Democracia y gobierno: deshonran capital político

A juzgar por los resultados que hasta el momento ha entregado la LXI Legislatura del Congreso del Estado a Oaxaca, claramente se puede establecer que ahí lo único que varió fue la relación de partidos y fuerzas políticas, pero no la serie de prácticas viciadas y reprobables por las que, justamente, el electorado dejó de votar a favor del PRI. Ahí, propios y extraños siguen instalados en lo peor de sus prácticas. Y por eso, a pesar de sus dichos sobre consensos y resultados, no podrán ser absueltos ni justificados por el implacable tribunal de la historia.

En los comicios estatales del año pasado, la mayoría de los electores votaron por un cambio, que esencialmente rebasaba el slogan del entonces conjunto de fuerzas opositoras. Porque mientras éstos asumían el cambio como una simple alternancia partidista en el control de los poderes del Estado, la gran mayoría votó porque más allá del partido gobernante, se terminará con las prácticas relacionadas con la transa, con los cochupos, con la cooptación, con la corrupción y con la doble moral de los políticos que tenían el control del poder público.

Hablando en un sentido estricto, muchos electores, por ejemplo, votaron porque se terminaran las prácticas de avasallamiento en la toma de decisiones. Es decir, que los diputados del PRI, siendo mayoría absoluta, tomaran las decisiones sin siquiera tomar en cuenta (o consultar, o incluir) a las mayorías.

Los electores, también votaron a favor de que se terminara con aquella vieja tradición de que el Gobernador del Estado era el Jefe Político no sólo de su partido y de su fracción legislativa, sino de todos los que (siendo oficialistas u opositores) tuvieran alguna relación con el poder público; y que, basados en eso, las pretensiones del Gobernador (que en una democracia debían ser consensadas con los demás poderes, en una relación de coordinación y equilibrio) se convertían automáticamente en órdenes, que debían ser satisfechas sin miramiento ni contraposición alguna, so pena de ser reprendido política o económicamente a través de la maquinaria de control que equiparaba al Mandatario con un moderno Señor Feudal, dueño del territorio, y de todo lo que se encontraba en él.

Pero además —y esto es algo en lo que no han reparado ni los diputados coalicionistas, ni los opositores del PRI—, resulta que la gran mayoría del electorado que votó a favor del verdadero cambio, lo hizo también para terminar con las prácticas de cooptación y vasallaje que se alimentaban y se fomentaban particularmente en el Congreso. ¿De qué hablamos?

De que, les guste o no, lo acepten o no los actuales y los diputados de las Legislaturas pasadas, era —y sigue siendo— una práctica común entre los legisladores, que los integrantes del grupo mayoritario, fomentan la práctica de que el Gobernante coopte a los minoritarios, para que éstos suministren los votos que les hacen falta en decisiones importantes, que deben ser tomadas a través de mayorías calificadas.

En el pasado, los cooptadotes eran los gobiernos priistas y los cooptados eran los integrantes de las fuerzas de oposición. En antaño, los diputados priistas se quejaban porque mientras ellos debían obedecer, a título gratuito, la orden del Jefe Político, los legisladores de oposición eran “convencidos” a través de dádivas económicas, cargos públicos para sus allegados, e incluso de impunidad o “permisividad” para que realizaran ciertos actos que estaban por encima de la ley. Y hoy, queda claro, lo único que cambió es la filiación partidista de cooptadores y cooptados. Porque en el fondo, el Gobierno del Estado sigue “consensando” sus decisiones a través del torpedeo económico, del amague con la aplicación de la ley, o de la compra abierta de sus opositores.

La ciudadanía votó porque todo eso terminara. Para eso le dio la mayoría de representación a las fuerzas que acompañarían, desde el Congreso, a un Gobernador electoralmente fuerte: para que terminaran juntos con esas viciadas prácticas del pasado. No para que las siguieran fomentando y reproduciendo.

DESHONRA DEMOCRÁTICA

¿Ahora cómo pretenderán justificar lo que no tiene explicación? ¿Asegurando, por ejemplo, que la elección del nuevo Auditor Superior del Estado, fue producto de la razón y la reflexión por parte de todos los diputados? ¿Diciendo que todos, casi en forma unánime, consideraron que Carlos Altamirano Toledo era la mejor opción? Por favor.

Altamirano era inviable como candidato a Auditor Superior del Estado, desde el momento en que éste salió de las filas de la administración pública estatal, en la gestión del gobernador Gabino Cué… justamente para revisar las cuentas de esa administración estatal durante la gestión del gobernador Cué.

Frente a ese argumento, incuestionable, ¿Cómo pueden decir los diputados priistas que fue un consenso real y transparente el que permitió la llegada de tal personaje a la ASE? ¿Cómo pueden negar que la orden de que él fuera ungido llegó desde el Gobierno del Estado, y que para que ellos accedieran hubo de por medio ciertas cantidades de dinero, y la promesa eterna de espacios y prebendas?

Incluso, desde el mismo Gobierno del Estado, ¿cómo pueden decir que ahora se actúa con democracia y antes no, cuando son los mismos esquemas, exactamente los mismos que en el pasado (cooptación, promesas, chantajes, negociación de impunidad, etcétera), los que se ocupan hoy para hacer transitar una decisión que debía estar en manos distintas a las del Poder Ejecutivo.

Eso no lo pasará por alto un electorado medianamente inteligente que, por un lado, no esperaba tan poco del PRI como partido de oposición; pero que tampoco esperaba tantas bajezas (fundamentalmente por la convalidación de las prácticas de avasallamiento y compra de conciencias, operada desde el gobierno estatal) de los antiguos partidos opositores, que ahora que tienen el poder resultaron ser tanto o más ambiciosos, codiciosos y antidemocráticos, que sus contrapartes.

COSTO, IRREMEDIABLE

Todo eso será finalmente pagado en 2013, cuando los partidos dejen sus poses y sus intereses, y pretendan presumir al electorado sus logros como fracciones parlamentarias. ¿Con qué cara dirá el PRI que fue una oposición “seria y responsable”, cuando sin ningún rubor se ha plegado, siempre, a las decisiones oficiales? ¿Qué dirán, cada uno por su lado, los ahora partidos coaligados, sobre la calidad de “democracia” que fundaron? No habrá nada que presumir. Nada.

+ Interés partidista y coto de poder: nada de democracia

La elección legal, pero no legítima, del nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado, pone en evidencia que los tiempos y los partidos pueden cambiar, pero no las prácticas y la obsesión por tener controlado al poder. Aunque los órganos autónomos y la fiscalización son sendas expresiones contemporáneas de una sociedad democrática, en Oaxaca todo quedó nuevamente reducido al interés partidista y los cotos de poder de quienes, desde el oficialismo y la oposición, gobiernan la entidad.

El asunto estaba claro desde un inicio: hace ya varias semanas, desde el Gobierno del Estado se decidió que el nuevo Auditor Superior del Estado sería el entonces secretario de Desarrollo Social y Humano, Carlos Altamirano Toledo.

Se cumplieron todas las formas legales para tal efecto (la presentación de la propuesta, la exposición de un proyecto de trabajo, e incluso la renuncia a su cargo en el sector público), pero sin satisfacerse los requisitos de legitimidad: es decir, sin garantizar que el nuevo Auditor fuera, primero, especialista en la materia; segundo, un personaje de verdadera extracción ciudadana; y tercero, que no tuviera ni aspiraciones políticas ni relaciones de sumisión o de interés con una de las esferas gubernamentales (el gobierno estatal) a las que, se supone, se va a encargar de fiscalizar.

Esta cuestión es, a su vez, preocupante por al menos dos razones: la primera, porque Altamirano Toledo no es un personaje que, como profesional, se pueda jactar de ser un especialista en las materias que ahora tendrá la responsabilidad de desarrollar. Y segunda, porque ni su proceso de elección, ni las formas que ocuparon —tanto desde el Gobierno del Estado como desde las fuerzas de oposición— para operar su nombramiento, son ni siquiera las mínimas aceptables para poder asegurar que el nuevo titular del órgano fiscalizador tendrá todas las libertades, y la determinación, para verdaderamente revisar las cuentas del gobierno estatal, y de los municipios, sin cargas ni fobias partidistas, y sin los intereses políticos que tanto urge que se desincorporen de las decisiones de interés mayoritario.

La primera de las cuestiones no es menor: el cargo de Auditor Superior es, por mandato constitucional, especializado. Es decir, que debía ser no sólo un profesional sino —de acuerdo con el recién reformado último párrafo del artículo 65 bis de la Constitución del Estado— un experto “en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades”. Además del mandato constitucional (que para efectos prácticos puede o no cumplirse a cabalidad, y solamente convalidarse la “idoneidad” a través de un título profesional), la calidad de experto en la materia debía ser una cualidad ponderada por parte del Poder Legislativo al momento de hacer su elección.

No obstante, la segunda de las cuestiones es aún más grave. Ayer mismo, tal parecía que todas las fracciones parlamentarias representadas en el Congreso, habían decidido hacerse a un lado de cualquier discusión seria sobre el asunto. Todos decían que “el pleno” haría la elección, en aras de desmarcarse personalmente de la decisión que estaba a punto de tomarse.

Los partidos integrantes de la coalición gobernante simplemente rehuían a cualquier intercambio; y los opositores del PRI guardaban silencio esperando el momento de la votación. Nadie en el Congreso, parecía tener la convicción suficiente para cuestionar el proceso, y mucho menos para evitar la consumación de este intento de imposición (y colonización formal, oficial) del Poder Ejecutivo en el órgano de fiscalización del Congreso del Estado. Frente a todo esto, quedaba desterrado cualquier viso de democracia, de legitimidad y hasta de verdadera deliberación, frente a un apabullante resultado de 36 votos a favor de Altamirano Toledo.

Al “negociar” la unción del nuevo Auditor, todos confundieron, voluntariamente, la posibilidad de cabildear con la de transar; confundieron también el hecho de que la concertación no necesariamente significa concertacesión; e incluso, de nuevo cayeron en el garlito de que “representación popular”, “coalición” y “oposición responsable” no son sinónimos, ni sendas patentes de corso, para replegarse frente a las decisiones oficiales.

PRIVILEGIADO, EL

INTERÉS PARTIDISTA

En la lógica del poder, el gobierno de Ulises Ruiz creyó haber “cumplido” con la democracia, al crear las figuras de varios órganos autónomos como la ASE o el Instituto de Acceso a la Información; sin embargo, su compromiso se terminó al crearlos, porque a cambio de ellos retuvo su control a través de personajes afines al poder. La tarea de sus sucesores, en esa lógica, sería justamente la de verdaderamente democratizar a los órganos autónomos, a través de la selección de sus titulares a través de criterios claros y apegados a los principios según los que fueron creados doctrinaria y jurídicamente.

En esa lógica, era relativamente comprensible la insistencia del nuevo gobierno por lograr la separación del cargo de los titulares heredados. No obstante que eso es jurídicamente inadmisible, todo podría tener cierta justificación si las deposiciones hubieran dado paso a un verdadero proceso de elección libre y accesible para todos los ciudadanos, que además brindara la certeza sobre la independencia en la integración de tales órganos.

Lo que ocurre, sin embargo, es exactamente lo contrario: como tradicionalmente ocurre, el gobernante decide en la lógica de sostener su poder, y entonces decide quién irá al órgano autónomo (que con eso, materialmente deja de serlo). La decisión la toma, en aras de mantener acotado al poder, y sostener el control sobre los riesgos para su gobierno. En su momento, esa fue la lógica priista (inadmisible) para nombrar a una subordinada como titular de la ASE (Lizbeth Caña); pero es increíble que esa sea hoy, en estos tiempos de supuesta democracia, la misma lógica para imponer a Altamirano Toledo.

POLÍTICA DEGRADADA

Todo esto, sin duda, es harto dañino para la democracia. Los diputados locales, y el Ejecutivo, no están cumpliendo con las expectativas democráticas que se generaron. Oportunidades para reivindicarse sí han existido. Lo que no parece haber, es voluntad para verdaderamente equilibrar el poder, y desterrar la idea, cada vez más presente, de que la alternancia fue sólo “quítate tú para que me ponga yo”… sobre las mismas bases autoritarias e impositivas que ya no quiere la ciudadanía.

+ Consolidación (y perpetuación) en el poder, el objetivo

La semana pasada, la diputada local del PAN, Marlene Aldeco Reyes Retana, presentó una iniciativa de reforma para modificar el segundo párrafo del artículo 75 constitucional, para permitir que quien ha sido ya Gobernador del Estado en la calidad de interino, provisional o sustituto, pueda volver a ocupar ese cargo.

Tal pretensión, que se pretende justificar a través de argumentos como el de la armonización con la Constitución federal, y con el de la salvaguarda de los derechos político-electorales del ciudadano, en realidad esconde una pretensión mayor de nostalgia por el poder en ciertos sectores del grupo gobernante, que ha provocado ya fuertes pugnas en Oaxaca, y que en buena medida es el origen del proceso de descomposición política por el que ha atravesado la entidad.

Este asunto, que es complejo en sí mismo, para su análisis debemos dividirlo entre los aspectos estrictamente jurídicos, y las implicaciones políticas —y particulares propias de Oaxaca— que conlleva. Por eso, sin duda, debemos ir por partes.

En estricto sentido jurídico, la diputada Aldeco Reyes Retana asegura que su reforma, pretende armonizar (o hacer concordante) el texto constitucional local, con lo que establece el artículo 116 de la Constitución General de la República en su fracción primera. Porque mientras el Texto Constitucional de Oaxaca, en el segundo párrafo del artículo 75, establece que “el ciudadano que haya ocupado el cargo de Gobernador del Estado, por elección ordinaria o extraordinaria o con el carácter de interino, provisional o sustituto, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar el cargo de Gobernador en cualquiera de sus modalidades”, el numeral 116 de la Constitucional federal sí establece, como base general para las entidades federativas, la posibilidad de que quien haya ocupado la Gubernatura en tales calidades, puede volver a competir, por la vía electoral y no en el periodo inmediato al en que ocupó tal cargo, para ser Gobernador Constitucional del Estado.

Frente a esta discordancia jurídico-constitucional, debemos entender varias cuestiones. La primera, y más importante, radica en que si bien la Constitución federal establece bases generales para la organización del poder público en las entidades federativas, éstas no constituyen una obligación o un deber de observancia de las mismas, siempre que no se rebasen los límites establecidos. Incluso, en la doctrina constitucional se considera que, en algunos puntos, ese artículo rebasa el límite de la soberanía en lo concerniente al régimen interior de las entidades federativas.

Por esas razones, es altamente engañoso el argumento de la “armonización” entre la Constitución local y la federal. Ésta última, en todo caso, establece los límites de lo que no se puede hacer en cuanto al régimen interior de los Estados. Pero, indudablemente, lo contenido en el segundo párrafo del artículo 75 de la Constitución de Oaxaca ni rebasa lo establecido en el 116 de la Constitución federal, ni tampoco existe la obligación de hacer homólogas tales disposiciones, que pueden seguir subsistiendo sin ningún conflicto y que, en el último de los casos, son también parte de la capacidad de decisión soberana que tiene Oaxaca sobre su gobierno.

CIRCUNSTANCIAS POLÍTICAS

Ahora bien, vayamos al terreno de la praxis. La disposición constitucional estatal antes comentada, fue establecida y remarcada por el gobernador Heladio Ramírez López, como una forma de remarcar ciertos postulados e intereses de amplios antecedentes histórico-políticos de Oaxaca y del país. De hecho, tal disposición es homóloga con el artículo 83 de la Constitución Federal, que establece, para el caso del Titular del Poder Ejecutivo, que “el ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, o con el carácter de interino, provisional o substituto, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto.”

Si en realidad no existe conflicto entre los derechos político-electorales del ciudadano, y tales disposiciones, que tienen una ascendencia histórica importantísima para nuestra cultura y sistema político, ¿entonces cuál es el interés por hacer, en este momento, una modificación a la Constitución de Oaxaca y abrir la posibilidad de que, quien ya pudiera haber sido Gobernador interino, provisional o sustituto, pueda volver a ocupar dicho cargo a través de elecciones populares?

Si tal reforma está encaminada a beneficiar a alguien en particular, ese “alguien” tiene nombre y apellido: Jesús Martínez Álvarez. Recordemos que desde el periodo del gobernador Ramírez López, todos los mandatarios siguientes han concluido sus periodos constitucionales de gobierno. Y, sobre todo, que los Mandatarios interinos, provisionales o sustitutos anteriores al gobernador Pedro Vásquez Colmenares, están muertos.

No obstante todo lo anterior, esta pretensión de reforma al artículo 75 de la Constitución del Estado, es añeja: de hecho, ese fue el punto central de la disputa habida, en distintos momentos y cada uno con características particulares, entre el llamado “Grupo Oaxaca” con los gobernadores Ramírez López, José Murat y Ulises Ruiz. A todos ellos, el grupo al que pertenece el ahora Secretario General de Gobierno, exigió la derogación del segundo párrafo de tal precepto, para que éste pudiera volver a la Gubernatura, en calidad de Gobernador Constitucional.

Hoy, sin embargo, están más cerca que nunca de lograrlo. Varios de los más renombrados integrantes de ese grupo ostentan cargos de primer nivel, tienen el apoyo político del grupo gobernante, y la posibilidad de modificar tal precepto abre múltiples posibilidades respecto a un potencial proceso de sucesión adelantada, o de consolidación de cierto proyecto político para el sexenio siguiente.

¿CASUALIDADES?

Queda claro que en política nada es casualidad. No lo es, que justo ahora se “reviva” aquella pretensión añosa de eliminar el candado constitucional para los gobernadores no constitucionales en Oaxaca. Tampoco lo es, que hoy tal pretensión sea colocada en el Congreso el Estado, por una legisladora que es hija de uno de los eternos leales (Carlos Aldeco Reyes) a quien parece querer beneficiar directamente el potencial cambio constitucional. ¿Muy democrática su reforma? Ya veremos cómo esto es un engaño, y cómo esta pretensión no pasa, ni a empujones, por el tamiz de una verdadera discusión sobre avances democráticos para una sociedad.

+ Gobierno no necesitaba a Elba Esther Gordillo

Desde el 1 de diciembre, cuando sorpresivamente se anunció que la ex candidata a la gubernatura por el Partido Nueva Alianza, Irma Piñeyro Arias, ocuparía la Secretaría General de Gobierno de la administración del gobernador Gabino Cué, iniciaron las especulaciones sobre si esa posición, era el pago de una cuota a la presidenta nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales. Aunque la posibilidad es morbosamente atractiva, en realidad habría que ir a los datos duros para corroborar si en realidad existió tal alianza, si sirvió para algo, y si en realidad el Mandatario tenía algo que pactar con la cuestionada Líder Magisterial.

Por lo menos en el mes previo a la toma de posesión del gobernador Cué, abundaron las especulaciones sobre quién ocuparía la General de Gobierno. Conforme se acercaba la fecha en que el nuevo régimen asumiría el poder, se supo que habría un replanteamiento de las estructuras administrativas del gobierno estatal.

Todo esto quedó claro apenas unos días antes del cambio de poderes, cuando fue presentada al Congreso la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en la que se contemplaba la creación de una Oficina de la Gubernatura (como una especie de jefatura fáctica de gabinete), y la modificación y reagrupación de las atribuciones de la mayoría de las secretarías de gobierno. En la reforma misma, quedaba claro que la General de Gobierno, ya no sería la dependencia políticamente fuerte de la administración estatal.

Mientras todo eso ocurría, arreciaban las especulaciones sobre los nombres posibles de quienes ocuparían cada una de las dependencias. Se decía, en la segunda quincena de noviembre, que lo mismo podría quedar como secretario General de Gobierno Celestino Alonso Álvarez, que Benjamín Robles Montoya, o Alberto Esteva Salinas. Todos los que especularon, o dijeron tener seguridad de que entre esos nombres se resolvería la Segego, se fueron con un palmo de narices cuando la definición cayó sobre Piñeyro Arias.

De inmediato, corrieron los rumores respecto a cuál había sido el arreglo para su arribo a la dependencia encargada de la política interna de la entidad. La explicación más lógica, derivada de la fortaleza que tiene el SNTE (y el Panal) en la gobernabilidad nacional, y de los posibles pactos del nuevo Gobernante con los más importantes factores reales de poder, concluyó que el nombramiento de Piñeyro como secretaria General de Gobierno, era consecuencia de un pacto del gobernador Cué con la profesora Gordillo Morales.

Todo esto, sin embargo, pudo haber seguido una lógica distinta. Muchas de las modificaciones hechas a la estructura de gobierno, tuvieron que ver justamente con la búsqueda del sostenimiento de los equilibrios entre los grupos que lo rodean. No podía colocar en puestos clave del gobierno estatal, en un primer momento, a dos funcionarios de los dos principales grupos que lo apoyaron.

Es decir que, por ejemplo, no podía poner a Esteva y Robles al mismo tiempo para que “convivieran” en la General de Gobierno y la Oficina de la Gubernatura, respectivamente, porque más que cualquier efecto positivo, esto traería una confrontación infinita, pues esos y otros personajes no han aprendido a vivir en correlación: cada uno de ellos pretende tener todo el control de todas las decisiones, y eso no provoca más que roces y confrontaciones que, visto está, no llevan a nada bueno a un gobierno.

Pero podría haber habido más: al mismo tiempo, al arranque de su gestión, el gobernador Gabino Cué otorgó sendos cargos en su gabinete a sus dos adversarias en la batalla por la gubernatura. Al integrarse a su gobierno Irma Piñeyro y María de los Ángeles Abad, el Mandatario buscó enviar señales políticas de inclusión, y de que el PRI se quedaba solo en su calidad de opositor. Queda claro, sin embargo, que estas fueron sólo señales de cierto decoro, pues en los hechos a ninguna se le permitió nunca la posibilidad de hacer algo más que fungir como un simple elemento decorativo de un gobierno pretendidamente “democrático”.

ELBA ESTHER, ¿PARA QUÉ?

Ahora bien, vayamos a la sustancia del supuesto pacto entre el gobernador Cué y la profesora Gordillo, y preguntémonos lo siguiente: ¿Buscando qué, habría pactado algo el Mandatario con la Líder Nacional del magisterio? Ella, a la luz de los hechos, carece de los hilos necesarios en Oaxaca, y en el país, para ayudar al Gobernador de un estado con tantas complejidades, como lo es Cué en Oaxaca.

Si fuera otra la composición magisterial en la entidad, podría pensarse que la posición habría sido entregada para mantener la correlación de fuerzas con el magisterio estatal, a través de una medida de control con el CEN del SNTE. Sólo que, aquí, la Sección 22 es disidente al CEN del SNTE, y por tanto éste no tiene ningún tipo de control ni ascendencia sobre las decisiones de aquél. Ese supuesto pacto, no pudo evitar que en mayo pasado hubiera plantón y paro de labores magisteriales en la entidad, y mucho menos que el gobierno entregara más dinero que nunca a la Sección 22, a cambio del regreso a las aulas.

En otra lógica, podría suponerse que el acuerdo radicó en la entrega de la General de Gobierno, a cambio de que la profesora Gordillo le sirviera al gobernador Cué como interlocutora para resolver asuntos de trascendencia nacional con el gobierno federal, y todas las fuerzas políticas. esto podría ser. Sólo que La Maestra hoy más que nunca tiene una relación desgastada y adversa con el presidente Felipe Calderón (quien tampoco le da mayor importancia al gobernador Cué), y el Gobierno de Oaxaca se ha encargado de romper cualquier posibilidad de diálogo con los opositores del Revolucionario Institucional (que, valga decirlo, tampoco le reconocen mayor ascendencia a la Líder Magisterial).

Incluso, podría suponerse, en un último caso, que el pacto fue de corte partidista rumbo a las elecciones federales de 2012. Esta posibilidad, sin embargo, también queda descartada ante la inminente alianza del PRI y el Panal para los comicios presidenciales.

MAL NEGOCIO

Si hubo, en realidad, éste fue costoso y poco benéfico. Irma Piñeyro no hizo todo lo que podía, en buena medida porque la atajaron y menospreciaron sistemáticamente, pero también por sus propias limitaciones. Y por eso, más que pacto, su paso por Segego parece consecuencia de una decisión aventurada, de un gobierno nunca acabará de cumplir con los compromisos que creó para llegar al poder.

Pésimo signo, que fiscalización siga “entre cuates”

Una de las razones por las que justamente la ley prevé que ciertos órganos del Estado sean renovados en periodos distintos a los ejercicios de gobierno, estatales o federales, radica en la inhibición de la posibilidad de que las administraciones y los grupos políticos en el poder, puedan tener fiscalizadores a modo.

Se supone que todo esto, debe estar reforzado por la participación auténtica de ciudadanos que garanticen que la revisión del ejercicio público sea puntual y objetiva, y no cargada a favor o en contra del grupo gobernante. Si se entiende que todas estas son condiciones naturales de toda “sociedad democrática”, como la que dicen que ya comenzamos a ser, ¿entonces por qué en Oaxaca se está promoviendo la repetición de los viejos esquemas —propios de los regímenes priistas hegemónicos— para la designación del nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado?

El asunto no es menor. Al menos en el Congreso del Estado, y en los corrillos de la política gubernamental, ya se desborda la especie de que “el bueno” para encabezar la ASE próximamente, es el hasta ahora secretario de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado, Carlos Altamirano Toledo.

Esto, dicen, podría ya estar “autorizado” por el gobierno estatal, y es posible que incluso cuente el apoyo con las bancadas opositoras en el Congreso. Independientemente del interés particular que guardan cada una de las fuerzas representadas, y el régimen gobernante, consolidar esta posibilidad constituirá un golpe implacable para nuestra —incipiente y nada clara— “sociedad democrática”. ¿Por qué?

Sencillo. Porque independientemente de que Altamirano —o cualquier otro personaje afín al poder— pueda ser un extraordinario economista, y que cuente con todas las potencialidades para desarrollar inmejorablemente las atribuciones del cargo, queda claro que tanto su procedencia, como su modo de arribo, abonarían no sólo a las peores condiciones para su nombramiento (pues llegaría señalado y cuestionado, con toda razón, por la potencial sumisión al gobierno para el que trabajó y por el que fue impulsado para el cargo desde donde él se dedicaría a fiscalizarlo), sino que también serían la repetición fiel y exacta del pasado: es decir, que Altamirano caminaría sobre los pasos que marcó Rosa Lizbeth Caña Cadeza, como una auditora subordinada e impuesta por el gobierno en turno, que luego fue depuesta por la administración siguiente. Marcaría, de entrada, su destino y su paso (incompleto) por el órgano de fiscalización del Congreso.

Desde la creación de los órganos tales como la ASE, el Instituto de Acceso a la Información, y demás, quedó claro que su único gran cuestionamiento radicaba en la forma como fueron integrados. Aunque democráticamente era inadmisible que el entonces gobernador Ulises Ruiz impulsara a una serie de personajes de amplia cercanía a él para encabezar a esos órganos, la llegada de personajes como Caña Cadeza a la ASE, o Genaro Vásquez Colmenares al IEAIP, fueron “entendidos” bajo la lógica pura del poder, que indicaba que si bien el régimen anterior ya había creado los órganos, dejaría a sus sucesores la tarea de iniciar el verdadero proceso de independencia, y de desincorporación de los integrantes de éstos del grupo gobernante.

En esa lógica, comprensible pero no admisible, la democratización e independencia plena de esos órganos debió llegar en el momento de que sus primeros integrantes culminaran sus respectivos periodos, y entonces se combinaran tanto la voluntad democrática del grupo gobernante, como el interés verdaderamente ciudadano por participar de esos procesos, para conseguir titulares e integrantes de los órganos autónomos, verdaderamente comprometidos con las causas y los fines que éstos persiguen.

Sin embargo, parece que eso podría quedar eventualmente cancelado.

¿ESTABILIDAD EN LOS CARGOS?

Uno de los puntos que provocó mayores cuestionamientos, incluso antes de que se aprobara la reforma constitucional ocurrida recientemente en Oaxaca, era la firme voluntad que manifestaba el grupo gobernante por “renovar” la integración de los órganos autónomos. Esa voluntad —que caminaba lo mismo sobre los rieles de la democracia, que sobre los del exterminio al régimen anterior—, fue finalmente convalidada por todos los partidos políticos, que votaron modificaciones sustanciales a sus alcances e integración, y que dieron la pauta para que los actuales titulares fueran removidos.

El primer órgano sobre el que se puso la mirada, fue justamente la ASE. En un principio, la auditora Caña decidió dar la batalla, y a través de distintos canales, manifestó la necesidad de que los titulares de esas instancias culminaran sus periodos. Y es que, independientemente de sus dichos y sus formas de defensa, para todos quedaba claro que sería un mal ejemplo del gobierno entrante, el tratar de forzar cambios constitucionales para expulsar a funcionarios que gozaban de estabilidad en sus cargos, sólo porque eran afines a un gobierno distinto al actual.

Lo más riesgoso, en ese sentido, radicaba en la posibilidad de que los nuevos titulares de los órganos corrieran, seis años después, con la misma suerte que sus antecesores. Todo eso, rompería con varios de los principios fundamentales sobre los que se fundan los alcances de ese tipo de órganos, y provocaría que materialmente los cambios en entidades como la ASE, el IEAIP y demás, quedaran sujetos también a los vaivenes políticos sexenales de los que, se supone, deberían ser ajenos.

Al final, la reforma se pactó, aunque nunca quedó claro si los partidos de oposición pusieron como condición que para la nueva integración de los órganos autónomos, se hiciera un verdadero proceso de auscultación. Seguramente eso no ocurrió, porque independientemente de las “formas democráticas”, parece que ya existe un personaje perfilado —que bien podría ser Altamirano Toledo, u otro personaje ligado al gobierno estatal— para ocupar dicha responsabilidad. Aunque cargará con los mismos cuestionamientos con los que sus impulsores descalificaron la integración actual de la Auditoría.

INSENSIBILIDAD

Los adultos mayores que recién recibieron su primer cheque del programa Bienestar, deben acudir per-so-nal-men-te a la sucursal bancaria a cobrar el apoyo económico. No importan sus enfermedades, ni su edad, ni las larguísimas filas, ni la burocracia, ni las inclemencias del tiempo. Abundaremos.

Zorrilla: cada 40 días cambia de Secretario Particular

Culpar y justificar, equivale a no tener la capacidad para elevar el debate. Y hasta el momento, eso es lo que hemos visto entre el gobierno estatal y sus opositores: la diputación federal priista ha denunciado insistentemente las dilaciones en el ejercicio del presupuesto autorizado para 2011; y la administración estatal, a través de la Secretaría de Finanzas, insiste en pagarles con la misma moneda, señalando que el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz dejó más de ocho mil millones de pesos pendientes de ejercer. En un debate serio, y más allá de sus particulares trifulcas, cualquier oaxaqueño de a pie podría decirles a todos: “Y eso, ¿qué?”

Y es que, en efecto, queda claro que ni las culpas ni las justificaciones sirven de algo, cuando éstas no vienen acompañadas de soluciones. Y hasta el momento, todo lo que hemos escuchado de los actores y grupos políticos involucrados, son acusaciones, réplicas y lamentaciones, sin que exista posibilidad de que unos y otros comprendan que más allá de sus posiciones e intereses, lo que importa —o debería importar— es lo que pueda o no hacerse por Oaxaca.

En los últimos días, por ejemplo, el diputado federal priista Jorge González Ilescas, ha denunciado que, en base a información oficial que asegura le fue proporcionada por instancias federales, de un total de 103 obras planeadas en la cartera del ejercicio fiscal 2011 para la entidad en cuanto a obras destinadas a pueblos y comunidades indígenas, a la fecha únicamente 41 obras cuentan con proceso de adjudicación y 62 obras aun ni si quiera han iniciado con dicho proceso.

Según el legislador federal, todo eso indica que del total de la cartera, a la fecha únicamente un 39 por ciento cuenta ya con un proceso ya definido de adjudicación, mientras que casi un 61 por ciento no han sido licitadas. Incluso, el diputado González puntualizaba que aún cuando 41 obras cuentan ya con un proceso de adjudicación, eso no significa que físicamente se encuentren ya en proceso de construcción.

Esto, sin embargo, se contrapone con las aseveraciones hechas por el secretario Gerardo Cajiga Estrada, quien el domingo pasado detalló en conferencia de prensa que de la pasada administración, “se localizaron más de mil 923 millones de pesos que el gobierno anterior dejó en cuentas bancarias y que no fueron utilizados para el bien de los oaxaqueños”.

Según información dada a conocer ayer en TIEMPO, el secretario Cajiga Estrada explicó que también hallaron casi  mil millones de pesos de Alianza para el Campo 2009 y 2010 que estuvieron a punto de perderse, pero que en el presente se corrigieron. Además, aseguró haber logrado el refrendo de 250 millones de pesos para infraestructura básica para pueblos indígenas y medio ambiente.

Señaló que en 2008, mil millones de pesos no fueron ejercidos, mientras que en 2009 fueron más de 2 mil 300 millones en subejercicios para salud, carreteras, educación, “y ahora pretenden señalar y cuestionar cuando ni siquiera se ha terminado el presente ejercicio fiscal; se avanza en tiempo: son casi 1 mil millones en total de la pasada administración los cuales se buscan ahora rescatar. Y dijo: “A diferencia de lo que han dicho algunos legisladores federales, no tenemos previsto que se generen subejercicios en esta administración”.

NUMERITOS HABLAN

El quid de la discusión debía centrarse no sólo en si se ha gastado o no, sino también en si se ha gastado bien, en cómo se planea gastar y, sobre todo, qué impacto tendrá ese gasto en el bienestar de las personas. Sin embargo, lo que hemos visto hasta ahora es una tortuosa, inservible, ruidosa y bizantina discusión respecto a culpas y justificaciones. La disputa, en el fondo, no es sino una mezcolanza de intereses políticos, combinados con ánimos opositores, y rematados por la voluntad que tiene el gobierno estatal de seguir alimentando una polémica que, finalmente, no llevará nada positivo para nadie.

¿Qué pretenden los diputados priistas en su calidad de opositores? ¿Pretenden sólo jorobar al gobierno de Gabino Cué Monteagudo, o en realidad tienen preocupación porque ese dinero se gaste, y se gaste bien en pro de los que menos tienen? Si el ánimo es el primero, seguramente continuarán haciendo lo propio incansablemente; empero, si es lo segundo, entonces tienen que comenzar a buscar los mecanismos alternos para que ese dinero no se pierda, pero sobre todo, para que éste pueda llegar íntegro y en tiempo a las comunidades que lo necesitan.

En lo que les toca a ellos, el gasto no debe seguirse haciendo en base a compromisos o intereses políticos, sino en cuanto a las necesidades reales de los pueblos que lo necesitan. Si se gasta mucho y se gasta mal (porque no hay planeación, porque no se le da seguimiento a los proyectos de largo plazo, porque los recursos se comprometen en base a intereses partidistas, o lo que sea), de todos modos no sirve de nada. La parte de la planeación y la responsabilidad en el gasto debía ser también una preocupación propia. Es decir, estar pendientes de en qué, cómo y para qué pretende gastar el gobierno estatal el dinero que le ha sido dado, y le será concedido en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Empero, el Gobierno del Estado debe también ver el asunto con verdadera responsabilidad, y asumir que el verdadero “enemigo” —si es que lo hay— no debieran ser los opositores locales (que les reprocharán hasta el más mínimo error), sino el gobierno federal, que sistemáticamente se resiste a entregar los recursos que pueden ser de mucha utilidad para la entidad.

Insistimos. Este asunto, más que constituir una riña constante entre el gobierno de Oaxaca y la diputación federal (que más temprano que tarde se verán las caras, para trabajar juntos por el presupuesto del año próximo), debía ser un asunto genuino de preocupación y trabajo común a favor del estado. Seguir alimentando la disputa, y reprochándose lo que ya se hizo mal, no sirve de nada. Ojalá todos juntos dejaran de ser parte del problema, y pasaran a ser partes fundamentales de la solución —que sin duda le caería de maravilla a Oaxaca.

EL TUMBA PARTICULARES

No. No es Patricia Santos, la “tumba hombres”. Este personaje, llamado José Zorrilla, que funge como secretario de Economía y Turismo del Gobierno de Oaxaca, en promedio ha cambiado de secretario particular cada 40 días. Lleva aproximadamente siete meses y medio en el cargo, y ha cambiado seis veces de Secretario Particular. ¿Será casualidad, o es que el problema es él?

+ Pérdida de decoro, única demostración de aspirantes

Pareciera que los grupos de poder al interior del Partido Revolucionario Institucional en Oaxaca, no terminan de comprender que lo inédito de estos tiempos también conlleva la pérdida del poder real para decidir, aquí, quiénes serán los candidatos para los próximos comicios.

Al estar erradicada la antigua figura del Jefe Político, y teniendo en puerta una elección presidencial, queda claro que las variables para elegir a los candidatos a cargos de elección popular, en Oaxaca seguirá una lógica distinta a cualquier otra vista hasta ahora. No obstante, para comprender a cabalidad este nuevo contexto, es importante analizar detalladamente cada una de sus aristas.

Primero. Tradicionalmente, el Jefe Político del priismo, era también el Jefe Político de la entidad, y tenía un grado importante de ascendencia frente a las cúpulas nacionales del tricolor. En los mejores tiempos del PRI, y hasta hace no mucho, literalmente el Gobernador del Estado era quien mandaba tanto en el partido, como en el Estado.

¿Qué significaba esto? Que él era quien decidía el rumbo de la militancia partidista, quien hacía y deshacía candidatos, y quien proyectaba a ciertas figuras o liderazgos para los procesos sucesorios. Así, independientemente del momento político que se viviera, el Gobernador del Estado podía hacer trascender a ciertos personajes de su grupo aún frente a la contrariedad u opinión de la cúpula tradicional de su partido.

Hoy, sin embargo, a quien podría aún ubicarse como Jefe Político del priismo oaxaqueño (el ex gobernador Ulises Ruiz), a lo mucho sigue siendo Jefe pero ya sólo de su grupo político; todas las demás fuerzas al interior del PRI están atomizadas (es decir, ya no reconocen su liderazgo); y, además, hoy el ex gobernador Ruiz ya no tiene ni la ascendencia frente al Comité Ejecutivo Nacional, ni la “mano” para decidir las definiciones de candidatos en el estado que gobernó hasta el mes de noviembre pasado.

Segundo. Si hoy el otrora Jefe Político no tiene mano para decidir quiénes serán candidatos en el próximo proceso electoral, mucho menos tiene esta posibilidad la dirigencia estatal. Más allá de la dirigencia formal, y de las cuestiones de forma que también se esgrimen, queda claro que el Comité Directivo Estatal, a lo mucho llega a ser algo así como un carro desvencijado, que por pura casualidad sigue andando, aunque ya sin ninguna posibilidad real de competir.

En ese sentido, el cargo partidario que ostenta Eviel Pérez Magaña no resulta una ventaja para sus aspiraciones, ni mucho menos posibles “dados cargados” a su favor, o en contra de cualquier otro aspirante a diputaciones federales, o al Senado de la República. En realidad, ninguna estructura formal partidaria tiene hoy ni la fuerza ni los recursos “per se” para poder impulsar a tal o cual figura usando al tricolor como trampolín. Y eso debiera comenzar a quedar claro entre todos aquellos que insisten en seguir viendo al CDE, o a los sectores priistas, como auténticas herramientas para, según ellos, construir candidaturas sólidas rumbo a 2012.

Tercero. Por si algo faltara, hoy queda claro que todas las decisiones importantes serán nuevamente concentradas en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Nunca como ahora, en los 12 años que llevan como partido de oposición, habían tenido tantas posibilidades de recuperar la Presidencia de la República, ni tampoco habían tenido sendos liderazgos tan marcados, reconocidos y legitimados, como los del coahuilense Humberto Moreira Valdez, como dirigente nacional, y del aún gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, como potencial candidato presidencial.

Si algo queda claro, es que serán ellos quienes decidirán el rumbo del tricolor en todos los rincones donde puedan hacerlo. Y que para decidir ya no habrá “mano” para los Jefes Políticos ni respeto a las viejas ascendencias que hoy difícilmente representan algo. Más bien, para asumir sus decisiones y garantizar buenos resultados, no tendrán otro factor sino el puramente pragmático de postular a candidatos que sean competitivos electoralmente, y que garanticen el triunfo en la parte que les sea encomendada.

MALOS ANTECEDENTES

¿Habrá quedado entendido todo eso en el priismo oaxaqueño? Aquí, la militancia y las cúpulas se encuentran inmersos en una feroz lucha, en la que no existe regla alguna ni visión de mediano plazo, porque todos consideran que todos son avasalladores, y porque todos asumen que con sus respectivos rounds de sombra podrán ganar algo frente a una dirigencia nacional que sólo mira cómo todos acaban con cualquier buena reputación como partido unido, sólido y disciplinado, que alguna vez pudo tener el priismo oaxaqueño.

La primera de las luchas que hoy se libra ferozmente —y que difícilmente tendrá un dividendo positivo frente a las decisiones nacionales—, es la que ocurre entre los integrantes del antiguo grupo gobernante por la candidatura al Senado.

Los mismos diputados federales y locales, que tienen tatuado el sello del ulisismo, ahora mismo se pelean por sostener a un timorato Eviel Pérez Magaña, que por convalidar, de la forma menos constructiva, el madruguete que intenta dar el diputado Héctor Pablo Ramírez Leyva; e incluso por impulsar “terceras vías” como la del diputado local Martín Vásquez, u otras figuras que, en realidad, nadie sabe si —todos ellos— tienen un verdadero grado relevante de competitividad frente a los electores, y respecto a las opciones de los demás partidos.

En los otros bandos priistas ocurre más o menos lo mismo. Los “orgánicos” pretenden desacreditar a la dirigencia formal del priismo y al grupo ulisista, pero siempre desde las trincheras que les ofrece el oficialismo. Los berrinchudos, como Jorge Franco, intentan hacerla de “kamikazes” al intentar destruir al tricolor, aún a cambio de tampoco obtener ellos nada a futuro. Los más moderados, incluso, han optado por hacerse a un lado y dejar a su dirigencia estatal y su partido, simplemente a la deriva.

ROUNDS DE SOMBRA

Seguramente, para la dirigencia nacional nada de todo eso es necesario. Ellos, en su momento, y quién sabe si no desde ahora, ya están haciendo números para tomar decisiones en cuanto a valores objetivos. Así, no será por su calidad de puros o conversos que sean postulados, sino más bien por quién sí puede ganar, y quién no. Esos serán los factores. Todo lo demás, son penosas demostraciones de voracidad y desorden, que no hacen sino poner en evidencia a esta singular clase política priista oaxaqueña.

+ Doble golpe: mensaje político y llamado de atención

En los últimos días, diversos medios informativos, han dado a conocer las investigaciones que realizan tanto la Secretaría de Hacienda, como la PGR, en contra del secretario de Turismo y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, José Zorrilla de San Martín Diego.

Esta información, que no ha sido desmentida ni por fuentes gubernamentales estatales, ni por el mismo indagado, pone en evidencia no sólo el hecho de que, un gobierno estatal que ha puesto tanto énfasis en el cobro, sostenimiento y potencial incremento de impuestos, como el actual de Oaxaca, sea justamente quien esté poniendo el mal ejemplo sobre el trato que da a los presuntos evasores al fisco; sino que, además, esto podría ser apenas la punta de la madeja respecto a un posible llamado de atención al gobierno estatal, por parte del federal, respecto a las decisiones político-partidistas que está tomando, de cara a los comicios federales del próximo año.

De acuerdo con información difundida por TIEMPO, en su edición del pasado miércoles 3 de agosto, el secretario Zorrilla de San Martín Diego es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP y la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la PGR por la presunta comisión de un fraude fiscal por un monto que no fue especificado. A ese respecto, la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en Oaxaca, confirmó que la Administración Local Jurídica instruye contra el funcionario estatal el expediente 905/11-15-01-3.

La nota señala que, además, la Administración Local de Auditoría Fiscal inició en su contra el expediente 691/10-15-01-5 por tener un “comportamiento fiscal irregular” en sus declaraciones de impuestos desde hace varios años; y que, asimismo, funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revelaron que contra el responsable de la política turística y económica de Oaxaca se inició un esquema de “vigilancia profunda” para detectar otras irregularidades e incongruencias en sus declaraciones parciales o anuales.

En primer término —y sin entrar en ningún tipo de detalle respecto a que esto pudiera constituir el principio de una persecución de fines políticos—, debiéramos preguntarnos qué tipo de ejemplo envía el Gobierno del Estado, al tener a un funcionario de primer nivel que tiene problemas importantes con el fisco federal. Este primero, es un simple —pero importantísimo— asunto de imagen y ejemplos.

Para nadie es un secreto que, contrario a lo que había ocurrido en las últimas administraciones, la actual tiene un empeño muy particular en incrementar la recaudación de impuestos estatales. Por ello, y citando un ejemplo, lo mismo a través de campañas publicitarias que de hostigamiento vil, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado se ha empeñado en que los dueños de unidades de motor cumplan con el pago del impuesto sobre la tenencia y uso de vehículos.

Lo mismo ha ocurrido con los demás gravámenes de tipo estatal. Respecto a todos, sin excepción, el secretario de Finanzas, Gerardo Cajiga Estrada, ha sido tajante asegurando siempre que el gobierno estatal no puede dejar de cobrar un solo peso de impuestos, en un estado tan necesitado de recursos como el nuestro.

Frente a estas dos cuestiones, ¿Cómo tener calidad moral para exigir a la ciudadanía el cobro de tributos, cuando en las mismas filas de quienes cobran impuestos, se tiene a un personaje con amplios antecedentes, avalados por las investigaciones que la autoridad fiscal federal tiene iniciadas en su contra, justamente respecto a la evasión y comportamientos fiscales irregulares?

En primer término, este resulta ser un pésimo ejemplo, y un duro golpe a su imagen, que el gobierno estatal no debería tolerar ni siquiera por la estrecha amistad entre el Secretario de Turismo y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, y los personajes más encumbrados del poder público en la entidad.

¿MENSAJE POLÍTICO?

Sin que esto sea menoscabo de lo anterior, la investigación que realizan tanto la PGR y la SHCP en contra del secretario Zorrilla de San Martín Diego, también podría ser una primera forma a través de la cual el gobierno estatal comenzara a presionar al estatal por sus definiciones políticas.

Independientemente de que el Gobierno de Oaxaca tenga su propia capacidad de decisión sobre a quién apoya, no se debe olvidar que el PAN y el gobierno federal fueron aliados determinantes para ganar la gubernatura del Estado, y que ya en el poder el gobierno estatal, se ha echado por completo a los brazos justamente de dos de los principales adversarios del panismo gobernante: el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y del ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador.

Es de todos sabido que el gobierno federal tiene innumerables herramientas a través de las cuales presionar a quienes incumplen acuerdos con ellos. Y la posibilidad de que estas investigaciones tengan cierto trasfondo político, no significaría en ningún sentido que por ello el secretario Zorrilla fuese de antemano inocente, o que le estuvieran fabricando delitos sólo para perjudicar al gobierno estatal en turno.

Por todo eso, hoy mismo en el gobierno estatal debieran estar haciendo algo más que guardar silencio. Esto es, debieran estar iniciando un proceso de control de daños, a través del cual se aclarara todo lo posible, y se tomaran las decisiones que fuesen pertinentes para evitar que las personas dañen a las instituciones. No hacerlo, equivaldría a convalidar no sólo los artilugios de un contribuyente que decide evadir sus deberes, sino también la posibilidad de perpetuar ciertas decisiones —como el jineteo de recursos públicos— que finalmente no afectan al gobierno estatal, sino a toda la población.

ACARREADOS

Qué mal que la Secretaría de Desarrollo Social haya decidido convocar el miércoles pasado a cientos de ancianos para el arranque del Programa de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores, prometiéndoles que ahí recibirían un primer apoyo económico. Sólo unos cuantos se fueron con su cheque. Y como bien dice hoy el licenciado don Ildefonso Reyes Soto en estas mismas páginas, la gran mayoría de los ancianos, que pusieron en riesgo su vida, distrajeron a sus familiares para que los acompañaran, y gastaron en transporte, sólo sirvieron para la fotografía, y regresaron a su casa igual, o peor, que como se fueron.

+ Subejercicios burocráticos: efectos del centralismo

No se necesita ser erudito para poder llegar a la preocupante conclusión de que, si en ocho meses el gobierno de Oaxaca no ha podido ejercer a plenitud el presupuesto federal que le fue asignado por el Congreso de la Unión, quién sabe si pueda hacerlo en los cuatro meses que restan. Más allá de los temas políticos y partidistas, e incluso de las disputas entre los personeros del gobierno anterior y el actual régimen, este asunto debiera preocuparnos a todos por el dinero, por la voracidad federal, y por las oportunidades de desarrollo que podría estar dejando pasar nuestra entidad por este asunto.

El pasado martes, un grupo de diputados federales priistas, encabezados por Héctor Pablo Ramírez y Jorge González Ilescas, denunciaron que por efectos del subejercicio presupuestal, el Gobierno de Oaxaca estaría a punto de perder los primeros mil millones de pesos del gasto que le fue asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación del presente año.

También denunciaron la lentitud, casi inmovilidad, con que se está ejerciendo el presupuesto destinado a comunidades y pueblos indígenas, y se dolieron por la ineficacia del gobierno estatal para atender no sólo los temas presupuestales o de obra pública, sino también para abocarse a cuestiones como la atención de los conflictos agrarios o postelectorales, que en lo que va del año han dejado ya varias docenas de indígenas muertos y heridos, y varias comunidades con serios riesgos de choques violentos.

A esto, la respuesta oficial no se dejó esperar: Ayer mismo, el propio gobernador Gabino Cué Monteagudo, dijo que la denuncia de los legisladores federales tenía como telón de fondo intereses políticos y electorales para lastimar a su gobierno, de cara a los comicios federales del año próximo. También aseguró que la Federación no le quitará a Oaxaca ni un peso del presupuesto aprobado para el presente año; y dijo que, en particular, es un compromiso del presidente Felipe Calderón, respetar los montos de dinero federal que fueron asignados para cuestiones indígenas.

Frente a todo esto queda claro, en primer término, que, en efecto, unos y otros fundan sus señalamientos de cargo y descargo, en sus respectivos intereses políticos: aún cuando el motivo es noble y cierto, queda claro que la preocupación de los legisladores federales no nace del subejercicio en sí: claramente, parte de su calidad de opositores. Ningún priista hizo señalamientos como éste, respecto a subejercicios (aún mínimos), cuando la administración estatal se encontraba en manos del gobernador Ulises Ruiz.

Empero, la reacción del gobierno estatal también fue en esa lógica: en primer término, se estableció que la crítica de sus opositores provenía del tema político rumbo al 2012, sin siquiera alcanzar a reconocer que, en efecto, el gobierno estatal ha tardado más tiempo del debido para ejercer los recursos asignados, y que si parte del problema radica en que el gobierno federal no radica los recursos, la otra mitad se encuentra en el hecho de que las dependencias estatales sí están teniendo problemas para ejercer el gasto que les fue asignado.

Al final, más allá de los envalentonamientos opositores y de la “piel sensible” del gobierno de Oaxaca respecto a esos señalamientos, lo que debería preocupar a todos por igual es que la entidad se quede sin los recursos que con toda anticipación les fueron presupuestados.

Ello constituiría, además de una burla del gobierno federal hacia la Cámara de Diputados —que hoy decide el gasto público en última instancia— y hacia los compromisos contraídos con el Gobierno del Estado, un enorme daño para las posibilidades de desarrollo de nuestro estado. Si esos recursos no se radican y se gastan, se pierden definitivamente y se quedan en manos del gobierno federal. Lejos de seguir peleando, frente a eso los diputados federales priistas y el Gobierno del Estado deberían comenzar a hacer causa común para evitar el subejercicio y la disminución del presupuesto.

¿CAUSA COMÚN?

Al gobierno federal, que a veces por ser ordenado en el gasto se convierte en codicioso y avaro, siempre le va a convenir que las entidades federativas tengan subejercicios. ¿Por qué?

Porque el retorno, o la no radicación de recursos económicos de las arcas federales a las estatales, les permite dos posibilidades: la primera, reducir el déficit en el gasto; o, segunda, reorientar discrecionalmente esos recursos para obras o proyectos prioritarios que le interesan o convienen ya no a la entidad federativa que le fue retirado, sino directamente al gobierno federal.

En cualquiera de los dos casos, claramente puede verse que el perjuicio es directamente para la entidad federativa que incurrió, deliberada o involuntariamente, en el subejercicio. Esto porque, si el gobierno federal deja de gastar un recurso y endosa el ahorro a la disminución del déficit, esto luego es puesto como un punto a favor de la disciplina fiscal federal.

Nunca se reconoce que ese “ahorro”, en realidad pudo provenir no sólo de la incapacidad de gasto y planeación del gobierno estatal al que se le retiró el recurso, sino también del “chicaneo” del gobierno federal respecto a la entrega de los recursos. Éste, puede dilatarse 10 meses en entregar un recurso, y liberarlo a punto de terminar el año. En esas condiciones, los gobiernos estatales son incapaces de ejercerlo con orden, y por eso termina siendo devuelto.

Y el segundo de los casos es igual de grave, o peor. La reorientación de los recursos queda a criterio del gobierno federal y sus necesidades. Y por eso, a través de ese esquema, dota de dinero a ciertos proyectos que le interesan a éste (o a entidades federativas a las que pretende beneficiar), pero ya no al estado al que le fue retirado.

LUCHAR ¿JUNTOS?

Por todo esto, lejos de seguir disputándose asuntos políticos a costillas del gasto, el subejercicio y la incapacidad de gestión de funcionarios estatales, lo que todos deberían estar, es preocupados porque ese gasto siga siendo de Oaxaca. Ojalá primero eliminaran cualquier posibilidad de regateo, codicia o dilación federal, para después pelear porque ese recurso fuese repartido con orden y eficacia entre todos los sectores necesitados de la entidad. La solución es necesaria, pero no parece posible entre dos grupos que están siempre dispuestos a anteponer sus confrontaciones particulares, al interés superior de nuestro estado. Algo lamentable.

+ PRI Oaxaca: Por qué nadie para sus cuotas

Pareciera que la historia del priismo oaxaqueño, es cíclica. El grupo que aún detenta el control de la dirigencia estatal del PRI, y que en otros tiempos tuvo el control pleno no sólo del gobierno de Oaxaca, sino del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido —e incluso estuvieron en posibilidades de llegar a la Presidencia de la República—, ha tenido como leit motiv de sus derrotas, el agandalle. Y ahora, pareciera, se preparan exactamente para lo mismo. Veamos si no.

Volvamos el tiempo al no tan lejano año de 2004. Cuando el ahora ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz se convirtió en candidato a la gubernatura del Estado, el grupo político al que pertenecía tenía el control pleno del priismo a nivel nacional a través del tabasqueño Roberto Madrazo Pintado, y se encontraba en francas posibilidades de regresar, apenas un sexenio después, a la Presidencia de la República.

La candidatura de Ruiz al gobierno de Oaxaca, fue obtenida directamente gracias a ese control, sin permitir que hubiera algún tipo de concurso o elección abierta a otros militantes que pudieran también aspirar a la postulación. Fue, en palabras sencillas, una demostración clásica del “dedazo”, pero ahora manifestada no desde la Presidencia de la República, sino desde la dirigencia nacional del tricolor.

Ulises Ruiz llegó al gobierno de Oaxaca flanqueado por lo que hasta entonces parecía una dirigencia nacional fuerte del PRI. Roberto Madrazo lucía —y se hacía lucir—, desde el CEN priista, como el único candidato capaz de hacerle frente a las intenciones del gobierno federal panista, de imponer un candidato y, a través de carretadas de dinero, hacerlo ganar de nuevo la Presidencia de la República. Sólo que Madrazo, siendo el padrino y mentor político de Ruiz, realmente creía que los cargos y las postulaciones se ganaban por la vía del “agandalle”, y no a través de métodos medianamente democráticos.

Todo esto lo demostró cuando llegó el momento real de la disputa por la candidatura presidencial, y se dio cuenta que, como es natural, ni tenía de su lado a todos los priistas de las diversas regiones del país; ni toda la militancia, y mucho menos la cúpula tricolor, permitiría, sin chistar, que Madrazo se hiciera de la candidatura presidencial sin antes pasar por el consenso, la competencia o la pluralidad respecto a todos los factores de poder.

El llamado Tucom (Todos Unidos contra Madrazo) se creó justamente para eso: para evitar el “agandalle” madracista. Sólo que éste se encontraba decidido a no poner en juego sus aspiraciones presidenciales, y entonces decidió pasar por encima de todos (la entonces secretaria General, Elba Esther Gordillo, gobernadores, líderes regionales, senadores, diputados federales, priistas de ascendencia, y la militancia en general, a la que tampoco preguntó si él debía ser el candidato presidencial).

El resultado de eso fue que, al final, todos lo traicionaron, o cuando menos le dieron la espalda. Al momento de la votación, en julio de 2006, la gran mayoría de los gobernadores rechazaron la posibilidad de volver a tener un Presidente-Jefe Político del Partido; todos vieron el retorno del verticalismo radical al PRI a través del Presidente de la República; y entonces muchos de ellos decidieron pactar su apoyo al PAN o PRD en los comicios presidenciales. Y por eso Madrazo, en su derrota, llevó no sólo el peso de su imagen, sino también el costo extra de todos los frentes de batalla que abrió, dentro de su partido y antes y durante la campaña, para hacerse de la candidatura presidencial y mantenerla a como diera lugar.

DOS REPETICIONES

El gobierno de Ulises Ruiz no distó de esa “tradición”. Aquí, mientras el Jefe Político de los priistas fue también el Gobernador del Estado, las cosas se mantuvieron por la verticalidad en cuestiones partidistas: aquí, sólo la palabra del Gobernador valía para designar candidatos a todos los cargos de elección popular. Todos aquellos que durante el sexenio 2004-2010 detentaron algún cargo —legislativo, municipal o estatal—, no fue por sus méritos, sino por la decisión del Jefe Político.

Esa era una tradición, además de todo, entendida. Sólo que al llegar el momento de las definiciones sobre la sucesión gubernamental, de nuevo apareció el fantasma del agandalle y ese fue un factor importante para que, otra vez, todo terminara rompiéndose. El gobernador Ruiz no tomó en cuenta ningún otro factor que no fuera su conveniencia particular.

Se decidió, en la persona de Eviel Pérez Magaña, por el menos competitivo y conocido de los posibles candidato. Desplazó, descalificó y ninguneó, hasta llevarlos al punto del enojo, a todos los demás aspirantes a la Gubernatura. Y al final, todos sin excepción, contribuyeron a una derrota electoral de múltiples factores, al negarse a cualquier forma real de involucramiento con ésta, que era la batalla política más importante de todas sus vidas.

Hoy, por ejemplo, nadie quiere hacerse cargo, ni contribuir al priismo, porque señalan que es inadmisible que Eviel Pérez Magaña construya su candidatura al Senado teniendo como trampolín la dirigencia estatal del PRI. Lo señalan, con cierta razón —aunque también con mucha paranoia y ánimo de justificar sus propias aspiraciones—, y señalan que todo aquel que desee ser líder priista y no esté cooptado por el gobierno o los grupos contrarios al del ex gobernador Ruiz, necesariamente debe renunciar a cualquier aspiración respecto a las Cámaras federales.

Dicen, con cierta razón, que si desde la dirigencia tricolor se prepara de nueva cuenta un “agandalle” de la fórmula al Senado y las diputaciones federales, lo que habrá será un cisma de magnitudes importantes. Es decir, se terminará de romper un partido ya de por sí muy quebrado. Y el problema es que hasta hoy, nadie ha sido el “sacrificado” que diga que pretende hacer algo por el priismo, sin tener de por medio sus aspiraciones personales.

SUBEJERCICIO

Ayer, varios diputados federales del PRI, organizaron un foro para denunciar el subejercicio en que, dicen, está incurriendo el gobierno estatal. Esto, que podría parecer un mero acto de revanchismos partidistas, fue más allá, al reunir a más de 100 ediles y unas 20 organizaciones sociales. Ahí, resolvieron presentar un punto de acuerdo en San Lázaro para que el gobierno de Oaxaca explique por qué no aplica el presupuesto a casi ocho meses del presente ejercicio fiscal. Abundaremos.