+ PPS en ulisismo: fueron nocivos por el negocio

La semana pasada, la LXI Legislatura del Congreso del Estado aprobó el proyecto de la Ley de Asociaciones Público-Privadas mediante el cual, de acuerdo con el comunicado oficial enviado al respecto “se favorecerá la inversión en infraestructura social” en Oaxaca. Esto, sin embargo, revivió los fantasmas sobre el potencial fraude y el quebranto a las arcas estatales debido a que bajo un esquema muy parecido se construyeron los complejos administrativo y judicial que hoy tienen hipotecadas las finanzas públicas de la entidad.

En efecto, la pregunta que resalta de inmediato es la siguiente: ¿vamos en camino a lo mismo? Porque si bien recordamos, la construcción de Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial se financió a través del esquema de Proyectos de Participación en Sociedad (PPS) que, en los hechos, es una de las tantas formas que pueden tener las asociaciones público privadas para ejecutar obra a favor del gobierno, con recursos de particulares, y que para efectos legales y financieros, no tiene el escandaloso carácter de “deuda pública”.

¿Qué pasó en el gobierno de Ulises Ruiz? Que bajo el esquema de los PPS se contrató la construcción de las obras de Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial, tanto a la banca comercial y como a empresas particulares que, juntas, generaron una deuda que hasta el momento no está del todo clarificada, pero que, en conjunto, pudo haber rebasado los cinco o siete mil millones de pesos.

Si ese monto ya es de por sí escandaloso, todo se agrava ante el hecho de que tanto para la contratación de la deuda, como para la asignación de la obra, el Congreso le dio un margen amplísimo de discrecionalidad al gobierno de Ruiz; que los ejecutantes de la obra fueron los mismos que la contrataban; y que como deudores y acreedores eran los mismos, esto generó un incremento exponencial en el costo de las obras.

Así, si originalmente la construcción de Ciudad Administrativa tendría un costo de menos de 400 millones de pesos, al final ésta terminó costando más de dos mil millones, que se pagarán en un lapso de 15 años. Y sobre Ciudad Judicial no podemos citar ejemplos, porque no existen cifras públicas exactas, ni detalles, sobre quién construyó, cómo lo hizo, cuánto costó, y bajo qué condiciones fueron contratadas la obra y la deuda para su ejecución.

¿Por qué pudo el gobierno de Ruiz hacer ese millonario negocio? La respuesta está en lo que dispuso el Congreso al respecto. Pues en 2005 —cuando se inició la construcción de Ciudad Administrativa— no existía legislación que reglamentara ese tipo de contratos. Por eso, el Congreso mediante un decreto autorizó al Gobernador del Estado a que contratara la edificación de los complejos administrativos, y lo facultó para que fuera éste quien contrajera las obligaciones, para que estableciera los mecanismos de ejecución y supervisión, y para que éste definiera la forma en que serían construidos los conjuntos de edificios.

Lo que, en resumen, otorgó el Congreso al gobernador Ruiz, fue un altísimo grado de discrecionalidad en cuanto a la decisión de la obra, el monto de la deuda y las condiciones de construcción (esto se explica, mas no se justifica, por el hecho de que entonces la mayoría legislativa la tenía el mismo partido de donde había emanado el Gobernador del Estado).

Y ese grado de discrecionalidad, combinado con la voracidad y las torceduras de quienes en el sexenio de Ruiz llegaron al poder para enriquecerse vorazmente, fue lo que permitió que el costo de las obras se multiplicara, que para ganar más se dispusieran ampliaciones de deuda y se relajaran las medidas de supervisión sobre la forma de construcción y los materiales utilizados, y para que finalmente las arcas públicas quedaran hipotecadas por más tres lustros, sin que existiera forma alguna de que las administraciones siguientes sancionaran ese descomunal provecho que sacaron de la construcción de obras que no eran prioritarias ni indispensables para el funcionamiento del gobierno en la entidad.

QUE RESPONDA EL CONGRESO

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el Congreso con motivo de la aprobación de la Ley de Asociaciones Público-Privadas, ésta “dota a Oaxaca de una alternativa moderna y eficiente de financiamiento con relación a los métodos tradicionales de inversión, basados en recursos presupuestales ordinarios o derivados del crédito público”. Más allá de lo que dicen los diputados (que, obvio, nunca hablarán mal de una ley que ellos mismos aprobaron), es necesario que se respondan puntualmente algunas preguntas.

Lo primero que debe quedar claro es qué aprobaron los diputados. Ellos, en sus afirmaciones, hablan maravillas de la ley de marras, aunque en realidad los oaxaqueños (la ciudadanía que sí está interesada en los temas públicos) no conocemos el contenido de la ley, ni sus alcances. Esto por la sencilla razón de que no existe un solo método eficaz por parte del Legislativo para dar la máxima publicidad posible a los proyectos de ley que someten a la consideración del pleno. Aunque ya festinaron la aprobación de la Ley de Asociaciones Público-Privadas, lo cierto es que nadie conoció previamente su contenido y tampoco podrá hacer mucho cuando se publique en el Periódico Oficial y adquiera plenamente la calidad de ley.

Otro aspecto que los oaxaqueños conoceremos únicamente cuando esto se ponga en práctica, es qué tanta transparencia y equidad genera esta figura. Porque si la obra pública es el mayor negocio y lo más codiciado de cualquier administración para beneficiar a sus cercanos y pagar compromisos económicos o políticos, habrá que ver con qué tanta pulcritud se implementan esas Asociaciones en los hechos, y también habrá que corroborarse si en realidad lo harán con transparencia y equidad, o si esto será ocasión para que beneficien a grupos y constructoras “amigas” con contratos que, si bien necesitan inversión, generan dividendos millonarios durante plazos no menores a los quince años.

MILLONARIOS

Toda obra pública debe tener una utilidad, para quien la ejecuta, de cuando menos el 30 por ciento del valor total de la misma. Si hoy los constructores oaxaqueños se pelean hasta para que les asignen construcción de banquetas porque toda la obra está acaparada en pocas manos, ¿habrá forma de que la industria de la construcción oaxaqueña saque algún beneficio de las APP’s? ¿Ya pensamos a cuánto asciende el 30% de 4 ó 5 mil millones de pesos? De ese tamaño es el negocio. Sólo es cuestión de tiempo para que lo veamos.

+ Aniversario desdeñado; su contenido ¿letra muerta?

Es trágico que, en aras de los llamados “fines de semana largos”, los mexicanos estemos en proceso de olvidar que el 5 de febrero es el Día de la Constitución. Ésta se publicó en esta fecha pero del año de 1917. Y junto con el rescate de la conmemoración, los ciudadanos debíamos reconsiderar el sentido de su contenido, y defenderla como piedra angular de una noción natural de convivencia que estamos perdiendo aceleradamente.

En efecto, en teoría se considera que una Constitución, como documento político, es un reflejo de las aspiraciones comunes de la sociedad que la emite. Esto, que en momentos para nosotros es tan lejano y poco creíble, en realidad ha sido uno de los elementos fundamentales de orientación sobre el rumbo que lleva nuestra nación. Aunque México tiene pendientes por resolver un puñado de problemas muy importantes en los ámbitos social, económico, político, democrático y de justicia, lo cierto es que hoy nuestra nación puede ufanarse de haber seguido a la Constitución como el faro de orientación y encontrarse en la ruta para alcanzar ciertas aspiraciones que en otros tiempos hubieran sido imposibles. ¿De qué hablamos?

De que, en esencia, una Constitución como la nuestra habla de libertades fundamentales para las personas, de derechos reconocidos y otorgados por la ley, de condiciones mínimas para el ejercicio de la democracia, de las formas de funcionamiento y de los equilibrios entre los poderes del Estado, y de las demás instituciones y ámbitos que se crean para la convivencia pacífica entre las personas. Aunque por momentos el fatalismo nos lleva a pensar que la Constitución es letra muerta, lo cierto es que ésta ha sido la base para las transformaciones democráticas que hoy damos por sentadas, pero que fueron motivo para grandes luchas que no debemos olvidar. Veamos si no.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que hoy conmemoramos tiene su origen no en 1917, sino en todas las luchas previas. Esta Constitución, fue reflejo de esas luchas y de los anhelos por un país pacífico e igualitario, en el que se atendieran las causas sociales que habían dado origen a la disputa armada. Sólo quien desconoce la historia de nuestro país, no sabe que la Revolución estalló por las condiciones de insatisfacción con nuestra democracia, pero también por las exigencias de equidad, de justicia y de trato igualitario para todas las personas.

Por eso la Constitución de 1917 estableció grandes ejes de innovación, que se resumen en los preceptos relacionados con el reparto agrario, con la justicia laboral para los trabajadores de México, con el reforzamiento de las libertades fundamentales de las personas, y con el establecimiento de una nueva forma de relación entre los poderes del Estado.

Todo esto, como bien sabemos, no fue remedio infalible para los grandes problemas nacionales de aquel tiempo, y de ahora (pues sólo si fuéramos ingenuos, podríamos creer que los problemas de un país se arreglan, por sí solos, cambiando la Constitución); sin embargo, si vemos el devenir histórico a la luz de nuestra Carta Constitucional, sí podremos darnos cuenta que, a la distancia, el cumplimiento de sus preceptos fundamentales sí ha sido un anhelo lo suficientemente fuerte como para provocar luchas civiles, democráticas y quizá hasta armadas, que han tenido como objeto no que se cambie el texto constitucional o que ésta se reforme, sino que simplemente se cumpla lo que ya está escrito.

UNA CONSTITUCIÓN CAMBIANTE

En contraposición a las ideas anteriores, no faltará quien diga que estamos equivocados en razón de que la Constitución federal mexicana ha sido reformada en más de 500 ocasiones entre 1917 y el presente. Todo ese conjunto de cambios, sin embargo, tendría que verse a la luz de una nación que en menos de 100 años se ha transformado a tal grado, que el México de principios de siglo no se parece en nada (en desarrollo, en urbanización, en número de población, en práctica política, en industrialización, en economía… en fin, en todos los aspectos) a la nación en la que vivimos actualmente.

Y es que es cierto, la Constitución ha cambiado en mucho, pero seguramente muy poco en lo sustancial. Pues en 1917 se establecieron principios de libertades fundamentales que hoy todavía no son plenos, pero que los ciudadanos estamos en franca batalla por conseguir; se establecieron principios de democracia que hoy no se cumplen a cabalidad, pero en los que creemos en cada proceso electoral y por eso salimos a las urnas a votar y rechazamos cualquier forma de imposición o gobernante que no emerja de la voluntad popular; se establecieron también instituciones que si bien no son plenas, sí son las que garantizan el funcionamiento del Estado y la preservación de la legalidad y el orden del que todos somos beneficiarios; se estableció también un sistema judicial, que si bien tiene muchos problemas, también está en un proceso constante de perfeccionamiento. Y se estableció una división de poderes que, aunque con una muy lenta progresividad, hoy sigue en el proceso de consolidarse.

Eses también cierto: todos son resultados a medias. Sin embargo, más allá de los extremos o de los radicalismos, la única opción que nos quedaría si esos resultados a medias no existieran, sería la claudicación. Si no fuera así, entonces nos habríamos rendido ya ante la falta de democracia; igualmente nos habríamos conformado con libertades aparentes, con instituciones disfuncionales, con una democracia inexistente y con un poder central que acapararía todo sin dejarle ningún espacio a la sociedad o a nadie.

URGE CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN

Esto no es así. El problema es que todos queremos ver cambios radicales, y lo primero que demandamos que cambie es la Constitución antes que nosotros, sin reparar en que ésta, como está, ha sido el faro político que nos ha guiado como nación, que ésta debe continuar adecuándose a las circunstancias, pero que en esencia debe seguir siendo el punto de referencia fundamental de lo que queremos llegar a ser como nación. Lo más importante es que evolucionemos nosotros como sociedad. Sólo así le daremos la dimensión adecuada a su contenido, y estaremos materializando la posibilidad de que se cumpla. Lamentablemente, pareciera que el camino va trazado al revés: se hace todo para que olvidemos hasta su fecha conmemorativa. Sería criminal que dejáramos de verla como la piedra angular de nuestras aspiraciones como nación.

+ ¿Por qué políticos menosprecian a ciudadanía?

El ejercicio de la política nunca ha gozado de buena reputación, aunque seguramente nunca había tenido tan mal fario como hoy en Oaxaca. Aquí, ya quedaron en el pasado aquellos intentos de simulación democrática, de dignidad y de cierta ascendencia sobre quienes actuaban a nivel protagónico en las contiendas electorales o eran parte del servicio público. Todo eso lo intercambiamos por una descarada forma de hacer “política” en la que gana quien más grita, en la que la amoralidad es cosa de todos los días, y en la que todo el arte del convencimiento popular y el respeto que se podía ganar ante los electores, quedó reducido a un envilecido procedimiento para comprar y cooptar votos. Estos tiempos, pues, son aciagos para la lucha por el poder.

Veamos dos caras de la misma moneda. Pues aunque dicen adversarios políticos a muerte y niegan cualquier relación, lo cierto es que los rasgos genéticos y de sangre se encuentran cada vez más visibles entre quienes integran las tribus perredistas en Oaxaca y quienes dicen seguir siendo representantes del ex “partidazo” (el Revolucionario Institucional). Este es el escenario de disputas y maniobras en una y otra fuerza que, a la luz de los hechos, no parecen sino ser producto del reflejo de una sola mirada que se posa ante un espejo. Basta con revisar algunos detalles para corroborarlo.

¿Qué pasa en el PRI de estos momentos en la entidad? Ocurre que hoy la lucha por los despojos del priismo local se encuentra en tal nivel de descomposición, que —como lo claramente lo vaticinaba hace algunos días el dirigente estatal del PAN, Juan Mendoza Reyes— los costos los pagará una militancia que seguirá estando sin partido, pero también lo pagará la democracia que seguirá sin contrapesos. ¿De qué hablamos?

De que, pareciera que, en un primer momento, en el PRI no existe la noción de lo que es la competencia, por encima de la voracidad. Aunque el tricolor habría tenido una oportunidad inmejorable de reposicionarse ante el desgaste y los excesos que ha cometido el gobierno en turno, lo cierto es que la lucha en estos casi tres años en el PRI ha tenido únicamente como centro de gravedad la disputa por un partido que cada vez se asemeja más a un membrete.

El grupo del ex gobernador Ulises Ruiz ha hecho todo lo que está a su alcance, y ha jugado partidas limpias y sucias, con tal de mantenerse en el control de la dirigencia priista aún cuando eso signifique la división y la confrontación total con todos los demás grupos, que no perdonan ni los excesos de su gobierno, ni la derrota electoral, ni la insistencia porque permanezcan al frente del partido un conjunto de individuos (los llamados “cleptómanos”) que no tienen la menor credibilidad o moral, y que son fuertemente repudiados por su militancia y por la ciudadanía.

Sin embargo, en el PRI local las decisiones continúan procesándose como cuando estaban en el poder. El problema es que las consecuencias las pagan al contado, a la vista, y con intereses. ¿Recuerdan qué pasó hace apenas una semana? Que, como en el viejo PRI, las decisiones se tomaron cupularmente, se anunciaron sin el menor respeto a la militancia, se creyó que todos se alinearían a los intereses de quien aún se siente “gobernante”, y finalmente tuvieron una demostración más (con la estruendosa inconformidad, a todas luces fundada, de la ex Vocera del Comité Estatal del PRI) de lo descompuestos que están, pero también de la poca preocupación que les provoca el hecho de que el PRI los siga sosteniendo a pesar de que cada vez menos personas creen en ellos.

Lo más grave es que ahí las cosas no parecen tener para cuándo cambiar. El grupo del ex gobernador Ruiz está llevando al PRI  una debacle de tal magnitud que, después, no habrá forma de justificar esto que hoy está a la vista de todos, menos de quienes sí deberían preocuparse por las sucesivas derrotas. ¿Por qué?

Porque contrario a lo que dicen, no hay abundancia de candidatos, no hay trabajo político, no tienen estructuras electorales, no hay comité directivo ni orden; en más de la mitad de los distritos los aspirantes a diputados están dispuestos —como siempre— a perder con tal de no ver ganar a sus mismos compañeros de partido; porque no hay capacidad de organización y de unificación, y finalmente porque en muchos queda la seguridad de que hoy en día, en su circunstancia, el ulisismo se puede agandallar las candidaturas, pero no se puede agandallar los triunfos. Y en eso hay una diferencia sustancial. ¿Qué será que al ex gobernador Ruiz le quitarán el control del PRI cuando lo haya terminado de hacer pedazos? Ya no le falta mucho…

LOS TAMALES

En la casa de enfrente, en el PRD, también se cuecen habas. ¿Alguien habría imaginado que un personaje salido de un sector tan repudiado como el del ambulantaje, pudiera ser nada menos que diputado federal, aspirante a cargos públicos y hasta “personaje popular”? Eso es el impresentable Hugo Jarquín, quien parece estar convencido con la idea de que mientras más le baje el nivel a la política más adeptos podrá ganar para escalar a nuevas responsabilidades públicas.

¿En otros tiempos hubiera sido posible la existencia franca y libre de un personaje de esa calaña como figura política? Seguramente no. Como seguramente tampoco la misma ciudadanía habría permitido que la cooptaran o “convencieran” electoralmente con tan poco, o que tratara de hacerlo un personaje que ha invadido plazas públicas, jardines, banquetas y espacios comunes, para instalar ahí a comerciantes ambulantes que sólo pretenden trabajar al margen de las obligaciones que tienen todos aquellos que realizan una actividad económica.

Sin embargo, Jarquín hoy está seguro de tener futuro político. Seguramente por eso va por la tamaliza, o por las verbenas y los faroles, como si dando pan a la ciudadanía (el circo será para después) pudiera asegurar votos. Quizá sí lo haga con ciertos sectores. ¿Pero de verdad ese es el nivel que tenemos como para que con esa política insultante pretenda ganar la simpatía de la mayoría de los habitantes?

POLÍTICA RAMPLONA

El grupo que aún tiene el control del PRI cree que la ciudadanía es ingenua o tonta. Por eso insiste e insiste en lo mismo, a pesar de que en cada proceso electoral no ha habido otra cosa que rechazos y derrotas. Jarquín ha de pensar que así, a tamalazos, podrá lograr algo. ¿Qué de plano estamos tan mal como sociedad, para que nos menosprecien de esa forma tan vil?

+ Incapacidad, intereses y desidia, hacen coctel

El posible retiro de la millonaria inversión de Mareña Renovables tiene hoy una connotación nacional, por el menosprecio a los pueblos indígenas, por la avidez de hacer negocios rápidos antes que verdaderamente garantizar una inversión a largo plazo, y por la desidia del gobierno para atender un tema tan delicado como este. El amague directo hecho por la directiva de esa empresa, es sólo la punta de lanza de todo un proceso negociador que ha estado viciado desde el principio, y afectado por intereses que han ido del descuido a la voracidad.

En efecto, desde hace más de un año, Mareña Renovables espera las condiciones adecuadas para emprender su desarrollo eólico —considerado el más grande de América Latina— en las comunidades de Santa María y San Mateo del Mar, en el Istmo de Tehuantepec. Desde que comenzó a planear el desarrollo, esa empresa contrató a un despacho mexicano de gestores-negociadores, que sería el encargado de generar las condiciones sociales y políticas mínimas en las comunidades involucradas, para que sus pobladores accedieran a participar en el proyecto, y para controlar cualquier tipo de eventualidad relacionada con los grupos de lucha social que existen en la zona. Ese despacho de gestores-negociadores está encabezado por el oaxaqueño Julio Esponda, y cuenta con la participación y asesoría del ex gobernador Diódoro Carrasco.

Ahí, al parecer, inician las torceduras de este asunto. Pues aseguran quienes conocen el tema que Mareña dio por hecho que contando con la asesoría y seguimiento de un ex mandatario (con fuertes ligas y ascendencia en el gobierno actual), podría tener aseguradas las condiciones mínimas para que la inversión estuviera garantizada. Y los asesores, en aras de ver su negocio cristalizado en el menor tiempo posible, habrían minimizado la necesidad de hacer un trabajo social y político milimétrico en cada una de las comunidades, y con cada uno de los grupos sociales con presencia en la zona, y dieron por sentado que habría adherencia al proyecto eólico. Este fue el primer gran error. ¿Por qué?

Porque al parecer no calcularon correctamente cuando menos tres cuestiones. Primera, que las decisiones que afectan a toda la comunidad en los pueblos indígenas se procesan de una forma particular, en la que debe haber diálogo y sensibilidad. Segunda, que supusieron que el gobierno les daría todo el respaldo en el control de la gobernabilidad derivado de las ligas entre el Gobierno actual y el ex Mandatario. Y tercera, que la avidez por el chantaje de algunos grupos sociales podría ser controlada sin mayor contratiempo. Y parece que fallaron en todo.

Fallaron en lo primero, porque si algo tienen claro hoy las comunidades indígenas, es que tienen derechos derivados de instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, que obliga al Estado a consultarlos en temas que relacionen a su gobierno, su forma de convivencia o su territorio, y a respetar su determinación. Aunque sí hubo trabajo en este sentido, lo hecho no fue suficiente para convencer a los pobladores originarios que el establecimiento del complejo eólico era lo mejor que podía ocurrirles. Esa fue una primera traba que, a la luz de las dos siguientes, hoy se aparece como la menos importante.

Fallaron también en la segunda. Pues los negociadores contratados por Mareña no calcularon que hoy el gobierno tiene otros intereses políticos en la zona, y que por esa razón su apoyo no sería dado como un tema dado por hecho. Todos se hallaron con las resistencias propias de funcionarios del gobierno estatal que, al mismo tiempo, tenían intereses políticos directos en la zona, que además esos intereses estaban relacionados con grupos que por chantaje o avidez se iban a presentar como opositores a Mareña; y que, por si eso fuera poco, el gobierno estatal habría de tener un manejo político desastroso en la contención de esos intereses.

Y finalmente fallaron en el cálculo sobre los grupos sociales. Pues es cierto, Ucizoni de Carlos Beas puede representar a 20 personas —como lo han afirmado estos días. Pero esas 20 personas han tenido la capacidad suficiente como dejar en un segundo plano la voluntad de la mayoría de los habitantes de las comunidades involucradas, y de hacer valer, por la fuerza, su intento por detener el proyecto o negociar beneficios a cambio de dejarlo continuar. Si el despacho de negociadores contratado por Mareña consideró que con unos cuántos pesos podría controlar el asunto, falló gravemente.

LA MEZQUINDAD, POR DOQUIER

Ahora bien, eso no significa que toda la responsabilidad se encuentre en la avidez y la insensibilidad de Carrasco como negociador y mediador en un asunto como éste. En realidad esa es sólo una parte de todo este problema, que se profundizó por la voracidad de grupos como Ucizoni que dicen representar a todas las poblaciones involucradas, cuando en realidad no son siquiera identificados por los pobladores y mucho menos tienen liderazgo y representación en la zona.

Y esta doble desgracia se enmarca con un gobierno que no ha sabido mediar entre sus propios aliados (Carrasco, por un lado, que trae de la mano a Mareña; y a los grupos de “izquierda”, que son quienes bloquean el proyecto, pero que son con quienes el régimen pretende ganar las próximas elecciones); y que, al contrario, con su indolencia ha permitido que este asunto llegue a niveles críticos de confrontación, y que hoy Mareña Renovables esté a punto de retirar su inversión no sólo de Oaxaca, sino del país.

Por todo eso, este problema tiene una dimensión nacional: si Mareña se va, no sólo será Oaxaca, sino México, quien quedará ante la mirada internacional como un país que no garantiza inversiones. Se perderá también una inversión multimillonaria, y la oportunidad de desarrollo para las comunidades indígenas que hoy viven en la más honda pobreza. Y Oaxaca constatará su imagen de una entidad ingobernable y hostil a todos aquellos que pretenden aprovechar sus riquezas naturales.

MÁS INTERLOCUTORES

Una última razón sobre por qué este es un problema nacional: por las circunstancias, el gobierno estatal ya fue rebasado. Y debe ser la Federación quien atienda políticamente este problema y haga lo necesario por resolverlo. Mareña no debe irse. Pero si se queda debe ser a través del convencimiento y del respeto a los pueblos, y también con la garantía de que su presencia traerá beneficios y desarrollo para todos, sin ser sólo un negocio para un puñado de políticos y líderes de la lucha social.

+ Ahora, el magisterio no debe imponer su sola voluntad

En las condiciones actuales, lo único que debiera restar es la desaparición del Legislativo como poder del Estado en Oaxaca. La sumisión que han demostrado sus integrantes, el trato indigno que han permitido por parte de un poder fáctico, y la ausencia total de una noción sobre lo que significa el poder público, hace que sus integrantes hayan degradado al Congreso del Estado a tal punto, que lo único que les faltaría por permitir sería su aniquilación como Poder Soberano.

En efecto, las condiciones actuales no podían ser peores: por segunda ocasión, un poder fáctico como la Sección 22 fue capaz de paralizar por completo sus actividades, en aras del cumplimiento de una pretensión política. La vez anterior, en 2006, la Sección 22 del SNTE trataba justamente de que el Poder Legislativo no cumpliera con sus deberes constitucionales, para demostrar con ello que los poderes no funcionaban y que por tanto la Federación debía desaparecerlos para nombrar un nuevo gobierno en la entidad. Lo paradójico es que, en esta ocasión, la 22 quiere justamente lo contrario: que el Congreso legisle una ley a modo. Sin embargo, presiona haciendo justamente lo contrario. Es decir, impidiendo sus labores.

En 2006, el Poder Legislativo del Estado fue duramente criticado porque, ante las circunstancias de toma de sus instalaciones, la entonces Gran Comisión decidió habilitar sedes alternas en las cuales pudiera funcionar. Aún con el estado de sitio fáctico que imperaba en la entidad, también a manos de la Sección 22 y la APPO, y en condiciones que parecían poco decorosas para uno de los Tres Poderes del Estado, el Congreso sesionó en el patio de una casa, en un salón de fiestas o en centros de negocios de hoteles de la capital oaxaqueña, con tal de no detener el trabajo legislativo.

¿Pero qué pasa ahora? Que, de nuevo, el Congreso se convirtió en rehén de uno de los caprichos de la Sección 22. Y aún cuando en este caso lo que quiere el magisterio —valga la redundancia— es justamente que el Legislativo legisle, lo cierto es que su estrategia ha estado encaminada a arrodillar primero a los diputados, para luego tratar de que éstos hagan no lo que deben, sino lo que los maestros exigen. Lo más grave de todo, es que ante este burdo intento, los diputados no sólo no han mantenido el decoro mínimo de su investidura y del respeto que deben procurar para el Poder Legislativo como ente soberano, sino que además han aceptado a pie juntillas las maniobras de la Sección 22 deteniendo por completo la actividad legislativa.

En estas condiciones, ¿qué es peor: Que en el 2006 el Poder Legislativo sesionara en el patio de una casa o en un salón de eventos sociales legalmente habilitado para esos efectos, o que hoy mantenga todas sus actividades detenidas sólo porque la Sección 22 se niega, en un acto de radicalismo puro y sin ninguna razón válida, a entregarle sus instalaciones?

Por eso, la sola aceptación del documento que contiene el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca, convalidó todas y cada una de las maniobras del magisterio oaxaqueño, y reafirmó el estado de sumisión en que se encuentra el Congreso del Estado en Oaxaca.

¿QUÉ QUEDA?

A pesar de la profunda indignidad que le han profesado al Poder Legislativo, los diputados no se equivocan: legislar en el marco jurídico oaxaqueño un tema educativo es poco trascendente, debido a que la reforma de la materia en el ámbito federal es jerárquicamente superior a la local, en todos los sentidos. Y la única forma en que podrían interactuar una y otra en este mismo momento, tendría que ser a partir de la armonización y coordinación que hubiese entre ambas, pero nunca en el estado de contradicción que pretende la Sección 22.

Y es que el problema es que los maestros oaxaqueños rechazan la reforma constitucional federal, y exigen la legalización y constitucional del PTEO en Oaxaca, no porque en verdad ésta última sea perniciosa para la educación y el plan alternativo sea la panacea, sino porque la reforma federal fue elaborada y pactada por gobiernos emanados de partidos a los que ellos consideran como adversarios, y porque ellos asumen el reconocimiento de su plan como una respuesta política, y no estrictamente educativa, al régimen de poder con el que no coinciden.

Esa es una de las razones torales por la que es doblemente insana la postura de los diputados locales. Pues en su pobre concepción, el Poder Legislativo quedó supeditado a las exigencias de la Sección 22, y lo mismo podría ocurrir con el tema legislativo. Si eso ocurre, no sólo se premiarán los caprichos y las maniobras del magisterio democrático para demostrar su poder, sino que haría entrar a Oaxaca en una contradicción seria con la Federación en cuanto a la aplicación de los lineamientos administrativos y técnicos relacionados con la educación.

¿Qué hará el gobierno de Oaxaca, si se legaliza y constitucionaliza el PTEO por capricho de la Sección 22, si la Federación comienza a recortar recursos por la incompatibilidad de modelos educativos? ¿Qué hará el gobierno de Oaxaca si, finalmente, la Federación deja de financiar paulatinamente la educación en la entidad porque, por capricho de la Sección 22, no se cumplen con las condiciones mínimas que éste impone para otorgar mejores condiciones?

Algo de eso ya ocurre en la actualidad. Pues aunque la Sección 22 lo niega y algunos profesores han aceptado el daño en aras de su militancia y de su fe en el magisterio democrático, lo cierto es que ya ha habido recortes y negativa a mayores recursos en temas como la antes llamada carrera magisterial, que en Oaxaca no ha mejorado en los últimos años, justamente porque el magisterio oaxaqueño no se ciñó a los lineamientos establecidos en la Alianza por la Calidad en la Educación. Lo que sigue, en ese ámbito, es que la Federación comience a recortar recursos en virtud de la falta de evaluaciones y de seguimiento a quienes han sido beneficiados de ese programa, pero que desde hace varios años no pasan por ningún proceso de corroboración de sus conocimientos.

CAPRICHOS, A FUERZA

El gobierno de Oaxaca ha permitido, cada vez en una situación más forzada, que la 22 siga estando al margen de las evaluaciones y los criterios delineados por la Federación. ¿Estará dispuesto a hacer todavía más? Si la respuesta es positiva, entonces ya debería nombrar a Rubén Núñez Ginés como director del IEEPO, y terminar así de institucionalizar este asalto a la educación y al poder público en Oaxaca.

+ Convertir el PTEO en ley sí es posible

En las condiciones actuales, la lucha de la Sección 22 del SNTE parece únicamente encaminada a la victimización y las lamentaciones. Pues aunque intentan usar toda su fuerza para doblegar al gobierno y Congreso del Estado, y hacer ley su Plan por la Transformación de la Educación en Oaxaca, lo cierto es que están destinados a perder. Ese camino irremediable, parte de su incapacidad para controlarse y de su proclividad por la beligerancia, y no del hecho de que exista una especie de conspiración en su contra.

En efecto, ayer el representante de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en Oaxaca  de la Secretaría de Educación Pública, Roberto Ledesma Solares, consideraba en entrevista con TIEMPO, que con la constitucionalización a nivel federal de la reforma en materia educativa, ahora lo importante radicará en la elaboración de las leyes secundarias que reglamenten lo recién establecido en el nuevo artículo tercero constitucional. Esta cuestión debiera ser fundamental para una lucha de verdad razonada por parte de la Sección 22, en lugar de forzarnos a todos los oaxaqueños, a un nuevo “tour de force” para tratar de alcanzar sus objetivos políticos y no educativos. ¿Por qué?

Porque desde antes de la reforma educativa —y a pesar de los dichos forzados de quienes veladamente intentan defender la postura radical del magisterio oaxaqueño— se sabía que la visión federal sobre la evolución educativa ya había arrollado a prácticamente todos los argumentos y justificaciones de la Sección 22. Más allá de las pasiones políticas o la militancia sindical, todos saben que la propia Alianza por la Calidad en la Educación ya contenía muchos de los temas que el magisterio oaxaqueño daba por inexistentes, y en los cuales justificaba su resistencia a dicho plan. Obviamente, todo ese contenido pasó a la reforma constitucional, y será ley cuando se establezca la reglamentación secundaria. Si la Sección 22 fuera inteligente y razonable debiera tener esa legislación federal como su objetivo principal de lucha en estos momentos.

Es evidente que la Sección 22 tiene la fuerza suficiente para hacerse escuchar, y ser tomada en consideración, aquí en Oaxaca o en la capital del país, por los gobiernos estatal y federal o por los Congresos en esos ámbitos. En ese contexto, la 22 no tendría ningún problema para exigir un espacio en los foros legislativos de discusión, y en las mesas de expertos que están instaladas entre el Congreso federal y la SEP para la elaboración de las normas en materia educativa que reglamenten el contenido de la reforma constitucional.

El problema, sin embargo, es que la Sección 22 confunde la fuerza con la beligerancia. Pues cuando asumimos que podría tener la fuerza suficiente, y hasta sobrada, para hacerse presente, a cualquier nivel, en los foros educativos y en la discusión legislativa sobre la educación, es porque éstos tienen cierto grado de legitimidad y de representación de un sector educativo importante que es nada menos que el de buena parte del sureste del país. Lo lamentable es que ellos no asumen esa fuerza, y más bien la confunden con la capacidad de movilizarse, de abandonar las aulas, de presionar al poder público por la vía de facto, y por su capacidad por bloquear, gritar y hacerse presentes a través de las formas más irracionales conocidas hasta ahora.

Eso es lo que, al final, los termina marginando de todo: Los margina su beligerancia, su incapacidad para controlarse, su intolerancia y la excesiva proclividad que tiene hacia la movilización y hacia los métodos radicales. Por eso, solos se cierran las puertas en todos los foros serios donde sí se decide el futuro de la educación; por eso —y no porque en esencia sus argumentos sean equivocados— tienen una imagen y una opinión fuertemente desacreditadas que finalmente lo que provocan es que se cancelen sus posibilidades de ver materializados, y operantes, sus planteamientos traducidos en ley.

EL CAMINO: LA DEMAGOGIA

La Sección 22, a la vista de todos, sigue un camino errado, y lo más preocupante es que no parece estar ni siquiera preocupada por su decoro y por la inviabilidad de sus propuestas. Pues mientras ellos deberían estar dando la batalla en la capital del país, y ante las cámaras legislativas federales para que allá se tomen en consideración sus planteamientos y los incluyan en las leyes secundarias que ya se preparan, ellos insisten en continuar una guerra de movilizaciones y presiones aquí en Oaxaca.

Además, los profesores democráticos de Oaxaca exigen que su reforma sea establecida en la Constitución local y se implemente por potestad “soberana” del gobierno estatal, aún cuando casi el total de todos los recursos que se aplican provienen de la Federación. Por si esto fuera poco, el magisterio oaxaqueño exige una reforma en contrasentido a la federal. Pues ésta busca la devolución de la rectoría educativa al Estado, pero la 22 plantea una reforma que consolide el poder de la educación en el sindicato y termine de entregar la institución reguladora de la Educación (el IEEPO) al magisterio, para que éste lo maneje con más discrecionalidad de la que hoy goza.

Al final los únicos dos caminos son la ley o la demagogia: el camino de la ley debiera radicar no en la claudicación de las convicciones del magisterio, sino en el abandono de sus estrategias de beligerancia para entrar en un proceso de negociación en el que se incluya su visión en la reforma que hicieron los partidos políticos nacional a los que ellos consideran como sus adversarios. El camino de la demagogia es el que siguen actualmente. Lo más que lograrán, con él, es reiterar al público sus capacidades de choque y de presión. Pero, sin duda, no podrán conseguir la inclusión de sus planteamientos o una victoria de la cual puedan presumir a largo plazo.

Quizá, en el más real de los escenarios, consigan que en Oaxaca el gobierno y el Congreso no toquen sus intereses. Sin embargo, eso no significará que su PTEO funcione o que su visión de la reforma educativa —que debiera ser lo auténticamente trascendental— se consolide en ley y trascienda a su poder actual.

AUTONOMÍA MUNICIPAL

No sólo con el tema de las constructoras y de la obra pública, el Gobierno del Estado sobrepasa la autonomía de los municipios. ¿A alguien le preocupa, por ejemplo, que los Módulos de Desarrollo sean quienes “validen”, entre los municipios y el Congreso, los Planes Municipales de Desarrollo? La inconstitucionalidad, a todo lo que da. Abundaremos.

+ ¿Cómo querer que legislen cuando ellos lo niegan?

A la memoria de mi padre,

Ismael Humberto Ortiz Romero.

Es contradictorio —por no decir que un auténtico insulto a la inteligencia— que los profesores de la Sección 22 del SNTE exijan que tanto el Congreso, como el Gobernador del Estado, conozcan y discutan el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO), pero que al mismo tiempo mantengan un amague abierto con la movilización y el paro indefinido de labores, e insistan en el cerco que instalaron desde hace varios días en el Recinto Legislativo de San Raymundo Jalpan.

En efecto, esas ­acciones son contradictorias no sólo desde el punto de vista del pragmatismo, sino incluso de la formalidad que pretenden dar a su Plan como alternativa viable para la educación pública en el Estado. Los profesores de la Sección 22 han manifestado no su ánimo, sino la exigencia, de que el PTEO sea discutido a los más altos niveles del sector público en la entidad.

Pero al mismo tiempo han demostrado, con hechos, no confiar en sus interlocutores. En esas condiciones cualquier diálogo democrático se hace imposible, y todo se intercambia por un grosero intento por doblegar al Gobierno y al Congreso, con tal de ver cumplida —a fuerzas— una pretensión que ni ellos saben si es viable legal, constitucional, económica, política y académicamente, en una entidad como la nuestra.

¿Por qué los maestros exigen diálogo? Porque, en la práctica y en la teoría, no tienen otro camino para conseguir su reforma más que la aparente “civilidad”. Por esa razón, los profesores han llamado al gobierno estatal y al Congreso del Estado para que conozcan a fondo el PTEO, y para que analicen todas las posibilidades de darle el reconocimiento debido en la Constitución, dotarlo con la fuerza de la ley, y finalmente aplicarlo en todo el sector educativo de la entidad.

Sin embargo, en todo esto no sólo cuenta el qué, sino también el cómo. Ahí es donde está el problema. Pues la civilidad que en apariencia han demostrado los trabajadores de la educación al elaborar un proyecto de ley, y presentarlo ante el Poder Legislativo para que sea discutido (recordemos que el artículo 50 de la Constitución local faculta a cualquier ciudadano a presentar iniciativas de ley), no es sino una pose que únicamente ha servido para darle forma legal a sus actos.

Fuera de eso, todo ha sido un abierto amague. ¿Por qué? Porque aparejadamente a su “acto constitucional” de presentar un proyecto de Ley, los señores profesores han amagado al gobierno estatal (y todos sabemos que sí son capaces de hacerlo) con parar labores y llevar a cabo movilizaciones masivas, y tomó unilateralmente la decisión de cercar el Poder Legislativo e impedir todo trabajo en la sede formal del Congreso del Estado.

En esas condiciones, se pierde toda la civilidad y las buenas formas que los profesores oaxaqueños intentan hacer creer que han tenido… y se presentan de cuerpo entero como los totalitarios intolerantes que sólo pretenden hacer valer su verdad negando cualquier posibilidad real de diálogo, y todo intento por generar condiciones democráticas para una reforma educativa de gran calado.

Y si eso es algo ya de sí grave, lo es todavía mucho más que, en su intento, los trabajadores de la educación estén negando toda posibilidad de un gran acuerdo que permita el tránsito de una reforma educativa en la que de verdad estén involucrados los profesores, las autoridades, los padres de familia, los alumnos y la ciudadanía en general.

¿DIALOGANTES O VERDUGOS?

La espada de Damocles pende sobre todos en Oaxaca. En su intento por legitimar el PTEO, los maestros parecen estar dispuestos a generar todas las condiciones que sean necesarias, no para llegar a una conclusión que deje satisfechos a todos los involucrados, sino para demostrar que es únicamente su verdad la que vale en la educación en la entidad.

Quizá en eso se funda su intento por deslegitimar a sus interlocutores. Sólo en un mundo de locos, como Oaxaca, podría pensarse que es posible que un poder fáctico como la Sección 22 exija la realización de un acto constitucional —la legalización y/o constitucionalización de un planteamiento específico a través del proceso legislativo— a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, pero que al mismo tiempo los descalifique sistemáticamente e incluso impida su funcionamiento en las condiciones democráticas mínimas que debían existir para el reconocimiento de un plan educativo, en sus dichos tan bondadoso, como dicen que es el PTEO.

Eso mismo ocurre frente a la sociedad. Pues los profesores oaxaqueños aseguran que la reforma constitucional federal en materia educativa no tomó en consideración a todos los ciudadanos y actores sociales involucrados. Pero ellos están haciendo exactamente lo mismo respecto a su plan. En palabras sencillas, ellos lo único que han dicho es que tal plan es la verdad indiscutible en la entidad. Y que por esa razón debe ser aprobado tal cual, sin ningún tipo de adicionamiento o cuestionamiento por parte de los expertos, de la ciudadanía, de los legisladores, del Gobernador o de los mismos trabajadores de la educación que no necesariamente están de acuerdo con el PTEO.

Por todo eso, cabe la pregunta de si los maestros son de verdad agentes dialogantes o verdugos de la educación y la paz en Oaxaca. ¿Cómo justificar que sus planteamientos y sus decisiones son los más claros, cuando al mismo tiempo asumen el amague como la parte oscura de su negociación? ¿Cómo querer que la ley se consolide, y se cumpla, cuando en el camino que ellos mismos están trazando no hacen otra cosa más que romperla y cuestionar su imperio?

Por eso la espada de Damocles pende sobre todos. Moverse no es opción. No hacerlo, tampoco. Pues aquí las únicas dos opciones son, o reforma a capricho de los profesores, sin que nadie pregunte, y bajo su amague; o un conflicto que sólo afectaría más a la ya muy maltrecha educación pública en el Estado.

ILEGALIDADES

Más allá de los caprichos, en el PRI tienen un gravísimo problema para legalizar sus decisiones: los cambios en su dirigencia anunciados ayer tienen serias dudas sobre su legalidad, si se miran desde la lógica de que el Comité Directivo Estatal no tiene Presidente y Secretario General, sino sendos encargados, y que sus relevos los han hecho con la sola fuerza de los acuerdos políticos, pero sin ninguna forma legal. No aguantarían una impugnación ante los tribunales electorales. Seguro.

+ ¿A costa de qué se pactaría entrega de plaza?

2013 será un año esencial para la reconstitución real del PRI, como un partido ganador. En este año habrá elecciones en cuando menos 16 entidades, se renovará alrededor de la mitad de los gobiernos municipales del país y, como en el caso de Oaxaca, habrá también importantes escaramuzas electorales, en las que se supone que el PRI tratará de ocupar mejores posiciones como partido de oposición. Aunque, en apariencia, de lo que se trata es simplemente de ganar lo más que se pueda, ¿por qué en Oaxaca parece que van en sentido contrario?

En efecto, las señales del priismo nacional respecto a Oaxaca son por demás contradictorias. A estas alturas, sería ingenuo creer que en el Comité Ejecutivo Nacional de ese partido, en la Ciudad de México, no tengan un panorama preciso de lo que ocurre en Oaxaca, de sus disputas internas y de los desequilibrios, como tampoco de la importante oportunidad de triunfos electorales que aquí existen. Es seguro que allá saben perfectamente que aquí las disputas son profundas, pero que no hay nada que con orden y reconciliación no se pueda resolver, para ganar. Y, ante eso, las victorias son potenciales. ¿Qué ocurre entonces?

Todo esto ha vuelto a revivir a partir de la dimisión de Salvador Sánchez como delegado con funciones de presidente del Comité Directivo Estatal del PRI. Él llegó a la entidad como consecuencia de la concesión que le dio el CEN priista al grupo del ex gobernador Ulises Ruiz, para continuar teniendo presencia mayoritaria en la dirigencia tricolor en Oaxaca. Sánchez está claramente identificado con el mismo grupo ulisista-madracista al que pertenece, como integrante distinguido, el ex gobernador de Tabasco —hijo político de Roberto Madrazo, y hermano político del ex gobernador Ruiz—, Manuel Andrade Díaz, quien seguramente llegará en los próximos días a hacerse cargo de la dirigencia estatal.

Aunque hay alboroto entre los diversos grupos del partido, lo cierto es que la presencia de Andrade o de Sánchez no cambia la situación del tricolor en absolutamente nada: ambos son personajes que continuarán, en línea directa, con la preservación de los intereses ulisistas en el PRI local; ambos pertenecen al mismo grupo; y con uno o con otro, las decisiones que se habrían de tomar serían exactamente las mismas. Es decir, tratar de colocar al mayor número posible de integrantes de ese grupo como candidatos a diputados locales por los dos principios (mayoría relativa y representación proporcional); y nutrir el proyecto del senador Eviel Pérez Magaña como candidato a Gobernador por segunda ocasión en 2016.

A partir de eso puede entenderse que, aunque la inconformidad es comprensible, también es cierto que es intrascendente. Es así porque la línea del PRI de la Ciudad de México parece estar determinada a no cambiar. Eso significa que no habrá recomposición, ni diálogo ni reconciliación ni avenimiento para tratar de integrar a un solo PRI que sea real, que sea fuerte, y que sea capaz de ir unidos. Eso, ya quedó claro, no les interesa.

Sin embargo, más allá de todo eso hay dos cuestiones que son verdaderamente alarmantes: primera, por qué los grupos contrarios al del ex gobernador Ulises Ruiz no han encontrado verdaderos puntos de unificación de sus causas y formas de lucha por la democratización de su partido. Y segunda —que es aún más importante—: ¿a cambio de qué la dirigencia nacional del PRI está desdeñando la posibilidad de tener una mejor presencia en el Poder Legislativo de Oaxaca, y una mejor situación para trabajar por la gubernatura en 2016?

REPRESENTACIÓN DESDEÑADA

Quienes entienden la política más allá de lo inmediato, saben que, políticamente, siempre es mucho más redituable luchar por el poder, que desde el poder. Esto es, que es más cómodo ser oposición, porque desde ahí se puede construir sin tener mayor responsabilidad que la de la crítica y el señalamiento constante a las acciones oficiales. Quienes no entienden esa visión, se quedan a negociar en las primeras condiciones posibles, y asumen actitudes no de oposición, sino de paleros del gobierno en turno. Eso es lo que, lamentablemente, le ocurre a la fracción parlamentaria del PRI en Oaxaca.

Ellos, los diputados locales del PRI en la LXI Legislatura local, tuvieron la enorme oportunidad de afianzarse como protagonistas y líderes de la oposición en Oaxaca, y de construir oportunidades extraordinarias de presencia y capital electoral a partir de su sola posición como fuerza opositora. Prefirieron, sin embargo, transigir a las primeras de cambio, poner a subasta sus votos y sus conciencias, ganar centavos extra a corto plazo, y convertirse en coristas casi oficiosos del régimen que, sin ningún miramiento, los vapuleó en las urnas; y que luego los utilizó, a cambio de algunas monedas, para sacar adelante el conjunto de reformas que, al final del gobierno, entregarán como “legado trascendental” al pueblo de Oaxaca.

¿El CEN del PRI tendrá alguna idea de todo esto? Y si, como creemos, la tiene, ¿para qué querrá que esta práctica se consolide, a través de una bancada más pequeña, más incompetente y con menos ascendencia, como la que se vislumbra para la LXII Legislatura? No puede haber otro escenario, cuando ahora mismo el tiempo que debían estar aprovechando para construir y afinar sus estructuras electorales, lo están perdiendo en disputas, lamentaciones y divisiones, que sólo dejarán a un PRI devastado y con presencia testimonial en algunos distritos del estado.

Lo que, al final, queda en la conciencia de no pocos, es que con esto el PRI está tratando de disimular, lo más posible, un posible acuerdo para ceder por completo la plaza de Oaxaca al partido gobernante. Saben que sin unión y sin concordia a muy corto plazo, las cosas seguirán en situación de caída libre que después no podrá ser revertida con nada. La llegada de Andrade, por todo eso, no cambiará nada. Sólo será un punto más de una ruta que está trazada y que no parece tener variaciones.

UNA PERLA

Alguien más inteligente debería asesorar al senador Eviel Pérez en el uso de su cuenta de Twitter: hace unos días, por ejemplo, escribió: “Es un honor representar a mi país acompañado de nuestro presidente @EPN en el foro de la CEPAL”. O sea, ¿el Presidente acompaña al Senador? El senador Pérez debía cuidar el protocolo, el respeto al Presidente y su propia imagen. Con esos tuits, no hace sino ahuyentar a los tuiteros inteligentes que, sin ser fanáticos, esperan más de representantes populares como él.

+ Claroscuros, para mejorar nuestra justicia

Más allá del enojo colectivo que fundadamente generó la concesión del amparo que el miércoles decretó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la francesa Florence Cassez por los vicios habidos en el proceso judicial seguido en su contra, quedan algunas notas relevantes que deben ser tomadas en consideración, en el mediano y largo plazo, sobre lo que nos queda a los mexicanos por hacer para evitar otro caso como éste. Hagamos un recuento somero de esas reflexiones sueltas que giran alrededor de este asunto.

1. En primer término, es imposible no tomar en consideración que este fallo representa el más duro golpe al gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Si hasta ahora todos los cuestionamientos han girado alrededor de la guerra contra el crimen organizado, este fallo en realidad lo que hace es centrar la atención ya no sobre lo fallido de esa guerra, sino sobre lo descompuesto que se encuentra todo el sistema penal mexicano. Y es que si las cifras de impunidad son de por sí alarmantes —se considera que sólo uno o dos de cada 100 delitos que se cometen en México, tienen la posibilidad de llegar a una sentencia condenatoria— todo se agrava con esta corroboración de que las sentencias condenatorias no son suficientes, porque éstas, como en el caso Cassez, fueron conseguidas por la fuerza y por la presión de ciertos medios, pero no por la eficacia intachable de funcionarios e instituciones encargadas de procurar e impartir justicia. De eso es responsable Calderón, que no sólo no compuso el sistema, sino que se encargó de consolidar su descomposición.
2. Se debe atender a la necesidad no de componer, sino de rehacer completo, el sistema penal mexicano. Este es un momento crítico, en el que las instituciones actuales están dando señales claras de agotamiento. Porque si bien el caso Cassez puso en evidencia las torceduras de un gobierno que quiso aplicar la justicia según la conveniencia o el momento político, en general este asunto también demuestra que todas las autoridades encargadas de procurar e impartir justicia deben mejorar integralmente. Las Procuradurías no pueden continuar en la misma dinámica actual, de exigir condenas fabricando delitos y forzando la justicia, ante la imposibilidad de hacer un trabajo profesional y capaz de pasar por la revisión de los tribunales a cualquier nivel. Si esto es así, también es claro que los jueces que condenan, en los ámbitos estatal y federal, deben hacer pulcramente su trabajo y dejar de optar porque sea el tribunal de alzada quien finalmente determine las cuestiones polémicas de un asunto.
3. En ese sentido, es imposible desprenderse del hecho de que aún cuando la Corte hizo un llamado mayor a la recomposición del sistema de justicia, también dejó maltrechos los parámetros sobre lo que es el debido proceso. Ante la resolución del caso Cassez, el Poder Judicial de la Federación debe establecer con toda precisión los parámetros que utilizará para enjuiciar correctamente a los señalados por cometer delitos, pero también, y sobre todo, para evitar que esto se convierta en una puerta de salida, a las calles y la impunidad, para quienes cometieron delitos. Esta cuestión es muy delicada, y sobre ella deberán de trabajar, con todo detalle, aquellos que tendrán la responsabilidad de conducir la justicia a partir de esta decisión histórica.

¿Y LOS RESPONSABLES?

1. En todo esto, es evidente que la responsabilidad por la decisión de la Corte, y por los efectos de ésta, no pueden recaer sólo sobre el Estado. Es cierto que éste, en conjunto, es el responsable de fondo por las violaciones a derechos humanos que cometen funcionarios en ejercicio de sus funciones. Sin embargo, aún cuando la Corte no se pronunció respecto a quién es el responsable por la violación a los derechos de Cassez —que, en el fondo, derivaron en su liberación—, sí es indispensable que a partir de ahora se haga un pronunciamiento serio, de Estado, y es que exigido y que merece la sociedad mexicana, sobre quién fue, cómo, por qué, en qué momento, y con qué objeto, se violentaron los derechos de la francesa para forzar un juicio condenatorio. También debe haber justicia en eso, sobre lo que hasta ahora se ha guardado silencio. Es claro que los mexicanos, y más las víctimas directas de la banda de secuestradores a la que pertenecía Cassez, tiene el derecho pleno no sólo de saber que el Estado es responsable por esto, sino también de quiénes en específico fueron los responsables de que, al final, la presunta secuestradora esté de regreso en Francia gozando de una libertad plena.
2. A partir de ahora, también será necesario puntualizar qué situación jurídica tendrá Cassez. Porque no es menor el hecho de que la Corte se haya pronunciado por dejarla en libertad en virtud de los derechos que le fueron violados mientras estuvo en calidad de procesada, sin entrar nunca a la discusión de fondo relativa a si estaba probada o no su responsabilidad en la comisión de los delitos de secuestro y delincuencia organizada. A muchos mexicanos ofendió gravemente el hecho de que Cassez fuera recibida en Francia como una auténtica heroína, inocente, cuando en  realidad la Corte nunca discutió ese tema y tampoco se pronunció al respecto en ningún momento. Finalmente, si los franceses quieren venerar a una secuestradora, ese es problema de ellos y su moral y su política. Pero en México es indispensable que esa cuestión se puntualice lo más posible.
3. Al final, todo esto debe llevarnos a un nuevo momento fundacional. El sistema electoral sólo comenzó a funcionar cuando tocó fondo, y todos coincidieron en que era prioridad reformarlo a fondo para hacerlo confiable y garante de los derechos políticos de la ciudadanía. Eso mismo debe pasar con las instituciones de justicia. El mensaje de “nunca más otro caso así” por el que el miércoles se pronunció la Corte debe ser una oportunidad para el replanteamiento total, y no para que se termine de perder la confianza en las instituciones.

¿Y LAS VÍCTIMAS?

Un lugar preponderante deben tener las víctimas, que fueron revictimizadas con este caso. ¿Las revictimizó la Corte? No. Lo hicieron quienes, desde la PGR, llevaron tan mal el proceso contra la francesa, que ahora, por esos errores, ella alcanzó su libertad. Son dobles víctimas. Por el secuestro, y por la impunidad. Por eso no es la Corte, sino el sistema de justicia, sobre quien debe pesar la condena generalizada de los mexicanos.

+ Precedente: que justicia sea probada y no inducida

El amparo que ayer le fue otorgado a la ciudadana francesa Florence Cassez constituye una de las más dolorosas lecciones sobre lo que no debe volver a ocurrir en el sistema de justicia en México. La mayoría de ministros que integran la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunciaron a favor de conceder a Cassez, de manera lisa y llana, la protección de la justicia de la Unión por las graves irregularidades que presenta el proceso por el que fue hallada culpable y sentenciada a 60 años de prisión. La lección es brutal. Pero quizá por eso mismo sea necesaria, para que en México entendamos lo que no debe volver a ocurrir.

En efecto, inicialmente, el proyecto de resolución de la ministra Olga María Sánchez Cordero de García Villegas contemplaba la posibilidad de otorgarle el amparo a Florence Cassez, aunque sólo para efectos. Esto es, para que el expediente judicial fuera devuelto al Tribunal Unitario de Circuito y éste emitiera una nueva sentencia tomando en consideración las irregularidades señaladas por el Máximo Tribunal.

No obstante, la mayoría de Ministros rechazó el proyecto, e inesperadamente la Ministra cambió el proyecto de sentencia para adherirlo al que en marzo del año pasado había presentado, sobre ese mismo caso, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, en el cual se pronunciaba por la concesión de un amparo liso y llano en virtud de las graves irregularidades que se habían cometido en el proceso seguido a la francesa. Al someterse a votación se consiguió la mayoría, debido a que entre marzo y hoy existe un cambio en la integración de los Ministros, por quienes se jubilaron en noviembre.

Ante los hechos, es necesario comprender a cabalidad el asunto y también asumir la trascendencia del fallo. Pues, en el fondo, la mayoría de ministros se pronunció no por discutir sobre la culpabilidad o inocencia de Cassez, sino más bien por censurar, de la forma más dura posible, las irregularidades cometidas por la Procuraduría General de la República en el proceso que se le siguió por la comisión del delito de secuestro; y por sentar un precedente de que un conjunto de torceduras legales del tamaño de las cometidas en el caso Cassez, nunca más deben volver a ocurrir en el sistema judicial mexicano.

En ese sentido, los ministros dejaron claro, en conjunto, que la discusión y el fallo nunca tocaría lo relativo a la culpabilidad o inocencia de Cassez (de hecho, su responsabilidad sí se acreditaba); y que más bien, el fondo de la discusión se encontraba en la negativa de la Corte a convalidar que la autoridad judicial mexicana procesara y sentenciara a una persona en base a pruebas forzadas, a montajes, y a irregularidades graves que alteraban de forma profunda al Estado de Derecho y al sistema de libertades democráticas establecido por la Constitución federal mexicana.

Y es que el problema de fondo abordado por la Corte radicaba en la forma en que fueron obtenidas las pruebas, y en cómo se intentó acreditar, por medio de la fuerza, que Cassez era responsable. Por eso, reiteradamente se dijo en medios informativos de la capital del país, que la resolución de la Corte se basó en la protección a las garantías del debido proceso y a la presunción de inocencia. En ese sentido, la mayoría de ministros asumió que aunque la francesa Cassez es culpable del delito cometido, en el proceso en el que se juzgó se cometieron violaciones sistemáticas a su garantía del debido proceso, y que con el montaje y la manipulación que hizo la PGR (entonces encabezada por Genaro García Luna, que luego fuera secretario de Seguridad Pública en el gobierno del presidente Felipe Calderón) se transgredió gravemente la presunción de inocencia establecido y remarcado en el artículo 20 constitucional.

Por eso se estableció que todo eso, visto a la luz del garantismo que ha procurado la Corte y al reconocimiento que la Constitución da a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y al sistema de protección de las garantías fundamentales, ese conjunto de violaciones resultaban inaceptables y por tanto debía otorgarse un amparo liso y llano para que la quejosa (Cassez) obtuviera su libertad de forma inmediata.

EL REVÉS

Todo esto fue tomado como uno de los más duros reveses para la justicia en México. En realidad lo es, si esto se asume desde la lógica de que fue liberada una secuestradora a la que varias de sus víctimas reconocieron plenamente. Sin embargo, y a pesar de la dureza de la lección, también es necesario comprender que, ni en este ni en cualquier otro caso, debe imperar la mayoría de razón por encima de las pruebas legalmente obtenidas y presentadas, y mucho menos por la posibilidad de que el fin justifique los medios.

Aquí es donde se encuentra lo más polémico de este asunto, y seguramente lo que más costará comprender: ¿Por qué la Corte deja en libertad a una secuestradora? La respuesta que dan los ministros es que la Corte no puede sostener que el sistema de justicia pase por alto las graves violaciones cometidas deliberadamente por las autoridades ministeriales, en aras de sostener en prisión a alguien que, aún siendo culpable, fue blanco de violaciones a sus garantías fundamentales.

En este sentido, el ministro Zaldívar —que en marzo de 2012 presentó un primer proyecto de sentencia en el que se pronunciaba por el otorgamiento del amparo liso y llano a la francesa, que finalmente ayer le fue concedido cuando la ministra Sánchez Cordero se adhirió a ese primer proyecto— señalaba que la protección consular y el respeto a los derechos humanos —que son las dos cuestiones que se violaron en el procedimiento contra Cassez— no son tecnicismos, y no se puede sostener que la Constitución es un ordenamiento de cumplimiento optativo, sino que ello garantiza la existencia de un estado de derecho, y un Estado tiene la obligación de ser eficaz respetando los derechos humanos.

LA DOLOROSA LECCIÓN

¿Cuál es el precedente a largo plazo? Que la justicia en México asuma que aún frente a alguien que es responsable de la comisión de delitos tan crueles como el secuestro, es imposible justificar o pasar por alto violaciones a garantías individuales. Hacerlo equivaldría a una especie de Ley del Talión, que es inaceptable. La responsabilidad no priva, pues, de sus derechos a una persona. Y eso es lo que no debe pasar. ¿El costo? La libertad de Cassez. Por eso es una lección que duele muchísimo, pero que al parecer era también necesaria.