+ Exigencia está secuestrada… derechos, también

A pesar de que Oaxaca es la tierra de las convulsiones por la marcada proclividad a la protesta, en realidad como sociedad tenemos un problema grave porque no sabemos exigir. Eso, que parece una paradoja, en realidad describe a la perfección el hecho de que aún cuando aquí se protesta mucho, también se abusa mucho, en contra de una ciudadanía que simplemente guarda silencio. ¿Qué pasa? La respuesta amerita una reflexión seria sobre lo somos, pero también sobre nuestras carencias como sociedad.

Hoy en día existen varios asuntos por los cuales una ciudadanía verdaderamente consciente y organizada sin ninguna duda saldría a protestar. Tenemos, en general, un gobierno que tiene serios problemas para hacer valer el Estado de Derecho; aquí existen también grupos organizados (las llamadas organizaciones sociales que aglutinan a ciertos sectores de la población) que abusan de la vía pública y de su garantía para la protesta social.

En Oaxaca, tenemos además otros grupos organizados, como ciertos partidos políticos o sindicatos —la Sección 22 del SNTE, por ejemplo— que sin mayor contratiempo ganan la calle cada que lo desean, y obstruyen los derechos y la actividad de la ciudadanía de la forma que mejor deciden. Aquí, pues, ocurren todo tipo de protestas, sin que casi ningún ciudadano exija. ¿Es esto posible?

A todas luces, la respuesta es positiva. Aquí, la protesta ruidosa se encuentra secuestrada por quienes sí están organizados, y junto con ella también secuestraron la capacidad de exigir que se supone que debiera tener la ciudadanía. Todo se volvió un círculo vicioso. Pues estando cautiva la protesta por parte de los grupos organizados, los ciudadanos temen exigir, primero, porque se resisten a equipararse a esos grupos con los que no están de acuerdo; y segundo, porque en la ciudadanía sí existe la conciencia clara de que, para ser escuchados por la autoridad, necesariamente deben exigir protestando, lo cual, en el fondo, los llevaría a tener más daños que cualquier beneficio que pudieran conseguir.

El asunto no es menor. Pues si ese círculo vicioso tuviera una especie de “Lado B”, éste tendría necesariamente como contenido la conveniencia del gobierno y de los grupos organizados sobre el monopolio de la protesta social, y el desaliento a la exigencia. A unos y otros les conviene, primero porque no hay nada mejor que grupos beligerantes y ruidosos que inhiban la posibilidad de cualquier otra protesta.

Y segundo, porque con los grupos organizados el gobierno sí puede pactar, y hasta acordar la intensidad de las protestas a cambio de la satisfacción de un interés determinado, mientras que con la sociedad la exigencia necesariamente debería tener como resultado el cese de cierta actividad o el cumplimiento, sin cortapisas, de cierta exigencia al margen de cualquier negociación, concertación indebida o “acuerdo” entre gobernantes y líderes, que pudiera dejar en suspenso el cumplimiento de fondo del tópico que afecta a la mayoría y que origina la protesta.

Lo grave en esto es que la capacidad de exigir esté secuestrada, a la vista de todos, y que ese secuestro no tenga posibilidades de revertirse para tener verdaderamente una sociedad correctamente exigente, pero a su vez capaz de poder obligar al gobierno a cumplir sus promesas y a garantizar los derechos que establecen las leyes.

DESENCANTO Y SORPRESA

En Oaxaca ocurre un fenómeno particular: la ciudadanía está completamente desencantada de todos los tipos de protesta social que hasta ahora se ha presentado, pero tiene una capacidad de sorpresa sin precedentes ante algún tipo de inconformidad que pueda considerarse como “novedosa”. La última de éstas que ocurrió en Oaxaca fue la un individuo que, espontáneamente, salió desnudo a protestar ante un bloqueo organizado por grupos organizados. Fue ruidosa. Y sin embargo, ¿alguien recuerda el por qué y, sobre todo, alguien sabe si esto tuvo en realidad trascendencia?

El por qué es el siguiente: en marzo de 2012 el comerciante José Azcona salió a la calle completamente desnudo, con un estandarte en la mano que tenía impresa la leyenda: “Está bien que exijas tus derechos… pero lo que no se vale es que vengas a pisotear mis más elementales derechos. Yo también soy pueblo.”

El hombre, fotografiado tal y como salió a protestar, fue la nota relevante de la gran mayoría de los medios informativos de aquellos días, y era el motivo de pláticas y discusiones sobre el papel de los ciudadanos a la hora de protestar y exigir. Paradójicamente, la gran mayoría estaba de acuerdo en el fondo de su exigencia, pero también una mayoría abrumadora se resistiría a secundar una protesta de esas características.

¿Qué pasó después? El problema es que, justamente, no pasó nada. Propios y extraños tomaron la protesta como un asunto meramente de guasa, y pocos tomaron en serio no la forma, sino el fondo de la exigencia de respeto a los derechos que, en realidad, son de usted, de quien escribe estas líneas, o de cualquier otra persona. Lamentablemente, nunca se consideró que lo realmente importante o llamativo no era la desnudez del individuo, sino la exigencia de respeto a “los más elementales derechos” de todos los ciudadanos.

Ante ese panorama, el desencanto por la protesta social, y la falsa sorpresa por las expresiones realmente ciudadanas, valen exactamente para lo mismo: para nada. Lo realmente lamentable, es que nosotros como ciudadanos parecemos haber perdido por completo la capacidad de exigir al gobierno, para lograr que se cumpla lo que dice la ley, y también para evitar atropellos como los que casi todos los días se cometen en nuestra contra lo mismo por grupos políticos, que por sindicatos, organizaciones sociales y hasta por taxistas, mototaxistas o camioneros abusivos.

SILENCIO CIUDADANO

La ocasión para corroborarlo es perfecta: a pesar del pésimo servicio que ofrecen, los concesionarios del transporte público ya se salieron con la suya, y consolidaron el incremento a la tarifa únicamente haciendo un arreglo cupular con el gobierno. Lo más lamentable es que lejos de hacer bloques sólidos para exigir los derechos y el respeto que todos los sectores nos merecen, en nuestra sociedad —e incluso en algunos medios— hay quienes hasta se atreven a defender la justicia de sus abusos y la “necesidad” de este atropello. Eso es inaceptable. El problema es que estamos tan acostumbrados al silencio,  a aceptar, que el grado colectivo de sumisión no parece tener límites.

+ Las tribus pelean por botín que aún no tienen

Es dantesco el espectáculo que da el Partido de la Revolución Democrática en Oaxaca. Pues a pesar de ser el partido que tiene sendas mayorías abrumadoras en la Legislatura local, y en el Congreso de la Unión, trae consigo tanta debilidad que por eso un puñado de personajes no deja de pelear, ni a sol ni a sombra, por conseguir el control de su dirigencia estatal, y las candidaturas que, de antemano, ya sienten como seguras ganadoras. Lo más paradójico es que pelean por un poder que en sí mismo no tienen, y por el que no han sido ellos los que han luchado.

En efecto, si algo ha distinguido los tiempos de cambio en Oaxaca, eso ha sido la debilidad de las dirigencias partidistas. Y en esto ha tenido particular relevancia el Partido de la Revolución Democrática. Pues a pesar de que es el partido en el poder¸ el perredismo oaxaqueño no ha encontrado la paz y el orden que se supone que debía haber en su dirigencia, y mucho menos la fuerza que debían tener quienes integran su dirigencia. Esto no ha sido así, porque el perredismo local ha sido el mejor símbolo de la colonización y de utilización abierta para beneficios del poder, sin que éste necesariamente les comparta sus beneficios.

Veamos si no. El actual grupo gobernante originalmente pertenecía al extinto Partido Convergencia, hoy convertido en Movimiento Ciudadano. Éste, en un principio, no estaba planteado como una fuerza de izquierda. Más bien, tuvo su primer acercamiento formal con el perredismo en 2004, cuando pelearon juntos por la gubernatura motivados por el solo deseo de vencer al PRI. Luego, en 2006, una alianza nacional los volvió a poner en el mismo camino. Fue ahí donde el contacto entre los convergentes y los perredistas oaxaqueños se hizo más estrecho.

Finalmente, gracias a la historia que ya habían construido los integrantes del Partido Naranja en los comicios de Gobernador de 2004, éstos se impusieron en la alianza, para la postulación de quien encabezaría la fórmula al Senado por Oaxaca. Así fue como el hoy Mandatario llegó a tener su escaño en la cámara alta. Y ese fue el origen de la candidatura a Gobernador que luego le fue entregada en 2010.

¿Qué refleja todo eso? Que, en 2006 y 2010, la fortaleza del PRD en Oaxaca se llama Gabino Cué Monteagudo que, paradójicamente, ni siquiera es militante o simpatizante abierto de ese partido. La mejor muestra de que ahí es donde radica la fortaleza local (porque la nacional se encuentra indiscutiblemente en manos de Andrés Manuel López Obrador), radica en el hecho de que en los dos últimos comicios en que participó el hoy Mandatario como cabeza de la alianza, ésta arrasó al priismo.

Por eso, en 2006 llegaron a la Cámara de Diputados un grupo de hombres y mujeres perredistas a los que, literalmente, sus candidaturas y el triunfo electoral, les cayó del cielo. Y por eso mismo, por la suerte y por la fuerza que les inyectó el ahora Gobernador, también en 2010 llegaron a la Legislatura local un conjunto de candidatos, también postulados mayoritariamente por el PRD, que no habían hecho mayor trabajo político, que no tenían ascendencia en sus comunidades y distritos y que, en resumen, no supieron ni cómo ganaron sus curules.

CONTROL COMPRADO

Sin embargo, existen diferencias sustanciales entre las características de los comicios de 2006 y 2010, y los de 2012. En los dos primeros, el PRD se valió de una figura icónica de la oposición oaxaqueña (el aspirante Gabino Cué, a quien le habían robado el triunfo en 2004, y que en 2006 le recetó al priismo una derrota histórica e implacable). Pero en el proceso electoral del año pasado, además del llamado “efecto López Obrador” —que arrastró al triunfo a propios y extraños en todas las regiones del país en las que tenía presencia mayoritaria—, hubo una impecable operación electoral llevada a cabo, sin duda, desde el asiento del grupo gobernante.

Esa operación benefició al PRD… aunque claramente el beneficio fue mayor para el grupo gobernante, que ya no fue utilizado por el partido negroamarillo para llegar al poder, sino que más bien utilizó el registro y el acceso al poder que permite el perredismo como partido político, para colocar a sus propios integrantes en las dos cámaras legislativas, y para comenzar a perfilar con fuerza a quienes serán los transmisores del poder actual.

Eso, que está siendo utilizado, es lo que no entiende el perredismo. Más bien, ellos —viviendo de forma voluntaria, y hasta adictiva, en un error abismal— asumen que en realidad el poder sí es de ellos, que sí tienen capacidad para ganarlo y sostenerlo solos, y que por eso vale la pena luchar hasta el final por conseguirlo. Ellos mismos se han de sorprender cuando se dan cuenta que hacer tambalear a la dirigencia en turno es relativamente fácil, aunque no toman en cuenta que la debilidad de su dirigencia no es sino un reflejo de la debilidad real de ese partido.

Y es que la vida y la fuerza real que tiene el perredismo, no son sino producto de las transfusiones de recursos, de poder político y de influencia electoral, que le hacen desde el gobierno por órdenes del grupo gobernante. El PRD, en realidad, es todo lo débil que necesita el gobierno, porque sólo así puede utilizarlo y servirse de él, engañándolo con la zanahoria de los triunfos y el bastión perredista, pero en realidad utilizando sus espacios y su plataforma para construir y reforzar el andamiaje y la estructura que ya ha perfeccionado el grupo gobernante.

Por eso son ridículas las disputas entre los grupos al interior del PRD. Todos sienten que tienen la capacidad de dar las candidaturas y decidir el rumbo del partido. Esa es la razón de la feroz disputa que tienen por la dirigencia y por el control del perredismo oaxaqueño. Unos y otros se engañan, porque en realidad quien es el verdadero dueño del partido está en Palacio de Gobierno. Y será ahí, y sólo desde ahí, donde se determine quién es o será dirigente; quién será candidato a casi cualquier cargo de elección popular, y cuáles serán las definiciones del perredismo de cara a la elección que se avecina. ¿Alguien lo duda?

TELÓN DE FONDO

En esas ambiciones se explica la disputa que hoy se traen por el control del PRD diversos grupos, pero principalmente el del senador Benjamín Robles Montoya. Se sienten desplazados. Particularmente, van contra su ex aliado Salomón Jara, quien tiene aún una parte importante del perredismo y a Morena. Claro, todo con recursos públicos. Una chulada de prácticas… y de perredistas.

+ Comisiones: farsa para ocultar las complicidades

Qué forma la del Congreso del Estado, de hacerse públicamente ajeno a un tema tan delicado como el del transporte público, y propinarle, como siempre, la dosis de demagogia que justamente esperan los concesionarios del transporte para consolidar sus incrementos a la tarifa, sus incumplimientos, y el golpe económico que de forma continuada propinan a la ciudadanía. El establecimiento de “mesas de trabajo” o “comisiones” legislativas para atender el tema, constituyen un insulto para quienes sí conocen el tema y desean una solución integral, y un cheque en blanco para quienes quieren cerrar este capítulo sin atender el sentir de la ciudadanía.

En efecto, ayer el coordinador de los diputados perredistas, y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Alejandro López Jarquín, presentó ante el pleno de la LXI Legislatura un punto de acuerdo “para que se instale una mesa de trabajo para analizar las tarifas del transporte público”. De acuerdo con información difundida por el propio Congreso, López Jarquín dijo que en esta mesa de trabajo debe participar la Comisión Permanente de Vialidad y Transporte “para determinar compromisos claros sobre las circunstancias aceptables de seguridad, calidad y eficacia a los usuarios, así como de verificación de emisiones, y; que estos compromisos se transparenten y se difundan ampliamente en los medios de comunicación del Estado.”

Esta, que pareciera ser la respuesta puntual (y hasta de “urgente resolución”, como fue presentado el punto ante el pleno) del Congreso a la determinación del incremento en la tarifa del transporte público, en realidad no es sino un abono a la demagogia y a la consolidación de este robo en despoblado a la economía familiar.

Y es que no sólo se trata de la creación de una comisión (o “mesa de trabajo”, como dicen ahora) para enterrar el asunto; y, de hecho, tampoco se trata del solo incremento en el costo del pasaje; más bien, se trata del hecho de que el propio Poder Legislativo ha desatendido gravemente este problema, y sólo presenta soluciones cortas e improvisadas, para un problema que es permanente y de gran profundidad.

En realidad, si nos basamos en los hechos y en los antecedentes inmediatos, entonces la pretendida respuesta del diputado López Jarquín a la ciudadanía no es más que un burdo engaño. Ya en otras Legislaturas, cuando hubo también incrementos a la tarifa del transporte público, y ante esas medidas se conformaron también comisiones especiales. Sobra decir que la comisión ordinaria de transporte, que ya existía, y que entonces encabezaba la ahora regidora de la capital oaxaqueña Guadalupe Rodríguez Ortiz, también prometió defender el interés de los oaxaqueños, sin lograr nunca ser algo más que una comparsa para el gobierno en turno.

De hecho, en aquellos tiempos esa Comisión pretendió tener una participación protagónica en los asuntos que incumbían a la ciudadanía con el transporte público. Y aunque organizaron encuentros con concesionarios, verificación física de unidades, discordancias con la autoridad, y todo lo que podamos imaginar, al final de todos modos no fueron capaces ni de frenar los incrementos, y mucho menos de oponerse de forma inteligente y auténtica al atropello permanente que profieren los transportistas a los ciudadanos, al darles un servicio de pésima calidad, riesgoso, ajeno a toda responsabilidad y regulación y, por si fuera poco, impune.

Además, el problema que de entrada tienen las comisiones legislativas actuales en temas como éste, es que en las condiciones actuales, ni ellas ni la misma autoridad ejecutiva, tienen el poder pleno para oponerse a los concesionarios, para frenar los abusos o para reprender, con base legal, a quien incumpla los compromisos pactados, así se acuerden a la vista de toda la ciudadanía y sean publicitados incluso en medios del Estado y de circulación nacional.

Por eso, independientemente de las aparentes posiciones de fuerza que asume el Legislativo para tratar de presionar a los concesionarios, y de aparentar ante la ciudadanía de que hacen lo que en realidad no tienen posibilidad —ni ganas— de hacer, en realidad no tienen elementos jurídicos para llegar a hacerlo.

Eso, ciertamente, es responsabilidad inicial del Gobierno del Estado. Pero en un segundo plano, no menos importante, también es de la LXI Legislatura, que como las dos anteriores, ha pospuesto sin razón válida alguna la discusión y aprobación de una ley de transporte que es urgente para la anarquía que se vive en este sector en Oaxaca.

NO SE HAGAN PATOS…

Si los diputados están tan preocupados por la situación que priva en Oaxaca por el tema del transporte, ¿por qué no en lugar de crear comisiones que no hacen sino aparentar lo que en realidad no pueden ni quieren hacer, se abocan a darle cauce a la discusión y trabajo que requiere la ley del transporte? Eso sí debía ser de obvia y urgente resolución, y no las medidas que simplemente parecen “curitas” a un problema que ya se encuentra en situación de gangrena.

En el fondo, los diputados de la LXI Legislatura se han convertido en cómplices de todos aquellos que se resisten a una solución integral al asunto. De nada sirve que el secretario José Antonio Estefan Garfias comparezca una o mil veces ante el Congreso, si aquel no tiene los elementos jurídicos necesarios para reforzar esta tarea, y si los diputados siguen empeñados en perder el tiempo en soluciones impropias y continúan defendiendo y preservando, silenciosamente, los intereses de los concesionarios que quieren incrementos a la tarifa, pero no compromisos ni leyes que los sujeten a cumplimientos obligados.

COMPLICIDADES OCULTAS

El tema, lamentablemente, continuará siendo un asunto sin cauces firmes. Las respuestas legislativas de hoy no son más que párvulos para ocultar las complicidades y las incapacidades de quienes quieren hacer todo, para que nada cambie en el asunto del transporte… y para que, mientras, los concesionarios sigan haciendo a la ciudadanía usuaria, blanco de todo tipo de excesos e incumplimientos a través de un servicio caro, deficiente, contaminante, peligroso y al margen de todo tipo de regulación. Señores diputados, con López Jarquín a la cabeza: sigan con sus comisiones y sus mesas de trabajo. Van a todo dar, en la intención por no solucionar este asunto.

+ ¿Qué alternativa dan quienes votaron en contra?

Hoy que reinicia el ciclo escolar, también iniciarán las acciones magisteriales en contra de la reforma educativa, que también a partir de ahora comenzará a ser discutida en los Congresos Estatales hasta finalmente ser aprobada por la mitad más uno de las entidades federativas, sancionada por el Presidente, y publicada en el Diario Oficial de la Federación. En Oaxaca ya hay visos claros de la postura que tomará el grupo gobernante respecto a la reforma. Sin embargo, aún así aquí no habrá paz, ni acuerdos, ni posibilidad alguna de que los profesores no hagan víctimas a alumnos y ciudadanía oaxaqueños, de los efectos de esa lucha en contra de la modificación al artículo 3°, que de antemano parece perdida.

En efecto, este fin de semana la CNTE anunció que alista la realización de marchas, foros regionales y un congreso nacional de enseñanza con la participación de especialistas como parte del plan de acción que llevarán a cabo en protesta por las  reformas educativa y laboral.

De acuerdo con lo que publicaba ayer el diario Reforma, de la Ciudad de México, la organización magisterial iniciará el año con protestas en diversos puntos de la República y en abril, realizaría un Congreso Nacional en el que participarán especialistas para analizar el impacto de la reforma educativa. En el fondo, la CNTE no oculta que su principal preocupación —y obviamente, también su principal bandera de lucha— radica en el hecho de que las dos reformas, la educativa y la laboral, representan para ellos un “proceso privatizador de la educación” que, dicen, impacta a los docentes y no en las aulas mientras no se cambie la política.

Por esa razón, las secciones sindicales del magisterio que pertenecen a la Coordinadora Nacional anunciaron que en las semanas próximas continuarán delineando qué protestas realizarán para manifestar su rechazo a las modificaciones legislativas. Prevén que las movilizaciones se lleven a cabo durante todo el año en las diversas entidades del País, aunque el organismo acordó que la decisión de cuándo se realizarán la tomarán en consenso con los maestros.

Ante tal situación, ¿queda alguna duda de que Oaxaca será punta de lanza en todas esas protestas; y que en cualquier objetivo que se tracen para conseguir, tanto en la entidad como en la capital de la República, lo primero que decidirán será parar actividades docentes en la entidad, para ir a protestar con marchas, plantones y todas las acciones de lucha que son bien conocidas en su sindicato?

Nosotros de antemano podemos prever el resultado tanto de la consulta como de las definiciones de la CNTE: buscarán, con toda su fuerza, presionar en los estados en que tienen presencia, y en la Ciudad de México, para que se frene la reforma educativa (que aún se encuentra en el proceso legislativo previsto por la Constitución), y para que se derogue la reforma laboral que fue aprobada en diciembre del año pasado.

En algunas entidades federativas, como Guerrero, en la que la CNTE tiene una presencia importante, similar a la de Oaxaca, los partidos y el gobierno han tenido posiciones poco obsequiosas y, al contrario, bastante cargadas de cuestionamientos, en contra de las formas de lucha de la disidencia magisterial de la CNTE, y de los vicios que han anidado en los años en que han tenido el control de importantes grupos de maestros.

Sin embargo, en Oaxaca la ruta que tomará el grupo y los partidos gobernantes es clara y terminante: apoyarán casi incondicionalmente a los profesores de la Sección 22 y de la Coordinadora, aunque eso implique cuestionar el sentido de la reforma constitucional y, lo que es verdaderamente grave, convalidar las formas de lucha del magisterio y los fines (de que nada cambie y su poder hegemónico continúe intacto) que pretenden con las jornadas de lucha que se preparan.

VISOS DE RECHAZO

Quizá el gobierno estatal pretenda conseguir que, a cambio del apoyo que dará a la Sección 22 con sus planes de resistencia contra la reforma educativa, el magisterio oaxaqueño no cuestione o se enfrente con la administración estatal, no paralice la capital oaxaqueña con sus movilizaciones, o no abandone las aulas masivamente. Lamentablemente, ni aún luchando codo a codo con los profesores democráticos, el gobierno podrá conseguir que los maestros oaxaqueños hagan algo, o eviten algo, por mera conveniencia o por profesar un “buen trato” a la ciudadanía o al gobierno.

La ruta está perfectamente trazada. Muestra de ello fue la votación de la bancada oaxaqueña en San Lázaro frente a la reforma educativa: las bancadas de PRI y PAN, que juntas son de apenas cinco diputados federales, votaron a favor en lo general y particular. Pero en las bancadas del PRD y Movimiento Ciudadano, éste fue el resultado: Carol Antonio Altamirano, Mario Rafael Méndez Martínez, Eva Diego y Gloria Bautista se abstuvieron en lo general, y se ausentaron o votaron en contra en lo particular.

Delfina Guzmán, Angélica Melchor, Hugo Jarquín y Roberto López Rosado votaron en contra todos los términos de la reforma. Y sólo Rosendo Serrano votó a favor de la reforma. En la bancada de MC la votación fue también poco afortunada para la reforma: Aida Valencia y Juan Luis Martínez votaron todo en contra; José Soto a favor en lo general, pero en contra todos los puntos particulares. Y sólo Rosa Elia Romero Guzmán votó a favor de la reforma.

¿Qué significa todo esto? Que el grupo gobernante estableció que su postura es en contra de la reforma. Y que tantos votos en contra, o abstenciones, no son sino el reflejo de esa postura, que luego se verá reforzada en el Congreso local, cuando le toque decidir su voto en contra o a favor de la reforma al artículo 3° constitucional.

¿El PAN oaxaqueño votará en contra una reforma que su misma bancada en San Lázaro votó a favor? ¿Qué alternativas ven los perredistas, petistas y del MC, respecto a su feroz postura en contra de la reforma? ¿Les importa la educación? Pero aún con todo, no podrán frenar la ira magisterial ni los daños a los oaxaqueños.

AMBICIONES RELOADED

Dicen que en el piñatazo de las delegaciones federales ya hacen fila, por recomendación escrita del ex gobernador Ulises Ruiz, Antonio Amaro Cancino, Paulo Tapia, David Mayrén, Soledad Quintana y Tita Vielma. Quieren, en ese orden, Sedesol, CDI, SCT, y para las damas, lo que caiga. De nuevo, los socios y las amigas. Si en su voracidad se les hace, suerte les habrá dado Dios que, de nuevo, el saber nada importa…

+ Es la burocracia cara, mórbida e inoperante

Según los diputados de la LXI Legislatura, la reforma constitucional que aprobaron en abril de 2011 daba a Oaxaca un marco democrático de gran calado, al establecer nuevos mecanismos de control e instituciones que controlaran y equilibraran el poder de mejor modo. Ese, que fue su principal argumento, hoy se encuentra totalmente desarmado ante la pesadez, onerosidad e inoperancia de cada uno de esos órganos. Con ello, la “reforma histórica” no ha sido sino un mero maniqueísmo, que en realidad espera mejores tiempos para ser algo más que una pose.

En efecto, hoy tanto el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, como la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, y la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información son todo, menos posibles ejemplos de lo que debieran ser los órganos autónomos. Los diputados les profirieron golpes tan bajos a las instituciones democráticas que establece la Constitución, que no obstante su alto costo —económico, social, político— para los oaxaqueños, las dejaron postradas y, deliberadamente, las hicieron casi invisibles. Veamos si no.

En primer término, al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC), el Poder Legislativo le asignó un presupuesto de 332 millones 617 mil 597 pesos con 97 centavos, que son tanto para su funcionamiento ordinario, como para la organización del proceso electoral intermedio que se llevará a cabo este año en Oaxaca. ¿Esta suma millonaria, sin embargo, es producto del cálculo, de la concesión graciosa, o de la evaluación de los resultados de ese organismo?

Posiblemente sea consecuencia del cálculo numérico como también de la concesión graciosa. Porque si se trata de hablar de operatividad y de eficacia en la resolución de problemas, lo cierto es que el IEEPC está lejos de tener el nivel que debiera esperarse para una institución de avanzada. La “gran reforma” que, en dos vertientes, le hicieron los diputados hace casi dos años al Instituto, sirvió estrictamente para nada.

Fue así porque, en la primera de las vertientes, la reintegración del órgano no fue ejemplo de democracia y de inclusión sino un mero reparto de botín entre grupos de poder y partidos políticos. Por eso, con su integración actual, el IEEPC ha provocado y profundizado más problemas de los que ha resuelto. Por eso mismo, el IEEPC es un órgano sin visibilidad, sin liderazgo, que no es referencia o autoridad ni siquiera en los asuntos que son de su estricta incumbencia.

Y además, porque si de “participación ciudadana” se trata, ésta es tan inaccesible e inalcanzable para los ciudadanos, que la nueva denominación consecuencia de la supuesta “gran reforma”, no es sino un ardid para engañar a quienes no conocen la ley, y para justificar la pose de quienes, con eso, pretenden decir que “Oaxaca avanzó” —como si ello ocurriera en automático— con una “reforma histórica”.

ÓRGANOS SEPULTADOS

Algo similar ocurre con la Comisión de Transparencia y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Ambos órganos, que cuestan asimismo sumas millonarias al presupuesto estatal, y que se valen de una burocracia abultada, inmóvil y cargada de cuestionamientos, hoy tienen más sombras que luces respecto a su funcionamiento y a la justificación de que con su reconfeccionamiento Oaxaca avanzó en cuanto a su democracia, en cuanto a los equilibrios en la contención del poder y en lo referente a la respuesta a los ciudadanos.

Los montos de sus respectivos presupuestos, reflejan a organismos que son a todas luces onerosos. En ese sentido, información oficial establece que la LXI Legislatura del Estado aprobó una partida presupuestal de 41 millones 41 mil pesos para la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, que preside Arturo Peimbert Calvo; y que a la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, —que preside un individuo de nombre Esteban López José, que carga con el cuestionamiento de origen por sus ligas partidistas con el PAN, y cuyo único mérito es ser esposo de una ex diputada federal de ese partido— le fue autorizado un presupuesto de 33 millones 357 mil 187 pesos con 21 centavos.

De nuevo: ¿esos montos son reflejo de eficacia o, cuando menos, de cierta presunción de que esa inversión tendrá como resultado una mejor defensa de los derechos humanos para toda la ciudadanía, o una mejor transparencia y tutela del derecho a saber de los oaxaqueños? Lo cierto es que, en el caso de la Comisión, no hay indicios de que eso ocurra, como tampoco existen resultados tangibles en el caso de la Defensoría de los Derechos Humanos.

La integración de uno y otro órgano, son sendas desgracias. Esto es así en el caso de la Defensoría, porque su titular es un individuo sin legitimidad y sin ascendencia en el ámbito de la auténtica defensa de las garantías fundamentales (quizá en el activismo sí tenga cierta estatura, gracias a sus “socios” de lucha social como el Padre Uvi o el diputado Flavio Sosa), que ha demostrado una actuación obtusa y sectaria, y que sólo ha procurado el descrédito y el cuestionamiento a una Defensoría, que en realidad necesitaba legitimidad y credibilidad frente a la ciudadanía.

Algo similar ocurre con la Comisión de Transparencia. La integración de éste órgano fue una demostración del feroz partidismo que se vive en la endeble democracia oaxaqueña, y de la colocación de un conjunto de individuos que reflejan sus respectivos sellos y cuotas partidistas, pero no de verdaderos expertos en la materia, que pudieran dar certeza de que por lo menos su actuación será más eficiente y puntual que los antiguos integrantes de ese órgano.

Al final el resultado es lamentable. Los órganos que debían ser de avanzada, hoy representan una carga enorme para el Estado, que además no se compensa con actuación. Pareciera —y existen indicios de sobra para suponerlo con fundamentos— que la intención de la LXI Legislatura fue la de crear instituciones aparentemente fuertes, pero con integraciones excepcionalmente débiles. Esto cancela toda trascendencia histórica de la gran reforma. Y sólo nos deja una carga pesadísima de la que quién sabe cuándo podamos librarnos los oaxaqueños.

CONDOLENCIAS

El autor de este espacio envía abrazos solidarios a sus amigos Rebeca Romero Pérez y Martín Mathus Alonso, por la sensible pérdida de sus respectivas madres. Descansen en paz doña Guadalupe Pérez Limón y doña Alicia Alonso viuda de Mathus. Respetuosamente.

+ Gobierno fuerte y un Congreso congruente

El nuevo año comienza con una agenda pública cargada de temas trascendentales para Oaxaca. En 2013 la administración del gobernador Gabino Cué llegará a su primera mitad; y éste será también el año en que se renueve el Congreso del Estado. Esos dos temas son, además, el preámbulo de una serie de cuestiones que deben dejar de ser pendientes para esos dos poderes, y abordarse con la seriedad y prontitud que cada uno de esos asuntos requiere.

En efecto, a simple vista se puede apreciar que los dos poderes del Estado integrados por la voluntad popular, tienen problemas importantes para asumir los compromisos que la misma ciudadanía les confirió. Esa es la causa aparente de que en Oaxaca no haya un Poder Ejecutivo lo suficientemente fuerte como para asumir y ejercer el poder que ostenta, y también para que el Poder Legislativo esté supeditado como nunca a una discrecionalidad que ahoga su legitimidad, y las decisiones que toma de espaldas a la ciudadanía.

El primero de los temas es evidente. Si 2013 debe consolidar algo, eso debe ser la fortaleza de la administración del gobernador Gabino Cué Monteagudo. Ha sido claro el hecho de que la alianza de partidos, ha sido un factor que lejos de facilitar, más bien obstaculiza el ejercicio del poder y las atribuciones del Ejecutivo del Estado. Es claro que no se le puede dar gusto a todos. Pero menos puede hacerse, cuando las decisiones de gobierno quedan supeditadas a las agendas de partido, de facción política, de tribu o de camarillas. Si algo debe asumir el gobierno estatal, es que no puede seguir siendo rehén de la integración “plural” de la administración estatal.

Y es que, en los hechos, es claramente visible que esa supuesta pluralidad en la integración del gabinete de gobierno, fue entendida sólo como la entrega de patentes de corso para la utilización del poder público al servicio de intereses particulares, y no como la transmisión de una responsabilidad de Estado a los partidos y grupos que integraron la alianza. El resultado de todo esto, es un gobernante que tiene un margen acotado de acción (algo que es hasta pernicioso para el poder), y un gabinete discordante, inoperante y contradictorio en sus políticas, intereses y decisiones.

Eso debe terminar. Porque la pluralidad en la integración y ejercicio del poder público, debe en realidad entenderse como una forma de enriquecer los proyectos y ejes de trabajo que fueron previamente delineados, a través de las distintas visiones, y no como una forma de tener meros cheques en blanco a partir de los cuales todos hagan a discreción lo que más le conviene a su partido o grupo, y no lo que necesita el Estado, la ciudadanía o los problemas que son comunes a todos.

Además, esa falsa idea de la pluralidad debe terminar, porque el Poder Ejecutivo no puede seguir estando sujeto a “frenos y contrapesos” fácticos (los de los integrantes de la alianza), que en muchos casos rebasan los medios de control establecidos en la Constitución, y que sujetan las decisiones públicas (las que nos benefician o perjudican a todos) a la satisfacción de intereses particulares o de agendas partidistas.

Al final de cuentas, en el Ejecutivo el control del poder debe ser constitucional y a favor de todos, y no estar supeditado a lo que ambicionan un puñado de hombres y mujeres que ven como un botín a la alianza y al poder público, y no como la herramienta para resolver los problemas del Estado.

Los ajustes en el gabinete son indispensables, pero deben servir para que el gobernante tome el control —y la responsabilidad plena— del poder que tiene bajo su conducción, y no solamente para reconfigurar el reparto de espacios y cuotas, como si el gobierno no fuera un todo, y más bien estuviera conformado por islas que, de forma independiente, quedan bajo la potestad discrecionalidad de hombres y mujeres que quieren ver por ellos, pero que no están dispuestos a asumir las responsabilidades que traen aparejadas los cargos públicos.

PODER LEGISLATIVO

Sea cual sea la nueva integración del Poder Legislativo, una vez que se lleven a cabo los comicios intermedios, lo único deseable es que la LXII Legislatura no sea una reedición de la Legislatura que está a punto de terminar. El Congreso ha sido el colmo de males de nuestra democracia local, porque de manera implacable demostró que el fin del poder vertical y las mayorías aplastantes de una sola bancada, no sólo no marcaron el final de las prácticas mañosas y los vicios políticos entre los diputados, sino que los incrementaron y los potenciaron a niveles alarmantes.

Hoy los diputados oaxaqueños representan más que nunca una partidocracia que demuestra su más avanzado estado de descomposición. Si de por sí la hegemonía partidista es dañina para la democracia (porque sólo traslada el poder avasallador y corrupto de un solo hombre, a un puñado de ellos, sin eliminar sus vicios), la que se practica en Oaxaca es aún peor porque los diputados se han convertido en expertos simuladores y en hábiles negociantes de la ley y los beneficios que puede traerles la venta —literal— de la voluntad popular que los ciudadanos depositaron en ellos.

Y es que antes se criticaba que las decisiones que tomaba el Legislativo se dictaban desde el Palacio de Gobierno. Hoy es aún peor, porque las decisiones que toma el Congreso están determinadas por las transacciones que se pagan con dinero público (para beneficiar al gobernante o a un actor o partido en específico), o en las concertacesiones, tipo aquelarre, en las que entre ellos reparten el poder, a discreción, sin tomar en consideración la voluntad de la sociedad, el bienestar del Estado o las necesidades que tiene la democracia y la vida pública de Oaxaca.

Por eso el Poder Legislativo no puede mantener ese doble ritmo de descomposición y de descaro. Las peores decisiones han sido tomadas a la vista de todos. Y los diputados han aprovechado que por el momento la ley no les exige que rindan cuentas, y la ciudadanía no ha hallado el modo de reprenderlos por poner a remate la voluntad popular y las atribuciones que la Constitución les confiere como diputados.

¿BUENOS DESEOS?

Este no es un asunto de buenos deseos, sino de firmeza, congruencia y determinación de nosotros los ciudadanos, y también de quienes detentan el poder. Parece mucho pedir. Pero es aún peor que perdamos la noción de que así debería ser, y simplemente veamos con resignación que los peores vicios se anidan y se reproducen libremente en los asuntos públicos. Ya no debe ser así.

+ 2012 ¿podría ser fin de otra era, como 1492?

Si efectivamente el mundo se hubiera acabado, hoy tendría que ser el primero de nuestra “no-existencia” como humanidad, y también de la “no-existencia” de nuestro mundo como tal. Esa posibilidad tan fatalista del fin de nuestra existencia, que en realidad era tan remota como lo han sido todos los anteriores presagios, en realidad engloba muchos imperativos más de los que hoy imaginamos. Nosotros, como humanidad, tenemos grandes retos y, más bien, y no por una predicción, tenemos asimismo en nuestras manos la posibilidad de poner fin no al mundo, sino a una era, y dar inicio a otra, mejor de la que tenemos actualmente.

En efecto, desde hace algún tiempo se dice que los mayas habían visualizado el fin de los tiempos, justamente en la fecha del día de ayer. Los fatalistas y los conspiracionistas de siempre, luego dijeron que ese sería el castigo para la humanidad por los excesos que se habían cometido en los últimos tiempos, y que el fin del mundo habría de ser algo así como un restablecimiento de los equilibrios naturales para que de nuevo la vida volviera a florecer pero ya sin los vicios de los que nos habíamos hecho protagonistas los seres humanos.

Hace apenas unos meses —para apaciguar ciertos ánimos que ya comenzaban a exaltarse— la teoría del fin del mundo “cambió”, y se dijo que la predicción de los mayas más bien tenía que ver con el fin de un periodo a partir del cual ellos contaban el tiempo, pero que esto no significaba el fin del mundo de forma necesaria. Y finalmente, la fecha llegó sin que nada se acabara, y menos las cuestiones que, a nivel global, nacional, regional, local y hasta familiar y personalmente, sí debían comenzar a cambiar con cualquier presagio del final de los tiempos.

El mundo no se acabó. Pero eso no fue lo grave; pues lo realmente lamentable es que eso haya sido sólo pretexto para el amarillismo, pero no ocasión para una reflexión sobre lo que somos, y debemos dejar de ser —o cuando menos pensar en “evolucionar”— como parte de esta sociedad mundial llamada humanidad. ¿De qué hablamos?

De que hoy el mundo vive momentos complejos por la situación aparente de democracia y revolución que viven muchas naciones, pero las desigualdades tan terribles que también existen en el mundo. Son los tiempos de los mayores adelantos tecnológicos de la humanidad, pero es también momento de las más terribles enfermedades; los caudales económicos de las naciones son inmensos, pero aún así es imposible cerrar las brechas existentes entre quienes tienen más dinero del que imaginan, y aquellas que tienen que no tienen ni siquiera lo indispensable para sobrevivir.

Vivimos también en los tiempos en los que las libertades de las personas se encuentran soportadas por la fuerza de las armas, del terror, de la violencia y, en el peor de los casos, por las injusticias y las mayores atrocidades de que se tenga memoria. Vivimos, pues, en un mundo de apariencias en el que no existe la menor posibilidad de que, a la distancia, pueda ser visto como algo envidiable para las generaciones siguientes, e incluso —si hubiesen tenido posibilidad de verlo, en algo así como una bola de cristal— tampoco para quienes vivieron en el pasado y pudieran envidiarnos las comunicaciones o los adelantos tecnológicos.

EL OTRO FIN DEL MUNDO

El historiador inglés Felipe Fernández Armesto, en su libro “1492, El Nacimiento de la Modernidad” hace una reflexión que hoy, en este primer día después del supuesto fin del mundo, debiera ser obligatoria para todos, a todos los niveles. A nivel de naciones, dice que “los perfiles del dibujo actual son bastante llamativos. Vivimos en un mundo de explosión demográfica. La hegemonía occidental modela el mundo, junto con las intercomunicaciones planetarias y una interdependencia económica global cada vez mayor. Otros rasgos que es posible que todos percibamos son la pluralidad cultural y las tensiones que genera, la rivalidad religiosa y los valores seculares (con la consiguiente incertidumbre intelectual), las guerras culturales que amenazan con convertirse en “choques de civilizaciones”, la renovación tecnológica acelerada, la sobreabundancia de información, la urbanización frenética. El consumo desorbitado, las diferencias de riqueza cada vez mayores, las prioridades médicas eficaces pero carísimas, y la angustia ecológica”.

Todo esto, dice Fernández Armesto, impacta en la vida de las personas, y dice que vivimos en “una generación distanciada de sus padres” que “cría a sus hijos para que sean sus amigos. Los periodos de exceso de planificación social y económica se intercalan con épocas de desregulación descabellada”. Por eso, dice, parece que vamos encaminados hacia un auténtico fin del mundo. ¿Por qué? Porque hoy son insostenibles todas esas condiciones feroces, que para nosotros son habituales. Incluso, porque a nivel histórico pareciera que vivimos en un momento de mayores contrastes que nunca.

Sin embargo, también queda claro que este momento de la historia de la humanidad no ha sido tan determinante como para suponer que el mundo se va a acabar, y tampoco para creer que la humanidad pondrá fin a una época de la historia para dar el paso a la siguiente. Más allá de la euforia, es visible que ninguna de las condiciones actuales que determina a la humanidad, ha podido cambiar tanto como para creer que 2012 será parteaguas de algo más que lo que vemos. Para desgracia nuestra, el tiempo y las condiciones que vivimos parecen tan determinadas por la inercia, que no parece existir posibilidad alguna de que veamos grandes cambios que, con el paso del tiempo, permitan suponer que los mayas tenían razón en sus predicciones, porque a partir del 21 de diciembre de 2012 el mundo es otro.

2012 NO ES 1492

Fernández Armesto demuestra que 1492 sí fue un año que marcó el cambio de época en la humanidad, no sólo por el descubrimiento de América. Dice que ese mismo año ocurrieron sucesos tan extraordinarios como la invención del primer globo terráqueo en Núremberg, la extinción del islam en Europa Occidental, la expulsión de los judíos de España, la muerte de Lorenzo de Médicis en Italia, y grandes acontecimientos en Asia y África. Dice que “profetas, adivinos y astrólogos auguraron que el mundo terminaría ese año. Tenían razón. Su mundo acabó, y comenzó el nuestro”, el de la Modernidad. ¿Estamos ante otro momento así de determinante? No nos hagamos muchas ilusiones. Lamentablemente, no parece ser así.

+ Cambio constitucional une discordancias

El primer gran tema de la agencia nacional para 2013 será la reforma educativa que plantea el presidente Enrique Peña Nieto. Los primeros escarceos con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sobre la propuesta, ha demostrado que esta administración sí tiene claro que los cambios deben ser justo ahora, porque este —el inicio de la gestión— será el mejor momento para lograr que la legitimidad presidencial aplaste las resistencias del magisterio, a través de la sola inercia de las legitimidades.

En efecto, la Cámara de Diputados el miércoles aprobó en lo general la propuesta de reforma al artículo tercero de la Constitución de la República, para crear un servicio profesional docente que, entre otras cosas, obligará a todos los maestros a evaluarse y presentar exámenes para obtener cargos con funciones directivas y de supervisión en los ámbitos de educación básica y media superior.

El dictamen fue aprobado pese a la oposición del partido Nueva Alianza —ligado al Sindicato magisterial, y liderado formalmente por la maestra Elba Esther Gordillo Morales—. Y el pleno de San Lázaro también avaló que la permanencia de todos los maestros en ese servicio profesional se sujete a que cumplan con los criterios de evaluación que fije la ley reglamentaria de esta reforma. Dicha ley será expedida en los próximos seis meses. En este sentido, los opositores principales de la propuesta de reforma educativa del presidente Peña Nieto, lo único que lograron conseguir fue que en la redacción del artículo tercero se estableciera una leyenda que precisará que se respetarán los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación.

No obstante, la tendencia que sigue esta reforma es la de consolidar, en el corto plazo, una reforma que frene la preponderancia del Sindicato magisterial en las decisiones relacionadas de la educación en todos los rincones del país. Y seguramente por esto, comenzamos ya a ver claramente las reacciones, ahora sorprendentemente coincidentes, entre puros y conversos dentro del sindicato de maestros. El SNTE de Elba Esther Gordillo, y sus opositores históricos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ahora intentan ir juntos a tratar de frenar —con discursos relacionados con las cúpulas y la defensa de los intereses sindicales de los maestros—, una reforma que en realidad va enfilada como pocas a convertirse en ley suprema en los próximos meses.

En este sentido, la profesora ha rechazado de forma manifiesta la parte de la reforma educativa que, asegura, pretende determinar la permanencia de los maestros al frente de sus aulas con base en la evaluación de los docentes. “No permitiremos que se lesione en lo más mínimo la dignidad de ningún maestro”, pues la reforma, dijo, amenaza al magisterio. “El proceso de la enseñanza es más complejo y es responsabilidad de todos”, señaló.

En un sentido particularmente coincidente con el de la profesora Gordillo, la dirigencia de la Sección 22 ha asegurado que a nivel nacional agendarán las actividades de manifestación en contra de la Reforma Educativa del presidente Enrique Peña Nieto, a la que han catalogado como un acuerdo de una cúpula política.

En ese sentido, y contrario a toda la lógica tradicional de lucha del magisterio democrático, el Congreso Nacional en Morelia tiene como objetivo convocar —ojo— a la unidad de los sectores que integran la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con el objetivo de ir en un solo frente contra la pretensión del gobierno federal. Sobre la iniciativa presidencial, han señalado que esta propuesta que se analiza en la Cámara de Senadores es un pacto entre la cúpula del poder, donde no consideraron las necesidades de los profesores, ni las condiciones de las entidades, debido a eso, marcan su rechazo, e indicó que va en contra de las leyes de la entidad y de este gremio.

JUNTOS VS LA LEGITIMIDAD

Si hay un gremio desacreditado en México, ese es el sindicato magisterial. Su descrédito surge del hecho de que ha sido un sindicato corporativo, al servicio primero de un partido político, y ahora al servicio de sus propios intereses políticos. Es, además, un gremio en el que se ha hecho valer la fuerza de la forma más vil, con tal de arrinconar a los gobiernos débiles a los que ha enfrentado, y también con el objetivo de mantener a flote sus propios intereses económicos y laborales. El SNTE no ha descansado, ni ha tenido miramientos, con los daños que causa a la educación y al país por la manutención del costoso esquema de lujos y privilegios que tienen sus trabajadores agremiados.

En el caso de la Coordinadora Nacional el panorama es aún peor. La CNTE nació siendo una disidencia a la dirigencia nacional del magisterio, pero a lo largo del tiempo no ha hecho otra cosa que abrir espacios paralelos de pugna, chantaje y negociación con las entidades federativas en las que tienen presencia, para absorber todos los beneficios que tiene el magisterio en el ámbito nacional, y para pedir otras independientes de lo que han conseguido sus criticados.

Ese es el bloque que pretende luchar contra el presidente Peña Nieto por la reforma educativa. Y no. No se trata de que unos sean los “malos” y el otro sea el supuesto “bueno”, sino más bien del momento en que todo ocurre, y de las legitimidades que se enfrentan en esta lucha. El gobierno federal ha entendido con toda claridad que éste es el momento en el que debe llevar a cabo sus reformas más importantes, porque su desgaste ante la opinión pública es aún escaso, y porque en este momento el nuevo gobierno tiene a todos los partidos unidos en torno a proyectos específicos como la reforma educativa.

La lucha es claramente desigual. Pues se enfrentará un gremio que tiene una larga historia de descréditos y luchas impresentables ante la ciudadanía, contra un gobierno que hoy por hoy tiene todos los hilos del poder en México, y que según parece habrá de usarlos mientras estén a su alcance.

¿ALIADOS O UTILIZADOS?

Ahora puede resultar hasta lo impensable, y seguro que esto tiene mucho de cierto: la SNTE de la profesora Gordillo utilizará como fuerza de choque a sus adversarios de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Irán juntos, deponiendo sus supuestas convicciones y sirviéndose unos a otros. Insólitamente, vemos cómo esos extremos se unen en torno a una causa que, además, no es ni justa ni clara a favor de la nación, sino a sus intereses.

+ Juntos repartieron recursos, pero hoy se pelean

No es un interés o preocupación genuina la que hoy mueve al Frente de Organizaciones Sociales, Campesinas, Urbanas, Pesqueras y de Transporte (FOSCUPT) al exigir la renuncia de Salomón Jara Cruz como secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura (Sedafpa). Más bien, lo que ocurre es el fin de una alianza de que uno y otros salieron inicialmente beneficiados, pero que con el paso del tiempo se fue diluyendo ante los intereses y la voracidad de quien hasta hoy ha sido el funcionario inamovible del campo oaxaqueño.

En efecto, el FOSCUPT se creó al calor de la alternancia de partidos en el Gobierno del Estado, y nació bajo la promesa de que el aglutinamiento de la mayor cantidad posible de organizaciones sociales, les traería a todas mayores beneficios y fuerza suficiente para poder negociar directamente con el gobierno estatal. Si esa era la mano social que sí se veía, la que hasta entonces estaba oculta era la del intento de engatusamiento partidista a favor de la causa del entonces funcionario estatal, y aspirante al proyecto transexenal por el grupo gobernante, Benjamín Robles Montoya.

Quizá fue por eso que la fuerza real que tuvo el FOSCUPT fue sólo al inicio de sus gestiones. Pues a los pocos meses de haber aparecido como Frente de Organizaciones (que incluso intentó colonizar a muchas de las organizaciones identificadas con el PRI, que ante el cambio de gobierno y de partido en el poder se quedaron en la orfandad), se revelaron las prácticas reales de los dos dirigentes reales de ese movimiento.

Por un lado, Jesús Romero López y Karina Barón Ortiz, a través de sus respectivas organizaciones, acapararon la gran mayoría de los recursos gestionados ante dependencias como Sedapfa, utilizando la fuerza de todas las organizaciones que se habían adherido, pero haciendo un reparto discrecional y desequilibrado de los recursos obtenidos (pues sus organizaciones habían obtenido recursos millonarios, pero las demás recibieron menos beneficios incluso que cuando negociaron solas con el actual gobierno, y con la administración ulisista).

Y si eso era grave, las maniobras políticas del FOSCUPT eran aún peores. No pasó mucho tiempo para que, a finales de 2011, comenzara a presionar a sus organizaciones adheridas, para que en contubernio con dependencias como la Sedafpa de Salomón Jara Cruz, se pronunciaran a favor de las aspiraciones políticas de Robles Montoya, y le organizaran eventos y le prometieran votos para su candidatura. La maniobra que intentaban, buscaba intercambiar —y obviamente condicionar— el otorgamiento de recursos económicos de programas sociales del gobierno estatal, a cambio de que las organizaciones sociales apoyaran a Robles Montoya.

Eso provocó el debilitamiento del FOSCUPT. A la luz de muchos de sus integrantes, sus prácticas no sólo eran menos democráticas que en los tiempos del priismo y más acaparadoras, sino que también querían sacar provecho de la manipulación de los beneficios sociales a favor de Robles Montoya, y trataban también de aprovecharse de las ventajas que en ese momento tenían al interior de dependencias “aliadas” que tenían dispuestos el desvío de recursos millonarios —que originalmente para la atención de programas y organizaciones sociales— para fines partidistas.

EL FIN DE LA ALIANZA

En nuestra entrega del pasado 31 de agosto, dábamos cuenta de que la dependencia que encabeza Salomón Jara Cruz estaba haciendo todo lo posible por liquidar, para 2013, a la gran mayoría de las Agencias de Desarrollo Rural que habían trabajado exitosamente a lo largo de los últimos años en diversas regiones oaxaqueñas.

Decíamos que pretendía hacerlo aún cuando la gran mayoría de esas Agencias han sido reconocidas y evaluadas positivamente por la FAO, y que pretendía sustituirlas con otras encabezadas por sus aliados políticos, para que sirvan únicamente como justificación para drenar los recursos económicos federales destinados para el Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA), pero sin buscar verdaderamente un beneficio para los sectores sociales a los que PESA está destinado.

En ese sentido, decíamos entonces que la Sedapfa tiene la atribución de ejecutar los recursos económicos de ese programa, que sólo para la entidad oaxaqueña ascienden a más de 350 millones de pesos anuales; que cada Agencia de Desarrollo Rural tiene posibilidad de ejercer directamente recursos por un monto superior a los seis millones de pesos; y que ese monto global es el que fundamentalmente acaparó la Sedapfa, por medio de argucias no sólo para evadir los lineamientos federales del programa PESA, sino también para remover a auténticos despachos, para poner en su lugar agencias “pantalla” que sólo sirvan para operar recursos y generar beneficios económicos para funcionarios estatales con los cuales estaría coludido Jara Cruz para compartir ganancias. ¿Qué tiene que ver esto con el rompimiento entre el impresentable Salomón Jara con el FOSCUPT?

Casi nada: que en el caso de las Agencias de Desarrollo Rural, algunas de las que Jara intentaba liquidar, y que finalmente sí consiguió, eran las que pertenecían a las organizaciones sociales de los líderes de ese Frente de Organizaciones. Por eso, aunque al inicio habían sido aliados casi incondicionales, y a pesar de que Salomón Jara y el FOSCUPT lideraron los intentos por torcer abiertamente los presupuestos destinados a programas sociales y del campo para fines partidistas, finalmente los intentos de acaparamiento del FOSCUPT, y la voracidad de Jara, llegaron a un punto de rompimiento cuando ya no pudieron ser coincidentes.

DEMANDA AMAÑADA

FOSCUPT, al final, no está preocupado porque Salomón Jara esté obstaculizando los beneficios sociales de miles de familias oaxaqueñas, sino porque les cortó los recursos a las organizaciones de sus dirigentes. Y Jara está demostrando que sus ambiciones y su voracidad no tiene límites: en el intento de saciar sus intereses y sus afanes económicos, no le ha importado cultivar enemigos en todos los frentes posibles, y provocar alianzas sólo para ver materializada su salida del Gobierno del Estado. Ésta finalmente debe ocurrir por la inoperancia y por la postración del campo que ha provocado. Aunque estas peleas son sintomáticas de la descomposición y de los vicios de anida la “izquierda moderna” tanto del PRD —al que pertenecen Robles y Romero— como de Morena, y el ala perredista que aún controla Salomón Jara.