+ PRI legitimó integración electoral… en contra

Hoy el PRI oaxaqueño está pagando, peso sobre peso, el costo de haber sido una oposición invisible en estos tres primeros años de alternancia partidista en el gobierno de Oaxaca. En el pasado proceso electoral local, los tricolores fueron objeto de todo tipo de embates por parte del régimen de coalición, que por razones naturales de supervivencia política no desperdició ninguna de las oportunidades que tuvo para tratar de contener su poder y presencia política, pero también para tratar de disminuir al tricolor tanto en la presencia legislativa como en los municipios. Casi lo logran. Pero lo que queda en el fondo, es que el PRI ha tenido que defenderse de los errores y las traiciones cometidas por sus propios militantes, a quienes les quedó la responsabilidad de ser oposición, y fallaron.
En efecto, hoy el PRI ha tenido que defender en los tribunales, el triunfo de dos de sus candidatos a diputados, y de varios otros candidatos a presidentes municipales a quienes, abiertamente, el órgano y el tribunal electoral local no les reconoció el triunfo. Fue el caso de Arsenio Mejía García y de Emilia García Guzmán, que fueron candidatos del PRI por los distritos XXI y XVII, con cabecera en Juxtlahuaca-Silacayoapam y Teotitlán de Flores Magón, respectivamente, y a quienes el sistema electoral local les atajó el reconocimiento de su triunfo.
En ambos casos, fue por mandato de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que sus victorias electorales fueron confirmadas. Y al margen del tema jurídico –en el que quedaron legalmente constatadas las deficiencias, e incluso la mala fe, de los órganos y tribunales electorales locales al conducir e impartir justicia en este proceso-, en el ámbito político queda no sólo el cuestionamiento sobre la responsabilidad de quién obró en contra de ellos, sino también de quién lo permitió -y hasta avaló- las maniobras por las que, de origen, intentaron sostener su poder.
Para entender esto, debemos regresar a la forma en cómo se integraron los órganos encargados de conducir e impartir justicia en los procesos electorales locales. Si bien se recuerda, en abril de 2011 el Congreso local llevó a cabo la reintegración del Instituto Estatal Electoral, luego de la reforma constitucional que incorporó al ámbito de responsabilidades del órgano electoral los llamados “mecanismos de democracia directa”. En la negociación, había quedado establecido que los tres principales partidos representados en la Legislatura tendrían “cuotas” en el Consejo General del IEEPCO. Sólo que, en el camino, el PRI decidió de forma inexplicable, abandonar la negociación y permitir el avasallamiento del grupo gobernante. ¿Qué pasó entonces?
Que el coordinador de los diputados priistas, Martín Vásquez Villanueva, aceptó que los otros coordinadores parlamentarios, y los operadores del grupo gobernante, enredaran la votación sobre la integración del Consejo General del IEEPCO. Una vez que eso sucedió, la supuesta inconformidad de la bancada tricolor provocó que sus integrantes abandonaran la sesión en protesta. Una vez solos, los partidos integrantes de la coalición legislativa (PAN, PRD, PT Y MC) compraron (literalmente) al diputado priista que les faltaba (Carlos Martínez Villavicencio) para completar la mayoría calificada, y entonces resolvieron integrar el órgano electoral sin la presencia de Consejeros propuestos por la bancada priista. Así, en el IEEPCO hoy de sus siete integrantes, dos responden a los intereses del PAN, dos a los del PRD, dos son “independientes”, pero aliados incondicionales del consejero Presidente, Alberto Alonso Criollo, que en este tiempo ni siquiera ha podido mantener a salvo, de forma decorosa, los intereses del grupo gobernante que tanto maniobró para ponerlo en la titularidad del IEEPCO.

OPOSICIÓN INVISIBLE
En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca la historia no es distinta. Ahí, en los inicios de la LXI Legislatura, el PRI (que era encabezado por el hoy senador Eviel Pérez Magaña, y coordinado en la bancada legislativa por el ahora diputado federal plurinominal Vásquez Villanueva) permitió que se hiciera una integración claramente lejana de cualquier tipo de equilibrio político.
Y es que a cambio de migajas, la bancada priista en la LXI Legislatura permitió que la presidencia del Tribunal recayera en Ana Mireya Santos, que si bien tiene experiencia jurisdiccional en el ámbito electoral, está lejos de ser una especialista de nivel reconocido en esa materia. Lo que le valió a la magistrada Santos para llegar a la titularidad de dicho órgano, fue haber sido amiga personal, e integrante de la ponencia del magistrado Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera.
En esa decisión el PRI avaló con sus votos no sólo que se instalara como Presidenta a una incondicional del Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, sino también que, de facto, quedara sin efecto el examen al que sometieron a todos los aspirantes a una de las magistraturas del Tribunal Electoral, y decidieran todo a través del mero criterio político. Ahí, el PRI consiguió una migaja (el asiento del magistrado Patricio Camerino Dolores Sierra, y quizá otro, pero no más) a cambio de que el Tribunal Electoral quedara integrado en medio de grandes interrogantes relacionadas con la capacidad de sus integrantes, y la garantía de independencia real en la impartición de la justicia.
Con todo eso, queda claro que el PRI hoy paga el costo de su propio repliegue. Son sus candidatos quienes han resentido el costo directo de la ominosa actuación de sus sucesivos dirigentes estatales y coordinadores parlamentarios, quienes lejos de hacer un papel de oposición firme, decidieron plegarse al poder, entregar las posiciones y recoger las ganancias, para no volver después a dar la cara por nada.

SANTA LUCÍA DEL CAMINO
Por cierto, dentro de las pocas resoluciones que faltan está la de Santa Lucía del Camino. ¿Será capaz el Tribunal Electoral de dar por válidos los evidentes errores cometidos por el Consejo Municipal del IEEPCO en esa elección? A ver si no, de nuevo, tiene que ser la Sala Xalapa quien les termine enmendando la plana. Si sigue ese camino, lo jurídico será lo de menos. Lo de fondo seguirá siendo que, con esas decisiones, le dan alas a grupos que después son generadores constantes de conflictos políticos, haciendo imposible la gobernabilidad. ¿Si ven en el PRI el costo de sus decisiones?

+ ¿El regreso a clases de veras será democrático?

Más allá de las visiones maniqueas que apuntan a los extremos en la relación entre el gobierno y la CNTE, lo que queda claro es que esta larguísima jornada de lucha de los profesores democráticos fue un abrumador “perder-perder”. Luego de casi 50 días de protestas, los maestros no consiguieron más que victorias momentáneas. Y lo mismo ocurre con la “victoria” del gobierno con relación al regreso a clases. Para ellos —y sobre todo para la sociedad—, los costos fueron tan altos y las ganancias tan pingües, que en estos momentos es imposible saber si alguien gana o pierde más con la decisión de los profesores de regresar a clases.
En efecto, no somos exagerados cuando decimos que un tema como éste está marcado por cortas visiones maniqueas que no ayudan a entender este asunto. En uno de los extremos, se encuentra aquella visión que apunta a que el magisterio de la CNTE es el gran defensor del pueblo desprovisto, y que el gobierno es el opresor que busca, a través de una gran confabulación, anular los derechos de la mayoría y entregarlos a los intereses capitalistas extranjeros que buscan la recolonización de nuestro país.
En el otro extremo se encuentra aquella visión que sólo cuestiona la lucha magisterial y la tacha de vandalismo, sin reconocer que en ella también existen causas legítimas que pueden y deben ser defendidas ante los intentos reformistas. El problema, de entrada, es que son pocas las visiones que intentan ser equilibradas y que se resisten a tachar de una forma o de otra al movimiento magisterial —y al complejo momento por el que atraviesa hoy nuestro país—, sin caer en maniqueísmos burdos que sólo anulan la posibilidad de un análisis responsable y centrado.
Ese maniqueísmo es el que, durante las largas siete semanas de movilizaciones y de paro de labores educativas en Oaxaca, impidió a muchos ver que lo que está en el fondo no es la lucha por el reconocimiento del PTEO o por la tolerancia a que la Sección 22 del SNTE siga teniendo bajo su tutela la rectoría fáctica de la educación en Oaxaca. Más bien, lo que estaba en el fondo eran los términos en que fue aprobada la reforma educativa nacional, en la que si bien no se incluyó la visión de los profesores de la CNTE, el proceso tampoco tomó en consideración todos los efectos que podría tener entre los sectores que decidieron ir a protestar por no estar de acuerdo con la reforma, y por no haber sido tomados en cuenta.
Ahí es donde comienza esta relación de “perder-perder” que marcó este movimiento. Y es que, si lo vemos en frío, queda claro que pierde la CNTE, pierde la Sección 22, pierde el Estado, perdieron los niños y jóvenes que se quedaron sin servicios educativos, y perdimos todos en la sociedad por los estragos provocados por las movilizaciones. Nadie ganó. Y ahora lo que queda, es asegurarnos de que no sea la sociedad quien termine perdiendo más de lo que ya perdieron los actores y grupos que directamente entraron en conflicto por la reforma educativa.

PERDER-PERDER, ¿CÓMO?
Perdió la Sección 22, y la CNTE, porque lo más que consiguieron fue que el gobierno federal tolere un tiempo más sus prácticas de control sobre los núcleos educativos que ya dominan. ¿En qué consiste? En que en los “feudos” de la Coordinadora, como el del Estado de Oaxaca, la Sección 22 seguirá teniendo el margen de influencia que ha tenido hasta hoy, y que en el corto plazo el gobierno federal apostará a tolerar las prácticas hasta ahora conocidas… pero quién sabe por cuánto tiempo.
En ese sentido, una victoria real de la Sección 22 habría radicado en el hecho de que hubieran podido echar abajo la reforma educativa del gobierno federal, para instalar su propuesta como la válida en todo el país, o incluso simplemente conseguir la abrogación de las normas recién aprobadas para que todo siguiera como hasta ahora.
No lo consiguieron. Y por ese solo hecho, el acuerdo entre ellos y el gobierno federal será válido únicamente en la medida que éste último no decida cambiar de parecer o desconocer los acuerdos alcanzados. Un acuerdo, bien lo sabemos, no tiene la fuerza de la ley. Y otra posibilidad, bastante asequible, radica en el que el gobierno federal le esté apostando a la gradualidad en la implementación de la reforma educativa, y que por eso ahora haya hecho creer que dejará en suspenso la aplicación de las nuevas normas, para irlas implementando de una forma pausada, que sea casi imperceptible para los profesores en un lapso de tiempo que quizá sea de una década, o más.
Pero en esto el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto también pierde, y mucho. Al margen del contenido y la aplicación de la reforma, el Presidente fue por la educativa en primer término porque quería demostrar que era capaz de terminar con la mafia educativa. Y, es cierto, lo hizo al descabezar al gordillismo y encarcelar a Elba Esther Gordillo. Pero con este acuerdo de distensión con la CNTE, en el que cede gran parte del cumplimiento de su reforma y negocia la ley en aras del regreso a clases, el gobierno federal ya puso en duda su figura de autoridad, y a partir de ahora todo aquel que quiera doblar al gobierno sólo debe seguir el sendero que ya marcó la Coordinadora con sus movilizaciones.
Pero, en todo esto, los que más pierden de nuevo son los niños y jóvenes que se quedaron sin clases, y nosotros que como sociedad de nuevo pagamos el costo de las movilizaciones, del paro de labores, y de todo lo que ocasionó el magisterio. En el ámbito educativo, estos casi cuarenta días efectivos de clases perdidos en el paro magisterial, se vendrán a anexar a los varios ciclos escolares completos que se han perdido en la historia de movilizaciones de la Sección 22 en Oaxaca. Serán parte, del fondo perdido de la educación, por el que nadie responderá pero por el que sí pagan los costos los niños y jóvenes que tienen una educación de calidad desastrosa.

TODOS PERDEMOS
La sociedad, toda, también pierde porque uno de los grandes temas que se quedará ahí será el de la negociación, que persiste, del Estado de Derecho y de la legalidad. A partir de eso se cometen todo tipo de tropelías que se quedan impunes. Siempre. En esto, el gobierno ya los perdonó por los desmanes, por los policías heridos, por los destrozos, por el daño económico. Por todo. Por eso, seguro, volverán a hacerlo. Frente a este escenario podemos aún preguntarnos: ¿Quién gana? Y la respuesta es simple: nadie.

+ Iniciativa incluye aspectos de otras regulaciones

El Estado como tal, debe tutelar derechos y garantizarlos de una forma efectiva, pero no de la forma en que lo intenta el proyecto de Ley para Protección del Ejercicio del Periodismo en el Estado de Oaxaca. No debe ser en la forma en que está planteado porque la protección de derechos no debe convertirse ni en paternalismo por parte del gobierno, y mucho menos en un mecanismo que tenga dobles filos para el ejercicio periodístico.
Vayamos por partes. En nuestra entrega de ayer decíamos que la LXI Legislatura pretende aprobar una ley que proteja la actividad periodística de los periodistas. Esto surgió a partir de las diversas agresiones que han sufrido compañeros comunicadores en la entidad, pero también por la urgencia de construir protocolos de seguridad para la interacción de agentes del Estado con representantes de medios informativos frente a la cobertura de hechos noticiosos. Ese fue el punto de partida de esta iniciativa de ley, que sin embargo debe tener ajustes mayores para ser de verdad un instrumento útil para la sociedad y para el ejercicio del oficio periodístico.
En este sentido, consideramos que el proyecto de Ley confunde términos importantes y se mete en terrenos pantanosos que deben ser aclarados puntualmente por la Legislatura antes de pensar si quiera que está en posibilidades de someter la iniciativa a votación. Es grave que la iniciativa confunda todo un conjunto de temas administrativos, constitucionales y laborales, y que a partir de eso pretenda consolidar el ejercicio de un derecho. Veamos por qué, en el caso de la profesionalización del periodista, la norma incurre en errores que deben ser subsanados.
El artículo 13 del proyecto señala que “el Gobierno del Estado respaldará y fomentará la formación profesional continua de las personas que ejercen el periodismo en la entidad.” Y, en el precepto siguiente, establece el mecanismo: “El Gobierno del Estado, a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, promoverá programas permanentes y especiales para la titulación o actualización del ejercicio del periodismo, mediante convenios con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, entidades de educación superior públicas o privadas, órganos desconcentrados o descentralizados de la Administración Pública Estatal y Municipal, así como con organismo civiles debidamente acreditados.”
El problema es que ni se establece una finalidad específica para dicha profesionalización, ni se establecen los mecanismos adecuados para este fin. ¿Acaso, por ejemplo, el ejercicio periodístico en la entidad pretende ser elevado a rango de profesión, y que por ende todo aquel que se dedique a realizar actividades informativas o de opinión, debe contar con el debido título o cédula que demuestre que cuenta con la patente para dicho ejercicio?
Hasta hoy, en ningún lugar del país ocurre eso. Y no es así porque, esencialmente, este es un oficio que se construye en gran medida en base a la experiencia; y porque, en todo caso, lo que debería promover no una ley, sino el gremio quizá en conjunto con organismos públicos, es la capacitación de quienes ejercemos este oficio sin necesariamente contar con estudios profesionales en materia de comunicación social, periodismo o materias afines.

DERECHOS CONTROVERTIDOS
Una propuesta de esta magnitud abarca no sólo a los periodistas sino también a los editores y al mismo gobierno, a quien se le pretenden pedir recursos para los temas que establece esta ley. Sin embargo, al margen de cualquier consulta, socialización o realización de foros se introducen en temas que deben ser tocados con cuidado porque no sólo involucran intereses empresariales específicos, sino que también podrían encimarse en competencias federales que rebasan naturalmente la observancia de esta norma.
¿Por qué? Porque el artículo 16, y siguientes del proyecto, se meten en temas como salario, derechos de autor y remuneraciones que no son ni siquiera materias del ámbito estatal. Veamos: el citado precepto señala que: “las personas periodistas (sic) tienen derecho a ser tratados profesionalmente. Sus salarios y prestaciones no pueden ser menores a los que indica la Ley Federal del Trabajo (…) Los periodistas y en su caso los colaboradores periodísticos, son autores de su trabajo en cuanto a lo que escriban, reconocido esto por la forma de expresión, giros, ritmos, tiempos o modos en sus textos, de lo contrario, no se reconocerá como un producto original. Por tanto, los periodistas, y en su caso los colaboradores periodísticos, tienen los derechos patrimoniales y morales que reconoce el derecho vigente en la materia de propiedad intelectual.”
No queremos entrar en falsas polémicas pero, ¿qué opinan de un criterio como este, los dueños de los medios? La pregunta no es ociosa. En todos los espacios informativos y de opinión que existen en Oaxaca y en el país, se entiende y se sabe que finalmente, y a un lado de la responsabilidad social que tienen los medios informativos, quienes los editan son empresas que no sólo responden a temas relacionados con la libertad de expresión o con el ejercicio de ciertos derechos, sino que tienen involucrados intereses de otros tipos, principalmente económicos, que son siempre vitales para la existencia del medio mismo.
Todo esto lo decimos porque el establecimiento de derechos como estos necesariamente debería pasar por el consenso de quienes tienen la responsabilidad y la titularidad empresarial de los medios de comunicación. Finalmente, en este ámbito, como en ningún otro, prácticamente no existen empresas sociales o cooperativas que funcionen bajo modelos distintos al empresarial.

EL FONDO
También, el proyecto contempla la creación de un fondo, en los términos siguientes: “El Fondo de Apoyo a los Periodistas del Estado de Oaxaca se conforma con aportaciones de los periodistas que manifiesten expresamente su voluntad de participar en el mismo, así como las aportaciones que con tal propósito efectúen los gobiernos del estado y municipales, así como las empresas editoriales, el cual operará sujeto a las reglas que determine su Consejo Directivo.” Esta es un arma de doble filo, que puede hacer susceptible el funcionamiento del fondo a métodos de coacción, por decir lo menos, además de la poca consistencia de las atribuciones y deberes de rendición de cuentas del Consejo Directivo. Urge, por eso, una compostura mayor antes de votar una ley que exhiba más a la Legislatura y sea un instrumento materialmente inútil para el ejercicio periodístico.

+ Iniciativa oculta, equívoca en términos, y al vapor

Si nada extraordinario sucede, antes de que finalice sus trabajos la LXI Legislatura del Congreso del Estado podría ser aprobada una Ley para Protección del Ejercicio del Periodismo en el Estado de Oaxaca. Ojalá que los diputados tengan la responsabilidad suficiente para emitir una ley útil para la sociedad y para el ejercicio informativo, antes que privilegiar la pose política con la aprobación de una norma que no tendría utilidad práctica alguna.

En efecto, en varios momentos la Junta de Coordinación Política del Congreso local ha dicho que entre sus temas pendientes se encuentra la citada ley de protección del ejercicio periodístico, pero ha asegurado que esa será una de las normas que posiblemente aprueben antes de que culmine la LXI Legislatura. Así lo ha asegurado el coordinador de la bancada perredista, Alejandro López Jarquín, quien incluso ha afirmado que dicha iniciativa que incluirá en el periodo extraordinario que se llevará a cabo en el mes de octubre. ¿De qué trata esa ley?

La iniciativa partió de las agresiones físicas que han sufrido varios reporteros en los últimos años, y particularmente por los desencuentros que en los meses recientes ha habido entre corporaciones de seguridad estatal y trabajadores de la información, al momento de dar cobertura a ciertos acontecimientos. Al haber obstrucción del trabajo periodístico y trato indebido de policías a reporteros, se planteó la necesidad de contar con protocolos tanto para la actuación de los elementos de seguridad, como de los reporteros y fotorreporteros, al momento de cubrir hechos noticiosos, para que unos y otros cumplieran con sus respectivas labores sin generar roces.

El establecimiento de protocolos de seguridad, e incluso de protección al trabajo periodístico en temas concretos, es algo no sólo acertado sino útil y necesario para fijar reglas claras en el trabajo informativo y la actuación de la autoridad en esos casos. Sin embargo, más allá de ese primer planteamiento existen otros que deben ser tomados en cuenta por el Congreso del Estado, si es que de verdad quiere aportar algo positivo para el ejercicio de la libertad de expresión.

En ese sentido, lo primero que debe hacer es socializar, dar a conocer, y someter a una discusión amplia el contenido de la iniciativa que intenta elevar a rango de ley, entre todos los sectores de la prensa en Oaxaca. Salvo el grupo Prensa Oaxaca que presentó la propuesta (cuya labor es loable por el solo hecho de haberla construido), pocos son los trabajadores de la información que conocen la propuesta. ¿Cómo pretende el Congreso llevar a votación una norma que no ha sido ampliamente difundida entre todos los sectores, todos, de la prensa oaxaqueña? Esa es una primera inconsistencia, que palidece frente a otras que enumeraremos más adelante.

INCONSISTENCIAS

En primer término, es insustancial que una ley comience estableciendo derechos que ya están garantizados por la Constitución. En este caso, la propuesta que se estudia en comisiones legislativas comienza redundando en los derechos que se encuentran ampliamente protegidos en los artículos 6 y 7 de la Constitución federal, y reforzados por el derecho convencional de que México es parte.

Luego hay fallas mayores. Por ejemplo, el artículo 8 del proyecto, que norma el secreto profesional, dice: “Los periodistas tendrán el deber de abstenerse  de revelar o proporcionar información, secreto o comunicación de carácter reservada.” ¿En ese caso, los trabajadores de la información tienen el derecho o el deber de abstenerse de revelar información?

Porque si ese es un derecho, entonces la necesidad de protegerlo se hace evidente; pero si es un deber, entonces no sólo no hay que protegerlo, sino que más bien es necesario establecer un mecanismo sancionador para quien lo incumpla. Y bueno, lo relativo a la “comunicación reservada” consideramos que ya se encuentra plenamente regulada por el artículo 16 constitucional, que establece que las comunicaciones privadas son inviolables. Si no se refieren a eso, ¿entonces qué deberíamos entender por “comunicación reservada”?

Otro problema grave surge cuando se establece la cláusula de conciencia. Dicha cláusula es definida de la siguiente forma en el artículo 12 del proyecto: “La cláusula de conciencia es un derecho de los periodistas y colaboradores periodísticos, que tiene por objeto garantizar la independencia en el desempeño de su función profesional, salvaguardar la libertad ideológica, el derecho de opinión y la ética profesional del periodista.”

Todo muy bien, pero luego de esto surge uno de los temas que consideramos como de mayor gravedad. Continúa el citado artículo diciendo: “En virtud de la cláusula de conciencia, los periodistas y colaboradores periodísticos tienen derecho a solicitar la rescisión de su relación jurídica con la empresa de comunicación en que trabaje, cuando: a) En el medio de comunicación con que estén vinculados se produzca un cambio sustancial de orientación informativa o línea ideológica; b) La empresa los traslade a otro medio del mismo grupo que, por su género o línea, suponga una ruptura patente con la orientación profesional del periodista y colaborador periodístico.

Aquí hay muchísimas lagunas, preocupantes. Primera, toda rescisión de un contrato laboral es un derecho del trabajador, a partir de que éste no está obligando nunca, por disposición expresa del artículo 5 de la Constitución federal, a laborar en el lugar o en la actividad que no desee. El trabajo, pues, es libre por definición. Y, entendiendo eso, debemos preguntarnos: ¿por qué es un derecho pedir la rescisión de la relación laboral, si más bien lo que debería establecerse es que los supuestos que menciona el precepto (los incisos a y b citados) podrían ser causal para la rescisión del contrato laboral sin responsabilidad para el trabajador o que, en su caso, se equipararían al despido injustificado.

LA ORIENTACIÓN INFORMATIVA

Incluso cuando pudiera establecerse que el cambio de orientación informativa fuera una causal para la rescisión del contrato laboral, habría que definir qué entiende la ley por orientación informativa o, más aún, con línea editorial. Y lo sabemos de antemano: esa sería una batalla perdida, a partir de que una línea editorial se inscribe en el ámbito subjetivo de cada empresa de medios, en el que se involucran temas ideológicos, económicos, sociales y hasta políticos. Eso pasa aquí y en China. Hay varios temas más. Hablaremos de ellos en nuestra entrega de mañana.

+ Efecto contrario: ¿Y las “instituciones”?

La LXI Legislatura local aprobó la noche del miércoles un decreto que contiene la Ley que crea la Comisión de la Verdad para investigar “los hechos que motivaron las violaciones a los derechos humanos del pueblo de Oaxaca en los años 2006 y 2007”. Más allá de la pose y la apariencia de justicia que trae aparejado dicho decreto, lo que queda claro es que con esa decisión los diputados demuestran ser los primeros que no creen en las instituciones del Estado (que están en manos de los mismos partidos que ellos representan), pero además que seguramente no le tendrán miedo a que se conozca la verdad sobre los hechos y momentos que pretenden indagar. ¿Será?
En efecto, desde que hace años comenzó a hablarse de la posible creación de una comisión de la verdad respecto a los hechos relacionados con el conflicto magisterial, en este espacio hemos sostenido que una decisión de ese tipo, en manos del Gobierno del Estado, del Congreso, o de organizaciones civiles de verdad comprometidas con el esclarecimiento de los posibles crímenes cometidos durante ese periodo, necesariamente tendría que implicar la investigación de todos los hechos constitutivos de delitos, y no sólo los atribuibles al anterior régimen en contra de los activistas del movimiento popular. ¿De verdad están dispuestos, el grupo gobernante y sus aliados, a revisar hechos en los que todos podrían resultar con responsabilidad?
Según lo que se informó respecto a la decisión de la LXI Legislatura, la integración de esta comisión “obedeció a las insistentes demandas de diversos sectores por castigar a los presuntos responsables del caso 2006, entre los cuales se menciona al ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz y varios de sus colaboradores”. Sin embargo, queda claro que una Comisión de la Verdad tiene funciones que rebasan la posibilidad de perseguir ex profeso a ciertos personajes, y que en el fondo tiene como objetivo esclarecer todo un conjunto de hechos relacionados con un periodo de tiempo y un espacio específico.
En ese sentido, organizaciones como Amnistía Internacional señalan, con razón, que todas las víctimas de genocidio, de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra, de tortura, de ejecución extrajudicial y de desaparición forzada, tienen derecho a la verdad. En específico, Amnistía Internacional sostiene que obtener la verdad sobre los crímenes es vital, primero, para que las víctimas directas conozcan toda la verdad sobre los crímenes de que han sido objeto, así como las razones que los motivaron, y para que se reconozca públicamente su sufrimiento. Además, la verdad es necesaria para desmentir toda acusación falsa que haya podido formularse contra ellas durante la comisión del delito.
Segundo, para que los familiares, especialmente de víctimas de homicidio o de personas desaparecidas, averigüen qué les ocurrió a sus seres queridos y conozcan su paradero; y tercero, para que la sociedad afectada conozca las circunstancias y las razones que llevaron a que se perpetraran las violaciones, de modo que se garantice que no se repetirán, y para que se reconozca y preserve la experiencia colectiva de los crímenes sufridos.
A partir de este punto es donde la creación de una Comisión de la Verdad comienza a tener cierto aspecto complejo en el caso de Oaxaca. Pues queda claro que al margen de las visiones cargadas de parcialidad (incluso las que impulsaron esta decisión) el conflicto magisterial no fue sólo un conjunto de ataques por parte del Estado en contra de un grupo de manifestantes, sino que este fue un conjunto de hechos en los que la sociedad (no sólo el magisterio, no sólo el Estado) fue la que se quedó en medio de un conjunto de ataques recíprocos entre unos y otros.
Específicamente, si una de las razones esenciales de la creación de una Comisión de la Verdad radica en que la sociedad afectada “conozca las circunstancias y las razones que llevaron a que se perpetraran las violaciones, de modo que se garantice que no se repetirán, y para que se reconozca y preserve la experiencia colectiva de los crímenes sufridos”, ¿los participantes de ese conflicto desde el sector de las organizaciones inconformes, estarán dispuestos a reconocer su parte de responsabilidad en toda la cadena de hechos que ocurrieron en ese momento?
Pues si hay disposición y plenas garantías para una investigación de verdad seria, el resultado sería altamente positivo. Pero si todo esto es –como lo decía ayer Juan Diego en este diario- una simple faramalla para cumplir una pose política, entonces la LXI Legislatura estará desperdiciando, formalmente, una oportunidad –esta sí- histórica para conocer la verdad sobre todos los hechos relacionados con el conflicto magisterial.

CLAUDICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES
La creación de una Comisión de la Verdad únicamente se da en circunstancias excepcionales, en los que se determina con toda firmeza que las instituciones del Estado no son capaces de investigar ciertos hechos, y en los que más que el castigo, lo que se busca el conocimiento de la verdad (no son lo mismo castigo y esclarecimiento) sobre un periodo de tiempo en específico.
Frente a esto, cabe la pregunta: ¿si el Gobierno del Estado creó hace dos años una fiscalía especializada en la investigación de hechos ocurridos en el pasado, la creación de esta Comisión es en cierta medida la aceptación tácita y expresa del régimen actual (el grupo gobernante, los partidos que son sus aliados, etcétera) de que sus propias instituciones no pueden llegar a ningún resultado y que por eso se deben tomar provisiones excepcionales para llegar a un resultado concreto?
Esto, lejos de aparentar un avance democrático, lo que refleja son evidentes signos de alarma sobre la poca atención que el régimen le pone a los temas sustantivos (el funcionamiento de las instituciones, por ejemplo) y le dedica tiempo, recursos y capital político a la creación de figuras de poca utilidad, pero de mucha pose, que en realidad no dan ninguna certeza (y sí generan muchas dudas) de que contribuirán a conocer la verdad y a estimular la justicia en hechos sobre los cuales, ciertamente, aún faltan muchos detalles por conocerse. Esto es, pues, la consolidación del desperdicio de una oportunidad que sí es histórica.

URO, SIN ALIADOS
Esta Comisión se creó sin el aval de la bancada del PRI. Era intención de la mayoría coalicionista, crearla desde hace mucho tiempo. Los aliados del ex gobernador Ulises Ruiz frenaban los intentos. Esos aliados, queda claro, ya no existen. Por eso se quedó solo.

+ También hay damnificados, pero no hay interés

Desde hace más de una semana, cuando las torrenciales lluvias provocaron cientos de miles de damnificados en toda la costa del Pacífico, el Presidente de la República envió a prácticamente todo su gabinete a atender las zonas siniestradas y, personalmente, ha estado unas seis veces en entidades como Guerrero, fuertemente lastimadas por los efectos del clima. Llama la atención que en este momento, como en muchos otros, la Federación ha desplegado sobre Oaxaca sólo la atención necesaria, pero sin que eso pueda llegar a confundirse con cercanía e incluso con un trato justo hacia nuestra entidad.
En efecto, como bien se sabe, la semana pasada las tormentas Ingrid y Manuel dejaron una enorme estela de destrucción y pérdidas humanas, que hoy son consideradas por el gobierno federal como los más devastadores de los últimos tiempos, por la vasta extensión territorial que afectaron las lluvias. Esto generó, en los días siguientes, un importante despliegue de acciones del gobierno federal, que en el momento apenas si pudo reaccionar en proporción a la crisis, pero que conforme han ido pasando los días ha ido creciendo a grado tal de que hoy no existe otro tema prioritario para la Federación que pueda considerarse que se encuentra al mismo nivel de la crisis provocada por las lluvias.
En este escenario, el presidente Enrique Peña Nieto ha entendido bien el momento por el que atraviesa el país, y desde el primer día de la crisis se dedicó a atender el problema de forma personal viajando a los lugares con afectaciones y llevando un mensaje concreto de que el gobierno federal asumirá la responsabilidad por la atención a los damnificados y por la reconstrucción de las zonas devastadas. Eso lo ha llevado a estar en todas las entidades con fuertes afectaciones, menos en Oaxaca en donde hay decenas de comunidades que estuvieron varios días incomunicadas y que requieren no sólo la atención de la Federación, sino el refrendo simbólico del Jefe de la Nación.
Ese refrendo simbólico es el que ha llevado al presidente Peña Nieto a estar seis días seguidos en las zonas devastadas de Guerrero. Es lo mismo que, en los últimos días, lo llevó a Sinaloa y a otras entidades federativas con afectaciones por las fuertes lluvias. Políticamente, el Presidente debe hacer presencia periódica en todas las entidades que integran el Pacto Federal porque a través de eso se hace el refrendo del acuerdo fundacional que le dio vida y que mantiene unida a la nación.
Por distintas razones, Oaxaca estuvo lejos de las administraciones federales panistas, que nunca le pusieron mayor atención a ese simbolismo político por las diferencias partidistas entre los Mandatarios federales y los estatales. Y hoy, esa lejanía sigue siendo tanto o más perceptible que en los tiempos de los gobiernos estatales priistas, y de las administraciones federales del PAN.

INDOLENCIA FEDERAL
Las tormentas Ingrid y Manuel vinieron a romper la agenda nacional. Hasta hace unos diez días, las prioridades federales se centraban en el conflicto magisterial y en las reformas hacendaria y energética que se siguen discutiendo en las cámaras legislativas. Las lluvias y las afectaciones vinieron a cambiar esa dinámica y a imponer la necesidad de que toda la alta burocracia del gobierno federal se dedicara a atender las afectaciones y a los damnificados, y a que esos dos temas otrora prioritarios fueran “administrados” hasta que esta contingencia pasara.
Esa es la razón por la que, hasta en los noticiarios de televisión, el tema de las reformas que se discuten en el Congreso tengan una atención en segundo plano y a que, en los hechos, esos temas se encuentren en una especie de “stand by”, mientras existen las condiciones para volverlos a subir al primer plano de la agenda legislativa. Por eso, ni en esta semana y posiblemente ni en la siguiente, se discuta o se decida sobre temas como la reforma hacendaria (a ésta sólo la determinarán los plazos constitucionales) y menos la energética, que habrá de requerir operación política al más alto nivel entre el gobierno federal, las cámaras legislativas y los partidos.
Pero en el caso del conflicto magisterial, que concierne directamente a Oaxaca, sí se vio una nueva actitud de desdén hacia la entidad por la distancia que existe entre el régimen del Presidente de la República y el Gobierno de Oaxaca. Para muestra, los hechos: mientras la entidad tenía más de 130 municipios fuertemente afectados por las lluvias, nadie en la Secretaría de Gobernación quiso o pudo operar con la prontitud y la capacidad debida, como para convencer a los grupos de maestros inconformes de que el Gobernador de Oaxaca podía ya no estar en las mesas de negociación con la Sección 22 y la CNTE, y dedicar ese tiempo y atención para atender a los damnificados, que por simples razones humanitarias están por encima de cualquier conflicto de intereses, como el de los maestros.
De hecho, fue hasta antier lunes que el gobernador Gabino Cué Monteagudo pudo establecer que el diálogo con los profesores en paro estaba agotado, y que quedaba en la decisión de ellos continuar con su paro de labores o regresar a clases. Implícitamente, lo que el Mandatario quiso decir es que ya no habría más mesas de negociación y que por tanto ahora sí podría dedicarse a atender otros asuntos que también son de prioridad para la administración estatal. En el pináculo de esos temas se encuentra la atención a los damnificados de la entidad, que siguen esperando una respuesta de mayor nivel de los tres ámbitos de gobierno.
¿Vendrá a la entidad el Presidente? Hasta el momento no hay noticia sobre eso. Es cierto que han estado aquí algunos de los integrantes de su gabinete. Pero queda claro que en la agenda nacional Oaxaca sólo es foco de atención por el conflicto de los maestros, pero no porque haya voluntad por demostrar que el gobierno federal está también presente en las zonas siniestradas por los fenómenos de la naturaleza. El pacto federal, al final, está esperando un mejor momento para hacerse visible entre la Federación y el estado de Oaxaca.

SOMOS REHENES
Ayer Oaxaca vivió una mañana de locura. ¿Por qué? Por tres temas que demuestran que aquí las minorías mandan: gran parte de la capital fue sitiada por los integrantes de la impresentable CNP; el llamado “Paso Deprimente” (en Cinco Señores) fue bloqueado por materialistas; y Ciudad Administrativa por un pequeño grupo de inconformes. Es claro: aquí hay todo, menos autoridad.

+ Oaxaca no debe permitir ser minoría oprimida

Es posible que estemos viendo los últimos capítulos del conflicto magisterial en la Ciudad de México, aunque lo que ahora no debe permitirse es que la inconformidad sólo se traslade del Distrito Federal a Oaxaca sin resolverse. Si eso pasa, entonces quedará claro que el gobierno federal tomará a nuestra entidad como el foco de reducción de la resistencia —que sí quiere ser el magisterio democrático— que condenaría a nuestra entidad a la putrefacción no sólo del conflicto, sino de la paz pública y del derecho a la educación de más de un millón de niños. Sería abominable pensar que Oaxaca quedara como la “minoría oprimida” de la reforma educativa en el país.
En efecto, durante la tarde de ayer lunes se darían a conocer los resultados de la consulta hecha por la Sección 22 del SNTE a sus miembros movilizados en la Ciudad de México. Éstos podrían optar entre continuar con la resistencia a las reformas ya desde las aulas, ya en paro indefinido de labores. De darse el primer supuesto, el plantón de maestros en la capital del país sería sólo representativo. Pero de darse el segundo caso, entonces tendrían que optar por el plantón masivo, a partir del cual deberían movilizarse nuevamente miles de profesores oaxaqueños para la reinstalación de un plantón extenso.
Frente a la decisión de los maestros se encuentran las posturas tanto del gobierno federal, como del estatal. Ambos han afirmado que para ellos el diálogo con la Sección 22 está agotado, que fueron suficientes las respuestas que dieron a demandas magisteriales, y que se sostienen en la decisión de pagar los salarios retenidos a los profesores sólo cuando éstos inicien el ciclo escolar. La Federación y el Estado, además, se sostienen en la decisión de no dar marcha atrás en la reforma educativa, en no detener su aplicación, y en estudiar el contenido del PTEO como una posible visión alternativa del nuevo contenido de la legislación en materia educativa.
¿Si la Sección 22 decide continuar en la Ciudad de México, querrá hacerlo buscando qué? Obviamente, tratando de conseguir la satisfacción de los puntos en los que no quiere ceder el gobierno estatal y federal. Si eso pasa, ya no habrá visiones y negociaciones parciales, aunque en los hechos los únicos que seguirán incrementando su nivel de desgaste serán los maestros, que continuarán sin percibir su salario, y acumulando el repudio de la ciudadanía que ya no quiere verlos en la capital del país.
En ese sentido, la mejor solución que podrían darle al problema —que, es cierto, es una solución parcial porque los remedios totales en un asunto como éste, no existen— es que los profesores oaxaqueños decidan continuar con su lucha a través de un plantón representativo en la capital del país, pero resolviendo el inicio del ciclo escolar de inmediato en Oaxaca.
Aunque esa parece ser una solución demagógica, lo cierto es que en el caso de nuestra entidad no puede pensarse ni en una solución total que ponga fin a la inconformidad magisterial (eso significaría ceder en todo, anular de facto la reforma, y darles definitivamente los pocos espacios sobre los que ellos aún no tienen el control de la educación en la entidad) como tampoco puede pensarse en la posibilidad de que los maestros trasladen sus movilizaciones y su plantón a Oaxaca sin decretar el inicio del ciclo escolar.

PLANTÓN REPRESENTATIVO
Para Oaxaca la mejor solución sería la decisión del plantón representativo en la Ciudad de México porque, aunque sea difícil de entender y de aceptar, sólo de ese modo el tema del magisterio de la CNTE no dejaría de estar en la agenda del gobierno federal, ni dejaría de ser foco de atención para la opinión pública nacional, que es la única que de algún modo puede continuar presionando para que todos los actores de este tema encuentren un arreglo así sea en el mediano plazo. Si transfieren el problema a Oaxaca, será tanto como darle el tiro de gracia a la educación pública en nuestra entidad. ¿Por qué?
Porque si trasladan el plantón y las movilizaciones a Oaxaca, de inmediato el tema dejará de estar en la atención del gobierno federal, y los problemas que ocasiona el paro de labores (así sea la anulación del derecho a la educación de un millón 300 mil niños y jóvenes) pasaría de la ruidosa atención de la opinión pública y los medios de la capital del país, a la desilusionada y poco activa ciudadanía oaxaqueña que no tendría manera de reaccionar y hacer ver el tamaño de su enojo frente a los profesores. Si eso pasa, la Sección 22 se sentiría libre para seguir presionando y tomando decisiones que, aun siendo impopulares, no tendrían ningún efecto adverso para ellos.
En este sentido, una de las posibilidades que no debe admitirse en Oaxaca es que el conflicto sea visto por el gobierno federal a través de la forma “democrática”. Es decir, que asuma que si la democracia es el gobierno de la mayoría, entonces su contraparte es una minoría oprimida, que debe pagar las consecuencias de no ser parte de quienes están a favor del gobierno. El gobierno federal bien puede ver el conflicto magisterial de esa forma, y dejar que una sola entidad federativa se pudra con la resistencia de los mentores (Oaxaca) a cambio de que los otros 31 estados asuman las nuevas reglas en materia educativa y se alineen en el nuevo esquema educativo del presidente Enrique Peña Nieto.
Ese es un lujo que no nos podemos dar en Oaxaca. Aceptarlo sería tanto como dejar que aquí sí se cancelaran de facto los nuevos esquemas educativos e independientemente de que éstos sean constructivos o no, terminar de escriturar todo el ámbito educativo a los profesores de la Sección 22, para que éstos sigan haciendo y deshaciendo a discreción, cobijados en la bandera de que reformar la educación es privatizarla y perjudicar a la niñez y juventud que, de todos modos, con las aulas cerradas sigue sin recibir la educación de calidad que por derecho le corresponde según la Constitución de la República.

ADIÓS INCONCLUSO
Por cierto, la “histórica” LXI Legislatura sin que los diputados hayan emitido la declaratoria de que se aprueba, o se rechaza, la reforma educativa. Es cierto, es un tema irrelevante en lo práctico, pero muy revelador de la alarmante improductividad de los diputados locales salientes, de su indolencia por los asuntos que necesariamente implican demostrar oficio político, y su proclividad a la ambición. Pero, ¿ya cobraron su bono de despedida (2.5 millones de pesos, por diputado) por la aprobación de las cuentas públicas?

+ Disputa: lo loable contra lo inconfesable

Contrario a lo que se piensa, al magisterio democrático oaxaqueño aún le queda suficiente combustible para continuar su resistencia contra las reformas en materia educativa, y para dar una larga batalla –en Oaxaca o en la capital del país- por la preservación de sus privilegios. Si el gobierno federal y los maestros paristas actúan con inteligencia, pueden desactivar las movilizaciones en la capital del país y conseguir –que es lo más importante- el inicio del ciclo escolar en este estado permanentemente azotado por el huracán magisterial de la Sección 22 del SNTE. ¿Cuál es la fórmula?
En efecto, esta semana es determinante para el conflicto magisterial, si la CNTE y el gobierno alcanzan puntos de coincidencia mínimos que les permitan destrabar este momento crítico que ya está siendo demasiado costoso para todos. Las acciones magisteriales llevan cinco semanas continuas, mismas en las que ha habido comunicación permanente entre los dirigentes de las secciones magisteriales que protestan y funcionarios del gobierno federal y de las entidades federativas involucradas. ¿Por qué, a pesar de tanto diálogo, han sido tan pocos los avances?
Porque queda claro que así como los maestros de la Coordinadora han ido siempre a negociaciones llevando como único punto de discusión que sea cumplido en su totalidad el pliego de demandas que presentaron desde el inicio, el gobierno federal ha llevado una posición más o menos similar a las negociaciones, pues en todo este tiempo han sido más las exigencias que las concesiones, y concretamente no han abierto los suficientes espacios de intercambio para que los profesores de la CNTE asuman que están siendo escuchados y que sus demandas están siendo incorporadas a la agenda educativa del gobierno federal y las entidades federativas.
Sería fácil decir, en este sentido, que lo necesario entre unos y otros es una negociación de intercambio mutuo, en la que se pudieran hacer recíprocas concesiones para finalmente construir un acuerdo que hiciera programático el cumplimiento de dichos compromisos. Esto podría ocurrir si se cumplieran dos condiciones –que no se han dado en este caso. ¿Cuáles son? Primera, que ambos bloques (gobierno y magisterio) estuvieran dispuestos a negociar sin tener como precondición las posiciones inamovibles de sólo ir por todo o por nada en las mesas de negociación. La segunda, que los asuntos a tratar fueran concretos, que no tuvieran dobleces. Y que fueran tan confesables como para hacer de verdad público el diálogo y los acuerdos alcanzados.
No se dan ninguna de las dos condiciones. La primera de ellas está ausente porque hasta hoy el diálogo entre el gobierno federal y las organizaciones inconformes se ha centrado en temas coyunturales, pero no por los asuntos de fondo que son los que se supone que son la razón por la que los maestros viajaron hasta la Ciudad de México.
¿Qué han negociado? El plantón, el paro de labores, las movilizaciones, las fechas significativas, y el posible regreso a las aulas. ¿Y qué es lo que sigue pendiente de ser negociado? Todos los temas de fondo de la reforma educativa, que van desde la evaluación hasta la recentralización del manejo administrativo de la educación, pasando por todos los privilegios que pretenden ver intocados los profesores democráticos.

EL YING Y EL YANG
En medio de todo esto hay un problema que no es menor: por cada tema loable por el que el magisterio de Oaxaca dice estar luchando en la capital de la República, hay otro tema oscuro en el espejo que es el que en verdad ellos quieren preservar. Si los vemos uno por uno podremos darnos cuenta fácilmente de lo que hablamos.
Por ejemplo, los maestros de Oaxaca dicen estar luchando en contra de la privatización educativa, aunque en realidad contra lo que están luchando es la modificación de sus conquistas laborales. Ellos afirma categóricamente que la reforma es parte de una intención del gobierno federal por entregar el rubro educativo nacional a criterios de tipo eminentemente capitalista. En esa “intención” (que en realidad es una mera inferencia, porque la ley dispone, no supone) ellos justifican el rechazo a una norma que sí limita no sus derechos, sino sus conquistas.
Otro ejemplo: la Sección 22 afirma que lucha por el derecho a la educación. Esa es una bandera loable. Pero lo cierto es que tanto la lucha por la educación pública, como la supuesta lucha por sus derechos, son una falacia. En realidad, el magisterio lucha por la preservación de un estado de cosas, pero sin fundarse en un derecho concreto. Su defensa no entraña el derecho a la educación ni de sus derechos laborales, sino únicamente la resistencia a que sea modificado el esquema bajo el cual trabajan.
Uno más: los maestros de la CNTE dicen que no se resisten a la evaluación, pero dicen que la reforma educativa es homogenizadora y desconoce las particularidades de nuestra nación, así como los problemas sociales que existen en varias entidades, y pretende medir a todos los alumnos y a todos los maestros según estándares internacionales que no corresponden a la realidad de infinidad de comunidades de varias entidades pobres o marginadas. ¿Es todo eso cierto? Posiblemente sí. Pero en la supuesta resistencia a la homogenización, lo que buscan es que no se les evalúe, ni se someta a revisión periódica la forma en que realizan su trabajo frente a los alumnos.
Esos son sólo algunos ejemplos que sirven para demostrar lo complejo de la negociación. Este es algo así como un juego de espejos, en el que se esgrimen las razones loables en defensa y justificación de las inconfesables. Es cierto que el gobierno federal ha fallado en su posición de todo o nada. Pero la 22 también falla gravemente cuando pretende engañar a todos con esos argumentos, sin asumir que en las condiciones actuales, ya ni los más crédulos los dan por válido con los ojos cerrados, como era antes.

RELAJAMIENTO
Como no habrá victorias totales, lo único que queda es la parcialidad, aunque a un costo alto. ¿El gobierno federal aceptará algo así como una aplicación paulatina de las nuevas normas educativas en entidades como Oaxaca? ¿Permitirá que el IEEPO se trague –nuevamente- toda la melcocha de posponer de facto la entrada en vigor de la reforma educativa? ¿El magisterio decidirá el regreso a clases a cambio de una medida de distensión de este tipo? Este fin de semana es clave. Ahí sabremos si las concesiones son suficientes para darle cauce a este conflicto.

+ Estos son momentos para despertar como sociedad

El terremoto ocurrido en la Ciudad de México hace exactamente 28 años, no sólo cimbró a la sociedad por la magnitud del desastre o por el altísimo número de pérdidas humanas y materiales, sino también porque —en el ámbito de la vida pública— corroboraron que el gobierno era mucho más débil, lejano y soberbio de lo que todos suponían. Hoy, México atraviesa por una contingencia que si bien no es ni cercana en costo de vidas humanas, sí está considerado como el peor desastre de las últimas décadas. ¿Servirá esto para que volvamos a “despertar” como sociedad?
En efecto, se dice que el régimen de partido hegemónico tuvo sus primeras —pero irremediables— fracturas (que lo llevarían a perder definitivamente el control político del Distrito Federal, y luego la Presidencia en el año 2000) el 19 de septiembre de 1985, cuando el gobierno del presidente Miguel de la Madrid Hurtado no fue capaz de responder a la crisis derivada del terremoto.
Ese día, ante el desastre, el gobierno priista del presidente De la Madrid no fue capaz de coordinar el apoyo a los damnificados. Tampoco tuvo capacidad para articular las tareas de rescate de las personas que habían quedado atrapadas entre las edificaciones derrumbadas. Rechazó la ayuda que ofreció la comunidad internacional. Y, desde el primer momento, fue rebasado por la sociedad que, organizada de forma espontánea pero contundente, tomó las riendas de la situación y fue quien finalmente se tendió la mano entre sí y tomó conciencia de que podía hacer mucho más que sólo sentarse a esperar a un gobierno que, según vieron, no llegaría en su rescate.
Ese fue uno de los elementos determinantes que dieron pie al desmantelamiento paulatino del llamado régimen de partido hegemónico que fue el PRI hasta 1997. En los comicios presidenciales de 1988 el Distrito Federal, y el centro de la República, le cobró fuerte la factura al presidente de la Madrid, y al PRI (y por eso casi pierde Carlos Salinas de Gortari como abanderado presidencial del PRI frente a Cuauhtémoc Cárdenas, postulado por los partidos integrantes del Frente Democrático Nacional), no sólo por la larguísima ola de crisis económicas y devaluaciones de la moneda que habían ocurrido en la última década, sino también por el descuido y el olvido oficial de sus deberes frente a la ciudadanía, los cuales habían quedado claramente constatados en momentos como el terremoto de 1985.
En buena medida, el surgimiento de una oposición partidista fuerte surgió del desencanto ciudadano por seguir siendo clientela de un partido, y un régimen que no tenía capacidad de responderle en los momentos de crisis. De ahí se entiende que si el primer “despertar” se dio en 1968, y el segundo en la década de los ochentas, hoy en día —ante una crisis de magnitudes comparables— la sociedad debería nuevamente retomar su papel de preponderancia ya no para hacer ganar o perder a un partido y premiarlo o castigarlo con el poder, sino más bien para exigir condiciones distintas de atención a la ciudadanía, y para obligarlo a ser un poder menos basado en los intereses cupulares y más cercano a lo que necesita la gente.

GOBERNAR CON TODOS
¿Qué podríamos esperar del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en una condición como la actual, y ante una emergencia como la que vive gran parte del territorio nacional en estos momentos? Seguramente, debíamos esperar, y exigir, que el Presidente y su partido (el Revolucionario Institucional) dejen de creer que todo México es el Pacto por México o los radicales de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Uno es un pacto partidista que representa de forma muy relativa al interés nacional, y el segundo es una minoría que protesta no por el respeto a un derecho, sino por el inminente fin de sus privilegios.
Lo que el gobierno federal debía asumir en estos momentos —y los ciudadanos exigírselo— es que México es la gente que necesita atención, la gente que está clamando por la atención y las respuestas federales que están llegando a cuentagotas frente a una crisis de gran escala. La ciudadanía está exigiendo que el gobierno no se olvide que se gobierna con todos y no sólo con el PAN y el PRD, y que asuma que son tan legítimas las demandas de la gente que se encuentra aislada, varada, o sin posibilidad de acceso a satisfactores básicos como comida, agua o atención médica, que las de los trabajadores que ruidosamente protestan en la capital de la República. El ciudadano, pues, exige —o debería estarlo haciendo— que el Presidente se acuerde que México es todo, y que no todo se reduce a las victorias y derrotas políticas que suma su gobierno en estos primeros meses de gestión.
El caso de Oaxaca es similar. Es difícil de creer que ante un momento de tal crisis, en la que decenas de miles necesitan de la atención urgente, de todos, el gobierno deba distraer su atención en un conflicto político con el magisterio que, según podemos ver, tiene una perspectiva estéril casi de principio a fin. Mientras eso pasa, y los profesores democráticos obligan al gobernador Gabino Cué a sentarse a mesas de negociación predestinadas al fracaso, miles de oaxaqueños esperan que llegue su Mandatario, al que ellos eligieron, a darles una respuesta y a solidarizarse personalmente (como lo demandan los principios básicos de la democracia) con ellos que posiblemente lo perdieron todo.
Por eso este debía ser un momento propicio para despertar y no para tirarnos al desánimo como ciudadanía. Lo peor que puede ocurrir es que a todos nos gane la indolencia y tomemos como algo natural el ensanchamiento de la brecha que ya existe entre el pueblo y el gobierno. Sí, se trata de organizarnos e ir a hacer la parte que no puede o no ha querido hacer el gobierno. Pero también se trata de exigirle una visión más incluyente, más cercana a la gente y más demostrativa de que se gobierna para todos, y que no sólo se hace con quienes presionan o con quienes conviene.

AYUDA A LA COSTA
Damas rotarias encabezadas por por la empresaria Martha Alicia Escamilla y la profesora Laura García Gómez (ambas ex presidentas del Club Rotario Guelaguetza) se organizaron desde el fin de semana y, con la heroica ayuda de un puñado de personas, hasta ayer habían juntado tres toneladas de víveres para los damnificados de la Costa y la Sierra Sur. Ojalá haya más ciudadanos organizados para esas tareas, y ojalá que los tres ámbitos de gobierno den la ayuda necesaria para garantizar que esa comida llegue a quienes la necesitan.

+ Todo en manos de radicales; exprimirán a maestros

El mal fario sigue rondando el conflicto magisterial. A pesar de lo que muchos quisieran, el paro de labores no tiene si quiera una fecha más o menos cercana para ser revisado —y mucho menos levantado—, así como tampoco existe certeza de que pueda llegar a acordarse algo más que la continuación de las hostilidades. Los resolutivos de la más reciente Asamblea de la Sección 22 dan luces sobre los pasos a seguir en el movimiento. Pero todos van encaminados a seguir exprimiendo a los profesores para que continúen en la lucha, y para proveerse de argumentos y justificaciones para no levantar el plantón y el paro indefinido de labores.
En efecto, el primero de los puntos que debe ser considerado, es el relativo a que, de llegar a darse una anuencia de las bases, las clases no iniciarán sino hasta después del 23 de septiembre próximo. ¿La razón? Que en los resolutivos de la Asamblea Estatal Permanente celebrada el 13 de septiembre pasado en la Ciudad de México, quedó claro que todos los posibles acuerdos se discutirán hasta la siguiente Asamblea que se realizará el viernes 20 de septiembre. Es decir, que de llegar a decretarse el fin de la jornada de lucha y el inicio del ciclo escolar, éste no iniciaría antes de la última semana de septiembre.
Sin embargo, no hay muchas razones para tener aliento sobre el posible arranque del ciclo escolar. Esto, debido a dos razones: la primera, que determinaron que la consulta a las bases se dará únicamente entre los trabajadores de la educación que se encuentran en la Ciudad de México; y anclaron esta consulta al cumplimiento de una serie de demandas por parte del gobierno federal, el estatal, y el SNTE. ¿Tenemos clara la dimensión de esos dos resolutivos?
En el primero de los aspectos, el punto 18 de los acuerdos del 13 de septiembre pasado, la Asamblea Estatal determinó “consultar a las bases movilizadas en la Ciudad de México, la modalidad en que deberá desarrollarse la actual jornada de lucha, bajo un documento orientador que elabore la Secretaria de Orientación Política e ideológica que rescate el balance real de esta etapa. Dicha consulta será realizada el día viernes 20 de septiembre del presente año.”
Esto, de antemano, está encaminado a la continuación del paro. ¿Por qué? Porque a estas alturas, la Sección 22 ya no desea consultar entre todos sus trabajadores, sino sólo entre los que se encuentran en la capital del país. Ahí, ya sólo se encuentran los sectores más comprometidos con la lucha frontal del magisterio, y éstos difícilmente aceptarán el reinicio de clases mientras no se dé una respuesta verdaderamente “contundente” por parte de sus interlocutores.
Y si esto no fuera suficiente, habrá que releer lo que dice el punto 20 de los citados acuerdos. En éste, la Asamblea magisterial se pronuncia por “continuar con la Mesa de Negociación con el Gobierno Federal, el Gobernador del Estado de Oaxaca y el Secretario General del CEN del SNTE para mejorar las respuestas a los siguientes puntos: la liberación de los presos políticos y de conciencia, aprobación de la Comisión de la Verdad, el respeto a las conquistas y la defensa de los derechos de los trabajadores del MDTEO, otorgamiento de recursos Federales y Estatales para la puesta en práctica del PTEO, liberación inmediata de los salarios de los trabajadores del MDTEO, devolución de las escuelas tomadas por los espurios en esta Jornada de Lucha de manera inmediata y sin condiciones, desaparición de la espuria y devolución de las cuotas sindicales.”
Esto significa, en términos llanos, la abrogación de toda la reforma educativa (la norma constitucional, y las leyes secundarias), la restauración de todos los derechos y conquistas que desaparecen con la nueva legislación; la implementación del PTEO; la restitución de salarios; la desaparición de la Sección 59; y, en esencia, la rendición total del Estado frente a sus pretensiones.
Todo esto, queda claro, no ocurrirá jamás en una mesa de negociación con el gobierno federal. Y como esto no pasará, y como el movimiento ya se encuentra plenamente en manos de los sectores más radicales del magisterio oaxaqueño, entonces todo está predestinado a continuar como hasta ahora: con las escuelas cerradas, con los maestros protestando, y con la sociedad volcada en contra de un movimiento que, en esencia, no lucha por la defensa de un derecho, sino por la preservación de sus privilegios.

LOS AMAGUES
En estas condiciones, es ya un triunfo de la Sección 22 conseguir que las escuelas sigan cerradas. Esto no lo está logrando necesariamente porque los trabajadores de la educación estén plenamente convencidos de que deben seguir en este movimiento, o porque estén dispuestos a resistir indefinidamente sin percibir sus salarios. La Sección 22, en realidad, está endureciendo sus posiciones a partir del control que tiene de sus trabajadores, y está utilizando toda su fuerza en contra de quienes se resistan a participar en las movilizaciones, o que cuando menos no acaten los resolutivos de continuar en paro de labores.
Esto lo han reflejado en dos de sus resolutivos. Los puntos 15 y 16 del documento antes citado, señalan respectivamente: “la Asamblea Estatal acuerda que los Jefes de Departamento, Jefes de Sector, Supervisores y Directores que no se encuentran movilizados en esta Jornada de Lucha se les sancione de acuerdo a los Principios Rectores de este MDTEO”. Y el siguiente punto dice: “La Asamblea Estatal acuerda que los Niveles Educativos retomen las Constancias de Participación Sindical de la presente Jornada de Lucha para los diferentes beneficios logrados por el MDTEO, tales como: becas, préstamos, cambios, ascensos, etc.”
Es decir, que apenas termine la jornada de lucha, la 22 buscará con todo premiar y sancionar según sus reglas “democráticas” a los maestros, y no con base en su esfuerzo y preparación como se debería. Ratificará, pues, su voluntad de que esté mejor quien participe en la lucha, independientemente de si es o no un buen maestro frente a grupo. Algo terrible.

CENTROS DE ACOPIO
En Oaxaca, tuvo que ser la Secretaría General de Gobierno quien instalara un Centro de Acopio de ayuda para nuestros paisanos de la Costa, Istmo y Sierra Sur que resultaron afectados por los fenómenos meteorológicos de los últimos días. ¿Y dónde quedó el DIF Estatal, y todas las demás dependencias estatales que se supone que están para ayudar a la ciudadanía en situaciones críticas como éstas?