+ Corrupción de S-22, ¿esa sí se pasará por alto?

No debiera sorprender que alguna de las próximas aprehensiones que ejecutara la Procuraduría General de Justicia del Estado en contra de funcionarios de la administración anterior, fuera por asuntos relacionados con el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Esa dependencia es una de las que guarda mayores secretos y oscuridades con hedor a corrupción. La pregunta de fondo, sin embargo, radica en si el Gobierno del Estado perseguirá sólo a los ex funcionarios, o también a quienes desde las trincheras magisteriales hacen y deshacen a su antojo innumerables actos de corrupción relacionados con el presupuesto, la situación laboral y las prestaciones de los trabajadores de la educación.

En efecto, al ser el IEEPO una de las instancias estatales con mayor presupuesto y número de trabajadores activos, fácilmente puede preverse que sea una de las más problemáticas. Esa percepción toma fuerza cuando se sabe que ahí no sólo han confluido servidores públicos que posiblemente han realizado desvíos o actos de corrupción, sino también funcionarios impulsados y protegidos desde el sindicato magisterial, que podrían haber hecho tanto o más que los nombrados por el grupo gobernante en turno.

Hasta el momento, se sabe que la administración del gobernador Gabino Cué Monteagudo le sigue la pista a varias cuestiones relacionadas con el manejo presupuestal de ese Instituto, y que podría estar ahora mismo integrando, o consignando ante un juez, sendas averiguaciones previas en contra de quienes posiblemente cometieron actos indebidos en el manejo de los recursos humanos, el presupuesto destinado a salarios, y ciertos rubros de las millonarias adquisiciones de bienes y recursos materiales que cada año realiza para dotarse, y para dotar a las 13 mil escuelas de educación básica en la entidad, de los implementos necesarios para la realización de sus actividades.

Hablando en abstracto de los desfalcos presuntamente hallados en esa instancia, el director del IEEPO, Bernardo Vásquez Guzmán reconocía ayer, en una entrevista concedida al periódico Noticias, que en las auditorías que hasta el momento ha realizado la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado, han encontrado más de 700 millones de pesos utilizados irregularmente.

Todo esto, además, del manejo discrecional de la nómina de trabajadores. “las nóminas que recibieron al inicio de la administración carecen de elementos mínimos de control, por lo que a esta altura no saben todavía la cifra de trabajadores que pudieran estar recibiendo salarios sin devengarlos”, señalaba Vásquez Guzmán.

Y es que, en efecto, los problemas y la posible corrupción del IEEPO son del mismo tamaño de la misma institución. Sin embargo, es también cierto que al tratar de revisar ciertos rubros, tanto la dirección del Instituto, como la Contraloría del Gobierno del Estado, necesariamente tendrán que pasar por la revisión de ciertos asuntos que no están en manos de funcionarios leales al régimen gobernante, sino al sindicato magisterial.

¿Qué asuntos son esos? Y sobre todo, ¿Cómo impactarían no sólo en la legalidad, sino también en la gobernabilidad e incluso en la congruencia y la voluntad por la ley del gobierno estatal? El asunto, sin duda, es mucho más complejo de lo que hasta ahora parece.

OTRA CAJA NEGRA

Sin duda, el IEEPO implica tantas o más tentaciones que las provocadas por el manejo y las potencialidades de corrupción, relacionadas con el transporte concesionado. Esto porque, además del volumen de sus recursos económicos y trabajadores, muchos de sus procesos continúan siendo oscuros y sujetos no al orden administrativo, sino a las necesidades políticas del régimen en turno.

Es posible que parte de los 700 millones de pesos presuntamente utilizados de forma irregular por la administración anterior, hayan ido a parar a gastos electorales o al bolsillo de funcionarios corruptos que inflaron precios, que inscribieron en la nómina a trabajadores fantasma para cobrar ellos su salario, o que traficaron con los innumerables servicios y atribuciones que el Instituto tiene respecto a los trabajadores de la educación.

No obstante, en una dependencia como el IEEPO, el sindicato magisterial tiene un amplio margen de maniobra, y es de todos sabido que ellos no son ajenos a los manejos excesivos, irregulares, e incluso corruptos. En ese sentido, ¿no ha sido nota recurrente en medios informativos de la capital del país, que sólo en Oaxaca existen unos 10 mil trabajadores de la educación “asignados a tareas sindicales”, que posiblemente cobran sin trabajar?

Esa sólo podría ser la primera fase de un asunto mucho mayor. Institucionalizadamente, el sindicato magisterial tiene en sus manos el otorgamiento de prácticamente todas las prestaciones sociales y salariales a que tienen derecho los trabajadores de la educación. Y también, institucionalizadamente, se ha vuelto costumbre que esos derechos sean no otorgados sino traficados, y que éstos sean entregados no en base a las necesidades y méritos laborales reales, sino a los favores y disciplina demostrados a la causa sindical.

Por eso, un verdadero proceso de saneamiento tendría que ir encaminado no sólo a perseguir y castigar a los ex funcionarios estatales corruptos, sino también a quienes “institucionalizadamente” trafican con los servicios prestados con el Instituto, y hacen de ellos parte central de una maquinaria coactiva que limita, y exige disciplina o castigo, a los trabajadores de la educación para demostrar obediencia a los mandatos de su sindicato.

Si paulatinamente el IEEPO desmantela esos vicios, a la par de perseguir a quienes abusaron de sus atribuciones, entonces todo este proceso estará verdaderamente encaminado a la justicia, a la transparencia y al combate a la corrupción. Empero, si se persigue a unos y se deja intactos a los otros, entonces todo será parte de la cacería de brujas que, hasta ahora, los opositores al régimen tanto acusan.

BARBAS A REMOJAR

La “rumorología” impulsada desde “fuentes confiables”, asegura que la lista de ex funcionarios a quienes ya se les libró orden de aprehensión, o está en proceso de ello ocurra, tiene alrededor de veinte nombres. Habrá que ver de qué modo impacta esto en la estabilidad política entre partidos, y sobre todo si son verdaderamente sólidas las acusaciones y los procesos judiciales que se instauran. Pero mientras varios, varios de verdad, ya comenzaron a tomar las precauciones legales (o de huída) debidas.

+ Zorrilla y Palma: ir y venir de verdugos a reses

Solamente quien no conoce la historia reciente del Partido Verde Ecologista de México en Oaxaca, podría creer que existe trabajo político y ánimo de crecimiento por parte de su dirigencia estatal; o que la disidencia busca verdaderamente democratizar y reimpulsar a ese instituto político. En realidad, el pleito por ese membrete político, desde hace años y hasta hoy, continúa ocurriendo entre dos “familias” que se disputan el control de una representación hueca, que sin embargo reporta importantes dividendos políticos. Veamos si no.

En los últimos años, la dirigencia del Partido Verde en Oaxaca ha estado en manos de sólo dos dirigentes: la primera fue Ana Luisa Zorrilla Moreno, y el actual, Rogelio Enríquez Palma. Ambos personajes, cada uno en su propio momento, prometieron hacer de ese un partido competitivo y con representación… y sin embargo, ambos han entregado cuentas que sólo redundan en simulación, fracaso y reiteradas negociaciones con el Partido Revolucionario Institucional para obtener jugosas ganancias electorales. Si alguien ha ganado en el Verde, han sido sus dos dirigentes estatales. Y nadie más.

En primer término, producto de una dirigencia y de un partido meramente testimonial, y gracias al resultado electoral de una alianza trabada entre el priismo y la dirigencia nacional del PVEM desde la Ciudad de México, en 2004 Ana Luisa Zorrilla se convirtió, desde la nada, en diputada al Congreso del Estado en Oaxaca.

En este sentido, no es exagerado asegurar que Zorrilla se convirtió en diputada a partir de la nada. Esto porque la supuesta militancia registrada del Partido Verde en Oaxaca —y así lo aceptó ella misma cuatro años después, en 2008— no rebasaba los 450 afiliados. Además, porque su diputación fue en realidad un mal cálculo del priismo.

Éstos suponían que, al ganar las 25 diputaciones de mayoría en los comicios en los que fue electo gobernador Ulises Ruiz, no habría cabida para los plurinominales. Empero, habiendo perdido siete de esas diputaciones, entraron “de chiripa” varios candidatos por representación proporcional, entre ellos la entonces Dirigente estatal del Partido Verde.

En todo ese tiempo, Zorrilla Moreno actuó como una priista más. Ésta, haciendo eco de sus propias conveniencias, y de la alianza entre el Verde y el PRI en 2004, atendió todas y cada una de las órdenes que daba el Jefe Político de los priistas y Gobernador del Estado para que se hiciera y votara en el Congreso.

El premio a su disciplina, y al supuesto posicionamiento de un partido que en realidad seguía teniendo una representatividad democrática meramente testimonial, en 2007, y aún siendo dirigente estatal del Verde, Zorrilla Moreno fue nuevamente premiada al ser incluida en la lista de candidatos a concejales del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, que encabezaba el candidato José Antonio Hernández Fraguas. Así, pesar de no contar con estudios ni experiencia en Hacienda Pública, Zorrilla fue colocada en el lugar exacto para fungir como regidora de Hacienda del municipio citadino durante la administración anterior.

FRACASOS RECURRENTES

En 2008, la mano del entonces aún poderoso operador político del gobernador Ruiz, Jorge Franco Vargas, se posó sobre la dirigencia estatal del Partido Verde. El objetivo era no sólo degradar a Zorrilla Moreno, sino también retribuir, a través de “democracia prefabricada”, a la entonces recién nombrada auditora Superior del Estado, Rosa Lizbeth Caña Cadeza y a su marido, Rogelio Enríquez, por los servicios y la lealtad demostrada al régimen gobernante.

Ambos fueron siempre militantes y candidatos a cargos de elección popular por el Verde Ecologista. Por eso, para ellos era una importante retribución moral que les fuera entregada la dirigencia estatal de su Partido. Y así sucedió, cuando en agosto de 2008, a través de una Asamblea previamente construida, Enríquez Palma fue legalmente electo como presidente estatal de ese instituto político.

Todo esto ocurrió frente a la inconformidad de la ex dirigente Zorrilla Moreno, que se sintió desplazada, y dejó el cargo no sin acusar corrupción e irregularidades en la elección de Enríquez Palma. Y éste, una vez asumido como líder partidario, prometió incrementar el nivel de representación política y de aceptación ciudadana del Verde Ecologista. Sólo que, a la vuelta del tiempo, éste hizo exactamente lo mismo que su antecesora. ¿Por qué?

Porque Enríquez Palma no marcó posicionamiento alguno, ni fue parte aguas de nada en el Verde Ecologista. Éste partido, a pesar de seguir teniendo una representación sólo virtual y supuesta, no dejó de buscar beneficios para su dirigente a partir de la alianza trabada a nivel nacional entre el priismo y el PVEM. Por eso, al igual que en su momento Zorrilla Moreno, Enríquez Palma apareció en la lista de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, pero ahora individualmente por el Verde.

Fue hasta entonces que la dirigencia del Verde fue ubicada en su realidad. El margen de votación obtenida por el Verde ni siquiera alcanzó el porcentaje mínimo de la votación total requerida, para poder tener representación en el Congreso. Enríquez, incluso, libró una batalla en tribunales para defender una diputación local, que finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le reconoció al Partido Acción Nacional.

Sin embargo hoy, cuando el Verde no tiene representación en ninguno de los Poderes del Estado ni en municipios importantes, cuando su margen de votación obtenida sigue siendo mínimo (37 mil votos, en una elección en la que su aliado obtuvo más de 600 mil), y cuando la dirigencia estatal parece carente de interés por realizar cualquier intento de reposicionamiento electoral, resulta que surgió una supuesta corriente democrática que acusa el “agandalle” de Enríquez Palma. En el fondo, sus detractores no son sino los mismos que resultaron damnificados cuando Ana Luisa Zorrila fue separada de la dirigencia estatal.

¿QUÉ BUSCAN?

En realidad, el negocio del Verde Ecologista no ha radicado en su posicionamiento o fortaleza electoral, sino en la capacidad de sostener su alianza con el Revolucionario Institucional. Por eso, enriquistas y zorrillistas se pelean por la dirigencia, para operar desde ahí el reparto del botín electoral de 2012. A ninguno de ellos les interesa de verdad su partido. Si fuera así, en todos estos años ya habrían hecho algo real por él. Y en ese terreno no ha habido nada.

+ Cinco años después, S-22 y APPO al margen de reformas

Hace exactamente cinco años ocurrió el hecho que encendió el conflicto magisterial y la revuelta social que ocurrió en Oaxaca. De dicho episodio, se desprendieron varias de las demandas sociales y políticas que finalmente se coronaron el 4 de julio de 2010, cuando la mayoría de los oaxaqueños decidió que el PRI dejara de gobernar la entidad, para pasar a un régimen “de transición”, que hiciera las reformas democráticas pendientes. Hoy, a un lustro de distancia, habría que preguntarse cuál es la situación real de esas demandas democráticas y banderas de lucha porque aún cuando parece lo contrario, se ve que hoy los actores y las demandas fundamentales están al margen del régimen gobernante.

Haciendo un ejercicio rápido de memoria, debemos preguntarnos qué ocurrió hace cinco años. Pues bien, la madrugada del 14 de junio de 2006, y luego de 24 días de plantón en el Centro Histórico de la capital oaxaqueña, el Gobierno del Estado decidió desalojar a los integrantes de la Sección 22 del SNTE que se encontraban ahí, exigiendo el cumplimiento de su demanda de rezonificación salarial.

Aquel día, luego de varias horas de enfrentamiento, en el que se combinó la mala planeación del operativo con el mal cálculo de a cuántas personas se enfrentarían, los elementos de la entonces Policía Preventiva, se toparon con un bien agrupado, y numeroso, contingente de profesores, que defendieron los espacios que mantenían ocupados hasta replegarlos por completo.

Así, los 700 elementos dispuestos para la tarea, fueron dispersados por los varios miles de manifestantes con quienes se enfrentaban. Y por eso, al final de la jornada, el gobernador Ulises Ruiz ya no sólo enfrentaba la demanda económica de la Sección 22, sino que ya también se le exigía tanto su renuncia como la de varios de sus funcionarios, y el magisterio se hermanaba con otras organizaciones sociales que también se decían agraviadas por el gobierno estatal, para juntas exigir la salida del régimen gobernante.

Fue a partir de entonces, que la Sección 22 inició el proceso de creación de un organismo que agrupara a todas las organizaciones y grupos ciudadanos que entonces les mostraron adherencia, y estableció un catálogo de demandas cuyo común denominador era la democratización del estado, el arribo de un régimen de gobierno respaldado por la ciudadanía, y la realización de reformas para garantizar que hubiera democracia, fiscalización, rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio público.

Así, del primero de los procesos surgió la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca; y del segundo surgió la exigencia de una nueva legislación que diera cauce a las demandas democráticas del movimiento magisterial y popular, y que se materializara en una legislación y un gobierno con verdadero apego al interés de la ciudadanía. Tanto la Sección 22, como la APPO, establecieron, en abstracto, todo ese conjunto de demandas, que además fueron su parapeto y justificación durante el tiempo que duró el conflicto y en los años posteriores.

Sólo que hoy, cinco años después, debíamos preguntarnos en qué estado se encuentran ya no esas reformas en abstracto, sino en específico, que se demandaban y que se supone que fueron cumplidas con la reciente reforma constitucional; pero sobre todo, debíamos preguntarnos en dónde se encuentran hoy aquellos actores fundamentales del movimiento que dio legitimidad, fuerza y motivos al grupo político que hoy gobierna Oaxaca.

¿Y LOS PROTAGONISTAS?

Aunque poco se recuerda, el movimiento magisterial y popular que había encabezado la revuelta social de 2006, perdió toda capacidad de interlocución con el gobierno federal —que entonces acababa de ser asumido por el presidente Felipe Calderón Hinojosa— cuando éste le exigió (a la Sección 22 del SNTE, y a la APPO), que presentaran sus respectivos proyectos de reforma integral al sistema jurídico local, como condición para continuar las mesas de trabajo con la Secretaría de Gobernación.

Era claro que luego de, a principios de 2007, habían sido cumplidas buena parte de las demandas planteadas para la distensión del conflicto en Oaxaca, ahora se debía pasar al terreno de las modificaciones estructurales para dar un nuevo cauce democrático al gobierno de la entidad. Sólo que nadie, desde las trincheras del movimiento popular, pudo o quiso articular un proyecto que estableciera las coordenadas de esas reformas democráticas que, en abstracto, se habían exigido hasta el cansancio.

Fue por eso que, a partir de entonces, por un lado el gobierno de Ulises Ruiz tomó como suyas las banderas de la reforma del Estado, y realizó un proceso de modificaciones que dieron la apariencia de democratización, aunque todos los cambios constitucionales fueron realizados para su propia protección y beneficio.

Y también fue por eso, que desde la trinchera político-partidista opuesta, el grupo del ahora Gobernador del Estado recogió todas las banderas del conflicto del 2006, para legitimar su aspiración de llegar al poder, y para dar cierto contenido a su razón de ser como posible gobernante.

En realidad, los grupos protagonistas del conflicto quedaron por completo marginados de la reforma. En 2010, buena parte del voto ciudadano se dio por exclusión: es decir, no a favor de la causa opositora, sino en contra del priismo. Por eso, no se sabía bien a bien qué rumbo tomaría ese nuevo gobierno. Y tampoco hoy se sabe si las reformas realizadas eran las que se planteaban cuando ocurrió el conflicto, o si éstas fueron las que concibieron los protagonistas reales y convencidos (es decir, los ciudadanos y grupos verdaderamente convencidos, porque también los hubo) de aquellos episodios.

En todo esto, algo que queda claro es que tanto la Sección 22 como la APPO son actores y grupos que se encuentran al margen de los procesos que se desarrollan en la entidad. Ellos pusieron las banderas, para que otros las aprovecharan. Y así, en esas condiciones, queda claro que el 2006 combinado con el 2010, y visto a la luz de las reformas constitucionales ejecutadas, puede ser todo menos el triunfo real del movimiento popular en Oaxaca.

ADIÓS, ZENÉN…

Por cierto, ayer hizo pública su renuncia el ex diputado y ahora ex subsecretario de Asuntos Indígenas, Zenén Bravo Castellanos. Él, que fue un ferviente profesor appista, y defensor del actual régimen, ahora dice que se va del gobierno porque nada ha cambiado. Grande su descubrimiento.

+ País inmóvil: todos se quejan pero nadie cambia

Uno de los temas que más se le ha reprochado al presidente Felipe Calderón Hinojosa desde que inició la guerra contra el crimen organizado, es que haya dispuesto del uso de las fuerzas armadas para realizar tareas de seguridad pública.

Se le reprochó porque se decía, con razón, que el Ejército Mexicano no está preparado ni es su función la de policía; se le censuró también porque éstos carecían del marco jurídico adecuado; incluso, se le señaló por excederse en las atribuciones que le daba la Constitución federal respecto a los alcances y límite de las fuerzas armadas. Propios y extraños criticaron lo anterior, sin ver que en realidad México enfrenta un problema grave por la criminalidad; o lo hicieron sin reconocer que más que reproches, o junto con ellos, el país también requiere de soluciones.

La lucha del gobierno federal contra el crimen organizado, formalmente inició en diciembre de 2006. Desde entonces, el presidente Calderón dispuso que el Ejército patrullara las calles el país y realizara ciertas labores de control de la criminalidad, que hasta entonces, y por atribución constitucional, se encontraban en manos de fuerzas policiacas federales, estatales y municipales.

¿Qué labores se encomendaron al Ejército? Se le encargaron labores de patrullaje, de vigilancia, de interacción con la sociedad, de control e incluso de ejecución de órdenes judiciales. Todas esas, son labores de corporaciones policiacas. Y ante la falta de una regulación específica, pero una necesidad apremiante de utilizar el mayor grado posible de fuerza en las acciones de seguridad pública, de todos modos se dispuso que el Ejército realizara esas funciones.

Uno de los cuestionamientos fundamentales hacia esa decisión, radicaba en señalar que al no tener las fuerzas armadas, atribuciones constitucionales y/o legales para realizar ese tipo de tareas, muchas de sus actuaciones resultaban ser anticonstitucionales.

Lo grave no era sólo que los militares actuaran al margen, o excediéndose de su ámbito de atribuciones, sino que además sus intervenciones eran parte de expedientes judiciales en proceso, que luego pasarían a ser sometidos al control de jueces y magistrados, y que ahí ellos juzgarían no sólo los hechos señalados, sino también la calidad en la actuación de quienes, en nombre del Estado, aplicaron la fuerza o limitaron la libertad de los procesados. Ahí fue donde se trabó un conflicto que hasta el momento no tiene posibilidad de ser destensado.

¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Ejército no tiene fe pública para actuar en casos de flagrancia, ni tiene reconocidas las facultades constitucionales como para realizar las labores que le toca a la policía, como cuestiones de vigilancia, investigación e incluso de presencia en las calles en tiempos de paz.

El gobierno federal, a través de la PGR, comenzó a toparse con fracasos reiterados, cuando se dio cuenta que muchos de los expedientes judiciales en los que intervenía el Ejército como autoridad ejecutora, eran sancionados por los jueces de control constitucional, y las actuaciones echadas abajo.

Por cuestiones de constitucionalidad, delincuentes que probadamente habían infringido la ley, eran liberados y declarados inocentes porque quien les ejecutó cierta orden no tenía la legitimación legal necesaria para llevar a cabo esa tarea. Ese, que es un problema mayor, ha tratado de ser corregido sin que hasta ahora haya éxito. Y en buena medida no lo ha habido, porque replantear los alcances del ejército también se aparece como el principio de una peligrosa tentación autoritaria para quien ejerce el poder, que tampoco es saludable para nuestra democracia.

¿PONDERAR? ¿CÓMO?

Este debía ser un ejercicio de ponderación: es decir, de plantear un escenario en el que se ampliara el marco de actuación del Ejército, para hacer más sólidas sus intervenciones en tareas de seguridad pública, y no seguir siendo víctima del fracaso que constituyen sus actuaciones eficaces, pero al margen de la ley. Este escenario, habría que contrastarse con el hecho de que el partido gobernante podría, a partir de esas atribuciones, cometer excesos en contra de la población civil o sus adversarios políticos, en nombre del cumplimiento de una supuesta guerra anticrimen que en realidad sería selectiva. ¿Cómo empatar estas pretensiones?

La primera cuestión, trató de hacerla el gobierno federal a través del envío de una propuesta de ley de seguridad pública, en el que ensanchaba el marco de acción de las fuerzas castrenses. Los partidos de oposición, sin embargo, frenaron la posibilidad de aprobar dicha norma, bajo el argumento de que darle más atribuciones en materia de seguridad al Presidente, equivaldría a seguir satisfaciendo su sed de violencia, y a ensanchar la capacidad de operación de un Ejército que en cualquier momento podría cometer excesos, e incluso usurpar el poder en nombre del control de la seguridad pública o nacional.

Es cierto que se deben limitar todas las tentaciones autoritarias. Pero a la par de ello, ¿cómo enfrentar un problema real, que ocurre todos los días en las calles, que hace vulnerable no sólo al Ejército sino a toda la lucha anticrimen que libra el gobierno federal, y que también necesita ser resuelta?

Ante esta realidad sólo quedan dos caminos posibles: primero, sacar al Ejército de las calles, con el riesgo de desbordamiento de la criminalidad que todo esto implica; o mantenerlo a costa del riesgo de que se les sigan cayendo las investigaciones que la autoridad civil consigna al Poder Judicial Federal, por la falta de atribuciones de los soldados. En cualquiera de los casos, quien pierde es el Estado de Derecho y la exigencia ciudadana de no más impunidad.

El caso más reciente es el del empresario Jorge Hank Rohn. Pronto saldrán a la luz pruebas firmes de que el Ejército se excedió en sus funciones, y ello podría poner en libertad a un individuo que quizá sí haya cometido delitos.

PARA NINGÚN LADO

Así es como, en el fondo, está nuestro país. Pareciera que sus necesidades son tantas como las de un auto desvencijado; pero sus posibilidades de movilidad son tantas como las de un vehículo sin ruedas, y sin impulso alguno. Como no se le quiere “premiar” al Presidente, se frena la ley; y éste, ante la falta de regulación, se excede. Esto sólo en México ocurre. Y el problema es que en esa vorágine, somos los ciudadanos, y es la legalidad y la seguridad, quien paga todos los platos rotos.

+ Sección 22 y 59: ¿Conflicto interno del Sindicato?

Cualquier gobierno da una pésima señal, cuando hace público un trato desigual para quienes son pares. Eso es lo que hizo el pasado miércoles el Gobierno del Estado, cuando envió a elementos antimotines de la Policía Estatal, a desalojar a integrantes de la Sección 59 del SNTE que realizaban una protesta a las afueras del Palacio de Gobierno. Frente a los hechos, palidece cualquier aseveración relativa a la pluralidad y tolerancia del régimen gobernante.

Ayer, a través del noticiero radiofónico del periodista Humberto Cruz, el secretario Particular del Gobernador del Estado, Benjamín Robles Montoya, trataba de justificar la acción de la fuerza pública, argumentando que ésta se había solicitado ante la incursión violenta de integrantes de la Sección 59 del SNTE, liderados por Humberto Alcalá Betanzos, al Palacio de Gobierno, y ante los desmanes que los agremiados de esa facción sindical realizaban a las afueras del recinto.

Al mismo tiempo, el Periodista daba cuenta de señalamientos hechos por el mismo Alcalá Betanzos, quien denunciaba haber sido amenazado textualmente por el citado funcionario con el uso de la fuerza pública, si no cesaba la manifestación que realizaban los profesores disidentes.

Independientemente de quién tenga la razón, queda claro que juntos cometieron un acto grave que no sólo quebranta el Estado de Derecho y la supuesta vocación por la legalidad que dice tener el gobierno estatal, sino que además deja en claro que el grupo gobernante está dispuesto a todo, con tal de privilegiar a quienes, según sus ponderaciones, le provocan menos problemas. ¿De qué hablamos?

De que queda claro cuál es la lógica de la ponderación gubernamental: hace apenas una semana, miles de profesores de la Sección 22 no sólo atentaron —como cada año— contra el patrimonio edificado del Centro Histórico, sino que también arremetieron gravemente contra los derechos de miles de oaxaqueños que tienen algún tipo de relación con los espacios ocupados. Los maestros democráticos de la 22, además, impidieron las actividades en sucursales bancarias, centros comerciales, oficinas públicas, calles, carreteras y demás. Y nadie los molestó, y mucho menos los tocó ni con el pétalo de una rosa.

Menos de una semana después, ocurre otra protesta como muchas otras que suceden casi a diario en la capital oaxaqueña. La particularidad, sin embargo, es que ésta era de profesores del sector disidente a la Sección 22, que exigen reconocimiento político e interlocución al gobierno estatal, y que en el fondo exigían un trato similar al que se les da a sus contrapartes.

¿Qué hizo el gobierno estatal en cada circunstancia? En la primera, entabló todo tipo de mesas de negociación, guardó a la policía, toleró el quebranto a la ley, y hasta los insultos del magisterio democrático. Además, les dio una cantidad millonaria de dinero, y también prometió respetarles el privilegio de la negociación. Empero, a los segundos, sólo los recibió a garrotazos y los dispersó a través de la fuerza pública.

Es perfectamente comprensible que el gobierno estatal está buscando no tener problemas con la Sección 22, y que en esa lógica desdeña a la 59. Sin embargo, más allá de la fortaleza de unos y la debilidad de los otros, es una pésima señal que abiertamente se decida a tolerar a unos y a no hacerlo con los otros. Es un lujo que no se puede dar un gobierno que se jacta de tolerante y democrático. Y mucho menos de uno que dice procurar la reconciliación, y que busca que la ciudadanía le crea que gobierna igual para todos.

TOLERANCIA, ¿O QUÉ?

No se trata de que el gobierno estatal decida tolerar cualquier acción, venga del grupo de lucha social o sindicato que venga. Hacerlo sería tanto como hacer expresa su rendición y la renuncia a cumplir con el mandato popular que le fue conferido. Tampoco se trata de que a partir de ahora reprima cualquier acción de protesta. Esos son los extremos, y como tales debían ser desterrados de la conciencia del gobernante.

Del mismo modo, tampoco se trata de que a partir de ahora ninguna organización proteste, o que todas exigieran que se les respete su “derecho a manifestarse” independientemente de las acciones que realizaren. ¿Qué hacer entonces?

Por un lado, el gobierno estatal debía comenzar a entender que los enconos del pasado quedaron atrás, y que los compromisos asumidos con ciertos sectores o grupos deben cumplirse a pie juntillas, pero sin poner en riesgo la premisa de que, valga la redundancia, el gobierno gobierna para todos, y que la administración estatal no se trata ni de una facción, ni de un grupo ni de un partido político, ni de un gremio, al que se le tenga que tolerar incondicionalmente, y en el que sus adversarios tengan que ser perseguidos inopinadamente.

Frente a ello, no habría sido admisible que el gobierno estatal tolerara cualquier tipo de acción proveniente de la Sección 59, como tampoco lo es que sí lo haga, y lo acepte expresamente, cuando se trata de la 22. Del mismo modo, no se trata de que éste se ponga a entregar todo, a cualquier grupo, cuando éste vaya a plantarse frente al Palacio de Gobierno.

Creer lo anterior, equivaldría a pensar que todos los integrantes de tal o cual partido serían aporreados o tolerados a pie juntillas, y con ello debíamos también suponer la convalidación de actos de discriminación que, además de estar prohibidos por la ley, son abominables para cualquier gobierno que se jacta tanto de tolerancia y democracia, como el oaxaqueño.

¿Esta es una señal clara de que el gobierno estatal sólo tolerará a sus adversarios de riesgo, y perseguirá a los minoritarios? Esto significa, en palabras llanas, que bien podría entregarse a los poderes fácticos para mantener su estabilidad. Claro, sostenerla a cambio de quebrantar expresamente la legalidad y los principios rectores que hacen al Estado el Ente Soberano que gobierna y regular todas las conductas y actividades que ocurren dentro de su ámbito de competencia. ¿Para allá vamos? Es pregunta.

¿QUIÉN FUE?

Por cierto, de la “explicación” dada por Robles Montoya sobre la disuasión policiaca a los manifestantes de la 59 el miércoles pasado, se desprende que fue él quien solicitó el auxilio de la fuerza. ¿Y él qué legitimación legal habría tenido hacerlo? Debía recordar que, más allá de su protagonismo, su cargo formal no le da más atribuciones que las del control de su propia oficina. Cuidado con la formalización, y “normalización”, de ese tipo de excesos.

+ Marchas, paros, plantones y “negociaciones” ¿legales?

Bien dice el refranero que “para tener el pico largo, hay que tener la cola corta”. Y es que si la Sección 22 del SNTE asegura que su par en Oaxaca, la Sección 59, no tiene legitimidad y tiene “irregularidades” tanto en su reconocimiento ante el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato magisterial, como ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, también debía reconocer que la gran mayoría de sus acciones tampoco gozan de la legalidad y legitimidad con la que ahora pretenden defenderse.

En efecto, de acuerdo con declaraciones dadas a conocer ayer por la Agencia Quadratin, el secretario General de la Sección 22, Azael Santiago Chepi, puso en duda los respaldos que la Sección 59 dice tener a través del registro del Consejo Nacional del SNTE y de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Aseguró que existen “irregularidades que deben revisarse” respecto de esos registros.

Queda claro, frente a ello, que el dirigente del llamado “magisterio democrático” pretende manipular la realidad a su conveniencia, para lograr el objetivo planteado por la Asamblea Estatal de la Sección 22, de ser el único “gremio legítimo” del magisterio oaxaqueño. Además de confundirse, y de negar cuestiones legales que rebasan por mucho la esfera estatal, con su reproche fundado en la legalidad, el Líder magisterial también debería incriminar a su gremio por el abierto desprecio al Estado de Derecho que cometen casi con cada una de sus acciones y métodos de lucha.

Pero vayamos primero a los antecedentes de la Sección 59. Ésta, contrario a lo que se piensa comúnmente, no surgió a raíz del movimiento magisterial de 2006, ni en su momento fue una hechura del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

De hecho, el antecedente fundamental de la 59, fue el Consejo Central de Lucha, que surgió por diferencias internas durante la dirigencia de Enrique Rueda Pacheco, y fundamentalmente por la negativa de Erika Rapp Soto, a la sazón tesorera del Comité Seccional en Oaxaca del SNTE, a prestarse a los juegos de corrupción del entonces Secretario General, en cuestiones como la comercialización de electrodomésticos a los profesores, y la “legalización” de prebendas que eran exigidas al Gobierno del Estado.

Así, independientemente del conflicto magisterial y los hechos particulares ocurridos en 2006 y después, el Consejo Central de Lucha recibió el reconocimiento como Sección magisterial por el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE en 2007, y también fue avalada como tal por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en 2008, a través del otorgamiento de la toma de nota respectiva.

Así, queda claro que el problema inicial de la 59 no es de legalidad, sino más bien político. Esto porque, en un primer momento, la 22 no sólo se ha resistido a reconocer que existe otra sección magisterial en Oaxaca, sino que se ha dedicado a presionar al Gobierno del Estado para que no tenga ningún tipo de interlocución con la disidencia magisterial.

En ese sentido, la 22 ha logrado su objetivo en la medida que ha atajado las posibilidades de que la Sección 59 pueda negociar y obtener beneficios. A la par de ello, se ha valido de todos los tipos posibles de terrorismo intersindical, para lograr el desaliento en la disidencia y conseguir el regreso de quienes se habían cambiado de representación sindical.

VIOLENCIA E ILEGALIDAD

Quién sabe si existan o no mediciones sobre el buen o mal desempeño que tenga la Sección 59 en su trabajo docente. Lo que sí queda claro que es que uno de sus mayores cuestionamientos radica en la falta de claridad en cuanto a su vida interna. Desde hace cinco años, por ejemplo, no cambian de dirigente. No queda claro si reciben recursos por concepto de cuotas desde la dirigencia nacional del SNTE. Y tampoco queda claro si han conseguido beneficios en sus gestiones ante el gobierno estatal, y en qué pudieran éstas consistir.

No obstante, lo que sí queda claro es que ninguno de esos cuestionamientos le llega ni a los talones a cualquiera de las acciones “de lucha sindical” comunes de la Sección 22. Veamos por qué.

Contrario a lo que ocurre en casi cualquier otro gremio, la Sección 22 nunca se ha conducido en el marco de la legalidad al organizar, decretar y estallar sus paros de labores. Por eso —porque sus decisiones sindicales no pasan por la regulación de la Autoridad Laboral—, a sus suspensiones de labores se les puede denominar de cualquier modo posible, menos como “huelga”. Éste último término debe tener el aval de la Junta de Conciliación, y para que ésta pueda ser estallada el patrón primero debe ser emplazado legalmente y la huelga debe reunir ciertas características.

¿Alguna vez ha seguido este procedimiento la “legalista” Sección 22 del SNTE? Evidentemente no. Para ellos, la legitimidad de su lucha se encuentra en su fortaleza numérica y en las resoluciones de su Asamblea Estatal, como único ente regulador de sus acciones.

¿Otra muestra de su supuesta y engañosa vocación por la “legalidad”? Ciertamente, la Constitución federal garantiza a todos la libre manifestación. Sin embargo, el apoderarse por completo de las calles, cada que se les pega la gana, no resulta ser sino otro acto lesivo y ominoso para la mayoría, que también se encuentra únicamente fundado en su fuerza y en sus determinaciones, pero no en un posible asunto jurídico en que realmente pudieran basarlo.

Por último, habría que preguntarse, por si fuera poco, por qué sus procesos de negociación con el Gobierno del Estado siempre son a puerta cerrada. Por qué nunca se han preocupado por llamar a un representante de la Secretaría del Trabajo para que avale la legalidad tanto del proceso de negociación, como de los logros obtenidos. Habría que ver, de entrada, si lo que tienen cada año con el gobierno estatal es de verdad un proceso de negociación, o si todo se basa en un abierto chantaje en contra del gobierno estatal.

Todo eso debían aclararlo, o justificarlo los democráticos de la Sección 22, antes de sentirse con la calidad moral para disertar sobre la legalidad de un grupo como la Sección 59 del SNTE.

¡AGUAS, AGUAS!

Más de uno en Oaxaca, mientras ve por televisión la noticia de la detención del ex gobernador Pablo Salazar, se acuerda de aquel refrán que dice: “cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”. Y sin quererlo ni controlarlo, tiembla.

+ ¿Por qué someter a concurso aplicación del reglamento?

Tanto el secretario de Seguridad Pública Estatal, Marco Tulio López Escamilla, como el comisionado de la Policía Estatal (SSPE), César Alfaro Cruz, debían explicar bajo qué lógica decidieron someter a concurso el nombramiento de Director de Tránsito del Estado. Tal decisión no sólo parece ser desatinada, sino hasta riesgosa, en una institución que históricamente ha tenido más problemas de credibilidad, operatividad y honestidad frente a la ciudadanía.

En efecto, en abril pasado la SSPE emitió una convocatoria a través de la cual invitaba a todos los elementos de las corporaciones estatales (Policía Estatal, Bancaria, Tránsito del Estado, Fuerzas Estatales de Apoyo y Seguridad Regional), que tuvieran el rango de suboficiales, que acreditaran estudios de bachillerato, y que comprobaran haber aprobado los exámenes de control de confianza, a que concursaran para obtener el cargo de Director de Tránsito del Estado.

Ésta, que parece una decisión basada en la lógica de decidir “democráticamente” y de cara a la sociedad el destino de una corporación policiaca, en realidad tiene muchos puntos oscuros que, evidentemente, no han sido aclarados. Y es que, independientemente del cambio de gobierno, las prácticas de corrupción, el tráfico de influencias, y la falta de confiabilidad que han reinado en esa institución, siguen estando ahí. Ese es el problema de fondo.

Frente a todo eso, habría que preguntarse cuál fue la razón por la que el Titular del Poder Ejecutivo del Estado permitió que se sometiera a concurso la titularidad de una corporación sobre la cual él tiene el mando y la facultad de nombrar y remover a su Director; por qué permitió que se convalidara que esa corporación tuviera como principal mando a un efectivo con rango de suboficial y sólo con estudios de bachillerato; y por qué decidió no antes hacer algo para cortar de tajo tanto las deficiencias de la corporación, como la galopante corrupción que ya es tradición en ella, y pretende perpetuarse.

Tránsito del Estado, como las demás corporaciones policiacas del gobierno estatal, se encuentran operativamente bajo el mando de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; empero, siendo parte de la Administración Pública del Estado, ésta también es responsabilidad del Gobernador del Estado, en cuanto a su integración y funcionamiento.

En ese sentido, no queda claro por qué esa Dirección sí se sometió a concurso. Y por qué, si realmente existe ese espíritu democrático y de apertura e inclusión, no antes también se sometieron a concurso las plazas de Secretario de Seguridad Pública, y de Comisionado de la Policía Estatal.

Frente a todo eso, queda claro que uno de los problemas de fondo es que no existe verdadera claridad ni en la fundamentación —legal y administrativa— del concurso, ni en el proceso, y mucho menos en cuanto a la confiabilidad del elemento estatal que en estos mismos días puede convertirse en Director de Tránsito, sin verdaderamente tener el conocimiento de sus responsabilidades más allá del solo empirismo, ni la confianza de los mandos superiores, y quizá tampoco la confiabilidad requerida para garantizar que desempeñará su encargo con honestidad y responsabilidad.

MAL PRECEDENTE

Era ya hasta “tradicional” saber que, por ejemplo, la asignación de patrullas, motopatrullas, zonas de vigilancia, cargas u horarios de trabajo, estaban siempre determinadas en la Dirección de Tránsito no por los méritos o las aptitudes de los agentes, sino por el pago de “cuotas”. Tener una patrulla, una motocicleta o una “buena zona” para vigilar, costaba a los agentes cierta cantidad de dinero diaria que tenían el deber de entregar a sus superiores a título de renta, y que obtenían como producto de la extorsión a los automovilistas.

Algo similar ocurría con la asignación de las delegaciones de Tránsito en el interior del Estado. Éstas también eran asignadas no a los agentes de mayor confianza, sino a los que tenían mejores aptitudes para obtener dinero sucio a cambio de la aplicación, o no aplicación de la ley y el reglamento de tránsito, en las regiones del Estado. Las delegaciones eran asignadas a cambio de un monto económico inicial, y después sostenidas a cambio de la entrega de rentas mensuales. Así funcionaba esa corporación desde siempre, y hasta hace muy poco tiempo.

¿A poco todo eso fue erradicado con el simple cambio de gobierno? Son tan pocas las posibilidades de que todo eso hubiere dejado de ocurrir, partiendo del solo hecho de que la corporación lleva ya más de seis meses sin titular; que, al igual que otras corporaciones como la Policía Auxiliar, ha sido relegada y desatendida; y porque ahora, sospechosamente, se pretende someter a concurso para entregarla a una persona que —sin afanes de menosprecio— puede tener poca o nula experiencia administrativa, un bajo perfil académico, y escasos conocimientos no sólo sobre las tareas actuales de la corporación, sino sobre los requerimientos para estar acordes con los retos y las necesidades del futuro cercano.

Además, si el concurso pretendía ser verdaderamente abierto al escrutinio, y de cara a la sociedad, ésta debió haber sido también incluida no sólo como posible participante, sino también como parte del Comité que decidirá el futuro de la corporación.

¿Cómo procurar una evolución para este tipo de tareas, cuando ni siquiera es requisito que los participantes cuenten ya no con estudios o conocimientos comprobables específicos sobre urbanismo y vialidades, sino con cualquier tipo de formación profesional? ¿Cómo pretender explicar esa decisión, cuando los indicios de corrupción son altos, y con su supuesta apertura más bien parece que desean que todo eso permanezca, se convalide, y además, quede en familia?

Si verdaderamente existe voluntad por procurar un cambio positivo, parece que en la Secretaría de Seguridad Pública tienen extraviada la brújula. La ruta seguida, parece ir exactamente en el sentido contrario a lo que pretenden aparentar.

DESTINO PREDECIBLE

Dentro de la corporación, aseguran que la designación del próximo Director de Tránsito podría definirse entre el actual director operativo, Juan Reyes Corpus, y otro agente “allegado” al comisionado Alfaro. El comandante Corpus, dicen, sería la comparsa para legitimar el “concurso”, y así nombrar a quien desde un principio quisieron impulsar de la SSPE para mantener el estado de cosas, ahora a su favor. Todo un teatro. Ver para creer.

+ Hoy, lejos de ideología, cerca de conveniencias

Cada año que pasa, se va haciendo más visible la distancia existente entre la lucha magisterial que inició en Oaxaca en el año de 1980, y los intereses actuales que tiene la Sección 22 del SNTE. Independientemente de las demandas políticas que entonces y ahora plantean, queda claro que la brecha más amplia entre entonces y ahora se encuentra en la legitimidad y las bases ideológicas de sus acciones como asociación sindical y como organización de lucha social.

Hace 31 años, la Sección 22 del SNTE inició una lucha por la defensa no de cuestiones relativas al interés general, sino más bien por el reconocimiento de su derecho a decidir sus cuestiones internas. En efecto, hasta entonces la dirigencia y el rumbo del sindicato magisterial de Oaxaca era decidida desde el Comité Estatal del PRI y, esencialmente, desde la gubernatura del Estado.

Y quienes decidieron emprender la verdadera lucha por la democracia dentro de la Sección 22, fueron no a buscar mejoras salariales ni prebendas económicas y mucho menos asaltos en despoblado en contra de las arcas estatales; más bien fueron a exigir el derecho a ser ellos quienes pudieran decidir quiénes serían sus dirigentes, su forma de organización y las formas de lucha que debían emprender para defender sus intereses sindicales.

Esa, como puede verse, sí era una verdadera lucha democrática que buscaba oponerse, a través de todos los medios posibles, a la intervención en su vida interna. De ahí que aquella lucha magisterial iniciática no sólo no fue mal vista por la sociedad oaxaqueña —que, para entonces, también comenzaba a despertar en sus ansias democráticas—, sino que fue apoyada y respaldada por todos aquellos que ya veían como excesiva la injerencia del poder estatal en la vida interna de todos los gremios.

Si esto fue así, ¿entonces cuál fue el problema? Esencialmente, éstos parecen haber sido dos: primero, el mal planteamiento de los postulados ideológicos en los que fundamentaron tanto su lucha democratizadora, como la formación de los cuadros políticos que hoy dominan la Asamblea Estatal; y el segundo, que al pasar del tiempo se dieron cuenta que esa maquinaria política que crearon era no sólo capaz de hacer valer sus determinaciones legitimadas por la sociedad, sino que también tenía la posibilidad de conminar al gobierno en turno a cumplir con sus pretensiones, independientemente de que éstas fueran o no útiles o respaldadas socialmente.

Por eso, treinta años después tendríamos que preguntarnos —y tendrían que preguntarse ellos mismos— qué es lo que verdaderamente les ha traído de provechoso —respecto a sus postulados ideológicos—, el hecho de que con toda convicción fundamenten su lucha en principios de marxismo socialista, y otras corrientes del tipo, si en realidad ellos nunca han sentido en carne propia la lucha de clases, ni han tenido que lucha contra los intereses capitalistas que sí pueden, hoy mismo, estar provocando serios daños a ciertos sectores de la economía.

En el fondo la sociedad, el sistema y el gobierno siguen siendo exactamente los mismos. Sólo que ellos han justificado en esos principios ya desvirtuados —por ellos mismos— el sostenimiento y la permanencia, hasta hoy, de una lucha que, ya lejos de la democracia interna inicial, les sigue trayendo beneficios incuantificables, y les da un poder que sus mismos dirigentes iniciales nunca imaginaron tener.

DE LA IDEOLOGÍA

A LA CONVENIENCIA

Sin embargo, en estos treinta años son ya varias generaciones de maestros las que han pasado por los cargos de dirigencia, tanto de los poderes fácticos internos de la 22, como del propio Comité Ejecutivo Seccional. Si hoy buena parte de la clase dirigente no fue parte de aquella lucha inicial, e incluso ya ni reconoce como verdaderamente válidos aquellos postulados ideológicos, ¿entonces por qué hoy la lucha de la Sección 22 es mucho más intensa y radical que hace tres décadas?

La respuesta, queda claro, se encuentra en el proceso de formación política e ideológica de las nuevas generaciones de integrantes de la Sección 22, y en las condiciones actuales en que esos nuevos integrantes del sindicato magisterial realizan su trabajo, y defienden sus intereses sindicales. Empero, para comprender lo anterior, es necesario que vayamos por partes.

Queda claro que cualquier tipo de formación ideológica o política que puedan tener los profesores y/o administrativos actuales de la Sección 22, no se parece en nada a las experiencias que pudieron haber tenido los profesores del pasado. Aquellos fueron parte de una generación esencialmente rebelde e ideologizada, que creía a pie juntillas en las utopías revolucionarias y que combinó esas condiciones con un sensibilizador trabajo de campo al interior de las comunidades rurales del interior del estado, en las que vio y vivió en carne propia las carencias e injusticias de que eran objeto las personas.

No obstante, los profesores integrantes de la Sección 22 de hoy, carecen por completo de formación política e ideológica; son parte de una generación que no cree en nada; y que incluso tiene un profundo desencanto respecto a las promesas de cambio que en antaño tuvieron las utopías revolucionarias. A partir de ello, defienden su lucha sindical, únicamente basados en las conveniencias y en los jugosos beneficios económicos que les reporta el organizar todo tipo de manifestaciones cada año, en pos de lograr mejores condiciones salariales, de trabajo o de impunidad respecto a los delitos que cometen.

Todos ya tienen hoy perfectamente claro de la capacidad de ingesta que tiene su organización, y de la capacidad de conseguir los objetivos que se proponen. Ya nadie se pregunta hoy si están bien o si su lucha es comprometida o correcta; más bien, continúan viendo los objetivos y los reportes de ganancias que tienen. Y para eso acuerdan continuar indefinidamente con una lucha que ya no tiene el matiz democrático, y tampoco tiene la fundamentación política que tuvo en el pasado.

¿QUÉ SIGUE?

Si esta tendencia no se modifica, cada año veremos más movilización y más presión, con menos sustancia. Hoy la dirigencia de la 22 está en manos de los menos preparados, y de los menos conscientes. Así, no parece alentadora ni la finalidad social real de la lucha magisterial, ni la posibilidad de que en el futuro cercano este patrón de conducta pueda cambiar. Es decir, no cambiará hasta que de verdad la sociedad se canse. Lo veremos.