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Eperristas desaparecidos: estrategia de denuncia, en marcha

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+ Diagnóstico brutal de Comed; ¿qué hará Oaxaca?

 

Son brutales las conclusiones a las que llega la Comisión de Mediación, respecto a la desaparición en Oaxaca de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, integrantes del Ejército Popular Revolucionario, hace exactamente cuatro años, y sobre la actuación que ha demostrado el Estado mexicano en la investigación de los crímenes de lesa humanidad ocurridos en nuestro país en los últimos tiempos.

Como bien se sabe, en los primeros días de junio de 2007 la Comandancia General del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario, denunció la desaparición de dos de sus integrantes en la capital oaxaqueña. En aquel entonces acusó a las fuerzas policiacas estatales, y al Ejército Mexicano, de haber participado en la operación, y dijo que sus compañeros se encontraban recluidos en alguno de los campos militares de la capital del país, en donde se torturaba física y psicológicamente.

A partir de entonces, el EPR definió como eje principal de sus demandas políticas, la de la presentación con vida de sus compañeros desaparecidos. Luego, pasado apenas un par de meses desde entonces, decidieron emprender actos de sabotaje contra ductos petroleros e instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos, para que sus demandas cobraran relevancia, y para obligar al gobierno mexicano a que les pusiera atención.

Durante todo el resto del año 2007, el EPR sostuvo que estaban dispuestos a perpetrar todas las acciones de fuerza que fueran necesarias, con tal de dar con el paradero de Cruz Sánchez y Reyes Amaya. Finalmente, en vísperas de que se cumplieran dos años de la desaparición de sus compañeros, decretaron una tregua unilateral, y demandaron la conformación de una Comisión de Mediación, para que realizara todas las gestiones necesarias ante los órganos del gobierno federal y de Oaxaca, en aras de localizar a los desaparecidos.

¿Qué actitud tuvo, y ha tenido, el gobierno mexicano durante todo este tiempo? Fundamentalmente, ha jugado con un evidente doble discurso. Por un lado, públicamente los gobiernos federal y de Oaxaca, manifestaron su preocupación e indignación por esos hechos, y aseguraron que realizarían todas las acciones a su alcance para dar con el paradero de los eperristas. Empero, en realidad, más allá de la retórica quedó claro que esos gobiernos nunca hicieron algo más para localizar a los guerrilleros, que prometer lo que no tenían ni voluntad ni ganas de cumplir.

El EPR tuvo siempre claro todo esto. Sin embargo, dos años después continúan con esa misma exigencia, previa declaración unilaterial de tregua. ¿Por qué? Esto, que podría tomarse como un intento de continuar “por la vía política” un asunto que bien podrían dirimir por la vía armada; o considerar que no actúan por falta de fuerza y capacidad de acción, en realidad tiene objetivos específicos, que no son nuevos.

Hace casi dos años, en nuestra entrega del miércoles 10 de junio de 2009, apuntamos lo siguiente: “Esta vía (la de la denuncia nacional e internacional), por sí sola implica una estrategia política de largo plazo y amplio alcance. El EPR sabe (…) que estos son tiempos en los que resulta tanto o más eficaz el diálogo combinado con la denuncia a nivel nacional e internacional (…) El EPR parece saber que su guerra política tiene posibilidades de hacer tanto o más daño a las oligarquías y grupos de poder que persigue, con el inicio de una bien delineada estrategia política basada en la denuncia. Poco a poco se están allegando de las armas para fortalecer esa estrategia. Pronto veremos cómo se desarrolla.”

DIAGNÓSTICO ATROZ

Esa ha sido la ruta seguida, y hoy las conclusiones de la Comed, luego de dos años de trabajo, así lo demuestran. En un documento denominado “Reflexiones”, dado a conocer ayer martes, los integrantes de la Comisión resuelven que, aún cuando el Estado mexicano ha manifestado voluntad por combatir y castigar la comisión de delitos de lesa humanidad, ha firmado todos los instrumentos internacionales respectivos, y que existen denuncias sobre presuntos actos de desaparición forzada de personas, “lo cierto es que nada de lo anterior ha sucedido y que en México no ha sido castigado un sólo delincuente de Lesa Humanidad. Tampoco se ha investigado de forma legal la desaparición forzada de Reyes Amaya y de Cruz Sánchez”.

Y, acto seguido, hacen señalamientos brutales para este y cualquier gobierno: “Conforme a los parámetros internacionales, la desaparición forzada de los militantes del PDPR–EPR está plenamente acreditada. En esas condiciones, resulta absurda la postura de la Procuraduría General de la República de no orientar sus indagaciones hacia ese delito, sino que dice estar esperando la conclusión de su tarea en este caso (sin fijarse plazos) para determinar si estamos o no ante ese ilícito. Da la impresión de que administra convenientemente el conflicto, para aprovechar la tregua que el grupo armado aceptó a propuesta de la Comed.

“El Estado mexicano se ha desvalorizado ante la Comunidad Internacional, pues ha sido puesto en el banquillo de los acusados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en seis ocasiones resultó condenado. Quienes lo representan en juicio no procedieron con honestidad profesional, pues intentaron confundir al Tribunal asegurando que las desapariciones forzadas son en México cosa del pasado, cuando el caso de Reyes Amaya y Cruz Sánchez es del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.”

Tal parece que la estrategia comienza a ser contundente: el EPR ha mantenido la vía de la denuncia no sólo para demostrar la inmovilidad y la falta de voluntad del gobierno federal para hallar a sus desaparecidos, sino también para impedirle que, como cuando perpetraron actos de sabotaje, el presidente Calderón vuelva a calificarlos como “terroristas”. Mientras ellos despuntan en su lucha, el gobierno federal se queda sin argumentos para justificar su inacción respecto a los desaparecidos.

¿QUÉ HARÁ OAXACA?

En su misiva, la Comed sostiene, respecto al gobierno estatal lo siguiente: “El gobierno de Oaxaca avanza ante la oportunidad de aportar nuevos elementos que contribuyen a la solución de estos hechos. Esperamos que estas acciones pronto aporten los resultados esperados.” Ojalá que la voluntad mostrada por la administración estatal, sea coronada con hechos, y no haya sido sólo una declaración de oportunidad para congraciarse con ciertos sectores del movimiento popular. Ojalá.

Conflicto y codicia en Pueblos Mancomunados

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+ Segego: ¿Bombero o incendiario de conflictos?

 

El tono pareciera hasta heroico, y proveniente de una funcionaria auténticamente comprometida con la legalidad, cuando la secretaria General de Gobierno, Irma Piñeyro Arias aseguraba, hace unos días, que “habrá tala y saneamiento de bosques en Oaxaca, aunque los campesinos que viven en esas zonas no estén de acuerdo”. Pareciera, aunque la realidad es mucho más compleja que su supuesta voluntad por proteger los bosques de la Sierra Norte.

Veamos primero el contexto: La semana pasada, un grupo de comuneros, encabezados por las autoridades municipales de Lachatao y Yavesía, se apersonaron en la capital oaxaqueña para denunciar públicamente los actos de hostigamiento de que han sido objeto, así como la explotación inmoderada de sus bosques por parte de la empresa Forestal Comunal.

Ante tal denuncia, cabe preguntarse cuál es el problema de fondo, y de dónde surge la inconformidad que asimismo los aqueja. Todo esto, particularmente, tiene su origen en la aparición, desde hace poco más de una década, de la plaga de gusano barrenador en los bosques pertenecientes a esas comunidades; a la prolongada indolencia oficial; y a la voracidad actual de unos cuantos que pretenden utilizar la plaga como un pretexto para talar grandes extensiones de terreno boscoso y obtener beneficios económicos de ello, aún cuando todo eso no soluciona el problema de la plaga.

En este sentido, los comuneros de la región afectada refieren que desde hace algunos años apareció la plaga del gusano barrenador, en una extensión de alrededor de cuatro hectáreas boscosas de los Pueblos Mancomunados. Desde entonces, fueron los propios habitantes de esas comunidades quienes estuvieron a cargo de controlar la presencia de la plaga, debido a que las instancias oficiales desestimaron sistemáticamente sus solicitudes de apoyo.

¿Qué hicieron los comuneros? Particularmente, establecer los perímetros de bosque afectados, y determinar la pertenencia de las zonas a cada una de las tres comunidades que integran los Pueblos Mancomunados (Amatlán, Lachatao y Yavesía). Así, cada municipio se hizo cargo de la zona afectada en su respectiva demarcación; y así consiguieron relativo éxito en el control del gusano barrenador.

En este punto, es necesario tomar en cuenta las condiciones políticas particulares de la región. Aunque las tres comunidades comparten el territorio, históricamente han sido más las diferencias que las coincidencias entre los habitantes y las autoridades de cada uno de esos tres pueblos.

Por eso, el hecho de que en años recientes los Presidentes Municipales de las tres comunidades tuvieran la posibilidad de sentarse a la misma mesa para tomar acuerdos comunes a favor de sus bosques —cosa que no había ocurrido en décadas, independientemente de cuál fuera el motivo o la necesidad a atender—, constituyó en sí mismo un logro político, que ahora ha sido desestimado por quienes pretenden lucrar con los bosques a partir del pretexto del gusano barrenador.

¿LEGALIDAD O VORACIDAD?

En un asunto como éste, es fundamental nunca dejar de considerar las particularidades políticas de las comunidades involucradas. Por eso, aunque en 2007 se llegó al acuerdo antes señalado entre los municipios integrantes de los Pueblos Mancomunados, para 2010 todos decidieron no someterlo a revisión por el momento político que se vivía. En aquel momento, se prefirió dejar el tema de lado, para no caldear ánimos políticos que, por la cuestión electoral que entonces se dirimió, ya de por sí estaban encendidos.

El problema de todo esto, es que la autoridad —que es la esencialmente obligada a atender y combatir las plagas— tampoco hizo algo para atender la problemática del gusano barrenador que afectaba al bosque de los Pueblos Mancomunados. Así, de las cuatro hectáreas afectadas inicialmente, hace una década, para 2011 se calculó que ya eran unas 400. Ante el problema, había que hacer algo urgente para combatirlo.

Esa fue la razón por la que, a principios del presente año, las respectivas autoridades de los Pueblos Mancomunados presentaron a la Secretaría General de Gobierno, una propuesta para el combate a la plaga: ellos habían determinado que, como en años anteriores, cada comunidad se hiciera cargo de su parte afectada de bosque, apoyadas con los recursos que las instancias estatales y federales tienen predestinados para el combate a ese tipo de plagas.

En ese punto fue donde surgió una sospechosa determinación de la Segego por darle una solución distinta al problema, de cómo originalmente fue planteada por las autoridades municipales. ¿Qué determinaron? Que la plaga habría de ser combatida por la empresa maderera de Pueblos Mancomunados (Ver Al Margen de ayer 23 de mayo), y, como lo dijo la misma secretaria Piñeyro, que los árboles serían talados, y los bosques saneados, aún cuando los pobladores se resistieran a la medida.

¿Por qué habrían de resistirse los comuneros a algo que según les beneficia? Porque, en realidad, bajo el pretexto del combate a la plaga, la empresa maderera se dispuso a talar esas 400 hectáreas dañadas por el gusano barrenador, para luego aprovechar la madera. Y es que ésta no es la solución: las empresas que verdaderamente se dedican a controlar esas plagas, no cortan los árboles enfermos para comercializar su madera, sino que utilizan métodos específicos, a través de los cuales no se aprovecha la madera pero sí se extermina la plaga, que es el objetivo específico de esas medidas de control.

Curiosamente, tanto la secretaria Piñeyro Arias, como el director de Desarrollo Forestal de la Sedapf, Félix Piñeyro Márquez, están dispuestos a no dar marcha atrás a la decisión de que sea la empresa forestal de Pueblos Mancomunados, la que combata la plaga referida talando árboles para luego vender su madera. Éste último, en declaraciones a la prensa, dijo que “el saneamiento de las 287 hectáreas que amparan unos 10 mil metros cúbicos de madera (…) no tiene marcha atrás, posteriormente pasaremos al tema de la comercialización”

¿NEGOCIO DE FONDO?

El problema no es el combate a la plaga, sino el negocio que pretenden a partir de eso. ¿Qué nadie ve que la inconformidad de fondo está en “la comercialización” que todos dicen que “se verá” después? El problema es que eso puede ser lo mismo un asunto de interés público, que un riesgoso intento de jugar con la paz en aquellas comunidades, a partir de un interés o contubernio económico. Mucho cuidado.

Pueblos mancomunados: ¿Beneficio común?

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+ Empresas comunitarias, todo un poder fáctico

 

Parece una contradicción que los municipios de Santa Catarina Lachatao y Santa Maria Yavesia, integrantes de los Pueblos Mancomunados de la Sierra Juárez en Oaxaca, hoy manifiesten inconformidad con las empresas comunitarias que, podría pensarse, fueron creadas por ellos mismos para su beneficio. Sin embargo, su inconformidad es tan real, como la manipulación que unas cuantas personas han hecho de la bien aceptada figura del comunitarismo, como una forma de encubrir el saqueo y la postración de que han hecho a esas comunidades.

¿De dónde surge la mancomunidad de esos municipios? Históricamente, la unión de los pueblos de Amatlán, Lachatao y Yavesía, data de la época precolombina. Desde entonces, la solidaridad, el respeto y la justicia fueron valores que guiaron siempre sus relaciones y, según cuentan sus mismos pobladores, así sobrevivieron a los hechos violentos de la conquista, la Guerra de Independencia, la lucha por la Reforma, y la misma Revolución Mexicana. Los mancomunados se denominaron así porque, en efecto, eran uno.

Sin embargo, cuenta la historia particular de esas comunidades, que a mediados de los años 50s del siglo pasado, la comunidad de Yavesía solicitó su separación de la mancomunidad. Dicha comunidad señaló como propio un espacio de unas nueve mil hectáreas. Desde entonces, Yavesía enfrenta un litigio para legitimar su separación. Pero, esa misma solicitud de aquella época, fue el detonante para que el Estado mexicano reconociera, a través de una resolución presidencial, dictada en el año de 1957, la mancomunidad territorial de esos municipios.

Fue a partir de entonces que las tres comunidades, junto con sus agencias municipales, decidieron iniciar el proceso de explotación de los recursos naturales que contenían las más de 59 mil hectáreas que les fueron reconocidas en la resolución presidencial. Ante el reto de administrar y mantener su mancomunidad, los pueblos decidieron otorgar, a cambio de una contraprestación económica, la explotación de sus recursos forestales a la empresa Maderas de Oaxaca por un periodo de veinte años. Necesitaban, dicen, dinero para costear las gestiones que realizaban en la Ciudad de México, y también para defenderse de los intentos de separación de ese territorio común.

Sin embargo, al transcurrir esas primeras dos décadas, los Pueblos Mancomunados decidieron no continuar otorgando permisos para que terceros explotaran sus recursos forestales —fundamentalmente madera de pino y agua de los manantiales—, y decidieron constituir ellos sus propias empresas comunitarias, para ejecutar ellos mismos la explotación, obtener recursos y generar empleos que beneficiaran a sus habitantes. Ese fue el espíritu de las empresas de Pueblos Mancomunados, que hasta hoy subsisten pero que, sin embargo, hoy están lejos de cumplir las finalidades para las que fueron creadas.

 

PODER FÁCTICO

Hoy, son famosas dentro y fuera de Oaxaca las llamadas “Empresas Comunitarias de los Pueblos Mancomunados”. Son, a los ojos de la opinión pública y las organizaciones civiles que operan en el ámbito de lo políticamente correcto, un ejemplo de cómo una comunidad puede organizarse y obtener beneficios de sus propios recursos naturales. Sin embargo, para corroborar lo anterior, habría que hacerse varias preguntas.

¿Realmente los integrantes de los Pueblos Mancomunados han mejorado su calidad de vida a partir de esas empresas? ¿De verdad las ganancias que se obtienen de la explotación de los recursos naturales, llegan a todos los habitantes? Incluso, ¿son los pueblos los que controlan a las empresas, y no al revés? Al pasar esta situación por el sencillo tamiz de esas preguntas, queda claro que ese supuesto ejemplo de comunitarismo queda muy mal parado. Veamos si no.

Cuando se constituyó la empresa maderera, se estableció que su órgano máximo de dirección sería un Consejo de Administración, que estaría integrado por tres representantes de cada pueblo de la mancomunidad; también se estableció que dicho Consejo sería renovado totalmente, cada dos años. No obstante lo anterior, existen consejeros que llevan 25 años en funciones, y el administrador, Israel Santiago García, tiene 18 años al frente de la empresa.

¿Cómo lograr lo anterior? A través de la combinación de la abundancia de recursos que tienen a la mano, y de la manipulación que han hecho de los integrantes de los pueblos sirviéndose del poder económico que, se supone, debería ser de todos. En efecto, hoy la empresa maderera es un auténtico poder fáctico de la región, que lo mismo controla al Comisariado de Bienes Comunales, que a autoridades, y no se diga a comuneros.

Es una paradoja, en este sentido, que su Comisariado de Bienes Comunales, no tenga una sola oficina o despacho en las más de 59 mil hectáreas de terreno que tiene el mancomún. También es una paradoja que la empresa maderera no tenga reparos en hacer “préstamos” económicos a comuneros, a cambio de su apoyo en las asambleas comunitarias.

Es harto sospechoso, incluso, que aún con todos los cuestionamientos que hoy tienen las empresas por parte de las mismas comunidades, continúen firmando convenios millonarios con el Gobierno del Estado para la venta de sus productos, argumentando que con ello benefician a las comunidades indígenas que las constituyeron.

Ahora bien, siguiendo esa misma lógica, habría que preguntarse si realmente las comunidades se han visto beneficiadas por la explotación casi irracional de esos recursos económicos, en cuestiones como el empleo, la marginación, la pobreza, o el incremento en los niveles de desarrollo social. La respuesta, en ese sentido, tampoco es del todo provechosa para quienes explotan la madera y el agua de manantial de esas comunidades.

 

NADA CAMBIA

Hoy, los pueblos siguen igual que antes. No existen indicadores claros de que luego de casi tres décadas de explotación continua del agua y la madera, los índices de desarrollo hayan mejorado. ¿Y cómo podrían mejorar? Si de los pueblos sólo se extraen los recursos, pero éstos se transforman y se convierten en productos terminados en otras comunidades (del distrito de Tlacolula y de aquí mismo en la capital oaxaqueña). A lo mucho, allá, sólo dan empleo como talamontes. ¿Y el reparto de utilidades? Hace doce años que éste no ocurre. Y bien, mañana hablaremos del problema en particular que la secretaria General de Gobierno, Irma Piñeyro, se ha encargado de enredar, para variar, quizá también para proteger sus intereses económicos.

Migrantes: por qué el gobierno disimula

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+ Tres niveles de gobierno, atiendan casos

 

Dedicado a la memoria de mi

padre, a 11 años de su fallecimiento.

El secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, vino ayer a Oaxaca a hacer lo que debió hace mucho: atender, personal y preocupadamente, las denuncias sobre abusos cometidos en territorio mexicano en contra de los migrantes y transmigrantes; lo mismo ocurre con el gobierno de Oaxaca. Y algo más o menos similar debía ocurrir con los gobiernos municipales involucrados, que siempre han hecho oídos sordos a esta problemática.

La migración y transmigración en México (que se diferencian una de la otra, por la migración de nacionales hacia el norte, en la primera acepción; y la internación que hacen personas provenientes de naciones ubicadas al sur de la frontera mexicana, con el objeto de llegar hasta los Estados Unidos de Norteamérica, en el segundo de los términos), son dos fenómenos que tienen varias décadas ocurriendo de forma continuada.

Junto con esos fenómenos, también son ya añejos los abusos que cometen todos aquellos que tienen posibilidad de aprovecharse de la vulnerabilidad de esos hombres, mujeres y niños, que van en busca del tristemente célebre —para nosotros— “sueño americano”. Si todo esto siempre ha ocurrido, ¿por qué entonces hasta ahora el gobierno mexicano se preocupa por la situación de esas personas, y decide tomar acciones para tratar de erradicar vicios hondamente arraigados?

La respuesta, parece obvio, no se encuentra en cualquier tipo de interés genuino por atender la problemática, sino más bien por la presión de la opinión pública, y por la necesidad de legitimarse como un régimen que atiende los derechos humanos… al menos en esa vertiente.

México, como es bien sabido, se encuentra inmerso en una profunda lucha criminal, en la que él mismo ha cometido una cantidad infinita de errores y excesos, que hoy le están costando mucho en cuanto a la preservación de su imagen. Aunque en el fondo la guerra contra el crimen organizado constituye una iniciativa loable y ciertamente incuestionable para todo gobierno democrático, también lo es que esto le ha originado una serie de problemas que en mucho tienen que ver con el respeto a los derechos humanos.

Y es que así como es incuestionable la guerra anticrimen, también es imposible de negar que en esta carrera el gobierno ha pisoteado en más de una ocasión el Estado de Derecho, las garantías de las personas, y ha trastocado también los cimientos sobre los que se funda la gobernabilidad. Y por eso mismo, hoy la opinión pública le cuestiona muchísimo —quizá más que cualquier otra cosa, y sólo comparado con la pérdida de la paz— el hecho de que no exista un mayor grado de respeto a los derechos humanos.

¿Qué tiene que ver esto con los migrantes? Esto se entrelaza, por el solo hecho de que uno de los blancos más vulnerables y recurrentes tanto de criminales como de agentes corruptos del Estado, son precisamente los migrantes. Éstos son una carne de cañón perfecta, que sirve como fuente inagotable de recursos para quien pueda explotarlos; y que sin embargo, ni por convicción ni por nada han sido atendidos por las fuerzas de seguridad, más que para también hostigarlos, vejarlos, traficar con ellos y, en el mejor de los casos, deportarlos.

CHOQUE DE VISIONES

Habría que pensar qué hacer con los migrantes. Ciertamente, en este punto chocan frontalmente la visión legalista, que dice que al tener una situación ilegal, el Estado no puede hacerse cargo de los migrantes y transmigrantes que cruzan la frontera de México sin documentos, o que intentan llegar al límite norte para alcanzar Estados Unidos, con aquella que dice que independientemente de cualquier calidad que pudiera tener, éstos son personas y se encuentran tutelados por las leyes mexicanas, así sea en cuanto a algunos derechos fundamentales determinados.

¿Qué hacer con ellos? Lo que sistemáticamente ha hecho el gobierno federal, es negarlos, menospreciarlos y, por si fuera poco, ocultarlos. Los ha negado, porque largamente ha dicho que tal problema es un mito, que las fronteras mexicanas son seguras y que el territorio mexicano también lo es; los ha menospreciado, porque al no ser un “mercado” político ni electoral importante —es decir, la atención del problema no se traduce en votos o en capitales determinados denominados “ciudadanos”, porque aquellos no lo son— tampoco ha habido voluntad por hacer algo para remediar o al menos dar atención a la problemática.

Y los ha ocultado, porque incluso cuando masivamente se dieron a conocer las denuncias sobre graves violaciones a los derechos humanos de que eran objeto, y de los abominables actos que cometían en su contra los grupos criminales, primero optaron por ceñirse a su visión legalista, a través de la cual dijeron que no podían ser responsables por quienes estaban, de sí mismos, fuera de la ley.

Luego, cuando se dieron cuenta que la sociedad mexicana era ya mucho más sensible a los temas relativos a los derechos humanos, decidieron atender la problemática. Hasta ahora, sin embargo, sólo han tomado algunas medidas cosméticas que sin embargo están lejos de arreglar el problema de fondo. ¿Cómo hacerlo?

Podrán darle una solución más o menos viable, cuando entiendan que la legalidad no está peleada ni con la confiabilidad y mucho menos con el respeto a los derechos humanos. La cuestión no es que dejen o no entrar a todos los migrantes, o que los protejan (asemejando quizá algún cierto tipo de apología del delito), sino que entiendan que independientemente de cuán amplio sea el flujo migratorio, ellos deben procurar tener una institución honesta encargada de la migración, a agentes confiables, y generando también condiciones de seguridad no sólo para los migrantes, sino para toda la población.

Desterrando a los grupos criminales, acabaría colateralmente con la mitad de los abusos de que son objeto los migrantes; la otra mitad, la erradicarían limpiando de verdad el Instituto Nacional de Migración, y poniendo tras las rejas a todos los agentes corruptos que hoy lucran con ellos.

SENSIBILIDAD MAGISTERIAL

¿Este asunto le preocupará a un grupo tan encendido de lucha social como la Sección 22 del SNTE? Ellos dicen luchar por las causas de los grupos desprotegidos. Esta es una de esas causas. ¿Por qué entonces repudiar la visita del secretario Blake Mora? Queda claro que sólo les importan sus intereses. Y nada más.

Oaxaca: Legislar con voluntad por no cumplir la ley

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+ Constitución, sin voluntad, no sirve de nada

 

La verdadera transición a la democracia en Oaxaca llegará cuando la sociedad y el gobierno manifiesten voluntad expresa y constante por cumplir las leyes vigentes. El no comprender eso, ha sido parte de nuestro entorno, y por esa razón creemos siempre que con tener nuevas leyes “de vanguardia”, todas las cosas van a cambiar como por arte de magia. Tenemos que ser, sin embargo, más cuidadosos y terrenales para no seguir incurriendo en actos de autoengaño.

Hay quienes aseguran que nuestra cultura política, se encuentra afectada permanentemente por una enfermedad; la del mal del ímpetu de Gonchárov: esto porque, dicen, queremos que un sistema sea (casi) perfecto y que funcione bien y al instante. De lo contrario, el sistema no sirve y hay que cambiarlo por otro “más mejor”. Este, que es un planteamiento que data de las críticas a la Constitución mexicana de 1857, bien podría hacerse a nuestro entorno actual, con el añadido de que hoy, como siempre, los primeros que demuestran voluntad por hacer inservibles las normas son precisamente quienes detentan el poder.

¿Por qué asegurar esto? Porque, de acuerdo a lo que publicó ayer TIEMPO en su sección principal, los tres poderes del Estado, han incumplido con el mandato que, directa o indirectamente, ellos determinaron en las recientes reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

Esto, debido a que quedó establecido en los artículos transitorios de esa modificación constitucional, que en un plazo improrrogable de 30 días naturales, a partir de la publicación de las mismas, debía ser conformado el Consejo de la Judicatura en el Poder Judicial del Estado. El problema, hoy, es que dicho plazo ya se cumplió y no hubo demostración alguna de voluntad por parte de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para hacer cumplir ese mandato, y por tanto instalar dicho órgano que se encargaría de todas las cuestiones administrativas de quienes integran el Tribunal Superior de Justicia del Estado, en sus diversas jerarquías jurisdiccionales.

El problema, en realidad, no es operativo, sino más bien de deber ético, político y moral. De hecho, al tener ya una composición y funcionamiento previo, el Poder Judicial del Estado puede seguir funcionando con relativa normalidad, siempre y cuando no se vea en la necesidad de nombrar a nuevos funcionarios judiciales, determinar ascensos, rotaciones, destituciones o acciones disciplinarias.

Sin embargo, por el solo mandato constitucional, en el momento en que se vea en la necesidad de tomar alguna de esas determinaciones —y otras más que pasaron a ser atribución constitucional del Consejo de la Judicatura— tendrá necesariamente que solicitar la integración de dicho órgano, pues de lo contrario todas las determinaciones que tomen las comisiones actuales simplemente serán violatorias del mandato constitucional, y por tanto la actuación de esos funcionarios nombrados incorrectamente sería nula de pleno derecho.

No obstante lo anterior, no debiera de sorprender que aún así el Tribunal Superior de Justicia, el Ejecutivo del Estado, e incluso el Poder Legislativo, se sigan resistiendo a cumplir con el mandato constitucional. Más allá de cualquier explicación, justificación o hasta condena realizada en términos jurídicos, queda claro que con este primer mensaje negativo, la voluntad por la transición democrática puede ser resumida en el hecho de que se concedieron las reformas… con la determinación de no cumplirlas.

CAMBIOS ILUSOS

Unos y otros pueden decir misa, pero queda claro que sólo se podrá decir  que la verdadera transición democrática es un hecho cuando ésta se demuestre con un cumplimiento cabal de las normas establecidas en la carta constitucional local.

Mientras eso no ocurra —y es justo en la situación en que estamos ahora— lo establecido en la Constitución no es sino un amasijo de visiones dispersas, de buenos deseos, e incluso de ciertas pretensiones de timar a la sociedad con reformas ilusorias —pero de buen calado en el ámbito de lo políticamente correcto— que quién sabe si tengan utilidad práctica real en una sociedad tan compleja como la nuestra.

En este punto, es necesario que volvamos a una cuestión que hemos recalcado en varias ocasiones, y que hoy de nuevo se hace presente: que la lógica de la democracia, es distinta a la del poder. Por esa razón, cuando se pretende captar la atención del electorado para hacerse de sus votos, pueden hacerse todo tipo de promesas basándose lo mismo en engaños, que en las más profundas convicciones democráticas, de tolerancia e inclusión.

Sin embargo, una vez que se tiene el poder la lógica se convierte en otra: ahora, ese poder que ya se tiene en las manos debe ser preservado, estimulado y acrecentado en todas las formas posibles, incluso con un ánimo natural de perpetuación. Por eso, todos los gobernantes, todos, una vez que están bien instalados en sus funciones, comienzan a dosificar las concesiones democráticas que le otorga a la población, cede ciertos espacios a la oposición a cambio de conservar otros, y comienza a tomar decisiones no tanto para ensanchar la democracia, como para más bien conservar las potestades que ya tiene en las manos.

Eso es lo que ocurre siempre, y es lo que podría estar comenzando a suceder ahora en Oaxaca. El gobierno actual cristalizó las demandas democráticas que lo llevaron al poder, pero hasta ahora no ha dado pautas precisas como para también dejar constancia de que tiene la voluntad de permitir que esas reformas —que en sí mismas limitan su poder, y generan nuevos contrapesos— sean utilizadas para esos fines.

¿Por qué resistirse a la existencia de un Consejo de la Judicatura? Porque éste, naturalmente, impedirá que un poder tan importante siga utilizándose como en los tiempos del régimen de partido hegemónico; porque ahora las decisiones tendrán que ser más consensadas; porque se limitará la posibilidad de tener jueces de consigna. Porque, en esencia, se podrá tener menos injerencia sobre una cuestión —la impartición de la justicia— que hoy se encuentra en un completo marco de discrecionalidad, profundamente dañino para la democracia.

AHÍ VIENE EL PARO…

La Sección 22 tiene como anuncio inminente el del estallamiento del paro indefinido. Es parte del plan de acción consensado. Habrá arreglo hasta bien entrada la semana siguiente, si acaso. Todo está “fríamente calculado”. ¿Apuestan?

Caso Instituto San Felipe: politización dañina

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+ Este es el resultado de actuación por consigna

Luego de casi cuatro años, tuvo que ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que restableciera los parámetros de la legalidad en Oaxaca, respecto al caso del menor presuntamente violado en el Instituto San Felipe. Aunque nadie lo quiso aceptar en su momento, el resultado de hoy es la consecuencia de la manipulación, la politización y la mediatización que inopinadamente provocaron el Gobierno del Estado, los señalados como responsables, e incluso la misma familia y los abogados defensores del niño.

En efecto, sólo aquellos que no quisieron ver, pasaron por alto que desde un inicio este procedimiento penal estaba encaminado al fracaso. A la luz del análisis frío, pudo verse desde siempre que tanto la acción de quienes buscaban justicia, como la actuación del Ministerio Público del Estado e incluso de los tribunales jurisdiccionales, estuvo presionada y determinada por la politización y los efectos de la mediatización de un asunto, que debió resolverse con estricto apego a derecho no en una arena política, sino dentro de los tribunales competentes.

Para constatar esa situación, que siempre estuvo a la vista de todos, basta con recordar el hecho y las aristas particulares que lo envolvieron. En ese sentido, debemos recordar que la madre del menor, Leticia Valdés presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado el 23 de mayo de 2007, en relación a una serie de ataques sexuales de que había sido objeto su hijo de cuatro años de edad.

Sin embargo, no fue sino hasta septiembre de ese año, cuando los hechos fueron ventilados en un medio impreso local, denunciando además la lentitud con la que la Procuraduría integraba el expediente judicial, para que fueran libradas las órdenes de aprehensión respectivas.

La publicación masiva de ese asunto tuvo varios efectos. Uno de ellos, fue provocar una comprensible ola de indignación social por las características del hecho. A partir de entonces, diversas organizaciones civiles y de lucha social manifestaron su apoyo a la madre denunciante e iniciaron diversas campañas de denuncia dentro y fuera de nuestro Estado.

No obstante, otro de los efectos que detonó la exigencia masiva de justicia, fue el hecho de que desde un inicio, los denunciantes —la madre del menor, sus abogados y sus consejeros personales— pusieron especial énfasis en sus declaraciones de prensa, que no se hacía justicia justamente porque el abogado defensor de los presuntos violadores (el esposo de la dueña del Instituto San Felipe, y dos profesores) era Jorge Franco Jiménez, padre de un cercanísimo colaborador del entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

Con esos dos ingredientes combinados (la indignación social y la denuncia sobre el tráfico de influencias desde las más altas esferas del poder) el asunto adquirió una relevancia sin precedentes. La opinión pública, medios informativos, organizaciones civiles que ya tenían viejas afrentas con el gobierno estatal, y todos aquellos enemigos del régimen que entonces gobernaba, se aglutinaron para denunciar lo ocurrido, y exigir justicia en todos los foros locales, nacionales e internacionales en que les era posible.

El resultado de la investigación, ante todas esas presiones, fue el previsible: apenas unas semanas después de desatadas aquellas presiones, en las que el punto central era el relativo a que el Gobernador era el responsable de fondo de esa injusticia, la Procuraduría estatal, presionada por el escándalo, consignó la Averiguación Previa a un juez, con la orden expresa de que librara de inmediato las órdenes de aprehensión respectivas, sin importar si estaba o no bien soportada la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los señalados.

DESGRACIA PARA LA JUSTICIA

Hace casi dos años, en nuestra entrega del 28 de mayo de 2009, en esta columna apuntamos que “El proceso judicial que enfrenta en prisión la profesora (Magdalena) García Soto, no representa más que el eslabón más débil de una cadena de señalamientos, en los que los —probables y principales— responsables siguen al amparo de la impunidad. Esto porque no existe —y seguramente nunca existió— una investigación real para dar con su paradero”. El paradero de los dos inculpados, Hugo Gabriel Constantino Cruz y Adán Salvador Pérez Martínez, dos años después, sigue siendo sospechosamente desconocido.

Pero también, en esa misma entrega, señalamos los riesgos de querer hacer justicia en base no a los procedimientos, sino a la presión política. En ese sentido, apuntamos que “el efecto mediático que le imprimieron las organizaciones sociales desde el momento en que el caso se ventiló públicamente, provocó una guerra de spots y declaraciones desde ambos frentes, que a casi dos años de distancia en nada han abonado a la tarea esencial de demostrar la responsabilidad y, en su caso, la inocencia de los señalados. Todo esto es lo que sigue provocando que hoy sea a través de la presión social, como cada una de las partes busca la justicia a su favor, y la concreción de sus intereses. Y así, simplemente, nunca funcionará eficazmente la justicia.”

Hoy queda claro que, en efecto, así la justicia simplemente no funciona. Si la Procuraduría de Oaxaca actuó presionada por las circunstancias, y consignó el expediente ante un juez sin tener perfectamente soportadas sus acusaciones; y si el Poder Judicial del Estado —también actuando por consigna— sentenció en primera y segunda instancia a la profesora García Soto (primero a 10 años de prisión, y luego con una reducción a seis años y ocho meses), todo para tratar de aparentar que sí hacía justicia, entonces al final todos terminaron siendo víctimas de sí mismos.

Así, si la defensa del menor presionó política y mediáticamente para que se hiciera justicia, fallaron. Si el gobierno anterior hizo todo para dictar una sentencia endeble, pero que aparentara justicia para evitar más cuestionamientos además de los muchos que ya tenía encima, entonces finalmente también falló.

IMPUNIDAD

La libertad de la profesora García Soto corrigió, a juicio de la Corte, un acto de injusticia. ¿Pero qué tan injusto es que con su liberación, también quede demostrado que la Procuraduría y el Poder Judicial cometieron innumerables errores, y los responsables de ellos hoy estén tan campantes como siempre? Finalmente subsiste el asunto de fondo: un niño fue violado, y todos, todos, todos los responsables andan caminando por ahí, libres, como si nada hubiera pasado.

Choapan: colapso de “tradicional” política interna

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+ Discutir usos y costumbres… pero sin quebrantarlos

 

La emboscada ocurrida el pasado sábado en Santiago Choapan, en la región de la Cuenca del Papaloapan, en la que murieron a tiros 10 personas y otra docena resultaron heridas, debe constituir uno de los llamados más urgentes de los últimos años, a todos aquellos que tienen injerencia en el Poder Público para que inicien una discusión seria en torno al sistema de Usos y Costumbres. Empero, contrario a lo que se piensa, ese replanteamiento no debe consistir ni en la partidización de las comunidades indígenas, y mucho menos en la desaparición del sistema de derecho consuetudinario para la elección de autoridades. ¿Entonces qué debe discutirse?

Queda claro que, en su situación actual, el sistema de elección por usos y costumbres genera un número importante de problemas. Sin embargo, es necesario preguntarnos también, con toda seriedad, por qué ocurren esos conflictos y, sobre todo, cuál sería el escenario actual de Oaxaca si en los 570 ayuntamientos del Estado, las autoridades municipales fueran electas a través del sistema de partidos políticos.

Vayamos primero al segundo de éstos cuestionamientos. Queda claro, en ese sentido, que aunque hoy son varios los conflictos postelectorales en comunidades indígenas —que se aparecen como auténticos focos rojos para la gobernabilidad, la paz y el orden—, en buena medida éstos han sido provocados no porque los habitantes de los pueblos no tengan la capacidad de ponerse de acuerdo para elegir a sus concejales, sino más bien porque existen otros vicios que, anidados y manipulados, generan una serie de problemas que luego resultan en confrontaciones, conflictos, ingobernabilidad… y hasta matanzas. ¿De qué hablamos?

De que, durante años, los municipios regidos por el sistema de usos y costumbres fueron el escenario propicio para la injerencia de representantes políticos que trataban de tomar el “control político” de esas zonas que debían ser eminentemente apartidistas; y de que, también durante largo tiempo, dirigentes partidistas, funcionarios públicos y “empresarios” voraces, vieron a esas comunidades (a sus presupuestos) como una auténtica caja chica de la cual podrían servirse. Veamos el asunto punto por punto.

Muchos de los conflictos que hoy prevalecen alrededor de las comunidades regidas por los usos y costumbres, tienen como cuestión de fondo la intervención de representantes de partidos o grupos políticos, que intentan asaltar y/o “colonizar” a las autoridades municipales electas a través del derecho consuetudinario, para poder hacer trabajo proselitista no con miras a procesos electorales municipales, sino para poder conseguir clientela electoral para los comicios de diputados locales, legisladores federales, Gobernador y Presidente de la República.

Queda claro que ese ingrediente —nunca reconocido por los gobernantes en turno, pues sus respectivos partidos incurren en esas mismas prácticas— provoca recurrentes problemas de inestabilidad, ya que para lograr tales fines electorales se da la recurrente colusión de autoridades estatales con municipales, y a través de ésta se permiten, fomentan y hasta obligan los fraudes en contra de las arcas municipales.

Por eso es recurrente que en esos municipios, funcionarios, agentes partidistas y hasta particulares, se aprovechen de las ansias económicas o la ignorancia de las autoridades municipales, para efectuar auténticos robos de recursos públicos, que luego dejan descontenta a la población y generan más problemas de los que ya tienen.

“CONTROL POLÍTICO”

Ahora bien, ante la pregunta específica de por qué existen estos conflictos, es necesario ampliar el horizonte. Es claro que ahora más que nunca, los partidos, los grupos de poder, los operadores políticos y también las organizaciones sociales, deben comenzar a actuar con un mayor grado de responsabilidad. Los tiempos del control hegemónico se terminaron. Y quienes tradicionalmente militaron en las fuerzas de oposición, ahora resulta que tienen en sus manos la responsabilidad de gobernar el Estado.

No es raro que, ante los hechos de Santiago Choapan, la secretaria General de Gobierno exigiera tanto al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, como a diversos actores políticos —entre ellos algunos profundamente enquistados hoy en las estructuras estatales, como el diputado local del PT, Flavio Sosa Villavicencio, y su “operador”, César Mateos Benítez—, “asumir su responsabilidad”.

No es raro, porque tampoco resultaría extraño que, en efecto, éstos y otros grupos políticos —también priistas— tuvieran metidas las manos en la región, y particularmente en ese conflicto. Sin embargo, si nada de eso es extraordinario, ¿por qué entonces lanzar señalamientos de este tipo, que sólo enrarecen las relaciones entre los grupos de poder?

La respuesta no se encuentra en la presencia de esos grupos, sino en la posible actuación de los mismos, en el contexto particular de comunidades que no se rigen por el sistema de partidos políticos. En palabras sencillas: no es lo mismo hacer política partidista en las comunidades que sí aceptan ese sistema, que tratar de hacerlo en otras en las que, basadas en sus reglas de derecho consuetudinario, sólo asimilan la presencia partidista como sinónimo de división y conflicto.

Por todo eso, los encargados del control de la gobernabilidad en Oaxaca hoy tienen no sólo el reto de encontrar la paz en esa y otras comunidades que tienen conflictos por problemas postelectorales: también debe hallar la forma de controlar a los grupos sociales que hoy les son afines, para que éstos —y todos— no sigan siendo un factor de inestabilidad y controversia en esas comunidades.

Esos mismos actores y organizaciones, deben comenzar a entender con responsabilidad que ya no son parte de la oposición, y que ahora más que nunca las decisiones que tomen serán trascendentes para la paz y la vida en esas zonas en las que, según los hechos y el poco valor que se le da a la estabilidad social, pareciera que la vida no vale nada.

RESPONSABILIDAD

COMPARTIDA

Es hasta ocioso buscar culpables en relación al caso Choapan. Falló gravemente la Secretaría General de Gobierno, como también la de Seguridad Pública, por no atender las previsiones de lo que podía ocurrir en la zona. Incurrió en eso mismo el IEEPC por no tener la sensibilidad suficiente para entender la circunstancia. ¿Y los grupos y actores políticos directamente involucrados saldrán incólumes? Sólo eso faltaría.

Sección 22: ¿las advertencias son hostiles de verdad?

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+ Lucha interna, clave en estallamiento del paro

 

No parecen corresponder las amenazas que lanza el secretario General de la Sección 22 del SNTE, Azael Santiago Chepi, al Gobierno del Estado respecto al paro de labores y el no entendimiento, con las imágenes difundidas en los últimos días en los medios informativos, en las que unos y otros aparecen, sonrientes, compartiendo momentos de convivencia por temas comunes. Si no existen los acuerdos, y el magisterio está a punto de estallar un paro de labores que afectaría gravemente la imagen de la administración estatal, ¿por qué entonces esa aparente buena relación entre ellos?

La pregunta no es ociosa: al menos en los últimos años, los oaxaqueños nos acostumbramos a que no existiera una sola referencia pública sobre posibles acuerdos entre funcionarios del gobierno estatal, y dirigentes del magisterio oaxaqueño. De hecho, durante la administración anterior, todos los intercambios entre ellos ocurrieron siempre en la más absoluta discreción, y discrecionalidad. Si no había imágenes o referencias claras sobre el trato entre el Comité Ejecutivo Seccional de la 22 y funcionarios estatales, mucho menos habría de convivencia entre el Gobernador del Estado y el Líder del Sindicato Magisterial.

Las razones eran obvias: desde aquellos años, y particularmente desde que ocurrió el conflicto magisterial y popular en 2006, la Asamblea Estatal de la Sección 22 decidió desconocer a Ulises Ruiz como gobernador, y sistemáticamente se negó a tener intercambios públicos con funcionarios estatales. A partir de entonces comenzaron a utilizar un doble discurso —que luego perfeccionaron de modo importante— a través del cual públicamente desconocían a funcionario, pero en privado negociaban con él e incluso obtenían concesiones y privilegios mutuos.

¿Por qué ocurría esto? Porque independientemente de cualquier tipo de “cuidado de las formas”, en realidad lo que los dirigentes de la Sección 22 siempre cuidaron, y hoy mismo lo siguen haciendo, es la satisfacción de los intereses, y la no confrontación con todos los grupos que integran su fuerza interna.

El Sindicato Magisterial en Oaxaca tiene una composición particularmente heterogénea, que en realidad nunca ha funcionado como una sola organización, sino que más bien lo ha hecho como un conjunto de grupos que interactúan, defendiendo sus propios intereses, oponiendo una ideología específica, y utilizando sus particulares formas de lucha. Y lo que siempre ha hecho el Comité Seccional frente a todos esos intereses disímbolos, es articular organización y equilibrios para no provocar fracturas, y para conseguir las metas que en conjunto se proponen.

¿Por qué decir todo lo anterior? Porque sólo a partir de una comprensión general de cómo se desarrolla la vida interna de la Sección 22, puede también entenderse que aún cuando hoy no existe un conflicto abierto entre la Dirigencia Seccional y el Gobierno del Estado, unos y otros parecen tener el acuerdo de llegar hasta los límites “tradicionales” en que el magisterio logra acuerdos con el gobierno estatal.

EQUILIBRIO DE FUERZAS

Hace unos días, basados en los antecedentes, dimos un adelanto de lo que sería la jornada de protestas del magisterio del presente año. En nuestra entrega del pasado 9 de mayo asegurábamos que: “Se sobreentiende que cada año la jornada de lucha de la Sección 22 por la satisfacción de las demandas que exige al gobierno estatal, inicie el 1 de mayo con la marcha del día del trabajo y la presentación de su pliego petitorio; que, como acaba de ocurrir, el gobierno estatal dé una primera respuesta que es descalificada por el magisterio, que decide resolver en su Asamblea Estatal en la víspera del Día del Maestro (15 de mayo), y finalmente conseguir un arreglo en los últimos días del mes, cuando ya aseguran que es inminente el estallamiento del paro definido, o incluso cuando éste ya se ha decretado…” Tal parece que nada aún se ha salido de la ruta original que, cada año, traza el magisterio para cumplir sus demandas.

Nada se ha salido porque, como también lo dijimos en aquella ocasión, el magisterio toma todas esas medidas de presión para de algún modo “jugar” con la estabilidad emocional de la sociedad, y para lograr que ésta exija al Gobierno del Estado que cumpla las demandas magisteriales independientemente de su contenido, para evitar que éstos provoquen más daños a la colectividad con sus movilizaciones, paros o plantones.

Sin embargo, otros puntos también deben de ser tomados en cuenta en esa ruta “negociadora”. Aunque hoy no existe conflicto, y en realidad existen muchos más acuerdos que discordancias en la mesa de negociación con el Gobierno del Estado, en realidad la 22 debe guardar todas las proporciones y luchar por también satisfacer todos los intereses de sus distintas expresiones internas.

Esto es, en palabras llanas, que el Comité Seccional no sólo debe ser eficaz sino también parecerlo, y que no sólo debe ser lo suficientemente combativo, sino también parecerlo. En esa lógica, llegar a un arreglo (el que sea) con el Gobierno del Estado, sin antes haber hecho demostraciones contundentes de su fuerza, capacidad de movilización y resistencia al acuerdo fácil, podría llevar a los sectores más radicales de la Asamblea Estatal —que no son pocos, y que sí tienen la capacidad de influenciar el sentido de sus determinaciones— a repudiar a la Comisión Negociadora, a tacharlos de entreguistas, de gobiernistas o de progubernamentales, y a reventar cualquier posible acuerdo para evitar un paro de labores.

Esto, a la luz de los hechos, no le conviene ni al Comité Ejecutivo Seccional, y mucho menos al Gobierno del Estado. Y esa es la razón por la cual, parece haber un acuerdo implícito entre éste y aquél, para que se lleven a cabo las rondas de negociaciones, y para que independientemente de los acuerdos de éstas, se siga todo el calendario que deje satisfechos a los sectores radicales, que buscan todo menos el acuerdo fácil.

MALOS ANTECEDENTES

Ahora bien, lo que sería interesante saber es hasta qué punto está dispuesto el Gobierno del Estado a cargar con el costo de estas decisiones que, en el fondo, lo que buscan es mantener los equilibrios internos de la Sección 22. La ponderación radica en permitir el paro para evitar conflictos mayores, o evitarlos para evitar el cuestionamiento de la sociedad y el descrédito político. En el sector oficial, no se han distinguido precisamente por ser tolerantes. ¿Aguantará el acuerdo?

Gobierno-organizaciones sociales: relación en riesgo

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+ Choapam: ¿De verdad nadie sabía de las tensiones?

 

Una de las premisas fundamentales de la gobernabilidad en Oaxaca, radica en la buena relación que pueda tener el Gobierno del Estado con las principales organizaciones sociales que existen en el territorio estatal. Hoy, sin embargo, las necesidades imponen no sólo el hecho de que exista una buena relación, sino que ésta sea transparente, legal y conforme a las necesidades sociales, y a los requerimientos de transparencia y rendición de cuentas que demanda la sociedad.

Todo esto parecería, de entrada, una misión imposible. De hecho, ha sido característico de la relación entre el gobierno estatal, y la gran mayoría de las organizaciones sociales —y de lucha social—, que todo esto ha ocurrido siempre en el seno de la opacidad, de los acuerdos oscuros, y de la entrega de recursos para supuestos proyectos de desarrollo social, que en realidad no eran sino cuotas de chantaje, de cooptación política, o de complicidad entre unos y otros.

Ante esta historia reiterada de entrega de millonarios recursos públicos a fondo perdido, la sociedad demandó, como una de las premisas de la transición democrática, que a partir de ahora la relación entre el gobierno estatal y las organizaciones sociales fuera no sólo cordial y civilizada, sino que además pudiera ser transparente, y que los dineros del Estado que estaban destinados a desarrollo social y que les eran entregadas a éstas, verdaderamente impactaran en mejoras para las comunidades, y no siguieran siendo el negocio de unos cuántos.

En un primer momento, parecía que la nueva administración estatal había entendido esas exigencias de la sociedad, y estaba dispuesto a generar una nueva relación con las organizaciones sociales, para cumplir con los fines demandados, para impulsar verdaderos proyectos que impactaran positivamente en el desarrollo social de la entidad, y sobre todo para materializar la paz social que tanto hemos anhelado los oaxaqueños.

Hoy, sin embargo, esa relación —que nació con el pie derecho—, está a punto de romperse por las ambiciones de algunos personajes que intentan timar tanto al gobierno como a las organizaciones, para obtener beneficios particulares. ¿De qué hablamos?

De que, si bien se recuerda, el pasado mes de marzo se conformó el Frente de Organizaciones Sociales, Agrícolas, Pesqueras y de Transporte para buscar acercamientos con el Gobierno estatal, debido a la insensibilidad y desatención que éste había tenido con las organizaciones sociales que existen en la entidad. Dicho Frente, quedó integrado por 53 organizaciones —aunque varias de ellas existen únicamente de membrete.

En ese mismo mes, se realizó una marcha que culminó con una mesa de diálogo en el Palacio de Gobierno. Derivado de ello, se acordó participar en foros con las diferentes Secretarías a efecto de escuchar las propuestas de las organizaciones, e integrarlas al Plan Estatal de Desarrollo.

También se pactaron reuniones entre el subsecretario de gobierno Oscar Cruz López y cada una de las organizaciones, para recibir sus respectivas propuestas. Lamentablemente, el Frente comenzó a ser rehén de dos personajes; Jesús Romero y Karina Barón quienes, junto con otros personajes afines a ellos, son los que han tomado las decisiones y han tratado de llevar al Frente a tomar una actitud complaciente con el gobierno estatal.

 

INCUMPLIMIENTO REITERADO

Estos personajes han apostado por el servilismo, a pesar de que el gobierno sigue desoyendo a las organizaciones y no ha cumplido con lo pactado, pues los foros fueron más bien exposiciones de buenos motivos; y aunque se levantaron minutas, hasta ahora ninguna de las propuestas de las organizaciones se ha materializado.

Asimismo, en las reuniones que supuestamente se tendrían con Oscar Cruz, únicamente estuvo presente un funcionario menor que, valga decirlo, tampoco resolvió nada. Pero a pesar de ello, por la influencia de Romero y Barón, las acciones del Frente ahora se están enfocando sólo en contra del gobierno federal, y particularmente de la Sagarpa y su Delegado en Oaxaca.

En la semana que termina fueron dos los hechos que llaman la atención, y que dejan en claro que lo que pudo ser un movimiento para sentar las bases de una nueva relación de las organizaciones con el gobierno estatal, Romero lo está tratando de convertir en un movimiento “gobiernista” y con claras tendencias a la satisfacción de intereses personales.

En ese sentido, causó gran desconcierto a las organizaciones participantes la publicación de un boletín el pasado viernes, en el que se daba a conocer que Benjamin Robles Montoya se había reunido con el Frente, y en el que se destacaba que Jesús Romero reconocía “la sensibilidad del gobierno estatal”. Lo extraño, en todo esto, es que para esa reunión no se convocó a todas las organizaciones y únicamente asistieron representantes afines a los grupos de Barón y Romero, y otros pocos sin ninguna representatividad.

Finalmente, aseguran que el pasado martes las organizaciones que integran el Frente fueron citadas en Ciudad Administrativa para revisar las propuestas que fueron presentadas y autorizar los proyectos y programas para cada una de las organizaciones.

Se dijo que tales proyectos y programas para las organizaciones habían sido “palomeadas” por Jesús Romero y Karina Barón, por lo que es claro que la distribución no se hizo en función de la viabilidad de los mismos, de la representatividad o al menos de la participación de las organizaciones, sino más bien en función de la afinidad de los grupos sociales con estos dos personajes.

El servilismo de estos personajes y particularmente de Jesús Romero con el gobierno estatal, y la pretensión de satisfacer intereses personales y de capitalizar el esfuerzo de las organizaciones, puede terminar por dinamitar un frente que, hasta ahora, de alguna manera ha funcionado, y que aún puede convertirse en un aliado sano e importante para el Gobierno del Estado, ahora que éste busca firmar un Pacto Social con muchas de las organizaciones, que ya han sido objeto de la ambición de ese puñado de manipuladores.

¿NADIE SABÍA?

Sorprende la “sorpresa” mostrada por varios funcionarios ante la sangrienta emboscada ocurrida el pasado sábado en la comunidad de Santiago Choapam, en Tuxtepec, y que fue motivada por un lío postelectoral. ¿Nadie sabía del conflicto y de los riesgos de violencia? ¿Este fue un acto fortuito que no podía ser evitado? Por favor. El asunto es tanto o más grave de lo que parece. Abundaremos.

Textitlán: el gobierno debe dejar de titubear

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+ Impunidad: costo político, para Mandatario

 

Hace apenas unas semanas, algunos medios dieron cuenta de cómo el ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, fue hostigado en un restaurante de la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos de Norteamérica, por un grupo de activistas que le reprochó a gritos por los homicidios y actos de represión cometidos durante el conflicto magisterial de 2006.

Ese estigma de la represión, aún hoy es parte del costo político que paga el ex Gobernante por haberse excedido en sus funciones, pero también por decisiones que tomaron sus subordinados, y que él no supo detener ni castigar oportunamente. Aunque en sus características propias, eso mismo podría ocurrir con un asunto actual, como el del desastre policiaco de Textitlán.

Para entender este asunto, es necesario volver la memoria a los hechos que detonaron el conflicto magisterial de hace cinco años. Regresemos a lo ocurrido hace exactamente un lustro: En aquel momento, en mayo de 2006, la inconformidad magisterial derivó en un paro indefinido de labores, y la instalación de un plantón por parte de los profesores integrantes de la Sección 22 del SNTE.

Esas acciones de protesta duraron 24 días —del 22 de mayo al 14 de junio de ese año—, hasta que el Gobierno del Estado, entonces encabezado por Ulises Ruiz Ortiz, decidió poner en marcha un operativo policiaco para despejar las calles y obligar a los profesores a desocupar alrededor de sesenta calles del Centro Histórico de la capital oaxaqueña, que entonces mantenían ocupadas.

Independientemente de los errores estratégicos cometidos en ese operativo —los cuales llevaron a los elementos estatales a ser ellos los replegados por los profesores, en un enfrentamiento desigual y desordenado, que dejó una pésima imagen de las corporaciones policiacas—, lo cierto es que desde entonces la Policía del Estado comenzó a cometer una serie de excesos y arbitrariedades, ordenados y no por las autoridades superiores, por las que finalmente no terminó pagando nadie más que el entonces Gobernador del Estado. Veamos si no.

Por el operativo policiaco del 14 de junio de 2006, todos los sectores que se sintieron agraviados responsabilizaron al entonces secretario General de Gobierno, Jorge Franco Vargas, al director de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas, y a la secretaria de Protección Ciudadana, Alma López Vásquez.

Esos tres funcionarios, fueron cesados de sus funciones apenas unas semanas después del operativo. Y con eso, el Gobernador del Estado supuso que había hecho “justicia” y que con la destitución de los funcionarios mencionados se subsanarían los señalamientos que para entonces ya pesaban no sólo en contra de aquellos, sino también en su contra.

¿Qué pasó después? Que los excesos policiacos, los actos de represión y de hostigamiento en contra de activistas y grupos sociales continuaron. Y el Gobernante, que siempre negó tener participación o conocimiento de ellos, siguió tolerándolos. Es decir, que cuando menos permitió que sus funcionarios continuaran excediéndose en sus funciones, o incluso él continuó ordenando esos actos de hostigamiento continuaran ocurriendo. Y al final, resultó que no fue nadie más que él quien pagó todos los costos políticos de los actos que él dispuso expresamente, y de los que permitió a sus funcionarios por tolerancia o desconocimiento de los fines que perseguían.

DESTINO IMPLACABLE

Hoy, por ejemplo, Jorge Franco Vargas es diputado federal, y todos los días camina por las calles con un discreto equipo de seguridad que, por momentos, parece imperceptible. Aún con eso, no tiene reparo alguno en seguir viviendo en la capital oaxaqueña, y más allá de los señalamientos de algunas personas, no parece tener mayor contrariedad o problema por habitar en la ciudad donde a él se le acusa de haber ordenado uno de los mayores actos de represión de los últimos años.

Lo mismo ocurre con los demás involucrados directos: Vera Salinas, por ejemplo, ocupó algunos cargos policiacos de relevancia en otras entidades federativas, y sólo desapareció de la escena pública cuando fue involucrado en investigaciones federales por actos de espionaje en el estado de Quintana Roo. Éstos, sin embargo, nada tienen que ver con su intervención en el conflicto magisterial de Oaxaca, o con algún tipo de responsabilidad por haber sido la autoridad ejecutora de posibles actos de represión, excesos o brutalidad policiaca.

Alma López, incluso, es magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y hoy su figura no parece tener el más mínimo cuestionamiento por esos episodios. Algo similar ocurre con la ahora auditora Superior del Estado, Rosa Lizbeth Caña Cadeza, que en aquellos momentos era procuradora de Justicia. Para ambas, aquellos sucesos parecen hechos lejanos, por los que ya no tienen contrariedad alguna.

¿Quién pagó, sin embargo, el costo por los errores o excesos de esos y todos los funcionarios relacionados con los hechos del 2006? Sin duda, es y seguirá siendo el ex gobernador Ruiz, por no haber tenido la determinación suficiente para hacer que cada quien cargara con sus propias responsabilidades. Hoy, todos los mencionados siguen en Oaxaca, menos el ex Mandatario que seguramente nunca más podrá regresar a caminar tranquilamente por las calles de la Verde Antequera.

Todo eso debería estarlo registrando hoy el gobierno actual, si es que no desea cargar con el costo de los excesos e irresponsabilidad de unos cuantos funcionarios. El Gobernador del Estado, los diputados del Congreso del Estado, y todos los demás involucrados, debían entender este asunto con una perspectiva de más largo plazo, y comprender que los titubeos no llevarán al sacrificio a nadie más que a quien encabeza el destino político de la entidad.

Frente al caso de Textitlán, deben abandonar todos los maniqueísmos con los que pretenden disfrazar la realidad, y comenzar a entender que este puede ser el primer gran estigma de un gobierno de altas expectativas, sobre el cual se espera mucho, pero no acciones como esa. Ojalá lo entiendan a tiempo.

¿EFICIENCIA GUBERNAMENTAL?

Si usted desea hacer cualquier trámite en Ciudad Administrativa, y necesita pagar derechos por él, ¿qué cree? Que en todo ese enorme complejo de “modernidad”, no existe una sola oficina de recaudación. El sitio más cercano para pagar, son las oficinas de Tránsito del Estado, que se encuentran a más de un kilómetro de ese lugar. ¿Eso es eficiencia? Es pregunta.

13 de mayo de 2011.