+ Legisladores afines a GCM, “flotadores” de su gestión

Las relaciones entre el gobierno de Gabino Cué Monteagudo y los legisladores federales son, por las diferencias eminentemente electorales, poco tersas. Sin embargo, para el Gobierno del Estado esa es una de sus pocas necesidades ineludibles: le guste o no, debe consensar ciertos temas, como el presupuestal, con los representantes legislativos del Estado. ¿Ahora que se acercan los tiempos electorales, ha pensado el grupo gobernante cómo abordará la posibilidad de tener a sus propios legisladores?

Al iniciar la semana, el gobernador Cué Monteagudo dio, tácitamente, el banderazo de salida a los integrantes de su gobierno, y de su grupo, que desean buscar candidaturas a cargos de elección popular en el proceso electoral federal que se avecina. En su cuenta de Twitter, aclaró que éstos se encuentran en libertad de hacerlo, pero con el requisito previo de renunciar a los cargos que ostentan en la administración estatal.

El problema de fondo, sin embargo, no radica en que el Gobernador del Estado “autorice” o no a sus funcionarios a que busquen posiciones legislativas, o que les exija que renuncien a sus cargos. En realidad, esas dos son condiciones naturales de todo proceso electoral. ¿Qué es lo realmente importante, y preocupante, entonces?

Al gobierno estatal debía preocuparle la falta de liderazgo entre los integrantes del gobierno, la falta de sensibilidad política en muchos de ellos, y la casi total ausencia de posicionamientos frente a los electores. Es decir, que qué bueno que el gobierno estatal esté abriéndose institucionalmente a la posibilidad de que sus integrantes pasen de forma legítima al Poder Legislativo. Pero qué mal que las figuras que potencialmente podrían dar ese salto tengan tantas dificultades no sólo para trascender a la esfera pública, sino para cumplir con las expectativas de su posicionamiento relacionado con el trabajo que actualmente realizan.

La situación no es menor: el Gobierno del Estado, hasta hoy, no tiene los liderazgos fuertes y bien construidos, para ir a una campaña en la que, por si no se ha dado cuenta, tendrá un camino cuesta arriba. A pesar de que el Estado es gobernado por ellos, la campaña es federal —y presidencial—. Y sus opositores, buscarán subirse al carro de la campaña de los aspirantes al Gobierno de la República para posicionarse. Y, en esa tónica, el escenario para el grupo que ahora gobierna no es la más favorable. Veamos por qué.

Oaxaca será fuertemente “atacado” por el priismo que apoya al ex gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. A partir de su figura, y su arrastre electoral, tratarán de hacer campaña montados en su popularidad e imagen, para ganar tanto las Senadurías de mayoría, como las diputaciones federales. El panismo, para respaldar a su Abanderado Presidencial desplegará el eficaz trabajo —demostrado— de sus operadores electorales y de sus programas sociales.

Y en medio de ese emparedado quedará el lopezobradorismo (o ebrardismo) con el que seguramente caminarán los enviados del Gobierno del Estado para tratar de ganar

posiciones en las cámaras federales. ¿De verdad están preparándose los representantes del gobernador Cué que buscarán escaños en el Congreso, para una campaña de esas características de competencia y roce entre abanderados?

PRESENCIA NECESARIA

Si algo hay que reconocer a ambos grupos —a la representación de Oaxaca en las cámaras federales, y al Gobierno del Estado—, es que han logrado construir ciertos consensos mínimos para sacar temas fundamentales para la entidad. Sin embargo, es también evidente que si no hubiera tantos escollos, resentimientos y hasta rencores en medio de esa relación, la sinergia entre unos y otros podría traer mucho mejores resultados para la entidad.

En ese sentido, queda claro que el mejor escenario para cualquier gobernante es aquel en el que tiene el control de su propio Congreso local, y también tiene cierta influencia —o dominio total, como ocurría en los regímenes priistas— en los representantes populares de la entidad ante el Congreso de la Unión. Por esa razón, parece ineludible que el gobierno estatal busque construir sus propios escenarios, para tener mejores expectativas de su propio gobierno.

En ese sentido, queda claro que, lo acepten o no, las afinidades entre representantes del Poder Legislativo, con el Ejecutivo del Estado, son algo así como los “flotadores” que dan estabilidad a cualquier gobierno. En el caso de la entidad, esos flotadores no sólo no existen, sino que en todos los momentos posibles los supuestos estabilizadores (diputados federales y senador priistas), y el mismo barco (el Gobierno del Estado) han propiciado tensiones e inestabilidad que, a la luz de los hechos, son producto de sus diferencias partidistas y políticas, pero no motivadas por algún asunto relacionado estrictamente con el interés del Estado.

Sin embargo, la duda de fondo está en la imposibilidad —al menos hasta ahora no se ve— de construir esos liderazgos internos en el gobierno estatal, para que luego vayan a hacer una representación digna no sólo de la población, sino también del gobierno y del grupo gobernante del que emanaron.

Hoy, el único que se arroga un supuesto “crecimiento político” es el coordinador de Módulos de Desarrollo Sustentable, Benjamín Robles Montoya. Sin embargo, no le termina de quedar claro que las intrigas y la aplicación de la “política dura” tiene los efectos contrarios a las aspiraciones que él dice tener no sólo como servidor público, sino también como posible candidato al Senado y después, según sus ambiciones, sucesor del gobernador Cué.

¿Habrá figuras competitivas más allá del liderazgo hechizo de Robles Montoya, y la presencia fantasmal de Alberto Esteva? Seguramente sí. El problema es que no ha habido la visión suficiente para estimular el crecimiento de esos personajes que, ahora sí de la nada, saldrán a buscar las posiciones legislativas que tanto necesita el gobierno para el que ahora trabajan.

FUTURO COMPLEJO

La primera gran misión será consensar las candidaturas entre los partidos aliancistas, que irán separados a la contienda federal. ¿Habrá modo de que cada uno haga campaña por su lado, pero sin descalificarse y sin utilizar las bajezas frente al contrario, como herramienta de crecimiento? Es posible que sí haya ese modo. El problema es que nunca lo hemos visto operando en Oaxaca. Ese sí sería un acuerdo de avanzada. ¿Lo veremos?

+ Gobierno debe ahora probar señalamientos

Como en política nada es casualidad, la presencia del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz en Oaxaca, luego de casi 11 meses de haber culminado su mandato, no es fortuita. Más allá del posible apoyo electoral que pudiera haber venido a dar a un aspirante a Senador por su partido, lo verdaderamente importante se encuentra en las investigaciones que realiza el gobierno actual a su administración. Su presencia, pues, indica que las auditorías no van por buen camino para quien las realiza. Y también vaticina una nueva andanada de ataques en respuesta al acto de provocación que significó su estancia en la capital oaxaqueña.

En los últimos meses, el Gobierno del Estado, a través de la secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Woolrich Fernández, ha sido no sólo insistente, sino hasta imprudente, al hacer señalamientos por presuntos desfalcos en contra de la administración anterior. Además de haber asegurado en varias ocasiones, que el monto del posible quebranto por lo menos duplica la cifra inicial de tres mil 600 millones de pesos que anunció inicialmente, la secretaria Woolrich no se ha cansado de decir que hubo “confabulación” de ex funcionarios para abusar del erario.

El problema del Gobierno del Estado, sin embargo, no se encuentra en señalar, sino en probar sus dichos. Porque más allá de los señalamientos ruidosos sobre los miles de millones que asegura que se robaron, queda claro que es poco lo que eficazmente han podido hacer.

Es decir, que se han conformado con encarcelar a un funcionario de segundo nivel —el ex director administrativo de Caminos y Aeropistas de Oaxaca—, y con emitir una serie de órdenes de aprehensión de las que tiene conocimiento Interpol.

Sin embargo, más allá de que también es mediáticamente llamativo el hecho de que la Policía Internacional haya emitido “fichas rojas” contra varios ex funcionarios del Gobierno del Estado —lo que de inmediato los pone al mismo nivel que narcotraficantes, terroristas y defraudadores internacionales—, queda claro que en los hechos eso y nada es lo mismo, porque todos siguen en la calle gozando de libertad; y porque no existe certeza alguna de que los procesos judiciales que ya iniciaron tengan la suficiente fuerza probatoria como para sostener las acusaciones frente a jueces locales y tribunales federales de garantías.

Hoy todo son dudas. Y la presencia del ex Gobernador en Oaxaca apunta no a su interés en que el diputado federal Héctor Pablo Ramírez Leyva pueda sostenerse en su cargo de coordinación de la diputación federal del PRI por Oaxaca, o apuntalar sus aspiraciones al Senado.

En realidad, eso resulta ser apenas un distractor, a partir del cual el otrora Mandatario viniera a la entidad a hablar de otros temas, pero a reiterar que ni está amparado, ni está escondido, ni está negado a comparecer para solventar los faltantes que le observe el gobierno de Gabino Cué Monteagudo a su gestión como Gobernador.

Pero además, si todo eso ocurre en su ámbito personal como ex Gobernador, lo que bien pudo haber venido a hacer Ulises Ruiz a Oaxaca, fue a hacer explícita la posibilidad de que, en efecto, las auditorías que realizan sus sucesores no estén caminando por el mejor rumbo. En el último de los casos, éste podría haber sido una suerte de “acto de provocación” —o de burla— por cualquiera de las posibilidades que aquí señalamos.

GOBIERNO, ¿QUÉ HACER?

Ante todas estas posibilidades, es predecible la reacción del Gobierno del Estado. Quizá en esta misma semana se conozcan “nuevos datos” sobre los descubrimientos hechos por la Secretaría de la Contraloría en la revisión de la administración anterior; y posiblemente hasta se intente una nueva aprehensión espectacular. Esto, justamente, para tratar de responder a la maniobra del ex Mandatario oaxaqueño. Es lo que han hecho cada que el anterior grupo gobernante toma la iniciativa de atacarlos.

Sin embargo, con rigor y seriedad debieran preguntarse si ese es el mejor camino que pueden tomar. Hasta ahora, lo que hemos visto son sólo exaltaciones muy focalizadas, y ataques que intentan ser “quirúrgicos” para golpear a los adversarios. No obstante, el resultado de esos ataques siempre ha sido dilatorio, y nunca han podido sostener a fondo la intención de los mismos.

Por eso, ante ésta última maniobra del priismo —porque no es cosa menor, que un ex gobernador que es investigado, vaya a decir al mismo sitio donde lo investigan, que ni está amparado, ni tiene miedo, ni tiene cuentas pendientes—, lo que el gobierno estatal debe comenzar a considerar es si resulta benéfico para ellos mismos arreciar el ataque, o si es mejor centrar sus atenciones en el reforzamiento de los datos y probanzas que, según dicen, ya tienen a la mano y listas para ser utilizadas en procesos judiciales.

Lamentablemente —para ellos—, el gobierno estatal siempre ha utilizado la vía del ataque, pero siempre ha perdido en la vía del sostenimiento de esos señalamientos. Y queda claro que si intenta repetirle la dosis a sus principales opositores, lo único que estará haciendo es ponerse nuevamente como presa fácil de ellos, para que finalmente aprovechen la reacción de enojo y capitalicen los errores que pudieran haber cometido en la integración seria, y jurídica, de sus acusaciones.

El problema más grave, en todo esto, es que el Gobierno del Estado está poniendo en riesgo la verdadera posibilidad de hacer justicia. Esto porque al calor de sus enojos ha llevado a juicio —literalmente— asuntos sin un sustento indiscutible, que en un momento dado pueden ser perdidos no porque los ex funcionarios no hubiesen robado, sino porque la forma en que se intentó probar fue deficiente. Y lo peor de todo eso, es que finalmente terminara operando, a favor de los ex funcionarios, el principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.

La posibilidad está abierta. Quién sabe si ya la vio el gobierno estatal. (Pero parece que no).

SOLIDARIDAD

Mario Mendoza Flores es uno de esos pocos personajes de la política local, que verdaderamente puede jactarse de haber asumido convicciones políticas, independientemente de que las condiciones políticas fuesen buenas o malas. Esa es la razón por la que el autor de este espacio le tiene un gran respeto, y hasta se jacta de su amistad. Por esa misma razón, nos duele e indigna el artero atentado que sufrió el pasado viernes. Un abrazo solidario para ti, apreciado Mario.

+ ¿Qué verdad querrán contar quienes gobiernan?

La creación de una Comisión de la Verdad, por parte del Gobierno del Estado, el Congreso local, u organizaciones civiles de veras comprometidas con el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante el conflicto magisterial y popular de 2006, necesariamente tendría que implicar la investigación de todos los hechos posiblemente constitutivos de delitos, y no sólo los atribuibles al anterior régimen en contra de los activistas del movimiento popular. ¿De verdad están dispuestos, el grupo gobernante y sus aliados, a revisar hechos en los que todos podrían resultar con responsabilidad?

En efecto, desde el momento mismo en que se desarrollaba el conflicto magisterial hace cinco años, diversos grupos se pronunciaban por la creación de instancias públicas dedicadas ex profeso a investigar todo lo que entonces ocurría. Sin embargo, la primera muestra de indisposición al respecto, de las mismas partes interesadas, se dio con la forma misma en que se resolvió la paz de Oaxaca. Y sólo quien no recuerda aquellos episodios, podría afirmar hoy que hubo pacificación del clima social, sólo a partir de la represión.

El conflicto magisterial y popular tuvo su origen, clímax y repliegue en concordancia precisa con diversos acontecimientos. La represión policiaca ocurrida el 14 de junio de 2006, atizó los ánimos beligerantes de diversos grupos que ya tenían razones previas para estar en contra del gobierno estatal. La Sección 22, por su parte, se levantó en revuelta por la razón natural de haber sido la directamente golpeada por la represión. Y todos abonaban al derrocamiento del entonces gobernador Ulises Ruiz, antes de que éste cumpliera dos años de mandato, y por tanto se pudiera cumplir el mandato constitucional de que el nuevo gobernador fuese nombrado por un congreso de mayoría afín al repudiado gobernante.

En aquellos momentos, todos los grupos beligerantes le apostaban a que el conflicto se resolviera antes del mes de diciembre de 2006. Por eso, el conflicto tuvo sus momentos críticos en los meses previos a aquella fecha, y por esa razón se cruzó estratégicamente con el momento de la elección presidencial. Sólo que, al acercarse el final del año, el gobierno federal ofreció arreglos particulares a la Sección 22, y a algunos otros grupos, y entonces sólo utilizaron la represión contra líderes icónicos, como Flavio Sosa Villavicencio.

¿Cuál fue el arreglo? Con los grupos de más ascendencia, como la 22, el arreglo fue eminentemente económico. Les otorgaron la rezonificación, el reembolso íntegro de los salarios no pagados durante el conflicto, y la restitución de todos los directivos del IEEPO impuestos por el sindicato. Y una vez desmontado el magisterio, correspondió al gobierno estatal operar el acuerdo con los grupos que quedaban.

El arreglo fue simple: aunque cada uno mantuvo sus posiciones discursivas, en realidad lo que hubo fueron múltiples y recíprocas concesiones. Aunque no se reconocían el gobierno y las organizaciones beligerantes, todos reanudaron el diálogo y los “acuerdos” —que muchas veces eran económicos.

Por eso, todas las investigaciones judiciales surgidas durante el conflicto fueron congeladas. Sólo se le dio curso a algunas, de carga eminentemente política, que sin embargo fueron poco sustentables y muy identificadas como persecuciones de tipo político. Y por tanto, en todo lo demás se premió la impunidad, no sólo respecto a los crímenes que se habían cometido desde el Gobierno del Estado, sino también innumerables hechos que fueron denunciados por ciudadanos, y de los que podrían haber sido responsables integrantes de los grupos que encabezaron la revuelta.

VERDAD A SECAS

Establecer una auténtica Comisión de la Verdad, o una efectiva Fiscalía Investigadora de los Crímenes del Pasado, necesariamente habría de implicar la revisión de todos los crímenes. Porque contrario a lo que se piensa, el conflicto de 2006 estuvo lejos de ser una simple batalla entre “el pueblo bueno” y “el gobierno malo”. Lejos de la polarización de ideas y percepciones, queda claro que en medio del conflicto entre representantes de dos intereses distintos, se quedó una sociedad que, al final, fue víctima de todas las afectaciones jurídicas y quebrantos económicos.

Hoy, cuando el anterior régimen de partido hegemónico cayó en Oaxaca, podría ser una especie de iniciativa “políticamente correcta”, pero muy poco seria, la del supuesto seguimiento a los crímenes del pasado, que en realidad a lo que pudiera dedicarse fuera sólo a investigar a ex funcionarios, integrar averiguaciones por los delitos que sólo ellos cometieron, y perseguirlos hasta el final para que paguen por sus crímenes, pero sin tocar los hechos posiblemente constitutivos de delitos, que sin duda también se cometieron desde ciertos sectores del movimiento magisterial y popular.

Ver esta cuestión modo distinto, significaría necesariamente parcializar la visión, y justificar que, en aras de un movimiento popular y de un supuesto ánimo democrático, se cometieron actos violentos por parte del “pueblo”, que pudieran ser convalidables en aras de la búsqueda de un supuesto “interés de la mayoría”.

Y no. No se trata de justificar a quienes entonces actuaron desde el poder. Pero se trata de continuar polarizando aquellos episodios tan cargados de matices y aristas distintas, para únicamente verlo desde la visión monocromática de los buenos y los malos, que a lo único que lleva es a justamente continuar escondiendo la verdad, y seguir privilegiando las visiones parciales que buscan venganza a partir del disfraz de la justicia.

Ir tras la verdad significaría hacer un ejercicio realmente serio, y legitimado, de revisión y recapitulación respecto a lo ocurrido, incluyendo los ilícitos y los excesos cometidos por unos y por otros. El problema es que varios de esos grupos participantes hoy son parte del gobierno, o al menos figuran como aliados de éste. ¿Y la administración estatal estará dispuesta a también sentar a sus aliados en el banquillo de los acusados, y sostener lo que haya que sostener (investigaciones judiciales, señalamientos, etcétera) para verdaderamente llegar a la justicia que se anhela?

PANORAMA TURBIO

Queda claro que eso último es lo que enturbia las posibilidades de conocer la verdad. Y ojalá que si desde la sociedad civil se emprende esa misión, el objetivo fuera privilegiar las indagaciones objetivas, y no crear figuras loables sólo para santificar a algunos, y satanizar a sus contrarios.

+ Elegir entre competitividad, y caprichos de grupos

No ha pasado mucho tiempo desde que el nuevo Delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI se apersonó en Oaxaca, cuando ya comienza a quedar claro que éste no tiene trazada una ruta precisa sobre si sólo hacer “operación cicatriz” entre los grupos confrontados, o si emprender una verdadera labor de reorientación del priismo hacia las posibilidades de triunfo.

En efecto, aunque el delegado del CEN priista, Arturo Osornio Sánchez, dijo traer una línea precisa de establecimiento del orden y las reglas del juego entre todos los priistas, hoy las decisiones del mismo PRI nacional parecen comenzar a ser no sólo contradictorias, sino también peligrosas: la dirigencia nacional que encabeza el ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, ha pretendido establecer un doble juego entre los grupos que se dicen representantes legítimos del priismo oaxaqueño.

Veamos si no. Por un lado, el dirigente Moreira Valdés ha respaldado a su homólogo en Oaxaca, el diputado federal Eviel Pérez Magaña, pero sólo de lejos. La mejor prueba de ello, es que el CEN nunca ha objetado a Pérez (en el intento de mantener una especie de “equilibrio” con el ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz), pero tampoco ha venido a Oaxaca a hacer una constatación precisa de su respaldo, y a dejar en claro que la dirigencia estatal es la única representación priista reconocida.

Del mismo modo, hoy el doble juego se ve claramente respecto a la disidencia priista. Porque aún cuando el CEN ha negado cualquier tipo de encuentro, y arreglo, con el llamado Frente Renovador, y con otros grupos disidentes de la dirigencia priista (presuntamente financiados desde dependencias del Gobierno del Estado), lo cierto es que la dirigencia nacional del priismo sí ha tenido tratos con ellos. La mejor prueba se encuentra en el hecho de que varios de los priistas disidentes sí siguieron apareciendo en la lista de consejeros nacionales, e incluso participaron en la sesión de Consejo Político ocurrida hace unos días.

Un arreglo, en esas circunstancias, no parece posible. Porque de entrada, lo que sí parece es que la dirigencia nacional no termina de tener clara cuál debe ser la ruta que necesita seguir para componer al priismo. Fue una señal aparentemente positiva, la enviada al priismo oaxaqueño recién ocurrido el arribo del nuevo Delegado Nacional, en el sentido de que el CEN elegiría a sus abanderados en base no a criterios de grupo o de ascendencias, sino que sería a través de mediciones más objetivas, que buscaría localizar a los militantes competitivos para luego hacerlos candidatos.

No obstante, la ruta que está siguiendo en los hechos es exactamente la contraria. Porque independientemente de sus dichos, lo primero que hizo Arturo Osornio Sánchez fue ir a “reconocerse” con ambas dirigencias. Y ocupamos entrecomilladamente el término “reconocerse”, porque hoy más que nunca es por completo subjetiva, y hasta engañosa, la posibilidad de que cualquiera de las dos dirigencias (la de Eviel Pérez Magaña, y la de Javier Mendoza Aroche) pueda ser una verdadera representante del priismo oaxaqueño. Y por eso, aún cuando se dijo que se tomarían en cuenta los aspectos objetivos, lo cierto es que el CEN, a través de su delegado, lo que hizo en los hechos fue, de nuevo, reconocer a las ascendencias políticas, y no los elementos objetivos, como factor determinante de su trabajo de recomposición partidista.

JUGAR CON FUEGO

Quién sabe si de verdad el priismo nacional está completamente seguro de que puede ganar la Presidencia de la República sólo con los votos y las simpatías que pueda atraer su candidato presidencial, Enrique Peña Nieto. Sólo así podría aventurarse a seguir cumpliendo caprichos, o experimentando, en zonas donde un priismo bien manejado podría dar excelentes resultados, pero que, al contrario, dominado por un mal manejo, podría ser desastroso para su proyecto político. Una de esas zonas es Oaxaca.

En ese sentido, si el priismo nacional decide dejar de lado las mediciones objetivas para garantizar la competitividad, y se pone a satisfacer caprichos de uno u otro grupo, entonces el resultado será funesto. El primer problema, es que ninguna de las dos dirigencias garantiza un verdadero trabajo y aceptación política entre la militancia. Es decir, ninguno de los dos grupos tiene hoy una verdadera ascendencia o liderazgo sobre el priismo.

El manejo del PRI “legal” —el de Pérez Magaña— en los últimos meses, da cuenta de cuán rápido se puede echar a perder una estructura electoral, cuando no existe idea clara del trabajo, ni se tiene simpatía y buen manejo de la militancia. Empero, en esas mismas circunstancias se encuentra la dirigencia “legítima” del PRI. Ellos pueden jactarse de su disidencia, pero no de un liderazgo real entre la militancia y los potenciales votantes a favor del priismo.

Aún peor, resulta la posibilidad de que el PRI de Pérez Magaña caiga en la disfuncionalidad total (no le falta mucho para eso); pero es tanto o más peligrosa, la posibilidad de que el priismo termine de ser colonizado por emisarios del gobierno estatal (sus adversarios), y éstos ingresen a sus filas para fungir como Caballo de Troya en sus estructuras electorales.

Todo eso es posible que ocurra, si no se corrige el rumbo. Y el riesgo, para todos, no sólo radica en que el PRI no pueda emprender el vuelo de regreso hacia los grandes márgenes de votación, sino sobre todo que la inoperancia coronada del priismo (premiando de forma aplastante a uno de los grupos, o buscando una “unidad” consensada que, en realidad, deje descontentos a todos) habrá de significar más espacios y votos para sus opositores.

Por eso, si el CEN priista no corrige de inmediato el rumbo, si continúa cumpliendo caprichos en aras de una “unidad” ficticia, y si no establece claramente las prioridades de su trabajo de recomposición, entonces aquí volverá a repetirse la dosis de derrota abrumadora, del proceso electoral de julio del año pasado. Y con algo así, sin duda, terminarían perdiendo todos, e incluso poniendo en riesgo el proyecto de su candidato presidencial.

¿PELEA LIMPIA?

Todo esto deja un solo augurio: que la guerra por las candidaturas al Senado y a la Cámara de Diputados serán, si no es que ya son, feroces. ¿Veremos destellos de unidad y de civilidad? Si antes, con Jefe Político, éstas no se ven, ahora menos. ¿Apuestan?

+ ¿Por qué autoridad simula que “pone orden”?

Aunque es la tercera vez en alrededor de dos años, que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado catea, “limpia” y “desmantela” las organizaciones internas en centros penitenciarios estatales, ahí la existencia de vicios, contubernios y corrupción siguen siendo la moneda de cambio. Por eso, lejos de celebrar los resultados del cateo realizado la madrugada del pasado lunes al Cereso de Ixcotel, debemos preguntarnos por qué la autoridad tardó tanto en, nuevamente, en “descubrir” y desmantelar la viciada “mesa directiva” que ahí existía.

Queda claro que la SSPE no descubrió el hilo negro. De hecho, durante la anterior administración, en el mes de noviembre de 2008, se realizó un cateo a ese mismo centro penitenciario, luego de alrededor de una década en la que no incursionaba la fuerza pública a corroborar el cumplimiento de las reglas mínimas de orden y legalidad. El resultado de dicho cateo fue exactamente el mismo que el del lunes pasado. Ese fue un primer llamado de alerta, que aparentemente fue atendido —aunque hoy corroboramos lo contrario.

Luego, ya estando Marco Tulio López Escamilla al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, en enero de este año, ocurrió un motín en el centro penitenciario regional de San Juan Bautista, Tuxtepec, en el que uno de los hallazgos hechos por la autoridad, una vez que tuvo el control del penal, fue la existencia de otra organización de autogobierno entre los internos.

Entonces se supo, como también ocurrió el año previo en Ixcotel, que la “mesa directiva” de internos, era la que controlaba la gran mayoría del “comercio común” que ocurría entre los internos y el exterior (a través de ello, podían comprar todo tipo de productos y enseres de uso diario, que eran auténticamente “traficados” al interior del penal).

También, en ambos casos, se tuvo conocimiento de que esa organización interna era la que controlaba una larguísima lista de actividades ilícitas, tales como la prostitución, la introducción y venta de drogas, e incluso la “comercialización” de armas de fuego y punzocortantes.

Algo similar ocurría con la venta de protección y de espacios físicos a los internos, dentro del centro penitenciario. Y en ambos casos, se sabía con toda precisión que, o la autoridad penitenciaria (directivos, celadores y demás) habían sido rebasados por la corrupción de esos grupos, o simplemente eran cómplices de ellos, y por tanto integrantes “de facto” de las mesas directivas.

Sobre el tema, ya nos habíamos referido ampliamente en otros momentos. Por ejemplo, en nuestra entrega del 7 de enero pasado dijimos, a propósito del motín en el penal de Tuxtepec, que “en las cárceles estatales, existen una serie de vicios, desde hace tiempo, respecto a los cuales las diversas autoridades encargadas de la seguridad pública se han negado a ver o atender, e incluso existe la posibilidad de que se hayan convertido en sus cómplices. En centros de reclusión como el de Santa María Ixcotel, y también en el de San Juan Bautista Tuxtepec, existen organizaciones internas de reos que son quienes han ejercido el autogobierno dentro de las instalaciones, solapados por las autoridades penitenciarias. Todos los vicios que esto conlleva, aún con los amotinamientos, con los cateos e incluso con las posibles “soluciones” que dizque le han dado las autoridades penitenciarias, ha sobrevivido e incluso, con decisiones como las del secretario López Escamilla, se han fortalecido…”

Y es que desde un año antes, también en enero pero del año 2009, apuntamos en este espacio que la existencia de “mesas directivas”, u órganos de autogobierno dentro de los centros penitenciarios, eran un vicio difícil de corregir, comenzando justamente porque la autoridad se negaba sistemáticamente a reconocer y atender de fondo estas cuestiones. Y por eso, tanto en el primer cateo al Penal de Ixcotel, como el ocurrido en la región de la Cuenca, advertimos sobre los riesgos de hacer operativos de maquillaje, que no atacaran de fondo la corrupción existente entre internos y autoridades penitenciarias.

FÓRMULA REPETIDA

Hoy, la SSPE debe reconsiderar, con toda seriedad, si la solución que aplicó al penal de Ixcotel es no sólo la correcta, sino si es también suficiente para acabar con el autogobierno, con las complicidades y con la corrupción que impera en ese reclusorio.

A la luz de los hechos, el remedio aplicado a éste último cateo, es exactamente el mismo que se instrumentó en las dos ocasiones anteriores. Y queda claro que tanto el cateo de noviembre de 2008 ahí mismo a Ixcotel, como el motín y “saneamiento” del reclusorio de Tuxtepec, un año después, sólo consiguieron reconfigurar el orden interno y las jerarquías entre reclusos, pero no terminar con los vicios existentes.

Veamos si no. Producto del cateo al penal de Ixcotel, realizado en noviembre de 2008, se incautaron armas de fuego, navajas, drogas, teléfonos celulares, y electrodomésticos, entre muchos otros enseres, y se ordenó el traslado a penales federales de 23 reos considerados como de alta peligrosidad. Entre ellos, se trasladó a quien era líder de la “mesa directiva”, de nombre José Armando Pressuel Mex. Y con ello se consideró que esa organización de autogobierno había quedado desmantelada.

Luego, en enero de este año, los presos lograron amotinarse gracias a la existencia de otra mesa directiva dentro de su reclusorio. Y en ese caso, lejos de que la autoridad se preocupara por resolver integralmente el problema que se presentaba, decidió entregar a los reclusos la renuncia de quien fungía como director del reclusorio, el mayor Manuel José Láscares Lustre.

Hoy, nuevamente aplican a Ixcotel la misma receta que en el pasado, para dizque desaparecer a la “Mesa Directiva”. Ya catearon, ya incautaron bienes y artefactos prohibidos, e incluso ya cesaron al director en funciones. Pero, ¿eso garantizará que, ahora sí, se acabará la corrupción? Y no, no es pesimismo. Pero tal parece que con esas soluciones, sólo le siguen dando vueltas al asunto, pero sin querer, o poder, darle aún un remedio de fondo.

EL BIEN, SILENCIOSO

El rescate del convento de San Pablo, realizado por la Fundación Alfredo Harp Helú, es una obra sin precedentes, que debiera ser valorada y conocida por todos los oaxaqueños. Ahí se encuentra un pedazo más, tan visible y tan oculto, de nuestra historia. Qué bien que, aunque en silencio, sigan pasando cosas buenas en nuestra ciudad.

+ Lucha electoral venció a lucha democrática

Ayer, un grupo de personajes de la vida política e intelectual del país, publicaron un desplegado en el que manifiestan su disposición para formar una coalición de gobierno, basada en reglas claras y un programa específico que, desde sus respectivas responsabilidades, sería compartido por todos los firmantes del acuerdo. ¿Por qué esta propuesta se parece más a una especie de “llamado desesperado”, que a un posible “paso natural” que estuviera dando nuestra democracia?

El contenido del llamado hecho ayer, mediante una publicación en los principales diarios de la capital del país, parece concordante con la realidad nacional. En él, aseguran tener el objetivo común de “consolidar la democracia constitucional en México para dar respuestas a las exigencias de justicia, equidad, desarrollo y seguridad”, y sostienen que “en una democracia las ideas políticas nos hacen diferentes pero no nos hacen enemigos (…) Hemos construido el pluralismo democrático en el Congreso pero no en el gobierno. Debemos dar los pasos que faltan para superar esta contradicción y consolidar nuestra democracia constitucional. El ejercicio del poder en la pluralidad implica la cooperación de las fuerzas políticas.”

De ahí que sostengan el deseo de contar con “un sistema político que haga compatibles las diferencias propias de una democracia y las conductas cooperativas propias de una república. El programa de gobierno debe contar con apoyo mayoritario de los representantes de la Nación. Si ningún partido dispone de mayoría en la presidencia y en el Congreso, se requiere una coalición de gobierno basada en un acuerdo programático explícito, responsable y controlable, cuya ejecución sea compartida por quienes lo suscriban.” ¿Será esto posible en una democracia como la nuestra?

De entrada, queda clara la necesidad imperiosa que tiene el Estado mexicano de llegar a un estado distinto al de la inmovilidad que ahora prevalece. En los últimos 11 años, México ha transitado exitosamente por el camino de la alternancia y la pluralidad política, pero ha tenido pésimos resultados en la construcción de acuerdos y de decisiones consensadas.

La mejor prueba se encuentra en el hecho de que, hoy, todos los personajes, grupos, facciones y partidos políticos, tienen plena posibilidad de luchar por el poder, y desde el poder; pero que el resultado de esa lucha permanente, no necesariamente significa un mejor gobierno para los ciudadanos, y tampoco un mejor panorama para quienes ejercen el poder, y quienes se aparecen como representantes de las fuerzas de oposición.

Por eso, e independientemente de ese llamado, es evidente que más allá de los pragmatismos, lo que la clase política mexicana necesita es explorar nuevas formas de ejercer el poder, pero que éstas sean distintas a la suerte de canibalismo e inmovilismo que hasta ahora ha resultado. Aunque hasta hoy el resultado no es del todo malo, es evidente que éste sí tiene muchos puntos cuestionables que deben ser enmendados en el futuro cercano, si es que los gobiernos siguientes pretenden garantizar la estabilidad y el futuro a sus ciudadanos.

¿DEMOCRACIA VS DEMOCRACIA?

En ese sentido, pareciera que la lucha electoral le va ganando, por amplia ventaja, a la lucha democrática. ¿De qué hablamos? De que hoy la competencia por el poder es más intensa y permanente que nunca, pero que eso no ha redundado en mejores condiciones, ni en la construcción de acuerdos efectivos, a favor del país. Y eso, aquí y en China, es altamente preocupante.

De ese punto parece partir la disposición manifiesta de esos personajes de la vida pública del país, por estimular la construcción ya no sólo de acuerdos, sino de un programa conjunto, que contenga la posibilidad de abordar algunos de los temas más importantes para el país, pero que en esa posibilidad de discusión se encuentre también la probabilidad de aprobación y ejecución.

Y es que aunque ya es un lugar común aquello de la “falta de consensos”, de la “parálisis que vive el país”, lo cierto es que las condiciones adversas que hoy prevalecen no son culpa sólo del PAN, sólo del PRI o sólo de las fuerzas de izquierda. El gran problema de nuestra democracia, es que la lucha electoral ha cegado recurrentemente a los actores y fuerzas que también debían velar por el bienestar de la democracia y la gobernabilidad, pero que en aras de la lucha electoral, dejan de lado toda posibilidad de alcanzar acuerdos a favor del país, y no sólo de sus intereses o conveniencias particulares.

Por eso, independientemente de que sea a través de un gobierno de coalición, o del establecimiento de intereses, temas y programas comunes para ser consolidados independientemente de que un partido o grupo gane la mayoría en el Congreso y al mismo tiempo la Presidencia de la República, lo que en México necesitan ser exploradas son alternativas a esa falta de acuerdos que hoy ahoga las decisiones más importantes que aún no se han tomado.

Queda claro que el país, y las fuerzas políticas, no pueden seguir teniendo el rumbo que actualmente llevan. Es claro que más allá de las posiciones partidistas, lo que se debe solucionar es la falta de acuerdos y de compromisos claros por parte de las fuerzas políticas. En el mejor de los casos, debiera haber un gran consenso sobre ciertos temas, para ser impulsados independientemente de los vaivenes políticos del momento, o del hecho de que todo se siga determinando en función de quién gana y de quién pierde el poder.

Los ciudadanos debemos saber para qué quiere nuestro voto, cada partido o candidato que se presente en 2012. Todos debemos exigirles, a cada uno de ellos, compromiso democrático, programas firmes, y una actividad de verdad verificable. Del mismo modo, debíamos desterrar el “cheque en blanco” que hoy le damos, en cada elección, a nuestra clase política. El poder público ya no debe seguir estando tan lejos del bien común. Por eso es importante explorar todas las figuras posibles, con tal de que algo pueda significar un compromiso más firme, de la clase política y la sociedad, a favor del país.

LA “MESA” DE IXCOTEL

Qué descubrimiento el hecho por el Gobierno del Estado, de la existencia de la llamada “mesa directiva” en el reclusorio de Ixcotel. Esa “organización interna” del Penal, es viejísima. Sólo que las actuales autoridades no la habían querido reconocer, y menos desmantelar. ¿Lo habrán hecho con el cateo de ayer? Abundaremos.

+ PAN-PRD: alianza para más que ejercer poder

Hay una corriente política compartida por ciertos sectores “moderados” tanto del Partido Acción Nacional, como del Partido de la Revolución Democrática, que no dejan de insistir en la posibilidad de trabar una alianza para la elección presidencial del próximo año. Sostienen que podrían construir un programa conjunto de trabajo, y que innovarían emprendiendo un “gobierno de coalición”. Y ven como ejemplo de ello, a Oaxaca. ¿Habrá razones válidas para tomar a nuestro gobierno como punto de referencia… de algo que en México nadie ha podido concretar?

En efecto, algunos de los sectores menos duros tanto de Acción Nacional, como del PRD, barajan entre sus posibilidades comunes para los comicios presidenciales del próximo año, la de hacer una alianza para impulsar a un posible candidato, que pudieran encontrarse en una especie de “punto medio” entre las causas panistas y perredistas —que, de entrada, parecen irreconciliables—, y que incluso pudiera estimular un acercamiento entre esas posturas y visiones radicalmente opuestas sobre cómo debiera gobernarse el país.

En un primer momento, pareciera que el escenario nacional está dominado por dos corrientes entre los partidos que ahora comentamos: por un lado, el envión panista del presidente Felipe Calderón Hinojosa, que pretende imponer como abanderado presidencial a su ex secretario de Hacienda, Ernesto Corderro Arroyo, por encima de cualquier otro aspirante panista, y sin ceder espacios de poder a nadie dentro o fuera del PAN.

Por el otro lado, se encuentra el grupo perredista (ahora colonizando al Partido del Trabajo, y al recién renombrado Movimiento Ciudadano, antes Partido Convergencia) que respalda al ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, y que, del mismo modo, buscará todas las vías para imponerse en la candidatura presidencial del tabasqueño, evitando tanto las cesiones importantes de poder dentro de su partido, y atajando cualquier posibilidad de poner en riesgo ciertos principios ideológicos, e intereses políticos, que los han identificado como una corriente de izquierda marcada por la congruencia.

No obstante lo anterior, queda claro que en medio de esas corrientes quedan otras menos radicales, que defienden la posibilidad de una candidatura compartida entre las fuerzas distintas al PRI, que buscarían construir una alianza justamente para impedir el avance del tricolor, en la ruta del retorno al poder presidencial.

Esas corrientes ven en el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, al personaje que al mismo tiempo ha estimulado a las corrientes de izquierda no radicales para acercarse a él, pero que también ha buscado la menor confrontación con los sectores de derecha que también existen en la capital del país.

En ese sentido, Ebrard, el izquierdista moderado, no se aparece como un peligro para los intereses de los grupos sociales, económicos e incluso políticos identificados con la derecha panista. Y del mismo modo, Ebrard, el personaje de la izquierda moderada, también ha buscado presentarse como un individuo que buscará mantener a salvo el terreno concreto que la izquierda ha ganado en el país para incrementarlo, pero que sí podría estar en riesgo ante un gobierno radicalizado para cualquiera de los extremos políticos.

Y los defensores de planteamientos como esos, sostienen que un programa de gobierno ideal para el país sería el del gobierno de coalición. E, insistimos, ven a Oaxaca como uno de sus fundamentos.

¿Habrá razón para ello?

¿GOBIERNO DE COALICIÓN?

En Oaxaca hay gobierno conjunto entre varios partidos, pero no gobierno de coalición. La razón es evidente: aquí, el Poder Ejecutivo se encuentra dividido auténticamente en cuotas, que son ocupadas por representantes de los distintos partidos políticos que respaldaron la candidatura del gobernador Gabino Cué Monteagudo.

Y el Poder Legislativo trabó, aparentemente, una Coalición Legislativa que, sin embargo, no tiene ni fines, ni objetivos, ni un programa concreto; y que, suponiendo que el catálogo de buenas intenciones que presentaron al principio de su gestión contara con esos elementos, de todos modos ninguna de ellas se ha concretado en trabajo y avances conjuntos, más allá de la atención a los intereses que les son comunes.

¿Qué ha dado como resultado todo eso? Que, por un lado, el gobierno estatal actúe recurrentemente en sentidos y finalidades distintas. Y, segundo, que la ausencia de objetivos comunes y obligatorios para todos los integrantes del gabinete de gobierno, haga que éstos busquen permanentemente la satisfacción de sus intereses particulares o de grupo, pero sin atender a la supuesta razón preponderante de buscar la satisfacción del interés general.

Lo mismo ocurre con el Legislativo. El programa conjunto de actividades que programaron, ha tenido un cumplimiento parcial y selectivo. Esto, debido a la misma razón. Los partidos signaron su supuesto programa conjunto, sólo como una mera declaración verbal no obligatoria ni susceptible de ser exigida por nadie. Fue, más bien, un conjunto de promesas respecto a tareas específicas —que, la mayoría, no se han cumplido—, pero no el programa que un gobierno de coalición habría necesitado para denominarse como tal.

Por eso, Oaxaca está lejos de ser un referente nacional, tanto para quienes pretenden constituir gobiernos de alternancia, como para quienes buscan “experiencias exitosas” de gobiernos de coalición. Aunque aún es pronto para iniciar los procesos evaluatorios, queda claro que la visión del gobierno de coalición aquí únicamente fue entendida como el mero reparto de espacios, que no tiene posibilidad de ser exigido ni reprochado por la ciudadanía o por las mismas fuerzas que participaron en ellas.

Ojalá aquí pudiera construirse, primero, una mejor concepción del gobierno de coalición. Y, sobre todo, llevarse a los hechos. Creer, sin embargo, que éste puede ser un referente para el país, significaría tanto como condenar al país a una mayor parálisis, y vicios, de los que ya tiene.

ZORRILLA, EL INESTABLE

El secretario de Turismo y Economía, José Zorrilla, no se entiende ni él mismo. De nueva cuenta ya cambió a su secretario particular (ahora presentó, dicen, a una chica muy bien parecida, de nombre Tania), y al enésimo particular que corrió (Ricardo Escobar) lo mandó, de consolación, a la Secretaría Técnica. Esos son sólo dos, de varios cambios. ¿Y los resultados? Todos se siguen preguntando…

+ Construir acuerdos: demostración de lo imposible

Para mis amigos Odette y Paul: Dios

bendiga su amor y su nuevo hogar.

Pareciera que a nadie le preocupa que en México, el Congreso sea incapaz de generar los acuerdos necesarios para elegir a los tres Consejeros del Instituto Federal Electoral que faltan. Pareciera que a nadie le preocupa, porque existen otros temas más apremiantes en qué ocuparse. Aunque la inmediatez puede distraer a muchos, lo cierto es que eso no debía alejarnos de los temas importantes. Y es que lo que está en juego no sólo es el IFE o los consejeros, sino el futuro y la estabilidad misma de nuestra democracia.

Las bancadas que integran la Cámara de Diputados federal, llevan cuando menos once meses sin poder generar el acuerdo necesario para nombrar a los consejeros del IFE. Esto, visto desde la sola óptica del quehacer de los integrantes del Consejo General del órgano electoral federal, puede ser poco relevante. Es decir, se puede decir que aún con esos faltantes, el Consejo funciona plenamente y tiene capacidad para tomar decisiones y hacerlas valer.

El problema inmediato, sin embargo, radica en la falta de fuerza que impera hoy en ese organismo, al tener incompleta su integración, y al encontrarse bajo el esquema de la vulnerabilidad continuada frente a quienes se sienten dueños de la democracia en México.

¿De qué hablamos? De que hoy, los diputados y senadores, pretenden no ceder ni un ápice en los instrumentos constitucionales y legales que regulan la democracia, porque ellos pretenden tener el control de todo. Y no parece importar que, para conseguir sus fines, tengan que pasar por encima del IFE o de cualquier otro organismo, que se encuentre justamente encaminado a regular la vida de esos actores e instituciones (los partidos políticos) que monopolizan la democracia.

Frente a esto, el problema se vuelve mayor. Ya no sólo radica en si el IFE tiene o no completos a sus integrantes, o si éste puede funcionar bien o no (sobre eso no hay duda). Más bien, lo que debería preocupar es el hecho mismo de que hoy los partidos están demostrando que, primero, no tienen la capacidad y la madurez democrática suficiente para construir los consensos necesarios respecto a decisiones que son su competencia y obligación; y, segundo, que tampoco parece importarles demasiado abonar a esa madurez, y mucho menos cumplir, como en este caso, con un mandamiento constitucional que dice que los consejeros del IFE debieron ser electos desde el mes de noviembre del año pasado.

Esto, a la luz de los hechos, es un acto de profundo desprecio a la vida democrática del país, y a las instituciones que contribuyeron a su fortalecimiento. Hoy el IFE es blanco —en algunos casos por su misma falta de liderazgo y visión política, y por la presunta corrupción, a la que tampoco es ajeno— de todo tipo de cuestionamientos que intentan minar su legitimidad como órgano garante de la democracia, y que, en el último de los casos, quisieran verlo nuevamente reformado, nuevamente acotado, o de plano, desaparecido del mapa político de este país.

¿Quiénes quieren eso? Quizá lo pretendan los mismos partidos políticos que, según parece, no aceptan ningún tipo de regulación ni de fiscalización, y que también se han resistido a fortalecer los mecanismos para que el electorado tenga mayor capacidad de control y evaluación de sus gobernantes y representantes populares, a través del voto.

En la medida que ellos han comenzado a cerrar la puerta, y a endurecer sus posiciones, es como el país corre mayores riesgos. Hoy nadie garantiza que la democracia pueda ejercerse plenamente en esas condiciones. Y el problema es que esas fuerzas, ni siquiera son capaces de hacer una especie de “intercambio” con los electores: es decir, quitarles capacidad de decisión, a cambio de darles certidumbre y acuerdos para tomar decisiones firmes. No hacen ni lo uno ni lo otro. Y en esas condiciones, la democracia mexicana corre muchísimos riesgos.

ADVERTENCIAS

A través de su cuenta de Twitter, el constitucionalista, ex procurador General de la República, y ex ministro de la Suprema Corte, Diego Valadés, hacía ayer advertencias elocuentes. Señalaba en las redes sociales lo siguiente: “El presidente del IFE tiene razón al exhortar a los diputados para que designen los 3 consejeros que faltan. / La falta de acuerdos para integrar el IFE es un error de los partidos que pagaremos los ciudadanos.

“Llevó décadas construir las instituciones electorales pero las pueden demoler en cuestión de meses / No puede haber democracia sin partidos; lo malo es que sí pueda haber partidos sin democracia / Si los partidos no se ponen de acuerdo en la designación de consejeros del IFE, habrá que pensar en otros procedimientos para nombrarlos / En la Cámara de Diputados nos niegan el derecho a evaluar a nuestros representantes. Quieren secuestrar la democracia.

“Reelegir a los representantes es un derecho de los representados. Quienes nos lo niegan son los que nos creen incompetentes para decidir / Es sorprendente que un partido que quiere nuestro voto diga que somos incapaces de votar / El proceso electoral empieza mal; ojalá que termine bien.

Es incomprensible que el PRI no haya sabido llegar a un acuerdo para designar a 3 consejeros del IFE / Ahora se entiende que los diputados del PRI se opongan al gobierno de coalición: no saben llegar a acuerdos. Quienes insisten en producir una gran escisión política nacional, pueden salirse con la suya / En el IFE debe haber árbitros imparciales, no jugadores comprometidos / Cuidado con la tesis política de los “carros” completos. Hay quienes quieren ganar todo y decir hasta luego al pluralismo.”

¿PARTIDOS VS DEMOCRACIA?

Ese debía ser un cuestionamiento más profundo por parte de la sociedad mexicana en contra de los partidos políticos. ¿Qué éstos exigen democracia, pero sólo “en la casa de su compadre” y no en la propia? Los mexicanos debíamos estar más pendientes de estas contradicciones, entre quienes dicen promover el acceso de la ciudadanía al poder, pero que terminan cerrando todas las puertas posibles para impedir cualquier tipo de modificación a su statu quo. Eso es francamente inaceptable, casi tanto como lo es que hoy el proceso electoral haya arrancado con un IFE incompleto, ninguneado y atacado por sus regulados, que ahora ya se están convirtiendo en sus verdugos silenciosos.

+ Todos serán medidos “con la misma vara”

La suerte está echada para los priistas oaxaqueños. El arribo del nuevo delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Arturo Osornio Sánchez, significa la toma de control tanto del partido en la entidad, como de las decisiones que se deban tomar respecto al proceso electoral federal que hoy arranca formalmente. La operación que llevará a cabo, seguramente no gustará a los priistas locales. Porque queda claro que los emisarios del ex gobernador Enrique Peña Nieto, en todo el país, irán a medir cualidades y capacidades de triunfo, pero no a reconocer ascendencias, familias o feudos de ex gobernantes.

Osornio Sánchez fue recibido por el Comité Directivo Estatal del PRI, en los términos más institucionales posibles. Es decir, que la dirigencia que encabeza el diputado federal Eviel Pérez Magaña, cubrió todas las formalidades debidas, pero sin hacer grandes alardes ni expectativas por el nombramiento y llegada del Delegado del CEN, que durante meses han exigido todas las corrientes internas de ese partido.

La razón de ese recibimiento institucional —que podría parecer hasta frío y algo distante—, en realidad parece ser más bien estratégica. Esto porque, si una de las razones por las que la dirigencia estatal priista ha sido tan atacada y cuestionada en estos últimos meses, es justamente porque ésta ha sido incapaz de generar unidad a partir de compromisos. Y queda claro que la llegada de Osornio Sánchez, como delegado del CEN, significa la posibilidad de que, por fin, el priismo oaxaqueño tenga la posibilidad de iniciar el proceso de recomposición basado en el establecimiento de compromisos.

Ante este panorama, surgen dos preguntas en particular: primera: ¿por qué el Comité Estatal del PRI ha sido incapaz de comprometerse? Y, sobre todo, la segunda: ¿de verdad viene el Delegado del CEN a “pactar” y a partir el pastel de las posiciones y las candidaturas entre priistas institucionales y disidentes?

La respuesta a la primera pregunta es bastante lógica: el priismo oaxaqueño ha sido incapaz de comprometerse con su militancia y ciertos dirigentes políticos reales que hoy lo cuestionan, por el simple hecho de que ni su legitimidad ni su capacidad de decisión se encuentran hoy reconocidas por nadie en los altos círculos de ese partido. Es decir, que el dirigente Pérez Magaña no estableció compromisos (en el otorgamiento de posiciones y candidaturas, por ejemplo), porque sabe que nada obliga al CEN del PRI, o al equipo de trabajo del inminente candidato Peña Nieto, a reconocerlos y mucho menos a cumplirlos.

En ese sentido, el problema para el priismo local es que aquí se combinó la falta de capacidad de acuerdo, con una deficientísima operación política. Esto porque además de no poder decidir nada, el Comité encabezado por Pérez Magaña no tiene capacidad para demostrar su liderazgo, ni para sostener su presencia frente a los sectores representativos, e incluso ni siquiera para poder articular una estrategia institucional que le permitiera consolidarse como eje fundamental del priismo local.

Por eso, si de por sí no puede decidir, y además sus incapacidades generan que hoy ciertos sectores de la militancia no lo reconozcan, entonces lo único que le quedaba fue lo que finalmente hizo: administrar (literalmente) a la dirigencia estatal en el más bajo de los perfiles, aguantar los embates y cuestionamientos únicamente cobijados con el paraguas de la legalidad de su nombramiento, y esperar a que llegara el momento de que el CEN tomara las riendas del partido y la militancia, para deshacerse de los cuestionamientos que hoy lo ahogan, y para no ser ellos quienes paguen el costo político por las decisiones poco populares que puedan tomarse.

VAN POR LA MEDICIÓN

En el fondo, a casi nadie en Oaxaca le pareció la llegada del delegado Osornio Sánchez, porque éste viene a iniciar un proceso que, asimismo, no le gusta a todos los priistas que aspiran a algo: el Comité Nacional, a través de sus operadores políticos, irán a las entidades federativas no gobernadas por el PRI, no a reconocer a los herederos de viejos dirigentes o Jefes Políticos, ni a premiar a los que pretenden construir su liderazgo fuera de las normas, los tiempos o los medios por los que puede hacerse.

Y es que pareciera que, en Oaxaca, todos los que tienen cierta presencia en el priismo local, sin excepción, aspiran a algo. Todos se dicen ganadores en la preferencia del electorado, todos se dicen los más eficaces, los más conocidos e incluso los más “populares”. Cuando todo eso no les alcanza, entonces sacan a relucir su ascendencia política, la pertenencia a una familia de viejo cuño priista, e incluso la posición que momentáneamente pudieran tener dentro del partido.

Sin embargo, lo cierto es que la elección de los candidatos del PRI a diputados y senadores tendrá una lógica distinta: el CEN, sin premiar a nadie, pero tampoco sin consultar con nadie, medirá estadísticamente a todos los candidatos para determinar quién sí tiene la capacidad de ganar una elección, y quién debe esperar a otro momento en que tenga un mejor posicionamiento.

Eso último, es justamente lo que no le va a gustar a los priistas. No les gustará, porque en el fondo todos quieren ser beneficiarios del llamado “piñatazo”, pero no en base necesariamente a su capacidad y aceptación popular, sino justamente por todo lo contrario. Es decir, por pertenecer a un grupo (el del ex gobernador Ulises Ruiz), por su ascendencia política o familiar, o simplemente porque cree que con mucho dinero se puede reparar la imagen de desprestigio que tiene (la mayoría).

No obstante, la medición tendrá la lógica de depurar esa larga lista de aspirantes, y de nombrar a quien le garantice mejores comicios y mayores votos para el proyecto presidencial de Peña Nieto. Por eso veremos que más de uno de esos acelerados se queda en el camino, y que finalmente escogerán a quien puede ganar, sin importar de qué corriente venga ni a qué interés responda. Eso pasará. ¿Apuestan?

AVISO, ¿PARA QUIÉN?

Además de los destinatarios directos que en los últimos días han realizado actos de presión en contra del gobierno del Estado, ¿quiénes son los demás destinatarios de la dura advertencia lanzada por el gobernador Gabino Cué, en el sentido de que no gobernará por presión de nadie? ¿Deben escuchar tanto los de dentro de casa, como los que están afuera? Es obvio. ¿Pero quiénes y por qué lo dice ahora mismo el Mandatario? Abundaremos.

+ Que promesas sean más que buenas intenciones

El Gobierno del Estado hoy paga el costo, en relación al transporte público, de haber cerrado los ojos cuando aún tenía tiempo, y de haber decidido sostener el nido de corrupción denominado Coordinación de Transporte. En efecto, hoy a nadie le debiera sorprender que los transportistas —y grupos de lucha social— de nuevo estén haciendo presión para recibir concesiones, y tampoco que existan señalamientos fundados, en el sentido de que servidores públicos podrían estar traficando con permisos provisionales, e incluso concesiones, para “regularizar” al transporte pirata.

El problema es muy simple: la administración actual, desde el principio decidió ir contra los actos de corrupción de sus antecesores en el rubro del transporte público. Hicieron las investigaciones, integraron los expedientes respectivos, y finalmente presentaron denuncias penales en contra de los involucrados. Sin embargo, más allá del mero acto de inquisición y persecución entre regímenes de gobierno, fue siempre claro que lo que hizo —o aparentó, o simuló— esta administración fue tratar de construir un edificio moderno sobre unos cimientos podridos.

A lo largo de toda la administración pasada, y desde la previa a aquella, se sabía perfectamente que la oficina encargada de la regulación al transporte público, era un nido de corrupción. Al iniciar el gobierno de Ulises Ruiz, éste trató de darle una apariencia de revisión y saneamiento, al desaparecer la Secretaría del Transporte, y convertirla en una Coordinación que se encontrara bajo el control de la Secretaría General de Gobierno.

No obstante el cambio de denominación, la corrupción siguió siendo la misma. Hacer pública la presunta comisión de delitos de falsificación de documentos y firmas, así como los actos que demostraban el tráfico de concesiones, por parte de la entonces titular de Setran, Aurora López Acevedo, y varios de sus funcionarios, sirvió para legitimar la transformación de la dependencia a Coordinación de Transporte.

Sólo que, entonces como ahora, ésta se edificó sobre bases corruptas. El nuevo Titular (Gonzalo Ruiz Cerón) y sus funcionarios, de inmediato fueron señalados por continuar las prácticas indebidas. No obstante las acusaciones, el gobierno estatal calló por completo y decidió no iniciar investigación alguna al respecto, y mucho menos integrar expedientes judiciales a sus propios funcionarios. Tanto la reiteración de los señalamientos, como la existencia misma de irregularidades, fueron las bases para iniciar las acciones legales que sí emprendió la actual administración.

Sin embargo, Cotran —con el nuevo gobierno, ahora en manos del perredista Pedro Silva— siguió tal y como estaba, como cuando se operaba a plenitud la corrupción por la que justamente acusaron penalmente a Ruiz Cerón. Por eso, desde siempre fue previsible que sólo sería cuestión de tiempo que afloraran las acusaciones, las presiones y los visos de corrupción. La única posibilidad de que esto no sucediera, radicaba en la posible pulcritud y honestidad a toda prueba de los actuales funcionarios. Pero de acuerdo a los hechos, y a los antecedentes, queda claro que esto es mucho pedir para quienes llegaron a manejar esa área estratégica del gobierno estatal.

TODO SIGUE IGUAL

En junio pasado, mientras muchos festinaban el ajuste de cuentas que constituía la aprehensión de Gonzalo Ruiz Cerón, en este espacio advertíamos lo siguiente: “la detención de Ruiz Cerón es una formidable demostración de que este gobierno no tolerará la impunidad, y castigará a los corruptos. Independientemente de cualquier motivación política, esa señal podría ser plausible y reconocible… aunque sólo como un simple destello de eficacia o de buena intención, pero no como una muestra de querer arreglar de fondo el problema. ¿Por qué?

“Porque más allá del golpe contundente que significa la aprehensión de Gonzalo Ruiz Cerón (…) en realidad el gobierno estatal sigue teniendo en sus manos, y en total discrecionalidad, el tentador negocio de las concesiones y la regulación del transporte público, e incluso ahora en condiciones mucho menos claras que antes.

Así, si el gobierno estatal se ufana de haber detenido a Ruiz Cerón (…), también debía reconocer que en Cotran tienen una caja llena de tentaciones de corrupción que siguen vigentes, y que fácilmente podrían alcanzar a los mismos funcionarios de la administración actual.”

Y, frente a todo eso, nos preguntamos: “¿el Gobierno del Estado ha mostrado disposición para abrir al escrutinio público, y a una total transparencia y posibilidad de fiscalización, los procesos a través de los cuales se otorgan concesiones y se regula el transporte? ¿qué ha cambiado en el aspecto legal de entonces a ahora, como para corroborar que esos actos de corrupción por los que hoy un individuo se encuentra en prisión, y por los que se quebrantó el orden público al que pertenece el asunto del transporte público, no se van a volver a repetir?”

Quedó claro entonces, como ahora, que nada cambió. Y como nada ha sido modificado sustancialmente —más allá de las meras declaraciones de buenas intenciones— entonces los oaxaqueños, y el gobierno, tendremos que estar preparados para seguir padeciendo el vía crucis que significa todo lo relativo al transporte público, a las presiones de los chantajistas luchadores sociales, y a las posibles tentaciones de funcionarios que pretenden hacer de su paso por el gobierno estatal, el momento para asegurar un futuro que no consiguieron en base al trabajo.

Las meras soluciones policiacas, como la que ingenuamente propone el secretario de Seguridad Pública del Estado, Marco Tulio López Escamilla, serán siempre insuficientes y tortuosas. Ante cada acto de aplicación habrá protestas y caos, como el que hemos vivido en estos últimos días. Y, sin duda, no habrá ni policías ni operativos suficientes para poder acabar, sólo con acciones policiacas, un problema que tiene una motivación fundamentalmente política y de corrupción en la esfera administrativa (y que por tanto debe ser atacada principalmente en ese ámbito).

¿REMEDIO A LA VISTA?

Se necesita un remedio integral. Pero ojalá haya la visión, el talento y la capacidad suficientes como para lograr un reordenamiento efectivo, y la clarificación total de cada uno de los procesos que hoy desarrolla, en la opacidad y discrecionalidad, la Coordinación de Transporte de un gobierno que realmente ha cambiado muy, pero muy poco.