+ Alianzas no significan un régimen de consensos

El México de hoy, está lleno de ejemplos de autoengaños que, por nuestro propio bien, debiéramos comenzar a asumir, y sobre todo no continuar replicando. Uno de ellos radica en la supuesta efectividad de las alianzas electorales, y otro de ellos radica en los supuestos beneficios que tiene el reniego de las siglas e ideologías en quienes, militando en un partido político, terminan buscando cargos de elección popular por las siglas de otro. Oaxaca tiene amplios ejemplos al respecto.

Nuestro Estado vive un momento particularmente atípico. Queda claro que el régimen gobernante no tiene todas las prácticas de sus antecesores. Pero también está perfectamente visto que tampoco tiene una visión específica del Estado que desea, y también del que puede conseguir. En esas condiciones, pareciera que el régimen busca la supervivencia y no la trascendencia. ¿Por qué busca sólo la supervivencia?

La respuesta se encuentra en los compromisos creados, y en la imposibilidad de satisfacer todos los intereses para combinarlos con un genuino anhelo democrático. Lo que fue exitoso, como coalición electoral, no lo es tanto en el intento —lejano— de ser una coalición gobernante. Es evidente que nadie en el gobierno pretende gobernar con partidarios de otras siglas. En similares circunstancias se encuentra el hecho de que, aún siendo parte de la misma coalición, nadie se ve como aliado ni como par del otro. Y es también evidente que, en esas condiciones, la mejor táctica es hoy, la de nadie meterse con nadie. Pero con ello tampoco procurar que las cosas cambien.

El resultado de ello es el gobierno del inmovilismo. El régimen parece estar asumiendo ya la posición de “respetar” las parcelas de poder de cada uno de sus supuestos aliados, a cambio de que éstos le permitan tener las condiciones mínimas para gobernar. Esto, traducido a los partidos, podría decirse más o menos del modo siguiente: el Gobernador, militante del antiguo Partido Convergencia, permite que Acción Nacional, PRD y Partido del Trabajo hagan lo que deseen con sus cuotas de poder, a cambio de que éstos continúen alimentando el discurso del gobierno del cambio y coalición que sostiene su administración.

Esto, en buen español significa una mutua y total entrega: hoy, esos partidos que en otro momento fueron garantes de una feroz oposición al régimen priista, tienen un tufo orgánico que los lleva a quedarse callados en los temas verdaderamente importantes de la vida pública de Oaxaca. Más allá de los destellos de autocrítica y hasta oposición, queda claro que nadie le discute al Gobernador del Estado temas torales como el manejo del presupuesto, como las decisiones controversiales sobre la obra pública, o como la testarudez de algunos de sus colaboradores por llevar a cabo proyectos que son a todas luces inviables y contrarios a una ciudad como la nuestra, en aras de sostener un negocio del que se beneficiarían apenas un puñado de funcionarios y empresarios.

El pago que tienen esos poderes fácticos es también claro: en todas las integraciones hechas hasta el momento de los poderes públicos, el único criterio que ha prevalecido es el de las cuotas, el cuatismo y los compromisos políticos.

De nada han valido el interés y el entusiasmo ciudadano por darle una nueva perspectiva a la función pública. De nada han servido los reclamos airados que hace también la sociedad frente a los actos inopinados del gobierno. De nada ha valido la simple, pero contundente exigencia, de que se respeten la ley y las reglas establecidas, para los procesos en los que finalmente los partidos, y no la ciudadanía, han sido los grandes ganadores.

ESQUEMAS NOCIVOS

Estando en periodo electoral, los ciudadanos debiéramos exigir escuchar mejores cosas que las que apenas si alcanzamos a ver. Nuestros potenciales representantes populares, son personas que no demuestran su calidad política, partidaria, ideológica y de compromiso social. Y nuestros partidos parecen más camarillas preocupadas por conservar, o arrebatar el poder, que por generar mejores condiciones de diálogo y concertación para los múltiples problemas que existen en nuestro estado.

El resultado de eso, lamentablemente, también está a la vista. ¿Cuál de los problemas torales de Oaxaca fue ya resuelto a partir de una conformación distinta del Congreso del Estado? Ninguno. Del mismo modo: ¿Cuál de esos problemas fue ya resuelto a partir de que otra persona, proveniente de un partido político distinto al que gobernara, llegara al poder? Ninguno. Y es porque finalmente queda claro que mientras no exista verdadera voluntad de cambio, más allá del discurso, las cosas seguirán estando exactamente igual que como estaban hace dos, tres, cinco o veinte años en Oaxaca.

El problema en todo esto, es que no existen consensos reales a favor de Oaxaca. Es decir, que los partidos gobernantes no están más preocupados por el interés general, que por los suyos particulares. Es decir que los candidatos y aspirantes a cargos de todos los niveles, ven esta posibilidad de cambio y transición, como una mera modificación en los esquemas de reparto y manutención del poder. Es decir que este supuesto esquema de “alianza legislativa” y “alianza de gobierno”, no es más que lo mismo de antes, pero al revés.

Eso debiera preocuparnos sobremanera. Más porque Oaxaca está tratando de ser vista como ejemplo por las supuestas fuerzas progresistas del país. Porque al mismo tiempo está tratando de ser recolonizada por quienes tuvieron todo y lo perdieron. Y porque, de nuevo, Oaxaca puede ser verdadera punta de lanza de los cambios democráticos, aunque también puede serlo de las regresiones que hoy ya vemos en nuestro ambiente político, y que cualquier día de estos podría replicarse a escalas mayores. Qué lamentable que no aprendemos de la experiencia. Qué mal que la mayoría opta por hacerse como que no vio nada, para convertirse en corresponsable de que los vicios democráticos se sigan reproduciendo.

MUCHOS CONFLICTOS

Tiene razón Andrés Manuel López Obrador: en Oaxaca es preocupante el número de conflictos que existen, por distintas razones, en los pueblos y comunidades indígenas. Pero, el Candidato Presidencial de “las izquierdas” se ha preguntado cuántos de ellos son azuzados por aliados suyos. En eso tendría muchas respuestas… para no estar viendo la paja en el ojo ajeno, y negarse a ver la viga en el propio.

+ Partidos deslegitiman participación democrática

Alberto Alonso Criollo perdió en la voluntad manifestada por verdaderamente ciudadanizar y profesionalizar al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Perdió no sólo porque el órgano que él preside no consiguió el objetivo trazado por ninguna de las vías posibles, sino también porque los partidos políticos con representación en el IEEPC no tuvieron la capacidad para hacer de la integración, algo más que un grosero reparto de posiciones sin ningún criterio claro, y mucho menos pensando en las verdaderas necesidades democráticas de largo plazo.

En efecto, el pasado lunes, con ocho votos a favor y uno en contra, los consejeros del IEEPC y los representantes con voz y voto del Congreso del Estado, eligieron a los Titulares de las Direcciones de Capacitación Electoral, de Organización Electoral, de Prerrogativas y Partidos Políticos, y la de Usos y Costumbres, los cuales integran la Junta General Ejecutiva del órgano electoral.

De acuerdo con un comunicado emitido por el propio Instituto, en sesión extraordinaria, se aprobó que César Enrique Silva ocupe el cargo de director Ejecutivo de Capacitación Electoral; Eginardo Hernández, como director Ejecutivo de Organización Electoral; Gelacio Morga Cruz, al frente de la dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos; Dolores Prado, como responsable de la Unidad de Fiscalización a Partidos Políticos. Y la maestra Gloria Zafra, como directora Ejecutiva de Usos y Costumbres.

La gran mayoría de esos nombramientos, en sí mismos, provocaron un fuerte choque entre los representantes legislativos y de los partidos políticos, dentro del Consejo General del IEEPC. La razón principal: que, salvo la maestra Zafra (que es una reconocida socióloga, especialista en temas de género, y de participación comunitaria en sistemas normativos internos), sobre todos los demás nombrados existen fuertes —y probados— cuestionamientos lo mismo por su falta de preparación académica, como por su falta de experiencia en los temas para los que fueron nombrados, pero sobre todo por su inocultable cercanía y débitos con los partidos políticos que los impulsaron.

En la sesión del pasado lunes por la noche, quedó claro el tamaño del conflicto que enfrentan los partidos. Porque era a todas luces visible que el reparto de posiciones fue producto de un claro acuerdo entre PAN y PRD; que éstos, usando su mayoría, diseccionaron la Junta General Ejecutiva para quedarse con las mejores posiciones. Y que, incluso, en sus intentos de acaparamiento, los partidos acotaron los intereses del Consejero Presidente, quien también se quedó en medio de la disputa, y sólo pudo tener un reducido margen de maniobra para sostener la Dirección de Usos y Costumbres.

El problema, de todo esto, es que el avance real, objetivo del Instituto, con todo y la reforma, es nulo. Nulo porque no se logró el objetivo de la independencia (buena parte de los Consejeros, y ahora la Junta Ejecutiva responden a los partidos), ni el de la profesionalización (por las evidentes carencias académicas y de experiencia de los recién nombrados), ni el de la certeza en la organización de los procesos democráticos (por la combinación de las dos razones anteriores). Y de todo esto, al final, habrán de ser responsables no sólo los integrantes del Instituto, sino también quienes desde el Congreso del Estado fomentan este burdo proceso de partidización, que sólo ha demostrado lo peor de estos tiempos de “coalición hegemónica” en Oaxaca.

AVASALLAMIENTO CANTADO

Hace siete meses, el Consejero Presidente del IEEPC manifestó su deseo de integrar una Junta Ejecutiva verdaderamente independiente, profesional, competente y ajena a los intereses de los partidos políticos. Aunque en ese momento nos manifestamos a favor de tales pretensiones, también hicimos algunas advertencias que, lamentablemente, parecen estar hoy cumplidas.

En ese momento apuntamos que “independientemente de la forma en cómo fue integrado el Consejo General del IEEPC, lo que debe quedar claro —y esto rebasa la esfera de competencia del consejero Alonso Criollo, aunque no por ello deja de ser de su incumbencia—, es si los partidos políticos, y el Gobierno del Estado (que fue parte material, aunque indebida en la integración) tienen verdaderamente voluntad política para permitir que el IEEPC tenga cierto grado de independencia (¡Cierto grado de independencia!), le sea permitido nombrar a los funcionarios electorales sin la participación de quienes decidieron la conformación del Consejo General.

“Si el consejero Presidente Alonso Criollo de verdad tiene el respaldo de los grupos políticos que decidieron su arribo al IEEPC, éste tiene entonces una gran oportunidad de dar pasos hacia delante en la conformación de un órgano electoral fuerte, legítimo e independiente del poder público. Si no —y más sabiendo de la visceralidad e irresponsabilidad de las fuerzas políticas, que no saben anteponer el interés general, al suyo en particular—, de lo que seremos testigos será de un proceso lento y tortuoso a través del cual todos comenzarán, desde el Legislativo y desde las oficinas del gobierno estatal, a socavar al IEEPC para tratar de conseguir, en última instancia, su deslegitimación y la urgencia de su renovación, para erigir un nuevo órgano que sí sirva a sus intereses.”

Hoy, aquellas advertencias parecen estarse cumpliendo. Antes del nombramiento de los titulares de las direcciones que integran la Junta General Ejecutiva, hubo un amago claro en el Congreso para hacer una contrarreforma que quitara del poder del Consejo General esos nombramientos.

No lo hicieron, pero sí optaron por la vía del avasallamiento a cualquier pretensión medianamente legítima, y el grosero reparto de lo que quedaba del IEEPC a través de cuotas, en los que nada valió el saber y la experiencia. Para los nombrados, lo único determinante fue la suerte que les dio Dios —haciendo alusión al refranero— y los partidos políticos que los nombraron. Mal por ellos. Mal por los partidos. Mal por el IEEPC. Pero, sobre todo, mal por la democracia en Oaxaca.

PARTIDOS, POR TODO

Otra cosa que demostró este proceso, es la falta de cuadros sólidos que tienen los partidos políticos protagonistas de esta historia. Es vergonzante que tanto el PAN como el PRD presentaran propuestas de tan bajo perfil. Esto constituye un acto de regresión que debiera ser combatido, y no estimulado, en nuestro sistema democrático.

+ Visión errónea; no fortalecen universidades

Con las recientes reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, se dispuso expresamente que el control del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca lo tendrá la Coordinación General de Educación Media Superior, Superior, Ciencia y Tecnología. La administración estatal, en reiteradas ocasiones ha fustigado el alto costo que tiene dicho sistema para las arcas estatales. Sin embargo, el riesgo que se corre con ese cambio de autoridad, es alto si se observa a la luz de la poca claridad en el proyecto actual sobre la educación superior estatal, y sobre todo del olvido que el propio gobierno continúa profesando a los demás sistemas de educación superior en el Estado.

En efecto, el Suneo es un sistema oneroso y elitista. Solamente en el estricto sentido económico, el secretario de Finanzas, Gerardo Cajiga Estrada ha manifestado en diversas ocasiones que “…es necesario revisar el Suneo, porque por cada peso que aporta la Federación al mismo el estado pone cinco, lo que no sucede en ninguna otra institución educativa en el país…”; que “…además presentan otras características poco favorables, como, por ejemplo, la relación alumno-maestro es inverosímil. ‘En algunas instituciones del Suneo por cada maestro de tiempo completo hay cinco alumnos’”; o que “en el caso del Suneo heredaron una estructura en donde por cada peso que está dando la Federación, ‘el estado pone cinco y desde luego nos interesa mucho la calidad educativa y queremos que esta se fortalezca’”. Es decir, que en la visión del gobierno estatal, el Suneo tiene un costo demasiado elevado para los resultados que ofrece.

Posiblemente no están equivocados. De hecho, además del alto costo de dicho sistema de universidades, sobre éste han pesado otros cuestionamientos, como el relativo a la verticalidad, y la absoluta discrecionalidad, con la que su rector, el doctor Modesto Seara Vásquez, ha manejado, por más de dos décadas, a la institución.

Sobre el Suneo, además, pesan otros puntos oscuros, como el relativo a la poca sensibilidad y tolerancia que existe en éste respecto a las costumbres y cultura de su población estudiantil más abundante, que es la indígena. Se dice, incluso, que los métodos utilizados por el Suneo son, en algún modo, etnocidas y aculturizadores de quienes tienen raíces indígenas.

El problema es que nada de esto es por lo que el gobierno estatal está preocupado. Éste, al parecer, lo que busca es generar condiciones para disminuir el gasto que se genera en ese sistema de universidades, y quizá hasta cobrar una afrenta al doctor Seara por sus excesos, por su cercanía a los regímenes anteriores, y por la imagen que construyó de “dueño” y de rector vitalicio de ese sistema de universidades.

Esa parece ser la lógica que siguió la reforma a la Ley Orgánica, en la que lejos de establecer cualquier parámetro de autonomía, o de eliminación de la discrecionalidad que existe respecto a la permanencia de las autoridades de ese sistema, se estableció que el Suneo quedará en manos de la Coordinación que encabeza José Antonio Carranza Palacios. Esto, frente a algunos ejemplos dados por este mismo gobierno, entraña diversos riesgos. ¿Cuáles?

El principal de los riesgos, es que en dicha Coordinación, algunos funcionarios estatales, o ciertos personajes influyentes, vean en el Suneo la posibilidad de disponer de los cargos de primera importancia, y comiencen a sustituir a las actualidades autoridades de cada una de las universidades (nombradas, claro, según el criterio del doctor Seara; pero un criterio que, lo acepten o no, ha podido mantener la excelencia académica) con un juicio clientelar, de cuotas o para satisfacer intereses que no son los que ha buscado preservar dicho Sistema de Universidades Estatales.

ALTERNATIVAS NULAS

Modificar el esquema del Suneo, sólo para disminuir su costo, o para eliminar la huella y las disposiciones del doctor Seara, equivaldrá a tanto como dar la pauta para el fin de esa historia que, de nuevo, les guste o no, es de excelencia académica, así sea a un costo muy elevado. Y eso no es lo peor. Pues ante esta decisión inminente, la pregunta sería: ¿Qué alternativa tiene el Gobierno del Estado frente a su ánimo por disminuir los costos y el elitismo del Suneo?

La respuesta es clara: ninguna. Y es así porque mientras pretenden hacer todo lo que ya se ha señalado con ese sistema, por las razones que también ya fueron apuntadas —y por otras más que incluso desconocemos—, lo cierto es que en esta administración no existe un proyecto claro sobre el impulso que se debe dar, desde el Estado, a la educación superior en alguno de sus diversos frentes. Todo esto es evidente.

Y es que el Gobierno del Estado no tiene ningún gran proyecto alternativo con la UABJO, ni con ningún otro sistema federal o local. Independientemente del trabajo coordinado habitual de algunas dependencias estatales con esa y otras instituciones, es claro que no existe mayor interés por intervenir en los demás sistemas de educación superior. Y eso se convierte en un problema, ante el hecho de que se quiere minar lo único bueno que existe en la educación superior, sin tener una alternativa para compensar lo que se pretende disminuir.

Por eso, toda esa discusión debiera hacerse no sólo a la luz del costo económico que implica, sino también al impacto que cada una de las universidades tiene sobre la vida pública de los oaxaqueños, y el aporte que hace a la sociedad en que subsiste. Porque es claro que dicho sistema debe cambiar. Pero el cambio debe ser para mejorar. Y en eso la autoridad debe tener un criterio más allá de lo económico.

Debiera asumir, por ejemplo, que si el Suneo tiene pocos alumnos no es sólo porque éste sea un sistema “difícil” o elitista, sino porque el problema de la educación pública en Oaxaca es grande y grave a todos sus niveles, y que un remedio real y de fondo debiera tocar no a una, sino a todas las universidades, y no a un nivel, sino a todos los involucrados en la educación de los niños y jóvenes oaxaqueños. Ojalá que a la larga, no termine siendo más costoso el remedio que la enfermedad.

CANIBALISMO

En la UABJO debieran tener una visión no encaminada al canibalismo. Ellos, gustosos, quisieran ver el fin del Suneo. Sin embargo, con todas sus diferencias, lo que debieran estar defendiendo es la educación pública de calidad. Porque nadie, ni ellos ni Seara, son dueños de ésta, y porque la UABJO justamente ha sido la más golpeada por ese tipo de embates.

+ ¿Qué perspectivas tienen para elección 2012?

En general, el Partido Acción Nacional es uno de los pocos que procura no ventilar su vida interna, sus discusiones, sus componendas y sus arreglos cupulares. A lo largo de su vida como fuerza política, han procurado “lavar la ropa en casa”. Sólo que hoy, ante la polarización de sus procesos internos, el panismo debiera dejar de reprimir sus discusiones y hacer, de esos asuntos que irremediablemente influyen en la vida pública, temas específicos de la vida pública. Su vida interna es tan compleja como la de cualquier otro partido. Y por eso es importante conocer algunas aproximaciones a esos procesos y posturas que debieran ser menos secretos.
Pareciera que hoy, el PAN, sigue sin ser un partido conforme con los resultados que han obtenido en sus alianzas electorales. Hasta donde puede verse, los beneficios recibidos por haber impulsado la candidatura a Gobernador de Gabino Cué Monteagudo, no fueron proporcionales del todo con lo que ellos aportaron.
Una de sus inconformidades radica en los pocos espacios que obtuvieron en la administración pública estatal, y el fuerte desgaste que les ha venido provocando esas posiciones oficiales, frente al electorado. La otra inconformidad de fondo, radica en el doble hecho de que, por un lado, el Gobernador del Estado no ha asumido ningún tipo de postura a favor de aspirantes o grupos panistas locales, respecto a las elecciones federales del presente año; y que, por el otro, en un intento de colonización del blanquiazul, pretende incrustar a ciertas figuras que no corresponden a los intereses de ese partido. Pero vayamos por partes.
En la primera de las inconformidades, los panistas oaxaqueños de cepa aseguran que su apoyo al Gobernador, y lo que obtuvieron a cambio, podría resumirse en aquel refrán que dice que “después de un buen servicio, un mal pago”. Y es que, dicen, el panismo fue una de las dos fuerzas políticas —la otra fue el PRD— que aportó los elementos determinantes para la estructura que permitió el triunfo electoral, y que a cambio sólo obtuvieron algunas posiciones de las que sólo sobrevive la de la secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Woolrich Fernández.
Esa, que pudiera pensarse que es una posición de privilegio para un partido que pretende no dejar impunes las cuentas con el pasado, para los panistas más bien es una posición que les traslada a ellos los costos electorales que generan los dividendos políticos que está obteniendo el Gobierno del Estado.
¿De qué hablan? Que el hecho de darles la facultad de perseguir a los ex funcionarios de la administración anterior, no garantiza que éstos pagarán conforme a las expectativas generadas por el Gobierno (de encarcelar a los responsables, confiscar sus bienes, recuperar el dinero robado, etcétera). Y el costo negativo, en votos, que ello genere, piensan, será trasladado a su partido como un pasivo, derivado del “premio” que les dieron por haber participado en la Coalición por la Paz y el Progreso.
Su segunda inconformidad también es clara: les molesta ampliamente que mientras el Gobernador del Estado no se ha pronunciado a favor de ningún tipo de candidato o aspirante panista a diputado federal o senador, y mucho menos les ha brindado apoyo alguno para estos menesteres, sí ha dado todas las facilidades y apoyo al ex gobernador Diódoro Carrasco Altamirano para buscar una candidatura al Senado de la República.
Los panistas ven mal esto por muchas razones. La primera es porque el ex Gobernador no es panista. La segunda, porque él, en su tiempo de gobernante, fue duro en sus estrategias para arrinconar y no tomar en cuenta a los entonces incipientes gobiernos municipales panistas, en los programas y el apoyo oficial que entonces se daban. Y la tercera, porque el intento que ven en esa relación entre el gobierno de Cué y el ex gobernador Carrasco respecto al PAN, es de colonización y no de una relación constructiva con el panismo oaxaqueño.

PERSPECTIVAS PARA 2012
El PAN de Oaxaca tiene claras sus perspectivas sobre esta elección federal de Oaxaca. Pretenden primero resolver de la mejor manera posible sus procesos internos para elegir a sus candidatos a diputados federales por los principios de representación proporcional y mayoría relativa, y al Senado por esas mismas dos vías.
Las definiciones por el Senado por la vía de mayoría relativa serán a través de la participación, en una elección abierta, en la que podrán participar tanto los militantes activos como los adherentes. Ese será el único procedimiento en el que participan todos. Para elegir a sus diputados federales por mayoría relativa sólo participan los militantes activos. Y para elegir a sus abanderados para ambas cámaras por el principio de representación proporcional, todo deberá elegirse a través de su Consejo Estatal.
La carrera por el Senado por el principio de mayoría relativa, es auténticamente una moneda al aire. Pareciera que el ex gobernador Carrasco busca colgarse del posicionamiento como candidata presidencial de Josefina Vázquez Mota, para colocarse como candidato a Senador. Sin embargo, es claro que el panismo no asume la lógica de que la aceptación de Josefina, necesariamente debe ser proporcional a quien se aparece como su candidato al Senado por Oaxaca.
Respecto a las definiciones del Consejo Estatal por la candidatura al Senado por la vía de la representación proporcional, las posiciones también están polarizadas. Un sector local importante se pronunciaba por impulsar a la diputada local Eufrosina Cruz, sin embargo, ayer domingo fueron aplastados por quienes, siguiendo la línea josefinista, dieron su voto a la sonorense Dolores del Río.
Eso, en realidad, es visto como otra afrenta abierta, que ya había provocado algunos posicionamientos, como el del diputado Luis de Guadalupe Martínez, lamentando este intento de imposición de personas que buscan sólo la posición política, pero no la verdadera representación de las causas del panismo oaxaqueño.

DIPUTACIONES POSIBLES
El análisis frío dice que el PAN tiene posibilidades en cinco de los once distritos electorales. Por Oaxaca de Juárez, dicen, su grado de competitividad se incrementa sustancialmente a través de Rolando García Varela. En Tuxtepec, posiblemente con María Larios. En Huajuapan a través de Chiu Valladares. En Miahuatlán con Luz María Martínez y, quizá, en Santa Lucía del Camino. Ahí queda este apunte sobre la discreta pero intensa vida interna del panismo local.

+ Senado, Gobierno y Congreso deben buscar arreglo

Un asunto como el que hoy enfrenta nuestro estado por la invasión del gobierno de Chiapas en el territorio oaxaqueño de los Chimalapas, no debe quedar como un mero asunto judicial, sino que debe ser el motivo para que todos manifiesten justo lo que no han hecho: voluntad para arreglar las cosas.
Es lamentable que mientras todos los involucrados en Oaxaca se dicen preocupados por esta situación, en realidad se estén dando pocos y descoordinados intentos por hallar nuevas rutas de solución a este conflicto, en el que ya no queda claro si es por límites o por el acto de invasión del territorio; es asimismo lamentable que el Senado de la República se lave las manos respecto a una posible intervención; y lo es tanto más, que ahora, en el Congreso del Estado, todos digan que advirtieron de las fallas que tenía la argumentación de la Controversia Constitucional, pero que nadie haya tenido la capacidad para incidir en un arreglo previo a la presentación del escrito.
Hay varios aspectos que deben ser considerados con seriedad. En primer término, porque este ya no es momento de buscar culpables. O bien, sí se deben ajustar las cuentas con los responsables de la pifia cometida, pero a la par de buscar soluciones y nuevos caminos posibles para darle cauce a este asunto. Y, fundamentalmente, se debe establecer que la siguiente ruta posible es la de la búsqueda de una solución a través de todas las vías políticas posibles. Para ello, debe haber mucho más que deslindes y acusaciones por parte de las instancias involucradas.
En ese sentido, la vía más idónea para resolver un asunto como éste, debe ser, sin duda, la política. ¿De qué hablamos? De que, en el fondo, no es del todo permisible —ni deseable— que asuntos torales de la convivencia entre estados partes integrantes de la Federación (como lo es el respeto a los límites establecidos entre ellos), quede únicamente en manos de las instancias jurisdiccionales (así sea del más alto tribunal jurisdiccional del país, como lo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación).
Esa fue la lógica en la que, en 2005, ocurrió la reforma al artículo 46 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer justamente que los asuntos de límites entre entidades federativas fueran dirimidos por la instancia política que justamente ostenta la representación de éstas ante la Federación. Hablamos, naturalmente, del Senado de la República.
¿Por qué el Senado se hace a un lado del problema? En lo inmediato, porque parece que en la agenda política de los senadores, primero se encuentra la resolución de todo el conflicto electoral que significarán los comicios federales, antes que involucrarse en asuntos que verdaderamente les permiten tener la calidad de representantes de las entidades federativas ante el pacto federal.
En lo mediato, queda claro que también los senadores se niegan a asumir la falta de responsabilidad que implica para su legislatura, el hecho de que cuando en 2005 se realizó la reforma constitucional, también se estableció en uno de los artículos transitorios, que el Senado tenía la responsabilidad de crear una comisión ex profeso de legisladores, que se encargara de asumir todos esos asuntos, para contribuir en la búsqueda de arreglos amistosos entre los varios estados que tienen conflictos limítrofes que, por su propia naturaleza, eran imposibles de resolver por las instancias jurisdiccionales que estaban constitucionalmente encargadas de resolverlos.
Todo eso debiera ser un acicate para que el Senado se involucrara en un asunto como este. Queda claro que el Senado no tiene ninguna calidad moral, ni justificación jurídica o constitucional, e incluso material, para apartarse de una posible solución. Esa debiera ser la instancia política idónea. Qué lamentable es, además, que los más importantes representantes del federalismo en México, sean los primeros en abonar a la posibilidad de que los asuntos políticos terminaran innecesariamente en manos de tribunales jurisdiccionales.

CONGRESO PARTICIPATIVO
Ahora bien, el Congreso del Estado también debe participar, desde sus propias vías, en este asunto. Queda claro que la tarea hoy no es sólo la de echar culpas o la de buscar responsables. Sí debe hacerse eso, por la naturaleza deliberativa y plural del órgano legislativo. Pero además éste debiera ser un momento para que también el Poder Legislativo del Estado hiciera una demostración de estatura y capacidad de acción a favor de Oaxaca.
En ese sentido, los diputados oaxaqueños debieran también buscar las vías políticas idóneas, independientemente de que hubiera o no facultad expresa de las constituciones federal o local, para poder resolver este asunto. Es claro que si Chiapas no tiene voluntad de arreglo, ni de respetar los límites que históricamente están establecidos entre ambas entidades federativas, y si el Senado tiene similares actitudes de rechazo frente al problema, entonces los Poderes del estado de Oaxaca deben ser los más proactivos y deben ser quienes planteen las soluciones que nadie pretende tomar.
¿Cuál debiera ser la vía de trabajo? Que junto con los “regaños” y exhortos que pretenden hacer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también, o en lugar de ello, excitaran al Senado y al gobierno federal para que insistieran en la búsqueda de arreglo entre ambas entidades federativas. No debieran perder tiempo en extrañamientos que no tienen ninguna razón de ser, y que tampoco cambiarán el estado de cosas frente a una Corte que sí se puede sentir “agraviada”, y más bien debieran ocuparse en insistir en que el gobierno federal tome también cartas en el asunto, y no lo deje en las dos reuniones, prácticamente testimoniales, a las que hace unas semanas convocó el Secretario de Gobernación a los dos gobernantes, para arreglar el conflicto.
No es momento sólo de culpas y tampoco de acciones que tengan tanta fuerza como los llamados a misa. Debe haber claridad y manifestaciones claras de voluntad a favor de Oaxaca. Eso debe quedar claro.

OPORTUNIDAD EXTRAORDINARIA
Una de las vertientes que buscaba explorar la Controversia Constitucional, es la relacionada al derecho a la consulta que tienen los pueblos y comunidades indígenas frente a un asunto como éste que involucra actos de autoridad que podrían violar su derecho a la autodeterminación. Ésta, independientemente del caso, es una vertiente extraordinaria, de la que hablaremos en una próxima entrega.

+ Senadores por Oaxaca: que ya se estrenen

El acto de desechamiento de las Controversias Constitucionales presentadas por los pueblos y el gobierno del Estado de Oaxaca, marca una serie de posibilidades infinitas para eso que coloquialmente se conoce como “poner a prueba las instituciones”.

En un primer plano, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe examinar con toda amplitud el caso y argumentar con toda precisión la confirmación de la decisión dada a conocer ayer por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Pero además, esta primera decisión abre la posibilidad de, de todos modos, continuar explorando la vía política del Senado de la República, y para demostrar que los gobiernos de las dos entidades federativas tienen posibilidades reales de conciliar y entenderse sin necesidad de acudir a las instancias jurisdiccionales.

¿Qué resolvió ayer la Corte? En términos sencillos, el Alto Tribunal desechó por notoria improcedencia tres controversias constitucionales promovidas por dos municipios y el gobierno de Oaxaca para impugnar la creación del municipio chiapaneco de Belisario Domínguez en la zona de Los Chimalapas.

A través de un comunicado, la Corte puntualizó que el Ministro Ponente pidió al gobierno de Oaxaca y a los dos municipios inconformes, hacer varias aclaraciones a sus demandas, pues el caso tenía toda la apariencia de tratarse de un conflicto de límites. En ese sentido, tanto Oaxaca y Chiapas informaron que no han desahogado procedimiento alguno ante el Senado, por lo que el ministro Pardo desechó las controversias, en una sentencia que los demandantes pueden impugnar mediante recurso de reclamación que será resuelto por una de las salas de la Corte.

De entrada, esto abre dos posibilidades que deberán poner a prueba al máximo tribunal del país. Esto porque el recurso de reclamación (que, de acuerdo con la fracción I del artículo 51 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 constitucional, referente a las Controversias Constitucionales, procede contra “los autos o resoluciones que admitan o desechen una demanda, su contestación o sus respectivas ampliaciones”) que ayer anunció el gobierno de Oaxaca que presentará contra el desechamiento de la demanda, necesariamente excitará al Pleno de la Corte a que entre de lleno al estudio del caso respectivo, y emita una resolución que, además de decidir definitivamente el destino de la controversia, marque también un referente para casos futuros equiparables a este asunto.

La garantía que queda en todo eso, es que la decisión final que tome la Corte finalmente, estará lejos de los posibles intereses particulares de los integrantes de la Corte, y de las suspicacias que despierta la cercanía del ministro Pardo con el Secretario General de Gobierno del estado de Chiapas. También, esa decisión colegiada, por esa sola razón será superior a la sola interpretación o visión de un ministro sobre este asunto, y permitirá que haya un debate amplio sobre los razonamientos y la argumentación vertidos en la Controversia, y el grado de validez y eficacia de los mismos.

Al final, si el resultado es la confirmación del acto de desechamiento, en Oaxaca deberá haber ajustes importantes en la estructura gubernamental encargada de la estructuración de la demanda respectiva. Pero junto con ello, y lejos de quedarse llorando por este primer revés, se deberán buscar todas las vías alternativas para lo más importante: continuar la defensa del territorio oaxaqueño.

ESTRENAR A LOS SENADORES

Si el Gobierno de Oaxaca actúa con algo más que soberbia, debiera asumir que este es momento de aceptar los escenarios diferentes al planteado por sus abogados, y comenzar a actuar con responsabilidad. Es indispensable, en ese sentido, que a la par de las acciones legales que iniciaron ante la Suprema Corte, el Gobierno de Oaxaca se asuma como garante del Estado, y explore la posibilidad de incidir en este asunto a través del Senado.

En efecto, hasta antes de ayer el gobierno de Oaxaca se decía muy seguro de haber optado por la vía correcta al alegar que sus discrepancias con Chiapas era por el acto de invasión, por la reforma constitucional chiapaneca que modificó los límites y colindancias de aquella entidad federativa con la nuestra, y por el acto de creación del municipio de Belisario Domínguez. Hoy, con el revés de la Corte, debe actuar ahora sí con previsión y no empecinarse en vías que, como ya quedó visto, posiblemente sean rechazadas por el Alto Tribunal.

¿Qué debe hacer? De inmediato, exigir la intervención de los tres senadores que tiene Oaxaca, para que sea la Cámara alta la que inicie las posibles labores de conciliación en este asunto. Se supone que el senador Ericel Gómez Nucamendi y el senador Armando Contreras Castillo, son parte del grupo que hoy gobierna Oaxaca. Esa pertenencia, hoy, debiera traducirse, más que para la grilla, en acciones eficaces y oportunas a favor de la defensa del territorio. Y también debieran solicitar la participación del senador priista Adolfo Toledo Infanzón, en ésta que podría ser una de las más importantes acciones que habrían hecho senadores oaxaqueños por la entidad federativa a la que pertenecen.

Es indispensable que los senadores se “estrenen” y hagan algo por Oaxaca. Si la Corte está dando luz sobre las formas que debieran seguirse para defender los límites territoriales (y también queda claro que el inicio de un procedimiento jurisdiccional, no es obstáculo para que al mismo tiempo el gobierno estatal solicite al Senado que aborde el tema para hallarle una solución política entre entidades federativas, en el corto o mediano plazo).

Lo ideal sería que esto pudiera ser resuelto por los gobiernos estatales. El problema es que en el chiapaneco se ve indisposición para llegar a un arreglo, y en el oaxaqueño se aprecian titubeos que pueden ser de altos costos.

DEFENSA EFECTIVA

Decíamos, sobre este tema, en nuestra entrega del pasado 3 de febrero que “lo único no deseable es que, aún teniendo la razón jurídica, Oaxaca ya no pueda deshacer el acto material por el que Chiapas invadió el territorio de los Chimalapas. Ese, que también es posible, sería el peor escenario.” Por eso es por lo que fundamentalmente, debe preocuparse el gobierno de Oaxaca. Hoy ratificamos esta preocupación, pero también con la exigencia de que los responsables de llevar esta defensa al límite de los riesgos resientan pronto las consecuencias respectivas. Ojalá no se consolide este despojo.

+ Renuncias: síntoma de “gangrena” que subsiste

Qué paradójico es el panorama para el priismo oaxaqueño: luego de poco más de un año de ser partido de oposición, y de tener encima un feroz y permanente embate —orquestado desde el gobierno estatal— para desmantelarlo, éste más bien ha hecho hasta lo imposible por destruirse solo. Hoy, mermado, desacreditado y confrontado, es un partido que, al menos en la entidad, parece ser más un lastre que un activo para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Sus deplorables condiciones, son evidentes.
Desde el día siguiente de la derrota del domingo 4 de julio de 2010, se sabía que sólo era cuestión de tiempo para que iniciara el proceso de ataques y/o colonización del Revolucionario Institucional en Oaxaca. A pesar de haber perdido los comicios, el tricolor se veía aún robusto y, en realidad, el margen de votos que había obtenido en esa elección era ampliamente considerable y atractivo para cualquier otra fuerza política que llegase a tener más poder e influencia que los derrotados.
Ese fue, justamente, el punto de partida del evidente intento de colonización y asalto al tricolor. Algunos ex priistas, y militantes tricolores afines al nuevo régimen, se lanzaron con todo a tratar, primero, de poner en tela de duda, la dirigencia de Eviel Pérez Magaña. No lo consiguieron, porque aún con su evidente falta de legitimidad, era claro que el ex Candidato a Gobernador había sido ungido de acuerdo con las normas legales y partidarias necesarias. Los más de diez juicios que, en esa lógica, inició el diputado federal priista Jorge Franco Vargas, fracasaron y constituyeron el primero de los intentos fallidos por desmantelar la estructura priista.
Luego vino el robo hormiga de estructuras, dirigentes regionales, operadores y demás integrantes de la maquinaria electoral. Desde varias dependencias oficiales, se liberaron recursos económicos, plazas y ciertas prebendas para tratar de cooptar a todo tipo de líderes tricolores en el interior del Estado. Lo consiguieron en muchos casos, aunque también los intentos fueron insuficientes no porque los priistas y sus operadores electorales fueran muy leales o no tuvieran convicciones respecto a su partido, sino porque también hubo innumerables intentos errados, que finalmente terminaron demostrando que se hacía falta más que dinero para llegar a todos los actores necesarios.
Luego vino el intento más claro. Financiados desde quién sabe dónde, un grupo de priistas inconformes generaron una corriente de disidencia que, sin embargo, no fue ni intentó ser considerada por la dirigencia tricolor como una voz discordante aunque parte de la militancia tricolor. Ese grupo, denominado inicialmente Frente Renovador por un PRI para todos”, decidió ir por el rompimiento total y para ello generaron una estructura paralela, desde donde comenzaron a torpedear y cuestionar mediáticamente a la dirigencia de Pérez Magaña.
Tampoco pudieron hacer mucho. Porque más allá de las revelaciones sobre el mal manejo de las prerrogativas y recursos económicos de la dirigencia estatal del tricolor, y los excesos del Dirigente Estatal, lo cierto es que el Frente Renovador pudo incidir realmente poco en las regiones. Su trabajo se decantó en las abundantes pugnas internas. Y, en realidad, tampoco fueron capaces de atraer los liderazgos necesarios para meter en un cuestionamiento de verdad serio a la estructura tricolor que, sorprendentemente, se negaba a variar sus posiciones y a tratar de hacer una tarea incluyente y tolerante, incluso con las bases que sí les manifestaban cierta lealtad o reconocimiento.

SE VENCEN SOLOS
En realidad, nadie más que la dirigencia priista, ha sido necesaria para deplorables condiciones actuales. El priismo “institucional” desde el primer momento como partido de oposición, de todos modos se vio roto por las diferencias e intereses internos. Al no haber Jefe Político que mediara los ánimos belicosos e impusiera el tradicional orden coactivo entre los militantes y líderes, éstos comenzaron a generar una pugna interna que, multiplicada, hoy los tiene al borde del colapso.
Ello convirtió la supuesta convivencia institucional, en una auténtica guerra de todos contra todos. Los mismos compañeros de bancada de Pérez Magaña fueron los primeros que lo objetaron y le exigieron su renuncia. Los líderes de los sectores manifestaron una discreta lealtad a su dirigente. Y cada uno de los líderes regionales que sí seguía aceptando a la dirigencia legítima, no hacía lo mismo con el dirigente, a quien tachaban de poco serio, de demagogo y de promotor de mentiras e incumplimientos.
No mentían. Si algo reveló la verdadera vocación democrática de Pérez Magaña, ha sido su actuación como líder en la oposición. Ya lejos de los reflectores y de la imagen impuesta por todos los sitios como candidato a Gobernador, y ya lejos también de los recursos económicos sin límite y los cientos de corifeos que buscaban agradarlo, éste se presentó como lo que es: como un líder que promete todo aún a sabiendas de que hay cosas que no puede cumplir; que dice que sí, pero no dice cuándo; que falta a su palabra sin ninguna consideración. Y que es capaz de negar lo antes afirmado, y de tomar decisiones de acuerdo sólo a sus intereses, sin importar si éstas dañan los intereses de cualquier otro líder o representante político de su partido.
Esa falta de visión de partido, y su empecinada decisión de él y su grupo por acaparar todos los espacios (como en los tiempos del partido hegemónico en el gobierno), fue lo que finalmente los llevó a ese escenario al que intentaron llevarlo sin éxito sus opositores: el “agandalle” en las candidaturas, ha provocado diversas rupturas y repudios que verdaderamente ponen en entredicho la posibilidad de que el priismo oaxaqueño gane las elecciones y entregue buenas cuentas a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

¿OTRO GABINO?
Eviel Pérez calcula que puede repetir la historia de Gabino Cué: perder los primeros comicios, pero quedar posicionado para acceder primero a la senaduría y luego a una segunda candidatura al gobierno estatal. Lo que no entiende, es que aún con todos los fallos que tiene como gobernante, él no tiene la estatura del gobernador Cué. Mientras él buscó con trabajo ser un líder de la oposición, y construir a ras de suelo sus siguientes aspiraciones, Pérez busca todo desde su zona de confort. Por eso, deja todo a las “inercias”. Y por eso tiene a su partido en francas vías de desmantelamiento.

+ El dilema: no tenemos sentido de legalidad

Es tan relativa la noción que tenemos de la importancia de la legalidad, y de la constitucionalidad, que incluso nuestros poderes federales decidieron que el Día de la Constitución, que debiera ser uno de los más importantes de nuestro calendario cívico y ciudadano, quedara sujeto a los “fines de semana largos”. Esto es tan contradictorio como el hecho mismo de que siempre exigimos que la ley se cumpla… por otros, o por nosotros mismos, pero sólo cuando nos conviene.

El 5 de febrero de cada año está decretado como el Día de la Constitución, porque ese día, del año 1917, fue promulgada la Carta Magna que hoy nos rige. Siempre nos enseñan en la escuela, que la coloquialmente conocida como “La Constitución del 17”, fue la primera en el mundo que recogió y reconoció los también llamados “derechos fundamentales de segunda generación”, que también son conocidos como “garantías sociales” de los ciudadanos, y que emergieron como consecuencia de las grandes transformaciones que sufría el mundo a finales del siglo XIX y principios del XX, y que se materializaron en acontecimientos trascendentales, como las revoluciones mexicana y rusa, o la Primera Guerra Mundial. Lo cierto es que, además de ello, nuestra Constitución vigente intentó marcar el punto cúspide de consolidación de las aspiraciones, exigencias e intereses de los distintos grupos que protagonizaron la Revolución Mexicana.

En ese sentido, dígase lo que se diga en contra de nuestra Constitución, lo cierto es que ésta ha tratado siempre de adaptarse y reconocer los distintos momentos —por muy cuestionables o antidemocráticos que éstos sean— por los que ha atravesado nuestra democracia y nuestro país.

Es cierto que el proceso de consolidación del régimen post revolucionario pasó por cambios constitucionales, que en su momento fueron necesarios aunque después fueron repudiados por las generaciones posteriores; pero también lo es que el innegable avance democrático que ha tenido nuestro país (porque independientemente de las fallas democráticas actuales, no podemos comparar el México de hoy con el de hace dos o cuatro décadas) también ha pasado por cambios constitucionales, que no son sino expresión de la capacidad de adaptación pacífica de nuestro sistema institucional a las conquistas democráticas ciudadanas, que bien pudieron haber sido conseguidas por la vía de la violencia.

Todo eso, en términos generales, debiera ser motivo suficiente para conmemorar la promulgación de nuestra Carta Fundamental, y también para reafirmar el sentido de respeto que todos los mexicanos debemos tener por ella. Sin embargo, es lamentable que lejos de ello los mexicanos optamos siempre por descalificarla, por tacharla de anticuada o desfasada, y por menospreciar el ineludible sentido de legalidad que debiera prevalecer en torno a su figura y su importancia para la convivencia diaria de todos los ciudadanos.

En esa lógica, los poderes federales siempre buscan desacreditarla o bordearla para evitar su cumplimiento, y los ciudadanos hemos perdido el sentido de la vigencia no sólo de la ley como un documento jurídico, sino como la base del sentido de legalidad que, por si fuera poco, también hemos perdido, o que cuando menos tenemos ampliamente desvirtuado o mermado.

En esas condiciones, queda claro que es imposible —y hasta ridículo— que pensemos en una Constitución nueva, o que desdeñemos a la actual por los cientos de cambios en su redacción que ha tenido. Nada de eso es posible, porque es hasta infantil creer que respetaremos una ley nueva, cuando no respetamos la actual.

Y desestimar los cambios que ha tenido la Constitución, es tanto como vivir en la idea obtusa de que nuestro país tampoco ha cambiado, ni tendría por qué cambiar. Y eso, según parece, equivaldría a querer vivir en el régimen de principios de siglo, dominado al cien por ciento por los caudillos o por las revueltas armadas como vía de conquista del poder político.

Y entonces, no valdrían mecanismos democráticos que nosotros ni tomamos en cuenta por sentirlos naturales: no habría candidatos, partidos, comicios, debate abierto, tolerancia, democracia, sufragio, instituciones electorales, y una participación efectiva de los ciudadanos en la vida democráticos del país.

¿VISIÓN DE FUTURO?

Esa es una pregunta recurrente, que tiene que ver con nuestro presente, y con la situación que se encuentra nuestra Carta Fundamental. Lejos de pensar en una nueva, lo que urge son nuevos planteamientos serios para continuar ese proceso permanente de adaptación y establecimiento de los rieles fundamentales sobre los cuales debe correr nuestra vida democrática. Los cambios razonables a la ley son fundamentales. Pero éstos deben ser precisos y urgentes, y no las ilusiones que, por ocurrencia o inexperiencia, proponen algunos personajes.

Esto está claro desde hace tiempo. Eso era lo que, hace dos años, ya marcaban como urgente algunos intelectuales. En ese sentido, Jorge G. Castañeda decía lo siguiente: “Sin las reformas institucionales —o políticas o de Estado— necesarias para reconstruir el proceso de decisiones en México, ninguna de las otras reformas es factible. Quienes sostienen que antes de abordar lo político hay que resolver… lo fiscal, la seguridad, lo laboral, lo energético de nuevo, etcétera, o bien pecan de ingenuos, o bien apenas disimulan su actitud de obstrucción y sabotaje. Porque a estas alturas (…) no es posible realizar ninguna de las otras reformas, todas ellas necesarias y urgentes, ni tampoco superar los desafíos terribles para el país que implican acontecimientos aterradores (…) sin contar con las instituciones para ello. Quienes alegan que antes de la reelección de legisladores, la segunda vuelta o el referéndum o la iniciativa preferente o las candidaturas independientes hay que… hasta rescatar a los niños huérfanos de Haití, en el mejor de los casos, dicen una quimera y, en el peor, ponen una trampa o una celada…”. (“¡Es el futuro, estúpidos!”, Reforma, 4 de febrero de 2010).

PAÍS SIN RUMBO

No se equivocan quienes dicen que nuestro país está parado. No se equivocan pero tampoco dan la solución. Y es que ésta no radica mayorías abrumadoras o en oposiciones irracionales. Tampoco se encuentra en una nueva consolidación de la partidocracia o de las cuotas. El país, la Constitución, y el régimen institucional necesitan viabilidad. El problema es que esa ruta deseable, hoy no se ve por ningún lado.

+ ¿Conflicto de límites o invasión de facultades?

El conflicto entre los estados de Oaxaca y Chiapas por la pertenencia del territorio que comprende la región de los Chimalapas, presenta un conjunto de aristas harto interesantes que pronto habrán de ser dilucidadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que deben ser tomadas en cuenta para comprender el desarrollo de este asunto.

No es momento de hacer previsiones ni juicios de valor, sino únicamente de conocer los escenarios en los que puede desembocar este asunto, y comprender también algunos de los elementos que componen tanto la controversia constitucional presentada por los Poderes del Estado, como los otros procedimientos que contempla la Constitución Federal para el arreglo de límites entre entidades federativas.

Vayamos por partes. Porque, de entrada, es necesario conocer qué actos fueron reclamados por los Poderes del Estado de Oaxaca en las respectivas controversias constitucionales que presentaron ante el Alto Tribunal a mediados del mes de enero pasado. De acuerdo con el Sistema de Consulta Temática de Expedientes de la Suprema Corte, Oaxaca reclamó, a través de las controversias a cargo del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, cinco puntos, que son los siguientes:

1. El Decreto número 008 emitido por la responsable, Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado de Chiapas, mediante el cual estableció la ‘tercer reforma a la Constitución Política del Estado de Chiapas y se crean los municipios de Mezcalapa, El Parral, Emiliano Zapata y Belisario Domínguez’;

2. El Decreto cuyo número y fecha ignoramos, mediante el cual designaron al concejo municipal del nuevo municipio denominado ‘Belisario Domínguez’.

3. los anexos técnicos elaborados por la Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado de Chiapas que sirvieron de fundamento para emitir el Decreto precisado en el punto anterior, mismos que por disposición expresa de su artículo ‘segundo transitorio’, forman parte de dicho Decreto; y que a decir del propio decreto, contienen unos estudios técnico jurídicos, de tenencia legal de la tierra y mapas que precisan las circunscripciones territoriales de los nuevos municipios. (…)

4. Todas las determinaciones y mandamientos emitidos, así como los actos realizados por el Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, tendientes a materializar la ‘tercer reforma a la Constitución Política del Estado de Chiapas y se crean los municipios de Mezcalapa, El Parral, Emiliano Zapata y Belisario Domínguez’, concretamente los actos realizados y mandamientos emitidos para erigir el nuevo municipio denominado ‘Belisario Domínguez’ del estado de Chiapas. (…)

5. Del Concejo de Administración del nuevo municipio denominado ‘Belisario Domínguez, reclamamos todos los actos de autoridad que como municipio realicen dentro de la circunscripción territorial de nuestro municipio, mismos que se encuentran amparados en el decreto número 008 emitido por el H. Congreso del Estado de Chiapas.”

CUESTIONES INDETERMINADAS

Aunque la transcripción anterior es extensa, ésta es indispensable para conocer qué reclaman los Poderes del Estado en Oaxaca del Gobierno de Chiapas, y qué posibles vertientes jurídicas puede seguir este asunto. Para ello, es necesario tomar en consideración algunos aspectos que a continuación señalamos.

El primero de ellos, es que, como puede verse, en ningún punto de los actos reclamados, Oaxaca establece éste como un conflicto de límites. Más bien, lo presenta como una extralimitación en las atribuciones tanto del Congreso, como del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas, al crear un municipio fuera de sus límites territoriales, así como las determinaciones y mandamientos del Gobernador de Chiapas para llevar a cabo la reforma constitucional en la que se dispone la creación de municipios fuera de sus linderos, y todos los actos de autoridad realizados por el Concejo de Administración Municipal del municipio de Belisario Domínguez que, se considera, fue creado en territorio oaxaqueño.

El primer problema que surge de todo esto, es que el ministro Pardo Rebolledo mandó a aclarar la controversia, y particularmente pidió informes en relación a si el Gobierno de Oaxaca había ya agotado el procedimiento establecido en el artículo 46 de la Constitución federal, para entonces acudir ante el Alto Tribunal. Con esto, queda claro que la Corte sí ve este asunto como un potencial conflicto de límites, y no sólo como un conflicto entre Poderes.

¿A qué se refiere el artículo 46 constitucional? A la necesidad de que los conflictos de límites entre entidades federativas, sean resueltos a través de convenios amistosos aprobados por el Senado de la República, o a través de la intervención de la Cámara alta para resolverlos. Incluso, dicho precepto establece que “Las resoluciones del Senado en la materia serán definitivas e inatacables. La Corte podrá conocer a través de controversia constitucional, a instancia de parte interesada, de los conflictos derivados de la ejecución del correspondiente decreto de la Cámara de Senadores.”

¿Qué se puede desprender de todo esto? Que, en un primer escenario, la Corte asuma como este como un conflicto entre poderes, y entre al análisis del asunto para poder emitir una determinación que declare infundada las determinaciones que alega Oaxaca, o que, por el contrario, deje sin efectos los actos realizados por el gobierno de Chiapas en territorio oaxaqueño.

El otro escenario es que la Corte considere que no se ha agotado el principio de definitividad, y que por tanto disponga que Oaxaca debe primero agotar los recursos ordinarios establecidos por la ley para defenderse de la invasión territorial de Chiapas, y mande a que el caso sea conocido por el Senado, para que ahí se resuelva en base a las atribuciones que le da la propia Constitución a la Cámara alta para decidir los conflictos limítrofes entre entidades federativas.

TODO ES POSIBLE

Cuando la Corte tenía entre sus atribuciones la de resolver los conflictos de límites, emitía resoluciones que nunca se pudieron cumplir. Hay varios casos documentados de ello. Por eso, hoy la atribución la tiene el Senado. Y por eso mismo, sí es posible que la Corte se decida por someter el caso a la consideración de la Cámara alta. Lo único no deseable es que, aún teniendo la razón jurídica, Oaxaca ya no pueda deshacer el acto material por el que Chiapas invadió el territorio de los Chimalapas. Ese, que también es posible, sería el peor escenario.

+ Falta de criterios hace que todos se digan agraviados

Desde noviembre pasado, en este espacio advertíamos sobre los riesgos de que el gobierno estatal otorgara indemnizaciones a los agraviados por el conflicto magisterial y popular de 2006, sin criterios y sin un esquema claro para llevar a cabo ese proceso. El resultado de esa falta de previsión, es que hoy diversos grupos se dicen agraviados por la crisis de aquellos años; que todos están tratando de convertir el resarcimiento en un chantaje; y que, en el fondo, nadie sabe con certeza si realmente se le está dando lo justo a quienes resintieron los efectos de aquel episodio, y ni siquiera si son las personas correctas a las que se les está otorgando indemnización.

En nuestra entrega del viernes 25 de noviembre de 2011 nos hacíamos algunas preguntas que hoy cobran relevancia, respecto a quienes exigen, e incluso ya recibieron indemnización por parte del Gobierno del Estado por el conflicto del 2006.

En ese momento, cuestionábamos: “¿Qué no se supone que la Procuraduría General de Justicia del Estado integró una fiscalía especializada para atender los hechos relevantes del pasado?  ¿Qué no se supone que esa debiera ser la vía idónea para determinar quiénes sí fueron objeto de agresiones indebidas por parte del Estado, quiénes no, y quiénes verdaderamente merecen una reparación económica?”

Esto, que no ha sido puntualizado por autoridad alguna, es de vital relevancia. Porque, en la lógica común del derecho, se supone que todo aquel que es indemnizado previamente debió probar ante autoridad competente, y de forma idónea, los agravios de que fue objeto; que tuvo la capacidad de establecer la forma en que éstos ocurrieron e incluso el responsable de los mismos. Si se supone, pues, que las indemnizaciones fueron hechas conforme a derecho y no a través de acuerdos políticos, entonces debiera también tenerse certeza jurídica sobre algunos de los responsables de los quebrantos por el conflicto magisterial.

El problema es que, en realidad, la Procuraduría Estatal no ha alcanzado a integrar todas las averiguaciones previas por los delitos del pasado —entre ellos, el conflicto magisterial— y, hasta donde se sabe, tampoco ha habido un proceso serio para determinar qué hechos fueron constitutivos de lesión jurídica; quiénes fueron las personas que resintieron los agravios, y a cuánto ascienden los mismos.

Todo eso, lo que deja en evidencia es que, como puede preverse, las supuestas indemnizaciones en realidad son consecuencia de pactos específicos realizados entre el grupo gobernante con ciertos sectores de la población. Y que esos pactos están siendo pagados nada menos que con recursos públicos, a través de un proceso discrecional y nada claro sobre los montos y los beneficiarios.

El problema, como lo apuntábamos en noviembre, es que, todo esto, en global, es grave porque, además de todo, finalmente inhibe la verdadera justicia. Si los ya indemnizados, de verdad hubieran ganado los procesos, entonces también debiera suponerse que probaron los delitos de que fueron objeto, y estuvieron en capacidad de señalar a las personas que, con la calidad de servidores públicos, o las corporaciones respectivas, vulneraron sus derechos e integridad física. Es decir, se supone, como es en nuestro derecho, que la reparación debiera ser el acto posterior a la determinación de todas las responsabilidades, e incluso debiera ésta venir aparejada a la ejecución de las sanciones impuestas.

Pero lo cierto es que nada hay de esto. En realidad, lo que parece estar ocurriendo es un equivocado proceso de consolidación de la impunidad, y de un pago a quienes se dicen agraviados pero que quién sabe si en realidad fueron o no las víctimas reales del conflicto magisterial. Y por si eso fuera poco, la poca claridad del proceso y la discrecionalidad del pacto, está provocando que las indemnizaciones se conviertan en un auténtico chantaje.

RESARCIMIENTO O CHANTAJE

El chantaje, desde el primer momento, estaba a la vista. Por eso, también advertíamos que “todo esto tiene mucho de demagogia. El problema es que desde la sociedad se alimenta eso. Porque unos, verdaderas víctimas, se quedan calladas. Y otros, presuntamente vivales, aprovechan la ocasión para obtener beneficios de oportunidad de ese episodio que, sin duda, fue una auténtica desgracia para Oaxaca”.

Hoy, aquella demagogia que se vislumbraba es, lamentablemente, una realidad. Como a los integrantes de la Cofadappo y de la Limeddh se les entregaron recursos prácticamente de forma discrecional, entonces ya apareció cuando menos una docena de grupos distintos que aseguran ser asimismo víctimas del conflicto y exigen al gobierno estatal la entrega de sendas indemnizaciones por los agravios que dicen haber resentido en sus negocios o finanzas personales.

Ante esto, todas las instancias involucradas debieran preguntarse: si ya llevaron a cabo las primeras indemnizaciones, sin claridad y sin criterios específicos, ¿entonces estarán dispuestas a indemnizar a todo el pueblo de Oaxaca, que de una u otra forma también fue víctima del conflicto? ¿Por qué no iniciaron el proceso de resarcimiento en contra de todas aquellas víctimas documentadas del conflicto magisterial, que derivado de esos episodios fueron lesionadas, vejadas y hasta muertas? ¿Sólo son víctimas los agraviados del gobierno o están haciendo un proceso parejo de reconocimiento? ¿Se darán cuenta del tamaño del problema que están provocando?

El resultado de no planear un proceso tan delicado como este es que, en efecto, muchas de las verdaderas víctimas de aquellos episodios terminen no siendo indemnizadas, no por el hecho de que no les corresponda, sino porque no estuvieron dispuestos a hacer bulla para exigir lo que les corresponde; y el otro riesgo es que, por su capacidad de gritar, terminen siendo resarcidas personas o grupos que en realidad ni tuvieron participación en el conflicto ni resintieron sus consecuencias. Y eso, como bien lo parece, es el peor escenario en el que podría ocurrir el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por un conflicto como el de 2006.

QUÉ VERGÜENZA…

Debiera tener la autoridad municipal al reconocer que quitaron el servicio de internet gratuito del Paseo Juárez, por el robo de equipos de cómputo a personas que acudían a ese sitio a utilizar la red. ¿No lo que debieran hacer es reforzar la seguridad? Quizá pensaron que, como dice el refrán, muerto el perro, se acabó la rabia. Pero del peor modo posible…