+ Responsabilidad política, la otra carga de funcionarios

El derecho administrativo mexicano establece claramente que todos los servidores públicos pueden enfrentar, por el ejercicio de sus funciones, responsabilidad administrativa, judicial y política.

Esto lo debería comenzar a entender el ahora ex director Jurídico de la Secretaría General de Gobierno, Mario Emilio Zárate Vásquez, para evitar las amenazas sin sentido, los intentos manipulación y las autoinculpaciones que ha lanzado recientemente.

¿Cuál es el motivo de su molestia? Todo se centra en la reciente aprehensión en una comunidad rural de Oaxaca, del presunto integrante de un grupo criminal, de nombre Flavio Méndez Santiago, y apodado “El amarillo” o “El armadillo”.

Éste, al ser presentado por las autoridades federales ante los medios de información de la capital del país, relató buena parte de sus actividades delictivas, pero también aseguró haber sido nada menos que director de la Policía Municipal de Santa Cruz Xoxocotlán.

Cuando ello ocurrió, aquí en la entidad surgió la interrogante de para qué administración, y autoridad municipal, había trabajado Méndez Santiago. Pronto se supo que éste había fungido como mando policiaco en el trienio que constitucionalmente le correspondía al doctor Roberto Efrén Molina Hernández.

Y en ese punto fue donde, también, se desató una serie de señalamientos sobre la responsabilidad por la contratación del presunto criminal como agente policiaco.

En términos sencillos, Mario Emilio Zárate —que había fungido como síndico Procurador en esa administración— acusó a Molina de haber tenido como escolta a Méndez Santiago. También dijo que éste había sido contratado por la alcaldesa interina, Sandra Eugenia Ramírez Flores.

Sólo que ambos, Molina y Ramírez, se defendieron asegurando que la Dirección de Seguridad Pública, y la Policía Municipal de esa demarcación, se hallaban bajo el mando y responsabilidad de Zárate Vásquez. Luego aparecieron documentos oficiales de esa administración, en poder de varios medios informativos, que parecían probar ese hecho.

El fondo del asunto es este intento de manipulación, que para Zárate Vásquez ya se convirtió en una amenaza abierta, e incluso cuantificada para varios medios informativos, incluido TIEMPO: que sepamos, al ex Director Jurídico de la General de Gobierno, nadie lo responsabilizó o señaló por tener vínculos con un grupo criminal, sino por ser presuntamente el responsable de la contratación de El Amarillo.

La diferencia entre uno y otro señalamiento, es sustancial: en el primero de los casos, podría haber ocurrido que los medios informativos, o sus adversarios políticos, o quien fuere, acusara públicamente a Zárate Vásquez, con o sin pruebas, de pertenecer o tener vínculos con un grupo criminal.

En el segundo de los casos, que es el que corresponde a lo que verdaderamente ocurrió, la prensa oaxaqueña hizo eco de señalamientos asimismo públicos, de que él habría sido el responsable de la contratación de Flavio Méndez Santiago. Nada más. Sería temerario, ilegal, y hasta absurdo, que oficiosamente un medio informativo hiciera señalamientos, sin contar con las probanzas correspondientes, de que tal o cual persona pertenece o tiene nexos con un grupo criminal.

RESPONSABILIDAD POLÍTICA

Formalmente, todo servidor público puede ser sujeto de tres tipos de responsabilidad por el desempeño de las funciones que le confiere la ley: la primera, es la administrativa; la segunda es la penal; y la tercera, es la política.

En una de las vertientes de ésta última, y no en las dos anteriores, es justamente donde se inscribe el embrollo en que hoy está envuelto no sólo Zárate, sino todos los ex funcionarios del gobierno municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, que entre 2005 y 2007 tuvieron a su cargo las funciones administrativas y de gobierno de esa demarcación que se relacionan con lo dicho por El Amarillo.

¿Por qué? Porque aún cuando pareciera que los ex munícipes Molina y Ramírez Flores —uno constitucional, y la otra interina— se eximieron públicamente de responsabilidad al señalar a Zárate Vásquez, es claro que, en todo caso, los tres tendrán que responder ante la sociedad por la presencia de El Amarillo en Xoxocotlán, así como participar en la misma medida en el deslinde de responsabilidades.

Hasta donde se sabe, ninguno de los tres tiene requerimientos pendientes por parte de autoridad alguna. Quizá sea después —cuando como consecuencia de las investigaciones que realice la PGR se arroje algún resultado que involucre a alguno de ellos— que Molina, Ramírez Flores o Zárate Vásquez sean llamados a declarar o se instaure algún proceso penal en su contra.

Sin embargo, la responsabilidad política permanece. Hoy, esos tres personajes —que ya son simples civiles— deben dejar de lado los amagues inicuos e innecesarios, para estar dispuestos a responder por sus actos frente a la sociedad.

Aunque quizá no amerite que alguno de ellos sea sujeto de juicio político o de responsabilidad, su carga política ante los oaxaqueños de todos modos prevalece, y es a partir de ello que Zárate y los demás involucrados deben estar prestos a aclarar este asunto ante la instancia que los requiera.

Es claro que amenazando a la prensa, Zárate ni gana algo y, al contrario, exhibe por completo su alto grado de intolerancia e incapacidad para analizar las situaciones en las que se encuentra involucrado.

Los medios informativos estatales, dan cuenta todos los días de hechos públicos y señalamientos de los actores sociales y políticos. En ese sentido, tratar de culpar al mensajero de los asuntos de fondo, revela un peligroso talante antidemocrático y autoritario que no corresponde a un gobierno democrático y abierto como el que encabeza el gobernador Gabino Cué Monteagudo.

Por ello, Zárate debe revisar con cuidado quiénes son sus acusadores reales, e incluso si no ha sido él mismo quien se ha señalado con sus amenazas. La prensa oaxaqueña ha dado cuenta de lo que corresponde a su responsabilidad política como funcionario. Pero nada más. Pero eso, al parecer, le queda claro a todos, menos a él.

TEMA PRIORITARIO

En la asamblea plenaria del PRI, se resolvió atender como un asunto de la más alta prioridad, el de la situación de inseguridad y abusos que viven los migrantes centroamericanos en la frontera sur. Este importante acuerdo, fue consecuencia del trabajo legislativo y las gestiones realizadas por el diputado federal oaxaqueño, Jorge González Ilescas.

+ La tele, omnipotente de nuestro tiempo

No han pasado más de tres semanas desde que se reveló en los medios informativos de la capital del país, la exigencia de una investigación ministerial motivada por la acusación violación, que una menor de edad formuló en contra del cantante Kalimba. En unos cuántos días vimos una rara actuación eficaz de la justicia mexicana. Acostumbrados a ver la impunidad y la ineficiencia de las autoridades por todos lados, hace dos días nos fuimos a dormir con la noticia de que a menos de 24 horas de que se le libró una orden de aprehensión al también compositor, éste fue aprehendido a través de una “Ficha roja” de la Interpol, aún cuando se encontraba en territorio de otra nación. Tanta diligencia de la autoridad en medio de este México surrealista, no puede más que conducirnos a la sospecha.

Aunque en México dicen los principios constitucionales que todas las personas son inocentes hasta que se les demuestre lo contrario; y que, asimismo, toda persona tiene derecho a ser oída y vencida en juicio formulado ante autoridad competente, lo cierto es que para el común de los mexicanos Kalimba es culpable desde el día en que el presentador de noticias de Televisa, Carlos Loret de Mola, lo confrontó, enjuició y sentenció pública y sumariamente, frente a millones de espectadores, a través de su noticiario matutino de televisión.

¿Qué ocurrió entonces? Que en un desesperado intento de defensa, Kalimba decidió no sólo enfrentarse a la justicia del Estado, sino también a los tribunales de la televisión. Aunque la acusación ministerial en su contra fue radicada en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, el asunto se convirtió en un escándalo nacional cuando las principales televisoras del país, (Televisa, en particular) decidió emprender una escalada de información previamente determinada para enjuiciar al cantante.

Así, los noticieros de televisión dieron amplísima cobertura al asunto. Luego de varios días de acusaciones continuas, el cantautor decidió dar la cara en el noticiario matutino de esa cadena televisiva. Ahí, Loret de Mola decidió erigirse en Agente del Ministerio Público, y Juez, para en un solo momento conocer la causa, obviar la presentación de cualquier otra prueba que no fuera una confesión, cerrar la instrucción del proceso, para luego juzgar y sentenciar a quien de antemano ya había sido señalado como culpable.

Este es, sin duda, el peor escenario. Aunque la justicia del Estado apenas comenzará a conocer formalmente del asunto (si nada extraordinario ocurre, hoy sábado Kalimba será presentado ante el juez quintanarroense para que rinda su declaración preparatoria, y de ahí se fijen las condiciones del auto de formal prisión, de sujeción a proceso o de libertad que se le podría librar), para la gran mayoría el cantante ya es culpable.

En estas condiciones, es no sólo temerario, sino políticamente incorrecto e incluso desatinado, asegurar categóricamente —como aquí lo hacemos en este momento— que Kalimba es inocente. ¿Por qué ceñirse a una postura que parece de antemano perdida, que es también disparatada, y que incluso parece machacona y odiosa?

Porque lejos de los reflectores de la televisión, nosotros debíamos comenzar a ver con más detalle eso: que todos aquellos que son acusados de un delito deben ser considerados inocentes hasta que se les demuestre lo contrario. En función de ello, la visión general debería ser menos inquisitiva y considerar que todas las probanzas y actuaciones deben hacerse ante las autoridades que corresponde, y que todo lo demás que diga la televisión no es más que abono para la tervigersación y utilización discrecional de la justicia.

Veamos si no.

EFICACIA SOSPECHOSA

El pasado martes se cumplieron 10 años de que Joaquín Guzmán Loera, alias “Chapo Guzmán”, se escapó del penal federal de (supuesta) máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. Aunque nuestro sospechosismo es exacerbado y paranoico, resulta que justamente ese día, 18 de enero, el gobierno federal anunció la aprehensión de José Jorge Balderas Garza, alias “El JJ”, en un espectacular operativo realizado por la Policía Federal, y derivado de acciones de inteligencia encabezadas por agentes federales. Dos días después, Kalimba fue detenido.

Asegurar que esos tres hechos tienen una conexión causal, podría parecer hasta ofensivo de nuestra parte. Son simples casualidades de la vida, de las cuales no tiene control ni el gobierno federal, ni los grupos criminales, y mucho menos los presuntos atacantes sexuales de menores de edad, que también se dedican a la música, la composición y a ser estrellas juveniles.

Sin embargo, resulta que la fuga del Chapo Guzmán marcó el inicio de esta sangrienta guerra entre el gobierno federal y las bandas criminales, que no sólo ha teñido de sangre al país, sino que también ha acelerado el proceso de envenenamiento de millones de jóvenes mexicanos que hoy son adictos a alguna de las drogas comerciales.

El Chapo Guzmán, además, encabeza el cártel de la delincuencia organizada que más sangre derrama, que más muertos produce, y que tiene más impunidad no se sabe si por la incapacidad del gobierno para detenerlos, o por la existencia de algún acuerdo o complicidad. Todo esto inició, hace diez años cuando el Chapo se escapó de la prisión donde se encontraba, hace justamente una década.

Pues resulta que aunque nada de esto tiene conexiones causales formales, justo cuando la sociedad mexicana debía llegar a punto climax de cuestionamientos y recriminación al gobierno federal por esta evidente inacción para aprehender al capo de la droga, es detenido el JJ y Kalimba. Curiosamente, ambos tienen vínculos estrechos con el mundo de la farándula artística (y por tanto atraen mucha atención), pero son elementos irrelevantes para los verdaderos problemas de impunidad que tiene nuestro país.

Si el JJ no le hubiera disparado al futbolista Salvador Cabañas, y no tuviera un hijo con la famosa “Chiva”, hoy podría seguir operando libremente todos los negocios ilícitos en los que estaba involucrado; del mismo modo, si no hubiera sido Kalimba el acusado de violación, seguramente el presunto atacante de esa menor de edad estaría libre, cruzando cualquiera de las dos fronteras que tiene México.

¿ESO ES JUSTICIA?

Es lo que debíamos preguntarnos. Esta es una acción insignificante e intrascendente de la justicia: le dan pan y circo al pueblo para que crea que este es un país de leyes; pero los grandes criminales viven en la impunidad absoluta.