+ Solución conocida por todos, menos por autoridad

La educación en Oaxaca está inmersa en un doloroso círculo vicioso del que, al menos en el corto plazo, no tiene posibilidad de salir. Aún cuando en el ámbito federal se vislumbran posibilidades de cambio, lo cierto es que no existen para la entidad alternativas posibles a un problema añejo, complejo y plagado de chantajes, intereses y corrupción. A la vista de todos se encuentra una solución que parecería la idónea. Pero, asimismo, todo el mundo sabe que al menos en Oaxaca esa, la de la municipalización de la educación, es una solución imposible.

En efecto, en Oaxaca se ha discutido hasta el cansancio la propuesta de municipalización e la educación. Se ha dicho que es la alternativa que garantiza de modo más efectivo la correcta administración y vigilancia de los recursos económicos, humanos y materiales que el Estado dedica a la educación. Se ha dicho también que esa es la forma que da mayor certidumbre respecto a la cercanía entre profesor-padre de familia, y entre éstos y la autoridad reguladora, que es también la que funge como pagador de los servicios de los profesores, y que en este caso sería la autoridad municipal. Incluso, se entiende como razón natural que siendo relativamente pocos los centros educativos, y los maestros, habría un mejor control de ellos.

Todo eso, que suena muy bien, tuvo su mayor auge durante el conflicto magisterial y popular de 2006. Cuando el entonces gobernador Ulises Ruiz decidió dar un manotazo a la Sección 22, comenzó a tomar decisiones para desmantelar el poder que ésta tenía, comenzando justamente por eliminar al personal directivo que tenía el magisterio en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. A partir de eso, el gobierno estatal anunció que habría una reforma profunda al sistema educativo local. Y una de las propuestas —que fue de las más atendidas por la sociedad oaxaqueña aunque no había sido propuesta oficial— fue la de poner en manos de la autoridad municipal todo lo relativo a los asuntos magisteriales.

Esa propuesta fue aceptada con agrado por diversos sectores, menos por el magisterio democrático. Éste ha tenido claro que cualquier proceso de pulverización de la fuerza magisterial equivaldría a un desmantelamiento de su poderío y capacidad de organización. En particular, entienden que hoy el Gobierno del Estado aparece como un “adversario-patrón” perfectamente visible y ubicado. A partir de eso saben perfectamente con quién ir a negociar en un solo bloque. Y entienden que con un proceso de municipalización de la educación ese “patrón” se pulverizaría en por lo menos 570, con que cada sección municipal tendría que hacer sus propias jornadas de lucha para obtener sus beneficios particulares.

Todo esto, obviamente, hace inviable esta propuesta en lo material. La Sección 22 fue capaz de hacer todo durante 2006 con tal no sólo de obtener beneficios económicos, sino también de no perder su capacidad de organización y de disciplina entre sus agremiados. Esos dos elementos los logran hoy a la perfección, porque cuentan con una estructura dentro del organigrama magisterial, que va desde los estratos más bajos pero que llega hasta los espacios de dirección, en los que se ejerce el último eslabón, el más importante, del control. Por eso, es el mismo IEEPO, a través del personal que la 22 delega ahí, quien sanciona y coacciona de todos los modos posibles, a aquellos que incumplen con sus deberes sindicales o que intentan rebelarse a los dictados verticales de la Sección 22.

MUNICIPALIZACIÓN DE FACTO

Sin embargo, hoy vemos una municipalización clara, y hasta forzada, aunque no formal. Los maestros de la Sección 22 últimamente se han enfrentado a diversos problemas que antes no enfrentaban. Particularmente, la referencia es a los conflictos que han tenido con pobladores de diversos municipios, llegando hasta su punto máximo en el enfrentamiento que hace algunas semanas tuvieron con pobladores de la Villa de Mitla.

¿Qué ha pasado ahí? Que aunque las autoridades municipales no aparecen como “patrones” de los profesores democráticos, y tampoco los padres de familia tienen calidad específica para exigirles cuentas, en varias poblaciones ya ha habido reacciones francas de inconformidad respecto a la actuación de los profesores, e incluso ha habido condicionamientos respecto a su actividad, a sus decisiones y a su actividad sindical. En varios municipios, incluyendo la Villa de Mitla, han sido las propias autoridades, y la población, quienes han exigido a los profesores —bajo la pena de no permitirles el acceso a sus centros de trabajo—, que dejen de suspender labores, que no alteren la paz pública con sus acciones de protesta, e incluso que no involucren sus asuntos sindicales con los temas educativos que involucran a los niños, a sus padres y a la población en general.

Bajo esa misma figura, de la municipalización de facto, se encuentra también anclada la supervivencia de los centros educativos que aún mantiene en su poder la Sección 59. Cada una de las escuelas que están bajo la tutela de lo que antes del 2006 se conocía como Consejo Central de Lucha, tiene vida propia y legitimidad no gracias al Estado o al IEEPO o a la Sección 22, sino a la decidida colaboración de los padres de familia, que en cada una de las comunidades han respaldado a los profesores, a partir de que éstos no realizan actos de agitación, ni paros de labores, ni condicionan su trabajo al hecho de que los padres o las autoridades cumplan sus caprichos, no los cuestionen, o hagan lo que ellos quieren.

Lamentablemente, fuera de eso no existen más visos de la municipalización de la educación, y seguramente en Oaxaca tampoco los habrá en el corto plazo. No parece haber, hoy, poder o gobierno capaz de hacer frente a un conglomerado bien amalgamado como la Sección 22. Así seguirá todo, sólo hasta que los padres de familia dejen de permitir que la educación siga estando supeditada al sindicalismo y la voracidad del magisterio democrático.

AMPARO, DE CORTO PLAZO

El amparo ganado por los maestros oaxaqueños en contra de la Alianza por la Calidad en la Educación, dentro de poco quedará sin efectos cuando se concrete la reforma constitucional en materia educativa, y se haga obligatoria la evaluación para todos los educadores del país. Esta “victoria” de la Sección 22, por tanto, es efímera. No ha habido reforma social de tal calado como la educativa. Ahí no habrá ni amparos —ni protestas, ni resistencias— que puedan cancelar un dictado constitucional.

+ Alianzas, nulas si omiten gobierno de coalición

Una vez que está firme la nueva coalición de partidos para ir a los comicios intermedios de 2013, los integrantes de esa alianza deberían comenzar a tomar con seriedad el rumbo que están dando a sus supuestos “ejercicios democráticos”. El hecho de que las coaliciones se formen omitiendo la forma y las reglas de un posible “gobierno de coalición” genera tanta incertidumbre, problemas y desencanto, que al final lo que están haciendo es malgastar la credibilidad que tienen en aras del triunfo inmediato, sin considerar que con ello desgastarán de forma indeleble el ánimo de cambio que aún tiene la ciudadanía.

La coalición de partidos en Oaxaca, debía comenzar a mirarse en el panismo nacional que recientemente fue expulsado del poder por el mandato popular. Si vemos esta cuestión en una perspectiva amplia, podremos corroborar que el Partido Acción Nacional no sólo fue expulsado del poder por la incapacidad que demostró para dar respuesta a algunos de los más grandes males que tiene la nación, sino que, colateralmente a su derrota, el pueblo mexicano optó por reponer en el poder al partido (el PRI) que hace apenas doce años habían echado con la fuerza de los votos.

Ese parece el peor escenario para una alternancia. En doce años, el panismo ejerció el poder a plenitud, a tal grado que en ese lapso (corto para una nación) fue capaz de agraviar a los más importantes factores de poder, y a la misma población, que finalmente, en el desencanto, optaron por regresar a las formas seguras de gobierno que ofrecía el partido de siempre. Nadie sabe en realidad cómo será el gobierno ahora que el priismo está reinstalado en el poder presidencial. Pero lo cierto, para el panismo, es que fue derrotado por el exceso de soberbia, por el mal uso y entendimiento del poder, y por su incapacidad para plantear las alternativas sólidas que permitieran a la población tener satisfactores a sus problemas, y a ellos una permanencia más o menos estable en el poder.

Si lo vemos en perspectiva, ese es el mismo riesgo que corre la coalición de partidos en Oaxaca. Al igual que Vicente Fox en el año 2000, aquí la alianza de partidos ganó los comicios de 2010 con un amplísimo margen, y llegó al poder con un alto grado de legitimidad. Esa aceptación hacía imposible cualquier intento por argumentar el fraude o por tratar de tachar de ilegítimas las aspiraciones o intentos del grupo gobernante.

El problema es que Fox no tuvo la altura de miras para entender su momento y emprender una reforma de gran calado al poder y a la institucionalidad, que permitiera una auténtica transición democrática. Simplemente se dedicó a ejercer el poder, y a disfrutar de sus beneficios, sin tener claro que eso no sólo lo ubicaría en la misma zona de desgaste que los presidentes anteriores, y que sus costos personales serían aún mayores, porque de los anteriores ya se sabía que eran “malos” y “corruptos”; pero a él, que se le consideraba “bueno” y “honesto”, tendría que pagar el costo no sólo por sus excesos, sino también por provocar la desilusión de los muchos que creyeron en él, y sólo vieron un ejercicio de poder que no era sino un remedo de sus antecesores.

Algo así habrá de ocurrir si aquí en Oaxaca no se entiende que la auténtica reforma al poder es indispensable, y si, de entrada, siguen sin asumir que las coaliciones sirven para algo más que ganar elecciones, y que la victoria de largo plazo se logra sentando bases de gobierno distintas, y reformas, respecto a las tradicionales sobre las cuales se ha ejercido el poder.

COALICIÓN SIN PROGRAMA

El simplismo, puede llevar a los partidos que integran la coalición, y al gobierno que se benefició de ella, que hoy el poder se ejerce de forma distinta porque hubo ya una reforma constitucional, porque no hay mayorías abrumadoras en el Congreso, y porque se estableció una configuración distinta de la Administración Pública. Podrían decir eso, aunque lo cierto es que ni ellos podrían creer sus palabras. ¿Por qué?

Porque el gobierno vertical, en el que éste era ejercido por una sola persona en los tres poderes, pasamos a una nueva verticalidad en la que esa cúspide ahora ya no se encuentra ocupada por un individuo (El Gobernador del Estado), sino por éste, por los líderes de los grupos políticos aliados, y por las dirigencias de los partidos. Aunque sí, ahora las decisiones son colegiadas, éstas siguen siendo inexplicablemente —para el ambiente democrático en el que se supone que vivimos— asumidas como potestad de un grupo privilegiado en contra de otros que no tienen forma de permear, ni de hacer valer su visión de minorías o de exigentes democráticos frente al poder.

Por esa razón, en estos años de supuesto gobierno de coalición, hemos visto que la democracia unipersonal pasó simplemente a ser una “democracia colegiada”, en la que las decisiones siguen siendo tomadas de arriba hacia abajo, y en función de intereses específicos, y no del interés general que es el que se supone que debía ser salvaguardado con un gobierno de equilibrios por haber sido conformado por una coalición.

Todo esto ocurre porque la coalición es y sigue siendo entendida como una llave efectiva de acceso al poder. Sólo que el hecho de que las discordancias queden a salvo de la coalición (es decir, que no se tomen en cuenta ni se equilibren a través de esquemas específicos) provoca que en un solo gobierno haya expresiones diversas y contradictorias; que, asimismo, en una misma coalición haya gobiernos que no son coincidentes ni cercanos, y que incluso son contrastantes y distantes unos con otros. Un efecto más de eso, se aprecia en el hecho de que coaliciones como la oaxaqueña crean ínsulas y cotos de poder, y no espacios de equilibrio real más allá del reparto vil entre los partidos y fuerzas que la integran.

El costo será altísimo: de seguir así, pronto la ciudadanía traducirá su desencanto en votos. Y seguramente, eso abrirá la puerta a gobiernos priistas iguales o peores, que llevarán como única bandera el hecho de que decir que aún con sus ineficiencias y vicios, ellos no intentan engañar a los electores con promesas de cambio que no habrán de cumplir. Es cuestión de tiempo. ¿Apuestan?

A BENEFICIO…

Miguel Bosé cantó a beneficio del DIF Estatal. Pero sería digno reconocer que también, a beneficio de esa institución, quien pagó el concierto fue la burocracia oaxaqueña, a la que le endilgaron la responsabilidad, económica, de que ese monumento al esnobismo saliera a la perfección.

+ Todos ven la realidad, menos ellos y sus resistencias

La teoría clásica darwiniana sobre la selección natural establece que aquellos miembros de una población con características menos adaptadas, según lo determine su medio ambiente, morirán con mayor probabilidad; y que aquellos miembros con características mejor adaptadas, tendrán más posibilidades de sobrevivir. Si en la naturaleza ese proceso es eminentemente involuntario, en el caso de los procesos sociales existen posibilidades plenas de percibir y aprovechar los momentos determinantes para las adaptaciones. Sólo que si éstas no ocurren, las probabilidades de no sobrevivir son exactamente las mismas que en la selección natural. Esto es lo que le pasa a la Sección 22 del SNTE.

En efecto, tal parece que los ciclos naturales hoy comienzan a estar claramente en contra del movimiento democrático magisterial de Oaxaca. Hace 32 años, la lucha magisterial apareció violentamente como una respuesta a los permanentes intentos del Estado por mantener el control de su vida interna y de su democracia. Cuando eso ocurrió, en 1980, los profesores recibieron un amplísimo respaldo social, que con el paso del tiempo no se vio mermado, porque sus exigencias tenían cierta identidad con profundos anhelos sociales.

¿En qué se centraba, por lo menos en el terreno de lo argumentativo, la lucha de los profesores de la 22? Se centraba en una serie de postulados con los que la sociedad, en aquel momento, estaba irremediablemente identificada. Por ejemplo, dijeron inicialmente que buscaban una vida interna libre y democrática; que exigían que el gobierno no se involucrara en sus determinaciones. Ambas cuestiones no eran sino reflejo de la falta de democracia en las decisiones políticas del estado y del país, y del anhelo de la sociedad por luchar por procesos electorales independientes de las decisiones tomadas desde el poder para su conveniencia.

Luego, algunos años después, los profesores de la 22 establecieron que su lucha tenía que ver con la defensa de los intereses colectivos de sus agremiados, y que buscaban la justicia social que hasta entonces había sido negada por el gobierno. Obviamente, en aquel momento no había ciudadanos que no quisieran sentirse identificados con una causa que, según parecía, defendía lo justo y desafiaba al poder.

Incluso, los maestros tuvieron también el respaldo social cuando abiertamente aceptaron que su lucha sindical era también política, y que ésta tenía que ver con la finalidad de contribuir a que el PRI no ganara más elecciones. Hasta antes del año 2000, el anhelo de ver perder al PRI era tan profundo entre grandes porciones de la sociedad que, en muchos casos, para tratar de conseguirlo no distinguían ni los métodos ni las alianzas ni los costos. Por eso la Sección 22 también recibió el respaldo del pueblo de Oaxaca para esos objetivos, justificando aún el hecho de que para esas luchas se cerraran las escuelas, y se afectara gravemente la educación, la paz y la vía pública.

Ya en años recientes (en 2006, para ser específicos), los “democráticos” volvieron a recibir un amplísimo respaldo de la sociedad, cuando una de sus protestas fue reprimida por agentes del Gobierno del Estado. Cientos de miles de personas asumieron que la lucha social de los profesores era justa, y por eso diversos sectores de la población ayudaron a la profundización del conflicto magisterial, y respaldaron las demandas de desaparición de poderes y/o deposición del entonces gobernador Ulises Ruiz.

No obstante, ese fue el momento cúspide del respaldo social del magisterio. Después de 2006, grandes sectores de la población se vieron abandonados en los anhelos, cuando los profesores se conformaron con el arreglo económico que les ofreció el gobierno federal para terminar el conflicto, y luego, sin ningún pudor, hicieron del chantaje la forma abierta de conseguir sus objetivos. Los postulados de democracia, de sindicalismo, de defensa de intereses laborales, e incluso los anhelos partidistas y políticos, fueron intercambiados por el quebranto abierto a toda la colectividad, y por las amenazas constantes a todo aquel que no coincidiera incondicionalmente con sus afirmaciones e intereses.

EL COSTO DE LAS RESISTENCIAS

La 22, a pesar de los claros signos del agotamiento de sus principios y banderas tradicionales, se ha negado a cambiar. Conforme se han implementado los sucesivos planes de modernización educativa, los profesores oaxaqueños los han rechazado argumentando razones que van desde lo ideológico hasta las que caen en el rechazo abierto por vulnerar sus intereses particulares.

En ese camino, la soberbia los invadió, y por eso hoy asumen que toda la sociedad, el pueblo de Oaxaca, puede estar supeditado a sus intereses sin ninguna consecuencia. El problema es que hoy todas las condiciones parecen ponerse en su contra. ¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, todos los intereses nacionales en el sector están alineados en su contra; porque la sociedad ya no respalda una lucha que les ha traído tantos perjuicios; y porque cada vez menos personas ven con buenos ojos las resistencias obstinadas, e inútiles, de los profesores oaxaqueños, que sólo provocan daños pero que no reflejan los beneficios colectivos que según defiende el magisterio democrático.

De ahí que hoy su respaldo tenga una clara variación hacia el cuestionamiento; que la cercanía social que presumieron los profesores oaxaqueños desde sus primeros años de lucha, hoy esté pulverizado; que, por esa misma razón, el apoyo decidido que en otro momento tuvo por parte de la población, hoy se haya convertido en una afrenta, que en más de un caso se ha tornado violenta.

Y que, incluso, hoy los cuestionamientos que ellos mismos hicieron a los “espurios”, sean los que se les comienzan a regresar… y no porque los espurios sean castos y honestos, sino porque los mismos de la 22 han demostrado iguales o peores que sus contrapartes. ¿El resultado? Que hoy, por su falta de sensibilidad y adaptación, la Sección 22 comience a pasar por uno de sus peores momentos. Sus mismos aliados lo advierten y se lo señalan a gritos. Pero de eso hablaremos mañana.

¿DESACATO?

Es una obviedad que el Registro Civil afirme que “acatará” el fallo de la Suprema Corte sobre los matrimonios homoparentales. ¿A poco habría margen para que no lo hicieran? Quizá deberían hablar de qué planean frente a la contradicción entre la Corte y la Ley. ¿O su “progresismo” los llevará a sólo sentarse a esperar los amparos?

+ Defensa: todos la pregonan, nadie la realiza

Uno de los temas favoritos de la agenda común de Oaxaca es el relativo a los derechos humanos. Autoridades, organizaciones de la sociedad civil y grupos de lucha social hablan de ellos como si esta fuera una de las monedas comunes más valiosas de la vida pública. Lamentablemente, ese cúmulo de menciones y posiciones está lejos de conseguir una defensa efectiva de ellos. Y los mencionan tanto que, paradójicamente, parece que en Oaxaca los derechos humanos ya perdieron todos sus significados posibles.

¿Qué son derechos humanos? –podríamos preguntarnos. Y, tratando de ceñirnos a una definición formal, podríamos decir que los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos, establecidos en la Constitución y en las leyes, deben ser reconocidos y garantizados por el Estado. No obstante, parece que aquí, en nuestro entorno, la definición material es mucho menos elevada, y por eso su trascendencia se torna no sólo cuestionable, sino incluso impráctica. ¿Por qué?

Porque en la entidad los derechos humanos tienen una clara inclinación hacia la lucha social y hacia la justificación de diversas conductas que no sólo están alejadas del sentido real de los derechos fundamentales, sino que peligrosamente se acercan a la justificación de conductas inaceptables o de poses políticas que no tienen ninguna trascendencia. Aquí parece haber un claro ánimo por explotar los derechos humanos únicamente a partir de intereses o agendas políticas.

Si vemos, por ejemplo, lo que hacen los grupos de defensa de los derechos humanos a los que el Gobierno del Estado ha dado importancia y relevancia, fácilmente podremos comprobar que éstos únicamente están encaminados a obtener beneficios políticos o económicos de sus planteamientos. Otros, buscan generar impunidad o provechos para los grupos de personas a los que representan. Ninguno, en realidad, parece estar decidido a promover realmente los derechos fundamentales, o a trazar rutas efectivas para defenderlos. Vayamos a ejemplos concretos para corroborarlo.

¿Cuántas organizaciones de la sociedad civil existen en Oaxaca para dizque defender los derechos humanos? Podemos contarlas y enumerar decenas, o quizá cientos que reciben fondos por parte del Estado, y que también son objeto de atención y negociación por parte del gobierno, del cual obtienen algún provecho. Sin embargo, ahora debemos preguntarnos, cuántas de esas asociaciones buscan dividendos políticos, y cuántas están encaminadas a hacer una defensa trascendental de los derechos fundamentales. La respuesta será que prácticamente ninguna puede demostrar que su defensa de los derechos humanos es efectiva.

Esto es así porque, por ejemplo, ninguna organización no gubernamental en Oaxaca había tenido la decisión para emprender una batalla jurídica como la que hace una semana ganó un grupo de personas, no constituidas en una Asociación Civil de las tradicionales de “defensa de los derechos humanos”, logró una declaración del más alto Tribunal Jurisdiccional del país (La Suprema Corte de Justicia de la Nación) respecto a uno de los paradigmas más polémicos y controvertidos de nuestros tiempos en materia de derechos fundamentales, como lo es el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Ese tema en particular puede parecernos o no correcto. Sin embargo, lo que hizo ese grupo de abogados (que ganó un amparo en revisión, en el que la Corte se pronunció de manera definitiva sobre la inconstitucionalidad de ciertos aspectos de la ley civil local, y ordenó casar civilmente a dos mujeres) fue simplemente articular una defensa adecuada a un tema que involucra de manera sensible a los derechos humanos.

La finalidad pudo haber sido el matrimonio entre personas del mismo sexo, o el aborto, o un conjunto enorme de temas que en Oaxaca simplemente duermen el sueño de los injustos, porque los grupos tradicionales de defensa de los derechos humanos están demasiado ocupados tratando de obtener provechos políticos o beneficios económicos, y olvidan que su existencia podría justificarse si al menos demostraran que pueden hacer algo más que empujar negociaciones, agitar a sectores de la población, o “defender” a personas para que lo que obtengan sea dinero, y no la restitución real de sus derechos quebrantados, y los de las demás personas que potencialmente podrían estar en esa situación.

GOBIERNO DE POSES

Un día como el internacional de los derechos humanos, es el ideal para alimentar las poses. Esto es lo que hace el gobierno local que asimismo se asume como garante de derechos, aunque en realidad tiene graves deficiencias para entender su trascendencia real.

Si la administración estatal se dice garante de los derechos, ¿cuántas iniciativas ha iniciado para revisar el marco jurídico local en esa materia, o para verdaderamente consolidar el Estado de Derecho en esa materia? ¿De verdad tiene cero recomendaciones, como para decir que aquí los derechos se cumplen a cabalidad? ¿Si está tan seguro de sus aseveraciones, entonces por qué contribuyó, junto con el Legislativo, a postrar el órgano garante de los derechos humanos hasta el grado de la inoperancia total?

Incluso, en estos tiempos los derechos humanos frente al Estado van mucho más allá del simple imperativo de “no hacer” para la autoridad. Ésta, hoy, tiene el deber de velar por hacer que los derechos se cumplan, por cumplirlos, por no quebrantarlos, y también porque otros no los quebranten. ¿Esto último es real? Tal parece que no. Porque aunque propios y extraños dicen que Oaxaca es “punta de lanza” en materia de derechos humanos, aquí es donde más se violan y donde más se medra alrededor de ellos. Qué tristeza que todos hablen de los derechos fundamentales, pero que nadie entienda que hoy, por ubicarlos en el ámbito de la agitación y de la lucha social, están menos tutelados que nunca.

¿QUÉ ES “RESPETAR”?

¿Respetar los derechos humanos es equivalencia a permitir la arbitrariedad y los daños de quienes se enmascaran en la lucha social para ser violentos? ¿Respetarlos significa siempre querer que la ley sea selectiva y las autoridades blandas? ¿Respetarlos significa que el Estado haga nada frente a cualquier conducta? Esos son algunos de los sinsentidos de los “derechos humanos” en Oaxaca.

+ Tradición política, que Presidente haga su estructura

Hasta donde se tiene memoria, sólo en una ocasión anterior el Congreso de la Unión había negado la posibilidad de que un Presidente modificara la estructura organizacional del gobierno federal. Hoy, eso es lo que ocurre ante las resistencias habidas en el Senado de la República para que se consolide el conjunto de modificaciones administrativas que el presidente Enrique Peña Nieto planteó para su administración. ¿Cuándo y por qué ocurrió antes y, sobre todo, qué es lo que hoy entorpece la posibilidad de que —lo que era impensable en otros tiempos— el Presidente pueda configurar su organigrama de la forma que mejor le parezca?

En efecto, hasta donde nos alcanza la memoria, podemos establecer que sólo en una ocasión el Congreso de la Unión trabó la posibilidad de que un Presidente modificara la estructura de la Administración Pública Federal. Esto ocurrió cuando, en 2009 México enfrentaba los más brutales efectos económicos de la crisis financiera que azotaba a Estados Unidos y comenzaba a enfermar a las economías europeas. Además de eso, meses antes había ocurrido la crisis de salubridad derivada del brote de influenza AH1N1, que paralizó a prácticamente todo el país a lo largo de más de una semana. En ese contexto particularmente adverso, el Presidente hizo una propuesta que, históricamente, fue congelada por el Congreso. ¿Qué propuso?

En aquella ocasión, en el contexto de la entrega del paquete económico 2010, en septiembre de ese año, el presidente Felipe Calderón anunció un proyecto con el cual se pretendía practicar una renovación total al interior de la administración pública federal, así como, ajustes y el envío de un paquete de leyes que buscaban sacar a México de la grave situación que entonces enfrentaba. Fundamentalmente, el presidente Calderón proponía la desaparición de las Secretarías de la Reforma Agraria, de la Función Pública y Turismo, con el objetivo principal de combatir la pobreza, por ello se anunció el proyecto de desaparecer esas dependencias, cuyas funciones serían absorbidas por otras secretarías de Estado.

¿Qué pasó entonces? Que tres meses después, cuando aún no entraba en vigor el paquete económico del año siguiente, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos del Senado, dictaminaron que la Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, con la propuesta de la desaparición de las Secretarías de la Función Pública, la Reforma Agraria y de Turismo, sería desechada “debido a que los sectores afectados manifestaron su inconformidad”.

Incluso, practicando la apertura que casi nunca tienen, los senadores fundamentaron su negativa a desaparecer las tres dependencias, en el hecho de que los representantes de diversos sectores habían rechazado la propuesta presidencial. Esto lo manifestaron de forma expresa, al asegurar que diversas organizaciones campesinas, habían acudido al Senado para luchar contra la desaparición de la Secretaría de la Reforma Agraria, y lograr que esta cumpla su propósito de conquistar el desarrollo de las mujeres y hombres del campo, a través de una auténtica igualdad de oportunidades.

Respecto a Turismo, también dijeron que los empresarios, representantes del sector turístico, habían manifestado que era vital que la Secretaría de Turismo continuara vigente, y argumentaron que el turismo es una actividad intensiva en mano de obra que en México genera 2.4 millones de empleos bien remunerados, donde las mujeres no son discriminadas, e incentiva la creación de Pequeñas y Medianas Empresas. Incluso, respecto a la Secretaría de la Función Pública, dijeron que organismos no gubernamentales dedicados al análisis e investigación, así como a la promoción de prácticas de transparencia y rendición de cuentas en el sector público, quienes habían acudido a la Cámara de Senadores para manifestar su inconformidad ante la eventual desaparición, consideraban necesaria la permanencia de esa dependencia “para la consolidación de un gobierno honesto, eficiente y transparente”.

Según información de diciembre de 2010, los “sensibles” legisladores concluyeron que “para generar ahorro, es necesario tomar otras medidas como la reducción de gastos del gobierno federal y la creación de políticas que atiendan el desarrollo rural del país, desecharon la iniciativa, e instruyeron que se informe al Ejecutivo Federal”. Y así dijeron “no”, por primera vez en la historia reciente del país, a un intento del Ejecutivo Federal por ajustar el esquema administrativo de su gobierno.

ADIÓS A LA TRADICIÓN

Era algo así como una “tradición” la relativa que el Congreso nunca objetaba un nombramiento por parte del Presidente, y tampoco una propuesta relacionada con la esfera administrativa, que está bajo su completa responsabilidad. El argumento de siempre, versaba en el sentido de que los legisladores no objetaban en eso al Presidente, porque era una forma de no entorpecer el trabajo del gobierno federal, y también era una forma eficaz de evitar que ante cualquier resultado negativo, el Presidente reprochara al Congreso que eso ocurría por no haberle permitido una estructuración libre de la administración que éste encabezaba.

Sin embargo, en 2010 la tradición se rompió, y ahora vemos que las consecuencias son extensivas al gobierno de Peña Nieto. No obstante el hecho de que ahora los legisladores ya rompieron con esa vieja tradición, se suma un ingrediente más: el hecho de que la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y la de la Función Pública, implican una especie de reprobación, por parte del nuevo gobierno federal priista, a los dos principales ejes de los gobiernos panistas: el de la seguridad, y el del supuesto combate a la corrupción.

Esa es la razón que, en el fondo, ha llevado a los panistas a frenar, en el Senado, los reiterados intentos de la bancada tricolor, y del Gobierno de la República, por sacar adelante la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que en otros tiempos no sólo no habría sido objetada, sino que incluso habría sido aplaudida por propios y extraños.

SIGNOS DE CAMBIO

Aspectos como esos nos recuerdan, sin embargo, que México ya es otro país. Esto no habría pasado hace dos o tres décadas. Más bien, la posibilidad habría sido simplemente inconcebible. Hoy el gobierno tiene que negociar, pactar y transigir para lograr una reforma a su estructura. Lo ideal sería que los senadores panistas la objetaran en aras de mejoras, y no de cobro de venganzas.

+ Gobierno progresista con partidos indolentes

Hace meses, cuando ya se vislumbraba la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomara una decisión trascendental respecto a las leyes locales en materia de matrimonio y familia, señalábamos que todo esto ponía en jaque el sustento ideológico del grupo gobernante, que reiteradamente se asume y reconoce como de izquierda. Hoy queda claro que esa izquierda sólo tiene las características indispensables para la apariencia, pero que está lejos de materializarse día a día en las decisiones del gobierno y de los partidos que hacen mayoría en el Congreso del Estado.

En efecto, en nuestra entrega del 16 de agosto pasado apuntábamos que “es posible que en próximas fechas la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva si la legislación civil de Oaxaca vulnera los derechos de las parejas homosexuales, por no contemplar el matrimonio entre personas del mismo sexo”. Decíamos también que esta, que parece ser una discusión trillada y ajena a nuestra realidad, en realidad es de gran vigencia debido a que la tendencia nacional está encaminada hacia la ampliación total de los derechos de las personas.

Ante todo esto, señalábamos también que “el problema es que, en Oaxaca, lejos de que las fuerzas de izquierda —que tienen presencia importante tanto en el ámbito gubernamental, como en el legislativo—, presionaran en favor de la apertura de derechos para todos por igual, éstas se quedan calladas frente a los intentos de la autoridad local por atajar los medios de defensa que han presentado las personas que se dicen perjudicadas tanto por el contenido de la ley civil, como por la negativa de la autoridad para llevar a cabo un acto fundado en esa ley que, a su juicio, quebranta sus derechos”.

Y es que una cuestión fundamental que quedó olvidada el pasado miércoles (cuando la decisión de la Corte estableció la inconstitucionalidad del artículo 143 del Código Civil, en lo relativo a que el contrato de matrimonio se celebra “entre un solo hombre, y una sola mujer”, y abrió la puerta a los matrimonios homoparentales), es la relativa a que todo esto partió de la negativa del Registro Civil del Gobierno del Estado, para celebrar un contrato de matrimonio que dos mujeres le solicitaron.

¿Por qué es importante no dejar de lado esta cuestión en específico? Porque si bien es cierto que el Registro Civil no tiene otra posibilidad más que la de sólo aplicar las leyes que regulan su actividad, también lo es que, según se supone, este es un gobierno de izquierda que debía estar preocupado no sólo por cumplir la ley, sino también por reflejar el progresismo y los principios que se supone que sustentan su definición ideológica.

Además, si este acto fue conocido por el sector oficial, fue publicitado en diversos momentos, y estuvo a la vista de todos, entonces no debiera haber razón ni para la sorpresa, y tampoco para el oportunismo de quienes hoy falsamente pretenden aparecer como “progresistas”, tratando de “subirse” a un tema del que en realidad son ajenos, y del cual sólo pretenden sacar provecho.

Veamos el primero de los casos. En 2011, el Registro Civil simplemente negó el acto que solicitaban las dos mujeres que querían adquirir la calidad de “contrayentes”. Lejos de negar la prestación del servicio, pero aprovechar el momento para abrir rutas jurídicas y políticas que permitieran poner a discusión un tema como éste y tratar de materializar uno de los principios más progresistas de la izquierda, el gobierno estatal simplemente guardó silencio.

Y el Registro Civil no sólo se encargó de negar inicialmente el acto, sino que cuando las quejosas obtuvieron el amparo y protección de la justicia federal en primera instancia (a través del juicio de garantías radicado con número de expediente 1143/2011, en el que, en marzo pasado, el Juez Segundo de Distrito con sede en Oaxaca ordenó la realización del acto que les había sido negado, pero ahora acatando los lineamientos del fallo constitucional), decidieron inconformarse con dicha sentencia, y someter el asunto a un recurso de revisión, que finalmente culminó en la declaratoria de la Corte que conocimos el miércoles.

¿Esa resistencia a reconocer derechos es propia de un gobierno de izquierda como el que se encuentra establecido en Oaxaca? Tal parece que no. Más bien, un asunto como éste refleja las grietas políticas que existen en un gobierno de coalición, en el que ésta sólo sirve para ganar elecciones, pero no para llevar a los hechos, o cuando menos defender, programas o temas específicos que se encuentran en el plano ideológico, político, o de posturas ante ciertos temas.

Por eso, quizá, a nadie le importó que un tema tan sensible estuviera en la agenda irremediable de la entidad; a nadie le interesó atenderlo cuando aún había tiempo; y por eso ahora, en el más silencioso disimulo, el Registro Civil está aceptando el acto aunque sin establecer mayores posturas o razonamientos ante una decisión tan trascendental para Oaxaca, y para el país, por parte de la Corte.

OPORTUNISMO LEGISLATIVO

Sólo así puede calificarse el intento de los diputados Flavio Sosa y Pavel López por conseguir una reforma al artículo citado, a través de una iniciativa exprés, presentada esta misma semana. ¿Por qué tratar de hacerlo apresuradamente, cuando fue evidente que el tema les pasó de largo en todo este tiempo que el asunto estuvo en manos de los tribunales? ¿Qué de repente les apareció el espíritu progresista que no han demostrado en su actuación como legisladores? ¿O es que sólo cuando vieron que este asunto era inminente, distinguieron la oportunidad de aparecer en la historia como los reformadores y tuteladores de los matrimonios homoparentales?

Lo cierto, en esto, es que con todo y la declaración de la Corte, una reforma de tal calado al Código Civil debe venir acompañada de una recomposición integral de todos los artículos que regulan al matrimonio y la familia. Y eso requiere de un importante trabajo legislativo que supera por mucho las iniciativas hechas al vapor, en el momento, y sobre las rodillas.

DEMOSTRAR PROGRESISMO

A normas como el Código Civil le hacen falta reformas integrales. Sin embargo, como trabajar en algo como eso no impacta políticamente, entonces a nadie le importa. El problema llega cuando, con decisiones como ésta, se demuestra lo desfasado de nuestras leyes. Y todo empeora cuando llegan falsos progresistas, oportunistas, y arribistas del trabajo legislativo, que sólo quieren ganar a costa de las luchas, y causas, de otros.

+ Resolución de SCJN abate a clase política local

Ayer la Primera Sala de la Corte, resolvió un amparo en revisión, en el que se dirimió el alcance que tiene la definición del contrato de matrimonio en las leyes civiles de entidades federativas como la nuestra. Como esos juicios fueron presentados en nuestra entidad, atacando el contenido del Código Civil oaxaqueño, la resolución provocó no sólo reacciones naturales de contrariedad, sino que también generó confusiones y hasta pifias por parte de quienes tienen parte de responsabilidad o injerencia en este asunto. Es necesario, sin embargo, ubicar en su exacta dimensión el fallo del Alto Tribunal, para poder entender el efecto preciso que tendrá la resolución sobre las relaciones jurídicas, civiles y familiares, en Oaxaca y en el país.

En efecto, en un primer momento se dijo que la Corte había “eliminado” del Código Civil de Oaxaca la estipulación de que el matrimonio sólo puede realizarse entre un hombre y una mujer. Se dijo también que, en automático, esta disposición aplicaría para todo el país, “lo que significa que a partir de ahora, cualquier pareja del mismo sexo que se ampare deberá ser reconocida por las autoridades”.

Del mismo modo, en una interpretación poco afortunada del fallo, otros medios informativos aseguraron que  la Corte había determinado “la eliminación del artículo 143 del Código Civil, que define al matrimonio como la unión entre un solo hombre y una sola mujer, por considerar que esto es discriminatorio”, y con eso daban a entender que, en automático, dos personas del mismo sexo podrían casarse en Oaxaca.

Incluso hubo legisladores locales que, como Flavio Sosa y Pavel López, intentaron subirse al tema como un asunto de ocasión, para proponer a la Legislatura una modificación del precepto citado, para eliminar de su contenido lo relativo a que el matrimonio es un contrato civil que se celebra “entre un solo hombre y una sola mujer”, y también derogar lo relativo a que su objetivo es “la perpetuación de la especie”.

¿Qué hay de cierto en todo esto? Independientemente de que, en efecto, la Suprema Corte declaró inconstitucional ciertos aspectos del contenido de ese artículo, lo cierto es que ni lo dejó sin efecto por completo, y tampoco ordenó la modificación del precepto. En realidad, en términos estrictamente jurídicos, el fallo en este sentido tuvo dos efectos: el primero, relativo no a dejar sin efectos el artículo —como erróneamente se ha entendido—, sino más bien a declarar la inconstitucionalidad de la finalidad reproductiva del matrimonio, contenida en la manifestación de que una de sus finalidades primordiales es la de la “perpetuación de la especie”.

Un segundo efecto inmediato, es el relativo a ordenar a las autoridades responsables en este caso en específico, una interpretación conforme, en lo relativo al requisito de la diferenciación de sexos entre los contrayentes, de tal forma que al momento de aplicarlo se hiciera “como si dijera” que el Matrimonio es un contrato celebrado entre dos personas, y no “entre un solo hombre y una sola mujer”, como lo establece el Código Civil de Oaxaca, y los del resto de la República Mexicana, con excepción del Código del Distrito Federal.

ARGUMENTOS DE FONDO

Para llegar a cada una de esas decisiones, hay argumentos perfectamente estructurados. Pues de acuerdo con los diversos tribunales federales que conocieron del asunto, la finalidad reproductiva ya no es una de las fundamentales para el matrimonio, y por esa razón se quebrantan los principios constitucionales de igualdad y no discriminación de de las personas del mismo sexo que pretenden contraer matrimonio.

Sobre la finalidad reproductiva, el Juez Segundo de Distrito del Estado de Oaxaca, resolvió, sobre este mismo caso, que la transformación y secularización del matrimonio y de la sociedad ha resultado en una gran diversidad de formas de constituir una familia, que no surge necesariamente del matrimonio entre hombre y mujer.

En esa lógica, al otorgar el amparo a las dos mujeres que en Oaxaca intentaron contraer matrimonio y les fue negada esa posibilidad, el Juez Federal dijo que se ha evolucionado de tal forma, que se ha desvinculado la unión en matrimonio en sí misma de quienes lo celebran, de la “función” reproductiva del mismo, llegando incluso, al extremo de que aun teniendo descendencia, en muchos casos, ésta no es producto de la unión sexual de los cónyuges, sino de los avances de la medicina reproductiva, o bien, de la adopción, aun cuando no exista impedimento físico alguno para procrear; pues esa decisión, no depende la figura del matrimonio, en tanto cada persona determinará cómo desea hacerlo, como parte de su libre desarrollo de la personalidad, sea bajo la figura del matrimonio, heterosexual o no, o de otro tipo de uniones, como personas solteras, cualquiera que sea su preferencia sexual.

Por esa razón, asentaba, ante una misma situación jurídica se da un trato diferente a las parejas homosexuales, en tanto no les permiten el derecho a contraer matrimonio sin razones válidas que lo justifiquen; cuando las que existen se basan simplemente en las preferencias sexuales.

Ahora bien, sobre el acto discriminatorio que constituye el establecimiento de que el matrimonio sólo puede celebrarse entre un solo hombre, y una sola mujer, se estableció, y así fue ratificado por la Corte, que la norma reclamada (el artículo 143 del Código Civil), infringe los artículos 1° y 4º de la Constitución federal, que pugna por la eliminación de la discriminación no solo de preferencias sexuales sino de sexo y género, pues debe preverse que al encontrarse en situaciones de igualdad, ambas personas, deberán ser tratados de igual manera, lo que redunda en la seguridad de no privarlos de un beneficio o bien soportar un perjuicio desigual e injustificado, como en el caso, resulta la imposición de contraer matrimonio solo entre un hombre y mujer.

LOS ALCANCES

Todo esto, en efecto, abre la puerta para que, ante la reiteración de fallos en ese mismo sentido, pronto se siente jurisprudencia sobre este asunto, y cualquier persona, protegida por la figura del amparo, y apegándose a la interpretación de la Corte, pueda contraer matrimonio con otra del mismo sexo en cualquier entidad federativa, únicamente cubriendo el “requisito” de ampararse en los términos antes mencionados. Esta sentencia es trascendente, pero en ningún modo obliga al Congreso a legislar, ni eliminó un precepto del Código Civil. Se equivocan quienes lo creyeron así.

+ Hechos menos trascedentes pero más duros que antes

Parece de otros tiempos aquella imagen de un Presidente de México desfilando por las calles de la Ciudad de México, entre vítores, una lluvia de papeles de colores, y un automóvil descubierto. No parece de la actualidad, que esa escena aún la hayamos visto el día de la toma de posesión de Vicente Fox Quesada como Presidente de la República. Apenas doce años después —ese lapso, para el tiempo de una nación, es cortísimo—, fuimos testigos de cómo la violencia llegó al punto del desbordamiento ante la unción de Enrique Peña Nieto como primer mandatario de la segunda alternancia en el poder en México. ¿Qué tan descompuesta está nuestra nación?

La pregunta no es ociosa. Pues apenas en poco más de una década, hemos visto cómo la posibilidad de acuerdos y aceptación de la mayoría en México está diluida por completo. Según lo vemos, es claro que hoy tenemos un problema grave con la democracia, porque no existe certeza sobre su ejercicio y tampoco sobre el resultado que arroja. No existe, pues, un solo punto de coincidencia entre lo que debería ser el gobierno emanado de la mayoría, y la aceptación que debiera tener la minoría de ese mandato popular. Aunque la paz sigue siendo una garantía, aunque ésta se logra únicamente por la vía de la fuerza. Eso es gravísimo.

El problema es que si la paz está garantizada sólo por la vía de la fuerza, la inconformidad sólo parece tener cauce por esa misma vía: la de la violencia. ¿De verdad hemos llegado al punto en el que las vías democráticas moderadas están en vías de extinción, y ante los cuellos de botella que se generaron para la canalización de la inconformidad, ésta únicamente encuentra salida a través de la violencia? Según parece, esa es la explicación que intentan dar aquellos que aún tienen ánimos de justificar la violencia. Pero no debía ser motivo de redundancia para quienes, desde el poder, aún siguen hablando del discurso de la democracia.

En realidad, lo que vimos en México este fin de semana es abominable. Pues si tomamos como parámetro los hechos de 2006, en efecto sabremos que hoy las condiciones de gobernabilidad y acuerdo entre los poderes fácticos y los grupos políticos no están tan quebrantadas como hace seis años. Hoy, a diferencia de entonces, el Presidente pudo tomar protesta en un recinto legislativo legitimado por la presencia de los legisladores, lo hizo ahí de una forma más o menos ordenada, e incluso logró el consenso de las dirigencias partidistas para la firma de un gran pacto. En esta transición del poder, a diferencia de la anterior, fue civilizada, pausada y desarrollada en términos constitucionales.

El problema es que el pasado sábado vimos un importante nivel de violencia en las calles que no habíamos visto antes. Fue fácilmente constatable que la Ciudad de México padeció enfrentamientos a niveles que seguramente hacía décadas que no ocurrían. Incluso, ni en 2006 la violencia fuera de los corrillos políticos fue tan intensa como ahora.

El gobierno federal intentó minimizar los hechos. Pero, en el fondo, esa violencia demuestra que algo sigue estando mal en el país, que es una cuestión estructural, y que continuar por la ruta de ignorar la escalada de violencia, o simplemente tratar de paliarla por las vías policiacas, será tanto como echar silenciosamente gasolina a un fuego que tarde o temprano va a provocar una explosión en nuestro país.

VIOLENCIA IRREMEDIABLE

Los actos violentos se desarrollaron a la vista de todos. Y no sólo nos referimos al hecho natural de que las protestas ocurrieron a plena luz del día, en la ciudad más concurrida y atendida del país por el momento que vivía, y por grupos plenamente identificados; más bien, nos referimos a la circunstancia de que todos sabían perfectamente que eso ocurriría; muchos protestaron por el estado de excepción que —de hecho— se decretó en los rumbos de la cámara baja del Congreso de la Unión, pero esos mismos se dijeron dolientes cuando se desató la violencia y las fuerzas del orden replegaron a quienes provocaban desmanes.

Ese es un signo claro de que las cosas están gravemente descompuestas en nuestro país. La violencia se lleva a cabo a la vista de todos; los grupos que los impulsaron son también plenamente conocidos, el nuevo grupo gobernante ha ignorado casi por completo lo que ocurrió. Y en la resaca de la toma de protesta del nuevo Presidente, todos se encontraron de nuevo, en sus mismas posiciones políticamente correctas de siempre, denunciando y señalando todo lo que ellos mismos provocaron.

¿Quién pide, por ejemplo, un cese a la violencia? Son los mismos que el sábado la provocaron. ¿Quiénes hablan de reconciliación? Los mismos que han evitado cualquier posibilidad de entender al otro, y asumir que un imperativo pendiente de nuestra democracia debía implicar el hecho de que en una contienda política tan importante como la presidencial, nadie debía estar en condiciones de perder todo, como tampoco en la de ganar todo.

El hecho de fondo, es que nadie tiene ganas de reconciliarse con la democracia —o con el poder o con la oposición… da lo mismo—, porque las posiciones políticas siguen siendo tan propias del antiguo régimen de partido hegemónico (el del priismo avasallador que existía antes del año 2000), que para los oficialistas sigue siendo un negocio redondo el de no ceder, como también lo es, y en los mismos términos, pero al revés, para quienes se encuentran en la oposición, y desde esos espacios hacen de la derrota una forma de no ceder, y de conseguir más que asumiendo responsabilidades que, según entienden, no les corresponden simplemente porque ellos perdieron.

Al final lo que es evidente es que ahí es donde se encuentra la razón del desencuentro tan profundo que vive nuestro país. Peña Nieto ganó y es Presidente, pero a los ojos de muchos no ganó y es resultado de una imposición. Eso mismo pasó con Calderón. Y eso mismo habría pasado con AMLO, o con quien sea, porque esta democracia —desfasada, aunque de propia de nuestro sistema político— siempre tiene como condición que alguien gane todo o que alguien pierda en esas mismas circunstancias. Y en esas condiciones, lo que siempre veremos es la inconformidad a todo lo que da, y asimismo en un permanente modo de ascenso.

NO NOS CONFUNDIMOS

Sin embargo, la revuelta siempre es ocasión para simples chavos banda. Ya ven al “#YoSoy132”, David Venegas golpeando señoras. Eso, de veras, no es de Dios.

+ Generar interés: reto común, gobierno-PRI

Todos en Oaxaca se dicen tranquilos, y hasta esperanzados, por la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República. Unos hablan de las promesas hechas por el ahora Presidente a nuestra entidad; y otros, de la necesidad del trabajo conjunto y la coordinación institucional para atender los asuntos prioritarios. Todas son simples expectativas. ¿Unos y otros ya se habrán preguntado, en frío, qué interés real por Oaxaca puede tener el nuevo Presidente de la República?

La pregunta no es ociosa, y tampoco es fatalista. Pues pareciera que ante la llegada del nuevo Mandatario federal, todos en Oaxaca se sienten seguros de que algún débito político tiene pendiente el nuevo gobierno de la República con nuestra entidad, y que por ese solo hecho habrá muestras de voluntad, de trabajo, de coordinación, de inversión y de atención, por parte del gobierno federal, para los temas de desarrollo, de economía, de partidismos y hasta de ganas de hacer política, a favor del gobierno, de los partidos, o de los políticos locales.

Lo cierto es que, en rigor, bien puede ser nada lo que le interese a Peña Nieto de Oaxaca. Si lo vemos en términos no sentimentales, bien podremos ver que para el nuevo Presidente nuestra entidad habrá de ser un dolor de cabeza, más que una “joya de la corona”, un tema de interés o un desafío político o partidista. ¿Por qué? Porque hoy, todas las condiciones de la entidad son adversas tanto para el nuevo partido en el poder presidencial, como para el gobierno federal mismo. Veamos esto a detalle.

Oaxaca está gobernado no sólo por una fuerza política opositora, sino por un conjunto de partidos, todos opositores al PRI, que además han volcado, desde el poder del Gobierno del Estado, su apoyo y sus lealtades a la izquierda radical de Andrés Manuel López Obrador. El nuevo Gobierno de la República —que ha demostrado ser experto en el análisis de escenarios electorales— sabe que, en términos de política, le sale más barato arrinconar a los aliados de sus adversarios, antes que querer dominar esas plazas. Si lo vemos así, entonces Peña Nieto tendría más ganas de olvidarse de Oaxaca, que de querer venir a arrebatársela políticamente a los grupos que ayudan a sus adversarios.

No obstante, esa razón no tendría que significar que Peña Nieto, o el PRI nacional, tenga interés en revitalizar al priismo local. En la elección presidencial, quedó claro que Oaxaca representa para el PRI una cierta proporción de voto duro que se maneja directamente desde coordinaciones nacionales, y que para esos efectos es intrascendente el trabajo territorial que se pueda hacer en Oaxaca.

La muestra de eso la puso el propio resultado electoral en la entidad, en el que Peña obtuvo más de medio millón de votos, a pesar de que aquí el trabajo territorial de promoción del voto estuvo pulverizado; a pesar también de que la mayoría de las candidaturas no tuvieron capacidad e interés en invertir en sus campañas; a pesar de que los recursos asignados para la movilización de estructuras electorales, quedó de nuevo en unas cuantas manos y no llegó a sus destinatarios finales.

En resumen, el PRI nacional ya vio que pueden seguir siendo competitivos, a pesar, y no con la ayuda, de los priistas oaxaqueños, a los que continúa siendo complejo reconciliar, sumar a la causa partidista, y quitarles el ánimo de sabotear a su partido con tal de ver perder a los correligionarios que en realidad asumen como sus enemigos internos. Saben, hoy, que el poder de la televisión hace más que toda una “clase política” que en Oaxaca no termina de asumir sus condiciones actuales.

¿CÓMO GENERAR INTERÉS?

El presidente Vicente Fox no tuvo interés en Oaxaca, y por eso la atención que dio su gobierno fue apenas la mínima decorosa como para demostrar que el pacto federal sirve para que se atienda a todas las regiones y entidades de la República Mexicana. Después, por sus aversiones personales contra el PRI, y particularmente contra el grupo del entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz, el presidente Felipe Calderón tampoco hizo gran cosa por la entidad: prometió más de lo que hizo; su gobierno invirtió en la entidad con desgano, y sólo por pactos políticos con el PRI, pero nunca convencido de que Oaxaca fuera una prioridad para su gobierno.

¿Qué se puede esperar, en frío, de Peña Nieto? ¿Que venga a Oaxaca a gastarse sus capitales políticos, para arrebatarle al grupo gobernante una militancia prolopezobradorista que no podrá arrancarles ni con solvente? ¿Vendrá a tratar de hacerles la guerra electoral, a sabiendas que el grupo que gobierna la entidad no se tentará el corazón para mantenerse en el poder que hoy ostenta?

Y frente al devastado priismo local: ¿Tendrá ánimos, o algún interés, el presidente Peña Nieto de que su gobierno derroche recursos económicos y políticos para rescatar de la derrota a un grupo político priista —el de los herederos del ex gobernador Ruiz—, que no sólo no ha buscado realmente la reconciliación entre sus compañeros de partido, sino que en realidad, a través de la vida artificial que le da el CEN priista, es uno de los lastres más pesados e impresentables que aún debe sortear la dirigencia nacional del priismo?

Lo cierto es que el reto, hoy, es para todos los grupos —gobernantes y opositores— que integran la clase política de Oaxaca. No se trata de ser entreguistas ni aferrados, sino de buscar las condiciones idóneas para que aquí la política sirva para algo más que generar problemas. Ese reto consiste en generar las condiciones que hagan atractiva en la entidad, no sólo la inversión o la atención social o de gobierno por parte de la Federación, sino que también animen al grupo gobernante a no dejar simplemente abandonada, de nuevo, a nuestra entidad…

Pues es evidente que el presidente Peña Nieto tendrá tantos problemas en qué pensar y ocuparse, que si Oaxaca no le representa una preocupación o un tema de interés real, y sólo nos ve partir de los problemas y los conflictos de siempre, entonces en la entidad pasaremos seis años más arrumbados en el olvido de la Federación.

¿…Y LAS DELEGACIONES?

Habrán notado que de repente se apagó toda la expectativa por ver quién ocuparía las delegaciones federales en la entidad. A partir de hoy comienza oficialmente la cuenta regresiva para el “piñatazo”. En el reparto veremos los arreglos y el reacomodo real del priismo oaxaqueño. No esperemos arreglos tersos. Esto apenas comienza.