+ Democracia con ciudadanos: Hacer exigibles pactos

La forma en cómo fue presentada, procesada y aprobada la Ley de Pensiones para los trabajadores del Gobierno del Estado, es la propia de un régimen no democrático. Si el gobierno estatal, y la Legislatura local, pretenden instaurar nuevas formas de hacer política, debieran comenzar por abandonar ese tipo de prácticas que los colocan justo en el lugar cuestionable y antidemocrático en el que, dicen, no quieren estar.

La actividad legislativa en Oaxaca es altamente contrastante. Pues hoy en día es claro que la eficiencia en la aprobación de nuevas disposiciones jurídicas, se determina únicamente por el interés especifico que tienen los legisladores, o el Gobierno del Estado, en leyes particulares, pero ese interés no es producto de las convicciones y tampoco consecuencia de una verdadera vocación por atender las propuestas de la ciudadanía para reformar y mejorar el marco legal de la entidad.

De hecho, el contraste se marca en dos cuestiones en específico: La primera, es la relativa a que la Legislatura del Estado ni siquiera tiene la disposición para informar a la ciudadanía cuántas iniciativas de reforma se encuentran en estudio en las 36 comisiones permanentes que contempla la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Al no tener disponible públicamente esa información, ni siquiera es posible saber el grado de eficiencia real que tiene el Congreso del Estado, y tampoco es posible determinar hasta qué punto actúa y legisla por consigna o por disposición directa, y en qué medida lo hace con el ánimo de desahogar la abultada agenda de temas pendientes propuestos por la ciudadanía.

Empero, la segunda de las cuestiones tiene que ver con su actuación eficientísima en temas en específico. Y para eso, pongamos un par de ejemplos: ¿En cuánto tiempo la Legislatura local conoció, analizó, discutió y aprobó las reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo? La respuesta llana, podría llevarnos a considerar que, en efecto, esa fue una demostración de eficiencia.

Pues todo ese proceso se llevó a cabo en menos de 30 días. Sin embargo, habría también que tomar en consideración el “interés” particular que tenía el Titular del Poder Ejecutivo en esa norma, y la sospechosa “disposición” que tuvieron los legisladores por aprobar esa auténtica “cirugía mayor” que le hicieron los diputados a la ley respectiva.

Algo más o menos similar ha ocurrido con otras normas. La más emblemática de ellas, es la reforma constitucional de abril del año pasado, la cual también fue consecuencia de esa contradictoria eficiencia legislativa, que permite aprobar disposiciones prácticamente sin conocerlas.

Y es que, dígase lo que se diga, lo cierto es que la reforma más reciente a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca fue consecuencia de un mandato directo, y de un texto previamente elaborado por un despacho privado de abogados contratado por la administración estatal, que sólo fue ratificado por el Legislativo, aunque sin modificaciones o aportaciones verdaderamente sustanciales.

A todo esto se le pueden encontrar explicaciones abundantes. Porque siguiendo la lógica del poder (no la jurídica), queda claro que no vale lo mismo el interés del Gobernador del Estado, que el de un ciudadano común que elabora y presenta una iniciativa de reforma al Poder Legislativo.

A partir de eso se puede entender esa eficiencia sólo selectiva de los diputados, y la abundante ineficiencia que profesan cuando no son temas susceptibles de interés o negociación política. Pero es evidente que tal actuación e intereses no debieran ser los predominantes en regímenes que, como se supone que el nuestro, se encuentran en el proceso de construcción de normas y formas más democráticas que las existentes.

TRABAJAR PAREJO

La posibilidad de que una iniciativa de reforma que sea presentada por un ciudadano oaxaqueño común, culmine el proceso legislativo y se convierta en Ley, es —por decirlo decorosamente— remota. Para que dicha propuesta tenga al menos la posibilidad de avanzar, debe ser “hecha suya” por algún diputado, y éste a su vez debe demostrar dotes importantes de negociación y cabildeo entre los demás legisladores, para que éstos conozcan el contenido de la propuesta y decidan someterla al proceso de estudio y dictaminación por la comisión respectiva.

Una vez que eso ocurriere, y que se dictaminase favorablemente, se sometería al conocimiento del pleno legislativo para ser analizada, discutida y, en su caso, aprobada o devuelta a comisiones para ser modificada y de nueva cuenta dictaminada. Una cuestión de ese tipo, aún con el impulso de un diputado o una fracción parlamentaria, podría tardar en concluir ese proceso, una o dos legislaturas. Es decir, entre tres y seis años.

Y esto, de entrada, contrasta con la eficiencia que se demuestra en casos en específico, en los que, en menos de un mes, una iniciativa presentada por el Ejecutivo es analizada y dictaminada en comisiones. Después es presentada al Pleno, que decide obviar la fase de discusión, y se dispone a aprobarla sin mayor dilación para convertirla en norma con fuerza coercitiva.

No debería ocurrir ni una cosa ni la otra. Por eso, los diputados debieran tener mejores parámetros para demostrar a la ciudadanía su eficiencia. Es decir, debieran dejar de “medir” su eficiencia por la cantidad de iniciativas y puntos de acuerdo que presentan, y la cantidad de reuniones, mesas de trabajo y sesiones en que participan, y debieran comenzar a pensar en dejar constancia de su compromiso democrático a través de la demostración de su eficacia real, y de su disposición a atender no sólo el llamado del gobernante o del poderoso para agilizar la discusión de una propuesta, sino el de cualquier ciudadano cuando sus planteamientos sean de interés para toda la ciudadanía.

¿ACTUACIÓN INDEPENDIENTE?

Lo que hacen hoy, sólo demuestra que la de la democracia es una casaca que les queda grande, y que sólo utilizan cuando se quieren dar baños de pureza para mostrarse a los ciudadanos como lo que aún no consiguen ser. Los hechos demuestran que siguen condicionando su interés y sus potestades superiores, al interés o la conveniencia del poder, y que cuando a éste le conviene, son todo lo eficientes y pulcros que no son en condiciones normales. Por eso, sin ninguna duda, hoy mismo seguirían reprobando cualquier examen relacionado con la constatación de un desempeño verdaderamente democrático e independiente.

+ Democracia vs realidad: la entendemos mal

¿Se puede tomar en serio un partido, o un grupo político, e incluso un país, en el que se toman decisiones que son simultáneamente contradictorias? ¿Se puede creer aquella idea de que una nación es democrática, cuando se establece una sobrerregulación y al mismo tiempo todos los actores institucionales actúan como candidatos, jefes políticos o líderes morales de sus facciones partidistas? ¿Podemos creer que somos una democracia, cuando la realidad nos indica que somos mucho menos que eso? Algo así ocurre, a pesar de nuestro avance democrático aparente, aquí en nuestro país en estos mismos días.
Y es que, en efecto, aludiendo a la popular frase de un comediante mexicano, en este país “como se dice una cosa, se dice otra”. Veamos si no. Porque el ejemplo actual de todo se llama Partido Acción Nacional, y en lo específico, está demostrando su proclividad a la contradicción a partir de dos de las decisiones más importantes que ha tomado de cara al proceso electoral del presente año.
Mientras en la contienda presidencial, dicho partido está aferrado a seguir el dictado presidencial y a no permitir el reconocimiento de quien es la inminente candidata presidencial, para la jefatura de Gobierno del Distrito Federal tomó la decisión exactamente contraria. ¿No parece una contradicción que mientras a Josefina Vázquez Mota se le están intentando atajar todos los caminos para llegar a la candidatura presidencial, en la capital del país se designó, por la vieja vía del “dedazo” a Isabel Miranda de Wallace como abanderada?
El asunto no es menor, ni se trata sólo de nombres. Pues en el ámbito federal ha quedado perfectamente establecido que Josefina Vázquez Mota no sólo es la aspirante mejor posicionada para obtener la candidatura presidencial, sino que, a la luz de la contienda política, sería la única opción que tendría Acción Nacional para revertir la tendencia al desmoronamiento que actualmente lleva. No se ve otra posibilidad, más que el golpe de timón a sus políticas tradicionales, y la presentación de una apuesta fuerte, por novedosa, a la sociedad, para poder al menos ser competitivo frente a los otros dos candidatos presidenciales.
Sin embargo, queda claro que el objetivo presidencial es no dejar pasar a Vázquez Mota. En la carrera presidencial, el presidente Felipe Calderón Hinojosa no se ha dejado allanar, y tampoco ha ponderado el interés superior del partido por encima de las aspiraciones de su grupo. No. Él tiene su candidato presidencial, que se llama Ernesto Cordero Arroyo. Y hará hasta lo imposible por tratar de imponerlo como abanderado presidencial panista.
Para tratar de conseguir ese objetivo se han valido de todo. Trataron de “doblarla” a partir de la sola decisión presidencial; trataron también de desacreditarla por su condición de mujer y por una supuesta deslealtad al mandatario; intentaron relacionarla con lo peor de su partido y de la política nacional. Y hasta trataron de inducir una encuesta previa para definir si era o no la más aceptada por el panismo nacional, y a partir de eso generar el impulso que le hace falta al proyecto sucesorio presidencial.
A pesar de todo —incluso de sus propios errores y deficiencias, que no son pocos— Vázquez Mota sigue adelante. Y toda esa batalla, por una supuesta democracia que sólo se reconoce cuando es benéfica al proyecto presidencial, se enfrenta a una decisión unilateral de imponer como candidata a Miranda de Wallace.
Y es que, es cierto, Miranda es una mujer con un altísimo índice de aceptación entre los votantes. Ella podría representar también una opción ciudadana seria y consistente frente a los políticos tradicionales. E incluso habría de ser la vía buscada por muchos capitalinos en su intento por generar nuevos escenarios para su gobierno. Sí, en todo hay razón.
El problema, de hecho, no es ella, sino la democracia incongruente y contradictoria que profesa su partido. ¿Por qué a Miranda se le impuso a través de una aplanadora, mientras se quiere jugar a la democracia interna simplemente para no reconocer que Josefina Vázquez Mota es la mejor posicionada? Simple: porque mientras la primera fue propuesta del Presidente, la segunda representa el desafío a su figura y la fuerza determinante que intenta tener en el panismo. Y parafraseando otro refrán: al Presidente sí le gusta la democracia, pero sólo en la casa de su compadre.

¿CANDIDATO O PRESIDENTE?
Qué lamentable que los mexicanos no reaccionemos ante los intentos claros de avasallamiento de la democracia, a manos de los mismos actores que, desde las instituciones del Estado, debieran resguardarla. El Presidente de la República, por ejemplo, juega abiertamente como un actor electoral determinante, mientras que la democracia se deshace en intentos por resguardarla a partir de una sobrerregulación de normas electorales, que no están haciendo sino reprimir la participación de los ciudadanos y negar la posibilidad de que éstos tengan toda la información que necesitan para razonar su voto.
La realidad política es agobiante. Porque digan lo que digan, millones de mexicanos estarían dispuestos a cambiar su voto por una despensa o por una cantidad de dinero, por las difíciles condiciones económicas en que viven. Pero al mismo tiempo, quienes sí tienen posibilidad de razonar y decidir su voto, hoy no pueden ver un debate en televisión, gracias a la sobrerregulación electoral y a la indeterminación del Instituto Federal Electoral.
Y por si esto fuera poco, vemos que una banda paralela se encuentra el Presidente también buscando incidir abiertamente en la vida interna de su partido, a los gobernadores haciendo lo propio respecto a sus propios colores partidistas, y a los actores esenciales del Estado tratando de incidir en el proceso electoral para tratar de conseguir futurismos políticos personales o de los grupos que representan.

DEMOCRACIA CONTRADICTORIA
Esto no debiéramos verlo como “normal”. No es normal que el Presidente decida como jefe de partido. No son normales las abiertas contradicciones ideológicas o de práctica política en que incurren los partidos para satisfacer a sus dirigentes. No es normal que andemos por la vida prodigando la democracia pero ejerciendo y estimulando el autoritarismo que tanto daño nos hace. El problema es que todo va tan rápido que nadie se da cuenta de que esto ocurre. Y seguimos apostando por el autoritarismo y por la subsistencia de las prácticas que todos decimos detestar.

+ Alentar conocimiento: una labor democrática

Tienen razón todos aquellos que, desde el sector oficial, acusan a los opositores a la propuesta de Ley de Pensiones del Gobierno del Estado, de ser objeto de manipulación y desinformación. Sin embargo, si en algo se marcó el fracaso de ese proyecto —prioritario para el futuro de la burocracia y las finanzas estatales— fue en la forma misma en cómo fue presentada y se trató de conducir hasta convertir el proyecto en ley.

En efecto, pareciera que los principales interesados en hacer fracasar la ley, fueron aquellos funcionarios que la presentaron al Congreso del Estado. Éstos hicieron llegar la propuesta de reforma al Congreso del Estado, al mejor estilo del antiguo régimen. Y no calcularon que hoy la Legislatura no tiene una mayoría aplastante; que ahí también hay representantes de la burocracia estatal que estaba directamente involucrada en la reforma. Y que, sobre todo, hoy la ciudadanía no se encuentra, como antes, en la misma situación de desinterés sobre temas importantes.

En ese sentido, el Gobierno del Estado hubiera querido que la aprobación de la reforma a la Ley de Pensiones se diera con un tipo de “albazo”. Es decir, que el proyecto fuese presentado en sigilo para evitar que el grueso de la sociedad —e incluso de los diputados— se enterara del contenido de la reforma; que fuese obviada la discusión en el Poder Legislativo, y que la iniciativa fuese aprobada sin mayor dilación, en un proceso legislativo “fast track”. Es decir, que todo ocurriera antes de que la burocracia estatal reparara en lo sucedido, y que cuando esto ocurriera, todo fuese ya un hecho consumado, imposible de ser revertido.

El problema es que, de antemano se sabía que no existían las condiciones para que algo así ocurriera. Esto porque, en primer término, el Congreso del Estado es, les guste o no, un ente plural en el que no existe una fuerza política predominante. Además, porque ya existían antecedentes precisos de que la burocracia estatal no tan fácilmente permitiría una reforma en la que no sólo no tomaran en cuenta sus puntos de vista, sino en la que no participaran ni siquiera en términos de brindarles información. E incluso, porque hoy los trabajadores sindicalizados del gobierno estatal tampoco tienen un liderazgo predominante que pudiera tener cierto grado de control sobre sus agremiados.

Todo eso generó un efecto boomerang inmediato a la presentación de la iniciativa. Porque de inmediato los trabajadores reaccionaron al intento de reforma; porque no hubo ni la más mínima disposición del sector oficial para generar concientización e información previa a los directamente involucrados; y porque las reacciones en el Congreso fueron tan inocuas que, ante el primer viso de inconformidad por parte de los burócratas estatales, éstos decidieron dar marcha atrás a su decisión de analizar y discutir la iniciativa, y casi de inmediato decidieron apagar la crisis mandando el proyecto a la congeladora.

En todo esto, queda claro que lo incorrecto no está en la norma sino en la forma en cómo ésta ha sido tratada. Queda claro que, en efecto, los trabajadores sindicalizados protestan por desinformación y por manipulación. Pero también lo es que los primeros que dieron pie a estas circunstancias fueron los funcionarios de las Secretarías de Administración y Finanzas que decidieron hacer todo por la puerta de atrás, y a espaldas de los sindicalizados, y que generaron este problema que, para variar, tiene su punto central en un falso debate sobre los derechos de los trabajadores en activo, y los posibles (y supuestos) daños a sus derechos laborales.

ATENDER LA INCONFORMIDAD

Los trabajadores de base en activo del gobierno estatal protestan, impropiamente, porque “alguien” les metió la idea en la cabeza de que con dicha reforma sus derechos laborales se verían lesionados.

Sin embargo, también protestan, primero, porque no fueron tomados en cuenta ni siquiera para decirles previamente en qué consistía la reforma; y sobre todo, porque exigen una clarificación total del manejo del Fondo de Pensiones, ya que existen los suficientes elementos para presumir que de esta potencial crisis no sólo es responsable el crecimiento exponencial de la burocracia estatal, y el incremento de la esperanza de vida de los trabajadores retirados que tienen derecho a pensión, sino también posibles malos manejos que son responsabilidad de los últimos directores de la Oficina de Pensiones… ¡Y el mismo Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado!

En los últimos días ha surgido información relativa a préstamos otorgados con recursos del Fondo de Pensiones, que fueron enviados a una especie de “cartera vencida” por la imposibilidad de ser cobrados. En la lista de presuntos beneficiarios de esos créditos incobrables, se encuentran varios altos funcionarios estatales, y también integrantes de la actual dirigencia del sindicato de burócratas. Eso es lo que, en el fondo, genera inconformidad a los trabajadores. Y es lo que les sigue, y les seguirá dando, banderas y motivos para continuar tomando acciones en contra de la aprobación de la reforma respectiva.

Es indudable que, independientemente de los malos manejos, esta es una reforma indispensable en todos los niveles. Sin embargo, el hecho de que se pretendiera que la reforma pasara “de noche” por el cuerpo legislativo; que éste la aprobara sin ningún tipo de reflexión y sólo gracias a la “aplanadora”, como en los viejos tiempos; y que nadie protestara, era demasiado pedir para un gobierno que se jacta de ser incluyente y democrático con todas las corrientes ciudadanas.

Al final, lo que queda en evidencia es la poquísima capacidad de entendimiento y sensibilidad que tienen los funcionarios involucrados; y, sobre todo que, por esos errores elementales de cálculo en que incurrieron, a partir de ahora será mucho más difícil que la reforma pase en sus términos actuales, incluso abonando a la clarificación de cómo ha sido manejado el fondo de pensiones, y la forma en cómo pueden ser recuperados los préstamos a altos funcionarios, que ya fueron declarados como “incobrables”.

CIRUGÍA MAYOR

Este, como queda claro, es un asunto de sensibilidad y de una operación política de tipo quirúrgico. El problema adicional al que se enfrenta hoy el gobierno, es que son los propios trabajadores sindicalizados quienes, aunque de forma poco organizada, son los que están protestando. ¿Podrán hacer esa demostración de una operación excepcional? Deberían. Pero quién sabe si puedan.

+ Crímenes de lesa humanidad los implican a todos

El delito de desaparición forzada de personas, además de estar tipificado en la legislación penal internacional, es considerado como un crimen contra la humanidad por los distintos sistemas de justicia internacional de los que México es parte. A partir de ello, temas como el de la desaparición de los dos integrantes del EPR, presuntamente ocurrida en mayo de 2007 en la capital oaxaqueña, debieran dejar de verse como asuntos de un régimen y un gobernante en específico, para preocupar, y mover a la obtención de avances y resultados concretos, a los depositarios actuales del poder del Estado. Las razones para ello son abundantes y apremiantes.
Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Albero Cruz Sánchez, según denuncias públicas del propio EPR desde junio de 2007, desaparecieron en la capital oaxaqueña la noche del 24 de mayo de 2007, presuntamente a manos de elementos de cuerpos de seguridad del Gobierno del Estado de Oaxaca, quienes posteriormente podrían haberlos entregado a fuerzas federales o al propio Ejército.
Dentro de sus denuncias, el grupo armado reconoció expresamente que esos dos integrantes, y varios más de sus milicianos, habían participado en el conflicto magisterial ocurrido el año previo (2006) en su calidad de luchadores sociales, y establecieron que esa pudo haber sido la vertiente a partir de la cual se dio su identificación, seguimiento, detención, entrega a fuerzas federales para su posterior detención.
A lo largo de los últimos años, el EPR ha reiterado su denuncia —señalando a los gobiernos del presidente Felipe Calderón, y de Ulises Ruiz—, al grado tal de conseguir la conformación de una Comisión de Mediación, reconocida por el gobierno federal como gestora e interlocutora para las tareas relacionadas con la búsqueda y localización de los eperristas. En esa misma lógica, el EPR ha conseguido la legitimación tanto de la existencia del hecho como de sus exigencias, a partir de las manifestaciones hechas por el gobierno de Gabino Cué Monteagudo respecto a su preocupación y disposición a participar en el esclarecimiento del hecho.
No obstante, lo que es visible hoy en día es que las acciones tanto del gobierno federal, como de la administración anterior y actual en el Gobierno de Oaxaca, no han pasado de las manifestaciones de disposición y preocupación por el hecho. Y eso es grave no sólo por el riesgo inminente de violencia, o de nuevas acciones militares o de sabotaje por parte del EPR como respuesta y presión a la inacción oficial, sino porque el continuar dando largas al asunto, sólo abona a la posibilidad de que, dentro de un tiempo, el Estado Mexicano —las instituciones, independientemente de las personas que en esos momentos sean depositarias del poder público— deba responder a la comunidad nacional e internacional por las decisiones irresponsables, y carentes de visión de Estado, de los funcionarios directamente responsables del hecho, y de los actuales, que prometen lo que no están dispuestos ni preocupados por cumplir.
Al final, lo que se vislumbra en el mediano o largo plazo, son procedimientos ante la justicia internacional en materia de derechos humanos, investigaciones de verdad serias, imparciales e incluyentes, y juicios en los que se ponga en entredicho no sólo a un gobernante o una administración, sino a todo un Estado. Y México no se merece continuar en ese escenario, en el que es condenado por permitir y fomentar, con la impunidad y la irresponsabilidad de sus representantes, la violación a los derechos fundamentales de las personas.

EXIGENCIAS SIN RESPUESTA
El EPR ha demandado una investigación seria sobre el paradero de sus dos integrantes. Abonando a esa posibilidad, incluso dispuso un cese unilateral de toda acción de sabotaje, como señal de disposición a arreglar este asunto dentro del marco institucional. Y, en su momento, el gobierno respondió positivamente aceptando la conformación de una Comisión de Mediación e iniciando una Averiguación Previa para aclarar los hechos y tener certeza sobre el destino de los desaparecidos.
En esa misma lógica, e instalados en el discurso del gobierno democrático y justo, el gobierno de Gabino Cué hizo lo mismo, manifestando una voluntad distinta a la de sus antecesores (porque el gobierno de Ruiz nunca aceptó la responsabilidad ni tomó acciones concretas para investigar lo relativo a los eperristas), y prometiendo contribuir con las investigaciones. El problema es que, hoy, ni el gobierno federal ni el de Oaxaca ha entregado avances concretos sobre el tema. Y, de hecho, todo ha continuado en la sola emisión de discursos que no vienen acompañados de acciones específicas, incluso para —en una posibilidad remota— desmentir la existencia de la detención, y la desaparición de los dos guerrilleros.
En el corto plazo, el riesgo radica en que el EPR reinicie acciones militares. Pero, en el mediano plazo, todo este caso buscará llegar a las instancias internacionales (como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y hasta la Corte Penal Internacional) en las que finalmente podría investigarse objetivamente el hecho para llegar a la conclusión de que las denuncias son ciertas, y que por tanto el Estado Mexicano —no sólo los funcionarios directamente involucrados y sus sucesores— es responsable por este hecho que constituye un delito de lesa humanidad.
Todo eso podría ocurrir no sólo por la proclividad a la intolerancia y el autoritarismo de los funcionarios directamente responsables del hecho, sino también por la inacción de quienes los sucedieron, para procurar e impartir la justicia debida respecto a la comisión de los delitos. Y es que, entendámoslo, un hecho como este rebasa la aversión a un gobernante como Ulises Ruiz, o a un discurso “democrático” y “políticamente correcto” como el de los gobiernos de alternancia. Esto podría envolver al Estado en su conjunto. Y México entero estaría en vilo por responsabilidad de funcionarios que no estuvieron dispuestos a cumplir con las responsabilidades y deberes que les correspondían.

SUELDAZOS
No es sólo el tema del escándalo: el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y el Instituto Federal Electoral, están obligados a indagar minuciosamente cómo reparte la dirigencia estatal del PRI las prerrogativas que recibe. Porque no es capaz de proteger y dar lo mínimo a sus trabajadores, pero, según datos del Frente Renovador, su Presidente gana más de 130 mil pesos mensuales. Eso es inadmisible.

+ Ley de Pensiones, un yerro por cómo es planteada

A estas alturas, dos cosas son perfectamente visibles: primera, que el Gobierno del Estado no tiene delineada una agenda específica de temas prioritarios, a través de la cual pudieran trabajar uniformemente para dar cauce y solución a los mismos; y segunda, que todo el ánimo democrático, la determinación y la sensibilidad que prometieron tener para tratar los asuntos complejos, en realidad no ha sido más que un discurso que hasta raya en los demagógico. El problema innecesario provocado por la forma en que fue presentada la iniciativa de reforma a la Ley de Pensiones, da cuenta precisa de ello.

Si algo saben, desde hace años, todos los involucrados en la relación del gobierno estatal y su burocracia, es la urgencia de una reforma profunda a la ley de pensiones, y el establecimiento de nuevos esquemas en la relación del gobierno, en su calidad de patrón, con todos los trabajadores con los que tiene responsabilidad por los servicios y prestaciones sociales que está obligado a proporcionarles. Esto es casi tan claro, justamente como las razones que tuvieron las administraciones anteriores (todas, ampliamente discutibles y hasta condenables) para no entrar cuando menos al intento de llevar a cabo esas reformas. ¿Por qué no lo hicieron?

Primero, porque difícilmente un gobierno está dispuesto a pagar el costo político de decisiones de esa magnitud. Segundo, porque, además de eso, no tenían la disposición para entrar en un proceso fino de consenso, explicación y negociación de una reforma que, aunque con innumerables riesgos, todavía podía ser momentáneamente aplazable. Y tercero, porque al no hacer las reformas, todos apostaban a heredar el problema a sus sucesores, y al mismo tiempo a mantenerse en el cómodo y ventajoso estado de cosas actual.

De hecho, la administración anterior trató en algún momento de llevar a cabo la reforma. Y no lo hizo, aún teniendo una buena relación con la dirigencia del sindicato de burócratas. ¿Por qué no lo hicieron? Porque ya tenían suficientes problemas políticos, de gobernabilidad, y hasta de grupos que cuestionaban la legitimidad del régimen, como para que ellos voluntariamente decidieran tener más enemigos. Decidieron postergar la solución al tema de las pensiones, pero también la implementación de nuevos esquemas en la relación laboral de los trabajadores frente al gobierno.

Es decir, que además del tema de la forma en cómo el gobierno financiará el derecho a la jubilación de los trabajadores, nadie le quiso entrar a la revisión de la necesidad de implementar un servicio civil de carrera que le diera no sólo cheques en blanco a perpetuidad a los trabajadores sindicalizados, sino también ciertas garantías a los miles de empleados del gobierno estatal que como no tienen esa calidad, tampoco tienen derecho a la estabilidad laboral, a la jubilación, y a las prestaciones sociales mínimas que también merecen por ser empleados al servicio del Estado, independientemente de que sean considerados como trabajadores de confianza.

Nadie lo hizo por comodidad: porque en el esquema actual, los empleados de base son invisibles; porque en esas condiciones, existe un acuerdo tácito entre los mandos superiores y los sindicalizados, de no exigirse nada mutuamente, a cambio de no molestarse; y porque ni a unos ni a otros les interesa la productividad o el servicio a favor no del régimen, del partido o del grupo gobernante, sino de la sociedad oaxaqueña.

Pero también, porque en esas condiciones, los empleados de confianza son fácilmente explotables; porque éstos no tienen ninguna garantía sobre su empleo; porque el empleador tiene un absoluto control discrecional sobre su permanencia (porque no debe dar cuentas a nadie sobre las buenas o malas razones del despido, contratación o permanencia de su personal de confianza); y porque esos empleados sin garantías, con salarios bajos, con responsabilidades mayores, y prestaciones económicas de vergüenza, son los que (medio) sostienen el funcionamiento del gobierno estatal.

PÉSIMA ESTRATEGIA

Sería ridículo e irresponsable decir que es erróneo que el gobierno estatal se preocupe por replantear el esquema de pensiones de los trabajadores sindicalizados, y que tome medidas al respecto. Sin embargo, si algo más ha quedado también demostrado, es que el gobierno no ha entendido ni los valores democráticos que dice tener, ni tampoco ha entendido lo que implica una verdadera operación política que permita conseguir las metas propuestas, sin provocar más conflictos de los ya existentes.

¿Por qué es evidente lo anterior? Porque, al menos, el manejo político indispensable frente a la posibilidad de presentar una ley como esta, ha sido desastroso. Ni en el mismo gobierno han comprendido que acciones como éstas deben ser homogéneas, informadas al interior, y llevadas a cabo con el conocimiento, el acuerdo y la concordancia de todos los involucrados, para que las reacciones puedan ser afrontadas con uniformidad y eficacia.

Sin embargo, no hubo nada de eso. Esta iniciativa fue presentada por el sector económico y administrativo del gobierno estatal, sin siquiera informar o acordar acciones conjuntas con las demás instancias públicas. Lo hizo sin hacer previamente del conocimiento de todos los involucrados los beneficios de la ley. Y todo se intentó controlar a través de un simple comunicado de prensa que, en los hechos, no resuelve ninguno de los problemas que generó este asunto.

Y es que a la par de su presentación, debían haberse tomado una serie de medidas de sensibilidad política para evitar reacciones de la burocracia estatal motivadas por la desinformación y la manipulación de que pudieran ser objeto. Debió haberse hecho, por ende, un trabajo de información y sensibilización a los trabajadores. Pero también, ante todo esto, se debió haber establecido una estrategia específica para poder afrontar en conjunto un asunto de importancia mayor no sólo para este gobierno, sino para las administraciones de las próximas décadas.

COSTO INNECESARIO

Las protestas iniciadas ayer, dan cuenta precisa de la falta de previsión de un gobierno, en el que no se toman medidas uniformes y con sentido de la previsión. Lo dicho por el subsecretario de Administración, Hugo Félix, es insuficiente ante la falta de preparación de acciones reales para evitar las protestas. El intento es positivo. Pero la forma en cómo fue ejecutado es, por decir lo menos, penosa.

+ ¿Habrá representación real y trabajo por República?

Más allá de grillas y conveniencias, lo cierto es que la carrera por el Senado de la República en Oaxaca parece una carrera particularmente intensa, aunque hasta ahora los aspirantes de todos los partidos han lanzado sólo propuestas tan laxas y tan abstractas, que hasta pareciera que no saben qué se hace en la Cámara alta, o que no tienen ganas de verdaderamente conquistar al electorado inteligente que razona —y no vende— el sentido de su voto. Los hechos hablan por sí solos.

¿Qué se puede abstraer de frases como “contigo y por Oaxaca”, “Oaxaca, corazón de México”, “Para que el cambio continúe” o “La fuerza que nos une”? Porque independientemente de que tales frases generen algo de “identidad” en relación a un personaje o causa partidista, lo cierto es que esas no son frases que ni denotan algo específico, ni llevan a nadie a pensar en que lo que se pretende es un proyecto político y de Estado serio, que además viene acompañado de compromisos específicos. Nada de eso está presente en las actuales campañas.

Eso debería preocuparnos. Porque independientemente de los temas candentes de la política local, lo cierto es que las posiciones legislativas tienen una importancia específica independiente, y paralela, a los ánimos sucesorios y de consolidación de los grupos políticos.

¿De qué hablamos? De que independientemente de que gane un partido y un candidato, y de que con ello se definan los rumbos y los equilibrios entre grupos políticos, lo cierto es que los ciudadanos también debiéramos pensar en las razones en específico por las que queremos a tales o cuales candidatos como nuestros representantes en el Senado de la República.

Y es que la Cámara alta tiene una importancia excepcional para el funcionamiento de nuestro sistema democrático. Por eso es preocupante que el grueso de los ciudadanos no sepamos para qué sirve el Senado de la República (y que por ende no sepamos qué exigir a las personas por las que, directa o indirectamente, votamos para ocupar esos escaños que representan a Oaxaca).

Pero es mucho más preocupante, lamentable, y hasta condenable, que aún así quienes hoy aspiran al Senado, se la pasen engañando al electorado con frases pegajosas, con slogans sin contenido, y hasta con promesas demagógicas, pero no con las razones específicas de por qué pretenden llegar a esa posición, y qué pretenden hacer desde ahí a favor de la representación de nuestro Estado ante la Federación.

Por eso se supone que este debiera ser un momento de propuesta e interacción, y no de engaños y desánimo, como lo es. Propuesta, porque el Senado de la República agrupa las funciones más importantes de representación de las entidades federativas frente al pacto federal, y por ende es a quien le corresponden algunas de las funciones más importantes. ¿Cuáles?

Pues bien, en resumen son todas aquellas facultades que importan la integridad o la salvaguarda de la nación en su conjunto. Es decir, todas aquellas funciones relacionadas con los tiempos de paz y guerra, con la revisión de la política exterior del país; con la situación de las fuerzas armadas; con la preservación del plano de igualdad de las entidades federativas respecto a la federación y el concierto internacional; intervenir y facilitar el arreglo en los conflictos limítrofes entre entidades federativas, entre otras.

A partir de eso, debiéramos comenzar a comprender la importancia de los integrantes de la Cámara alta, aunque más allá de los planteamientos vacuos que hacen para tratar de llamar nuestra atención y, sobre todo, para tratar de ganar nuestro voto.

OFERTA POSIBLE

Debemos comenzar a entenderlo a cabalidad: nuestros diputados y senadores son mucho más que políticos, líderes o caciques de la región que representan. Son, o debieran ser, también mucho más que los representantes de los proyectos políticos de consolidación o de sucesión entre gobernantes y opositores; debieran ser más que grillos que luchan por un escaño para perfilarse a la gubernatura del Estado o alguna otra posición de mayor importancia. Son, incluso, mucho más que simples gestores de recursos o beneficios para las comunidades. Y, sobre todo, son representantes populares y no apéndices de gobiernos disfuncionales o contrapesos de políticos o administradores ineficientes.

Eso debiera quedarnos claro para no exigirles lo que no pueden cumplir, pero también para impedir que nos prometan lo que no deben o lo que no pueden conseguir. De hecho, de la sola lectura de las atribuciones del Senado de la República (las cuales se encuentran en el artículo 76 de la Constitución General de la República), los aspirantes a los escaños por nuestra entidad debieran elaborar una agenda específica de temas en los que no sólo debieran incidir, sino en los que es urgente que intervengan.

Por ejemplo, ¿qué han dicho nuestros senadores actuales (Adolfo Toledo Infanzón, Ericel Gómez Nucamendi, Armando Contreras Castillo, además del de representación proporcional que, para no hacer larga la historia, debiera representarnos pero no lo hace ni formal ni materialmente) sobre la facultad que tiene el Senado de la República de conocer los conflictos limítrofes que enfrenta nuestra entidad, y contribuir a su resolución amistosa?

¿Qué pretenden hacer, en ese mismo sentido, todos aquellos que hoy se apuntan para conseguir un escaño en la Cámara alta? ¿Pretenden conseguirlo para llegar a seguir calentando el asiento, o para verdaderamente hacer algo por la entidad? ¿Cómo, o a través de qué, pretenden abonar a las mejores causas de nuestro país, esos hombres y mujeres que hoy dicen ser “la mejor opción” para nosotros como votantes? No se trata de que cambien al mundo. Pero tampoco de que busquen el Senado por la sola posición, por la ascendencia y por los privilegios, pero no por el trabajo que sí debieran desarrollar a favor de los temas más importantes de México.

SENADORES PERDIDOS

Seguramente veremos pasar la campaña con pocos, o casi ningún planteamiento serio relacionado con lo que aquí se señala. Los candidatos a esos cargos no hablan del tema porque no quieren comprometerse, y porque seguramente tampoco tienen una razón en específico, además de sus ambiciones políticas personales o los intereses de sus respectivos grupos, para llegar al Senado. Así no podemos esperar mucho. Así, en ese mutismo, ellos llegarán a seguir teniendo, y dilapidando, ese cheque en blanco que les damos con nuestro voto a cambio de nada. Una lástima para la democracia.

+ Proceso electoral, de nuevo entre tres grupos

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, de nuevo, se enfrenta a la encrucijada de decidir no entre lo deseable, sino entre lo posible. A escasos 90 días de elegir a su nuevo Rector, la Máxima Casa de Estudios de los oaxaqueños debiera entrar no sólo en un periodo electoral, sino en un proceso mucho más profundo y amplio de replanteamiento, para reasumir su importancia como una de las balanzas más representativas de la vida pública de la entidad.
Queda claro que la UABJO es mucho más que la sola “grilla” interna que, por cierto, ya está a todo lo que da. Hoy, es indispensable que la Universidad sea reconocida en su importancia real, pero no sólo en el ámbito académico de la entidad, sino también como uno de los más importantes generadores de contrapesos y equilibrios en la vida pública de la entidad. Y es evidente que para lograr eso, deben participar muchos más actores que los solos aspirantes a la rectoría, y que los factores internos de poder en la Máxima Casa de Estudios.
La pugna, hoy, por la rectoría, está casi desatada por completo. En los días siguientes iniciará el proceso de integración del Consejo Universitario, que una vez reunido emitirá las bases para la realización del proceso para elegir al sucesor del rector Rafael Torres Valdez, lo cual ocurrirá en el mes de abril próximo. Los grupos que ya comienzan a mostrar algunas de sus cartas, son los mismos de siempre. ¿Quiénes?
Por un lado, se encuentra el propio rector Torres, tratando de impulsar a la maestra Josefina Aranda Bezauri, como su proyecto sucesorio personal para la rectoría. Para poder enfilar a la ex directora del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UABJO, el Rector debió romper las dos principales alianzas que le permitieron llegar a su cargo actual:
Y es que, por un lado, relegó al grupo que encabezan Enrique Martínez Martínez y Silviano Cabrera Gómez, a la sazón secretario General, y secretario Administrativo de la Universidad, respectivamente. Estos personajes, que integran el ala más poderosa del ya desmantelado Sindicato de Trabajadores Académicos de la UABJO, de hecho fueron los que inclinaron la balanza a favor de Torres, una vez que éste ya contaba con el respaldo del líder moral del Sindicato Universitario de Maestros, Abraham Martínez Alavez, y que Martínez y Cabrera se inconformaron por considerar que su grupo había impuesto al entonces candidato oficialista, el médico pediatra Víctor Manuel Navarro Martínez.
Pero también, por impulsar a la maestra Aranda, Torres Valdez también rompió su alianza con Martínez Alavez. Éste, que tiene el control del SUMA, de algunos resquicios del STAUO, y de no pocas Escuelas y Facultades de la Universidad, ha sido como una especie de “gran elector” en las más importantes definiciones de la gobernabilidad y las autoridades universitarias. Torres gozaba de ciertas garantías de estabilidad a través de las redes de Martínez, pero decidió “quemar las naves” en su intento por impulsar él un proyecto universitario propio para trascender a su rectorado.
El problema, en todo esto, es que estos son los que integran hoy la agenda de lo posible, aunque quién sabe si de lo deseable para la UABJO. Aunque todos ellos agrupan porciones importantes de poder e influencia dentro de la Universidad, lo cierto es que unos y otros representan lo mismo que siempre ha tenido la universidad, y que finalmente no sabemos si le ha traído los beneficios y avances que la sociedad esperaría de su máximo centro universitario.
Por un lado, tanto Enrique Martínez como Silviano Cabrera, ya dejaron ver abiertamente sus intenciones de participar en el proceso para que su grupo político elija a un candidato (han dicho que, finalmente, todos apoyarán al candidato mejor posicionado); y éstos ya buscan abrir competencia con la maestra Aranda, que no consigue tener mejores escenarios de los que hasta ahora ha construido.
Y el poderoso grupo de los Martínez Alavez está esperando el momento idóneo para abrir se a la competencia y develar el nombre de su candidato, que bien podría ser el de su hijo Eduardo Martínez, a quien, sin embargo, algunos factores internos de la Universidad lo ven aún como un prospecto que puede esperar a otro momento de mayor madurez y experiencia, para buscar la responsabilidad de la conducción de la Universidad.
Queda claro que todos los demás contendientes buscan ubicarse como factores de negociación y no de potencial triunfo. Se habla, incluso, de la posibilidad de un candidato oficialista (Pedro Celestino Guzmán o Heriberto Antonio) impulsado por el grupo del ex secretario de Gobierno, Evencio Martínez. Aunque para la situación de algidez en que ya de por sí se encuentra hoy la UABJO, ven como poco importante la injerencia oficial en sus definiciones, y menos de un grupo tan meramente testimonial, como el que encabeza el último Secretario General de Gobierno de la administración del gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

UNA MEJOR UNIVERSIDAD
El Gobierno del Estado debiera acordarse ya de la Universidad, y tomar cartas en el asunto. Urge la voluntad política, por ejemplo, para impulsar una nueva Ley Orgánica de la UABJO, que le permita mejores procesos internos, una mayor fiscalización, una vida democrática más ordenada, y nuevos planteamientos académicos y sociales que le permitan recobrar su importancia como elemento determinante de la vida pública de nuestro Estado.
Si el Gobierno del Estado hoy se deshace en fustigar al Sistema de Universidades Estatales por su alto costo, entonces la reacción natural de contrapeso debiera ser la del rescate de la que se considera como la Máxima Casa de Estudios. Queda claro que sin una mejor UABJO, lo bueno o malo que se proyecte para las demás universidades y centros de estudios en Oaxaca, será demagogia y, en resumen, actos intrascendentes para la auténtica academia universitaria oaxaqueña.

TERMÓMETRO DE OAXACA
Se acepte o no, guste o no la definición, lo cierto es que la UABJO es ese termómetro de la vida social, que necesita ser valorado en su importancia real. En este primer año de gestión, el gobierno estatal ha tenido una interacción mini básica con la Universidad, y es necesario que ésta se incremente. Hacerlo no necesariamente significa trastocar o cuestionar su autonomía, ni el deber de respeto que le debe a esa calidad, el gobierno estatal. Si les importa de verdad la UABJO, necesitan demostrarlo. Ya quedó claro que, en el olvido, es muy fácil que se convierta en un polvorín.

+ Victoria y escaño en Senado no le será suficiente

La ventaja sensible que tiene la carrera por una senaduría de mayoría relativa, radica en que aún perdiendo, existen posibilidades de tener un “premio de consolación”. Hoy, como nunca, los aspirantes a un escaño en la Cámara alta por Oaxaca, ven no sólo las posibilidades de ganar la elección, sino también de conseguir ese privilegiado sitio de “la primera minoría”, en el que aún en la derrota, no se pierde del todo, porque se tiene la calidad de Senador, con los mismos espacios, reconocimientos y privilegios de los demás, y desde ahí se puede seguir haciendo política para abonar a los proyectos de futuro.
Esa premisa, que podría ser válida para todos, en realidad tiene una salvedad sensible: que al menos en el priismo, sí existe una diferencia sustancial entre quien llega al Senado ganando, y quien llega por el comodín de la primera minoría. Eso determina los proyectos de mediano plazo. Y al menos en el último proceso interno del tricolor para elegir a su candidato a gobernador, ese factor fue determinante para quien parecía el candidato natural a la gubernatura, pero que finalmente fue desplazado “legítimamente” por la imposición de Eviel Pérez Magaña.
¿Por qué es necesario tomar en consideración dicho factor? Primero, porque es claro que la posibilidad de que el ahora diputado federal Pérez Magaña se convierta en el candidato que encabece la fórmula priista al Senado de la República, tiene como motivación de fondo la intención de que, en 2016, éste construya una nueva candidatura al Gobierno del Estado. Pero, segundo, porque hoy menos que nunca un partido tiene asegurada una victoria arrasadora en Oaxaca en los comicios federales. Y tercero, porque de ese resultado habrá de depender el “proyecto” de una segunda candidatura a Gobernador, a partir del cual están terminando de destazar las fibras internas del tricolor.
El asunto no es menor. Como ha quedado claro, la presencia de Eviel Pérez Magaña es la condición sine qua non de la desunión. Todos los grupos tricolores, sin excepción, han establecido como condición indispensable para retomar el diálogo y el trabajo conjunto, el hecho de que éste no encabece la dirigencia priista, y que tampoco siga siendo el candidato impuesto para todo, por la cúpula del antiguo grupo gobernante.
El problema es que estos factores de descomposición se están repitiendo ante el inicio del trabajo proselitista. Nadie quiere negociar con nadie; también, nadie tiene ánimo para entablar diálogo con sus pares. Y la dirigencia nacional ha tardado demasiado en iniciar un verdadero proceso de replanteamiento de las estructuras tricolores, iniciando por lo que coloquialmente se conoce como la “operación cicatriz”.
Ante ese panorama, queda claro que una posible victoria de Pérez Magaña en el Senado (independientemente de quién pueda ser su compañero de fórmula) se torna harto complicada; y es evidente que, en esas condiciones, quedan también gravemente lesionadas sus aspiraciones —o las de sus padrinos— de convertirse de nueva cuenta en candidato a Gobernador para los comicios estatales de 2016.

VER LA HISTORIA
Con todo y su trato un poco hosco y cierta inexpresividad, lo cierto es que Adolfo Toledo Infanzón no es un mal político, ni fue un mal servidor público, y tampoco habría sido un mal candidato a gobernador. Construyó una carrera política que pudo trascender a varios gobernadores —con los cuales, según los hechos, tuvo casi siempre un balance positivo— y estuvo a punto de convertirse en el sucesor del gobernador Ulises Ruiz Ortiz.
¿Por qué no lo logró? Porque aún con esa inmejorable sumatoria de afectos y proyecto político, él fue uno de los mayores damnificados del conflicto magisterial y popular ocurrido en 2006 en Oaxaca. Hasta antes de la crisis política, y la determinación que ésta tuvo para el resultado de aquellas elecciones federales en la entidad, era por naturaleza el enfilado a llegar al Senado encabezando la fórmula de senadores por el PRI, y era el llamado a construir desde ahí su candidatura a Gobernador del Estado.
Toledo Infanzón no lo logró por varias circunstancias. Pero independientemente de lo que él construyó política y electoralmente desde su cargo como Senador, lo cierto es que siempre se enfrentó a la circunstancia insuperable de llegado al Senado por la vía de la primera minoría, y no de la mayoría relativa, como era necesario para poder ser ungido como el sucesor del gobernador Ruiz.
Quienes lo conocen, saben que esa fue una de las razones determinantes con las que su entonces Jefe Político justificó su decisión de —literalmente— bajarlo de la candidatura a Gobernador, y abrir un proceso interno, simulado, en el que participarían seis personajes (de los cuales, al menos cuatro tenían mayor aceptación que quien finalmente fue su abanderado) para “legitimar” la unción de Pérez Magaña como candidato.
Pérez Magaña hoy se enfrenta a esa historia. Y lo hace a sabiendas de que ya perdió una elección (la de Gobernador, la más importante de la historia priista de la entidad, la más competida, y también la más icónica por sus características de guerra interna permanente), y de que nada le garantiza que habrá de ganar la Senaduría. Los números que trae no son fidedignos ni confiables (pues la “maquinaria” electoral priista lleva un año parada y sin combustible).
Son poquísimas las posibilidades que existen de que, al final, todos los priistas que se quedaron en el camino, se sumen a su proyecto. E incluso, al Comité Nacional priista no termina de quedarle claro si la “cruza” de las imágenes del Candidato Presidencial y de los Candidatos a Senadores en Oaxaca, pueda realmente mejorar la aceptación de todos ante los electores.
Y si no conjunta todo eso, entonces, en el mejor de los casos, podría llegar a la Senaduría sólo por la vía de la primera minoría. Y eso, según la tradición del priismo, más las circunstancias que se acumulen en estos años siguientes, podrían más fácil consolidarlo como un “cartucho quemado”, que como el abanderado competitivo que quiso tener el PRI con él, pero que según los hechos, no ha llegado a ser lo que la mayoría esperaba de él.

NEGOCIAR, ¿CÓMO?
Por cierto, ¿tendrá el PRI algún “plan alterno” para negociar con todos los actores y grupos que pretenden candidaturas a diputaciones federales? El problema es que todos quieren, y que la unidad la piden, todos, a cambio de nada… ¿Se entiende la magnitud de ese problema?

+ Dilema, entre grupos político y económico

La de Eviel Pérez Magaña es una historia de disyuntivas de su padrino político, en la que él ha sido el beneficiario pero también el sacrificado, y de la que ha salido todo menos bien librado. Como en 2010, su grupo político entró hoy en una disyuntiva por la definición de su principal abanderado político. Y como en 2010, la discordancia tiene como punto central la perpetuación de un proyecto político, en contraposición de los socios económicos. Eso es lo que, en el fondo, tiene al priismo oaxaqueño al borde de una nueva crisis de unidad y de credibilidad.
Eviel Pérez Magaña es todo, menos un mal hombre. De hecho, quienes lo conocen en su trato personal, saben que es un individuo afable y bonachón, que incluso tiene esa extraña cualidad de “prendar” a las personas con las que trata. No obstante, es claro que más allá de sus cualidades personales, lo que lo limita como abanderado es tanto su procedencia, como las lealtades, e incluso los intereses que representa. Si en algo le ayuda ser un buen hombre, todo eso sufre una merma mayor por su sola pertenencia política, y por su actitud luego de la derrota electoral de julio de 2010.
Y es que hace dos años salió lo mejor y lo peor del grupo ulisista que abanderó a Pérez Magaña. Lo mejor, porque independientemente de su pasado y trayectoria como funcionario y como político, Pérez pudo remontar tanto la ventaja interna de sus compañeros precandidatos priistas a la gubernatura, como también se pudo convertir en un abanderado competitivo frente al ahora gobernador Gabino Cué. Quedó claro, con eso, que sin tener proyecto de gobierno, y sin tener una trayectoria que lo avalara realmente como aspirante a la gubernatura, de todos modos pudo hacer un papel decoroso como abanderado.
Pero también sacó lo peor de ese priismo. Esto porque para poder imponer a Pérez Magaña en la candidatura a Gobernador, el entonces mandatario Ulises Ruiz pasó por encima de toda lógica política, prácticamente ninguneando, ofendiendo y avasallando a todos los factores internos del priismo, y a todos los demás aspirantes a esa candidatura.
Antes incluso de salir a contender con sus adversarios, el entonces gobernador Ruiz destruyó casi la totalidad del tejido interno del priismo con el que, se supone, pretendían ir en unidad por la gubernatura.
Habiendo eso hecho para imponer a Pérez Magaña, luego su mentor político trató de hacer una forzada y aparente “operación cicatriz”, en la que se supone que se unificaron todos los factores internos, pero en la que, en realidad, lo único que se logró fue generar una percepción de aparente unidad, pero cargada por todos lados de enconos y traiciones que finalmente llevaron todos —por obvias razones—a la derrota electoral.
El priismo, de todo ese proceso, terminó profundamente fracturado. Y terminó así no sólo por la ruptura entre los factores internos que aspiraban a tener una candidatura, sino que también involucraron en esa cadena de traiciones a todos los niveles de la militancia y la estructura priista. Entre ellos se jugaron chueco, entre ellos se traicionaron, entre ellos se engañaron, y entre ellos mismos se quedaron a deber. El resultado es que los 621 mil votos que obtuvieron, fueron apenas una parte de los que pudieron haber conseguido con una unidad no tan ficticia como la que generaron.
Al final, el pagano de todo ese proceso fue Pérez Magaña. Él mismo, en la derrota, ya no tenía las herramientas mínimas para generar unidad dentro del partido. Y es que no había otro factor interno de desunión y encono, más grande que él. Por eso desde el primer momento se exigió su renuncia como factor indispensable para una recomposición interna del priismo, ya fuera del gobierno. Pero por los mismos intereses que él representa, su grupo decidió lucha contra viento y marea para sostenerlo artificialmente como líder priista en Oaxaca.

LUCHA DE INTERESES
Dentro del priismo, siempre se supo que la lucha interna entre los dos grupos del entonces gobernador Ruiz siempre tuvo como centro la candidatura a Gobernador, y ésta siempre se libró entre quienes defendían el interés político del grupo, y quienes representaban el grupo económico que respaldaba al Mandatario.
El grupo político tenía varios representantes. Algunos de los más aventajados eran el senador Adolfo Toledo Infanzón, su secretario de Administración, José Antonio Estefan Garfias, y el entonces edil de la capital oaxaqueña, José Antonio Hernández Fraguas. Pero el grupo económico era representado por otros personajes, con quienes compartía una serie de acciones poco claras relacionadas con la obra pública. Le guste o no, lo reconozca o no, uno de los personajes más representativos de ese otro grupo —que era el que podría haber generado el sustento económico de los principales integrantes del grupo gobernante— era precisamente Pérez Magaña.
La lucha interna fue a muerte, y finalmente se impuso la ambición del ex Gobernante de preservar sus intereses económicos, por encima de las posibilidades de seguir perpetuando a su partido político en el poder estatal. Por eso las definiciones fueron al mismo tiempo tan tajantes y tan claras. Y por eso mismo éstas se sostuvieron, como única opción, independientemente de que se tuviera claro si, aún en esas condiciones, se podía o no ganar la gubernatura del Estado.
Hoy toda esa historia se repite. De nuevo, la necesidad de perpetuar al grupo que garantiza ciertas condiciones, es la condición imprescindible para impulsar al candidato al Senado. No saben si los 600 mil votos del pasado, o cuando menos la mitad, aún existen; tampoco saben si sobre algún sector del priismo prevalecerá la institucionalidad y apoyará de nuevo al candidato, independientemente de las ofensas y avasallamientos del pasado; nadie sabe si éste tendrá aún algo del brío y la frescura del pasado, para convencer a los votantes de un proyecto político y de unas convicciones personales que hoy, de antemano lo sabemos, ha demostrado que no tiene.

MAGISTERIO, ARRANCA
Las manifestaciones de ayer no fueron producto de la casualidad. Temprano, a buena hora, el magisterio inicia su calendario político, teniendo una demanda tan concreta, y al mismo tiempo tan abstracta, como la del rechazo a la Alianza por la Calidad de la Educación. ¿Estará ya preparado el gobierno para las jornadas de lucha del próximo mes de mayo? Por el bien de todos, ojalá que sí.

+ Tricolor Oaxaca, queda claro, no importa al CEN

No es raro que ante cada definición mayor, el Partido Revolucionario Institucional, se enfrente a riesgos importantes de ruptura. Hoy, como hace seis años, el partido tricolor se encuentra frente a la posibilidad de llevar a cabo un proceso que combine la democratización con la inclusión de sus mejores cuadros para ser postulados como candidatos a cargos de elección popular, pero también batalla con sus prácticas y fantasmas del pasado, que buscan la reiteración de algunas prácticas propias de su pasado —y quizá también presente— vertical y autoritario. En todo eso, lamentablemente, Oaxaca está siendo de nuevo ejemplo para todo el país.
Hoy al interior del priismo existen señales claras de inconformidad, que lo mismo pueden ser tomadas como signos de la pluralidad política, que como efectos del pragmatismo que, de nuevo, puede tener altos costos negativos para ese partido. Porque según el periódico Reforma, al menos en 16 entidades federativas —entre ellas la nuestra— existen fenómenos claros de inconformidad entre sectores de la militancia tricolor, que se duelen porque su partido se ha entregado a distintas fuerzas políticas que carecen de la importancia que hasta ahora les da el equipo de campaña del candidato presidencial, y el Comité Ejecutivo Nacional del partido.
Específicamente, en algunas entidades federativas existe una inconformidad importante por la forma en cómo el tricolor ha cedido espacios de primera importancia a los partidos minoritarios con los que hizo alianza (el Partido Verde Ecologista de México, y el Partido Nueva Alianza), pero también por la forma en cómo la dirigencia nacional ha decidido mantener los equilibrios de poder privilegiando las posiciones e intereses de los gobernadores de los estados… o como en el caso de Oaxaca, de los ex gobernadores priistas.
El primero de los casos plantea una disyuntiva importante para el priismo nacional. Esto porque además de que el Verde Ecologista ha sido su aliado desde 2003, hoy el Partido Nueva Alianza pretende convertirse en una especie de “número 2” en cuanto a las rémoras de la aceptación que tiene la ciudadanía del priismo. Por esa razón, ambos partidos —que nunca han podido demostrar fehacientemente que ellos son más un activo para el priismo, que éste para ellos— buscaron desde el inicio la coalición partidista con el PRI, no porque tuviesen convicción alguna o por compartir una agenda democrática o un esquema de gobierno.
No. Más bien, cada uno de ellos utilizó sus capitales emblemáticos (el Verde con esa supuesta aceptación mayoritaria que tiene entre los votantes jóvenes, identificados con causas actuales, como la de la ecología; y Nueva Alianza, el supuesto respaldo de las fuerzas magisteriales en la mayoría de las entidades federativas del país), para tratar de sacar un provecho específico:
El Partido Verde, para garantizar la continuidad de sus cuadros distinguidos (el grupo del Niño Verde) en las cámaras federales y la preservación de su registro como partido político nacional; y Nueva Alianza, para colocar nada menos que a la familia de la profesora Elba Esther Gordillo —su hija Mónica Arriola Gordillo, y su yerno Fernando González Sánchez, esposo de su otra hija, Maricruz Montelongo Gordillo, y ex subsecretario de Educación Básica de la SEP— en posiciones inminentes en al menos dos gobiernos estatales (Chiapas y Coahuila).
Ese, según queda claro, es un problema mayor para el priismo. Pues si bien esos dos son casos emblemáticos, lo cierto es que no son los únicos. En otras entidades federativas, existen pugnas más o menos similares por las alianzas cupulares trabadas entre el priismo y otras fuerzas. Y lo peor es que ese no es el único conflicto de definiciones que enfrenta el priismo, de cara a la elección que seguramente será la más importante de su historia, porque sería la que le abriría las puertas de regreso al poder presidencial.

MALAS DEFINICIONES
Si en algo fallaron las definiciones del entonces candidato presidencial, Roberto Madrazo Pintado, en la búsqueda de los equilibrios del priismo nacional para tratar de construir su victoria electoral, fue que trató siempre de aplastar a los intereses que no eran los propios, y trató de ser él quien definiera los equilibrios, pasando por encima de los poderes estatales, los gobernadores, los grupos fácticos del tricolor y los sectores.
El gran fallo radicó en el hecho de que sus “equilibrios” más bien fueron convertidos en afrentas para sus supuestos aliados. Y por eso ellos, la gran mayoría de los gobernadores priistas, fueron los primeros que pactaron en su contra, cuando se trató de ver si le daban el triunfo al panismo o al lopezobradorismo, frente a un candidato propio que, según los hechos, los haría volver a todos los verticalismos del pasado.
Hoy pareciera que no quieren cometer el mismo error. Y por eso, pareciera que el Comité Ejecutivo Nacional está tratando de evitar a toda costa que la ruptura de esos equilibrios con los factores de poder, pudieran poner en riesgo el triunfo. El problema es que esa no es una receta infalible, porque los problemas del PRI no son homogéneos en todas las entidades federativas. Por eso, en casos como el de Oaxaca el supuesto remedio está saliendo más dañino que la enfermedad.
Ya quedó claro que el CEN decidió no meterse con las definiciones de los ex gobernadores, pues supone que éstos son los tenedores de los hilos del poder, y que la selección que ellos hagan garantizará competitividad, triunfos y, sobre todo, unidad partidista. Por esa razón, el CEN parece haber olvidado todas aquellas promesas de venir a poner orden entre el priismo oaxaqueño, y por eso parece estar desoyendo todas las voces que claman por la inclusión, la democratización y el desmantelamiento de los poderes avasallantes.

¿DEMOCRATIZACIÓN?
Y aunque pudiera creerse que eso es “democratización”, en realidad lo único que está ocurriendo es una sensible variante de las formas tradicionales de recomposición, en un priismo que se niega a cambiar. Al menos en Oaxaca, queda claro que la decisión buscará pasar por encima de todos aquellos que se dicen inconformes, y que finalmente buscarán subirse al carro de la campaña presidencial para que cada uno de los candidatos a diputados y senadores pueda hacer su campaña. En esa lógica buscarán “amarrar” lo que no quisieron hacer por temor a los ex gobernadores, y por no tener ánimo de verdaderamente generar un mejor ambiente al interior del PRI de Oaxaca.