+ Grupos de autodefensa: ¿De veras son de guerrilla?

No es raro confundir al paramilitarismo con la insurgencia, y en estos tiempos tampoco es extraño mezclar, en términos simplistas, a los llamados grupos de autodefensa con los grupos paramilitares y las organizaciones insurgentes. En la lógica común, esto es hoy prácticamente lo mismo, y por eso se comete el error, casi natural, de mezclarlos a todos y ponerlos a todos en un mismo grupo, como si unos y otros fueran lo mismo. En el contexto de la polémica que generan los grupos de autodefensa en varias entidades, la presencia de grupos armados e incluso la relación que comienza a verse entre maestros y grupos guerrilleros, vale la pena hacer una reflexión sobre la naturaleza de esos grupos.

En efecto, hoy en los estados de Guerrero y Michoacán la presencia de grupos de autodefensa es intensa. En muchos de los casos, se acusa como si fuera lo mismo (y en este error hemos caído todos en algún momento) los grupos de autodefensa que ciertos grupos paramilitares, y como si también éstos fueran un símil de las organizaciones insurgentes. No obstante las diferencias son sensibles y en estas se marca visiblemente la naturaleza de cada uno de esos grupos y el posible origen y finalidades que tienen en el escenario nacional. Sólo por eso, vale la pena diferenciarlos y entenderlos para evitar más confusiones, y hay que poner particular atención en lo que se dice desde los movimientos armados sobre los grupos paramilitares y sobre los grupos de autodefensa.

Sobre esto, Jorge Lofredo, especialista en movimientos armados, hace una lúcida disección de este tema a partir de los mismos datos que ofrecen los movimientos armados, y la perspectiva conceptual de esos distintos grupos que comparten el rasgo de utilizar la vía violenta, pero que disienten profundamente en los objetivos y motivaciones de su actuación.

Sobre esto, Lofredo dice lo siguiente: “Hasta el momento, el Ejército Popular Revolucionario ha sido la única organización que se ha referido al tema de las autodefensas, desde que este fenómeno alcanzó relevancia periodística en los últimos meses. Esta cuestión, además, lleva a considerar dos elementos puntuales: el posicionamiento del grupo armado frente los fenómenos sociales de autodefensa y la fuerza con la que cuenta para manipular, o no, dichos procesos.

“Uno de los temas excluyentes en el discurso de las organizaciones clandestinas armadas mexicanas contemporáneas es el paramilitarismo. Sin excepción, en algún momento todas refirieron a la cuestión y es, además, la descalificación a la que apelan cuando vuelven a aflorar las diferencias entre ellas. En el caso de Guerrero, el ejemplo más reciente data del 2005, cuando distintos grupos —tanto clandestinos como legales— caracterizaron a Tendencia Democrática Revolucionaria como tal cuando se adjudicó la responsabilidad por la eliminación física de Miguel Ángel Mesino Mesino. Desde este estricto ámbito, el sentido que se le imprime al término paramilitar es exclusivamente político: lo de Mesino, denunciaron, ha sido un asesinato perpetrado por un grupo irregular en alianza con sectores del poder estatal, específicamente con el figueroísmo, en tanto que para los responsables del hecho fue un ajusticiamiento.

Siempre desde el relato de las organizaciones armadas, devienen paramilitares aquellos sectores en descomposición o bien grupos seudo revolucionarios que abdican de sus ideales y se vinculan de alguna forma con el Estado. Recientemente el EPR hizo puntual referencia al fenómeno y dijo al respecto que “aquí [en Guerrero] como en otros estados donde irrumpió públicamente nuestro partido y ejército, el PDPR-EPR en 1996, se implementó una intensa campaña de contrainsurgencia desplegada en varios frentes, a través de los programas gubernamentales, por medio de la infiltración y cooptación de los militantes y combatientes de nuestro partido y ejército, con el paramilitarismo vía el narcotráfico, en fin, por todos los medios, con el propósito de restarle base social y política al movimiento armado revolucionario como primer paso para poder aniquilarlo, en palabras de ellos se trataba de ‘quitarle el agua al pez donde se mueve’.” La lectura de este párrafo muestra a las claras que, para el EPR, el paramilitarismo es un fenómeno íntimamente vinculado al desarrollo de una guerra de baja intensidad contra la insurgencia.”

INDISPENSABLE, DIFERENCIARLOS

¿Qué intenta explicar, y lo logra con gran exactitud, Jorge Lofredo? Que mientras los grupos insurgentes tienen motivaciones políticas que buscan reivindicar a través de la vía armada, los grupos paramilitares son sectores de los grupos armados infiltrados y/o cooptados por el Estado, que realizan acciones armadas a cambio de algún beneficio económico o de otra índole, pero sin que esto tenga que ver con fines políticos y que, al contrario, lo que busca es enfrentar a la insurgencia y destruirla desde su base.

Luego de dejar claros esos puntos, Lofredo continúa diciendo: “Una variación sobre el mismo tema es la diferencia entre autodefensa y autodefensa armada que propone la organización clandestina. Según el EPR, el punto fundamental es si la iniciativa es espontánea —vulnerable a instancias gubernamentales— o bajo la dirección del partido revolucionario, como propone…” Y citando al propio EPR, sostiene: “dos son las expresiones fundamentales de las policías, guardias o rondas comunitarias, una obedece a la lógica de la institucionalización del paramilitarismo y la militarización, otra un genuino esfuerzo y manifestación del hartazgo social, pero que por el contexto de violencia y terrorismo de Estado disfrazado de ‘delincuencia’ está siendo arrastrada al espontaneísmo que finalmente conduce a la lógica del paramilitarismo institucional.”

¿RIESGO POR CASUALIDAD?

Lofredo se pregunta al final: Si los grupos de autodefensa no pertenecen a las organizaciones armadas ni tienen relación con ella (y la guerrilla tampoco tiene tanta influencia como para incidir en esos grupos que existen por decenas en Guerrero y Michoacán) ¿entonces es espontáneo el riesgo que tomaron? La respuesta parece en sentido negativo, y más bien apunta al hecho de que los grupos de autodefensa han tratado de parecerse a las organizaciones insurgentes aunque en realidad no guardan ninguna relación. Más bien, lo que buscan es engañar y justificar con temas “sociales” otras motivaciones más cercanas a la de los grupos paramilitares que actúan por dinero.

+ Se institucionaliza la “no propuesta”

El sábado iniciaron las campañas para la renovación del Congreso local, y preocupa que ninguno de los candidatos, ninguno, de ningún partido, dé muestras de tener por lo menos una noción general de las funciones que realiza un diputado, y de los enormes problemas que tiene actualmente el Poder Legislativo en Oaxaca. En esas condiciones —en las que triunfa el proselitismo sobre la propuesta, y la improvisación sobre la preparación de los temas sustantivos— no esperemos mucho de los hombres y mujeres que aspiran a ser legisladores locales.

En efecto, hoy lunes podremos ya ver con más claridad cómo toda la entidad oaxaqueña se llena de propaganda electoral. Pues según la ley electoral, desde hace dos días tienen autorizado a realizar proselitismo electoral todos aquellos que fueron registrados por los partidos para contender por las diputaciones locales. Así que desde hoy veremos cómo de nuevo somos engañados y encandilados con un montón de propuestas y argumentos, dichos de viva voz de los candidatos, que poco o nada tiene que ver con lo que hace un diputado. Veamos si no.

La función primordial de un diputado, consiste en dictar leyes que contribuyan al buen gobierno de la entidad —en la amplísima dimensión que eso conlleva— y, como lo señala el propio artículo 59 de la Constitución del Estado, “interpretarlas, aclararlas en el ámbito de sus funciones, reformarlas, derogarlas y abrogarlas”. Esto es, legislar.

Pero además tienen otras funciones importantísimas, relacionadas con la vigilancia del gasto y la función pública, la integración del Poder Judicial, el funcionamiento de los órganos autónomos, la actuación de los integrantes de los Ayuntamientos, y otras tantas de las que se encuentran enumeradas en las Constituciones local y federal, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y otras tantas que les reconocen facultades y responsabilidades al Congreso del Estado.

Sin embargo, ¿qué dicen sobre eso los señores candidatos a esos cargos de elección popular? Dicen absolutamente nada. Y es que es evidente que la idea de que una diputación es un premio a la lealtad partidaria o a cierto grupo o fuerza política, y que además es una beca de primer nivel durante tres años, en los que existen privilegios pero no responsabilidades ni metas por cumplir, ha permeado profundamente en la idea de los partidos, de sus dirigentes y de las mismas personas que pretenden llegar al Congreso local. Por eso, la falta de propuestas, y el desinterés por abordar temas no de coyuntura, que permitan mejorar el andamiaje jurídico o el funcionamiento del sector público de la entidad, son la constante entre quienes aspiran a cargo de elección popular.

Eso explica que los candidatos a diputados, e incluso ya estando en el cargo, los legisladores se vayan por lo fatuo. De ahí que, en campaña, pretenden ganar el voto con la dádiva al elector (práctica de la que nosotros mismos los ciudadanos somos corresponsables), o con un montón de propuestas (gestión de recursos, realización de obras, inclusión en los programas de apoyo social, atención del gobierno, etcétera) que esencialmente no tienen que ver con la función de un diputado.

Eso, es cierto, les sirve para ganar el voto. Pero pensar en reducir la figura del legislador a la de un simple gestor de beneficios y obras, es tanto como contribuir voluntariamente a desgastar una figura que no sirve ni fue creada para eso, y además es algo así como perpetuar la creencia de que aquí el gobierno sólo atiende a través de la influencia política de la gente influyente. Y no, en el último de los casos, aquí no estamos a favor de que no hagan esas gestiones. Pero lo que sí rechazamos, es el hecho de que esa, la gestión, sea convertida en el centro de la labor legislativa. Eso es terrible.

¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE?

Sin embargo, habría que ver, con serenidad, quién o quiénes son los responsables de esto. Porque, aludiendo al refrán, no tiene la culpa el ignorante, sino quien lo hace candidato. Es decir, que en este caso no es sólo responsable quien acepta una candidatura sin saber —ni tener interés en aprender— las funciones que desde él se realizan. También, esa irresponsabilidad recae en quienes, a sabiendas de la importancia que tienen los cargos de elección popular, siguen alimentando la creencia de que las candidaturas son premios para quienes pertenecen a cierto grupo o tuvieron lealtad, vocación de servicio —o hasta servilismo— con el partido o sus dirigentes.

Si esto de por sí ahonda este grave problema, hasta ahora negado por todos los involucrados, todo se termina de descomponer cuando desde los mismos partidos se establece que sus candidatos no deben realizar ningún tipo de trabajo, plan o diagnóstico previo sobre el trabajo que realizarán si ganan la elección. Los propios partidos y sus dirigentes se adhieren a ese viejo maniqueísmo de que “será en la campaña” donde se escuche el sentir y las necesidades de la ciudadanía, y que el trabajo de los diputados tendrá que basarse en eso.

¿Qué sentir y qué problemas? Son los que todos conocemos: que aquí falta seguridad pública, que falta agua potable, que urgen mejores servicios de salud, de educación; que falta estímulo al empleo, que el dinero no alcanza; que hacen falta más escuelas y que haya clases; que todos queremos que haya justicia y respeto a los derechos humanos… en fin, un conjunto de necesidades obvias pero que en realidad nada tienen que ver con lo que hace un diputado.

Y es que los diputados están para hacer leyes, pero no para resolver directamente esos problemas que, más bien, son competencia de los presidentes municipales, de los gobiernos estatales y del federal, que luego resulta que se ponen a prometer que harán mejores leyes y que solventarán las lagunas jurídicas que generan la impunidad, la corrupción y las fallas de fondo por las que existen todos los problemas por los que se queja la ciudadanía.

PRODUCTIVIDAD

Como a los diputados lo que menos les conviene es que su improductividad sea medible, en el Congreso local es un verdadero laberinto enterarse de las actividades, de las iniciativas, del trabajo en comisiones, de las asistencias, de las propuestas y del sentido de los votos de los diputados. La página web del Congreso es un ejemplo de opacidad y ocultamiento de información sobre la actividad de los Legisladores. Por eso, si no tienen proyecto y no podemos enterarnos de lo que hacen, entonces ellos sí tienen una beca cara con cargo al erario. Algo inaceptable, pero que ahí sigue, a la vista de todos.

+ El paro no es opción; incidir en la discusión, sí

El estruendo por la detención de varios profesores acusados de tener relación con una banda de secuestradores, momentáneamente desvió la atención del tema principal que inunda la relación magisterio-gobierno, y que es el relativo a qué debe hacerse frente a la reforma constitucional en materia educativa, que en febrero pasado aprobó el Congreso de la Unión y la mayoría de las Legislaturas locales. No se debe perder de vista que mantener el equilibrio en Oaxaca pasa por continuar caminando, gobierno y magisterio, por la ruta de seguir insistiendo en una propuesta viable para la legislación secundaria. Fuera de los radicalismos de uno y otro sector, esa es la única ruta posible.

En efecto, el gobierno federal y el magisterio disidente hasta hoy han actuado en línea natural de defender sus proyectos e intereses. De eso se desprende que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto haya decidido usar todo el poder político del inicio del sexenio para impulsar una reforma educativa de gran calado, sin que ésta pasara por el consenso del magisterio oaxaqueño o de cualquier otra entidad del país. El gobierno federal envió su iniciativa al Congreso sin preguntar a nadie, la cual fue aprobada prácticamente sin cambios por el Poder Legislativo, y respaldada por la mayoría de las legislaturas locales, no por su contenido, sino por no contravenir al Presidente o a su partido.

El magisterio disidente ha venido actuando en esa misma lógica: ellos desde un principio se opusieron al contenido de la reforma educativa, y prácticamente sin conocerlo decidieron combatirlo. De nuevo, los profesores democráticos no le preguntaron a la ciudadanía, a los padres de familia o a los alumnos qué opinaban sobre la nueva legislación en esa materia, y se lanzaron no a proponer, sino simplemente a decir “no” a la reforma educativa, y a tratar de combatirla por la vía de las manifestaciones, del paro de labores, de las calles y de las protestas.

Lo cierto es que hoy las cosas continúan estando tal cual, en medio de un escenario en el que no hay posibilidades de acuerdo. El gobierno federal ha continuado usando su fuerza política para sacar adelante otras iniciativas de reforma constitucional, aunque aún no ha entrado a la confección de la legislación secundaria en materia educativa. Y la disidencia magisterial ha venido protestando aunque en los hechos no ha alcanzado a construir una propuesta real que refleje sus preocupaciones y que al mismo tiempo brinde salidas alternativas, y posibles, al contenido constitucional.

En este sentido, el peor escenario que puede darse es que las posiciones continúen estando distantes como hasta ahora. El gobierno federal tiene la gran ventaja de no contar entre sus adversarios al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que luego de la detención de la profesora Elba Esther Gordillo, se quedó desarticulado y sin un posicionamiento firme respecto a las maniobras del gobierno federal. El SNTE es hoy un aliado silencioso y reducido del gobierno federal. Éste, es cierto, tiene aliados. Pero esos aliados no son todo lo que necesita para poder seguir adelante sin provocar conflictos.

Y es que, ante los hechos, hoy la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE, está tomando el sitio combativo que siempre le regateó el magisterio moderado. Pero lo está haciendo a partir de las posiciones radicales que históricamente lo han caracterizado. La diferencia entre entonces y ahora, radica en que si hoy la CNTE pretende encabezar la disidencia en la reforma educativa debe hacerlo con propuestas e iniciativas viables, y no con marchas. La movilización puede llevarlas a la presión. Pero las propuestas alternativas son las que le darán visión y beneficios de largo alcance a la oposición que encabeza.

En esas condiciones, queda claro que el primer gran reto que tiene el magisterio democrático es asumir esa situación y corregir el rumbo de sus movilizaciones para dar paso a una forma más moderada y civilizada de oponerse. Si no logra nada en las mesas donde se discutirá la legislación secundaria que reglamentará la reforma al artículo tercero, entonces ni con todas las marchas podrá revertir el resultado adverso que le será natural.

EL CAMINO DE LAS PROPUESTAS

El único estado de la República que ha presentado una propuesta de legislación secundaria federal en materia educativa, es Oaxaca. Esta iniciativa, que la presentó el gobernador Gabino Cué hace algunas semanas, constituyó un primer intento por aportar algo en el ámbito de las propuestas. Aunque el magisterio de la Sección 22 no se apegó (por un radicalismo) a la propuesta, fueron ellos mismos quienes ayudaron a construirla. Y aunque no le dieron mayor relevancia, lo cierto es que todas las fracciones parlamentarias tanto de la Cámara de Diputados, como del Senado de la República, aplaudieron la propuesta del gobierno oaxaqueño e incluso la calificación como “de avanzada”.

Esa es la única ruta posible. Y es que no se trata de que el magisterio de Oaxaca, o de cualquier otra entidad del país, se adhiera a la propuesta de reforma a la legislación secundaria en materia educativa presentada por el gobierno de Gabino Cué, sino al hecho de que las demás secciones magisteriales, y gobiernos, y todos los involucrados, comiencen a dejar atrás los radicalismos y las posiciones irreconciliables, y comiencen a pensar en lo necesarias que son en estos momentos las propuestas posibles.

De nada va a servir lo que ha ganado el CNTE (reconocimiento del gobierno federal para dialogar, principalmente) si en el momento de las definiciones, no tiene la capacidad para clarificar cuáles son sus necesidades y qué es lo que quiere ver plasmado en la ley. En el sentido contrario: si el gobierno federal realiza su propia reforma a la legislación secundaria e ignora por completo a su disidencia, estará resolviendo un problema legal pero no estará haciendo lo mismo con la disidencia que se creó a partir de la reforma constitucional.

ACELERAR EL PASO

El plazo para discutir y aprobar las reformas a la legislación secundaria en materia educativa vence en agosto próximo. Por eso el paso para enunciar las propuestas debe acelerarse y las mismas secciones magisteriales deben comenzar a pensar en dejar las calles e involucrarse en la construcción de sus propuestas, las que sean, para después pedir interlocución y espacios en la construcción de la reforma final. Ese es el único camino posible. Quién sabe si los radicalismos permitan que eso ocurra.

+Detenidos, con garantías pero no con impunidad

Si la Sección 22 del SNTE quisiera defender a sus agremiados, debe hacerlo pero dentro del delicado equilibrio de la constitucionalidad. Sí, porque al margen de la responsabilidad de quienes se encuentran presuntamente implicados en un secuestro, lo cierto es que esas son personas con garantías mínimas que deben ser respetadas. Y si el magisterio no quiere dejar solos a sus compañeros aún frente a su responsabilidad, lo que debe hacer es exigir que ese conjunto de garantías se cumplan, e incluso pedir y acompañar a una defensa legal adecuada. Si eso haría cualquier persona por un pariente cercano aún siendo un delincuente, eso es lo que inteligentemente debía hacer la Sección 22.

En efecto, desde el pasado sábado han ocurrido diversas manifestaciones de sectores magisteriales, en defensa de los cuatro profesores que fueron detenidos como probables participantes del delito de secuestro de dos menores integrantes de una conocida familia de la capital oaxaqueña.

Aunque hasta el momento no ha habido un posicionamiento formal de la dirigencia de la Sección 22 respecto a si incluirá dentro de su pliego político la defensa de esos agremiados, los sectores más radicales sí se han pronunciado por la defensa a ultranza de los implicados en el secuestro. Esto abre un escenario doble: porque por un lado, los grupos moderados no se han posicionado; pero por el otro, los radicales quisieran verlos fuera de prisión argumentando persecución política, y libres de toda acusación por el solo hecho de ser maestros.

¿Qué debieran hacer en medio de esas dos posturas? Lo que deberían, es exigir justicia. Sí, tan simple como eso. Porque pedir justicia implica no pedir impunidad, sino vigilar que el proceso se lleve a cabo conforme a derecho, además de exigir justicia a partir de un juicio justo, proveyendo una defensa bien articulada y capaz de salvaguardar los intereses de los indiciados, y velando porque los derechos humanos no sean trastocados en el intento por mantenerlos en prisión. Eso haría cualquier persona por otra a la que intenta defender, no importando si es responsable o no.

Ese es el camino más adecuado. El magisterio bien podría vigilar que el proceso judicial que se le seguirá a los presuntos secuestradores, se lleve con siguiendo con pulcritud los principios constitucionales. En ese sentido, la defensa que han dado de integrantes de su movimiento, ha demostrado ser eficaz cuando en otros tiempos lograron la excarcelación de personas a las que el mismo Estado había puesto en prisión como chivos expiatorios.

Si su propósito fuera defender a los secuestradores, la Sección 22 debía nutrirse de la experiencia de quienes lograron la exoneración de personas como Juan Manuel Martínez Moreno, acusado de disparar en contra del cámara estadounidense Brad Will en octubre de 2006, o de quienes desde el movimiento popular defendieron con éxito, hasta demostrar plenamente su inocencia, a las personas a las que se les había acusado de un montón de delitos —esos sí— relacionados con la criminalización de la protesta social.

Ese sería el camino eficaz y claro de un gremio comprometido con sus integrantes en un sentido civilizado. De hecho, una defensa de ese tipo encuentra una explicación, e incluso excusas lógicas, a partir de que el magisterio lo hace por un sentido de solidaridad, de fraternidad y de ayuda a quienes siendo parte de su gremio, cometieron errores tipificados como delitos. Eso, además, es muy distinto que llevar a las calles y a los pliegos políticos la defensa de esas personas que, como quiera que sea, fueron detenidas en medio de una investigación federal relacionada con un secuestro.

REBAJAR LA PROTESTA SOCIAL

Por el propio bien de los grupos disidentes, de la legitimidad del derecho a la libre manifestación, e incluso del respaldo social que en específico tiene la Sección 22 entre la ciudadanía, nadie debe permitir que la detención de los presuntos profesores secuestradores se politice, se lleve a las mesas de negociación y sea factor de enrarecimiento de las relaciones políticas entre el magisterio y el gobierno estatal y federal. El asunto va más allá de la sola amenaza del paro indefinido de labores o de los problemas que eso pueda ocasionar en el corto plazo. Lo aceptemos o no, es una especie de problema “democrático” que debemos evitar. ¿Por qué?

Porque como quiera que sea, la protesta social es una vía de escape y de expresión de la inconformidad que tiene la sociedad. Estemos o no de acuerdo con ciertas expresiones, lo cierto es que todos tenemos derecho a manifestarnos, a expresar nuestras inquietudes y nuestros desacuerdos, y a tratar de que la autoridad cumpla lo que nosotros mismos le exigimos. Ese derecho, incluso, se encuentra garantizado por la Constitución de la República, estableciendo que el único límite es el ataque a la moral, a la paz pública, al Estado o a terceros.

¿Qué pasa si ese derecho a la protesta lo utilizamos para defender delincuentes? Pasará que, posiblemente, en el corto plazo podamos cumplir nuestro objetivo. Pero en el mediano y largo plazo lo que haremos será dinamitar la legitimidad y el sentido de utilidad y de necesaria presencia de ese derecho. Si ese derecho a la protesta se utiliza para defender a presos argumentando que se encuentran en esa situación por cuestiones políticas, se hace valer buscando el respaldo de la sociedad, y que sea la presión ciudadana la que obligue a la autoridad a cumplir la ley.

Pero, en contraparte, ¿cómo se haría para defender delincuentes como, en este caso, los acusados de secuestro? Esto no tendría ninguna base social ni respaldo ni legitimidad. Intentarlo no sólo pondría en una situación inaceptable al magisterio, sino que minaría profundamente la autoridad y calidad moral de quienes disienten, quienes protestan y quienes ganan la calle en pro de causas justas. Pues esa sería la causa más injusta y más impropia jamás defendida.

DE DOS PARTIDOS

Uno de los hijos del ex edil priista de la capital, Jesús Ángel Díaz Ortega, ha manifestado su deseo de ser regidor. De inmediato, desde las redes sociales surgió un fuerte golpeteo en su contra esencialmente en tres aspectos: 1. Que no cuenta con un solo mérito real dentro del partido por el que aspira. 2. Que es hijo del Edil de triste memoria que salió huyendo cuando el conflicto del 2006 y que después dejó la alcaldía por la puerta de atrás; y, 3. Que en la capital poblana apoyó al candidato a edil del PAN que fue derrotado por Enrique Doger. ¿Mienten los que lo acusan?

+ Causas cuestionadas, pero esta es indefendible

A la memoria de mi Padre, don Ismael Humberto

Ortiz Romero, a 13 años de su fallecimiento.

La captura de tres profesores integrantes de la Sección 22 del SNTE como probables partícipes del secuestro de dos menores en la capital oaxaqueña, no debe poner en riesgo ni la estabilidad social en la entidad, y mucho menos la relación entre el magisterio democrático y el Gobierno de Oaxaca. El contexto de esos hechos, y de la relación gobierno-Sección 22 hablan por sí mismos.

En efecto, como lo comentábamos ayer en este mismo espacio, desde la tarde del pasado sábado, integrantes de la Sección 22 bloquearon su edificio sindical por varias horas, demandando la búsqueda y presentación con vida de tres de sus integrantes que, a decir de ellos, se encontraban desaparecidos. Los inconformes eran encabezados por Gustavo López, dirigente del Frente de Izquierda Revolucionaria, y los “extraviados” eran Sara Altamirano, candidata a la alcaldía de Jalapa del Marqués; Mario Olivera, secretario particular del director de Educación Primaria del IEEPO y Lauro Atilano Grijalva, dirigente del FACMEO.

La sorpresa —apuntábamos ayer— es que esos tres nombres aparecían en un comunicado oficial sobre un grupo de detenidos, en el que la Secretaría de Gobernación del gobierno federal informaba de la desarticulación de una peligrosa banda de secuestradores que tuvo cautivos a dos menores hijos de una conocida familia oaxaqueña desde enero pasado, y que operaba en Oaxaca y en la capital del país. Cuando eso se dio a conocer, de inmediato comenzaron las especulaciones sobre la postura que tomaría la Sección 22 y sobre el posible vuelco que podría tener la relación gobierno-magisterio a partir de esos hechos. Es necesario hacer varios apuntes al respecto.

1. A Gustavo López, Mario Olivera, Lauro Atilano y Sara Castellanos los detuvo la Policía Federal en flagrancia. Es decir, en el contexto de una investigación federal en la que, ahí mismo, se rescató a los dos menores que se encontraban privados de su libertad.
2. De eso se desprende que a los profesores no se les impute ningún delito “político” (es decir, relacionado con su actividad sindical o con las acciones de protesta que recurrentemente despliega la Sección 22, los cuales pueden llegar a ser tipificadas como delitos de motín, sedición o rebelión) y que por tanto esas detenciones nada tienen que ver con temas sindicales. Más bien, las acusaciones que pesarán sobre ellos son secuestro agravado, delincuencia organizada y las demás que resulten.
3. Es cierto que en los últimos años, la Sección 22 ha defendido, sin importarle la opinión de la ciudadanía, causas rechazadas socialmente como las marchas, los bloqueos, los plantones y los paros indefinidos con tal de conseguir sus objetivos sindicales. Incluso, la 22 no ha tenido reparo en defender a sus presos cuando éstos son capturados por actividades sindicales. En todo eso, aunque la ciudadanía no está de acuerdo, en el fondo lo ha permitido porque tiene que ver con una causa social y de lucha que es la que justamente mantiene vivo al movimiento magisterial. Sin embargo, es necesario distinguir que estos cuatro son presuntos delincuentes en el sentido amplio de la palabra, que fueron detenidos en flagrancia y seguramente con pruebas e investigaciones contundentes. Seguramente, en ese contexto, la Sección 22 tendrá que tomar, a fuerza, a una postura mucho más prudente que ante sus “presos políticos y de conciencia”. Éstos no lo son.
4. Hasta el momento, sólo los grupos más radicales del magisterio son los que han exigido la excarcelación de los detenidos. Sólo a ellos, pero no a todas las bases de la 22 (que ni siquiera se han pronunciado sobre el asunto), les ha interesado salir a dar la cara por los detenidos y son los que han encabezado un par de bloqueos y un par de marchas que, sin embargo, no tendrán ninguna trascendencia ante el aluvión de pruebas e indicios que trae consigo la investigación federal que llevó a la captura de los profesores y el rescate de los menores.

QUE GANE LA PRUDENCIA

5. En este sentido, es necesario resaltar que en las últimas batallas internas de la Sección 22, han ganado los moderados. Éstos son los que, hace apenas unos días, se pronunciaron a favor de no ir al paro indefinido de labores, en un número que casi duplicó a quienes se pronunciaron por estallar las hostilidades desde la semana pasada. Ese triunfo no es producto de la casualidad, sino que habla del entendimiento del nuevo contexto social y político que tienen de sí mismos los trabajadores de la educación en Oaxaca.
6. Producto de esa madurez que parece estar teniendo el magisterio a su interior, la relación de acuerdos entre el gobierno y la Sección 22 parece estar dando frutos específicos. Tan ha sido así que por eso hoy las relaciones son abiertas y conocidas públicamente, y no de negaciones mutuas y de acuerdos discrecionales y clandestinos.
7. Lo más importante que podrá permitir un hecho tan trascendente como éste, es que este puede ser el momento preciso para que la ciudadanía respalde a los grupos moderados del magisterio, que son los que finalmente impedirán que un asunto tan grave sea tomado como bandera de lucha del pleno de la Sección 22, que esto enrarezca la sensible relación entre el gobierno de Oaxaca y el magisterio, y que ello derive en el rompimiento de los acuerdos y equilibrios actuales, en nuevas protestas, y en nuevos quebrantos a la educación de los niños y jóvenes de nuestra entidad.
8. Es cierto que en el Estado de Derecho la ley no se negocia. Pero si la 22 pretende que “rescatar” a sus compañeros detenidos (que ha conseguido cuando por acciones de lucha se encarcela a sus agremiados y logra liberarlos por la presión social), lo único que hará será entrar en un callejón sin salida. Los mexicanos reprobamos, por encima de todo, el delito de secuestro. Si se pudiera, para éste sí la mayoría de razón reactivaría la pena de muerte. ¿La 22 querrá luchar contra ese delito que lastima profundamente a la sociedad mexicana? Sería su Waterloo.

DEFENDER LUCHA SOCIAL

Eso es lo que, en último de los casos, haría la sociedad: defender las luchas y causas sociales del magisterio. No a viles delincuentes. ¿Lo entenderán?

+ Maestros y plagiarios; ¿la 22 los defiende?

El PRI de Oaxaca vive nuevos tiempos, en los que la hegemonía del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz quedó prácticamente liquidada. Era claro que ante la pérdida de la gubernatura en 2010 el tricolor necesitaría nuevos liderazgos, basados ya no en el solo poder del Mandatario en turno, sino en la verdadera construcción de nuevas estructuras que permitieran incidir en el PRI a todos los niveles. Eso nunca lo comprendió el ulisismo. Y por eso la noche del pasado jueves quedó constatado que ese partido en Oaxaca ya no está en sus manos.

En efecto, la noche del jueves se dio a conocer la lista definitiva de candidatos del PRI a las diputaciones por la vía de la representación proporcional. Esa lista estuvo llena de sorpresas, no sólo porque en ella fueron borrados nombres que se veían como seguros dentro de la lista y porque aparecieron otros que nunca habían figurado, sino sobre todo porque en ese conjunto de candidatos quedó claro que hoy, ni todo el peso político del ex gobernador Ruiz fue capaz de mantener a sus personas leales en los cargos legislativos. Esa fue una medición de fuerzas fundamental, que a partir de ahora marcará nuevos derroteros en el priismo oaxaqueño.

Y es que la lista de plurinominales fue resultado de una combinación de fuerzas que, al parecer, se alinearon para marginar al ex gobernador Ruiz. Acaso las únicas dos posiciones seguras eran la de Juan José Moreno Sada y Alejandro Avilés (en posiciones uno y tres de la lista) por ser delegados con funciones de Presidente y Secretario General del Comité Estatal. Pero queda claro que todas las demás posiciones fueron producto de negociaciones en las que, en ninguna, pudo ganar el grupo de Ruiz. Veamos por qué.

Lilia Mendoza entró en el número dos de la lista no sólo porque fuera una posición del ex gobernador José Murat, sino porque el conjunto de maniobras que permitieron su inclusión tenían como objetivo descarrilar la candidatura de Beatriz Rodríguez Casasnovas. Ésta, que ya se sentía segura diputada, no pudo ser sostenida por su mentor, el ex gobernador Ruiz. La cuarta posición fue cedida, en una hábil maniobra, al Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, que tiene gran cercanía con el ex gobernador Murat, y que finalmente habría de respaldarlo en la medición de fuerzas con su sucesor (Ruiz) en el Gobierno de Oaxaca.

La quinta posición fue, también sorpresivamente, para el ex senador Adolfo Toledo. En el caso de él, por su cercanía con Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la fracción priista en la cámara baja, hace unos meses fue designado director del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados.  Y en este caso, entró a las plurinominales locales a través de la llamada “cuota campesina”.

Quién sabe si el dirigente nacional de la CNC, el senador Gerardo Sánchez García, lo empujó con toda la fuerza del sector para ayudarlo, para resarcirlo en el acuerdo no cumplido de que Toledo sería diputado federal plurinominal en la presente Legislatura a cambio de declinar a su favor cuando compitió por la dirigencia nacional de la CNC, o simplemente para que dejara libre el nada despreciable cargo que hoy ostenta en el Congreso federal.

En la sexta posición finalmente fue incluida María del Carmen Ricárdez Vela. Sobre esta posición no parece haber tantos entuertos. Pues en realidad, lo que ocurrió es que cuando se tomó el acuerdo de eliminar de la lista a la regidora Rodríguez Casasnovas y subir a Lilia Mendoza de la posición sexta en que se encontraba a la segunda, también se recorrió el nombre de Ricárdez, que sí se encontraba en la lista pero en uno de los espacios sin posibilidades de acceder a una curul.

Finalmente, en el número siete quedó ubicado Jorge Abraham González Illescas, que es el único cuadro de la juventud priista que aparece bien ubicado en la lista, que es además el último de los que sí tiene posibilidades de llegar al Congreso, y que fue tomado en cuenta en medio de los interminables jaloneos por la ubicación de las posiciones en la lista de los plurinominales.

ULISISMO, LIQUIDADO

¿Qué queda de todo esto? Que el grupo del ex gobernador Ruiz está liquidado. No fue capaz de sostener su intención de que José Escobar fuera candidato a alcalde por la capital oaxaqueña. Tampoco fue capaz de sostener el espacio en la lista de plurinominales para José Luis Calvo Ziga, que también intentó negociar. No tuvo fuerza para mantener en la lista a Rodríguez. E incluso su margen de maniobra en la incidencia para el nombramiento de delegados federales, hoy se ve más disminuido de lo que ya estaba hasta la semana anterior.

¿Qué resta ver? Lo único son las traiciones. Sí, porque a partir de ahora los poquísimos espacios que quedan en el ámbito político estarán en manos de otras fuerzas que no son las ulisistas. En ese sentido, no parece faltar mucho tiempo antes de que, al considerar las condiciones, Avilés comience a cuestionar el liderazgo para el que ha servido, y comience a buscar cobijo en los grupos que ahora tienen el control del partido.

Algo parecido ocurrirá cuando, sobre la marcha, comiencen a operar los pocos operadores del ulisismo que podrían llegar a espacios negociados en alcaldías o diputaciones locales. Si ellos, en sus tiempos de bonanza, estaban acostumbrados a comprar a sus adversarios, ¿cuánto tiempo restará antes de que alguien, por el solo hecho de constatar lo disminuido de su fuerza, intente poner a prueba la endeble lealtad al grupo, a través de alimentar la codicia que siempre los ha caracterizado? Muy poco. Sólo es cosa de esperar.

PROFESORES SECUESTRADORES

El sábado, integrantes de la Sección 22 bloquearon su edificio sindical por varias horas, demandando la búsqueda y presentación de tres de sus integrantes que, a decir de ellos, estaban desaparecidos. Los inconformes eran encabezados por Gustavo López, dirigente del Frente de Izquierda Revolucionaria. Los “extraviados” eran Sara Altamirano, candidata a la alcaldía de Jalapa del Marqués; Mario Olivera, secretario particular del director de Educación Primaria del IEEPO y Lauro Atilano Grijalva, dirigente del FACMEO. La sorpresa es que esos tres nombres aparecen en un comunicado oficial, en el que la Secretaría de Gobernación informa de la desarticulación de una banda de secuestradores que tuvo cautivos a dos menores, hijos de una conocida familia oaxaqueña, desde enero pasado. ¿Casualidad? ¿Actividades “extra laborales”? ¿Defenderá a sus “angelitos” la Sección 22 del SNTE?

+ Pugnas, por el control, no por legalidad

En Oaxaca, las pugnas al interior de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Cotaipo), son directamente proporcionales a la falta de legitimidad y la inoperancia que ha demostrado la nueva integración de ese órgano autónomo. Hoy, a menos de seis meses de gestión, los conflictos internos son evidentes, pero lo es más la debilidad profesional y política de todos los que protagonizan la trifulca.

En efecto, la Cotaipo inició sus actividades en diciembre pasado, cuando fueron electos como consejeros Gema Sheyla Ramírez Ricárdez, Esteban López José y Eréndira Fuentes Robles. Sólo que detrás de esos nombramientos, hubo un desaseado proceso de reparto entre las principales fracciones legislativas, quienes no sólo tomaron el control del Consejo General de la Comisión, sino también de la estructura administrativa. A los diputados no les importó que ninguno de ellos cumpliera con los parámetros que establece la Constitución local para estar en posibilidades de ser electos, y que los principios de idoneidad, experiencia y honorabilidad, así como de pluralidad, paridad de género, apartidismo y no discriminación, no se cumplieran.

Hoy esas deficiencias son visibles: la Cotaipo inició sus labores de forma meramente inercial, pero sin tener claro sus integrantes cuáles serían sus metas, sin contar con un proyecto concreto para dar un funcionamiento de avanzada a la nueva Comisión, y sin tener nociones sobre cuáles eran las necesidades de transparencia en la —se supone— “segunda época” de un órgano garante del derecho de acceso a la información.

Una razón básica para tanta inoperancia puede verse en el hecho de que, aún cuando la Ley de Acceso a la Información establece como requisito básico para ser integrante del Consejo General, que la persona demuestre haberse desempeñado en actividades profesionales, de servicio público o académicas, relacionadas con las materias relacionadas, esto en realidad no ocurre. Veamos por qué.

Esteban López José, el consejero Presidente, no es experto en las materias relacionadas con la Cotaipo, y ni siquiera demuestra tener conocimientos generales sobre esos temas. Según la versión pública curricular que de él se ofrece en la página web de la Cotaipo, es Contador Público y cuenta con una maestría en Impuestos. Nada de esto es en sí mismo desdeñable. Pero es claro que esas materias nada, nada, tienen que ver con la transparencia.

Lo mismo ocurre con Eréndira Fuentes Robles. Ella es Licenciada en Derecho y maestra en Derecho Privado. Su currículum indica que tiene más experiencia en temas relacionados con la terapia y las constelaciones familiares, que con la transparencia. Acaso dice tener un diplomado en temas relacionados. Pero miente, al igual que López José, cuando asegura que una de sus áreas de conocimiento es el derecho de acceso a la información.

Algo similar ocurre, para variar, con Ramírez Ricárdez. Ella es también licenciada en Derecho, y dice haber cursado una maestría en Derecho Privado. Pero nada más. Para variar, también miente cuando dice que una de sus áreas de conocimiento es el derecho de acceso a la información, porque ni tiene obra publicada, ni tiene estudios específicos en la materia, ni demuestra experiencia o conocimientos prácticos, defendibles, en esa materia.

Fuera de ellos, toda la integración de la Cotaipo está asignada por cuotas a las fracciones legislativas. Del solo directorio, se desprende que gran parte de la estructura administrativa fue impuesta desde el Congreso. Y por si ello fuera poco, el Consejo Consultivo —un órgano de adorno— también está lleno de asesores de actuales diputados, que por ese solo hecho fueron incluidos, y que saben de todo menos de una materia tan novedosa y especializada como el derecho de acceso a la información.

UNA BURLA

Sí, es una burla que los integrantes del Consejo Consultivo digan que van por la cabeza de Ramírez. Si fueran honestos y de verdad congruentes, deberían ir por los tres integrantes del Consejo General de la Cotaipo. Razones para eso hay de sobra. Pero ellos actúan en base a un interés faccioso y para atender las necesidades del panista Esteban López José. Veamos por qué.

Los consejeros ciudadanos Juan Iván Miguel, Alejandro Cruz Pimentel, Manuel Victoria, y Claudia Suárez, justificaron que como parte de un “ejercicio de auditoría social” que realizan, encontraron diversas inconsistencias en la elección de Ramírez, y dicen además que basan su demanda de Juicio Político en el hecho de que la Consejera no demostró tener conocimientos relacionados con el derecho de acceso a la información.

En lo primero posiblemente tengan razón. Y es que la Corte ha establecido que cuando existen derechos y deberes recíprocos entre empleado y empleador, la sola renuncia al cargo no es suficiente, sino que es necesario que haya aceptación expresa de la solicitud de separación del cargo. Si ese criterio llegara a aplicarse, entonces Ramírez no estaría separada de su cargo de suplente de Consejero Electoral… aunque en los hechos una suplencia y nada, son exactamente lo mismo.

Pero en lo segundo, los “consejeros ciudadanos” intentan hacerse pasar por “congruentes” ante la ciudadanía, pero en realidad no hacen más que servir de comparsa a López José. Y es que Ramírez Ricárdez y Fuentes Robles no sirven a los intereses del Consejero Presidente. Por eso, valiéndose de las ventajas de ser el titular de la Cotaipo, López echó por delante al Consejo Ciudadano para que ellos torpedeen a las Consejeras e intenten quitarlas de la Comisión.

TODOS MAL

Por eso hoy van contra Gema Sheyla argumentando que no cumple con el requisito de especialización que exigía la convocatoria. El problema es que si la demanda de Juicio Político procediera, y por esa razón le revocaran el cargo a ella, los diputados tendrían también que hacer lo mismo con López José y con Fuentes Robles, porque ninguno de los tres puede demostrar conocimientos académicos relacionados con la transparencia, y por eso no son idóneos para esos cargos. Además, López José es militante activo del PAN, y por eso incumple con el principio de apartidismo que también establece la Constitución. Al final, esta es una pugna estéril que, por eso mismo, cancela la posibilidad de un funcionamiento de avanzada del órgano de transparencia, y revela el bajísimo nivel y las nulas expectativas de que quienes la integran hagan algo productivo por el derecho de acceso a la información.

+ El boicot, fraguado por sus militantes

Movimiento Ciudadano en Oaxaca es un raro ejemplo de cómo un partido político puede ir de más a menos en tiempo récord, y de cómo, en él, no hubo sustancia más corrosiva que el poder y las disputas feroces entre sus mismos militantes. Hoy, ese no es el partido del Gobernador; tampoco es uno de los partidos en el poder en la entidad, e incluso está lejos de ser una fuerza importante en el panorama político estatal. Todo eso, gracias no a fuerzas externas, sino a sus propios militantes.

En efecto, Movimiento Ciudadano nació, como Convergencia por la Democracia, hace poco más de una década en Oaxaca. Su primera batalla formal se dio por la alcaldía citadina cuando todos los espacios del poder eran ocupados por el grupo de quien entonces gobernaba la entidad bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional.

En ese escenario, el llamado Grupo Oaxaca fue uno de los principales desplazados. Y por eso buscaron cobijo en una fuerza política incipiente, pero ya con posibilidad de postular candidatos a cargos públicos. A partir de las diferencias entre el Grupo Oaxaca y el entonces Gobernador, surgió la figura de Gabino Cué, que bajo las siglas de Convergencia ganó como oposición el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez.

Desde entonces, a nivel nacional Convergencia tuvo un bastión importante en Oaxaca. La Verde Antequera fue una de las primeras ciudades importantes que consiguió gobernar ese partido. Y luego, desde esas filas salió Cué a participar en 2004 por la gubernatura del Estado, obteniendo resultados nunca antes vistos para la oposición en la entidad. Dos años después, en 2006, Cué llegó al Senado de la República nuevamente desde la militancia de Convergencia y arropado por la coalición nacional de partidos de izquierda.

Desde años antes, otro oaxaqueño, Jesús Martínez Álvarez, había también renunciado al PRI y se había incorporado a Convergencia en calidad de secretario General de su Comité Ejecutivo Nacional; en la LIX Legislatura fue diputado federal bajo las siglas de ese partido, y por su doble calidad fungió como coordinador de la fracción parlamentaria del partido naranja en la cámara baja. Martínez, ciertamente, tomó distancia del PC. Pero lo cierto es que nunca renunció a la militancia en ese partido.

Todo eso daba cuenta, pues, de que Convergencia era un partido fuerte en Oaxaca. En 2010, cuando Cué ganó la gubernatura, se asumió que ésta era la primera gubernatura que ganaba Convergencia en el país. Y cuando se suponía que ese partido tenía todo para consolidarse como fuerza política y como fuente de poder en la entidad, resultó que dentro de ese partido comenzó una crisis prolongada que finalmente llevó fuera a prácticamente toda su militancia para dar paso a “nuevos” cuadros que son los que ahora están terminando de dar la idea de que ese partido ya no es el del Gobernador ni el del poder en la entidad. ¿Qué pasó?

Pasó que una vez que llegaron al poder, nadie se interesó en fortalecer a Convergencia. El gabinete se confeccionó de tal forma que los espacios fueron repartidos en función del aporte de cada partido a la coalición que los llevó al poder. En esa lógica, tuvo más peso el PAN o el PRD en el otorgamiento de los espacios, aunque Convergencia, o Movimiento Ciudadano, no podía decir que no se le cedieron posiciones importantes. Pues al margen de los espacios de segundo nivel en que se colocó a muchos de sus dirigentes y militantes que habían aportado trabajo político en los tiempos de oposición, al PC se le otorgaron la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, y la otrora poderosa Secretaría General de Gobierno.

Empero, ya en el poder quedó demostrado que los supuestos militantes convergentes no eran tales, ni había sentido de lealtad, de compañerismo, ni de construcción de partido. Si alguien, por ejemplo, torpedeó incansablemente a todas las posiciones de Convergencia en el gobierno, esos fueron nada menos que Jesús Martínez Álvarez y Víctor Hugo Alejo Torres.

Ellos mismos tuvieron posiciones políticas encontradas y hasta tormentosas dentro del gobierno. Luego sufrieron la colonización por parte de los intereses de Benjamín Robles, que primero tomó el control del MC, para luego echar a pelear —a muerte— a los grupos que aún quedaban al interior, y finalmente tomar la decisión de renunciar a su militancia y adherirse al PRD como ciudadano y como Senador.

POR LA PUERTA DE ATRÁS

Lo que quedaba de Convergencia se fue yendo. Grupos como el de la diputada Margarita García, o el del regidor Mario Mendoza, quedaron en la orfandad, luego de su estéril disputa —y posteriores componendas, también inútiles— con el grupo de Saúl Díaz. Hoy, ambos grupos están fuera del MC. Alejo, Martínez Álvarez y demás, tampoco se acuerdan que militan, o militaron, en ese partido.

El común denominador, es que fueron sus propios militantes quienes destruyeron al partido. Por eso, desde la capital del país consideraron que como no hubo ningún  “rendimiento” por haber sido parte de la coalición, por tener posiciones en el gobierno y por no poder construir una militancia activa y unificada, el MC debía ir solo a los comicios y participar con nuevos cuadros. Hoy todos se lamentan porque en el MC se impulsa a personajes que nada tienen que ver con ese partido. Pero nadie reconoce los errores cometidos en los últimos años, incluso ya teniendo a un militante suyo como Gobernador del Estado.

Por eso, en común parece que todos sus militantes se fueron por la puerta de atrás, y que hoy el MC es el mismo partido, pero con una composición que nada tiene que ver con el pasado. Es cierto, sí, que detrás de su nueva integración hay componendas cupulares que apuntan al resurgimiento formal del grupo que gobernó la entidad entre 1998 y 2004. Pero también lo es que si su militancia hubiera cuidado a su partido, nada de esto estaría pasando ahora.

RENUNCIAS

En el estallido del MC como lo conocíamos, han pasado varias cosas: la diputada Margarita García, por ejemplo, se quedó sin militancia y, a menos que se incorporada al gobierno, sin futuro político. Mario Mendoza renunció también al MC pero, dicen, para ir a identificarse con lo peor del priismo a través del grupo del ex gobernador Ulises Ruiz. Todos los demás, saltaron al vacío en la nada política. Y los que aún se encuentran en el gobierno prefieren el bajo perfil para no llamar la atención, y ser “convocados” a que rindan cuentas y presenten su renuncia. Esta es, pues, la devastación del MC… a manos de sus propios militantes.

+ Sección 22: la cuenta regresiva del paro

A partir de la movilización magisterial de este día, 15 de mayo, veremos si la Sección 22 es capaz de controlar sus efervescencias internas o si, por el contrario, el radicalismo desborda el delicado equilibrio que algunos grupos intentan construir para darle viabilidad al movimiento en el mediano plazo. Este es un punto de inflexión importante, debido a que a partir de mañana quedarán superados los acuerdos parciales entre el magisterio y el régimen estatal, pero también porque a partir de ahora el magisterio oaxaqueño comenzará a sentir con fuerza las presiones nacionales para adherirse al paro nacional que ya realiza la CNTE.

En efecto, para entender este asunto es necesario ir por partes. Pues la dinámica de la lucha magisterial no está construida al azar, ni sus decisiones son producto de la espontaneidad o de rebeliones casuísticas de profesores que tienen una nueva conciencia social más a favor de la educación que de la lucha social. Todo es consecuencia de una serie de negociaciones y de factores que confluyen, lo mismo entre los tiempos políticos que en la relación entre el magisterio y los ámbitos estatal y federal de gobierno. Por eso, la resistencia de la 22 a estallar el paro indefinido de labores tiene explicaciones claras, y en esa misma lógica se entiende por qué los principales riesgos para la estabilidad y la educación en Oaxaca comienzan una vez que pase la conmemoración y las movilizaciones alusivas al Día del Maestro.

Vayamos primero al ámbito estatal. Pues en primer término, es necesario distinguir que contrario a lo que pueda suponerse, la dirigencia magisterial no tiene una relación mala o lejana con el Gobierno del Estado. De hecho, esa relación de “cordialidad condicionada” es la que ha permitido ciertos márgenes de diálogo abierto entre el Gobernador y la dirigencia seccional del magisterio oaxaqueño. En toda la administración anterior no hubo encuentros públicos entre el Gobernador y la 22. Pero ahora éstos ocurren cada determinado tiempo y son tan públicos como cualquier otra actividad oficial del Mandatario oaxaqueño.

Eso, aunque se reconozca poco, es determinante en el entendimiento relativo que existe entre ambos sectores. En ese sentido, el gobierno sofocó oportunamente una posible ruptura con el magisterio, cuando accedió a que el Congreso oaxaqueño no se pronunciara respecto a la reforma al artículo 3 de la Constitución, y cuando mostró disposición para que juntos construyeran una propuesta alternativa a la reforma educativa que se aprobó a la Constitución federal.

Aunque finalmente la 22 rechazó dicha propuesta, en el fondo lo hizo por mantener la posición nacional de la CNTE (de todo o nada) sobre ese tema, pero no porque la propuesta no respondiera a la necesidad de proteger los intereses nacionales. Y, además, ha sido una especie de “deferencia” a la administración estatal, el mantener una posición moderada frente a las acciones del magisterio en otras entidades federativas. Por eso el magisterio oaxaqueño ha tenido una presencia representativa —más bien testimonial— en las acciones de la CNTE en Guerrero, Michoacán y el Distrito Federal. Pero no ha movilizado a porcentajes importantes de la membresía magisterial oaxaqueña a acciones o movilizaciones en otras entidades federativas.

¿Cuál es el problema? Que ese aparente “buen trato” ni es eterno ni es a prueba de todo. De hecho, es bien sabido que, cada año, conforme se acerca el 15 de mayo, y pasa esta fecha, la relación entre el magisterio y el gobierno entra en una fase casi natural de desgaste, porque es a partir de entonces que el magisterio comienza a apretar la negociación de su pliego petitorio, y porque entonces de ser un problema relativamente “sindical” se convierte en un asunto político y social que amerita la atención de los gobiernos estatal y federal. Por eso, no es raro que a partir de entonces la concordia se guarde y comiencen los roces y el trato hostil.

AGENDA NACIONAL

Aunque no lo parezca, las acciones del magisterio siguen una estricta agenda estatal  nacional, que se encuentra al margen de sus negociaciones o de sus asuntos sindicales o políticos. Un factor que este año será particularmente determinante, es el relativo a la necesidad que tiene el magisterio de continuar haciendo presencia en el proceso electoral, como lo han hecho siempre en Oaxaca.

Ese es un factor importante que en este momento pudo haberlos llevado a tomar la decisión de no estallar el paro indefinido de labores. Dentro de sus maniobras conocidas, se encuentra la de alargar el proceso de amague-negociación con el Gobierno del Estado hasta mediados del mes de junio, para entonces “apretar” la negociación y hacer paros y movilizaciones en días previos al del la jornada electoral.

Pero también hay influencias nacionales. Si se recuerda, el año pasado la negociación entre el magisterio y el gobierno de Oaxaca, había quedado prácticamente concluida luego de apenas seis o siete días de paro de labores. Pero fueron los efectos de las movilizaciones de la Coordinadora Nacional las que impidieron que el magisterio oaxaqueño decretara el fin de su jornada de lucha, y esa situación “arrastró” a la Sección 22 a prolongar su paro de labores por casi el doble de tiempo (poco más de 15 días en total) de lo que se tenía previsto.

En este caso, la Sección 22 ya le puso una primer ancla al paro indefinido de labores. Sus bases, según, se pronunciaron por no estallar el paro en estos momentos, sino hasta cuando se dé la discusión de las leyes secundarias que reglamentarán el contenido el nuevo artículo tercero constitucional. ¿Qué buscarán en ese momento? Hacer presión para incidir en la discusión de las normas relativas a la evaluación educativa.

Pero esa determinación que tomaron de no ir ahora al paro indefinido de labores, no significa que éste no ocurrirá durante la actual jornada de lucha. Todo dependerá, en el fondo, de la buena interlocución que logren con el gobierno estatal, del cumplimiento de sus demandas, y del escenario nacional y de las presiones que le inyecte la CNTE al magisterio oaxaqueño.

¿MADUREZ POLÍTICA?

Esa resistencia al paro es un asunto de estrategia, no de madurez política. Ciertamente, hay grupos dentro de la 22 que abonan por nuevas formas de lucha. Pero no hay claridad respecto a si esas nuevas formas están permeando, o si esto es una mera estrategia para ganar tiempo, e incluso si cualquier día de estos se desborda el radicalismo dentro de la Sección 22.

+ Hoy, la falta de proyecto se institucionaliza

Una vez que quedó prácticamente configurada la boleta electoral que se entregará a los ciudadanos de la capital oaxaqueña el próximo siete de julio para que elijan a la próxima autoridad municipal, los oaxaqueños debemos evaluar no sólo a los abanderados, sino también a los partidos, y sobre todo exigir que ahora unos y otros expliquen cuál es la razón de sus postulaciones y qué proyecto le ofrecen a la ciudad. Eso es fundamental para no continuar perpetrando la nociva práctica de que se postula y gana el más popular, pero sin que eso signifique que es quien ofrece las mejores alternativas para el lugar que pretende gobernar.

En efecto, hoy el panorama político de la capital oaxaqueña nos deja cuando menos dos cuestiones en claro: la primera, que al margen de los colores partidistas que han gobernado la capital (PRI, PAN o el antiguo Partido Convergencia), ésta tiene fuertes inercias (la mayoría de ellas negativas) que prácticamente no han cambiado en los últimos tres lustros. Y la segunda, que a pesar de que esas inercias continúan existiendo y “dando frutos”, los partidos no han dejado de estar empeñados de sólo postular a candidatos “populares” aunque ninguno de ellos haya ofrecido, en realidad, una sola respuesta viable para los problemas de la ciudad. La combinación de esas dos cuestiones ensombrece el panorama para Oaxaca de Juárez.

Veamos lo primero. La ciudad presenta problemas que no han sido resueltos a pesar de las variadas alternancias de partidos en el poder. Desde que en 1995 la ciudadanía oaxaqueña votó por la primera alternancia, hasta ésta última en la que el poder municipal regresó a manos del Partido Acción Nacional, la capital ha enfrentado problemas tan comunes, y tan complejos, que lo único que tienen en común es que no han sido resueltos.

Temas como la destrucción y falta de mantenimiento adecuado a las vialidades, el ambulantaje, el tratamiento de la basura, el nulo desarrollo urbano, el cuidado de los espacios públicos y las plazas públicas citadinas, y la incapacidad para atender las necesidades de seguridad, servicios y atención a las agencias y colonias populares, son sólo algunos de los temas que integran una agenda amplísima de temas que hoy están pendientes, pero que lo han estado a pesar de que distintos colores políticos han gobernado la capital oaxaqueña.

Esta es una cuestión que los oaxaqueños no debemos dejar de ver: que en estos momentos podemos afirmar que todos los partidos han mostrado una misma capacidad para gobernar, y que ésta ha sido insuficiente por el solo hecho de que todos los problemas han estado, y siguen ahí sin ser resueltos. Ello, además, nos demuestra otra circunstancia que muchas veces no alcanzamos a distinguir: que como los problemas y las inercias nocivas han sido mucho más fuertes que el potencial político de los sucesivos gobiernos municipales, entonces lo que la ciudad necesita es un cambio de fondo, o resignarse a vivir con esos problemas de forma permanente.

¿De verdad debemos resignarnos? Porque eso sería tanto como claudicar frente a problemas que sí tienen solución, pero que hasta ahora a Oaxaca no han llegado porque las administraciones municipales no han tenido el suficiente respaldo y atención del gobierno estatal en turno; porque las autoridades municipales han preferido resolver lo urgente y lo que les permite obtener ganancias políticas en el corto plazo, desdeñando los temas importantes.

Además, porque la política ha jugado siempre un papel determinante en los asuntos administrativos y de relevancia para la vida pública de la ciudad; porque los diferentes munícipes siempre han llegado con más ganas de ser “algo más” (gobernador, por ejemplo) antes que servir a la ciudadanía en ese encargo. Porque nosotros los ciudadanos hemos sido una masa desorganizada de forma permanente. Y sobre todo, porque pareciera que todos vemos con más amor a Oaxaca de Juárez, que quienes la gobiernan.

CANDIDATOS ¿SIN PROYECTO?

Ahora lo importante debiera ser dejar de ver las encuestas, y nosotros los ciudadanos dedicarnos a ver el proyecto. ¿De qué sirve que Javier Villacaña, Francisco Reyes o Raúl Bolaños digan que son “los más aceptados” en las encuestas, cuando nadie sabe en realidad qué perspectiva tiene cada uno de ellos para la ciudad, o qué posibilidad de entender y resolver los problemas de la capital plantean esos y los demás candidatos, a la ciudadanía de la capital oaxaqueña?

Por esa razón, además del ejercicio democrático de acudir a votar a las urnas el día de los comicios, por respeto a nosotros los ciudadanos de la capital oaxaqueña los partidos debían explicar por qué razón postularon a sus candidatos, y qué ofrecen unos y otros para atender y resolver los problemas de la capital oaxaqueña. Eso debían hacerlo, porque si vemos en sentido estricto a cada uno de ellos, podremos ver que ninguno de los aspirantes más competitivos tendría argumentos sólidos, y antecedentes, para creer que pueden dar solución cuando menos a algunos de los problemas de la ciudad.

Y es que el PAN, por ejemplo, ya gobernó la ciudad en tres administraciones, y los resultados no son dignos de presumir. Francisco Reyes, el candidato actual por la Coalición, fue parte del último gobierno. Y si su proyecto es la continuidad, entonces algo anda mal. Pero también, ¿qué planteamientos distintos tendrá a los que él mismo tuvo oportunidad de implementar en la capital como servidor público municipal, y no hizo? Eso lo pone en un auténtico callejón sin salida, si lo que pretende es hablar en serio y no tratar de ganar comprando votos o valerse de la estructura municipal.

Algo similar pasa con el PRI. Pues más allá de que sea popular, ¿qué propone Villacaña, en serio, para resolver algunos de los problemas de la ciudad? Porque eso va más allá del solo triunfo electoral conseguido a través de las dádivas que permite la gestión de beneficios sociales. ¿Por qué el PRI lo prefirió a él? ¿Qué de distinto tiene él para la ciudad, frente a otras gestiones del PRI en el municipio citadino?

TIEMPO DE PROPUESTAS

Qué interesante sería escuchar propuestas serias sobre cómo la ciudad podría salir de las inercias que lleva. Hasta hoy, no se han notado las alternancias en la capital. ¿Cómo resolverán el ambulantaje, las invasiones, el abandono, la basura? Si votamos en función de eso, tendremos una oportunidad mejor. Si no, llevaremos al poder a populistas, a demagogos o a gente como Hugo Jarquín, que va exactamente en sentido contrario a lo que necesita Oaxaca.