Home Blog Page 409

Oaxaca en el escenario electoral nacional: ¿Por qué importa?

1

+ Comicios 2012: lucha electoral en numerosas bandas

La victoria electoral del Partido Acción Nacional en Baja California no sólo fue vista como eso. Esencialmente, es asumida como una derrota más para el PRI, que se suma a los descalabros sufridos en Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Guerrero, ocurridos todos en menos de siete meses. ¿Por qué hoy importan tanto las entidades federativas, y particularmente la nuestra, en el escenario electoral rumbo a los comicios presidenciales de 2012?

En realidad, más que como victorias o derrotas emocionales, tenemos que ver los altibajos del priismo en las entidades federativas como un indicador claro del termómetro electoral rumbo a la elección presidencial. Ganar o perder una gubernatura, significa no sólo ascendencia o influencia política, sino sobre todo un margen amplísimo de operación electoral traducida en número contante y sonante de votos.

Esa es la perspectiva a través de la cual parece que el escenario del PRI, rumbo a los comicios presidenciales de 2012, nuevamente se descompone. Aunque pareciera que la cúpula nacional del tricolor aprendió algunos errores del pasado (como los choques internos, la división y el acaparamiento), también es claro que con cinco derrotas electorales al hilo, su competitividad real hoy enfrenta severos cuestionamientos.

Este es un escenario peligrosamente inédito. En el primero de los casos, pareciera que el PRI en sus cúpulas nacionales, está poniendo en práctica las duras lecciones que les dejó su pasado inmediato. Contrario a como fueron sus definiciones internas rumbo a los comicios presidenciales de 2006, hoy no existe duda de quién será su abanderado presidencial (el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto).

Tampoco hubo diferendo alguno sobre quién debía ser el sucesor de la dirigente nacional Beatriz Paredes. Como pocas veces había ocurrido luego de abandonar el poder presidencial, prácticamente todas las figuras representativas del priismo nacional, se volcaron a favor de Humberto Moreira. Así, al no haber diferendo, se evitó una fractura mayor como las que en repetidas ocasiones sufrió el priismo por los actos de acaparamiento y exclusión que caracterizaron a Roberto Madrazo.

No obstante esos rasgos de “unidad”, la otra cara de la moneda indica que lejos de tener todo ganado, hoy los priistas enfrentan un riesgo real de volver a verse en aprietos en una elección presidencial, aún cuando al inicio de la contienda gozaban de una amplísima ventaja sobre sus competidores. De nuevo, volteemos al 2006 para corroborarlo.

En aquel año, Andrés Manuel López Obrador basaba su fortaleza como candidato presidencial, no sólo en su actuación como jefe de Gobierno del Distrito Federal, sino sobre todo en su amplia exposición mediática y en la imagen de mártir que le construyó el gobierno del presidente Vicente Fox. En ese escenario, el PAN estaba extraviado por completo.

¿Y qué pasaba con el PRI? Electoralmente, era el partido más fuerte, pues gobernaba casi 20 entidades federativas, entre las cuales se encontraban varias de las que más votos aportaban a la suma electoral nacional para quien pretendiera ser Presidente de la República.

Entidades como Oaxaca, Puebla, Veracruz, Estado de México, Nuevo León y las más importantes del centro y norte de la República, estaban bajo el control priista. Sólo que aún con eso, no les fue suficiente ni siquiera para finalmente dar batalla electoral tanto a López Obrador, como al candidato panista, Felipe Calderón.

Si ese, basado en datos duros, fue el mejor escenario electoral para el PRI en 2006, no existen muchos motivos para pensar que 2012 será el año del regreso del priismo. Porque aún con su candidato de unidad, y su presidente nacional en las mismas condiciones, tienen un escenario mucho más adverso. La configuración de los gobiernos estatales lo dice todo. Veamos.

VICTORIA EN ENTREDICHO

Es cierto que la simpatía de un candidato hace mucho. Pero también es cierto que la otra parte del trabajo electoral lo hacen las estructuras, la operación, el financiamiento y la efectividad del control territorial de la votación.

Sin duda, el gobernador Peña tiene ganado, por mucho, el primero de los factores por encima de cualquiera de sus potenciales oponentes. Sin embargo, habría que comenzar a revisar ese segundo factor que, hasta ahora, ha sido muy poco analizado, y que tiene como uno de sus ejes centrales a la operación electoral en estados como Oaxaca.

Centrémonos en nuestra entidad. Aquí, al priismo difícilmente le alcanzará la operación electoral para hacer que gane Peña como candidato presidencial. Tres factores lo determinan: primero, que el gobierno de Oaxaca, en manos del gobernador Gabino Cué, tendrá que decidir entre apoyar al candidato del PAN, o el del PRD, pero bajo ninguna circunstancia lo hará a favor de un priista.

Segundo: varios gobiernos estatales panistas o perredistas, según sea el caso, se centrarán en abonar estos “territorios fértiles” para la oposición como lo son Oaxaca, Puebla o Sinaloa, con el objetivo de borrar al priismo y llevar su caudal de votos hacia su causa partidista.

Un estado como Chiapas, controlado por completo por su gobernador Juan Sabines, tendrá la capacidad no sólo de hacer que ahí triunfe su candidato presidencial, sino también de enviar operadores para que lo haga en territorios como el nuestro, en donde posiblemente exista cierto interés afín sobre el candidato presidencial.

Y el tercero, que al PRI le faltarán recursos para hacer funcionar una maquinaria electoral que hoy se encuentra abandonada y sujeta a una feroz disputa por los grupos internos del tricolor en Oaxaca. En la reconfiguración interna de la cúpula estatal priista, estará la pauta para saber si alcanzan o no a ser competitivos en los comicios presidenciales. No parece fácil.

SUMA DE VOTOS

Si el PRI pierde de nuevo en 2012, sólo en los cinco estados donde ha perdido recientemente, Enrique Peña Nieto estará en problemas. Una posible suma de votos a favor del PAN o PRD, según sea el caso, de Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Distrito Federal, Guanajuato, etcétera, será una resta de varios millones de votos para el priista. ¿Aguantará su candidatura este embate que ya se ve en puerta? En sus territorios controlados debe sumar millones. Pero desde ahora se percibe un escenario electoral mucho más complejo para 2012, que el del “triunfo en la bolsa” que ya cantaban hace unos meses.

Reformas constitucionales: ¿Nadie frenará a Gabino Cué?

0

+ Reformar el poder, asunto de frenos y contrapesos

Más que con júbilo, debía tomarse con reserva y preocupación el anuncio anticipado de cómo, cuándo, y por quiénes, serán aprobadas las reformas constitucionales que envió el gobernador Gabino Cué al Congreso del Estado. Debía preocupar por la aparente ausencia de debate, trabajo legislativo, análisis y, sobre todo, propuesta seria respecto no al futuro de la actual administración, sino al futuro institucional de nuestra entidad.

Todo documento constitucional debe contener, en esencia, el concentrado de aspiraciones, la visión, el rumbo y la forma de organización que desea emprender una sociedad para lograr su bienestar. En ese sentido, toda Constitución plantea una serie de derechos, deberes y garantías para los ciudadanos, además de la estructuración, división y funcionamiento del poder público. Se supone que, fundamentalmente, ahí se conjunta la visión de todo un pueblo. Por esa razón, elaborar un Texto Constitucional legítimo y aceptado, requiere de una labor altamente sensible y compleja.

¿Por qué decir todo lo anterior? Porque habría de suponerse que una reforma tan profunda como la que pretende hacer el gobierno de Cué a la Constitución General del Estado de Oaxaca, tendría que ser motivo no sólo de acuerdos, “alianzas” o intercambios políticos entre fracciones parlamentarias; la discusión, enriquecimiento y depuración de la propuesta inicial enviada por el Titular del Poder Ejecutivo, debería ser una tarea en la que no sólo tuvieran que estar involucrados los diputados, sino toda la sociedad y los factores de poder en la entidad.

En este sentido, es importante que los integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado no se confundan: si bien es cierto que la alianza opositora llevó a Gabino Cué y a los ahora diputados locales por el PAN, PRD, PT y Convergencia, con un grado importante de legitimidad, también lo es que el bono democrático del que ahora gozan tanto el Mandatario como los Legisladores, no es sinónimo de omnipotencia, de infalibilidad, y mucho menos de consenso general independientemente del asunto de que se trate.

En otras palabras, que la legitimidad que hoy tienen tanto el gobernador Cué como los integrantes de las otrora fuerzas de oposición en Oaxaca, no debía asumirse como una patente de corso para hacer de la Constitución, de las leyes generales, e incluso de la misma práctica del poder, un reducto de sus visiones particulares. ¿Por qué?

Porque se supone que un régimen democrático, emanado de fuerzas verdaderamente democráticas, tendría que buscar el consenso y la participación de todos los sectores a los que, durante la época de predominancia del autoritarismo, se les impidió participar, proponer y convertirse en parte de los acuerdos.

Esta es, pues, la visión democrática integral que debía tener tanto el régimen, como los partidos que apoyan al gobernador Cué. Sin embargo, tal pareciera que unos y otros asumen incondicionalmente y sin cuestionamientos, una tarea (las modificaciones constitucionales) que rebasa por mucho la sola legitimidad de un gobernante, y que esencialmente necesita del trabajo sereno, el debate, el análisis, la oposición de quienes deban hacerlo, y sobre todo la participación de todos los sectores de la sociedad.

No debía verse como una simple acción de gobierno; sino como una verdadera labor de Estado, que debería estar más allá de los tiempos políticos, de los estrechos plazos fatales, o de los compromisos para quedar bien con el gobernante.

REFORMAS MUDAS

Desde hace varias semanas, el gobernador Cué hizo llegar al Congreso su propuesta de reforma constitucional para, en su visión, reconfigurar por completo la forma de ejercer el poder público, para replantear la existencia, funciones y alcances de los órganos autónomos, y para establecer mecanismos directos de participación ciudadana en las tareas de gobierno y evaluación de los gobernantes.

Es una propuesta que, más allá de que pueda ser calificada como buena o mala, sí es —como todas— altamente perfectible, y que debe ser analizada y puesta a consideración de todos los factores de la vida pública en el Estado. Y no es un caso aislado de Oaxaca: Ese es un paso de todos los proyectos profundos de reforma a una Ley Fundamental, que de verdad pretenden ser aprobados y respaldados por la legitimidad y aceptación de los ciudadanos.

Sin embargo, las primeras señales que están dando los actores formales que impulsan esas reformas, van en sentido contrario al de una verdadera legitimidad. Hace un par de días, en declaraciones al portal Olor a mi Tierra, el diputado local por el PRD, y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Alejandro López Jarquín, “preveía” que el próximo 30 de marzo serían aprobadas las reformas constitucionales propuestas por el gobernador Cué.

En ese mismo sentido, ayer los dirigentes y coordinadores parlamentarios del PAN, PRD, PT y Convergencia, anunciaron su total respaldo a la propuesta de reforma del gobernador Cué y, según la Agencia Quadratín, reiteraron la existencia de la coalición legislativa para sacar adelante esas modificaciones en el menor tiempo posible.

Todo eso, bien puede tomarse como la existencia del “gran acuerdo” necesario. Pero más allá de los maniqueísmos, todo eso también asumirse, ante señales claras, de que ésta podría ser una reforma realizada sin los acuerdos, el análisis y la reflexión necesaria, como para tener la certeza de que eso es lo que necesita Oaxaca.

Por eso mismo, no nos atrevemos a calificar el proyecto de reforma enviado por el gobernador Cué. Seguramente es un proyecto de avanzada que, sin embargo, necesita nutrirse, adicionarse y ajustarse por la participación de todas las voces ciudadanas y especializadas posibles.

Evitar ese paso, y aprobarla en automático, equivaldría a desperdiciar la oportunidad de discutir y analizar qué futuro, y qué visión de largo plazo se tiene para Oaxaca. Y sería tanto como convalidar los errores naturales, e incluso los excesos o los beneficios deliberados, que tuviera el autor de dicha propuesta.

 

¿Y LA OPOSICIÓN?

Habrá que ver, también, qué nivel de oposición existe en todo eso. Porque si los coaligados están por completo echados a los brazos del Gobernador, desde las trincheras opositoras debían estarse construyendo ya los contrapesos naturales y necesarios al sistema político. ¿Tiene idea el PRI del papel que le toca desempeñar? Pronto lo veremos.

El dilema constitucional, más vigente que nunca

0

+ Nueva Constitución: ¿Qué opinan los expertos?

Este 5 de febrero, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cumple 94 años de vigencia. Aunque éste ha sido un documento en constante cambio y perfeccionamiento, hay muchos que opinan que nuestro Texto Constitucional debe ser reformado, mientras que otras voces aseguran que antes de pensar en realizar cambios estructurales, lo primero que debe hacerse es respetar la norma vigente.

En cualquiera de los casos, vemos que en nuestro país el dilema constitucional es plenamente vigente, y que debía ser algo más que una discusión remarcada, en uno de los extremos, por la ignorancia; y en el otro, por el excesivo intento de hacer elitista una discusión que debía ser —sin el demérito propio de la expresión— mucho más mundana.

Prácticamente a diario, los mexicanos hallamos quejas de nuestro gobierno, sistema político, democracia, forma de representación, e incluso por el funcionamiento del mundo burocrático y la forma en cómo la ley es tan poco respetada. Fundamentalmente, ubicamos esos problemas en el extremo de la ley; pero le damos muy poco crédito, por nuestra propia conveniencia, al extremo de las personas. ¿De qué hablamos?

De que, esencialmente, éste es un problema legal, pero también es un problema de respeto de la ley. Es decir, que en la misma medida que la ley es buena o mala, o es también la disposición y la cultura que tenemos las personas para comprenderla y respetarla. En ningún lugar del mundo existen las normas perfectas capaces de regular a todos los individuos independientemente de su voluntad por la legalidad, como también es simplemente ideal e inexistente el sitio en el que la convivencia sea perfecta, y en donde, por tanto, sea innecesaria la existencia de leyes.

Esto es esencial para entender muchos de nuestros problemas como nación. Si bien es cierto que la Constitución General de la República es de las más antiguas a nivel continental, también lo es que ésta ha tenido una observancia voluntaria y dinamismo tal, que hoy el Texto Constitucional vigente, en poco se parece al que fue promulgado en 1917.

No obstante la Constitución, a pesar de ella, o por responsabilidad de ella, vemos que hoy nuestra nación está llena de convulsiones que irremediablemente nos llevan a preguntarnos si las leyes domésticas regulan la vida institucional correcta o si, por el contrario, es necesario darle un nuevo rumbo al país a través de la Constitución.

En ese sentido, el argumento reduccionista habría de llevarnos a creer que las leyes vigentes no sirven y que por tanto es urgente renovarlas. Por el contrario, una postura excesivamente conservadora, podría decirnos que el camino es el correcto, y que no es necesario ningún replanteamiento constitucional en nuestro país.

Esa primer postura es la común de muchos ciudadanos; y la segunda, es la siempre asumida por los gobernantes en turno, que si bien no tienen todos los mecanismos para concretar sus proyectos de gobierno, sí terminan resignándose a hacer lo que se pueda durante su gestión, sin atreverse a tratar de tocar un marco institucional hoy marcado por la pluralidad, como también por la falta de acuerdos, liderazgos e incluso de gobernabilidad entre quienes tienen en sus manos el futuro de nuestra nación.

 

¿NUEVA CONSTITUCIÓN?

En ese sentido, tendríamos que preguntarnos qué piensan al respecto algunos de los constitucionalistas más importantes de México. Recientemente, la revista especializada El Mundo del Abogado, hizo la pregunta “¿Necesitamos una nueva Constitución?” a varios de los más importantes investigadores en materia constitucional. Las opiniones son diversas y enriquecedoras. Aquí, resumidas, reproducimos tres.

Diego Valadés opina que “Desde hace varios años existe la necesidad de una profunda reforma constitucional. La decadencia de varias de nuestras instituciones está en el origen de muchos problemas actuales del país. Sin embargo, los dirigentes políticos no han tenido la capacidad suficiente para llevar a cabo la reforma de Estado. Una de las consecuencias de esta omisión es el acentuado envejecimiento de la norma suprema.

Además, la sociedad se ha acostumbrado a las violaciones a la Constitución. Por ejemplo, el artículo 21 establece que las instituciones de seguridad pública deben ser de carácter civil. El ejército y la marina sólo habrían podido participar en tareas de seguridad si se hubieran suspendido las garantías en los términos del artículo 29. El hecho es que hoy los partidos políticos guardan silencio y la sociedad acepta las violaciones constitucionales. Este fenómeno se conoce como anomia e implica la pérdida de adhesión espontánea a la Constitución. Sólo una reforma de excepcional importancia podría restituir a la Constitución su muy menguado prestigio. De no ocurrir así, en el mediano plazo será inevitable un nuevo pacto político…”

Miguel Carbonell, por su parte, dice que “La Constitución mexicana de 1917 ya cumplió su ciclo histórico. Si la comparamos con muchas de las constituciones de América Latina veremos con claridad su evidente retraso, su falta de sistematicidad, sus contradicciones internas, su anquilosamiento, sus insuficiencias. No tengo la menor duda de que el país requiere un nuevo texto constitucional, apropiado para la consolidación de una democracia moderna, con un catálogo bien ordenado y completo de derechos fundamentales y con mejores arreglos institucionales en lo que concierne a la división de poderes.”

En contraposición, Elisur Arteaga Nava apunta que “Es la ignorancia lo que lleva a proponer el tema de una nueva Constitución. No hay problema nacional que no encuentre solución en el texto actual. Esto es válido a pesar de los muchos defectos que hay en ella. En este momento lo urgente es que gobernados y gobernantes conozcan la Constitución, respeten su texto, que los jueces se atengan a lo que ella manda, sin importar quiénes son parte en los procesos de que conocen. No estaría de más dejarla reposar cuando menos un año, no reformarla, no manosearla con reformas mal pensadas o innecesarias. Éste pudiera ser un buen propósito de año nuevo.”

 

RESPETAR LA LEY

En el fondo, el imperativo más importante debía ser, independientemente de si urge o no una nueva Constitución, el del respeto a las leyes vigentes. Es cierto que la institucionalidad podría ser mejor con nuevas leyes, pero también lo es, que podría haber un mejor panorama con un mejor sentido de legalidad. Y ni eso, que toca a los ciudadanos, tenemos.

 

PRI Oaxaca: el problema es el “no-cambio”

0

+ Renovar prácticas, más que a la dirigencia

Quienes se disputan la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional en Oaxaca, están metidos en un callejón sin salida. La mayoría de los grupos disidentes han ubicado, erróneamente, la “solución” de este asunto en la salida del dirigente estatal, Eviel Pérez Magaña; por el contrario, el grupo que respalda al Líder tricolor, simplemente señala que su dirigencia es legal y legítima, y que por tanto ésta permanecerá en funciones hasta el 2012. No dan —o no quieren dar—, con el fondo de este problema, que esencialmente tendría que radicar en hallar los equilibrios y ponerlos en práctica.

Frente a todo esto, no es exagerado asegurar que el PRI oaxaqueño está enfrascado en un problema que no tiene solución. En este sentido, queda claro que la radicalización de posiciones, y los remedios interesados o de corto plazo, siempre han sido las rutas opuestas a la solución de fondo de los problemas de una sociedad. Y eso es exactamente lo que ocurre en el priismo. ¿Por qué?

Porque, en uno y otro sentido, resolver una posible sustitución del Presidente del CDE, como problema de fondo del priismo, por sí mismo no resuelve nada. Del mismo modo, asumir una posición radicaloide y tardíamente envalentonada, para simplemente venir a decir que la dirigencia es legal y legítima, que cuenta con el apoyo de la dirección nacional, y que por tanto ésta se sostendrá durante los próximos dos años, es tanto como negar que el tricolor es un partido compuesto por militantes, y asumirlo como un conjunto de autómatas carentes de sentido social y criterio como personas.

Deducir las razones del fracaso anticipado de esas dos posiciones, es tarea sencilla. Esto, porque en la primera de las vertientes, es fácil darse cuenta que la sola salida del diputado Pérez Magaña de la dirigencia estatal, no resolvería prácticamente ninguno de los problemas actuales que se acusan, y que son evidentes, de la dirigencia estatal como fuerza política de oposición. De nuevo: ¿Por qué?

Porque habría que entender, de entrada, que la oposición no se hace solamente desde la dirigencia partidaria. Si bien ésta tiene un papel fundamental en la defensa de los intereses e ideología del partido representado, también lo es que ese sentido de oposición debe también entenderse y nutrirse desde todas las posiciones de poder que tiene el partido.

Viéndolo desde esa perspectiva, es claro que no sólo ha sido el diputado Pérez quien ha fallado gravemente en su misión, sino que también son corresponsables todos los demás militantes de ese partido que, desde las respectivas posiciones preponderantes en que se encuentran, no han sabido hacer la oposición que se debía esperar de ellos.

En uno de los extremos, por ejemplo, se encuentra el diputado Martín Vásquez Villanueva, quien desde la coordinación de los diputados del PRI en la LXI Legislatura del Congreso del Estado, ha encabezado algo que bien podría denominarse como una “oposición invisible”.

La bancada tricolor en el Congreso local no ha demostrado algo más que tibieza, carencia de argumentos sólidos, e incluso de una idea precisa del papel que le toca jugar, no como comparsa, sino como cuña, resistencia y dique al gobierno estatal.

En apariencia, parecen estar confundiendo la idea de la “oposición responsable”, con la de la “oposición aparente”. Esto, porque la supuesta “responsabilidad” de una oposición civilizada, no radica en simular para luego enmendar la plana, a quienes se supone que debían acotar y exigir mejores resultados.

Tal pareciera que, en esa lógica, la diputación priista de Oaxaca ha tenido más titubeos que certezas a la hora de hacer su labor política, como si tuvieran temores, o como si con esa posición trataran de aparentar lo que no hacen, a cambio de que sus adversarios asimismo pasen por alto temas o asuntos en los que ellos tendrían cuentas pendientes.

Quien crea que esa oposición tibia no es parte del problema, está equivocado. En todo caso, la responsabilidad del diputado Pérez Magaña por esa cuestión, radica en no exigir más a quienes debían estar construyendo en el Congreso las bases opositoras de su partido.

Pero también es responsabilidad de los directamente involucrados, como los diputados locales. Y sin una voluntad política firme de todos los involucrados para modificar esa tendencia, por sí sola la salida del Líder priista no resolvería mucho de los problemas e insuficiencias de fondo que tiene ese partido.

DIRIGENCIA SORDA

Pero frente a casi todos los que exigen la salida del diputado Pérez de la dirigencia priista, y que aseguran que ese será el remedio a la crisis de ese partido, se encuentran quienes simplemente dicen que la dirigencia está firme, y que todos los inconformes no representan más que “voces aisladas”. Esa posición se ubica exactamente en el otro extremo de la anterior. Y tampoco contribuirá a remediar los evidentes cuestionamientos internos que hoy enfrenta el priismo oaxaqueño.

En este sentido, el senador Carlos Jiménez Macías trató de ser firme: vino a Oaxaca a aparentar un espaldarazo de la dirigencia nacional al diputado Pérez, que en realidad no es sino la defensa del grupo del ex gobernador Ulises Ruiz. Jiménez es un ulisista puro que, como ahora, siempre defendió con singular denuedo los intereses de su grupo, independientemente de quién fuera el adversario.

Pero su “defensa”, en realidad tampoco resuelve nada en el PRI. La mayoría de quienes se han inconformado con su dirigencia, a quien menos cuestionan es al diputado Pérez. En realidad, buena parte del enojo generalizado radica en el secuestro de la dirigencia tricolor, por parte de quienes cometieron todo tipo de latrocinios durante el régimen anterior.

Frente a eso, decir simplemente que todo seguirá igual, es tanto como reafirmar los oídos sordos, la terquedad y los vicios, que genuinamente provocan molestia entre los priistas oaxaqueños.

HALLAR EQUILIBRIOS

Es por demás lamentable ese escenario bipolar del PRI oaxaqueño. Frente a ello, lo único que se puede prever, es que no existan soluciones cercanas, ni amistosas, ni de fondo; y que, por tanto, las disputas sólo se ahonden, y el tricolor siga dejando pasar la oportunidad de erigirse realmente como una oposición responsable en la entidad. Sin equilibrios no habrá arreglo. Y esos equilibrios no llegarán, mientras el común denominador siga siendo el de las posiciones tirantes, opuestas e insensibles.

Twitter: @ortizromeroc

Robles Montoya: ¿Realmente fue degradado?

0

+ Aversiones y ataques, constante en su actuar

Caben sólo dos posibles escenarios en la remoción de Ángel Benjamín Robles Montoya de la Jefatura de la Oficina de la Gubernatura. El primero apuntaría a una abierta degradación derivada de su desempeño en estos primeros dos meses de gobierno; y el segundo, no improbable, que el gobernador Gabino Cué Monteagudo decidiera protegerlo frente a diversos cuestionamientos que ya le pesan a su administración. En cualquiera de los dos escenarios, de todos modos el saldo político no es del todo alentador.

Es conocida por todos en Oaxaca, la historia de cómo a mediados de los años noventas Robles transitó por los principales círculos del poder con el gobernador priista Víctor Manuel Tinoco Rubí, y cómo ahí tejió una historia negra basada en las acusaciones de espionaje, hostigamiento e investigación tanto a los opositores políticos de aquella entidad (incluido el ahora presidente Felipe Calderón), como a líderes sociales, e incluso a periodistas.

Sin embargo, y contrario a lo que muchos piensan, la importante ascendencia que hoy tiene en el gobierno de Gabino Cué también es perfectamente explicable en la actuación que desplegó para defender su causa opositora, mas no en posibles cuestiones morales o éticas del ejercicio del poder y los partidos políticos.

Pocos hombres le fueron profundamente leales al ahora Gobernante en los tiempos en los que ellos representaban una oposición repudiada, perseguida y señalada por los grupos gobernantes, incluso cuando, desde el poder, se les trató de generar algo que bien podría calificarse como una campaña de odio frente a la ciudadanía. Uno de esos personajes leales a Cué, que fueron fundamentales para su proyecto político, fue Robles.

¿Por qué decir que su cercanía con Cué debe entenderse lejos de cualquier razón ética o moral? Porque así como suele ocurrir con todos los hombres de poder, éstos siempre deben estar rodeados de personas de todos tipos, incluso de quienes estén dispuestos a hacer todo, frente a cualquier escenario, por defender las causas que enarbolan. Eso último es lo que ha sido Robles para Cué.

¿No se recuerda que hace más de seis años, fue Robles quien construyó la organización civil que respaldó a Cué en sus primeras aspiraciones por ser Gobernador, y que incluso, esa misma organización (Ciudadanos Unidos por Oaxaca) fue la que le dio el matiz “anti-político” con el que incrustó la idea de que su gobierno municipal era el primero “ciudadano” que había en Oaxaca?

Luego, Robles fue uno de los pocos que continuaron instalados en la corriente opositora al entonces gobernador Ulises Ruiz, a pesar de que éste, de nueva cuenta, instruyó la puesta en marcha de una implacable campaña de persecución en su contra, en la que no precisamente fueron los límites morales o éticos los que prevalecieron para respetarlos como en política se supone que debería ser.

Pocos se sostuvieron en esa corriente en los peores momentos. Y si uno fue Robles Montoya, otros fueron Alberto Esteva Salinas, Mario Mendoza Flores, Víctor Hugo Alejo, Margarita García y sólo algunos más, que bien pueden contarse con los dedos de las manos.

De ahí que las lealtades políticas habidas entre esos personajes, hoy parezcan ser mucho más fuertes que las primeras coyunturas o sinsabores de este nuevo gobierno. Por eso, habría que tomar con mucha mesura la posibilidad de que verdaderamente Robles haya sido degradado apenas a dos meses de haber iniciado la administración.

 

TODO ES RELATIVO

El otrora poderoso Jefe de la Oficina de la Gubernatura, ha cometido errores imperdonables para un hombre que aspira a detentar el poder, ejercerlo y acrecentarlo. Uno de ellos, inicial y fundamental, radica en su nada mesurada pretensión de tratar de hacerse una imagen de potencial candidato “a algo”.

Era innecesario —además de una torpeza, y hasta un sinsentido— para él, aparecer con “cara de guapo”, de la noche a la mañana después de ganada la elección de julio pasado, en las portadas de ciertas publicaciones, en las que aseguraba que a él “le encantaría ser” el segundo personaje en Oaxaca (porque el primero fue el ahora gobernador Cué) en conocer los 570 municipios de la entidad, y su problemática.

Esas maniobras, burdas y carentes de todo alcance político real, lejos de ayudarlo lo metieron en un brete frente a todos los demás integrantes del naciente grupo gobernante, e incluso ante el nuevo Gobernador del Estado. ¿Por qué?

Porque la lógica del poder apunta que todos los que rodean a un gobernante, en una República, lo hacen no sólo por el “espíritu de servicio”, sino porque aspiran crecer políticamente, para algún día ocupar el máximo cargo para todo hombre de poder. En esa lógica, el escenario que Robles se construyó fue el peor frente a todos sus compañeros, que también son sus adversarios.

Otro de sus errores, reciente, tiene que ver con las disputas que emprendió con los más importantes hombres y mujeres del gobierno, para tratar de “cuidar” el coto de poder que le fue conferido. En una operación de sumas y restas, es claro que Robles descontó mucho más del capital político, de todo aquello que en algún momento pudo sumar. La imagen de implacable, de intolerante, y de impositivo, siempre es dañina para alguien que apenas se encuentra en la ruta de construir su camino al verdadero ejercicio del poder.

Sin embargo, a pesar de sus inocultables aspiraciones personales anticipadas y torpes, e incluso de las aversiones que aceleradamente generó entre sus mismos compañeros en el incipiente gobierno, bien podría haber ocurrido que su sustitución de en la Oficina de la Gubernatura, fuera para mantenerlo a salvo.

 

¿RED PROTECTORA?

Robles Montoya es uno de los personajes que no puede acreditar los estudios profesionales que dice haber cursado. Si el gobernador Cué ha reiterado su voluntad por no modificar ese requisito en la Ley Orgánica respectiva, entonces él y los demás que no han presentado la documentación correspondiente, corren el riesgo de ser separados de sus respectivos cargos. El de Secretario Particular del Gobernador, sin embargo, es un cargo para el que no se requiere calidad profesional alguna. Y es que Robles continúa encabezando eventos y reuniones, como si ocupara el cargo que formalmente dejó el sábado pasado. ¿Pesarán más que todo las lealtades entre Cué y Robles? ¿O de verdad le estarán tratando de dar una salida digna a quien en sólo dos meses logró unificar a todo el gabinete, pero en su contra?

 

Usos y costumbres: debe hallarse el equilibrio

0

+ Desaparecerlos o santificarlos, un grave error

Bien dice el refranero que todos los excesos son malos. En este sentido, tanto daño ha provocado al sistema de elecciones por usos y costumbres su reiterada pontificación, como ahora los señalamientos que apuntan a desaparecerlo. En la pérdida de los equilibrios, y la equivocación del discurso, los supuestos defensores del indigenismo y las formas alternas de organización política en Oaxaca, podrían provocar un daño irreparable a la democracia.

En la década de los noventas, nuestra entidad se convirtió en vanguardia nacional al reconocer a cientos de comunidades indígenas, un sistema de elección de sus autoridades a través de vías distintas a los partidos políticos. Esto incluyó el reconocimiento a las asambleas comunitarias, a las formas tradicionales de organización, y a las particularidades de cada comunidad para elegir a sus representantes políticos.

No obstante, en esa reforma constitucional y legal en materia electoral, también quedó establecido —como era obligación por la simple jerarquía de leyes y bienes jurídicos a proteger— que el sistema de elección por usos y costumbres debía tener como único límite, el respeto a los derechos políticos que otorgan las Constituciones federal y estatal a los ciudadanos de la República, para votar y ser votado.

¿Qué significaba eso? Que independientemente de la forma particular de elegir a sus autoridades, debía respetarse, entre otros derechos, la igualdad como ciudadanos del hombre y la mujer para emitir su sufragio o aparecer como candidato a cargos de elección popular; y el gozar de las garantías mínimas para que el sentido de su voto estuviera libre de toda coacción, cuestionamiento o recriminación. Son principios que, aunque en apariencia son sencillos, a la larga evidenciaron algunas de las grietas más importantes que tiene este sistema electoral costumbrista.

Una de esas grietas, fue justamente la que evidenció el caso de la ahora diputada local por el PAN, Eufrosina Cruz Mendoza. En su comunidad (Santa María Quiegolani), se acostumbra que las mujeres no tienen acceso —y mucho menos derecho a voz y voto— en las asambleas comunitarias para elegir a sus autoridades.

Ello, que ocurre en innumerables pueblos oaxaqueños regidos por ese sistema, le impidió ejercer el derecho constitucional que tiene como ciudadana de la República, de aspirar a ocupar un cargo de elección popular en su municipio. A partir de ello, Cruz Mendoza inició una verdadera cruzada, para exigir que dentro del sistema de usos y costumbres fueran respetados todos los derechos y garantías que la Constitución otorga, pero que los pueblos, basados en el costumbrismo, niegan.

La denuncia de ese hecho, fue lo que la llevó a ser reconocida en el ámbito nacional e internacional, como una verdadera luchadora por los derechos políticos de las mujeres indígenas, e incluso, fue lo que le permitió el acceso a un partido político, que finalmente la postuló —por la vía de la representación proporcional— para ocupar un cargo legislativo aquí en Oaxaca.

Sólo que, una vez que tomó posesión de su cargo, y que incluso fue impulsada para ocupar la titularidad de la Mesa Directiva del Congreso del Estado —y tomando en cuenta que su principal bandera había sido la de la defensa de los derechos políticos consagrados en la Constitución frente al sistema de usos y costumbres—, aquí nos cuestionamos:

¿Cuál será la ruta que seguirá la diputada Cruz Mendoza, para tratar de armonizar el sistema con el respeto a los derechos constitucionales? Ese punto continúa siendo el quid de esta discusión. Y debía ser el punto central de una discusión mucho más importante y profunda que la simple propuesta de seguir santificando los usos y costumbres o, por el contrario, eliminarlos.

HALLAR EQUILIBRIOS

De entrada, una cosa debíamos entender y asumir cabalmente: Que ni la Constitución General de nuestro país está equivocada al señalar que los derechos políticos de los ciudadanos no son renunciables ni potestativos; y que, tampoco, el sistema de elección de autoridades por usos y costumbres, es esencialmente malo o dañino para la democracia.

¿Si no es ni uno ni otro punto, entonces dónde se encuentra el principal escollo? Todo radica, en el fondo, en el hecho de que en la práctica no ha habido la voluntad, de nadie, para lograr que los usos y costumbres sean ejercidos —e incluso perfeccionados— dentro del marco de libertades y derechos establecidas por las leyes vigentes. Es decir, que se garantice la subsistencia de las formas “milenarias” de organización política, pero respetando los derechos de las personas establecidos en la ley.

Esta ha sido una tarea no atendida por todos los involucrados. Las autoridades electorales locales, asumieron que al haber un sistema electoral basado en el costumbrismo, entonces los pueblos podían hacer lo que quisieran; éstos mismos, también asumiendo una posición incorrecta de ese reconocimiento, asumieron que en nombre de los usos y costumbres se podían transgredir los derechos de terceros (mujeres, avecindados, grupos minoritarios, etcétera) a la hora de concretar las definiciones políticas de sus comunidades.

Por esa razón, están equivocados quienes erróneamente creen que sólo con cambios a la ley, se podrá perfeccionar un sistema que esencialmente no es malo, pero que se ejerce en un marco evidente de falta de información y de conocimiento por parte de las comunidades indígenas, pero también de una ausencia total de limitación por parte de las autoridades que los han dejado hacer y entender ese sistema a modo de cada persona, y no como marcan las leyes.

La cuestión de fondo se encuentra en lograr la armonización de los usos y costumbres con las garantías fundamentales. Una “democratización” sólo de papel, será tan intrascendente e inútil, como lo fueron todas las previsiones hechas a la norma vigente para proteger los derechos políticos de las personas, los cuales han sido violados sistemáticamente. Habrá que tomar en cuenta otras vertientes. La sola vía de las reformas legislativas, será insuficiente. Y pensar en eliminar este sistema, será por demás más dañino para la democracia.

¿DEMOCRACIA?

Está “cantado” que Jorge Carlos García Revilla será el nuevo consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral. ¿Qué no éste debía ser electo por el Congreso? Esta “democracia” del pasado, en los nuevos tiempos de la “transición”, sí que está padrísima.

 

Reemplacamiento: No traten de timar a los oaxaqueños

2

+ Marco Tulio dice las mismas mentiras que su antecesor

Pareciera que los discursos de los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, los sacan de la misma chistera. Hace exactamente dos años, el entonces secretario Javier Rueda Velázquez trató de engañar a los oaxaqueños con el tema del reemplacamiento, y ahora pretendió imitarlo, con el mismo argumento, su sucesor, Marco Tulio López Escamilla. Si para algo se debe ser creativo en el sector público, es para convencer a la ciudadanía de que debe pagar impuestos.

¿Qué dijo el secretario López Escamilla hace apenas unos días respecto a los impuestos que deben pagar todos los propietarios de vehículos de motor en el estado? Dijo, de acuerdo con información del portal Libertad Oaxaca, que “es un hecho, a partir de la próxima semana automóvil que no cuente con placas de circulación será detenido y enviado al corralón, hasta que el propietario regularice su situación, no habrá prórroga, se aplicará puntualmente el reglamento.”

Y además justificó su advertencia con el siguiente argumento: “Para aquella persona que le roben el auto, debemos tener elementos de identificación, por lo que vamos a iniciar un operativo para que se regularice esta situación y que los ciudadanos paguen la tenencia, asimismo se van a dar las facilidades, es un hecho, sí tenemos que cargar nuestros vehículos con placas. Aquellas personas que no lo hagan se les va a aplicar la ley puntualmente, porque se trata de un esquema de seguridad traer nuestros carros emplacados”, indicó.

Este es exactamente el mismo argumento, sólo que actualizado, que hace dos años utilizó su antecesor Rueda Velázquez para justificar el reemplacamiento, y la exigencia de pago de la tenencia.

Como entonces, igual que ahora, el motivo de fondo era recaudar para tener recursos frescos pagando el menor costo político posible, en enero de 2009 el Titular de la SSPE igualmente dijo que la reposición de todas las placas de identificación de vehículos de motor, se hacía no por cobrar más impuestos, sino en base a un esquema de seguridad aplicable a todo el país. ¿A qué se refería?

A que, según él, el reemplacamiento había sido uno de los puntos pactados en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado en agosto de 2008 por quienes integran los tres órdenes de gobierno y los tres poderes en que funcionalmente se divide el poder público en nuestro país.

Sólo que ese supuesto acuerdo del reemplacamiento, en realidad no existía. Igual que ahora, al gobierno estatal le preocupaba tener una mayor recaudación para así disponer más recursos. Y entonces, como ahora, trataron de echar mano de los automovilistas —contribuyentes prácticamente cautivos— a los que sí pueden coaccionar y presionar en las calles, a través de operativos con agentes de tránsito, vigilancia, y el retiro de la circulación de vehículos de motor no que no cumplan con los esquemas de seguridad, sino que no hayan pagado los onerosos impuestos respectivos.

 

¿REEMPLACAMIENTO O TENENCIA?

Es claro que uno y otro son distintos. Mientras que el costo del reemplacamiento tiene que ver directamente con el registro, ante la base de datos del Gobierno del Estado, de todas las características de los vehículos de motor —y sus dueños o poseedores—, que circulan en territorio estatal, así como el suministro de láminas de identificación para ser colocada en la unidad registrada. La tenencia vehicular, por su parte, es un impuesto federal que paga el propietario de cada unidad de motor, calculado proporcionalmente al valor del vehículo, por el simple hecho de poseerlo.

Reiteradamente, las administraciones del gobierno estatal han tratado de hacernos creer que la motivación de fondo de las presiones a los dueños de vehículos es el reemplacamiento por motivos de seguridad, cuando en realidad lo que pretenden es avalar las razones por las que nos siguen cobrando, año con año, y puntualmente, el impuesto sobre la tenencia y uso de vehículos de motor.

El asunto no podía ser más evidente, y lo sabemos todos los que tenemos un vehículo: para poder realizar cualquier trámite relativo al emplacamiento de una unidad, es indispensable presentar los comprobantes de pago del gravamen sobre la tenencia vehicular.

Esto es lo que ha frenado a miles de personas en todo el Estado, para poder registrar sus unidades ante el gobierno estatal, y así éste pueda tener actualizado el registro de las unidades de motor para ser utilizadas ante cualquier eventualidad.

Así, si lo verdaderamente importante para el gobierno de Gabino Cué es el reemplacamiento, lo que debería hacer es comenzar a aprovechar todas las ventajas de la inminente estatalización del impuesto sobre la tenencia, para emprender un gran programa de regularización de todos aquellos automovilistas que por alguna causa dejaron de pagar la tenencia en el pasado, que después decidieron no hacerlo por el cúmulo de anualidades pendientes de ese gravamen, y que por tanto sus unidades no tienen registros actualizados ante la autoridad estatal.

Un programa como el popularmente conocido de “borrón y cuenta nueva”, le permitiría al gobierno estatal elevar sustancialmente la recaudación fiscal en el presente año; atraería también a muchos de los automovilistas que han dejado de cumplir con sus obligaciones en el pasado, pero que sí desean hallar un mecanismo para regularizarse.

Además, cumpliría el propósito de actualizar el registro e incrementar la seguridad en todo aquello que tiene que ver con vehículos de motor. E incluso tendría toda la legitimidad para exigir a los morosos que pusieran al corriente su situación, a través del retiro de la circulación, y el traslado a corralones, de todas aquellas unidades que no tuvieran una situación regular.

Es claro que el hostigamiento, las mentiras y las amenazas, nunca podrán llevar a un gobierno democrático, al buen puerto al que siempre desea llegar. Si bien Gabino Cué no prometió eliminar la tenencia, sí podría hacer algo (y mucho) para quitarle las pesadas cargas negativas que tiene ese impuesto frente a la ciudadanía.

 

GOBIERNO SENSIBLE

En todo esto, el gobernador Cué parece sí tener un grado importante de sensibilidad. Ayer dio las primeras pautas sobre un programa de regularización vehicular sin cargos mayores para el ciudadano. Ojalá, pues, que esto no quede en el simple discurso. Es necesario que el gobierno demuestre que sí puede pasar del discurso a los hechos.

 

Robles Montoya, defenestrado por su historia y excesos

1

+ PRI: factores de poder cobran a URO viejas afrentas

Si existe en México un factor de poder dentro del PRI, que tiene vínculos estrechos con la maestra Elba Esther Gordillo, ese es el presidente nacional electo, Humberto Moreira Valdez. Sólo a partir de ello, es que se puede explicar el aparente desdén del CEN priista a la revuelta que hoy ocurre en el priismo oaxaqueño, y el endurecimiento del discurso entre quienes pretenden “rescatar” o sostenerse en la dirigencia de ese partido en Oaxaca.

Se supone que en un partido político, todas las corrientes y expresiones tienen la entera libertad de hacer y decir lo que les plazca. Sólo que, en el caso del priismo, la disciplina y la subordinación a las decisiones verticales continúan teniendo un peso fundamental entre sus dirigentes y militantes. En el tricolor nacional, no se mueve una hoja del papel sin el conocimiento y la venia de sus factores dominantes.

Si esto es así, ¿por qué entonces vemos esta completa anarquía en el PRI de Oaxaca? Se supone que el diputado federal Eviel Pérez Magaña es el presidente del Comité Directivo Estatal, gracias al aval de la dirigencia nacional.

Se supone que todo esto, además, se encuentra sostenido por el respaldo y los amarres políticos del ex gobernador Ulises Ruiz. Y se supone que éste sigue siendo, por sí y por interpósitas personas, el Jefe Político del priismo oaxaqueño.

De este modo, si se supone entonces, que existen todos los acuerdos cupulares para el sostenimiento de Pérez Magaña como dirigente estatal, y que en la militancia y los factores de poder prevalece el sentido de disciplina a su dirigencia nacional, entonces se reitera la pregunta: ¿Por qué todos enfilan hoy sus baterías en contra de la dirigencia estatal?

La pregunta es sencilla de responder: En primer lugar, porque la figura del Jefe Político parece estar superada en Oaxaca; y en segundo término, porque aún cuando la dirigencia nacional del PRI no ha apoyado —ni lo hará en el corto plazo— a ninguna causa golpista al interior del tricolor oaxaqueño, ésta tampoco ha frenado a las voces críticas.

A partir de ello, entonces, es que se puede entender el surgimiento de esquiroles, de voces críticas, e incluso de viejos priistas, hoy huérfanos, que como no encuentran acomodo en ninguna de las corrientes, entonces alzan la voz para ser tomados en cuenta.

Así, la primera afrenta se abrió entre quienes pretenden colonizar al tricolor desde el Gobierno del Estado. El diputado federal Jorge Franco Vargas, ha tratado a toda costa de encender la flama opositora de un priismo que no necesariamente lo asume como el líder que necesitan en estos tiempos.

Y es que si al grupo que encabeza Pérez Magaña lo ven como la encarnación de lo peor de la corrupción e incapacidad del ulisismo, a Franco lo asumen como el mejor de los representantes del autoritarismo, de los cuestionamientos y de los señalamientos de abusos, que luego de seis años de hacer mella en la credibilidad del tricolor en Oaxaca, los llevaron al rechazo ciudadano, y a la derrota electoral.

En una tercera vía —como la que plantea el diputado federal Jorge González Ilescas—, a partir de ahora el PRI debe tener planteamientos más serios y coherentes sobre lo que necesita ser y hacer para encabezar a la oposición en Oaxaca, y para seguir teniendo competitividad de cara a los procesos electorales que se avecinan.

Así, todo el mes de febrero será de vía libre para que los grupos que buscan sostenerse o cambiar a la dirigencia estatal, hagan lo conducente. Después, se verá cuánto pesan a Humberto Moreira sus compromisos con su madrina, la maestra Gordillo; y cuánto desea meter las manos por su asesor el ex gobernador Ruiz, que por las viejas historias del madracismo, es uno de los últimos enemigos políticamente vivos de la expulsada ex Secretaria General del CEN del PRI.

ROBLES, DEFENESTRADO

Desde el 4 de julio pasado, la actuación de Benjamín Robles Montoya tuvo un común denominador: hizo todo para hacerse del mayor control posible del recién obtenido Gobierno del Estado, y para avasallar a sus adversarios internos. Desde entonces, y hasta la noche del sábado, tuvo todo el poder en las manos. Pero su ambición terminó por traicionarlo.

Robles fue separado de la todopoderosa Jefatura de la Oficina de la Gubernatura. No entendió que al peso de su historia personal, no podía sumarle todas las afrentas y odios que generó en estos escasos dos meses de gobierno. Con este par de ingredientes, su integridad y peso político terminarían por desfondarse. Eso fue lo que ocurrió.

Las intrigas y odios que generó del 4 de julio a la fecha, han sido ampliamente reseñadas por la prensa. En aras de acumular poder, se enfrentó a prácticamente todos. Y ya perdió. Sin embargo, en estos momentos vale la pena recordar una vieja historia, que reseñamos en esta columna el 7 de diciembre de 2009, y que revela por qué Robles desde siempre fue un factor de inestabilidad para el gobernador Cué.

Quienes conformaron la Coalición que llevó a Cué a la victoria, aseguran que la Presidencia puso dos condiciones para brindar su apoyo: una, que el inminente candidato se deslindara de AMLO; y dos, que alejara a Robles de cualquier relación con el PAN. ¿Por qué tal aversión?

Y apuntábamos: “Aunque pareciera una exageración que el PAN le tomara esa importancia a un personaje de segundo nivel como Robles, aseguran que en la Casa Presidencial tienen referencias exactas de sus intrigas, mañas y ‘métodos de trabajo’.

“Aseguran que la aversión de Felipe Calderón hacia Robles es añeja, y data de hace más de una década. En 1995, el hoy Presidente de México fue candidato a la gubernatura de Michoacán. Esos comicios los perdió ante el priista Víctor Manuel Tinoco Rubí. Y Robles, era uno de los operadores más eficaces del candidato tricolor en cuestiones de espionaje y recopilación de información sobre sus adversarios políticos. Estaba bajo el mando del veracruzano Juan Benito Coquet Ramos.”

ESPIONAJE Y HOSTIGAMIENTO

“Coquet y Robles, hicieron objeto de todo tipo de intrigas, vigilancia e investigaciones a los adversarios de Tinoco, para determinar sus movimientos, estrategias y acciones. Aseguran que uno de sus vigilados era Calderón Hinojosa.” Así, el Presidente conoce perfectamente a Robles. Y éste, además de los cuestionamientos al más alto nivel por su negro pasado, resultó ser un funcionario conflictivo e inestable, que ya le causaba más problemas que beneficios al gobernador Cué. Abundaremos.

Kalimba: un caso que revela toda la frivolidad televisiva

1

+ Justicia mediatizada; ayer, verdugos, hoy, aliados

Cuando hace unos cinco años, un joven en la ciudad de Monterrey trató de asesinar a su novia, y mató a sus dos hermanos pequeños, la televisión hizo una amplísima cobertura —exagerada, sin duda— del caso, e involuntariamente cientos de miles de mexicanos se convirtieron en investigadores, abogados penalistas, criminólogos y hasta mentalistas, para tratar de deducir un asunto que le competía a las autoridades, pero que le convenía a la televisión para mantenerlos cautivos.

Hoy, frente a la acusación —ya desvirtuada— de violación hecha al cantante Kalimba, esta vieja historia del secuestro televisivo, de la manipulación de millones de mentes, e incluso del engaño y la frivolidad demostrada respecto a un asunto judicial tan serio como un abuso sexual, de nuevo se hacen presente. La televisión, y las televisoras, de nueva cuenta nos dejaron ver de qué tamaño es su interés por hacernos presa de la peor parte, la abiertamente morbosa, del trabajo periodístico.

No se exagera cuando se dice que en la última semana, el caso del cantante y la presunta violación de una menor de edad, tuvo más relevancia en los medios informativos que cualquier hecho de trascendencia nacional e internacional. No sólo los programas de espectáculos y de “chismes de la farándula” dieron cobertura al asunto, sino también los principales noticiarios de radio y televisión.

Como si Kalimba y su libertad, fueran de verdad un asunto de relevancia nacional, o éste fuera un actor fundamental de la vida o la estabilidad de la nación. Todos, sin excepción, se volcaron a buscar y difundir cualquier tipo de información al respecto, sin tomar en cuenta que ésta fuera cierta o supuesta; que fuese cuestión de la vida pública de los involucrados o de su intimidad, o incluso que fuera parte de las investigaciones que se realizaban.

En realidad a las televisoras, y a Televisa en particular, lo que menos les interesa es justamente Kalimba. Veamos si no. Hace apenas un par de semanas, cuando se hizo pública la acusación de agresión sexual, fue el conductor del noticiario matutino de televisión, Carlos Loret de Mola, quien encabezó las investigaciones, el juicio, la radicación, la sentencia y la pena que, sumaria y anticipadamente, le impuso la televisión al cantante.

¿Se recuerda la escena? Loret de Mola entrevistando a Kalimba —hecho un auténtico manojo de nervios—, dos días después de que se hizo pública la acusación, tratando por todas las vías de que éste aceptara públicamente, en cadena nacional de televisión, y en horario estelar, que o había abusado sexualmente de la menor, o que cuando menos había sostenido relaciones sexuales con ella.

Kalimba, como era de esperarse, difícilmente se daría, como dice la frase popular, “un balazo en el pie”, aceptando públicamente su responsabilidad aún cuando los hechos que se le imputaban sí fueran su responsabilidad; como negó sostenidamente haber abusado de la menor, y como se negó a aceptar que había sostenido un encuentro sexual con la chica, entonces para la televisión, en un solo acto, se convirtió en responsable.

La inquisición fue franca y abierta. Y a partir de entonces parecía que la defensa legal del cantante tendría no sólo que sortear los cuestionamientos y las pruebas recabadas por el órgano de procuración de justicia de Quintana Roo, y convencer al juez sobre la inocencia del acusado, sino también llevar a cuestas a las televisoras que asimismo habían decidido ya, por una cuestión de rating, que el cantante era responsable por los hechos que se le señalaban.

VIRAJE INFORMATIVO

Hubo un momento, dentro de todo ese maratón informativo, en que las televisoras se dieron cuenta que, contrario a lo que habían vaticinado inicialmente, Kalimba podría no ser responsable de la agresión por la que se le acusaba, y que además, la mayoría de la gente interesada en el asunto tenía la percepción, o esperaba, que el intérprete no fuera realmente culpable de lo que se le imputaba. Y entonces dieron un vuelco sorprendente a su oferta informativa.

A partir de ese momento, las televisoras decidieron convertir a toda la población en peritos, criminólogos, juristas y abogados penalistas… igual que como cuando en 2006, un joven de nombre Diego Santoy Riverol asesinó a dos menores y estuvo a punto de ultimar también a su novia.

Los foros de televisión comenzaron a llenarse de especialistas que daban cuenta de diversos temas relacionados con el proceso legal que enfrentaba el también compositor; en las pantallas de televisión se analizaban los mensajes privados, las comunicaciones e incluso los testimonios que daban a conocer los implicados en el asunto, o quienes conocían a alguno de los participantes en ellos. Así, según quienes hacen la televisión, ofrecieron un panorama completo… de lo que más bien era un asunto de suma conveniencia y escarnio para ellos.

¿Por qué? Porque trataron a Kalimba —y todo lo relacionado al asunto judicial en que se vio involucrado—, como siempre, de acuerdo a sus propios intereses. Éste fue culpable en la medida que Televisa quiso y le convino, y luego lo convirtió en víctima cuando se dio cuenta que eso era más redituable. Mientras todo eso ocurría, ganaba millones de pesos vendiendo publicidad a altos costos, a lo largo de la cobertura informativa que captaba la atención morbosa de millones, y les reportaba los más altos ratings.

Su viraje llegó al punto climax entre anteayer jueves y ayer viernes. Aún cuando dos semanas atrás se le había cuestionado duramente por su presunta responsabilidad, los conductores de los programas matutinos de Televisa reportaron con júbilo la noticia, e incluso dieron “gracias a Dios” por el auto de libertad que el juez de la causa dictó al cantante, al no haber hallado elementos para sustentar su presunta responsabilidad en los hechos que se le imputaban.

Hoy, como así lo quiso el público y las conveniencias, y además el proceso judicial y su defensa legal lo favorecieron, es casi un héroe. Si continuara en prisión, por obra y gracia —y conveniencia— de la televisión, ya sería un auténtico mártir.

QUE RENUNCIE

Momentos después de darse a conocer la noticia de la libertad del cantante, los medios se fueron en contra del nuevo villano de la historia. Igualmente, en horario estelar y en cadena nacional de televisión, el conductor Ernesto Laguardia preguntó al procurador quintanarroense, Francisco Alor Quezada: “¿Y después de esto, va a renunciar?” Mordazmente ridículo.

Transparencia: El gobierno de Gabino la engulle

0

+ IEAIP: el desprecio oficial los desacredita a todos

Desde la tarde del pasado miércoles, la oficina de prensa del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública de Oaxaca, hizo circular un comunicado en el que anuncian la presentación de un Juicio de Garantías en contra de una solicitud hecha por la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado, para que les sea devuelto el inmueble en el que desarrollan su labor.

Este parece ser el principio del fin de un órgano, y de una garantía constitucional, que en Oaxaca ha sido sistemáticamente soslayada y menospreciada no sólo por quienes en el régimen anterior se resistieron a ella, sino también por quienes dicen defenderla y honrarla en esta supuesta transición democrática.

Lamentablemente, en nuestro estado ha quedado fielmente demostrado que la actividad política sólo ha enturbiado, revuelto y despreciado cualquier posible voluntad real por la transparencia. Independientemente de cualquier trabajo —bueno o malo— que haya realizado el Instituto de Acceso a la Información, es claro que ninguna de las decisiones tomadas desde el poder ha sido en su beneficio. ¿De qué hablamos?

En términos sencillos, de que el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz sólo honró la transparencia en los límites mínimos del decoro y las apariencias, pero sin demostrar nunca una voluntad real por fortalecer un órgano autónomo que, en estos tiempos, representa uno de los faros que alumbran y dan guía a los regímenes democráticos, y que bien pudo ser una bandera eficaz contra sus detractores.

Quedó siempre claro que a Ulises Ruiz lo último que le importaba era la transparencia. Por eso, no fue sino hasta cuando tenía encima el movimiento magisterial y popular de 2006, que forzado por las circunstancias impulsó una primera ley de transparencia que, sin haber entrado en vigor, fue sustituida por la que actualmente rige.

A la par de ello, creó un órgano (el IEAIP) al que él mismo desacreditó no necesariamente por la calidad moral o profesional de quienes lo integraron (Genaro Vásquez Colmenares, Raúl Ávila Ortiz y Alicia Aguilar Castro), sino porque éstos tenían inocultables relaciones de cercanía y compromiso con el poder gubernamental al que, se supone, iban a acotar.

Esa ha sido, esencialmente, la razón por la que el Instituto de Acceso a la Información en Oaxaca, nunca ha tenido la credibilidad y aceptación ciudadana que requiere un órgano de esa naturaleza. Aunque el trabajo formal del Instituto ha sido reconocido a nivel nacional por su estructuración y alcances, es claro que ni con eso el oaxaqueño promedio tiene confianza en él.

Todo eso pone en claro que el trabajo del IEAIP siempre ha sido cuesta arriba. Sus integrantes no sólo han tratado de que los sujetos obligados cumplan con lo que dice la ley de transparencia, sino esencialmente han luchado porque les crean que de verdad están haciendo el trabajo y la labor de contención democrática que dicen que hacen.

En todo esto, lo peor es que si en algún momento el antiguo régimen (de Ulises Ruiz) creyó posible “heredar” este órgano a sus sucesores, como una especie de cuña para contenerlos y desde ahí controlarlos, en los hechos no hizo sino todo lo contrario. ¿Por qué?

Porque quién sabe si antes de ser gobernador, Gabino Cué tenía algún grado de confianza en el Instituto. Pero con lo hecho por el entonces gobernador Ruiz en los últimos días de su gobierno, le dio la estocada final a la credibilidad y permanencia del IEAIP:

Nombró, a través de vías aparentemente democráticas, a Soledad Rojas Walls como comisionada en sustitución de Alicia Aguilar. Esa designación tuvo un fuerte cuestionamiento porque está basado más en razones personales, que en una verdadera ponderación del perfil profesional, la experiencia y el aporte a la transparencia que pudiera hacer la nueva Comisionada.

 

TRANSICIÓN, ¿ASÍ?

Todas esas maniobras de boicot a la transparencia, dejaron en claro que el futuro del IEAIP sería algo más que incierto frente al nuevo régimen del gobernador Gabino Cué Monteagudo. Aunque éste prometió honrar la transparencia y todo lo relativo al derecho a saber, más bien decidió tomarlo como una cuestión de su gobierno, desdeñando cualquier posible reforzamiento al órgano autónomo encargado de la materia.

Incluso, desde que ocurrió el proceso de entrega-recepción, aquí lo señalamos: tanto el gobierno de Ulises Ruiz, como el equipo de transición de Gabino Cué, ignoraron por completo al Instituto de Acceso a la Información, incluso como un mero actor testimonial de lo que estaban haciendo. A unos y a otros, les importó un comino la existencia de ese supuesto órgano legitimador de las democracias contemporáneas.

Luego, al tomar posesión Gabino Cué del gobierno, incluyó en las atribuciones de la Secretaría de la Contraloría, todo lo relativo a la transparencia gubernamental. Prometió que a través de ella, el pueblo de Oaxaca podría estar al tanto de lo que hiciera y decidiera el gobierno, y podría asimismo tener certeza sobre su honorabilidad, legalidad y legitimidad. Y nuevamente soslayó la existencia tanto del mandato constitucional, como de la ley, y el órgano de transparencia.

Su razonamiento, para ello, ha sido sencillo: para el nuevo régimen, los tres comisionados responden al interés del gobierno anterior, y por esa razón deben ser ignorados y excluidos. Puede que tengan razón. El problema es que el gobierno de Gabino Cué, hasta hoy, ha hecho nada por abonar su propia credibilidad, y por demostrar que ellos sí tienen voluntad real por la transparencia.

Por citar un ejemplo, ¿a caso la Secretaría a cargo de Perla Woolrich ya aclaró por completo, y tomó las medidas pertinentes, para sancionar y ajustar al marco del derecho, todo lo relativo a la acreditación de los estudios profesionales de los miembros del gabinete de gobierno? ¿De verdad tienen ellos un proyecto real de transparencia, cuando esencialmente ésta debe ser garantizada por órganos autónomos y ajenos a las estructuras formales del poder?

 

HOSTIGAMIENTO INNECESARIO

Si el nuevo gobierno no confía en los integrantes del IEAIP, debería iniciar ya el proceso para sustituirlos. Dejarlos a la deriva, y hostigarlos, es tanto como ningunear el imperativo democrático relativo a la transparencia y el derecho a saber. En el fondo, el gobierno de Gabino Cué está tratando de esconder, con ese supuesto desprecio, el verdadero talante autoritario y antidemocrático que en su momento tanto denunció de sus adversarios políticos.