+ Estropeada, interlocución entre Federación y GCM

El pasado 30 de marzo, el Congreso del Estado aprobó al Gobierno del Estado la contratación de créditos hasta por 3 mil 690 millones de pesos con Banobras, instituciones de crédito o el mercado de valores para atender a la población afectada por desastres naturales y refinanciar y bursatilizar la deuda pública.

Esta decisión, que enfrentó a las distintas fuerzas y actores políticos en Oaxaca, más bien debería unirlos para protestar por lo que constituye una enorme tomadura de pelo del gobierno federal a los mexicanos, que se supone que pagamos más impuestos para evitar este tipo de deudas, y para permitir que las arcas federales tuvieran recursos para la reconstrucción de las zonas afectadas por los fenómenos climatológicos.

La autorización del Congreso al gobernador Gabino Cué para la contratación de más deuda pública, tiene íntima relación con los desastres provocados por fenómenos naturales el año pasado, y con los acuerdos tomados en la Cámara baja para sostener la tasa del Impuesto al Valor Agregado en 16 por ciento. Hagamos un sencillo ejercicio de memoria para corroborarlo.

Volvamos en el tiempo al momento en que ocurrió la negociación del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2011. Motivados por cuestiones de la agenda pública, de sus promesas de campaña, y de los cuestionamientos ciudadanos por haber avalado, el año previo, el incremento al IVA, a finales de 2010 un sector del Partido Revolucionario Institucional anunció que pugnarían porque dicho gravamen volviera a su tasa original del 15 por ciento.

Ante tal anuncio, el gobierno federal —que no estaba de acuerdo con dicho planteamiento— entabló negociación con la dirigencia nacional del tricolor, para evitar que fuera aprobada tal medida que afectaría la recaudación, en alrededor de 30 mil millones de pesos por cada punto porcentual que se le redujera a dicho impuesto al consumo.

Finalmente, luego de varios días de debate, se dijo que el PRI aceptaba sostener la tasa del IVA en 16 por ciento, a cambio de que se creara un fondo de reconstrucción que beneficiara a las entidades federativas —entre ellas Oaxaca— que habían resultado seriamente dañadas por los intensos fenómenos climatológicos ocurridos el año pasado. Incluso, diputados como el oaxaqueño Héctor Pablo Ramírez Leyva, fueron doblegados por la dirigencia de su partido, en su resistencia de impulsar una reducción de dicho gravamen.

La creación de dicho fondo de reconstrucción no fue gratuita. El mismo PRI —que ya había negociado con el gobierno federal la negativa a la reducción del IVA— necesitaba del apoyo de las fracciones parlamentarias de varias entidades federativas de mayoría tricolor que inicialmente pretendían ir por la reducción del gravamen. Por eso fueron incluidas entidades como Veracruz, Oaxaca, Nuevo León, y Tabasco, entre otros.

La gran pregunta, hoy, radica en qué ocurrió con dicho fondo. Y, sobre todo, por qué el gobierno federal modificó unilateralmente el destino de recursos que ya habían sido pactados no para beneficio de los gobernadores o de los grupos políticos, sino de los habitantes de las entidades federativas beneficiadas con dicho esquema.

¿DÓNDE ESTÁ EL DINERO?

De acuerdo con un documento interno de la Cámara de Diputados, del cual obra copia en poder de esta columna, El 30 de septiembre de 2010, el Grupo Parlamentario del PRI presentó la propuesta de creación del Fondo Nacional de Reconstrucción, para apoyar a estados del país que sufrieron desastres naturales por la temporada de lluvias, huracanes y ciclones.

Según el documento, en esa misma fecha se aprobó en el pleno de la Cámara de Diputados, y se estableció que el Fondo sería etiquetado para el Presupuesto de Egresos del presente año. Y fue para la etiquetación del Fondo de Reconstrucción, que se presionó a la fracción priista para que mantuviera el IVA en 16 por ciento y así obtener recursos para financiar dicho fondo.

Finalmente, se aprobó un presupuesto para dicho fondo de 4 mil 500 millones de pesos, etiquetado en el Presupuesto 2011. A pesar de ello, el 26 de enero fueron aprobadas las reglas de operación en Banobras y ahí se estableció que sería a través de un Fideicomiso de número 2186, y no seria el apoyo directo a las entidades federativas, sino a través de contratación de deuda por parte de los estados mediante el término de “apoyos financieros”.

El documento establece que dicho fondo había sido concebido sin “pari passu” ni reglas de operación, justamente para que no hubiera trabas burocráticas. Sin embargo, estás trabas ya están contempladas en el Fondo por parte de Hacienda y Banobras. Incluso, se establece que en conversaciones que tuvo el actual Subsecretario de Egresos de la SHCP con diputados, aseguró que “ya no había recursos de este Fondo dada la emergencia que hubo”.

Frente a todo esto, no sólo resulta mezquino e innecesario, sino hasta tonto ver el asunto desde una perspectiva partidista o de grupo, como parecen tomarlo algunos funcionarios del Gobierno del Estado. En realidad, por esta cuestión resultamos afectados todos los que somos contribuyentes, pues de nuestros impuestos se prometió la creación de un fondo que ayudaría a las entidades afectadas por los fenómenos climatológicos, y ahora el gobierno federal está tratando de convertir en deuda lo que todos los mexicanos estamos ya pagando a través de impuestos.

¿Qué no un asunto como este debía unir a quienes son adversarios cotidianos, desde el Gobierno del Estado y el PRI? Finalmente, todos resultan afectados. Unos por estar teniendo que contratar deuda —con el costo político que esto conlleva—, y los otros por haber sido abiertamente timados en cuanto al sostenimiento del IVA en su tasa actual.

TIENEN MIEDO…

Es lamentable que Oaxaca tenga que echar mano de deuda para acceder a este tipo de recursos que debían suministrarse por un simple asunto de interés general. ¿Qué el Gobierno del Estado no le puede hacer frente a la administración de Felipe Calderón? ¿Qué le tiene miedo? ¿O prefiere endeudar las arcas públicas con tal de no hermanar una causa, una sola, con los priistas? Tal parece que la mezquindad, que la visión de corto plazo, y los partidismos, le están ganando todo el terreno a una batalla que finalmente, quieran o no entenderlo, no es ni por el PRI ni por Convergencia o el PRD, sino que es por Oaxaca.

+ A cambio de qué, aprobar deuda, impuestos y reforma

Aunque no debía ser así, al Gobierno del Estado se le ha cargado toda la responsabilidad por temas como el sostenimiento de impuestos como la tenencia vehicular, por sus intentos de avasallar en la aprobación de un paquete de reformas constitucionales, y por la aprobación de un millonario endeudamiento público. La crítica no debía ir sólo contra ellos, porque en todo esto ha existido siempre la corresponsabilidad de la minoría opositora que se ha prestado a autorizar y legitimar estas medidas: la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso del Estado.

Habría que comprender que la supuesta “oposición responsable” del PRI, significa también, indisolublemente, que son una oposición corresponsable. Esto porque en aras de tener una actitud de entendimiento y diálogo, y no de cerrazón ni de oposición recalcitrante, ellos han abierto la puerta a todas las posibilidad de acordar con el Gobierno del Estado, e incluso avalar sus propuestas argumentando que más allá de los partidismos, son por el bien de Oaxaca.

Hasta ahí todo parece perfectamente explicable, claro y democrático. Sin embargo, esto ya no se explica así, cuando esa supuesta oposición responsable comienza a avalar medidas que atentan contra la mayoría ciudadana, cuando se respaldan disposiciones que están plagadas de oscuridades, o cuando se prestan a juegos perversos que ponen en riesgo no sólo la estabilidad política del régimen gobernante o de el momento político actual, sino que también la gobernabilidad democrática y el mejor entramado institucional al que todos aspiramos en Oaxaca.

Eso es lo que ocurre hoy en la entidad: el gobierno estatal, con todos los errores o aciertos que pueda tener en sus planteamientos, ha propuestos ciertas medidas que les ha impactado en altos costos políticos. Esto porque a nadie le gusta que le sigan cobrando un impuesto que ya desapareció en otras entidades; porque nadie en su sano juicio podría estar de acuerdo con la contratación de deuda pública que, a juicio de especialistas, será impagable; o porque ninguna persona sensata estaría de acuerdo en la aprobación de reformas que el pueblo desconoce, y que por ese solo hecho sí podrían afectarle directamente.

Sin embargo, de ello justamente es de donde surge la corresponsabilidad de la minoría opositora que condescendientemente —o motivada por ambiciones diversas al interés público— le hace el juego al régimen gobernante para avalar medidas que son rechazadas o cuestionadas por los gobernados.

En este sentido, junto con la crítica indispensable al gobierno de Gabino Cué Monteagudo por temas como el del sostenimiento de la tenencia vehicular, habría que preguntarse también, dónde se encontraba la supuesta oposición que debía velar porque no se cometieran abusos como ese; dónde estaba la oposición que, además, trató ese tema como uno de sus postulados de campaña, y luego lo abandonó.

Veámoslo de este modo, en todo lo implacable, pero real, que puede ser: con inexplicable sumisión, la Fracción Parlamentaria que encabeza el diputado Martín Vásquez Villanueva, en diciembre del año pasado no hizo nada para evitar la aprobación de la Ley de Ingresos del Estado, en la que se contenía la tenencia vehicular como un impuesto estatal que en 2011 se seguiría cobrando a los oaxaqueños.

¿Qué olvidaron que durante su campaña para gobernador, el priista Eviel Pérez Magaña prometió eliminar la tenencia? ¿Acaso consideran que como las campañas ya terminaron, aquellas propuestas también debían irse a la basura y seguir adelante? ¿O es que, como consecuencia de la derrota de su Candidato, decidieron optar por la vieja máxima que dice que ahora el pueblo pague por el error que cometieron en la elección de su Gobernante?

Lo más importante, en todo esto, radica en preguntarse, y responderse, ¿a cambio de qué —dinero, prebendas, impunidad, “cañonazos”, parcelas de poder, etcétera— se abstuvieron de hacer cualquier cuestionamiento, o presentar algún tipo de oposición real, a esa Ley en específico?

ENDEUDAMIENTO

En la vieja tradición política —que, se supone, comenzaría a erradicarse cuando llegara un “régimen de transición democrática” a Oaxaca—, la relación entre los intereses del Poder Ejecutivo y la oposición en el Congreso, se arreglaba a “cañonazos”. Sí. Todo se componía haciendo moderna alusión a aquella vieja enseñanza de la praxis política, atribuida al general Álvaro Obregón, que decía que “nadie se resiste a un cañonazo de 50 mil pesos”.

En este sentido, los priistas saben muy bien de esto, porque siempre ocuparon los “cañonazos” como una forma eficaz de entablar diálogo componedor con los representantes legislativos de los partidos de oposición. Y es que si en el pasado los tricolores eran quienes daban, y los opositores recibían, hoy que los supuestos nuevos tiempos políticos llegaron, pareciera que no se modificaron las formas, sino que lo único que cambió fue quién da y quién recibe esos “cañonazos”.

No sería extraño, en ese sentido, que los diputados opositores en el Congreso del Estado hubieran recibido un “cañonazo” a cambio de aprobar el endeudamiento propuesto por el Gobierno del Estado por un monto superior a los tres mil 500 millones de pesos. Frente a esa cantidad multimillonaria de dinero, cualquier monto que pudiera contener dicho “cañonazo” sería poco.

¿De verdad la fracción priista en el Congreso del Estado está convencida de que era indispensable la aprobación de tal cantidad de endeudamiento? ¿De verdad podrían ellos explicar con bases firmes, que el hipotecar el futuro presupuestal de Oaxaca es una prioridad para atender los problemas apremiantes que dicen que resolverán?

INTERÉS SOSPECHOSO

En todo esto, es evidente que debe ser mucha su preocupación, mucho su interés, o mucha su disposición, como para que toda la fracción tricolor votará de forma unánime a favor de esa medida que ha sido reprobada por todos los oaxaqueños, pero que incorrectamente ha sido sólo cargada a la cuenta del Gobierno del Estado. ¿No es el PRI también responsable de eso? Existe una corresponsabilidad inocultable. Por el momento, los tricolores “nadan de muertito” para capotear los cuestionamientos. Pero en el mediano y largo plazo, no podrán evitar el juicio de la historia, por ese sospechoso colaboracionismo con quienes se supone que son sus adversarios políticos.

+ Modelo federal: indebidamente sacralizado

A lo largo de toda la semana, en los corrillos de la política estatal se ha dicho con insistencia que es inminente la renuncia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Marco Tulio López Escamilla. Aunque políticamente eso será un escollo importante para el nuevo gobierno, también debería ser una oportunidad importante para que se evaluara qué tipo proyecto existe respecto a la seguridad pública en la entidad, y qué más se puede hacer.

Fue claro que sólo dos factores fueron fundamentales para el nombramiento de López Escamilla en la Secretaría de Seguridad Pública: el primero de ellos, fue la evidente cercanía y padrinazgo que tiene sobre dicho personaje, el ex procurador de Justicia Roberto Pedro Martínez Ortiz. El segundo, es que al provenir López de un alto cargo en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, se entiende que éste tuvo la aprobación expresa del gobierno federal, y del poderoso secretario Genaro García Luna. Todo eso pone en evidencia que, en materia de seguridad, el gobierno de Oaxaca está echado por completo en los brazos de la Federación.

Todo esto tiene particulares consecuencias. Una de ellas, que aunque parezca eminentemente técnica, es fundamental, radica en la implementación en Oaxaca de todo el modelo de seguridad pública que ha establecido el gobierno federal. De ahí que de diciembre a la fecha, la SSPE comenzara a insistir en los procesos de control de confianza que exige la Federación; que tratara de legitimar la implementación del llamado Mando Único Policial (aunque éste ya existe en la ley local respectiva, desde hace casi tres años); y que trataran de copiar los esquemas tácticos y estratégicos que ha planteado el gobierno federal con sus fuerzas policiales.

Puede verse, frente a todo eso, que por su origen e intereses, para los actuales mandos policiacos en Oaxaca el modelo a seguir es el federal; es claro que para ellos ese es el mejor, el único esquema, y el que debe aplicarse en la entidad.

Sólo que el “copiar” en una sociedad específica, un modelo de seguridad que fue planeado y confeccionado para otra, sin si quiera pasar por un proceso de adecuación o “tropicalización”, puede traer más perjuicios que beneficios. Y tal parece que eso es lo que está ocurriendo en Oaxaca.

¿Por qué? Porque lejos de cualquier intento por santificar o satanizar los modelos o la actuación de las fuerzas policiacas en las distintas regiones del país, los propios resultados del esquema federal han demostrado que éste tiene más posibilidades de culminar en un fracaso, que de revertir todas sus condiciones actuales y convertirse en un éxito.

Si a todo eso le aunamos el hecho de que la dependencia a cargo de Marco Tulio López Escamilla pretende aplicar inopinadamente el mismo modelo federal a Oaxaca, sin siquiera adecuarlo a su circunstancia específica, entonces podremos ver que el resultado corre graves riesgos de no ser el mejor.

Y es claro que al no tomar en cuenta las condiciones particulares de nuestra entidad, y al cometer errores propios de quien nunca ha tenido bajo su responsabilidad facultades específicas de mando policial, todo puede resultar en un desastre peor del que en este momento ya es.

¿QUÉ SIGUE?

Independientemente del modelo policiaco, de los débitos políticos del Titular de la SSPE, de sus errores operativos, e incluso de los resultados positivos que también esté entregando (porque no todo es bueno, pero tampoco es todo malo), lo cierto es que la percepción del ciudadano, y la realidad, corren en un solo sentido: los oaxaqueños de a pie no se sienten más seguros en las calles que antes. Y del mismo modo, no se ha visto una disminución objetiva de los hechos delictivos.

No obstante, es posible que ocurra la salida de López Escamilla de la SSPE, sin que ésta sea motivada por posibles malos resultados, por su desconocimiento del área, o por causa de una posible “nueva recomendación” del gobierno federal. Un entuerto político con la Sección 22, podría ser la puntilla de su dimisión.

Frente a esa posibilidad, habría que preguntarse ¿qué sigue? Pues bien, lo que podría ocurrir en el futuro cercano, de darse la renuncia de López, es la llegada de un mando castrense en retiro. Y aunque podría alegarse a favor de esa posibilidad, que los elementos militares son incorruptibles, que tienen mayor capacidad de mando, y que podrían entregar mejores resultados, lo cierto es que las experiencias en otras entidades federativas dicen exactamente lo contrario.

Cualquier oficial de las Fuerzas Armadas tiene una preparación castrense incuestionable. Además, un General en retiro abreva toda la experiencia que le brindó la carrera militar en cargos de mando y decisión. Sin embargo, no debíamos confundir que una es la formación militar, y otra es la formación policial que debe prevalecer en quienes debían tener a su cargo a las fuerzas civiles del orden.

En las entidades donde han implementado a militares en retiro como mandos policiacos, las cosas no han caminado de lo mejor. Quizá el “mejor” ejemplo de ello sea Nuevo  León, en donde el gobernador Rodrigo Medina, también por recomendación del gobierno federal, nombró a un oficial del Ejército como encargado de la seguridad, y así mismo lo hicieron los municipios más importantes de esa entidad,

¿Cuál es el resultado de ello? Que si esa recomendación federal fue para bajar los índices de inseguridad y violencia, éstos no bajaron. Por el contrario, además de irse incrementando, en los últimos meses han asesinado a por lo menos tres de esos oficiales castrenses en retiro, que hacían funciones de mando policiaco.

Así, no se trata de llevar la contra en todo. Más bien, de lo que debía tratarse es que el gobierno de Oaxaca no santificara, o tomara el federal como único modelo válido, y que explorara otras posibilidades.

Es necesario que un potencial nuevo titular de la SSPE, sea alguien que conoce el entorno, que sabe de los problemas específicos que Oaxaca en materia de inseguridad y algidez, y que tuviera cierta formación policial. Con eso harían mucho más que con la implementación de modelos ajenos a nuestra sociedad, que según parece tienen más parafernalia que utilidad real.

DE LUTO

Antenoche falleció la doctora Marta Sánchez Calvo. Desde este espacio expresamos nuestro profundo pesar, elevamos nuestras oraciones, y rogamos a Dios por la pronta resignación de quienes le sobreviven. Descanse en paz, querida amiga.

+ Oaxaca en contexto nacional: “no molesten”

Quienes creyeron que el nuevo dirigente nacional del PRI, Humberto Moreira Valdez, fustigaría al ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, y a su grupo político, se equivocaron. Empero, también erraron quienes vaticinaban que el anterior Mandatario oaxaqueño sería el gran operador electoral del priismo, que sería algo así como el poder tras el trono, o que ocuparía un puesto de primer nivel en el Comité Ejecutivo Nacional de ese partido. A partir de ese planteamiento, aparentemente contradictorio, pueden entenderse la guerra interna que actualmente se libra en el PRI oaxaqueño.

Hoy, queda claro que más que una disputa por el rescate del priismo, o por la democratización del mismo, lo que se libra es una feroz batalla de supervivencia entre los integrantes del grupo político que gobernó Oaxaca los últimos seis años.

En ese sentido, los enormes castillos en el aire que construyeron a partir de una posible victoria electoral en Oaxaca, se vinieron abajo con el resultado de la elección. A partir de entonces, las disputas dejaron de tener como motivo de fondo los altos vuelos, para convertirse en una guerra por los despojos y el reacomodo en los espacios de poder que les quedan.

Hasta antes de julio de 2010, el entonces gobernador Ulises Ruiz se había convertido en una especie de “ejemplo nacional”, por haber sido un Mandatario que aun teniendo en contra todos los factores de poder locales y nacionales, pudo no sólo sobrevivir a la andanada de los profesores de la Sección 22, a las aversiones de los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, a la posición electoral adversa en que quedó su grupo político en los comicios de 2006, y a todos los que aseguraban que él no culminaría su periodo en la gubernatura del Estado, sino hacer lo que quería dentro del territorio que gobernaba.

A mediados del año pasado, Ulises Ruiz había demostrado, pues, que gobernaba a plenitud una entidad en la que de nuevo el PRI arrasaba; que era el líder máximo de su grupo político, que tenía bajo su control a todas las demás expresiones priistas, que en buena medida se había vuelto inmune a los dardos envenenados que le lanzaban desde la Federación y las directivas nacionales de los partidos, y que incluso se había dado el lujo de improvisar a su candidato a la gubernatura, para ungir no al más idóneo sino quien más convenía a sus intereses.

De hecho, por esos mismos meses sus allegados comenzaron a filtrar la especie de que él había sido el primero que le habló al entonces gobernador Moreira del estado de Coahuila, sobre la posibilidad de convertirse en aspirante a la dirigencia nacional del PRI. También se decía, que independientemente del resultado de los comicios de Oaxaca, él sería el gran ingeniero electoral en el proceso para elegir Gobernador en el Estado de México en este año 2011.

En fin, parecía que el entonces gobernador Ruiz pasaría a ser una figura nacional. El único problema, es que el resultado del cuatro de julio pasado, lo regresó a su realidad de político apestado, de poseedor de una imagen de impresentable en la escena política nacional, que lo perdió todo por su necedad de anteponer el interés personal a las posibilidades de triunfo de su partido, y al que lo único que le quedaba a salvo —antes de que iniciaran las naturales traiciones, y se dejaran ver las ambiciones propias de quienes fueron sus operadores— era el feudo de poder que le quedó en el PRI de Oaxaca.

REALIDAD IMPLACABLE

Quién sabe en qué escenarios estaría hoy el ex gobernador Ruiz si su candidato, Eviel Pérez Magaña, hubiera ganado la gubernatura en julio pasado. Lo cierto es que éste perdió, y a partir de entonces iniciaron tanto las traiciones como las ambiciones, como también los arrepentimientos disimulados de todos aquellos que le prometieron más gloria y fortuna al aún Jefe Político de los priistas.

Hoy está en duda que formalmente él sea el operador electoral en la campaña priista del Estado de México. Aunque fácticamente se entiende que él y su grupo serán actores fundamentales en esa campaña —por los perfeccionados conocimientos que tienen sobre la ingeniería necesaria para manipular resultados electorales—, hasta ahora nadie se ha atrevido a mencionarlo formalmente como una de las piezas del engranaje priista del gobernador Enrique Peña Nieto para los meses próximos.

Del mismo modo, las posibilidades de que el ex gobernador Ruiz se integre en alguna de las responsabilidades formales del Comité Ejecutivo Nacional del PRI son cada vez más escasas. No obstante se ha visto de forma clara el respaldo de la Dirigencia Nacional priista, al Comité Directivo Estatal que encabeza el diputado Pérez Magaña, lo cierto es que las posibilidades de que eso se traduzca en la inclusión del ex Mandatario oaxaqueño en la cúpula priista.

Más bien, lo que se ve es que la época de los intercambios ya comenzó. El dirigente nacional Moreira Valdés parece estar dando, a cambio del asiento que no entregó en el CEN priista al ex gobernador Ruiz, el respaldo para que éste reconfigure su grupo político de Oaxaca. Es decir, que a cambio de no cargar con el costo político de incluir a una figura de tantas aversiones y tantos costos políticos como el ex Mandatario, Moreira le está permitiendo que haga todo para conservar el feudo local que aún tiene en Oaxaca.

De ahí puede entenderse que todos, sin excepción, estén respaldando a la dirigencia del diputado Pérez Magaña, pero que nadie haga más por elevar la presencia del grupo del ex gobernador Ruiz.

Independientemente de las razones en particular que dieron pie a hechos como la solicitud de expulsión del diputado Jorge Franco Vargas, o la remoción del también legislador priista Manuel García Corpus de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara baja, es en esa lógica como puede entenderse perfectamente lo que hoy ocurre en esta pugna feroz que está desatada en el PRI oaxaqueño.

DE LO PERDIDO, LO

QUE SE ENCUENTRE

Todos los reacomodos buscan, dicen, “depurar” al Partido tricolor de los traidores. Lo cierto es que, más bien, lo que buscan es consolidar lo que queda del grupo político que gobernó Oaxaca entre 2004 y 2010. Buscan conservarlo aun haciendo la guerra. Y la ruta de choque que eligieron, según lo marcan las circunstancias, es la única disponible. Porque su feudo oaxaqueño, en realidad, es todo lo que les queda.

+ Grupos armados: Oaxaca, intensa caja de resonancia

Desde siempre se advirtió que las expectativas del cambio, eran directamente proporcionales al riesgo social y político que conllevaban. Tal y como se estableció en los cálculos previos, no iban a ser suficientes ni cien, ni quinientos, y quizá ni mil días para poder reflejar una modificación sustancial en el estado de cosas. El problema es que, a un inicio, quienes tenían en sus manos la labor de hacer mesuradas las promesas, decidieron darle rienda suelta a la expectativa ciudadana.

Hoy que pasaron los primeros 111 días de gobierno en Oaxaca, es clara la discordancia entre el gobierno y la sociedad. La administración del gobernador Gabino Cué Monteagudo ha evitado cualquier posibilidad de hacer un balance serio. En este sentido, lo más que ha dicho el Mandatario estatal, es que las posibilidades de ver cristalizada una transición democrática de fondo deberá conllevar un trabajo sostenido de al menos 25 años. Fuera de eso, sin embargo, es nada lo que se ha agregado a lo que podría ser este primer balance.

No obstante, parece que la sociedad oaxaqueña, y los sectores que generan las principales resonancias y lecturas políticas del escenario estatal, sí quisieran iniciar ese primer recuento. De ahí que tanto en los medios de información, como en los sectores de la sociedad, e incluso entre quienes observan el devenir político desde las trincheras institucionales, sí ha permeado esta idea de someter por primera vez a revisión, esta controvertida —y para muchos esperanzadora— administración en la entidad.

En ese sentido, este espacio ha dado particular relevancia a la lectura que realizan de la realidad, grupos armados tales como el Ejército Popular Revolucionario o las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo. Aunque una organización y otra manifiestan diferencias fundamentales entre sí, inicialmente pareció haber entre ellas la coincidencia de no ver con malos ojos la posibilidad de un cambio de partido en el poder en Oaxaca.

Una lectura incorrecta de esa idea, podría llevarnos a suponer que esa causa (la de la alternancia de partidos en Oaxaca) no sólo generaba coincidencias y posibles apoyos —una y otro, aunque pareciera, están lejos de ser lo mismo— a la aventura electoral del ahora gobernador Cué.

Y no sólo eso: aquella misma lectura incorrecta de los posicionamientos de esos grupos, podría incluso llegar a suponer que éstos, por su causa común de manifestar aversión al régimen priista del gobernador Ulises Ruiz, habrían de sostener algún tipo de incondicionalidad con el gobernador Cué, o que habrían de respaldar todas las decisiones de éste ya como Mandatario.

Sin embargo, queda claro que tanto los grupos armados como otras organizaciones de lucha social como la Sección 22, tienen líneas políticas e ideológicas perfectamente definidas, las cuales no quedan sujetas a negociación, y mucho menos son trazadas para seguir incuestionablemente una causa político-electoral con la cual ellos, esencialmente, no concuerdan.

Esa es la razón por la que ninguna de esas organizaciones, que sí vio con buenos ojos el cambio de régimen en el poder en Oaxaca, hoy ha manifestado coincidencias o beneplácito por lo que hasta ahora ha decidido y logrado la administración del gobernador Cué.

En esa postura alejada de los partidismos y las incondicionalidades, es donde a nuestro juicio se encuentran los análisis más sólidos de la realidad en Oaxaca. Su importancia no sólo radica en el contenido de los mismos, sino también en qué voz, y bajo qué tesitura lo dice. Vale la pena, en este sentido, no dejar de lado el análisis de los primeros 111 días de gobierno en Oaxaca que hace dos días hizo público las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo.

BENEFICIO DE LA DUDA

Cabe decir que este balance, aunque critica duramente diversas decisiones y primeros resultados de la administración del gobernador Cué, tiene la particularidad de aún no señalarlo directamente por los hechos que señala. Aunque disimuladamente, parece claro que aún existe, al menos en esa organización, la idea de seguirle brindando el beneficio de la duda. A ver cuánto le dura.

Respecto a la relación del Gobierno del Estado con la Sección señalan lo siguiente: “para tender los puentes y acercamientos con uno de los actores políticos y sociales más destacados, Bernardo Vásquez e Irma Piñeiro no son los más idóneos (…) Problemática que se agrava aún más con la reciente desaparición de un maestro muy cercano al Secretario General que funge como su asesor en muchas temáticas. Eso muestra además que quienes realizaron el levantón y posterior desaparición de Carlos Román Salazar saben el rol que desempeña al lado de Chepi. Y saben con certeza que esta acción desestabiliza de manera permanente el precario ambiente político estatal. ¿Quién está detrás de estas acciones? No es muy difícil saberlo, lo importante es que los actores a los que les compete actúen de manera correcta y sin cortapisas.”

Este, que constituye un señalamiento directo a dos de los principales funcionarios del gobierno de Cué, se complementa con la crítica implacable a su principal programa social. “En lo que se refiere a la política social, se ha lanzado mediáticamente un programa titulado ‘Bienestar’ (…) Pero nada se dice de los enormes candados que tienen estas medidas plenamente clientelares y electoreras. Las normas de operación para acceder a estos beneficios indican que solo podrán beneficiarse municipios con más de 30 mil habitantes. Es decir, la inmensa mayoría del Oaxaca rural queda fuera de esta iniciativa populista y que tiene objetivos de caución del voto. Los pobres de siempre quedarán fuera de esta iniciativa.”

GOBIERNO DE CUATES

Y luego de señalar otros temas, como las pugnas postelectorales en diversos municipios, la falta de investigación sobre homicidios y desapariciones de alto impacto, los negocios que se realizarían con el agua en Tuxtepec, con las minas en Zaniza y Textitlán, y los desarrollos urbanos en la zona aledaña a la capital oaxaqueña, rematan diciendo: “lamentablemente Gabino Cué se convirtió en el ámbito económico en un rehén de los compromisos contraídos con los grupos oligárquicos. En el aspecto político convirtió su administración en un espacio de cuotas y de cuates. Le ha faltado mayor liderazgo y es muy dado a usar el aspecto mediático para mantener el nivel de aceptación que todavía aún sustenta (el mal llamado ‘bono democrático’).” Y ni eso.

+ Las reformas sin cambios personales, equivalen a nada

Tienen razón todos aquellos que, comenzando por el mismo gobernador Gabino Cué Monteagudo, hoy aseguran que la transición democrática en Oaxaca no ocurrirá de la noche a la mañana. Sin embargo, más allá de esa afirmación incuestionable habría que comenzar a pensar con seriedad qué conlleva la tantas veces mentada “transición”, y qué es lo que todos —independientemente de los partidismos, los intereses de grupo y las ambiciones personales— debemos aportar para que ese cambio de fondo ocurra.

El asunto no es menor. Porque hoy más que nunca debíamos analizar con mayor detenimiento qué es lo que realmente se necesita para que ello ocurra. En un primer momento nos vendieron la idea de que votando por una opción diferente lograríamos la transición. Luego se nos dijo que con una “limpia” de funcionarios del anterior régimen se lograrían avances.

Desde hace un par de meses, se nos ha querido incrustar la idea de que con las reformas constitucionales la democracia llegará. Y ayer, al cumplirse los primeros 111 días de gobierno, se nos aseguró a los oaxaqueños que el cambio ocurrirá luego de que ese acumulado de factores lleve un ritmo sostenido de cuando menos 25 años. Es evidente que, frente a todo eso, lo que resulta es un peligroso descuido del discurso de cambio por parte de quienes ya se vieron beneficiados de él, al haber accedido al poder estatal. ¿Por qué?

Porque, de entrada, lo que ya es hoy claramente perceptible es la contradicción entre el discurso del cambio profundo a partir de la alternancia, y los señalamientos actuales respecto a que toda evolución debe llevar un curso sostenido de cuando menos dos décadas. Aunque esencialmente tienen razón al aceptar que los cambios no pueden ser tan abruptos —y que ni siquiera lo pueden ser tanto aún cuando éstos se logran a través de la vía armada—, lo que también es visible, es que ellos están jugando con fuego al no poder sostener —ni retóricamente— lo que machaconamente dijeron que lograrían al haber alternancia de partidos.

Y, en este sentido, habría que puntualizar bien lo que aquí se dice: no se trata de que sostengan promesas que hoy visiblemente son imposibles de cumplir en el corto plazo. Pero tampoco se trata de que rápidamente se caiga en esta actitud de desánimo, frente a lo que dijeron que conseguirían. Ante tales contradicciones, o en su momento no sabían de lo que hablaban al prometer la transición en seis años, o deliberadamente vertieron esas promesas irrealizables sólo para captar la confianza y el voto de los electores.

Por todo eso, hoy lo primero que tendría que ocurrir en quienes tienen en sus manos al Gobierno del Estado, es que abandonaran esa actitud de pasmo y descontrol que, independientemente de la causa, denotan en su actuación como servidores públicos. Es cierto que el régimen anterior pudo haber dejado hecho un desastre la administración. Pero también lo es que el pueblo de Oaxaca los eligió para trabajar y hacer mejor las cosas, además de ajustar cuentas con los corruptos, pero no para sólo responsabilizar a sus antecesores por las cosas que ellos no tienen capacidad de resolver.

Y junto a eso, debían enfocar sus actitudes en otras rutas que denotaran que si bien los cambios de fondo no llegarán de la noche a la mañana, ellos sí sentarán bases sólidas para que la transición comience con una inquebrantable decisión por cambiar las actitudes y las prácticas de poder.

LEY: CAUSA Y EFECTO

Señalan los teóricos de las ciencias sociales, que el poder político sólo puede ser ejercido en lo que ellos denominan como “una sociedad estatal”. Esa sociedad estatal, es la que dicen que existe cuando un grupo de ciudadanos convive regido por la ley, bajo el imperio de un Estado soberano, que ejerce sus funciones a través de un gobierno conformado por un grupo especializado de funcionarios.

En todo esto, el poder político no radica sólo en la capacidad que tienen esos funcionarios de hacer que los demás cumplan con las normas que marca el Estado para cumplir sus aspiraciones de lograr el bien para todos, sino también en la disposición y entendimiento que tienen los ciudadanos para acatar espontánea y voluntariamente la ley, y para hacer notorio el respeto y las coincidencias que tienen con el Estado respecto a alcanzar el bien común.

¿Por qué decir lo anterior? Porque en Oaxaca debía quedar claro que aún con nuestros errores y deficiencias, no vivimos en una sociedad “preestatal” y mucho menos los ciudadanos somos ajenos al cumplimiento de los fines del Estado. En razón de ello, los cambios de fondo debían partir no solamente de que se modifique una ley, o que se despida del sector público a un grupo de funcionarios presuntamente corruptos. La transformación real vendrá cuando quede constatado que existe voluntad común por cambiar las cosas, y se manifiesten firmemente las coincidencias que existan entre quienes detentar el poder y los ciudadanos.

En todo esto, si alguien ya dio muestra clara y contundente de querer cambios y hacer algo para lograrlo, fuimos quienes estamos del lado de la ciudadanía oaxaqueña. Lo aceptemos o no, nos guste o no, o lo celebremos o no, la mayoría de nosotros los ciudadanos votó por un cambio, al que ahora se debe corresponder recíprocamente desde el sector público.

Creer que la transición llegará con una reforma constitucional es poco más que ridículo. Incluso no habiendo un solo cambio a las normas legales, puede hacerse mucho si existe la voluntad y el compromiso suficiente para lograrlo. Lo mismo ocurre con las “limpias” y las persecuciones que están en puertas. Esas sólo servirán para ajustar cuentas entre grupos de poder, pero no para generar modificaciones de fondo.

CAMBIOS, INDIVIDUALES

Todo eso debería comenzar a quedar claro. En general, los oaxaqueños debíamos comenzar a entender que los cambios deben comenzar a partir de uno, y no seguir esperando a que los demás cambien para que entonces actuemos en consecuencia. Si el gobierno sigue esperando quién sabe qué para sostener sus promesas, y si la oposición se instala en esa actitud maniquea de que antes todo estuvo bien y ahora todo está mal, entonces no podremos esperar mucho. Mientras no asumamos la parte de responsabilidad que nos corresponde, y sigamos viendo siempre al de al lado como el responsable de todo, entonces seguiremos instalados en este círculo vicioso que nos ha dejado de todo, menos algo bueno para nuestra sociedad.