierta ascendencia, también quedaba claro que venían a Oaxaca a cumplir un trámite partidista y a administrar la inercia que llevaba esa historia de confrontaciones y discordancias sin límite entre los grupos políticos locales. Sandoval hizo ciertos esfuerzos por la unificación, que finalmente no llegaron a ningún puerto, y Salvador Sánchez decidió retirarse del encargo priista en la entidad, abrumado por la resistencia de los grupos priistas para fomentar un arreglo definitivo a sus diferencias.
Luego llegó a Oaxaca, con promesas de generar un parteaguas en la dirigencia del tricolor y presumiendo el respaldo del líder nacional del PRI, César Camacho Quiroz, Juan José Moreno Sada. Éste, a pesar de todos los activos que tenía como dirigente (oaxaqueño, legitimado por el CEN, con militancia y con un paso aceptable por la política local) pronto demostró su bisoñez, su incapacidad para estar a la altura de las disputas y para imponerse como líder, e incluso su poca disposición para generar un proceso real de unificación y revitalización al interior del partido.
Por eso, si las cuentas del PRI oaxaqueño (buenas o malas) no salieron así gracias a Moreno Sada, éste tampoco puede presumir que hizo algo distinto que sus antecesores. Meses después de su llegada quedó claro que, como Sandoval y Sánchez, llegó también al PRI para cumplir un trámite, para agarrar una chamba y una cómoda candidatura, y para administrar los problemas del tricolor, pero sin resolver uno solo de ellos.

EL FUTURO
En dos años habrá comicios federales, y de ahí se perfilará la ruta por la gubernatura en el año siguiente. El PRI, hoy en día, se encuentra en posibilidad de tener importantes activos para esos dos procesos. Cuando menos dos funcionarios del gobierno del presidente Peña Nieto buscarán ser candidatos a Gobernador de Oaxaca (Alejandro Murat Hinojosa y Héctor Pablo Ramírez Leyva). Quienquiera que sea el Abanderado del PRI en 2016, lo menos que necesita es un partido unificado, revitalizado y capaz de ser la plataforma de la campaña, antes que sólo esperar a que al candidato haga todo el trabajo y gane solo las elecciones.
Por eso es importante no sólo la renovación de la dirigencia, sino que ésta ocurra a través de un proceso ejemplar, amplio, unificador e inclusivo de todas las corrientes y expresiones priistas. ¿Cómo? De entrada, que contrario a lo que quieren algunos aspirantes a la dirigencia (que, invocando equivocadamente los estatutos, alegan que hay quienes no pueden aspirar de nuevo a la Presidencia del PRI), los espacios de participación se abran de la forma más amplia posible, para que en ese proceso quepan todos los que aspiran a ese cargo.
Luego, que haya garantía de que quien asuma el cargo, lo haga a través del consenso de las principales expresiones del PRI, y que también cuente con el aval nacional para llevar a cabo ese proceso de reorganización de las estructuras del PRI por todo el Estado, que no se ha hecho desde los comicios para Gobernador en 2010. Ésta, pues, debe ser una dirigencia alejada de las poses, de los proyectos personales, y de la frivolidad, y dedicada por completo al trabajo territorial y al establecimiento de las condiciones para las competencias electorales que vienen.
¿Quiénes buscan ese cargo? Los que han levantado la mano son muchos. Pero en realidad no son más de cuatro los que tienen posibilidades reales de llegar al máximo cargo priista en la entidad. Éstos son Jorge González Ilescas y Heliodoro Díaz Escarraga, además de Francisco Ángel Villarreal y Francisco García López. Son, acaso, los únicos cuatro con capacidad de aglutinar los consensos a su favor, que no están vetados de origen por alguno de los notables del priismo oaxaqueño (los ex gobernadores) y que tendrían la fuerza y capacidad suficiente para hacer de la dirigencia un espacio de trabajo y no la inservible zona de confort que hasta ahora ha sido para quienes han tenido ese cargo.
Todo debiera comenzar por una elección estatutaria, que estableciera un periodo definido, con el compromiso de que éste debe completarse, sea por tres o por cuatro años. Y sobre todo, que estableciera una ruta clara de consensos de trabajo partidista antes que de facción, y que dejara constancia que, luego de la derrota, en el PRI pueden ser ya mayores de edad con posibilidad de regirse democráticamente con autonomía, de cara a sus compromisos electorales en el corto y mediano plazo.

¿Y VILLACAÑA?
A otro que también tendrán que escuchar, en esta definición, es al Edil electo de la capital, Javier Villacaña Jiménez. ¿Ya vieron que él podría tener voz para definir pero, si no está en esa posibilidad, también la tendrá para vetar? Al final, Villacaña será también parte en la búsqueda de los consensos.

+ Es deber personal, profesional y de gobierno

Quizá para el secretario de Salud del gobierno estatal, Germán Tenorio Vasconcelos, la exigencia de su renuncia sea un capricho por parte de quienes tienen “algo” en su contra. Lejos de eso, las claras muestras de negligencia médica hacen patente la necesidad de su salida incluso como un parteaguas para que el gobierno tome medidas radicales en los servicios de salud que ofrece a la ciudadanía. Hay varias razones para pensar en su renuncia inmediata al cargo que ostenta. Éstas son algunas de ellas.
1. La razón personal. Si bien Germán Tenorio no es el directamente responsable de las negligencias médicas ocurridas en el Centro de Salud de San Felipe Jalapa de Díaz, y tampoco de las que ocurren a diario en incontables comunidades del amplio territorio oaxaqueño, sí queda claro que él es la cabeza de un conjunto de funcionarios que sistemáticamente han dejado de lado su responsabilidad pública y profesional, y por eso en primera instancia debiera ser indispensable que, como muestra de voluntad tanto para la investigación y deslinde de responsabilidad en el caso de Jalapa de Díaz como para poner el ejemplo de lo que debe hacer un ciudadano, un funcionario, y un profesionista responsable cuando se enfrenta a una situación como esa.
2. La razón profesional. Como médico y profesional de la salud que es, resulta insostenible que Germán Tenorio anteponga el interés de su responsabilidad como secretario de Salud a su ética y capacidades como médico, y públicamente dé por válido que los servicios de salud que el gobierno ofrece a la ciudadanía, pueden llegar a ser tan deficientes como para permitir que una mujer dé a luz a una criatura en el jardín de un centro de salud, sólo porque ésta llegó en horas laboralmente inhábiles; o tolerar que hasta antes de la presión mediática nacional e internacional, la dependencia a su cargo no hubiera removido a uno solo de los responsables por temor o por presión del Sindicato. Ser parte –por acción u omisión- de estas situaciones, pone a cualquier profesional en una situación de indignidad y contraria a lo que juró hacer por la sociedad cuando protestó como profesional en el ejercicio de la medicina.
3. La razón pública. Germán Tenorio es médico, pero también es servidor público. Frente a los hechos de Jalapa de Díaz y sus desafortunadas reacciones, él debería asumir con entereza y responsabilidad que aún cuando sus detractores no tengan razón, y su salida no sea en sí mismo necesaria, él no puede permitir que su testarudez, su irascibilidad y su resistencia a asumir la responsabilidad con valor y humildad, sigan provocando daños al gobierno para el que trabaja. Finalmente, como “político” su compromiso puede ser con el gobernador Gabino Cué. Pero más allá de esa situación meramente de conveniencias, lo que también debe asumir es que él es un agente del Estado y que con su actuación pone en evidencia a todo el Estado Mexicano. ¿Al secretario Tenorio no le queda claro –incluso cuando cobra su salario- que él no es sólo un subordinado de Gabino Cué, sino el Titular de los Servicios de Salud en Oaxaca, y también el delegado del gobierno de la República en esa materia? Su actuar deja mal parado no sólo al gobierno estatal –con quien tiene débitos directos- sino también al gobierno federal, que es la cara visible del Estado Mexicano frente al mundo, el cual también está saliendo fuertemente lastimado por una situación como ésta.
4. La razón de gobierno. El mismo gobierno, el estatal y el federal, no debían ser tan tolerantes frente a una situación como ésta. Por mantener la integridad del Estado, deberían exigir la renuncia del secretario Tenorio y de todos los que son legalmente corresponsables de estos hechos. Y es que lo habíamos dicho en otro momento y lo reiteramos: si una situación como ésta hubiera ocurrido en otro país, las medidas que se hubieran tomado para remediarlo hubieran pasado no sólo por la destitución de toda la cadena de mando que permitió o que provocó esa situación (como una forma de desagravio a la sociedad ante los funcionarios negligentes), sino también por el establecimiento de nuevas medidas, de Estado, para evitar que la vida y los derechos de todas y cada una de las personas (pues los derechos de todos, en el campo o la ciudad, valen por igual) fueran vulnerados por situaciones que el gobierno tiene en sus manos evitar.

¿QUÉ SIGUE?
El Estado oaxaqueño pagó de por sí un costo altísimo por los hechos mismos de Jalapa de Díaz. Con su difusión, todos pudimos saber lo que pasó ahí, pero el hecho ya existía. Ese costo se duplica con cada traspié de los funcionarios estatales que al no poder manejar la situación, prefieren encarar y retar a la prensa antes que asumir la responsabilidad que les corresponde. Y por si algo más faltara, la situación llega a niveles de intolerancia cuando todos los funcionarios se conforman con prometer “investigaciones” para deslindar responsabilidades del caso, como si con eso se pudiera regresar el tiempo y evitar lo ocurrido, o como si esa fuera la llave mágica para que algo así nunca más volviera a ocurrir.
En el fondo, con las “investigaciones” lo que se pretende es darle carpetazo al asunto. ¿Qué ganará la sociedad con saber si el responsable de los hechos de Jalapa de Díaz fue el médico que no quiso atender a la parturienta, si fue la enfermera quien no quiso llamar al médico para que conociera el asunto, si el responsable fue un tema administrativo o burocrático, o si finalmente todos, hasta el Secretario de Salud, son directamente responsables por los hechos? Los directamente afectados ganarán justicia frente a los derechos que les fueron vulnerados. Pero más allá de eso, este asunto no habría servido para nada si no sirve también como escarmiento, como lección y como punto de referencia para todos. La investigación de los hechos, en todo caso, tendría efectos limitados. Pero un tema como la salud no puede conformarse con tan poco.

LA RESISTENCIA
Lamentablemente, casi todos ven el asunto como una mera cuestión de intereses y de “chambismo”. Dicen “que se vaya Germán Tenorio”… para luego proponer a alguien afín a cualquiera de los grupos que se disputan el poder en Oaxaca. Siendo así, a la salud se la sigue llevando el carajo, porque lo que se disputan son los cargos, los negocios y las responsabilidades. ¿Qué de plano estamos tan mal como para seguir siempre viendo eso como algo “normal”?

+ Falso debate sobre el fuero, para cubrir espaldas

La detención del diputado local electo por Nueva Alianza, Luis Díaz Pantoja, parece ser ocasión para reabrir un viejo y falso debate sobre la existencia del fuero y la supuesta “utilidad” que tiene para evadir la acción de la justicia. Para quienes gustan del propagandismo y el amarillismo, este caso constituya una demostración más de que la narcopolítica está presente y que por esa razón el fuero debe ser eliminado, para que los cargos públicos dotados de inmunidad constitucional ya no sean una tentación para los capos de la mafia. Esta es una apreciación tendenciosamente inexacta.
En efecto, luego de que la semana pasada se diera a conocer que varios de los hermanos Díaz Pantoja habían sido detenidos por autoridades federales, acusados de delitos relacionados con delincuencia organizada, en Oaxaca y en el país se reabrió el supuesto debate sobre la eliminación del fuero en la Constitución federal. Más disimuladamente, otros cuestionaron al Partido Nueva Alianza por postular a gente de dudosa reputación política y personal. Y casi nadie reconoció que el problema no es el fuero constitucional sino el poco temor que tienen los partidos políticos a caer en la tentación de que los intereses le ganen a la responsabilidad y los principios democráticos que debe observar toda representación popular.
Y es que todavía estaba fresca la detención de Díaz Pantoja cuando ya políticos y oportunistas estaban hablando sobre la urgencia de terminar con el fuero constitucional de legisladores, dadas las “pruebas existentes” de que la narcopolítica es una forma reiterada por la que buscan la inmunidad y la evasión de la acción de la justicia. Propios y extraños casi dijeron “al ladrón” y se fueron contra el fuero no tanto para cerrar una llave de impunidad, como para desviar la atención de los temas de fondo que están relacionados con el poco cuidado, y la complicidad, de los partidos en la postulación de personas que no tienen calidad moral para ser candidatos y, potencialmente, representantes populares dotados con privilegios contemplados con la ley.
Quienes van en esa dinámica ponen como ejemplo al ex diputado Julio César Godoy Toscano, quien siendo candidato a diputado por el PRD en Michoacán fue implicado en el llamado “michoacanazo”, por el que el gobierno del presidente Felipe Calderón implicó a una treintena de candidatos a presidentes municipales, así como a dicho personaje, que además es medio hermano del entonces gobernador de aquella entidad, Leonel Godoy Rangel.
Godoy Toscano, como bien sabemos, evadió la acción de la justicia pero aún así ganó la elección constitucional. Luego, no llegó a asumir su cargo el día de la apertura de sesiones de la LXI Legislatura federal. Y, en una franca acción que buscaba llevar la contra al gobierno calderonista, Godoy fue escondido y escoltado por otros legisladores del PRD y el PT para que entrara al recinto legislativo, a hurtadillas, a tomar posesión de su cargo y gozar del fuero no tanto para evadir las averiguaciones previas en su contra, sino para evitar ser detenido y encarcelado, cosa que finalmente ocurrió cuando la presión política hizo que el PRD lo presionara para solicitar licencia a su cargo y éste quedara en posibilidad de ser aprehendido para enfrentar, en prisión, los delitos de delincuencia organizada que se le imputaban.
Ese, el de Godoy Toscano, es un caso “histórico”. Pues fuera de él, ni los líderes petroleros Carlos Romero Deschamps, ni Ricardo Anaya, ni la profesora Elba Esther Gordillo, ni prácticamente nadie, ha llegado a tener fuero constitucional para evadir la posibilidad de enfrentar un proceso ante las autoridades jurisdiccionales que lo requieran para esos efectos.

FUERO Y EVASIVAS
¿Quiénes tienen fuero constitucional? Según el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, éstos son los servidores públicos que gozan de inmunidad constitucional: los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los Jefes de Departamento Administrativo, los Diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo. “La Cámara de Diputados –finaliza diciendo dicho precepto- declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.”
¿Por qué ellos? Porque técnicamente ellos cumplen funciones de Estado que no pueden quedar sujetas a la posibilidad de que algún particular, e incluso alguna institución, los presione para cumplir una de sus atribuciones, o bien para dejar de hacerlo, a través de la instauración de un proceso judicial.
En el fondo, lo que sigue estando en entredicho es la inmunidad que tienen los partidos políticos para seguir echándole la culpa al fuero y evadir de esa forma sus responsabilidades. ¿Quién postuló a Díaz Pantoja? Fue la dirigencia estatal, con el aval de la dirigencia nacional. A ellos, y no al pueblo que ni siquiera votó por él (lo hizo indirectamente, aunque en realidad a muy pocos votantes les interesa siquiera saber quiénes son sus candidatos por la vía de la representación proporcional) es a quienes les toca ofrecer una explicación de qué fueron los atributos políticos que los llevaron a postular a ese personaje, qué antecedentes le conocían como para estar seguros de que era su mejor carta; cómo solventó él mismo su calidad moral y política. Y, sobre todo, cómo todos juntos confrontaron eso con el conocimiento popular y las posibilidades de que un personaje así pudiera aparecer formalmente ligado a temas impropios del ejercicio de la política.

EXPLICACIONES
Por esa razón, la dirigencia estatal debe explicar con toda claridad las razones no de la detención, sino de la postulación de dicho personaje. Ellos deben también asumir la responsabilidad política que implica el haber impulsado, sostenido, avalado o permitido la postulación de un personaje así. Se trata de subir el nivel de la política. No de ponerlo por los suelos. Y es preocupante que una dirigencia tan joven esté envuelta en un escándalo mayúsculo como éste.

+ ¿Saben en gobierno qué implica la reparación?

Quizá algunos funcionarios del gobierno estatal no sepan que la reparación que merece toda persona que ha sido lesionada en su integridad y derechos por una acción u omisión del Estado, no es ni una concesión graciosa ni una prestación potestativa. Esto viene al caso porque a pesar de que el secretario Germán Tenorio ofreció ya una disculpa a la indígena mazateca Irma López Aurelio, quien hace unas semanas dio a luz a un bebé en el patio del centro de salud de San Felipe de Jalapa de Díaz, ésta es tan tibia y desatinada, que más bien debería ser un ejemplo de lo que no se debe hacer.
En efecto, ayer el secretario Tenorio publicó en su página personal de internet (http://germantenorio.com/2013/10/09/comunicado-de-prensa/) un “comunicado de prensa”, en relación a los hechos antes descritos, asentando lo siguiente: “Se ha abierto una minuciosa y profunda investigación para deslindar responsabilidades y determinar qué fue exactamente lo que sucedió, porque (sic) sucedió y que (sic) acciones habrá que tomar para evitar que ni una sola mujer oaxaqueña vuelva a pasar por una situación tan traumática.
“Hemos solicitado la intervención de un organismo con participación ciudadana (…) como lo es la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca, para que atienda y resuelva este asunto sustentado en su alto y probado nivel de competencia e imparcialidad. Asimismo, estamos en la total disposición de acatar las resoluciones que emita al respecto la CEDH en caso de determinar que se vulneraron el Derecho a la Salud, el Derecho a la Integridad Física y el Derecho a no ser Discriminado de Irma López Aurelio, su hijo y su familia. Una vez que las investigaciones concluyan y acrediten quien o quienes, intencional o involuntariamente, incurrieron en esta evidente negligencia, habremos de aplicar todo el peso de la ley, sancionando a la o las personas responsables sin consideración alguna y sin distinción del cargo que ocupen.”
Luego, el Secretario de Salud señala, como si fuera un alivio y como si esto no fuera deber del Estado sino una concesión, que “tanto Irma López Aurelio como su hijo Sabino fueron posteriormente atendidos y les fueron ofrecidos y les serán ofrecidos todos los servicios

de salud que el caso amerita y actualmente, ambos, se encuentran en perfecto estado de salud”.
Luego, Germán Tenorio aprovechó la ocasión para decir que “a pesar de las limitaciones y de las dificultades naturales que enfrentamos para llevar los servicios de salud a los 570 municipios, hemos logrado reducir prácticamente en 14 por ciento la muerte materna entre las mujeres oaxaqueñas…” seguido de una larga enumeración de acciones e inversiones que hacen parecer que la intención del comunicado más era un comercial sobre los “logros” de los Servicios de Salud, que un posicionamiento relacionado con los hechos que los relacionan con ese alumbramiento en San Felipe Jalapa de Díaz.
Casi al final, y de forma tibia e intrascendente, el secretario Germán Tenorio establece lo siguiente: “En lo personal ofrezco una disculpa a Irma López Aurelio, a su hijo Sabino y a su familia por lo ocurrido y les reitero el compromiso de seguir trabajando hasta el limite (sic) de mis capacidades para que en Oaxaca ni una sola familia vuelva a pasar por lo que ellos pasaron.”
¿Eso es todo? ¿Una disculpa, y ya? ¿Remarcando que ésta es sólo “en lo personal”? ¿Y la responsabilidad de los Servicios de Salud, y del Estado, qué? ¿A poco esperarán hasta que un “organismo público ciudadano” plenamente colonizado por el grupo gobernante como la CEAMO, determine una responsabilidad, para tomar acciones tendientes a que evitar que un hecho así vuelva a ocurrir? ¿Y dónde queda ya no digamos que la obligación, sino la noción de cómo y en qué medida se debe reparar el daño a los directamente afectados?
Suponer que la señora Irma López Aurelio, su hijo, y su familia, así como toda la sociedad, quedarán (y quedaremos) resarcidos con el solo hecho de que a los afectados “les fueron ofrecidos y les serán ofrecidos todos los servicios de salud que el caso amerita y actualmente, ambos, se encuentran en perfecto estado de salud” es un verdadero atentado a la inteligencia de todos. Pues esto lo que revela en realidad, es una mera pose del Secretario de Salud (que además se hace mucho más cuestionable frente a un hecho incontrovertible, registrado en una sola imagen) y no una intención o compromiso real para asumir su responsabilidad y actuar en consecuencia sin esperar a que alguien les diga qué deben hacer para reparar esta negligencia.

UNA DISCULPA, ¿Y YA?
Los funcionarios estatales oaxaqueños relacionados con el caso de Irma López Aurelio y su hijo, esperarán –como buenos burócratas- a que sea una instancia la que dictamine lo evidente: que a esas dos personas se les transgredieron gravemente varios derechos relacionados no sólo con la salud, sino también con el derecho fundamental a la no discriminación, y al deber del Estado de garantizar la integridad de esos mexicanos. El Secretario entendió quizá la necesidad de disculparse, pero su disculpa es insuficiente por varias razones.
Primera, porque lo hace a título personal y no en voz de todo el gobierno, y el Estado, del que él es un empleado pero del que también puede ser un portavoz; segundo, porque su disculpa podría ser simplemente una pequeña parte de la reparación moral que el Estado oaxaqueño le debe a los afectados y a toda la sociedad; tercera, porque de ninguna manera debe aceptarse que con la sola disculpa personal del Secretario, el Gobierno del Estado, y los Tres Poderes del Estado, consideren que fue solventada la situación y que no es necesario hacer algo más para dar por terminado este asunto. Queda claro que lo que es indispensable hoy en día, es la reparación efectiva de los daños ocasionados. Y que esa reparación implica mucho más que la sola actitud de modestia del Secretario de Salud ofreciendo una disculpa.

LA REPARACIÓN
Lo decíamos en nuestra entrega pasada, y lo ratificamos hoy: el Gobierno del Estado no debe esperar a que una Comisión de Arbitraje Médico, o una Comisión de Derechos Humanos, determinen responsabilidad o medidas para reparar un hecho como éste. Debe hacerlo motu proprio y de forma integral, si es que de verdad tiene noción de lo que es la verdadera tutela del Estado. Debe resarcir ejemplarmente a los afectados. Y, porque un hecho como éste lastima a toda la sociedad, debe decir pública y detalladamente, qué medidas tomarán para que algo así nunca vuelva a ocurrir.

+ Sin negligencia, porque no hay responsabilidad

¿Usted se ha preguntado qué pasaría si, independientemente del día, la hora o el lugar, en un hospital público de los Estados Unidos se negara la atención médica a una mujer que está a punto de dar a luz? Lo menos que podría ocurrir es la imposición de una severa sanción a los médicos y personal del hospital, que incluso podría llegar a la pérdida de la patente para el ejercicio profesional de la medicina, la enfermería y las demás actividades realizadas por los involucrados. Pero lo más importante, y lo que más preocuparía a todos, es que al Estado le generaría una fuerte responsabilidad económica tendiente a la reparación del daño y al establecimiento de medidas para que algo así no volviera a ocurrir. ¿Qué se hace aquí ante la negligencia?
En efecto, esa es una pregunta que en Oaxaca, y en nuestro país, parece ya no preocuparnos. Pareciera que, en general, a los mexicanos ya no nos preocupa ni la alta incidencia de actuaciones negligentes por parte de la autoridad, y mucho menos la posibilidad de que esas deficiencias tuvieran las sanciones y las reparaciones correspondientes, así como que se tomaran las medidas para que un asunto similar no volviera a ocurrir.
Sólo a partir de eso podemos explicarnos que frente a un caso tan evidentemente negligente y cargado de responsabilidades, como el de la mujer indígena mazateca Irma López Aurelio, que hace unas semanas dio a luz a su tercer hijo en los jardines del Centro de Salud de Jalapa de Díaz, ante la negativa del personal médico y enfermeras a atenderla por no ser horas hábiles para brindar atención médica a la población. El hecho fue registrado a través de una simple fotografía, que ya dio la vuelta al mundo, y que al margen de la negligencia del personal de la clínica y de la indolencia de las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, ha venido a recordarnos que México sigue teniendo hechos propios del llamado Tercer Mundo, aunque las autoridades digan lo contrario.
¿Qué ha pasado frente a ese hecho? Nada. Y cuando se afirma que nada, es nada. Lejos de avergonzarse por el hecho, y por buscar una reparación efectiva tanto a la mujer y el menor directamente involucrados, y por tomar medidas para que un hecho incalificable como ese no vuelva a ocurrir, nunca, en un Centro de Salud rural o urbano, las negligentes autoridades de los Servicios de Salud de Oaxaca han intentado justificarse bajo el argumento evasivo, superficial, e impropio para una situación como ésta, de que a la mujer se le revictimizó con la publicación de la imagen, y que por ende se violaron sus derechos fundamentales.
Si ponderamos los derechos violados, ¿cuál es más lesivo: el de la publicación de una imagen, que permitió que la sociedad conociera el hecho, o el de la negativa en la prestación de un servicio de salud básico, urgente e inherente a la vida, la integridad y la dignidad humana? Si un hecho como éste hubiera ocurrido por negligencia en los Estados Unidos, seguramente las autoridades federales de salud habrían tomado medidas de gran calado tanto para destituir a todos los responsables y castigarlos con todo el rigor de la ley tanto en lo administrativo, como en lo profesional e incluso en lo penal, como también para garantizar que el derecho de las personas a un servicio de salud tan básico como el de la maternidad quedara tutelado de forma total por parte del Estado.
Ahora veamos qué ocurre en México: que lejos de mostrar vergüenza por el hecho, el inepto secretario de Salud estatal, Germán Tenorio Vasconcelos ha intentado justificar la situación, a través de un inaceptable argumento administrativo y de burocracia, que sólo termina de revelar la gravísima situación por la que atraviesan los servicios de salud, y la poca vergüenza y temor que tienen las autoridades por los actos que realizan, y por las consecuencias que pueden tener estos cuando lesionan derechos de terceros.
Si otro fuera nuestro país, el secretario Germán Tenorio, el responsable de la jurisdicción sanitaria de la Cuenca, Carlos Cruz, y todo el personal directamente responsable por el hecho en el Centro de Salud de la comunidad, ya habrían sido separados definitivamente de sus responsabilidades, y se encontraran en proceso de ser sancionados. Pero como en México la función pública no tiene vergüenza, todos esos personajes están preocupados pero por evadir las responsabilidades, por justificar la corrupción y la negligencia, y por sostener su chamba aún a costa de dejar pasar situaciones abominables como ésta.
Y en el fondo, la razón de que nada pase es que el mismo Estado no se ha hecho responsable, ni ha responsabilizado a sus funcionarios, por sus negligencias y errores. Por eso, cual niños malcriados, están acostumbrados a romper, a lastimar, y a ni siquiera tener el pudor mínimo para asumir sus responsabilidades y para ofrecer una disculpa.

OTRO EJEMPLO
Vale reflexionar a partir de otro ejemplo: ¿usted sabe qué pasa en Oaxaca si, por un bache, hoyanco o fosa no reparada en una carretera, las llantas de su vehículo de motor sufren desperfectos? Aquí, a pesar de que eso es responsabilidad de la autoridad y de que la negligencia y la omisión también generan responsabilidad, simplemente no pasa nada.
Si ha pasado por una situación así, haga la prueba: luego del hecho, acuda con la autoridad para que le repare el daño y verá qué le dice: que para que pueda pagarle el daño a su vehículo, necesita primero demandar administrativamente a la autoridad; que el tribunal hace una investigación que –anticipan- es muy compleja, y que en todos los casos similares que han ocurrido en el pasado, ninguno, sí, ninguno, ha culminado con el reconocimiento de que la autoridad es la responsable por no reparar un bache, y que por ende es quien tiene que pagar los daños que esa negligencia provoca a los bienes (los vehículos) de los particulares.

NO TIENEN ESCRÚPULOS
Sí. Con toda la naturalidad del mundo una autoridad puede atreverse en Oaxaca a afirmar lo anterior, porque además de que no tienen responsabilidad, tampoco tienen vergüenza ni escrúpulos. Sólo así puede entenderse que, lejos de asumir su responsabilidad, digan que el único camino que queda libre es el de la denuncia pública. Sí. Denunciar. Aunque sabemos de antemano que como su propia dignidad no les importa, prefieren no leer los diarios ni escuchar lo que opina de ellos la ciudadanía, para simplemente seguir haciendo como que trabajan y seguir haciendo todo sólo por conservar la chamba.

+ PRI legitimó integración electoral… en contra

Hoy el PRI oaxaqueño está pagando, peso sobre peso, el costo de haber sido una oposición invisible en estos tres primeros años de alternancia partidista en el gobierno de Oaxaca. En el pasado proceso electoral local, los tricolores fueron objeto de todo tipo de embates por parte del régimen de coalición, que por razones naturales de supervivencia política no desperdició ninguna de las oportunidades que tuvo para tratar de contener su poder y presencia política, pero también para tratar de disminuir al tricolor tanto en la presencia legislativa como en los municipios. Casi lo logran. Pero lo que queda en el fondo, es que el PRI ha tenido que defenderse de los errores y las traiciones cometidas por sus propios militantes, a quienes les quedó la responsabilidad de ser oposición, y fallaron.
En efecto, hoy el PRI ha tenido que defender en los tribunales, el triunfo de dos de sus candidatos a diputados, y de varios otros candidatos a presidentes municipales a quienes, abiertamente, el órgano y el tribunal electoral local no les reconoció el triunfo. Fue el caso de Arsenio Mejía García y de Emilia García Guzmán, que fueron candidatos del PRI por los distritos XXI y XVII, con cabecera en Juxtlahuaca-Silacayoapam y Teotitlán de Flores Magón, respectivamente, y a quienes el sistema electoral local les atajó el reconocimiento de su triunfo.
En ambos casos, fue por mandato de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que sus victorias electorales fueron confirmadas. Y al margen del tema jurídico –en el que quedaron legalmente constatadas las deficiencias, e incluso la mala fe, de los órganos y tribunales electorales locales al conducir e impartir justicia en este proceso-, en el ámbito político queda no sólo el cuestionamiento sobre la responsabilidad de quién obró en contra de ellos, sino también de quién lo permitió -y hasta avaló- las maniobras por las que, de origen, intentaron sostener su poder.
Para entender esto, debemos regresar a la forma en cómo se integraron los órganos encargados de conducir e impartir justicia en los procesos electorales locales. Si bien se recuerda, en abril de 2011 el Congreso local llevó a cabo la reintegración del Instituto Estatal Electoral, luego de la reforma constitucional que incorporó al ámbito de responsabilidades del órgano electoral los llamados “mecanismos de democracia directa”. En la negociación, había quedado establecido que los tres principales partidos representados en la Legislatura tendrían “cuotas” en el Consejo General del IEEPCO. Sólo que, en el camino, el PRI decidió de forma inexplicable, abandonar la negociación y permitir el avasallamiento del grupo gobernante. ¿Qué pasó entonces?
Que el coordinador de los diputados priistas, Martín Vásquez Villanueva, aceptó que los otros coordinadores parlamentarios, y los operadores del grupo gobernante, enredaran la votación sobre la integración del Consejo General del IEEPCO. Una vez que eso sucedió, la supuesta inconformidad de la bancada tricolor provocó que sus integrantes abandonaran la sesión en protesta. Una vez solos, los partidos integrantes de la coalición legislativa (PAN, PRD, PT Y MC) compraron (literalmente) al diputado priista que les faltaba (Carlos Martínez Villavicencio) para completar la mayoría calificada, y entonces resolvieron integrar el órgano electoral sin la presencia de Consejeros propuestos por la bancada priista. Así, en el IEEPCO hoy de sus siete integrantes, dos responden a los intereses del PAN, dos a los del PRD, dos son “independientes”, pero aliados incondicionales del consejero Presidente, Alberto Alonso Criollo, que en este tiempo ni siquiera ha podido mantener a salvo, de forma decorosa, los intereses del grupo gobernante que tanto maniobró para ponerlo en la titularidad del IEEPCO.

OPOSICIÓN INVISIBLE
En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca la historia no es distinta. Ahí, en los inicios de la LXI Legislatura, el PRI (que era encabezado por el hoy senador Eviel Pérez Magaña, y coordinado en la bancada legislativa por el ahora diputado federal plurinominal Vásquez Villanueva) permitió que se hiciera una integración claramente lejana de cualquier tipo de equilibrio político.
Y es que a cambio de migajas, la bancada priista en la LXI Legislatura permitió que la presidencia del Tribunal recayera en Ana Mireya Santos, que si bien tiene experiencia jurisdiccional en el ámbito electoral, está lejos de ser una especialista de nivel reconocido en esa materia. Lo que le valió a la magistrada Santos para llegar a la titularidad de dicho órgano, fue haber sido amiga personal, e integrante de la ponencia del magistrado Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera.
En esa decisión el PRI avaló con sus votos no sólo que se instalara como Presidenta a una incondicional del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, sino también que, de facto, quedara sin efecto el examen al que sometieron a todos los aspirantes a una de las magistraturas del Tribunal Electoral, y decidieran todo a través del mero criterio político. Ahí, el PRI consiguió una migaja (el asiento del magistrado Patricio Camerino Dolores Sierra, y quizá otro, pero no más) a cambio de que el Tribunal Electoral quedara integrado en medio de grandes interrogantes relacionadas con la capacidad de sus integrantes, y la garantía de independencia real en la impartición de la justicia.
Con todo eso, queda claro que el PRI hoy paga el costo de su propio repliegue. Son sus candidatos quienes han resentido el costo directo de la ominosa actuación de sus sucesivos dirigentes estatales y coordinadores parlamentarios, quienes lejos de hacer un papel de oposición firme, decidieron plegarse al poder, entregar las posiciones y recoger las ganancias, para no volver después a dar la cara por nada.

SANTA LUCÍA DEL CAMINO
Por cierto, dentro de las pocas resoluciones que faltan está la de Santa Lucía del Camino. ¿Será capaz el Tribunal Electoral de dar por válidos los evidentes errores cometidos por el Consejo Municipal del IEEPCO en esa elección? A ver si no, de nuevo, tiene que ser la Sala Xalapa quien les termine enmendando la plana. Si sigue ese camino, lo jurídico será lo de menos. Lo de fondo seguirá siendo que, con esas decisiones, le dan alas a grupos que después son generadores constantes de conflictos políticos, haciendo imposible la gobernabilidad. ¿Si ven en el PRI el costo de sus decisiones?

+ ¿El regreso a clases de veras será democrático?

Más allá de las visiones maniqueas que apuntan a los extremos en la relación entre el gobierno y la CNTE, lo que queda claro es que esta larguísima jornada de lucha de los profesores democráticos fue un abrumador “perder-perder”. Luego de casi 50 días de protestas, los maestros no consiguieron más que victorias momentáneas. Y lo mismo ocurre con la “victoria” del gobierno con relación al regreso a clases. Para ellos —y sobre todo para la sociedad—, los costos fueron tan altos y las ganancias tan pingües, que en estos momentos es imposible saber si alguien gana o pierde más con la decisión de los profesores de regresar a clases.
En efecto, no somos exagerados cuando decimos que un tema como éste está marcado por cortas visiones maniqueas que no ayudan a entender este asunto. En uno de los extremos, se encuentra aquella visión que apunta a que el magisterio de la CNTE es el gran defensor del pueblo desprovisto, y que el gobierno es el opresor que busca, a través de una gran confabulación, anular los derechos de la mayoría y entregarlos a los intereses capitalistas extranjeros que buscan la recolonización de nuestro país.
En el otro extremo se encuentra aquella visión que sólo cuestiona la lucha magisterial y la tacha de vandalismo, sin reconocer que en ella también existen causas legítimas que pueden y deben ser defendidas ante los intentos reformistas. El problema, de entrada, es que son pocas las visiones que intentan ser equilibradas y que se resisten a tachar de una forma o de otra al movimiento magisterial —y al complejo momento por el que atraviesa hoy nuestro país—, sin caer en maniqueísmos burdos que sólo anulan la posibilidad de un análisis responsable y centrado.
Ese maniqueísmo es el que, durante las largas siete semanas de movilizaciones y de paro de labores educativas en Oaxaca, impidió a muchos ver que lo que está en el fondo no es la lucha por el reconocimiento del PTEO o por la tolerancia a que la Sección 22 del SNTE siga teniendo bajo su tutela la rectoría fáctica de la educación en Oaxaca. Más bien, lo que estaba en el fondo eran los términos en que fue aprobada la reforma educativa nacional, en la que si bien no se incluyó la visión de los profesores de la CNTE, el proceso tampoco tomó en consideración todos los efectos que podría tener entre los sectores que decidieron ir a protestar por no estar de acuerdo con la reforma, y por no haber sido tomados en cuenta.
Ahí es donde comienza esta relación de “perder-perder” que marcó este movimiento. Y es que, si lo vemos en frío, queda claro que pierde la CNTE, pierde la Sección 22, pierde el Estado, perdieron los niños y jóvenes que se quedaron sin servicios educativos, y perdimos todos en la sociedad por los estragos provocados por las movilizaciones. Nadie ganó. Y ahora lo que queda, es asegurarnos de que no sea la sociedad quien termine perdiendo más de lo que ya perdieron los actores y grupos que directamente entraron en conflicto por la reforma educativa.

PERDER-PERDER, ¿CÓMO?
Perdió la Sección 22, y la CNTE, porque lo más que consiguieron fue que el gobierno federal tolere un tiempo más sus prácticas de control sobre los núcleos educativos que ya dominan. ¿En qué consiste? En que en los “feudos” de la Coordinadora, como el del Estado de Oaxaca, la Sección 22 seguirá teniendo el margen de influencia que ha tenido hasta hoy, y que en el corto plazo el gobierno federal apostará a tolerar las prácticas hasta ahora conocidas… pero quién sabe por cuánto tiempo.
En ese sentido, una victoria real de la Sección 22 habría radicado en el hecho de que hubieran podido echar abajo la reforma educativa del gobierno federal, para instalar su propuesta como la válida en todo el país, o incluso simplemente conseguir la abrogación de las normas recién aprobadas para que todo siguiera como hasta ahora.
No lo consiguieron. Y por ese solo hecho, el acuerdo entre ellos y el gobierno federal será válido únicamente en la medida que éste último no decida cambiar de parecer o desconocer los acuerdos alcanzados. Un acuerdo, bien lo sabemos, no tiene la fuerza de la ley. Y otra posibilidad, bastante asequible, radica en el que el gobierno federal le esté apostando a la gradualidad en la implementación de la reforma educativa, y que por eso ahora haya hecho creer que dejará en suspenso la aplicación de las nuevas normas, para irlas implementando de una forma pausada, que sea casi imperceptible para los profesores en un lapso de tiempo que quizá sea de una década, o más.
Pero en esto el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto también pierde, y mucho. Al margen del contenido y la aplicación de la reforma, el Presidente fue por la educativa en primer término porque quería demostrar que era capaz de terminar con la mafia educativa. Y, es cierto, lo hizo al descabezar al gordillismo y encarcelar a Elba Esther Gordillo. Pero con este acuerdo de distensión con la CNTE, en el que cede gran parte del cumplimiento de su reforma y negocia la ley en aras del regreso a clases, el gobierno federal ya puso en duda su figura de autoridad, y a partir de ahora todo aquel que quiera doblar al gobierno sólo debe seguir el sendero que ya marcó la Coordinadora con sus movilizaciones.
Pero, en todo esto, los que más pierden de nuevo son los niños y jóvenes que se quedaron sin clases, y nosotros que como sociedad de nuevo pagamos el costo de las movilizaciones, del paro de labores, y de todo lo que ocasionó el magisterio. En el ámbito educativo, estos casi cuarenta días efectivos de clases perdidos en el paro magisterial, se vendrán a anexar a los varios ciclos escolares completos que se han perdido en la historia de movilizaciones de la Sección 22 en Oaxaca. Serán parte, del fondo perdido de la educación, por el que nadie responderá pero por el que sí pagan los costos los niños y jóvenes que tienen una educación de calidad desastrosa.

TODOS PERDEMOS
La sociedad, toda, también pierde porque uno de los grandes temas que se quedará ahí será el de la negociación, que persiste, del Estado de Derecho y de la legalidad. A partir de eso se cometen todo tipo de tropelías que se quedan impunes. Siempre. En esto, el gobierno ya los perdonó por los desmanes, por los policías heridos, por los destrozos, por el daño económico. Por todo. Por eso, seguro, volverán a hacerlo. Frente a este escenario podemos aún preguntarnos: ¿Quién gana? Y la respuesta es simple: nadie.

+ Iniciativa incluye aspectos de otras regulaciones

El Estado como tal, debe tutelar derechos y garantizarlos de una forma efectiva, pero no de la forma en que lo intenta el proyecto de Ley para Protección del Ejercicio del Periodismo en el Estado de Oaxaca. No debe ser en la forma en que está planteado porque la protección de derechos no debe convertirse ni en paternalismo por parte del gobierno, y mucho menos en un mecanismo que tenga dobles filos para el ejercicio periodístico.
Vayamos por partes. En nuestra entrega de ayer decíamos que la LXI Legislatura pretende aprobar una ley que proteja la actividad periodística de los periodistas. Esto surgió a partir de las diversas agresiones que han sufrido compañeros comunicadores en la entidad, pero también por la urgencia de construir protocolos de seguridad para la interacción de agentes del Estado con representantes de medios informativos frente a la cobertura de hechos noticiosos. Ese fue el punto de partida de esta iniciativa de ley, que sin embargo debe tener ajustes mayores para ser de verdad un instrumento útil para la sociedad y para el ejercicio del oficio periodístico.
En este sentido, consideramos que el proyecto de Ley confunde términos importantes y se mete en terrenos pantanosos que deben ser aclarados puntualmente por la Legislatura antes de pensar si quiera que está en posibilidades de someter la iniciativa a votación. Es grave que la iniciativa confunda todo un conjunto de temas administrativos, constitucionales y laborales, y que a partir de eso pretenda consolidar el ejercicio de un derecho. Veamos por qué, en el caso de la profesionalización del periodista, la norma incurre en errores que deben ser subsanados.
El artículo 13 del proyecto señala que “el Gobierno del Estado respaldará y fomentará la formación profesional continua de las personas que ejercen el periodismo en la entidad.” Y, en el precepto siguiente, establece el mecanismo: “El Gobierno del Estado, a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, promoverá programas permanentes y especiales para la titulación o actualización del ejercicio del periodismo, mediante convenios con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, entidades de educación superior públicas o privadas, órganos desconcentrados o descentralizados de la Administración Pública Estatal y Municipal, así como con organismo civiles debidamente acreditados.”
El problema es que ni se establece una finalidad específica para dicha profesionalización, ni se establecen los mecanismos adecuados para este fin. ¿Acaso, por ejemplo, el ejercicio periodístico en la entidad pretende ser elevado a rango de profesión, y que por ende todo aquel que se dedique a realizar actividades informativas o de opinión, debe contar con el debido título o cédula que demuestre que cuenta con la patente para dicho ejercicio?
Hasta hoy, en ningún lugar del país ocurre eso. Y no es así porque, esencialmente, este es un oficio que se construye en gran medida en base a la experiencia; y porque, en todo caso, lo que debería promover no una ley, sino el gremio quizá en conjunto con organismos públicos, es la capacitación de quienes ejercemos este oficio sin necesariamente contar con estudios profesionales en materia de comunicación social, periodismo o materias afines.

DERECHOS CONTROVERTIDOS
Una propuesta de esta magnitud abarca no sólo a los periodistas sino también a los editores y al mismo gobierno, a quien se le pretenden pedir recursos para los temas que establece esta ley. Sin embargo, al margen de cualquier consulta, socialización o realización de foros se introducen en temas que deben ser tocados con cuidado porque no sólo involucran intereses empresariales específicos, sino que también podrían encimarse en competencias federales que rebasan naturalmente la observancia de esta norma.
¿Por qué? Porque el artículo 16, y siguientes del proyecto, se meten en temas como salario, derechos de autor y remuneraciones que no son ni siquiera materias del ámbito estatal. Veamos: el citado precepto señala que: “las personas periodistas (sic) tienen derecho a ser tratados profesionalmente. Sus salarios y prestaciones no pueden ser menores a los que indica la Ley Federal del Trabajo (…) Los periodistas y en su caso los colaboradores periodísticos, son autores de su trabajo en cuanto a lo que escriban, reconocido esto por la forma de expresión, giros, ritmos, tiempos o modos en sus textos, de lo contrario, no se reconocerá como un producto original. Por tanto, los periodistas, y en su caso los colaboradores periodísticos, tienen los derechos patrimoniales y morales que reconoce el derecho vigente en la materia de propiedad intelectual.”
No queremos entrar en falsas polémicas pero, ¿qué opinan de un criterio como este, los dueños de los medios? La pregunta no es ociosa. En todos los espacios informativos y de opinión que existen en Oaxaca y en el país, se entiende y se sabe que finalmente, y a un lado de la responsabilidad social que tienen los medios informativos, quienes los editan son empresas que no sólo responden a temas relacionados con la libertad de expresión o con el ejercicio de ciertos derechos, sino que tienen involucrados intereses de otros tipos, principalmente económicos, que son siempre vitales para la existencia del medio mismo.
Todo esto lo decimos porque el establecimiento de derechos como estos necesariamente debería pasar por el consenso de quienes tienen la responsabilidad y la titularidad empresarial de los medios de comunicación. Finalmente, en este ámbito, como en ningún otro, prácticamente no existen empresas sociales o cooperativas que funcionen bajo modelos distintos al empresarial.

EL FONDO
También, el proyecto contempla la creación de un fondo, en los términos siguientes: “El Fondo de Apoyo a los Periodistas del Estado de Oaxaca se conforma con aportaciones de los periodistas que manifiesten expresamente su voluntad de participar en el mismo, así como las aportaciones que con tal propósito efectúen los gobiernos del estado y municipales, así como las empresas editoriales, el cual operará sujeto a las reglas que determine su Consejo Directivo.” Esta es un arma de doble filo, que puede hacer susceptible el funcionamiento del fondo a métodos de coacción, por decir lo menos, además de la poca consistencia de las atribuciones y deberes de rendición de cuentas del Consejo Directivo. Urge, por eso, una compostura mayor antes de votar una ley que exhiba más a la Legislatura y sea un instrumento materialmente inútil para el ejercicio periodístico.