+ Visión de gobierno: reprimir o abandonar

En Oaxaca no se han ensayado los pactos de gobernabilidad. Las herramientas a la mano siempre han sido las de la represión, o la del total abandono de los asuntos públicos relacionados con la actuación de los actores políticos. Si hoy se duda de la eficacia de un auténtico gran acuerdo político, es porque el pasado nos dicta que siempre las decisiones han girado en torno a otras prioridades.

El gobierno de Ulises Ruiz es el ejemplo perfecto de cómo se puede gobernar sin pactos públicos con los adversarios, y siempre cayendo en los extremos nocivos para cualquier democracia. En efecto, aquella administración estuvo marcada tanto por la mano dura, como por el abandono de las responsabilidades; y siempre estuvo aderezada por su proclividad a los acuerdos bajo la mesa, a la cooptación y al juego sucio, como alternativa a los posibles acuerdos de gobernabilidad. Al dar un vistazo a ese pasado reciente podremos entender mucho de nuestro presente (y nuestro caos).

Ulises Ruiz prometió en campaña acabar con las marchas y las manifestaciones que ahogaban a la capital oaxaqueña. Fue, de hecho, uno de sus principales ofrecimientos como candidato priista a la gubernatura del Estado. Y aunque la oferta era atractiva, nadie tuvo la ocurrencia (o el valor) para preguntarle cómo lo haría. Al nadie tener la duda, éste tampoco explicó previamente cuál sería su método. Pero ya en el gobierno nos demostró que éste no era precisamente el de la concertación o el pacto con todos los grupos, para terminar así con los actos de protesta.

A los pocos meses de haber iniciado su gestión, el gobernador Ruiz metió a la cárcel a varios líderes sociales y de comunidades indígenas tradicionalmente álgidas. A otros los amenazó. Unos más se dejaron cooptar (atraídos por una dirigencia priista que en los dos primeros años de esa administración se dedicó casi exclusivamente a ello). Y a todos los líderes partidistas de la oposición los “ablandó” a través de acuerdos privados no confesables, a partir de los cuales fueran una oposición retórica y de pantalla, pero oficialistas y replegadas en el momento de la toma de las decisiones.

Sin duda, aquella administración aplicó un grado particularmente alto de dureza con las organizaciones sociales tradicionalmente acostumbradas a la connivencia con el gobierno. A la gran mayoría de las que recibían recursos del erario estatal, les cortó el subsidio negándoles cualquier alternativa de financiamiento. A todas las tildó de lastre para las arcas públicas, y de dadoras de engañoso apoyo a las comunidades indígenas; y lo que provocó es que el enojo colectivo comenzara a presionar hasta desembocar en el conflicto político del 2006.

¿Qué ocurrió aquel año? Que la inconformidad de más de 300 organizaciones de lucha social, combinadas con el programa de acción de la Sección 22 del SNTE, e incluso con el enojo de varias de las fuerzas políticas que luego apoyarían al ahora Gobernador del Estado en su segundo proyecto político rumbo a la gubernatura, dieron origen a un conflicto de magnitudes nunca vistas en la entidad, en el que la inconformidad ciudadana emergió espontáneamente, para luego ser estimulada por quienes tenían cierto interés en mantener el descrédito a la administración estatal.

Así, luego de varios meses de conflicto, el gobierno estatal recuperó el control de la capital oaxaqueña —con la ayuda de las fuerzas federales—, pero nunca más tuvo la posibilidad de recobrar la autoridad moral para aplicar la ley como debiera hacerlo cualquier gobierno dispuesto a no permitir la ingobernabilidad o el desorden.

CAOS: EL OTRO EXTREMO

A finales de 2006, el gobierno federal le entregó a Ulises Ruiz un estado con todas sus condiciones mínimas de gobierno, colgadas y sostenidas sólo con alfileres. En las calles había orden sólo por los rondines policiacos constantes; las organizaciones de lucha social que habían protagonizado la revuelta magisterial, se encontraban no desmanteladas sino en una fase de repliegue táctico ante la acción policiaca. Los partidos de oposición habían lanzado ofensivas desde la capital del país, y las representaciones partidarias estatales de la oposición se habían achicado ante su evidente afinidad a la repudiada e impresentable administración estatal.

Todo eso dejaba ver que las condiciones de gobernabilidad eran sólo aparentes. En realidad, el gobierno estatal no tenía el control de nada, y el estado de cosas se contenía únicamente porque el gobierno de Ulises Ruiz continuaba ejerciendo los recursos públicos que se le transferían desde la Federación. ´

Pronto, todos, se dieron cuenta que a partir de entonces había una especie de “punto sin retorno” en la relación del régimen estatal con sus adversarios. El gobierno no podía entablar diálogo público con sus adversarios porque éstos lo repudiaban; y éstos, por una actitud de cálculo y “corrección” política se negaban —incluso sí teniendo interés sobre el tema—, a reunirse y pactar públicamente con la administración a la que antes querían ver caer. Nadie quería, pues, legitimar a nadie.

Cuando eso ocurrió el régimen se dio cuenta que la única salida era el pacto bajo la mesa, y el abandono de los temas de la gobernabilidad. A partir de entonces, se dejó hacer todo a todos, y nunca más se volvió a utilizar ningún recurso efectivo para tratar de contener a los grupos, a través de las herramientas y los métodos visibles —y legítimos— de la gobernabilidad.

Así, los pactos siempre fueron inconfesables. Ya no hubo necesidad de relegitimarse con los ciudadanos, porque a la luz de éstos, el régimen estaba de antemano deslegitimado; pero el gobernante asumió que su legitimidad se fundaba únicamente en la Constitución y en los resultados electorales. Y entonces pasaron el tiempo alejados, prácticamente divorciados, y únicamente esperando el momento de que entregaran la administración a cualquiera que los sucediera.

RAZONES DE SOBRA

Quién sabe cuál pudiera ser el resultado del pacto de gobernabilidad que propone (quién sabe con qué eco real) el secretario General de Gobierno, Jesús Martínez Álvarez. Sin embargo, lo que queda claro es que tanto los grupos políticos que ahora “acompañan” al gobierno, como los que se dedican a la lucha social, no tienen ni la cultura, ni la experiencia, ni (aparentemente) la disposición para entablar una relación distinta. Ojalá estuvieran dispuestas. Pero tampoco debemos ser tan soñadores.

+ No hay antecedentes; ¿Habrá compromiso?

Hasta donde podemos saber, no existen antecedentes claros sobre la firma de un pacto de gobernabilidad entre las fuerzas políticas y grupos de poder en Oaxaca. Aunque a nivel federal es una herramienta que se ha desaprovechado y desacreditado por su poca funcionalidad práctica, en la entidad no hay antecedentes de que tales o cuales grupos políticos puedan empeñar su palabra en un compromiso democrático de tales magnitudes. Si quienes intentan hacerlo pueden conseguir un resultado distinto al conocido en el ámbito nacional, entonces Oaxaca sí abrirá la oportunidad de un auténtico cambio positivo en la vida pública de los habitantes.
En efecto, en el ámbito nacional se han firmado algunos pactos de gobernabilidad, que siempre han tenido resultados distintos, y menores, a los que se han esperado. El último gran acuerdo lo firmó el presidente Vicente Fox Quesada antes de cumplir un año de su administración, y con él llamaba a todas las fuerzas políticas del país a contraer compromisos específicos por la gobernabilidad y los acuerdos que eran necesarios a favor del país.
Todas las fuerzas —incluyendo el priismo recién derrotado en las urnas— acudieron al llamado presidencial. Todas manifestaron voluntad de concertación y diálogo. Pero los resultados obtenidos fueron mínimos no porque fueran inalcanzables, sino porque en los hechos, no existió voluntad de anteponer el interés público al particular de cada facción política, y por dar prioridad a la resolución de los grandes temas de preocupación nacional, antes que priorizar las cuestiones electorales y la lucha por el control del Poder Legislativo en los comicios federales intermedios, y en las elecciones locales.
En Oaxaca los antecedentes son prácticamente inexistentes. De hecho, aquí el antecedente más próximo que se tiene son los acuerdos a los que llegó un conjunto de fuerzas políticas para impulsar un candidato a Gobernador. En un par de ocasiones, los partidos que entonces eran opositores al PRI gobernante, signaron alianzas electorales en las cuales impulsaron al hoy Gobernador del Estado. En el segundo intento, consiguieron expulsarl al PRI del gobierno estatal.
Aunque esas alianzas no eran equívocas o ilegales, sí eran limitadas. Y esas limitaciones, son exactamente las que hoy tenemos a la vista. ¿Por qué? Porque digan lo que digan, el objetivo de la coalición era meramente electoral. Nunca hubo un programa de gobierno ni se establecieron compromisos específicos a favor de la gobernabilidad o de la materialización de un proyecto de gobierno, y de marco jurídico, acorde con la visión de los coaligados.
Como siempre, el proyecto de gobierno fue posterior al triunfo electoral, y no al revés —como se supone que debe ocurrir en un verdadero gobierno de coalición, que crea compromisos desde el momento en que se impulsa como opción electoral frente a la ciudadanía—. Pero ya para entonces muchos de los participantes en la alianza habían dejado de lado el compromiso democrático y estaban ávidos de obtener poder y cotos de control político.
El resultado es que hoy, quizá la mitad de los principales problemas, y dolores de cabeza, que tiene el gobernador Gabino Cué Monteagudo, son provocados por quienes inicialmente fueron sus aliados, y no comprendieron que el compromiso de la coalición incluía no sólo la victoria electoral, sino también el deber de responder al interés de la ciudadanía haciendo un gobierno comprometido y responsable con las causas que dijeron defender.

GOBIERNO SOLO
El pacto de gobernabilidad que propuso el secretario General de Gobierno, Jesús Martínez Álvarez hace unos días tiene una lógica específica: el gobierno estatal necesita generar las condiciones de gobernabilidad, luego de que varios de sus principales aliados, fueran los primeros que comenzaran a tratar de poner en crisis a la administración. El pacto es posible, siempre y cuando se tomen en cuenta los equilibrios que necesariamente deben guardarse entre todos los convocados, y se logre asumir desde todos los frentes la vicisitud que implica la separación (o imposibilidad) de los temas políticos y de gobernabilidad, con los asuntos electorales.
En ese sentido, el llamado al pacto de gobernabilidad puede asumirse como una convocatoria coherente, como también como una demostración de romanticismo. Quien asuma la primera de las perspectivas, debe considerar el sacrificio de algunas acciones y banderas en aras de un interés superior. Quien lo asuma como lo segundo, necesariamente será ante su indisposición a renunciar a cualquier cuestión que le implique una ganancia directa.
Si el gobierno tiene la perspectiva del pacto, primero debe dar muestras precisas de dos cuestiones. Primera, de qué está dispuesto él mismo a hacer (siempre dentro de la institucionalidad, y evitando que el pacto se convierta en un cochupo, en una transacción, o en un intercambio) en aras de un escenario más democrático y ordenado. Y segunda, por qué los firmantes del pacto ganan más, firmándolo que no reconociendo la voluntad del gobierno por llegar a acuerdos precisos.
Queda claro que, sea cual sea el posible pacto, de todos modos la ciudadanía ganaría con la aplicación total o parcial del mismo. Siendo el oaxaqueño de a pie el más afectado, debiera ser el más beneficiado. No obstante, al margen de ello sería esencial que cualquier pacto viniera acompañado de compromisos concretos, beneficios similares y también la estipulación de consecuencias para quien no lo cumpla.
Si al final, esto se convoca y se firma en una suerte de “llamados a misa”, entonces no pasará de la anécdota, de la buena intención, y de la burla de todos los representantes de las fuerzas políticas, no sólo al gobierno que impulsaron, sino a la ciudadanía. Un pacto de esta magnitud debiera ser un acto de la mayor relevancia. Y traspasar la barrera de las ideas geniales… que resultan imposibles de cumplir. Lo cual, es nada sencillo.

ALIADOS DE CONVENIENCIA
Un pacto así, aunque inédito, podría funcionar siempre que no sólo el gobierno, sino también los ciudadanos, exigiéramos congruencia a todos nuestros gobernantes y representantes populares. ¿Por qué hoy el gobierno es traicionado un día y otro también por todos sus aliados? Porque nadie ejerce, ni exige, congruencia y resultados. Y como estamos acostumbrados a la conveniencia y al cochupo, nadie se sorprende. Es parte de la herencia del “todo o nada” del pasado reciente. Pero de eso hablaremos mañana.

+ ¿Por qué el gobierno toma decisiones “en reversa”?

Uno de los temas más sensibles de la presente administración del gobierno estatal, es el del transporte público. Políticamente, esa ha sido una de sus vetas más importantes de golpeteo frente a sus antecesores. Sin embargo, por un mero afán de clientelismo político, uno de los más connotados personajes del grupo gobernante podría estar poniendo en riesgo no sólo la congruencia política del régimen respecto a ese tema, sino también los planes de reordenamiento y saneamiento del transporte público que le fueron encomendados a la nueva Secretaría Estatal de Transporte y Vialidad.

En efecto, desde el inicio de la administración, el Gobierno del Estado ha sostenido que el otorgamiento de concesiones en la pasada gestión fue un auténtico desastre, lleno de corrupción. De hecho, ese es el argumento de justificación para mantener en prisión al ex coordinador de Transporte, Gonzalo Ruiz Cerón; y ha sido también una especie de “convicción” a partir de la cual funcionarios estatales han intentado demostrar que sí hubo tráfico de concesiones, y que de él fueron responsables funcionarios al más alto nivel de la administración anterior.

Si ese es el punto de partida, entonces los pasos lógicos que ha seguido el gobierno son los de negar el reconocimiento a los actos jurídicos posteriores a las concesiones que considera apócrifas. En razón de ello, en los últimos quince meses, el gobierno estatal ha venido negando sistemáticamente la realización de trámites a docenas de organizaciones de transportistas foráneos, que buscan culminar el proceso de regularización de sus vehículos de alquiler, a través del emplacamiento de las unidades y la emisión de los documentos para que éstos puedan circular en regla.

Quienes conocen de este tipo de procedimientos, aseguran que desde el inicio de la administración, la extinta Coordinación de Transporte se dedicó a negar, casi en todos los casos, la emisión del documento denominado “de certeza jurídica”, a través del cual la Secretaría de Finanzas cobra los derechos correspondientes para la emisión de nuevas placas a vehículos de alquiler, cuya concesión hubiera sido otorgada bajo los periodos de tiempo en los que ellos consideraron que hubo actos relacionados con corrupción de funcionarios para el tráfico de concesiones.

La negativa a la emisión del documento de certeza jurídica, y posteriormente de las placas de circulación, aseguran, ocurría sólo a través de la no manifestación de la autoridad frente a las solicitudes de los usuarios. La negativa era, pues, tácita. Porque formalmente, la autoridad no emitía documento alguno declarando la negación del servicio, y mucho menos fundamentando la razón; pero sí negaba el trámite en los hechos, porque se consideraba que emitir el documento referido, y las placas de circulación a esas concesiones, sería tanto como convalidar los actos de corrupción (que hasta ahora no han podido comprobar en los tribunales jurisdiccionales en donde se ventilan esos asuntos) que se habrían cometido en la gestión del gobernador Ulises Ruiz.

El paso natural de defensa jurídica que, hasta ahora, habían venido tomando algunos de los concesionarios afectados por esas decisiones, era la de la búsqueda de recursos legales y constitucionales para defenderse de los actos y omisiones que ellos consideraban como arbitrarios. Unos optaron por acudir al juicio de amparo, y otros por interponer recursos directamente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial del Estado.

Quienes acudieron a la vía constitucional, fueron remitidos al Tribunal Administrativo de Oaxaca (TCA), porque (por el principio de definitividad) era necesario primero agotar los recursos ordinarios existentes para defenderse del quebranto. Sólo que, incluso en este EL TCA, les era negada la razón a los recurrentes, quizá tratando de armonizar las razones y las decisiones del gobierno estatal respecto a las concesiones, con los temas jurídicos que deben ser conocidos en un espacio jurisdiccional como ese.

MANIPULACIÓN EVIDENTE

Hasta hace muy poco tiempo, sustentándose en un criterio ya establecido, el TCA había negado razón a los particulares que habían interpuesto recursos para ese cuestiones de ese tipo. Sólo que, curiosamente, hace poco tiempo tal criterio cambió. E, incluso, hace unos días, el propio TCA resolvió que a una organización de taxistas de la mixteca, le fuera emitido el mencionado documento de certeza jurídica, para que los beneficiarios de esta decisión pudieran continuar con sus trámites de emplacamiento.

Esto, independientemente de las razones jurídicas, políticamente parece no sólo un contrasentido (o una derrota) para el gobierno estatal, sino también una demostración fehaciente de que, en aras de abrevar clientelismos, algunos personajes ligados al poder estatal están poniendo gravemente en entredicho una de las banderas políticas más importantes de este gobierno.

Primero, ¿por qué es un contrasentido? Porque el documento de certeza jurídica, fue el instrumento a partir del cual, el entonces gobernador Ruiz dispuso, mediante un decreto, que fuesen revisadas y regularizadas todas las concesiones irregulares que existieran. Por esa razón, reconocer la validez de los documentos de certeza jurídica, es tanto como refrendar lo hecho por una administración anterior y contraria a los intereses políticos de la actual.

Pero, segundo, lo que es peor: detrás de todo esto, parece estar la manipulación política del candidato a Senador, Benjamín Robles Montoya, y su nuevo personero, el indeseable líder  de la CNP (y otrora protegido del PRI), Juan Luis Martínez. Ellos están manipulando a tal grado el tema del transporte, que podrían lograr la regularización de cientos de unidades en próximas fechas. ¿Así quieren regularizar el transporte? Esto, más bien, estaría dando un tiro de gracia anticipado a la Setravi que, según parece, sí nació con el ánimo genuino de hacer un ordenamiento efectivo del transporte público.

ARMAS DE FUEGO

El ICJO y la Agencia Quadratín, que encabeza en Oaxaca la periodista Guadalupe Thomas, invitan a la presentación del libro “Seguridad, armas de fuego y transparencia”, del doctor Ernesto Villanueva. La cita es en el Aula Magna del ICJO, hoy miércoles a las 18 hrs, en calle 5 de Mayo # 205-B, esquina Calzada de la República, Col. Jalatlaco. La invitación es abierta, para saber más de un tema fundamental de nuestros días. ¡Participe!

+ Peña no peligra; los demás candidatos, en vilo

Hoy como nunca existe la tendencia, dentro de la militancia y el activismo priista, de tratar de generar el voto diferenciado. Todos coinciden en que Enrique Peña Nieto es el candidato presidencial idóneo. Pero no tienen esa misma percepción de sus abanderados en Oaxaca. Ésta es una consecuencia grave, de la que son responsables aquellos que ningunearon la “operación cicatriz” entre el priismo oaxaqueño, y asumieron que las solas decisiones cupulares son suficientes para conservar el control de ese partido.

Los escenarios nacionales en un partido como el PRI, han cambiado drásticamente en muy poco tiempo para estados como Oaxaca. Hace menos de dos años, el grupo que todavía gobernaba la entidad creía tener todas las seguridades del control y la venia política nacional, por la dirigencia de Humberto Moreira Valdés. Éste llegó al cargo de Presidente Nacional cobijado por los factores de poder más importantes del PRI. Y nos guste o no, uno de esos grupos tenía como miembro preferente al entonces gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz.

Moreira siempre dejó ver las garantías que daba al priismo oaxaqueño. Incluso habiendo perdido la elección, y generando desde entonces las condiciones del desastre en el que luego se convertiría el Comité Estatal de ese partido en nuestra entidad, en la dirigencia nacional nadie nunca cuestionó el “liderazgo” y la hegemonía del Gobernador saliente sobre el partido en esta entidad. Él siguió teniendo el control de la directiva estatal, dispuso de los sectores partidistas para el reparto de las posiciones convenientes a sus intereses, y trató de generar un panorama de ventaja y control sobre todos los demás grupos políticos en la entidad.

Sólo que ese panorama, que parecía tan seguro y que afianzaba a personajes como Eviel Pérez Magaña, cambió radicalmente. Moreira tuvo que salir de la dirigencia por los líos en que se metió como gobernador de Coahuila, y Pedro Joaquín Coldwell planteó escenarios diferentes a los que ya estaban definidos. ¿Qué pasó? Que éste intentó en Oaxaca no una operación cicatriz, sino que asumió el desastre de la dirigencia y la militancia en la entidad y trató de canalizar la solución por la vía de un “reparto” mayor, pero sólo entre los ex gobernadores.

La solución no fue suficiente. El “pastel” de la dirigencia del PRI oaxaqueño (que es codiciada no por la militancia, sino por la posibilidad de acceso que da a candidaturas y cargos de elección popular) se repartió entre más personas; pero éstas no eran las suficientes como para pensar que representan a todo el priismo de la entidad, o que tienen el control de todas las aristas de ese partido. Cada uno de los ex gobernadores tomó su pedazo de dirigencia, su porción de candidaturas, y se puso a hacer lo propio tratando de asumir que para ganar, es suficiente con montarse en la campaña presidencial y tratar de empatar el ánimo por el candidato presidencial, con el de los candidatos a diputados o senadores.

El asunto no ha sido fácil. La definición de las candidaturas se dio a partir de acuerdos cupulares y no de hacer eco a los verdaderos liderazgos y cuadros competitivos que tiene el partido.

Casi en todos los casos, la definición de una candidatura generó polémica y enconos entre quienes se sintieron desplazados, o a quienes les negaron el derecho a participar aún cuando demostraron tener el mejor nivel de aceptación entre los electores potenciales; y eso, aunado a los propios enconos que existen entre quienes se repartieron el pastel priista, está generando una intensa campaña de promoción al voto diferenciado. Eso será brutal para quienes se asumen como ganadores a partir de una posible victoria de Peña Nieto.

CANDIDATOS EN VILO

Quién sabe si esto ocurra en otras entidades. Pero es curioso (visto desde fuera, pero grave para quienes tienen intereses directos involucrados) cómo en el PRI de Oaxaca no hay más que enconos.

Y cómo no, si el coordinador estatal de la campaña presidencial, tiene rencores abiertos con el candidato que encabeza la fórmula al Senado; que éste está distanciado de prácticamente todos los cuadros distinguidos del partido, que lo consideran un farsante, un tibio y un hombre sin palabra.

Por si fuera poco, aquí propios y extraños cuestionan a un Delegado Presidente del partido que, discretamente, intenta verdaderamente generar condiciones de unidad, y que trabaja prácticamente solo; que éste no tiene buen acercamiento con el delegado del CEN del PRI; que, a su vez, éste se encuentra entregado por completo al grupo ulisista.

Y que frente a todos ellos, haya militantes adheridos a todas las corrientes, grupos de ex gobernadores y jefes políticos regionales, que no ven bien a ninguno de todos los anteriores, y piensan emitir su voto considerando otras opciones políticas.

Esto lo único que hace es generar condiciones casi imposibles de victoria para todos. Aquellos que creyeron que subiéndose a la campaña presidencial, y ganando la candidatura, tendrían condiciones favorables para acceder a la cámara baja federal. Ha quedado perfectamente claro que esas condiciones son realmente fantasiosas para cualquiera de los abanderados, y que aquí no sólo el trabajo territorial debe ser intenso, sino también el acercamiento y el pacto genuino con todos los factores materiales de poder dentro de su distrito o circunscripción.

Y es que es tan real la tendencia al voto diferenciado, que basta con hablar con cualquiera de los sectores tradicionalmente priistas que están comenzando el trabajo proselitista a favor del candidato presidencial, para que diga que está dispuesto a trabajar y votar por Peña, pero que meditará con seriedad la posibilidad de apoyar y votar por aquellos que, en el pasado reciente o lejano, les incumplieron, les hicieron promesas fantasiosas, o fueron parte de las tradicionales traiciones que inundan a ese partido.

VOTO DIFERENCIADO

Como ciudadanos, qué bueno sería el voto diferenciado. Sin embargo, para los partidos esto nunca es conveniente. ¿Tendrán claro los candidatos priistas (por ser ellos los directamente involucrados) que ahora no habrá victorias automáticas ni votos incondicionales? Al menos eso es lo que se promueve en el priismo. Están haciendo la chamba que tendrían que hacer sus adversarios. Por eso, ni sorprende que hoy el escenario priista sea de falsas alianzas, y de falsas reconciliaciones.

+ Solución: hacer más eficiente acción de Gobierno

No es nueva la tentación de políticos, gobernantes y legisladores, por prometer a la ciudadanía que “reglamentarán” las marchas, plantones y manifestaciones que ocurren en la entidad oaxaqueña. Sólo que la promesa es tan lejana y demagógica, como lo es la eficacia de la acción de gobierno. Por eso, si algo debe normarse es la respuesta oficial a la demanda social, y no las acciones que en sí mismas se encuentran al margen de la legalidad.

En efecto, desde hace años en Oaxaca existe un falso debate sobre la reglamentación de las marchas. Ese “debate” lo han planteado todos aquellos que, tratando de ponerse a favor de los ciudadanos, reconocen que las marchas, manifestaciones y plantones son perjudiciales para la gobernabilidad y para las actividades de los ciudadanos. En sus planteamientos, dicen que la reglamentación de las marchas terminaría con las afectaciones y al mismo tiempo daría a la autoridad las herramientas legales suficientes para hacer cumplir el orden y la ley en los espacios públicos.

Sin embargo, para entender todo esto debiéramos regresar a preguntarnos: ¿Qué naturaleza tienen las marchas, plantones y manifestaciones? Éstas son meras expresiones materiales de inconformidad, que se supone que surgen espontáneamente en la ciudadanía, al haber agotado todos los medios institucionales a través de los cuales solicita servicios, atención o cierta acción a la autoridad.

Al agotarse las vías sin una respuesta positiva, la petición se convierte en exigencia, y entonces se utilizan los canales que están disponibles sólo por la vía de los hechos, pero que en la vía del derecho debieran estar prohibidos. Por eso, todos aquellos que salen a las calles a protestar van exigiendo lo que no se les pudo cumplir a través del ejercicio del derecho constitucional de formular peticiones a la autoridad de manera pacífica y respetuosa.

Ahora bien, ante ese panorama ¿la autoridad necesita de una reglamentación extraordinaria para hacer valer la ley? Queda claro que no. Porque si lo que quisiera hacerse es una defensa a ultranza e intolerante del orden público, entonces cualquiera de los órdenes de gobierno pondría la necesidad de orden en la vía pública, por encima de la posibilidad de que los ciudadanos ejercieran su derecho a pedir y a manifestarse; y, a partir de ello, podría disolver las inconformidades colectivas, o desconocer el derecho que tienen los particulares a salir a las calles a protestar por alguna insatisfacción con la autoridad.

El problema en Oaxaca es que el escenario es particularmente complejo. Queda claro que la autoridad no tiene ninguna potestad, ni disposición, ni tampoco fuerza o legitimidad, para “calendarizar” las acciones de los grupos que se inconforman, o para establecer reglas o lineamientos para que éstos lleven a cabo sus manifestaciones en la vía pública; y, del mismo modo, los grupos que tradicionalmente salen a la calle a manifestarse, lo hacen sin pedir permiso o consensar sus acciones con autoridad alguna.

Y es que con esa sola reflexión se constata que los grupos que se manifiestan, en el fondo van a protestar porque las demás vías de petición están agotadas, y entonces ganan la calle para tratar de hacer valer lo que no se pudo por ninguna otra vía. Si esto es así, ¿entonces cuál debe ser la solución adecuada para atender un problema que, como es visible, no es de normas, sino de gobernabilidad y de eficacia de la acción de gobierno?

GOBIERNO EFICIENTE

La respuesta se encuentra en una posible, aunque prácticamente inalcanzable, mejora en la capacidad de respuesta de los órdenes de gobierno a las demandas de los ciudadanos. Todo aquel que conoce los entresijos de la gobernabilidad de cualquier sociedad, sabe que muchas veces las manifestaciones y las inconformidades se generan no porque las demandas sean inalcanzables o imposibles de cumplir, sino porque en el camino del ejercicio del derecho de petición —y la respuesta oficial, no necesariamente positiva o negativa, que debe recaer a toda solicitud que haga un particular—, cierta autoridad deja de cumplir con sus obligaciones y entonces comienza a generar la presión que finalmente termina traducida en una protesta hecha valer por la vía de las calles.

No obstante, en Oaxaca este primer planteamiento está rebasado por quienes han hecho de la protesta social en las calles, un negocio y un chantaje en el que también existen contubernios con la autoridad. Innumerables grupos de lucha social hoy protestan en las calles sin siquiera pasar por la petición civilizada de servicios o acciones de gobierno; en muchos otros casos, es la misma autoridad la que promueve o fomenta las manifestaciones públicas, con el objeto de legitimar la entrega de ciertos satisfactores que, de otro modo, no podría entregar sin que la ciudadanía, la autoridad o la ley los tachara de inmorales, ilegales o inmerecidos; o en los que, incluso, comparten el beneficio.

E incluso, la protesta ha sido también un negocio de quienes, justamente, han hecho de las marchas y los plantones sendas acciones que buscan demostrar fuerza a los oponentes políticos. Innumerables grupos políticos sacan a sus huestes a las calles ante la menor provocación, con el objeto de chantajear a los grupos contrarios con acciones concretas, o con el solo amago, y así obtener los satisfactores que desean.

El problema es que, en todos los casos, esas demostraciones se encuentran totalmente ajenas al marco legal, y lo que requieren son acciones de fuerza por parte de la autoridad pero sólo para aplicar las leyes que ya existen. Por esa razón, sería demagógico, poco útil y hasta una demostración de la nociva sobrerreglamentación de las sociedades predemocráticas, el intentar normar esas acciones que necesitan remedios a partir de otras vías.

GOBIERNO FIRME

Por todo ello, lo que sí es indispensable para este y cualquier otro escenario en la entidad oaxaqueña, es una acción de gobierno contundente y capaz de dar respuesta a los planteamientos que están a su alcance, pero también para dejar bien claro que no habrá posibilidad de chantaje o de contubernio. Haciendo eso, se podría hacer mucho más de lo que se intenta con interminables mesas de diálogo y negociaciones, que sólo terminan agravando la gobernabilidad y la forma de los arreglos entre el gobierno y los particulares. Hoy existe un problema grave. Ojalá que haya voluntad para buscar soluciones de verdad de fondo a este conflicto recurrente.

+ Ni lucha social ni burocratismo: necesario

Los diputados de la LXI Legislatura del Congreso del Estado en Oaxaca, tienen una oportunidad histórica con la renovación de la titularidad de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Además de que la sola conducción de un proceso verdaderamente democrático, pulcro y apegado a los principios constitucionales, constituye en sí mismo un reto, es claro que también los diputados enfrentan el dilema de consolidar una auténtica visión de Estado, o continuar los pasos en reversa respecto a la conformación de los órganos autónomos. Al menos por esas dos razones, este proceso es clave para la vida pública, y debiera ser de interés y exigencia de todos que se lleve a cabo con la legalidad y legitimidad debidas.

¿Por qué la conducción de un proceso democrático sigue siendo hoy un reto para los diputados? Porque queda claro que independientemente de la alternancia de partidos en el Gobierno del Estado en Oaxaca, y de la pluralización de fuerzas dentro del Congreso, la gran mayoría de las prácticas corruptoras de la representación popular, y de las decisiones de interés público, continúan presentes. Para nadie es un secreto que sigue siendo la voluntad del Gobernador del Estado, o de los más connotados integrantes del grupo gobernante, los que en buena medida influyen para la toma de decisiones que debieran estar apegadas al interés general y los principios constitucionales.

En ese sentido, es evidente que los diputados “de la transición en Oaxaca” tienen aún un débito enorme con los ciudadanos a los que representan, pues más allá del discurso de la consolidación de la democracia y del cambio de actitudes, se encuentran todavía los visos de prácticas indebidas que tienen que ver con la tergiversación del interés colectivo y la venta de la conciencia a partir de intereses económicos o políticos.

Y es que si en alguna decisión debiera demostrarse, y constatarse la verdadera legalidad, constitucionalidad e independencia de los diputados, esta debiera ser en la elección de quienes integran los órganos autónomos. Porque se supone que la reforma constitucional que ellos mismos llevaron a cabo, en gran medida se encontraba motivada y fundamentada en la necesidad de ensanchar los cauces de la participación ciudadana en todos los procesos de la vida pública de Oaxaca.

Es por eso que, si se supone que los órganos autónomos son los modernos vigilantes y equilibradores de los poderes públicos, entonces éstos deben ser integrados por ciudadanos ajenos al poder público, que deben ser electos por quienes los diputados, que constituyen el contrapeso natural al poder del gobernante. Por eso mismo, la decisión sobre su nombramiento y fiscalización, debiera ser completamente autónoma. El problema es que eso último no ha ocurrido, porque tanto legisladores como gobernantes han preferido el acuerdo a la posibilidad de decidir responsablemente a favor del Estado, más que de los intereses específico que determinan a unos y a otros.

Ahí radica, pues, el primero de los retos que tiene hoy la Legislatura con la elección del nuevo Ombudsman: privilegiar los elementos objetivos que determinan a cada uno de los que manifestaron su aspiración, y que dicen cumplir con los requisitos que marca la Constitución para el Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, o de nuevo plegarse al interés oficial para complacer al gobernante en turno, e incluso tratar de vender la voluntad y la conciencia, para que sea el dinero o los intereses, y no el verdadero convencimiento con visión de Estado, los que determinen una decisión que, mal que bien, involucra a todos los oaxaqueños.

NUEVA DEFENSORÍA

Todo aquel que entiende a los derechos humanos más allá del mero activismo político, sabe que los principios que marca la propia Constitución del Estado son la piedra angular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Por eso, más allá de los intereses, ese órgano autónomo necesita ser integrado con equilibrio, inteligencia y visión de largo plazo. No se trata, pues, de que el Ombudsman sea un “peleador” capaz de entrar en conflicto con el gobierno cada que éste se involucre en un hecho polémico, como tampoco de que éste siga siendo un burócrata que sólo justifica la estadía con algunas acciones, pero que nunca es capaz de encarar y cuestionar a las autoridades que sí violan los derechos humanos.

Queda claro que, frente a todo eso, el gran reto de la Legislatura radica en encontrar el punto medio de todo eso. Porque queda claro que los derechos humanos no sólo implica lo relativo a la documentación y denuncia de las violaciones que ocurran en la entidad, sino también al cumplimiento de todos los principios constitucionales relacionados con la materia, y que tienen que ver con aspectos estrictamente jurídicos, de promoción, de defensa legal e incluso de participación en la confección de las leyes que impliquen derechos humanos, y la presentación de recursos y medios de defensa legal cuando se considere que cierto precepto o ley sobrepasa los límites constitucionales.

Por esa razón, el nuevo titular de la Defensoría necesita ser mucho más que un activista, y algo claramente lejano a un burócrata. En ese sentido, los diputados están obligados no sólo a privilegiar sus intereses, sino sobre todo a tomar en consideración el programa de trabajo y las perspectivas a favor del Estado y la Constitución que implica a cada uno de los candidatos.

Lamentablemente, más allá de los participantes involucrados en la lucha social, y de quienes se dicen con la bendición del Estado para asumirse ya como inminentes defensores (pero sin haber comprobado mérito alguno), existe un trecho muy reducido en el que sí existe sustento, programa de trabajo, respaldo académico y eco en la verdadera ciudadanía interesada en que ese proceso, y la elección del nuevo Ombudsman, no caiga en ninguno de esos dos extremos.

POCOS LEGITIMADOS

Uno de los pocos aspirantes que cubre todas esas expectativas, y que de verdad constituye una garantía de trabajo delineado, y de cumplimiento de los principios constitucionales, es el doctor Rubén Vasconcelos Méndez. Fuera de él, y quizá de uno o dos académicos más con experiencia académica y profesional relevante en materia de derechos humanos, hay poca sustancia para garantizar un verdadero avance para Oaxaca. Entregar la institución a los activistas sería no sólo un retroceso, sino un riesgo latente para la institucionalidad de nuestro estado.

+ Principios constitucionales, el eje fundamental

Dentro de unos días, o semanas, ocurrirá la renovación de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. La elección del nuevo Defensor implica no sólo un paso más en el cumplimiento de la reforma constitucional de abril de 2011, sino que es, además, una prueba fundamental para la democracia, la independencia y la congruencia que, se supone, debe imperar en el Congreso del Estado. Para entender todo este proceso, es necesario tomar en consideración ciertas claves que bajo ninguna circunstancia podemos dejar de lado los oaxaqueños interesados en la vida pública de nuestro estado.

1. La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, sustituyó a la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca, a partir de la reforma del 11 de abril de 2011 a la Constitución Política del Estado. El replanteamiento de ese, y todos los demás órganos autónomos, tuvo como punto de partida el ánimo del actual régimen por “borrar” las instituciones de los gobiernos priistas. Desde el primer momento descalificaron, a priori, los órganos autónomos existentes, por tacharlos de antidemocráticos, de simuladores y de encubridores del gobernante en turno, y decretaron reformas a las instituciones, que en realidad enmascaraban la sola determinación de remover a sus titulares.
2. Tanto el Gobierno de Gabino Cué Monteagudo, como la LXI Legislatura, dijeron a los oaxaqueños que la razón de la reforma constitucional era la renovación de las instituciones, para reforzar la vida democrática. En prácticamente todos los casos, las reformas fueron casi demagógicas, pues instituyeron nuevos mecanismos democráticos, de rendición de cuentas y de control en la actuación de las autoridades frente a los gobernados; pero en la mayoría de los casos dejaron en el rango de “casi inalcanzables” —e inaccesibles e inoperantes— la gran mayoría de esos nuevos mecanismos. Uno de los “grandes avances” que la Constitución le dio a la Defensoría, fue el establecimiento de un juicio para la protección de las garantías fundamentales, que judicializa la tutela de las mismas, y que en buena medida menoscaba la finalidad del control político de los órganos defensores de los Derechos Humanos.
3. Una vez realizada la reforma, inició el proceso de renovación de los órganos autónomos, aunque con resultados democráticos bastante cuestionables. Se supone que uno de los grandes fundamentos democráticos de la modificación constitucional, radicó en la necesidad de generar una apertura real a la sociedad en la integración de esas instituciones (los órganos autónomos), que se erigen hoy como el contrapeso y el vigilante de la actuación de los Tres Poderes del Estado. Si la reforma ocurrió porque se consideraba que los titulares de los órganos autónomos eran “orgánicos”, o agentes del Estado incrustados en los espacios de autonomía y control, lo menos que pudo esperarse es una apertura real y total. Eso, sin embargo, no ocurrió.
4. Los antecedentes inmediatos de todo eso, son las respectivas renovaciones del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, del Tribunal Estatal Electoral, y de la Auditoría Superior del Estado. Independientemente del grado de estruendo y polémica que generó la reintegración de esos órganos, en todos los casos quedó siempre bien claro que la razón determinante en todo esto fue el interés oficial, y que en todos —a través del convencimiento, la manipulación o la compra del voto— se eligió a quien fue el favorecido con la “línea gubernamental” y no a quien garantizara las mejores condiciones de funcionamiento, independencia y profesionalismo para esos órganos.

ANTECEDENTES DIRECTOS

La elección del nuevo Defensor ocurre en circunstancias específicas, tanto para el Gobierno del Estado, como para el Congreso, e incluso para quienes se encuentran interesados en la defensa de los derechos fundamentales. En cada uno de esos ámbitos, hay claves específicas que también deben ser atendidas.

1. Respecto al Gobierno del Estado. Éste parece tener cierto “compromiso moral” con algunas organizaciones de lucha social, que por mera coincidencia y accidente, desde hace años acompañaron al actual régimen como grupo opositor, y que paralelamente a ellos llevaron a cabo sus propias acciones para contrarrestar las acciones del gobierno de Ulises Ruiz. La gran mayoría de ellas, fueron organizaciones que participaron, con amplios destellos de radicalismo en el movimiento magisterial de 2006; y son las que ahora reclaman como suya la Defensoría, cuando queda claro que esa institución tiene fines mucho más complejos que la de la sola institucionalización de la lucha social en nombre de los derechos fundamentales.
2. El Congreso también tiene su escenario específico. La LXI Legislatura enfrenta un fuerte descrédito por su proclividad a la simulación democrática, y por ceder siempre a las pretensiones del Ejecutivo. Fue vergonzante la actuación de los diputados, en casos como la renovación del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en los que emisarios del gobierno estatal, abiertamente se apersonaron en el Recinto Legislativo para negociar directamente con cada diputado el sentido de su voto, a cambio de fuertes sumas de dinero, de toneladas de cemento o de vehículos de lujo. Queda claro que si la LXI Legislatura de verdad pretende pasar a la historia con antecedentes positivos, debe ser por hechos que apenas están por ocurrir. Antecedentes como esos impiden por completo que, hasta hoy, esa Legislatura se diga democrática y congruente con los principios de la reforma constitucional que ellos mismos realizaron.
3. Incluso, la Defensoría también exige cambios sustanciales. El nuevo Defensor debe ser una persona de verdad comprometida con las mejores causas constitucionales de nuestro estado, y no un auténtico burócrata, tibio, titubeante y orgánico, como es el actual titular de la Defensoría. Queda claro que una Defensoría de membrete, como la que existe actualmente, es lo que no debe replicarse en un escenario estatal en el que han sido los propios ciudadanos los que han empujado y exigido instituciones auténticamente democráticas, aunque sus representantes populares no han estado a la altura de las circunstancias.

LA DEFENSORÍA

El proceso de renovación de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca tiene su escenario específico. Ello requiere un análisis más detallado, que abordaremos en nuestra entrega de mañana.

+ Partidos: de nuevo, al todo por nada

El viernes iniciaron formalmente las campañas proselitistas, y con ello arranca también un auténtico vía crucis de promesas irrealizables, y de constatación del trabajo no hecho por los partidos políticos en Oaxaca, desde y frente al poder. Cualquiera que sea el contenido publicitario de las campañas, de todos modos resulta brutal una evaluación no respecto a las promesas, sino a los resultados de las principales fuerzas políticas estatales en los últimos 20 meses en la entidad. Nadie se salva de la inoperancia, ni de la demagogia.

En Oaxaca ocurre un raro desentendimiento de las responsabilidades políticas. Ha quedado claro que desde el cambio de administración, el único que asumió obligadamente el cargo, los derechos y las responsabilidades, fue el gobernador Gabino Cué Monteagudo. Fuera de él, nadie, ni los partidos oficialistas, ni los opositores, e incluso tampoco el suyo propio, asumieron los roles que les correspondían, y sus militantes se desentendieron también de los roles que, respectivamente, le tocaba jugar a cada uno de ellos. Por eso, en estos tiempos de campaña, nadie tiene calidad ni capacidad para asumir lo hecho previamente como una bandera real para atraer el voto de la ciudadanía.

En este sentido, por un momento los oaxaqueños debiéramos dejar de pensar en que esta es una campaña electoral presidencial, y debíamos voltear los ojos a los cargos que, no por ser menos elevados, son menos importantes no sólo para la República, sino para nosotros. Junto con las campañas presidenciales, iniciaron también su labor todos aquellos que aspiran al Senado de la República, y casi en conjunto quienes desean ser diputados federales. Todos ellos, son esenciales para la vida pública de nuestro estado, pero reciben las encomiendas como si fueran sendos cheques en blanco.

Por eso, lo primero que tendríamos que ver con detenimiento, es qué ofrece cada uno de los partidos políticos en Oaxaca al verdadero interés de la colectividad. Es lamentable el hecho de que todos asuman las campañas políticas como periódicos “borrones y cuenta nueva” frente a los electores, y que pidan el voto en base a propaganda, publicidad y dádivas de cooptación, pero sin si quiera preocuparse porque sus propuestas tuviesen algo de contenido, y también tomando en consideración el trabajo previo hecho aquí mismo, como para suponer que de nuevo merecen tener el voto y la confianza de los ciudadanos al momento de votar.

En ese punto, todos los partidos se ubican en un verdadero brete. ¿Por qué? Porque todos asumen que su única obligación es la de “hechizar” a los electores para que les regalen su voto. Sí, hechizarlos o hipnotizarlos para que se los ofrenden sin ningún tipo de remordimiento o cuestionamiento.

Y es que si un regalo se da incondicionalmente (es decir, a cambio de nada), los partidos y sus candidatos quieren siempre que los ciudadanos les concedan su voto, pero sin llevar a cabo un verdadero proceso de evaluación de lo hecho (desde el poder o como oposición) en favor de la colectividad, y sin hacer tampoco planteamientos específicos sobre lo que pretenden hacer si es que de nuevamente consiguen llegar a los cargos a los que aspiran. Ese es el problema de siempre.

Ese es uno de los graves problemas de nuestra democracia doméstica. Pero es también un riesgo enorme, porque en gran medida de las definiciones que se den hoy, dependerán las que se ocurran dentro de uno o varios años, cuando se renueve el Congreso del Estado, la representación de Oaxaca en la Cámara baja federal y, en el punto cúspide, la gubernatura del Estado en 2016. ¿Ya se vio esa perspectiva? ¿Y se entiende, desde ahí, por qué decir que es tan importante que el voto se otorgue a cambio de algo más que la incondicionalidad?

CANDIDATOS DETERMINANTES

Los ciudadanos debiéramos exigir cuentas, por ejemplo, a Eviel Pérez Magaña, no sólo como militante y ex dirigente de un partido, sino también como servidor público, e incluso como oaxaqueño. ¿Por qué? Porque es claramente visible su intención de llegar al Senado de la República como un trampolín para luego colocarse en la ruta de volver a ser candidato a Gobernador del Estado por su partido.

Ante ello, los ciudadanos conscientes debiéramos preguntarnos: ¿Y por qué votar por él? ¿Por su imagen? ¿Por su desempeño como servidor público (en el cual nunca lució como alguien digno de ser diferenciado positivamente)? ¿Por su buen desempeño como candidato (si hizo lo que hacen todos: tratar de hipnotizar al electorado)? ¿Por el papel que hizo como líder del PRI durante más de un año (valiosísimo año perdido para el PRI como oposición en Oaxaca)?

Algo similar debiéramos hacer con Ángel Benjamín Robles Montoya, porque su intención es exactamente la misma que la de Pérez Magaña: llegar al Senado como parte de la ruta política necesaria para luego aspirar a la Gubernatura del Estado. Y, bueno, en este caso, lo primero que debiéramos cuestionar a Robles es el hecho de que ni siquiera es oaxaqueño, y que su paso por la vida pública de la entidad no ha sido ni el más destacado ni el más coherente ni tampoco el más confesable.

E incluso, al hacer cuestionamientos como esos a nuestros flamantes candidatos, antes debiéramos hacer otro, que nadie hace: ¿Exactamente para qué, quieren llegar al Senado de la República? Pues queda claro que ellos ven la Cámara alta federal como un trampolín para otras aspiraciones. Pero más allá de la corta visión que tienen en realidad, la importancia que tienen los Senadores de la República tanto para el régimen federal, como para las entidades federativas en específico, es fundamental.

Sin embargo, hasta el momento no se responde ni la pregunta de en qué resultados o aportaciones a la vida pública fundamentan sus aspiraciones, ni para qué quieren llegar al Senado. No lo contestan, primero porque no saben, y segundo porque esperan convencer al electorado para que les dé un cheque en blanco con su voto, y para que a partir de ello puedan usar su escaño como un trampolín, como una baranda o como una tabla de salvación, que les dé movilidad y que les permita seguir haciendo “grilla” en Oaxaca.

TODO POR NADA

Todo eso es verdaderamente lamentable, en una entidad que tiene tantas necesidades de liderazgo, tantos problemas que bien debieran ser abordados por los representantes populares, y tantas carencias que bien podrían ser atendidas por los altos niveles del poder, como el Senado de la República.

+ Federación no abona a desarrollo similar de policías

Ayer, un alto funcionario del Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica declaró a la prensa internacional que “las policías estatales y municipales de México están seriamente infiltradas por el crimen organizado”. Esto lo aseguró el subsecretario de Estado para el narcotráfico internacional, William Brownfield. Lamentablemente, no dijo algo nuevo, pero tampoco dijo algo que en realidad le preocupe a los poderes federales, que hacen muy poco por remediar esta situación.

El contexto no podía ser peor. Estas declaraciones se generaron a partir de la preocupación del gobierno estadounidense, luego de que las autoridades de Ciudad Juárez, Chihuahua ordenaran que dos mil 500 policías de la ciudad se hospedaran en hoteles en febrero después que pistoleros emboscaron y eliminaron a cinco policías. Al día siguiente aparecieron mensajes firmados por el nuevo Cartel de Juárez por toda la ciudad, que decían que iban a matar a un agente por día si el jefe de policía no renunciaba.

Ante esto, el Subsecretario dijo: “México eventualmente tiene que decidir cómo va a resolver el problema. Ya sea con el modelo colombiano, gastan mucho dinero en guardaespaldas”. Esto lo aseguró Brownfield tras precisar que la Policía Nacional colombiana destina cerca de 10 mil agentes —entre el 8 y 9% de su presupuesto total— a labores de custodia.

La nota, publicada por el periódico Excélsior, dice que “Brownfield señaló que las policías estatales y locales dan la percepción de que son parte del problema y no de la solución, aunque aclaró que a nivel de ‘las fuerzas federales han superado eso’. ¿Construirán comunidades separadas para policías, fiscales y jueces para que puedan darle protección dentro de las comunidades? ¿Harán (con los agentes estatales y locales) como hacen actualmente con los federales, que los rotan cada tres o seis meses para que no puedan ser identificados o atacados?”, planteó el funcionario.

Y, en otra parte de la información, señalaba lo siguiente: “Al ser una federación, igual que en Estados Unidos, el 90% de los fiscales y cortes en México corresponden a las instancias estatal y local. La infiltración es un problema muy serio, pero en las instituciones federales es actualmente menor que en las estatales y locales”, señaló.

Todo esto debemos verlo en una perspectiva más cercana de lo que parece. Porque lo que dice el Gobierno de Estados Unidos es tan cierto como los problemas que todos los días tenemos en todo el país: Las Policías Estatales, y las Municipales, en todo el país, no reciben el monto de inversión que, proporcionalmente, debiera corresponderles en relación a la cantidad de dinero que destina el gobierno federal para su policía.

Pero también debiera haber más atención, desde todos los frentes, para que todo lo que se encuentra alrededor de la persecución del delito fuera también modernizado y puesto acorde a las necesidades que tiene el país en materia de seguridad pública. Sin esos elementos, lo único que puede esperarse es mayor rezago y mayor impunidad en todo lo que respecta a la justicia.

ESTADOS, OLVIDADOS

Uno de los elementos clave del federalismo radica en el desarrollo igualitario y proporcional de todas las partes integrantes. Se supone, pues, que Estados independientes se unen en una Federación para proporcionarse mayores posibilidades de bienestar. ¿Qué tiene que ver eso con el tema que hoy nos ocupa? Si el federalismo mexicano fuera real, entonces, sin necesidad de haber una policía nacional, sí habría corporaciones policiacas independientes, eficaces, confiables y, sobre todo, capaces de cumplir con las tareas que le encomiendan la Constitución y las leyes.

Y es que, en efecto, tal parece que buena parte de las policías estatales y municipales son más parte del problema que de la solución, en los temas de seguridad que agobian a nuestro país. Para el gobierno federal siempre es muy fácil descalificar a las policías estatales y tildarlas de no confiables, de corruptas y de poco eficaces. Pero en realidad, habría que ver cuántos recursos le destinan los tres ámbitos de gobierno a sus corporaciones, y qué grado de responsabilidad tienen con este tema en general.

En ese sentido, debemos entender que si la de la seguridad pública es una facultad constitucionalmente concurrente entre los tres ámbitos de gobierno, es justamente porque es uno de los temas que implica mayor sensibilidad y atención por parte de todas las autoridades, y porque es un imperativo que la ciudadanía exige siempre, en todo momento, a todas sus autoridades. Si esto es así, entonces la inversión debiera ser también concurrente y los avances en todos los rubros debieran tener ese mismo destino.

El problema es que no es así. Porque mientras las entidades federativas invierten cada año varios puntos porcentuales en sus corporaciones de seguridad, el gobierno federal apenas si invierte uno o dos puntos al millar, para atender las corporaciones policiacas estatales y municipales. La falta de inversión, en todo esto, es lo que genera que los policías estatales y municipales no ganen lo suficiente; que no tengan la suficiente infraestructura y armamento, y que todo eso los convierta en presa fácil de los criminales organizados que, o los cooptan para ponerlos a su servicio, o los matan con toda facilidad.

Por eso el gobierno de Estados Unidos no se equivoca cuando dice que estas corporaciones son parte del problema y no de la solución de la inseguridad y la violencia. Pero tampoco lo hace cuando señala que todo lo demás del aparato de procuración de justicia también tiene serios rezagos. Los fiscales (ministerios públicos) y los jueces locales también corren ese mismo problema, derivado de las mismas deficiencias: bajos salarios, bajos niveles de control, nulas pruebas de confiabilidad y excesiva vulnerabilidad a las tentaciones o a la violencia criminal que es impune.

PROMOVER IMPUNIDAD

¿Cómo pensar en que de verdad se protege a los ciudadanos con esas deficiencias, que son estructurales? Por eso esto es un círculo vicioso: porque el gobierno federal descalifica a las corporaciones estatales y municipales, pero hace poco para rescatarlas. Éstas quieren hacer más de lo que pueden, pero no tienen dinero para mejorar sus condiciones. Y el gobierno estadounidense, como buen fiscal de todo, ofrece menuda ayuda exhibiendo estos problemas que ya debieran estar atendiendo los tres niveles de gobierno. Pero no lo hacen.

+ Ningún grupo se responsabiliza del poder

Dice la sabiduría popular, que en política la victoria tiene muchos padres, pero que la derrota es huérfana, porque nadie se hace responsable de ella. En Oaxaca, con el régimen de la alternancia, la victoria electoral tuvo muchos padres que, sin embargo, hoy no se hacen responsables de ese poder y, al contrario, lo desconocen para continuar medrando con las redituables banderas de la oposición iracunda.

Este caso raro lo vemos ahora, en un ambiente inédito de supuesta transición democrática y cogobierno de un grupo mayoritario de fuerzas políticas, pero que contrasta con una cada vez más desbordada gobernabilidad que se va de las manos de quienes tienen en sus manos la responsabilidad del gobierno.

Si se supone que el Gobierno del Estado se encuentra integrado por una administración de coalición; si se supone también que en el Congreso el conjunto mayoritario de fuerzas son las mismas que integran el gobierno; y si se supone que los principales grupos que en otros tiempos fueron oposición, son los que colonizaron los partidos para acceder al poder, ¿entonces por qué crece todos los días la percepción de que el Gobernador se encuentra solo, en medio de un mar plagado de enemigos reales, pero también de aliados que hacen más daño que los propios adversarios?

Esta situación es ampliamente perceptible: la administración del gobernador Gabino Cué asumió el mando estatal respaldado no sólo por la fuerza de los votos, sino también de un amplísimo movimiento ciudadano que se manifestó a su favor quizá no tanto asumiendo su proyecto, sino como una forma de repudiar a los regímenes anteriores. Sólo así puede explicarse el amplio margen de ventaja, y las inmejorables condiciones de aceptación y credibilidad ciudadana en las que asumió el poder.

Sin embargo, queda claro que el problema no ha sido ese —e incluso tampoco sus adversarios— sino más bien el control de sus propios aliados. Por una razón de mera atracción natural, en los largos años en que el ahora Gobernador del Estado creó las condiciones de su candidatura, se rodeó de otros adversarios naturales de los regímenes priistas.

Por eso, más por coincidencia que por convicción, unos y otros se convirtieron en aliados y llegaron juntos a una batalla electoral formidable, en la que se tuvieron que valer de todos los medios (legales e ilegales) posibles para ganarle a adversarios priistas que usaban bien esos mismos métodos. Hoy puede verse, sin embargo, que los aliados electorales no tenían los intereses genuinos por el gobierno, que sí tenía el ahora Gobernador, en relación no a los beneficios sino a las responsabilidades.

Quedó claro que la gran mayoría de los grupos que apoyaron en campaña al Gobernador, lo hicieron viendo el triunfo electoral como el fin, y no como el medio para abonar la democratización de la sociedad oaxaqueña. Al ver la victoria electoral como meta, inmediatamente después decidieron comenzar a cobrar los dividendos de un gobierno que ni siquiera conocían, y al que tampoco querían.

Fue por eso que los aliados paulatinamente pasaron a ser un lastre, para finalmente convertirse en el dolor de cabeza del Gobernador del Estado. Éste, a pesar de todo, se encuentra efectivamente solo; y hoy ni siquiera parece posible que dentro del gabinete de gobierno tenga muchos aliados. Cuando mucho son dos o tres, pero todos los demás se encuentran, como los demás grupos que se convirtieron en satélite de los beneficios de las arcas y las potestades gubernamentales.

EL PODER ES HUÉRFANO

Cuando mucho, son dos grupos bien definidos los que se pelean el control del poder estatal en Oaxaca. Uno de ellos, es el llamado Grupo Oaxaca, y el otro es el de los “aliados” más recientes del Gobernador, quienes aún pujan dentro del mismo gobierno por adquirir más espacios de administración o gobierno, o de arrebatar a sus contrapartes los cotos que unos y otros conservan.

Sin embargo, fuera de ellos nadie parece preocupado por el poder… pero todos se encuentran ávidos por medrar con el presupuesto, por seguir obteniendo espacios de impunidad, o simplemente porque el gobierno no se meta con los feudos territoriales o sectoriales que ellos han creado. Tal parece, pues, que en Oaxaca el poder sí es huérfano, y que todos pretenden seguir apadrinando la oposición y la derrota.

Y es que no se necesita ser un gran conocedor, para poder darse cuenta que en Oaxaca ahí radica buena parte de todos los conflictos que enfrenta el gobierno con sus propios aliados. La gran mayoría de éstos, salieron justamente de la lucha social, gremial, política o de choque. La gran mayoría de ellos conseguía que el gobierno les hiciera caso sólo a través de la vía radical. Y hoy, cuando tienen el poder, se dieron cuenta que la vía institucional es, económicamente, mucho menos redituable que sus vías “tradicionales” de lucha.

Sólo así se puede entender que hoy el gobierno se cuide más de sus aliados que de sus enemigos. Los aliados se convirtieron en ellos, hermanados en una lucha en la que no les quedaba de otra. Mientras tanto (y afortunadamente para el gobierno, que tiene menos conflictos, y para Oaxaca que enfrenta menos calamidades), los supuestos adversarios (la oposición priista) no terminan siquiera de organizarse para asumirse como una oposición y tratar de luchar por el poder.

El resultado de todo esto, es que de todos modos no hay certidumbre en la gobernabilidad. Tampoco la hay en quiénes son los aliados reales del Gobernador, que sí buscan abonar a la gobernabilidad y a la paz social de la entidad. Mucho menos se tiene claro quién puede tener la convicción partidista para asumir posiciones claras. Y no parece haber forma de atajar la posibilidad de que sean los mismos funcionarios estatales, o sus enviados, los que sigan enloqueciendo a esta triste sociedad, que pareciera que por creer en “el cambio”, ahora por culpa de un mal entendimiento de la alianza y la responsabilidad, está pagando consecuencias nefastas de ello.

BOMBA DE TIEMPO

Las autoridades estatales y federales se resisten a reconocer que el Hospital Civil “doctor Aurelio Valdivieso” es una auténtica bomba de tiempo. El temblor del pasado 20 de marzo le provocó daños importantes a su estructura, que ahora se minimizan. ¿Y a poco, por ejemplo, nadie ha visto las gravísimas deficiencias que presenta en cuanto a salidas de emergencia y demás medidas de protección civil? ¿Esperarán a una tragedia para reconocer lo evidente? Aguas.