+ Abundan políticos sin propuesta ni control

En función de los resultados de los comicios del pasado 3 de julio, en el Estado de México, Coahuila y Nayarit, muchos creen éstos fueron una previsión de los resultados de la elección presidencial del año próximo, y otros más se aprestan a buscar la forma de enlistarse como candidatos a diputado federal o senadores. Queda claro, sin embargo, que tan equivocados están unos como los otros; y que, en realidad, más allá de su mero trabajo electoral, todos aquellos que aspiran a un cargo deberían explicar detalladamente a la ciudadanía para qué quieren hacerlo, y qué beneficio le reportarían al interés público con eso.

Vayamos por partes. En primer término, es un claro error considerar que la elección del Estado de México fue una perspectiva clara de lo que será la elección presidencial del año próximo. En este sentido, y a pesar del amplio margen con el que Erivel Ávila Villegas ganó la elección el pasado domingo, queda claro que esto ocurrió no por las bondades del candidato ni tampoco por la magia electoral de los alquimistas, sino más bien por el férreo control, y el trabajo político-electoral constante y continuo que el gobierno priista de aquella entidad, ha desarrollado en los últimos cinco años.

Todo esto, además, se combinó con dos factores fundamentales: primero, la resistencia de las fuerzas políticas de derecha e izquierdas a la posibilidad de entablar una alianza que fortaleciera los alcances políticos de la oposición mexiquense; y segundo, la debilidad propia de los respectivos candidatos a Gobernador por el Partido Acción Nacional y por las llamadas “fuerzas de izquierda”.

En ese sentido, hoy es improbable saber si hubieran ganado, de haber ido juntos en alianza. Sin embargo, lo que sí queda claro es que las insuficiencias propias tanto de Alejandro Encinas Rodríguez, como de Luis Felipe Bravo Mena, fueron lo suficientemente importantes como para impedirles que incrementaran sus respectivos márgenes de votación, y remontaran el escollo que significaba el hecho de que las fuerzas opositoras fueran separadas.

No obstante lo anterior, queda claro que México no es el Estado de México; que el PRI nacional no es el gobierno de Enrique Peña Nieto; que —nos guste o no— el gobierno federal no es la oposición endeble que existe en la entidad mexiquense; y que —del mismo modo, nos guste o no, lo aceptemos o no— tampoco el presidente Felipe Calderón es Bravo Mena, ni Andrés Manuel López Obrador es Alejandro Encinas.

A partir de ello, podemos comprender que la elección del Estado de México poco o nada tendrá que ver con la elección federal del año próximo. Dentro de sus factores internos, Peña Nieto ganó este proceso electoral con un amplísimo margen, debido a que tenía todos los hilos de poder en las manos, tenía un orden estricto en su esquema de trabajo, y había antes neutralizado cualquier disputa al interior de su partido.

No obstante, no existe certeza de que pueda lograr lo mismo con el priismo de todas las entidades federativas, y mucho menos podrá tener el control de todo lo que se haga, y de los posibles errores que se cometan (para tratar de evitarlos, de corregirlos, o de controlar de buen modo los daños).

Algo similar ocurre con sus opositores. Electoralmente hablando, el PRI tiene un control milimétrico en el Estado de México. Sin embargo, el gobierno nacional está en otras manos, y con ello también muchas de las posibilidades para replicar ese control preciso. Más bien, ha sido desde las trincheras gubernamentales —a través de programas sociales, recursos, personal y demás— que el PAN ha construido sus atípicas victorias electorales en los procesos decisivos.

Parece claro que, en ese sentido, poco o nada pudieron hacer en el Estado de México, porque ahí todo el control, avasallante, ya estaba en manos de un tricolor que nunca aflojó el paso. Aunque ello no significa que algo similar pueda ocurrir el próximo año.

SENADO, ¿PARA QUÉ?

Ahora bien, más de un priista en Oaxaca —y quizá así existen varios en todo el país—, que creen que por haber participado en la campaña electoral del Estado de México, y haberse subido a un carro de la victoria que estaba perfectamente fabricado mucho antes de ellos, ahora tienen derecho a convertirse en candidatos a diputados federales o senadores en los comicios de 2012.

Sin embargo, queda claro que mientras no muestren algo más que sus simples credenciales como operadores electorales, seguirán pareciendo unos simples oportunistas del poder, que ven sólo el cargo por el cargo, y por sus intereses, pero no como una verdadera oportunidad para servir y hacer algo por los ciudadanos que representan.

El asunto no es menor. Uno de los más graves problemas que tiene la democracia en nuestro país, es justamente que la gran mayoría de los políticos no tiene causas. Es decir, que buscan o acceden al poder, porque lo ven como una forma de satisfacer sus ambiciones, frivolidad, o ánimos de detentar el poder o de ser adulados; pero más allá de eso, desconocen o tienen poco interés en verdaderamente hacer algo positivo por las necesidades de la gente; por atender los problemas nacionales, o por defender alguna cuestión en particular que sea asimismo de interés público.

¿De qué nos sirve tener como diputados federales o senadores a “brillantes” operadores electorales, cuando estos son una pifia como representantes populares? ¿De qué nos sirve tenerlos, cuando su desempeño legislativo es pobre e intrascendente para el verdadero interés público? ¿De qué nos sirve tenerlos, cuando éstos están más dedicados a “hacer patria” denostando a sus adversarios, y yendo de elección en elección tratando de colgarse triunfos que, además, no les corresponden?

Todo esto debían responderlo con verdadera pulcritud todos aquellos que “ya se ven” como candidatos a senadores en Oaxaca. ¿Qué causa tienen, o qué ofrecen a los electores, más allá de la satisfacción de sus propias ambiciones de poder?

¿QUÉ BUSCAN?

Eso deben responderlo todos a quienes ya sueñan con el 2012, y particularmente los diputados federales del PRI por Oaxaca —más, aquellos imprudentes y acelerados que ya andan promoviendo a sus pares como posibles candidatos, y quienes ya andan en abierta campaña por conseguir la postulación. Para no quedar como oportunistas, que digan para qué quieren ser, y qué causas o proyectos de interés general defenderán como legisladores.

+ Replantear trabajo y política del Legislativo

Ahora que la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación ya confirmó la legalidad de la elección del Consejero Presidente, y los Consejeros Ciudadanos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC), es momento de que, ahora sí y con urgencia, tanto éstos como el Poder Legislativo de Oaxaca hagan un verdadero replanteamiento tanto de las formas políticas con las que toman decisiones, como de la eficacia que demuestran. Queda claro que aún con los visos de legalidad, nada bueno les traerá continuar con sendas rutas de trabajo y acuerdo, como las que han demostrado hasta ahora.

En el caso del IEEPC, de algún modo quedó claro que tanto el titular, Alberto Alonso Criollo, como los consejeros, comprendieron desde el primer momento que habían llegado al órgano electoral afectados por un cuestionamiento de origen. Posiblemente por eso, han tratado en todo momento de mantener el perfil más bajo posible en cuanto a sus actuaciones personales, aunque eso no ha sido coronado con algo que se pueda considerar como un trabajo verdaderamente eficiente en cuanto a la resolución de los conflictos postelectorales, que tanta inestabilidad le han traído a nuestra entidad.

Y es que en realidad, esa vicisitud de origen parece nada respecto a otros asuntos de los que sí son responsables, y que en modo alguno alcanzan justificación en otras cuestiones que no sean su propio y real desempeño, y los alcances y la fuerza que puedan tener sus determinaciones como órgano electoral. En los haberes del Instituto en estos últimos meses respecto a conflictos políticos entre comunidades derivados de asuntos postelectorales, se cuentan ya varios temas que han dejado no sólo una estela de inestabilidad, sino también personas muertas y heridas.

Esto porque, aun cuando es cierto que hechos como el de Santiago Choapam (una emboscada que dejó alrededor de una decena de muertos, ocurrida en mayo pasado en esa comunidad) en cuanto a su resultado no son sólo responsabilidad del IEEPC, sino también del gobierno estatal que no procuró las condiciones de seguridad necesarias —y tampoco ha hecho justicia—, lo cierto es que sí debe ser labor urgente del órgano electoral, por ejemplo, dar la viabilidad necesaria al sistema electoral por usos y costumbres, que se ve de por sí amenazado por la voracidad de los partidos políticos, y que recientemente ha sido duramente torpedeado por quienes, codiciosamente, desean que los pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca abandonen ese sistema y se adhieran al régimen de partidos políticos para elegir a sus autoridades.

Del mismo modo, si el cuestionamiento inicial lastimó de fondo al Instituto y sus integrantes, éstos debieron haber demostrado desde el primer momento la prestancia y eficacia necesaria para demostrar, en base a hechos, que tenían la capacidad y la experiencia suficiente como para enfrentar los retos que tenían enfrente.

Lamentablemente, hoy sus propios errores y deficiencias los han lastimado tanto o más que todo aquel cuestionamiento que inicialmente se les hizo por la legalidad de su elección. Eso debiera preocuparles más, ya que independientemente de cualquier argumento respecto a su legalidad, queda claro que en una democracia real, un órgano como el electoral basa su fuerza y autoridad precisamente en la legitimidad que ostentan. Y aunque la legitimidad inicial ya la demostraron con el fallo del Tribunal Electoral, lo cierto es que les falta, y mucho, por demostrar que tienen la capacidad para desempeñar la responsabilidad conferida, y con ello hacerse de la legitimidad que tanta falta les hace.

PODER DESLEGITIMADO

Pero además, queda claro que independientemente del sentido en que hubiera fallado el TEPJF, de todos modos el Congreso del Estado debía bajar de las alturas, y dedicarse a hacer un examen autocrítico de los embrollos en que mete a la ya de por sí incipiente y endeble democracia de Oaxaca. ¿Por qué?

Porque si sigue tomando decisiones del modo en que trató de integrar al IEEPC, y finalmente lo logró, queda claro que hará mucho, y servirá muy bien a sus intereses, pero no hará absolutamente nada a favor de la democracia.

Esto porque aun teniendo en las manos el fallo sobre la legalidad de la elección de Consejeros de ese Instituto, de todos modos queda como telón de fondo el auténtico desastre que, todos juntos, provocaron los diputados por aferrarse a satisfacer sus intereses (y los del Gobierno del Estado, de los partidos políticos representados, e incluso de los grupos de poder que controlan a las fracciones), antes que verdaderamente velar porque la democracia electoral de la entidad tuviera un verdadero árbitro, legitimado y fuerte, que por esas solas razones tuviera la capacidad para hacer valer firmemente sus determinaciones.

En este sentido, aún con la victoria en tribunales, quedará para la historia que tanto el gobierno como los partidos y las fracciones parlamentarias “del cambio”, eligieron a los Consejeros del IEE a través de un manotazo; que lo hicieron avasallando a sus competidores; que agentes del gobierno estatal estaban prestos en el Recinto Legislativo para entregar camionetas Toyota de lujo a los legisladores a cambio de su voto.

Y que finalmente todos los factores negativos (el entreguismo de unos, el abuso de los otros, y la apariencia de “democracia” que hicieron todos) se conjuntaron para dar como resultado una elección polémica y cuestionada, que en el fondo les significó una ganancia pírrica porque los grandes perdedores fueron el propio Instituto Estatal Electoral con los cuestionamientos, y la democracia ante la falta de un árbitro fuerte.

Sería deseable que, al menos en privado, los legisladores tuvieran este momento de autocrítica. Es poco o nada probable, porque para ellos la política y el acuerdo son sinónimo de cochupo y torcimiento de la ley, si es que con ello se logra un acuerdo o se satisface el interés del Jefe Político. Sin embargo, de seguir como van, seguramente pasarán a la historia pero no como la Legislatura reformista, sino como la que desmoronó lo que tanto hicieron por construir los ciudadanos con su voto.

POLÍTICA HUECA

Todos aquellos que ya se proclaman candidatos a senadores, lo hacen en base a un simple trabajo de estructuras electorales, en una elección que estaba previamente definida. Más allá de eso, ¿qué proyecto tienen o qué buscarían para Oaxaca desde la Cámara alta? Que expliquen. Abundaremos.

+ Federación y estados sólo rodean boquete financiero

Como si fuera una disposición nueva, o que verdaderamente resolviera tanto los problemas económicos tanto de la federación, como de las entidades federativas y de los particulares, hace dos días el presidente Felipe Calderón anunció el fin del pago del impuesto sobre tenencia y uso de vehículos, a partir del año 2012. Esta noticia, que sin duda es bienvenida por los contribuyentes, en realidad no equivale sino a otro más de los “reenvíos” que se hacen entre ámbitos de gobierno, de un problema mayor que en el fondo nadie se atreve a resolver.

¿Por qué decir que el anuncio presidencial sobre el fin del impuesto a la tenencia, es un acto claramente populista y demagógico? En primer término, porque la ley federal que soporta dicho impuesto está abrogada por el Congreso de la Unión desde el año 2007; aún con esto, su cobro continúa ocurriendo porque en uno de los artículos transitorios se establece que dicha abrogación se hará vigente a partir del 1 de enero de 2012.

Por esa razón inicial, el anuncio presidencial no es, en realidad, sino un mero recordatorio de una decisión que fue tomada hace cinco años no sólo por su gobierno, sino también por el Poder Legislativo. Incluso, cuando el año pasado diversas fracciones parlamentarias federales pretendieron impulsar un acuerdo para adelantar la abrogación de la Ley del Impuesto sobre la Tenencia y Uso de Vehículos, y poner fin al cobro de la contribución, fue el propio gobierno federal quien se opuso de manera tajante, y aseguró que éste se cobraba no sólo por la necesidad económica, sino que era también un “impuesto verde” para desalentar el uso del vehículo de motor, y la emisión de contaminantes.

Sin embargo, más allá de los “anuncios” que no son sino meros recordatorios, queda claro que esta decisión es demagógica por algunas otras razones, no sólo compartidas por el gobierno federal y los de las entidades federativas, sino también por la ciudadanía. Esto porque a la par de que los particulares siempre tenemos una resistencia natural al pago de más impuestos, tanto los gobiernos estatales como el federal se han negado —por el miedo a los costos políticos que implica una decisión de esa magnitud— a entrar a un proceso real para generar una reforma fiscal que solvente los faltantes que generan la desaparición de impuestos como este.

Actualmente, la Federación no parece tener mayores complicaciones para derogar dicho impuesto. Esto porque aún cuando el impuesto sobre la tenencia de vehículos es de carácter federal, desde hace años dichos ingresos dejaron de ser percibidos en las arcas federales, y pasaron a ser de beneficio para las entidades federativas. Por eso, junto con la desaparición de ese impuesto federal, los gobiernos estatales quedaron en posibilidad de reimplantarlo pero ahora como un gravamen de carácter local, o de simplemente desaparecerlo.

No obstante, más allá de los efectos políticos, y la alta rentabilidad electoral, que tiene la decisión de eliminar dicho impuesto, hoy sigue siendo una pregunta sin respuesta —sustentable— la relativa a qué ruta debe seguir un gobierno estatal para recuperar, a través de otros impuestos, los ingresos que deja de percibir por el cobro de la tenencia.

Queda claro que existen gobiernos estatales que tienen niveles importantes de captación de ingresos por impuestos propios, y que gracias a ello podrían tener menos dependencia de la captación de recursos económicos por impuestos vehiculares. Sólo que eso ni ocurre en todos los estados de la República, y mucho menos existe entidad alguna en México que pueda jactarse de no necesitar ese dinero, o de haber encontrado la fórmula para compensar la caída de su recaudación fiscal.

¿PIEDRA FILOSOFAL?

Frente a todo esto, el problema radica no sólo en que nadie haya podido encontrar una fórmula real para compensar la captación perdida por el fin de la tenencia —cual piedra filosofal, que permitiera fabricar oro a partir de metales comunes—, sino en que ni siquiera ha habido esfera de gobierno, grupo de poder, o gobernante, que haya decidido entrar formalmente a la búsqueda de esa posibilidad.

Hoy, los particulares podemos alegrarnos, relativamente, por el fin de la tenencia… aunque más allá de eso todos los problemas sigan tal y como siempre. El gobierno federal se lavó las manos del problema, porque en realidad el fin de la tenencia no lastima a éste, sino a los gobiernos de las entidades federativas.

Éstas, a su vez, —como en Oaxaca— pueden o cobrar un impuesto, que por ya no ser homogéneo en todo el país, ya no es práctico ni viable en su cobro coercible a la población; o dejar de hacerlo a costa de también dejar de percibir recursos frescos, y por tanto deprimir el nivel de los servicios públicos que presta —o de plano prescindir de los que ya no considere estrictamente indispensables para la población—, o incrementar paulatinamente sus niveles de endeudamiento para compensar el quebranto.

¿Qué hacer entonces? En cualquiera de los casos, en lo que todas las fuerzas, facciones y partidos debieran estar preocupados, es en generar un proceso de reforma fiscal que fuera más real y con posibilidades de ser consensados. El de la tenencia, es apenas un problema menor frente a otras contrariedades que enfrenta el país por los bajos niveles de captación de recursos por concepto de impuestos.

El problema, en todo esto, es que todos invierten más tiempo en resistirse, en buscar soluciones meramente dilatorias, o en torear un problema que es real, antes que en buscar verdaderas soluciones y consensos que pongan fin a estas contrariedades.

Todos, en general, deberíamos ir abandonando la proclividad a lo fácil y al cortoplacismo. En entidades como Oaxaca se debían idea formas prácticas de obtener recursos que compensen el cobro de la tenencia —porque ante las facilidades de otras entidades, cada vez menos personas la pagarán aquí—; y en otros estados se debía actuar con más responsabilidad para evitar el colapso de sus finanzas en un periodo relativamente corto de tiempo. Aunque esto más bien se asemeja a los llamados a misa, ¿algún día se preocuparán?

IEEPC, EN VILO

Hoy resolverá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las impugnaciones presentadas por la elección de Consejeros del IEEPC. Todos se dicen ganadores, y respetuosos de la justicia federal. Ojalá que después del fallo, todos sigan diciendo lo mismo.

+ Operación: perfeccionan el cómo; deprimen el qué

Una elección no se gana sólo en las urnas. Más bien, un triunfo electoral se construye a partir de diversos factores que arrancan con la actuación del propio gobernante, y con el proceso para elegir al sucesor. Al no existir titubeos ni rompimientos en esos dos factores, se tienen ya ganados dos elementos que son fundamentales para todo proceso comicial: uno es el del cálculo preciso sobre lo que se puede y no se puede hacer desde el poder; y el otro, es la unidad real de todos los factores internos del partido postulante.

Todo eso pareció quedar perfectamente claro en la elección de gobernador en el Estado de México, que se resolvió el pasado domingo. En este caso, quedó perfectamente claro que el resultado positivo no fue producto de la operación política, e incluso ni del carisma o el arrastre ciudadano de su candidato electoral. Todo fue consecuencia del orden y la prudencia que tuvo el gobernante en turno (el gobernador Enrique Peña Nieto) tanto para hacer el cálculo del valor de su capital político, como para generar las verdaderas condiciones de unidad dentro de su partido. Veamos si no.

La operación electoral en el Estado de México no fue distinta a la que lleva a cabo el priismo en todas las entidades del país en las que gobierna, o en las que tiene presencia. Independientemente de sus capacidades de movilización el día de los comicios, el priismo está acostumbrado a los actos multitudinarios, al ruteo de zonas, y a la operación electoral que aún tiene innumerables resabios de las campañas políticas tradicionales. Pretenden ganar siempre con “músculo” y con la generación de percepciones de fortaleza, que luego complementan con la operación quirúrgica el día de los comicios.

Junto a ello, queda claro que el candidato priista tampoco era impactante. Lejos de la aceptación fanática, disciplinada o militante que tienen muchos simpatizantes o miembros del PRI por su abanderado —y que lo llevan al auténtico endiosamiento o magnificación de sus virtudes—, queda claro que Eruviel Ávila es un candidato promedio. Es decir, no tiene grandes escollos, pero tampoco grandes virtudes. Actúa, habla y propone tal y como lo marca “el librito” de la política eficaz. Pero no tiene los grandes elementos de empuje que necesitaría un verdadero líder arrasador.

Ahora bien, ¿si la operación y electoral y el candidato a Gobernador son elementos promedio de cualquier elección —es decir, son lo mínimo que dispondría un gobernante que desea repetir en el poder a través de los suyos—, entonces qué fue lo que construyó ese triunfo de más de 40 puntos de ventaja para el priismo en el Estado de México? Queda claro que lo construyó su Gobernante, estableciendo reglas claras e inamovibles del juego, tendientes no a buscar algo en pro o en contra del interés o del bienestar general, sino a conseguir la conservación del poder.

Una parte importante del resultado electoral se construyó a partir no de una actuación moralmente aceptada del gobernador Peña Nieto, o de su impecable ejercicio como gobernante; más bien, construyó el triunfo electoral tomando las decisiones estratégicas para que la mayoría del electorado lo aceptara y decidiera votar por él.

Por eso, aunque su administración está llena de cuestionamientos, él abonó sobremanera su imagen en medios, decidió casarse con una estrella de telenovelas, cuidó al máximo su gestión de los escándalos, e incluso ponderó la unidad dentro de su partido sobre la posibilidad de imponer al posible candidato que personalmente era su favorito.

Todas esas decisiones, en conjunto, explican por qué Eruviel Ávila ganó los comicios con más de 40 puntos de ventaja. Empero, eso mismo también explica por qué en otros escenarios —como Oaxaca— en los que aparentemente el PRI tenía todos los hilos del poder en las manos, ocurrieron sendas derrotas que le costaron no sólo el poder a los grupos, sino también márgenes importantísimos de votos que ahora debe remontar nacionalmente el priismo si es que quiere ganar los comicios presidenciales del año próximo.

CASO OAXACA

Prácticamente todas las que fueron virtudes para el priismo en la elección de Gobernador en el Estado de México, en Oaxaca fueron defectos. Aquí, el año pasado, el gobernante en turno (el gobernador Ulises Ruiz) perdió la dimensión de los alcances del capital electoral de su partido, y creyó que imponiendo hasta a un pato como candidato —su favorito, y el que más le convenía a él—, éste podría ganar por obra y magia de las estructuras electorales.

Si en el Estado de México se cuidó sobremanera el no involucramiento en escándalos públicos al gobierno estatal, y se privilegió la unidad real dentro del partido —además de generar una imagen pública verdaderamente atractiva para los electores—, aquí ocurrió todo lo contrario.

Y es que en Oaxaca, el gobernante y la administración pasada, estuvieron involucrados en todo tipo de escándalos por su evidente proclividad a la corrupción, la frivolidad y los excesos; el proceso para elegir a su candidato a gobernador dejó agraviados a todos los participantes; la campaña electoral fue un ejemplo de derroche, falta de compromiso y descoordinación interna. Y creyeron que aún así podían alzarse con el triunfo, gracias a un electorado acrítico que, según ellos, pasaría por alto todos sus excesos y desprestigios, y de nuevo volvería a votar por ellos.

Tal parece que en el Estado de México tomaron las lecciones que dejaron otros procesos electorales del país en los que el tricolor, y los procesaron adecuadamente para no cometer los mismos errores. Y por eso, queda claro que si el resultado adverso de los comicios del año pasado en Oaxaca no fue sólo culpa del candidato Eviel Pérez Magaña, en este caso la victoria tampoco puede ser adjudicada del todo —y acaso, ni siquiera en un porcentaje importante— a las virtudes del abanderado priista del Estado de México, o a la “operación electoral” de quienes, protagónicos, hoy pretenden colgarse milagritos que en ningún sentido les corresponden.

DISIMULO

Queda claro, por último, que los buenos cálculos del gobernador Peña Nieto no significan, necesariamente, un beneficio para el país. Su triunfo fue concebido gracias a la alianza de poderes fácticos, cálculo político, y suma de factores. ¿Creen que será la panacea para 2012? Sólo vean sus alianzas, y la situación en que dejará al Estado de México. Ahí estará la clave de todo.

+ ¿Cómo diferenciarse de regímenes del pasado?

Ha pasado un año desde los comicios locales en los que Gabino Cué Monteagudo se alzó con la victoria, en la disputa por la gubernatura del Estado. Ha pasado un año en el que se logró una transmisión de poderes relativamente civilizada y pacífica, pero en el que aún no parece encontrarse la fórmula para resolver los dos retos que, al inicio, son fundamentales de todo gobierno de alternancia: primero, cómo diferenciarse —para bien— de sus antecesores; y segundo, cómo controlar la expectativa ciudadana, pero a la vez dar respuesta moderada a los cambios radicales que ésta exige.

Sin duda, por sí mismo el triunfo de los partidos de oposición marcó un episodio fundamental para la historia reciente de nuestra entidad. Históricamente, en el ámbito nacional Oaxaca era considerada como uno de los bastiones del Partido Revolucionario Institucional, que en cada proceso electoral era capaz de aportar una cantidad importantísima de votos, que servían para abonar los proyectos políticos del otrora partido oficial.

En el ámbito estatal, y hasta hace muy poco tiempo, el priismo era capaz de arrasar también en los procesos electorales, y llevar al poder (gubernatura, diputaciones y alcaldías) a la gran mayoría de los personajes que eran postulados por el grupo y partido gobernantes. Sólo en función de ello, la posibilidad del triunfo opositor parece ser un paso importante para toda democracia funcional, independientemente del buen o mal proyecto de gobierno que planteen tanto el oficialismo hegemónico, como la oposición pujante.

Todo esto es importante de ser tomado en cuenta, no obstante que también hoy resulta ser un simple dato que queda para la historia, pero que no es fundamental para el momento actual. La historia de la hazaña electoral se acaba justamente en el momento del triunfo. Y de ahí para delante todo debe verse en función de las decisiones, de la eficiencia y eficacia de los hombres del poder, y de la capacidad que éstos tengan para replantear funcionalmente la administración pública.

En este sentido, nadie regatea las hazañas sobre la larga batalla política que dio, durante casi una década, el ahora gobernador Cué Monteagudo; del mismo modo, nadie tiene la calidad o los méritos suficientes, para regatear algo del histórico triunfo electoral obtenido hace exactamente un año por la coalición opositora. No obstante, para los efectos prácticos del presente, nada de eso resulta ser importante, porque hoy es innecesario hablar de las glorias del pasado, cuando éstas no sirven para fundamentar los grandes proyectos del presente.

Hasta ahora, queda claro que tanto en su etapa de gobierno electo, como ahora ya de régimen constitucional de gobierno, la administración estatal ha tenido serios problemas para verdaderamente poder replantear las inercias del pasado, y para romper con los esquemas por los que justamente la ciudadanía se hartó del priismo hegemónico y votó mayoritariamente por un cambio.

El problema, en todo esto, es que el desencanto social, y eventualmente el abierto rechazo de la ciudadanía, irán creciendo proporcionalmente al tiempo y las dificultades que sigan encontrando los funcionarios actuales para cumplir con las expectativas, los objetivos y el proyecto de gobierno que haya definido el gobernador Cué Monteagudo al arranque de su administración.

FÓRMULA PERDIDA

No parece una tarea complicada la de buscar la forma de diferenciarse positivamente del régimen anterior. Desde cuestiones tan banales como los excesos en las custodias, la fanfarronería y la altanería, e incluso el derroche de frivolidades o alardes de abundancia, hasta la demostración precisa de eficacia en las tareas recomendadas, eran un buen inicio para marcar diferencia entre un gobierno y otro.

Algunas de esas cuestiones las lograron a un inicio. Sin embargo, queda claro que el trecho es mucho más largo, y varios funcionarios de la administración estatal han tenido serios problemas para seguir alimentando la necesidad de diferenciación a partir de la demostración de eficiencia y eficacia en las tareas encomendadas.

Debería preocupar sobremanera a los funcionarios de la administración actual, que luego de que ha pasado ya más de medio ejercicio anual aún se siga anunciando el arranque de la obra pública. En ese sentido, sobran las justificaciones o las acusaciones de corrupción en el pasado.

No arrancar la obra equivale a mantener paralizada la economía estatal, y demostrar que la inexperiencia o la ineficacia tienen un alto costo no sólo para los funcionarios o el régimen que es cuestionado, sino también para todos aquellos que directa o indirectamente sobreviven a partir del funcionamiento de la maquinaria transformadora que se impulsa desde el gobierno estatal.

Otro rasgo importante: este gobierno creó nuevas dependencias y coordinaciones, a las cuales no se les ha visto trabajo articulado ni resultados tangibles: ¿De verdad era necesario tener más burocracia? El problema es que los resultados de todo eso no pueden ser percibidos por la ciudadanía. De nada sirve que se le cambie el nombre a las Secretarías, o se decrete la creación de nuevas instancias, si éstas no alcanzan a aportar lo suficiente para generar por lo menos las percepciones que la ciudadanía espera.

Los ajustes debían hacerse con urgencia, antes de que el inmovilismo y la resistencia a ajustar hagan más costosos estos fallos. Aunque no lo parezca, el Primer Informe de Gobierno ya se acerca, y los funcionarios eficientes e ineficientes deberían comenzar a preguntarse qué se va a informar a la ciudadanía y a los otros poderes, si no ha existido la capacidad de establecer los parámetros mínimos que la ciudadanía esperaba de un gobierno de alternancia.

Frente a todo esto, los dichos sobre logros “históricos” o “acuerdos inéditos” deberían ocupar menos espacio en la conciencia y léxico de quienes gobiernan, para pasar a las demostraciones contundentes de evolución y eficacia. Eso, y no más machaconerías sobre el pasado, es lo que espera y demanda la ciudadanía.

OPOSICIÓN ANÁRQUICA

Bonitos se ven los tricolores endureciendo las patadas y los golpes bajos que se profieren en su ruta al Senado. Debían preocuparse más por los asuntos públicos, y menos por sus grillas internas. Finalmente la ruta no es sencilla y las definiciones no van a partir de ellos. Por eso mismo, debían preocuparse más por Oaxaca y menos por sus intereses facciosos. Abundaremos.

+ Fox, Calderón y oposición, juntos en el fiasco

Si otra fuera nuestra historia, hoy sería un día de fiesta para México. Hace once años —y quizá sea el último que conmemoremos de este modo— ocurrió el “histórico triunfo” de la oposición que sacó al Partido Revolucionario Institucional del poder federal.

El 2 de julio del año 2000, el candidato del PAN a la presidencia de la República, Vicente Fox Quesada, ganó las elecciones presidenciales por un amplio margen. Contrario a como había ocurrido en diversos países del orbe en sus procesos de desmantelamiento de los regímenes autoritarios y/o hegemónicos, aquí la alternancia llegó luego de un proceso electoral competido, en el que relativamente hubo una amplia participación democrática de la ciudadanía, y que finalmente se coronó con una transmisión de poderes pacífica e institucional, para dar paso al inicio de gobierno de un hombre legitimado y respaldado por la mayoría de la población. Teniendo un escenario así, podría parecer que ese sería el principio de una historia importante —y hasta “gloriosa”— para un país que desea democracia y un mejor porvenir. Podría haber pasado eso en cualquier otra nación… menos en México.

Aquí, en el año 2000, parecería que hubo las condiciones perfectas no sólo para la alternancia de partidos en el poder, sino también para el proceso de transición que pudo haberse esperado. El candidato ganador de las elecciones presidenciales arribó a la Presidencia rodeado de un amplio respaldo popular; tenía un bono democrático altísimo, que en sí mismo se convertía en una fuerza de empuje importante frente a todas las demás fuerzas políticas para consensar y llegar a acuerdos.

Si bien no contaban con mayoría absoluta, sí había también una presencia importante del ahora partido gobernante en las cámaras que integraban el Poder Legislativo. Y sobre todo había llegado al gobierno con un ánimo reformador que era bien visto por la ciudadanía, y era necesario para dar viabilidad tanto al gobierno como a los procesos de estabilidad, desarrollo y crecimiento que eran necesarios para el país. Y por si fuera poco, sus principales opositores llegaban a ese escenario cargando una losa de falta de credibilidad que en sí misma desacreditaba sus proyectos y dichos de oposición al poder.

Ese era, a grandes rasgos el escenario del presidente Vicente Fox Quesada. Llegó al poder el 1 de diciembre del año 2000, y a partir de entonces comenzó a dilapidar el poder que le había sido conferido. Su gobierno fue errático, dilapidador del bono democrático, y carente de un sentido propio de lo que debía ser tanto la transición democrática como el encaminamiento de los nuevos procesos, reformas e instituciones que eran necesarios para el fortalecimiento del país.

El gobierno foxista fue siempre calificado como desastroso. Y no era para menos. Buena parte de la expectativa ciudadana se diluyó por culpa de los errores y excesos de un gobierno que quiso administrar al país como si fuera una empresa a partir de un mal gerente. No obstante, y aunque es una carga que a nadie le gusta que se la achaquen, el fracaso de ese primer proceso de transición democrática también fracasó por la visión cortoplacista y partidizada de quienes jugaron el papel de fuerzas opositoras.

Si bien unos erraron en la administración y en la concertación política, quedó claro que los otros, sus contrarios, hicieron todo para que los primeros no avanzaran. El problema, en todo eso, es que el futuro del país era lo que estaba en juego.

Y aunque siempre lo supieron, y aunque siempre parecieron estar concientes de ello, también quedó claro que voluntariamente decidieron no permitir que avanzara el partido gobernante, aunque a costa de ello también se detuvieran y estancaran las condiciones más importantes de crecimiento para México.

¿Y LA TRANSICIÓN?

Hoy nos seguimos preguntando eso: dónde quedó la transición. Y también debíamos preguntarnos en qué momento perdimos los mexicanos el ánimo y la entereza para exigir e inconformarnos con el tipo de gobierno y representantes que queremos. Todos nos quejamos de que las condiciones de vida, económicas y sociales son cada vez más adversas. ¿Pero cuánto hacemos los ciudadanos, para exigir que nuestros representantes populares actúen con un mayor grado de responsabilidad, y tomen decisiones alejados de la demagogia y los falsos dilemas democráticos?

En México, todas las promesas están pendientes. Vicente Fox dijo que reformaría el poder para hacerlo más democrático, y falló. También dijo que resolvería el asunto de Chiapas, y falló. Se comprometió a impulsar sendas reformas económica, fiscal, laboral y política. Y no cumplió. Fueron sólo destellos del cambio los que pudieron verse seis años después de que éste llegara a la Presidencia de la República.

Aún con eso, el panismo repitió en el poder, y hoy no vemos sino prácticamente lo mismo: el presidente Felipe Calderón, como candidato, prometió que su administración sería la del empleo; prometió menos impuestos, y lejos de cumplirlo hoy pagamos más gravámenes que antes. Prometió un combate sin igual contra la pobreza, y terminó combatiendo a los criminales. Dijo que transformaría al país y falló.

Quizá todo esto no sólo sea resultado de las promesas deschavetadas de personajes locuaces que llegan al poder. Quizá es también consecuencia de que no existen las condiciones necesarias para poder lograr alguna de estas metas; que no se han dado los pasos previos para llegar a ese punto. También es responsabilidad de todos aquellos que fueron corresponsables de que hoy México sea un país del mañana, del pasado mañana, o del quién sabe cuándo.

Estamos tan mal, que ya ni siquiera nos acordamos que hace once años el rumbo del país pudo cambiar. No nos acordamos, porque tampoco queremos que eso nos traiga a la memoria el fracaso que hoy es evidente. Y lo peor, es que estamos frente al peor escenario posible: en serias posibilidades de presenciar, el año que entra, que el PRI regrese a la Presidencia de la República.

MUNDO AL REVÉS

Tan mal estamos que ahora mismo vemos a un ex “presidente del cambio” vaticinando triunfos del PRI. Vemos también a los viejos opositores emulando a los viejos priistas, ahora que “ya son poder”. Y vemos a los tricolores rasgándose las vestiduras y hablando de democracia, como si de verdad fueran ejemplo. México es un país donde todo pasa al revés. Y, o está mal el país, o estamos —o somos malos— los mexicanos.

+ Urgente, ubicar puntos de referencia para discusión

Si ya hace tres días, el gobernador Gabino Cué Monteagudo dijo expresamente que, en lo personal, a él no le gusta la velaria, y anunció que el destino de dicha obra se decidirá a través de una consulta popular en la que se tome en cuenta no solamente no sólo el agrado o disgusto de la población, sino también las posibilidades de retirar la estructura y el uso alterno que pueda dársele, entonces debe ser momento de que tanto el Gobierno del Estado como los sectores de la sociedad, y los expertos —a nivel local, nacional e internacional— interesados en el tema, establezcan los puntos de referencia sobre los cuales podría llevarse a cabo esta discusión sobre la permanencia o retiro de la velaria.

Sin duda, tiene razón el gobernador Cué cuando, al dar su punto de vista personal sobre la velaria, señala que éste no es suficiente para determinar el retiro de la misma, y que incluso también debe valorarse qué desea la mayoría de los oaxaqueños, cuánto costaría quitarla, y qué uso se le debería de dar. En realidad, determinar el destino de esa obra a partir de la percepción o el deseo personal, sería tanto como negar que este sea un asunto de interés general, y que por tanto se deban tomar en cuenta todas las aristas tanto de la población, como del gobierno y los especialistas.

Hasta ahora, la culminación de la obra proyectada e iniciada por la administración del gobernador Ulises Ruiz, ha sido fuertemente criticada; esta crítica ciudadana se ha acentuado, particularmente porque desde los tiempos de las campañas electorales, tanto el ahora Mandatario Estatal, como su equipo de gobierno, dejaron perfectamente claro que ellos no estaban a favor de dicha obra.

Frente a esa postura inicial, parecía un contrasentido, y una falta de congruencia, el decidir terminar una obra que ellos mismos rechazaban. En ese sentido, existe una justificación técnica para haber tomado tal decisión, pero también un aspecto sin duda excesivo, y por tanto ampliamente criticable, de la administración actual del Gobierno del Estado.

¿Cuál es la justificación técnica? Que, de acuerdo con la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, la obra sólo pasará a ser patrimonio del estado de Oaxaca cuando esté terminada, y su culminación sea validada por el gobierno federal. A decir de la dependencia, los 100 millones de pesos que costó la velaria, provinieron de recursos federales de un fondo denominado Fonregión.

Y, dicen, si se decidía el retiro de la obra antes de su culminación —cuando sólo faltaba la colocación de la membrana, y ya había sido pagada la mayor parte de la obra, por alrededor de 80 millones de pesos—, entonces el gobierno federal exigiría al de Oaxaca la devolución del monto total (100 millones de pesos), lo cual significaría un quebranto para las arcas estatales, y para la posibilidad de hacer más obras prioritarias con recursos de Fonregión.

Esa es la explicación técnica. Sin embargo, junto a esa justificación —que puede tomarse o no como válida—, se encuentra un cuestionamiento que sin duda proviene de los excesos de un sector de la misma administración estatal, que no comprendió la naturaleza de la inconformidad ciudadana:

Hubo funcionarios que promovieron la culminación de la obra de colocación de la velaria como un “reto cumplido” o como un “éxito” de la actual administración. No entendían que independientemente de que ellos tuvieran que terminar una obra heredada de la administración anterior, nada de lo hasta entonces hecho les daba posibilidad de “presumir” una obra que no les pertenece, de la cual tampoco tienen la paternidad, y por la cual seguramente muy pocas personas tendrán la disposición de aplaudir. No queda duda, en ese sentido, que en la insensibilidad y el exceso de presunción, están también llevando la penitencia.

DISCUSIÓN TÉCNICA

Ahora bien, luego de las fiestas de los Lunes del Cerro, habrá de ser momento de ver hacia delante. Esto es, verdaderamente entrar en la polémica, y en la discusión formal, sobre qué pasará con la velaria.

Frente a ello, si de verdad el Gobierno del Estado pretende llevar a cabo un proceso pulcro y ajeno a los cuestionamientos, debe comenzar a generar los puntos de referencias respecto a qué se va a discutir, cómo se va a discutir, y sobre todo, qué voces serán las tomadas en cuenta, qué valorización se le dará a cada percepción, y quién o quiénes serán quienes decidan.

Es claro que este asunto debemos verlo más allá de la demagogia. Es decir, que debemos verlo más allá de la sola opinión de la ciudadanía, o incluso de los “oaxaqueños notables” que, sin excepción, ya opinaron que no les gusta la velaria; también, esta discusión debe estar más allá del solo gusto del gobernante o los funcionarios del ramo.

Tomar esos dos como únicos o fundamentales puntos de referencia, será tanto como tomar una decisión igual de arbitraria y cuestionable, que la que hace unos meses llevó a decidir al gobernante de aquel momento, que se instalaría una techumbre en un Auditorio que esencialmente tenía la virtud de ser a cielo abierto.

Por eso, para centrar la discusión deben promoverse, y sobre todo escucharse y valorarse la opinión de todos los verdaderos expertos posibles de Oaxaca, México, y quizá hasta del mundo; es también necesario tomar en consideración todos los análisis técnicos, presupuestales y de viabilidad sobre un futuro alterno para esa obra.

Y todo eso —que son también cuestiones técnicas, que nunca deben faltar, y que más bien deben ser el soporte de una decisión de esa magnitud—, sin duda debe ser contrastado, con transparencia y pulcritud, con la opinión de la mayoría de la población civil que participe en esa discusión.

Sólo así es como verdaderamente podrá tomarse una decisión condensada, posible y legitimada para el futuro de la velaria. Todos, aisladamente, podemos opinar que la estructura sea retirada. Pero para que verdaderamente se decida eso, debe generarse una discusión mucho más amplia y participativa. Se puede llegar al mismo resultado: que se quite. Pero así se tendrá la seguridad de la decisión y del destino de la estructura, y no será —como su colocación— sólo consecuencia del capricho de una sola persona.

TOC, TOC

¿Alguien sabe dónde está el secretario de Turismo y Desarrollo Económico? El fondo PYME —cuyo convenio está listo desde enero— está en riesgo porque José Zorrilla no tiene ganas de reunirse con la Secretaría de Economía federal. Ver para creer.

+ ¿Cambio de nombre o evolución en la práctica?

La disputa por la candidatura presidencial que hoy, aún disimuladamente, protagonizan el ex abanderado Andrés Manuel López Obrador y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, está impactando en Oaxaca a través del intento de transformación del Partido Convergencia en Movimiento Ciudadano.

Todo esto tiene profunda relación con nuestro estado, particularmente porque el gobernador Gabino Cué Monteagudo es de extracción convergente, y porque al acercarse el momento de las definiciones sobre la candidatura presidencial, será imposible que el gobierno de Oaxaca pueda sostener lealtad con esos dos personajes. Aquí, a través de sus respectivos representantes y grupos políticos, están librando una batalla que tiene lo mismo aristas perfectamente explicables, que tintes de una implacable guerra por el control de ese instituto político.

En el planteamiento de la propuesta para el cambio de nombre del PC a Movimiento Ciudadano, el senador Dante Delgado Rannauro sostiene que “lo hacemos ante la negación de la partidocracia para abrir espacios a las candidaturas de la sociedad; estamos trabajando para consolidar un gran movimiento ciudadano a favor del pueblo, en defensa de los que no tienen voz y a quienes se les pretende engañar desde el poder (…) Una Convergencia constituida en movimiento ciudadano que aliente las candidaturas ciudadanas, esa será la diferencia de nuestro partido con la partidocracia de México”.

Es decir, que en la perspectiva formal de quienes intentan reforma al PC, éste debe abanderar los espacios ciudadanos para tratar de llevarlos —como una alternativa a la fallida reforma política, que incluye la estipulación de las candidaturas sin partido— al poder a través de días distintas a la partidocracia tradicional, que según su visión, sólo impulsan a quienes defienden sus intereses cupulares, y no a los verdaderos ciudadanos que desean hacer algo por la sociedad.

Frente a este planteamiento, ¿cuál es la molestia de un sector importante de militantes de Convergencia, que se niega al cambio? En el aspecto visible, esencialmente, sostienen que el cambio de rumbo, siglas e identificación del PC, minaría el trabajo político que éstos han realizado a lo largo de una década para construir y apuntalar ese partido. Además, se resisten a que desaparezcan los comités directivos estatales, y se centralicen las decisiones y las estructuras electorales en un solo comité central, que disponga para todo el país.

Además de todo eso, queda claro que los grupos de poder dentro de Convergencia sostienen esta disputa por al menos dos razones: la primera, porque a través de la ciudadanización y el cambio de siglas, se pretende también modificar partes importantes del planteamiento político y la estructura de mando de ese partido, centralizándolo.

Y segundo —que parece lo más importante—, porque se dice que todo esto no parece ser sino un “traje a la medida” de Andrés Manuel López Obrador, para que éste asuma la candidatura presidencial a través de la cual compita en los comicios federal de 2012, y para que sus redes ciudadanas “absorban” el trabajo y el capital político —mucho o poco— de Convergencia, justamente a cambio de que todo eso garantice que se obtenga el dos por ciento de la votación total en esos comicios, y el PC pueda mantener su registro como partido político nacional.

¿CIUDADANIZACIÓN REAL?

Como ha quedado claro, el planteamiento central de este intento de modificación, es el establecimiento del 50 por ciento de las candidaturas de Convergencia para líderes o representantes ciudadanos, y con ello, dicen, lograr tanto el incremento de su militancia, como la atención a la ciudadanía que hoy se encuentra enojada y desilusionada de la partidocracia que impera en nuestro país.

Más allá de los nombres y las disputas, e incluso de la viabilidad y la buena decisión de abrir el partido y sus candidaturas a la ciudadanía, queda la pregunta: ¿Con este cambio de rumbo, el PC dejará de ser el coto de poder, que fue creado por unas cuantas personas hace casi 15 año, y que en buena medida fue construido y manejado en base a la migración de disidencias de otros partidos, que lograron espacios relativamente importantes de poder a cambio de dejar la dirección real del partido en una sola persona?

Queda claro que en el fondo, un verdadero proceso de democratización sustentable del PC, tendría que pasar no sólo por la apertura de candidaturas y espacios de decisión a la ciudadanía —pues esa es una exigencia hoy para todos los partidos—, sino también por un verdadero proceso de inclusión y democratización interna —que eliminara la figura e injerencia omnímoda del “líder moral” de ese partido, el senador Delgado.

Incluso, tendría que quedar perfectamente establecido que una modificación de tales magnitudes no debe estar encaminado, y ni siquiera tener visos, de ser una reforma a modo que favorecerá a un solo grupo político, o a un solo aspirante presidencial. Queda claro que el PC de hoy, no es aquel instituto político de representación, democracia y alcances meramente testimoniales que fue a un inicio, sino que tiene una militancia que, en su proporción de partido minoritario, es pujante y no está dispuesta a aceptar cambios o imposiciones inopinadamente.

Por eso, y porque Oaxaca es uno de los territorios clave para conseguir la permanencia de ese partido, es que aquí es donde está ocurriendo una de las mayores resistencias que ha presentado el intento de modificación a las estructuras del PC. En el fondo, no sólo se pelean los militantes, sino que también es una medición de fuerzas entre los grupos —hoy enquistados en el poder— que pretenden respaldar el abanderamiento de dos candidaturas distintas: la de López Obrador, y la de Ebrard.

Los intentos reformistas, en este campo de la lucha abierta por el poder, están respaldados por Benjamín Robles Montoya; los opositores tienen el respaldo de Alberto Esteva Salinas. Uno y otro representan intereses contrarios, dentro de su mismo partido, y ambos —aunque lo nieguen— buscan la candidatura al Senado.

CIRUGÍA MAYOR

Una intervención quirúrgica mayor al tejido político de su partido y de los grupos de poder, es la que deberá hacer el gobernador Cué para mantener los equilibrios de cara a los comicios del próximo año. Esto no es tan sencillo como decidir “entre melón y sandía”. ¿Recuerdan cuando se advertían los riesgos de las alianzas? Ya casi los tenemos a la vista.

+ Proteger DH’s, por encima de cualquier polémica

Cuando en el mes de diciembre del año pasado, el sacerdote católico y director de la casa del migrante “Hermanos en el camino”, ubicada en Ciudad Ixtepec, Alejandro Solalinde Guerra, denunció que habían ocurrido por lo menos dos secuestros masivos de migrantes centroamericanos, el gobierno de Oaxaca —entonces recién asumido por la administración actual— se quedó prácticamente inmóvil ante una avalancha de críticas y de evidencias de inmovilismo que, si bien no eran del todo su responsabilidad, sí ponían en evidencia la falta de criterios y políticas encaminadas a defender los derechos de los transmigrantes.
A partir de diversas evidencias, plenamente estudiadas y documentadas, se sabe que la transmigración está lejos de ser un proceso social nuevo en México. De hecho, año con año, y desde hace décadas, llegan a la frontera de Chiapas, decenas de miles de ciudadanos de varias naciones centro y sudamericanas que pretenden cruzar nuestro país en aras de llegar a Estados Unidos de Norteamérica. Desde hace décadas se sabe de estos procesos de migración, y también se conocen perfectamente los abusos que, tanto autoridades como grupos criminales, cometen en su contra mientras se encuentran en territorio nacional.
Frente a todo eso, durante años la justificación del gobierno federal para no evitar y sancionar las violaciones a los derechos humanos que cometían tanto agentes federales, como policías y corporaciones locales, y grupos criminales, contra los transmigrantes, era que como éstos se introducían al territorio nacional de forma ilegal, entonces el Estado no podía hacerse cargo de ellos, ni de su seguridad ni de la tutela de sus garantías fundamentales. A partir de este criterio legalista, erróneo y decimonónico, todas las autoridades levantaban los hombros para hacerse ajenas a la corrupción y los abusos que estaban a la vista, y de muchos de los cuales también ellas eran parte a través de las redes de trata y tráfico de personas.
Sin embargo, queda claro que más allá de las justificaciones siempre estuvo la realidad y sus sucesos implacables. El recrudecimiento de la guerra que libra el Estado mexicano contra los criminales, y la “diversificación” de actividades delictivas que éstos realizan para sostenerse, provocaron que ese rubro totalmente desprotegido y olvidado por la tutela del Estado se convirtiera en uno de los preferidos de los criminales.
Así fue como las bandas criminales pasaron de ser transportadoras de sustancias prohibidas, para también convertirse en secuestradores, asaltantes y extorsionadores. Y su mercado más fértil fueron los migrantes, a quienes lo mismo podían extorsionar y matar, que enrolar en sus filas, o convertirlos en “dealers” o guardias, y a las mujeres prostituirlas, esclavizarlas, o hacerlas tratantes de personas. Como el Estado no se hacía cargo de ellos, y legalmente “no existían”, entonces eran los elementos perfectos para las actividades que ellos realizaban.
Sin embargo, a la par de todo esto se encontraba la mirada de la ciudadanía que era testigo de esos abusos; además, de decenas de organizaciones civiles nacionales e internacionales que se preocuparon por la defensa de los derechos fundamentales de los transmigrantes, e incluso por la sensibilidad de algunos gobiernos que decidieron no seguir cruzándose de brazos y hacer algo verdaderamente importante para procurar las condiciones mínimas de vida y seguridad para quienes pretenden llegar a los Estados Unidos.

GOBIERNOS INMÓVILES
Así fue como en diciembre, una denuncia de particulares sobre el secuestro de un grupo de migrantes en el municipio de Chahuites, Oaxaca, motivó la alerta de los medios de información nacionales e internacionales. Cuando eso ocurrió, y todos se toparon tanto con el gobierno federal, como con el estatal, se dieron cuenta que ni uno ni otro estaban preparados para el reto que significaba garantizar las condiciones mínimas de seguridad de aquellos seres humanos que, aunque ilegales en México, tienen también la calidad de personas, y por tanto la protección de las leyes nacionales, y diversos tratados internacionales signados por México.
Fue a partir de las denuncias del padre Alejandro Solalinde, que el gobierno federal inició un proceso paulatino de depuración de agentes del Instituto Nacional de Migración, y reforzó los patrullajes en los puntos más importantes de tráfico de migrantes, no sólo para capturar y deportar a los ilegales, sino también para evitar que éstos fueran presa de los grupos criminales.
El gobierno de Oaxaca, por su parte, disimuladamente tuvo que reconocer en diciembre pasado que hasta entonces no existía ningún tipo de política o preocupación oficial, de la pasada administración, por atender un problema que en gran medida estaba haciendo crisis en territorio oaxaqueño, y del que también podrían haber sido parte agentes de corporaciones policiacas estatales o municipales de los territorios involucrados.
Frente a eso, el Gobierno de Oaxaca se comprometió, también en diciembre pasado, a reforzar tanto las medidas de seguridad para los transmigrantes, así como a establecer mejores condiciones para que éstos pudieran tener acceso a la procuración de justicia en caso de ser objeto de abusos. Incluso, se tenía la expectativa de que el gobierno entrante habría de reforzar la política social para brindar cierto tipo de atención a todas aquellas que estaban de paso por nuestro territorio, pero que, aún así, y en ese lapso, son también problema de nuestro gobierno y nuestra ciudadanía.
Hoy, cuando nuevamente existen denuncias de que en la zona de Medias Aguas, en Veracruz, ocurrió un secuestro masivo de transmigrantes, el gobierno de Oaxaca reitera su preocupación, aunque también debiera informar qué medidas sustanciales ha tomado para tratar de disminuir la incidencia delictiva en contra de los transmigrantes.

HACER MÁS
Eso es lo que deberían hacer. De nada sirve, para ningún gobierno o actor político, el irse a tomar la foto con las personas afectadas por cierto problema —como para que la ciudadanía crea que sí existe algún tipo de preocupación oficial por lo que ocurre—, pero que a las primeras de cambio todos se olviden del asunto, y esperen a que todo haga crisis para volver a acordarse de él. Aquí, con sensibilidad, debiera haber más atención a este asunto que todo el tiempo, y por diversas circunstancias, lastima a quienes van buscando una mejor calidad de vida que la que tienen en sus países de origen.

+ Elevar la recaudación, pero con posibilidades reales

Cuando a principios de año se hicieron los primeros señalamientos, respecto al error en que incurría el gobierno estatal en su insistencia sobre el cobro de la tenencia vehicular en las mismas condiciones y montos de siempre, más de uno supuso que los señalamientos, y la inconformidad, tenían algún tinte o trasfondo político o partidista.

Hoy, cuando la recaudación estatal presenta serios problemas por la falta de contribuyentes, y cuando existen además innumerables alternativas para regularizar la situación tributaria de los vehículos de motor, es positivo que la administración estatal reconozca su error y comience a tomar medidas para evitar que los oaxaqueños emplaquen sus vehículos en otras entidades federativas.

En un primer momento debe quedar claro que, contrario a lo que asegura la Secretaría de Finanzas, el hecho de que un contribuyente oaxaqueño emplaque su vehículo de motor en otra entidad federativa, no constituye violación alguna a la ley. Si bien es cierto que es un principio constitucional que todos los ciudadanos tenemos el deber de contribuir, de manera proporcional y equitativa, al sostenimiento del gasto público tanto de la Federación, y la entidad federativa y municipio en el que residimos, también es cierto que la autorización para la emisión y portación de placas de circulación la otorga el gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esencialmente, esa es la razón por la que, independientemente del estado emisor de las placas de circulación, todas las placas son válidas para todos los vehículos automotores de particulares, en todo el territorio nacional, siempre que hayan cumplido con los requisitos que exige la ley.

En ese sentido, hasta hace apenas unos años, la discusión sobre la validez de las placas de circulación, y la emisión de las mismas, era prácticamente inexistente, dado que para poder portar las láminas identificadoras, todos los contribuyentes debían pagar un impuesto federal. Esto hacía que, independientemente de que las placas se tramitaran en Chiapas o en Baja California, de todos modos todos tuviéramos que pagar, como requisito previo, la misma cantidad de dinero por concepto de Impuesto a la Tenencia y Uso de Vehículos, y que por tanto todos estuviéramos sujetos a la misma norma.

No obstante, la abrogación de la Ley sobre la Tenencia Vehicular en el ámbito federal, abrió de inmediato el abanico de las posibilidades de no pago a favor del contribuyente. Esto porque aún cuando existen entidades federativas —como Oaxaca— en las que el impuesto (ya estatalizado) subsiste, en otras éste fue derogado.

Así, en estados como Puebla, Tlaxcala y próximamente el Estado de México, el requisito previo para obtener las placas de circulación fue eliminado, dando completa libertad para que cualquier persona pudiera emplacar su vehículo —y regularizar automáticamente su situación fiscal— en ese territorio, y hacerse con ello ajeno a las maniobras de los gobiernos estatales por continuar cobrando altos impuestos vehiculares.

Se sobreentiende que cada ciudadano debe emplacar sus vehículos en su lugar de residencia. No obstante, y por un principio de simple lógica y conocimiento de la realidad de nuestro país, indica que antes que eso el contribuyente siempre buscará pagar menos, o cuando menos hacerlo con las mayores facilidades posibles. Y es que aunque eso último (la facilidad en el pago) parece un requisito paternalista, en realidad en un estado como Oaxaca ello resulta ser determinante.

PAGAR, UNA TORTURA

Independientemente de cualquier discusión respecto a si este impuesto prevalece o debe ser eliminado en Oaxaca, alguno de los funcionarios de la Secretaría de Finanzas debería darse una vuelta, cualquier día, por las oficinas de recaudación, Tránsito del Estado, y demás instancias involucradas en el proceso de emplacamiento de un vehículo, para darse cuenta lo complicado, poco accesible, y hasta tortuoso que resulta ese pago.

El primero de los obstáculos con los que se encuentra el contribuyente, radica en las constantes fallas que tiene el sistema interno de la Secretaría de Finanzas, para determinar las cantidades que deben pagar no sólo quienes van a realizar trámites de emplacamiento, sino cualquier otro contribuyente que debe pagar impuestos o los derechos de algún otro trámite ante instancias oficiales. Cualquier ciudadano debe esperar por lo menos una hora —cuando tiene suerte— para poder ser atendido por un funcionario que le proporcione los documentos, la línea de captura y los formatos para luego acudir a una institución bancaria a realizar los pagos correspondientes.

Independientemente del monto del pago realizado por concepto de tenencia, luego el contribuyente debe pasar por un nada sencillo trámite burocrático ante la Dirección de Tránsito del Estado, para que finalmente ésta le otorgue el registro al vehículo, le tome las calcas a los elementos de identificación, y le proporcione las placas, el engomado y los hologramas que acrediten que el procedimiento fue llevado a cabo conforme a lo que marca la ley.

En Oaxaca todo esto resulta ser un trámite poco accesible para el contribuyente. Y toda esta situación se agrava mucho más —para las arcas estatales—, cuando frente a ese procedimiento larguísimo y enfadoso para los particulares, aparecen gestores que ofrecen —y cumplen— realizar ellos todo ese trámite en otra entidad federativa, a un costo mucho menor (incluyendo, lógicamente, los honorarios del gestor) que el que debía pagarse a la Secretaría de Finanzas, y evitando vueltas y mohínas a los contribuyentes locales que prefieren pagar antes que pasar por ese vía crucis.

Es cierto que lo ideal sería que todos pagaran en Oaxaca lo que les corresponde. Sin embargo, como ese es un idealismo lejísimos de poder ser realizado, lo único que le queda a la Secretaría de Finanzas es idear las formas adecuadas no sólo para hacer económicamente más accesible el impuesto a los particulares, sino también (y esos sí son anhelos) que pudieran darle un destino específico a esos recursos, que abrieran verdaderos programas de regularización, y que pudieran hacer más simples los trámites para pagar.

¿MUCHO PEDIR?

Más que de fórmulas mágicas, este parece ser un asunto de imaginación y sensibilidad, que si lo lleva a cabo correctamente la administración estatal, para 2012 puede contar con muchos más recursos, de captación propia, que los que tiene ahora. Habrá que ver si hay capacidad para hacerlo.