+ Ciudadanía: ir al rescate de valores nacionales

Aunque la distancia entre el poder público y la sociedad es tan amplia, y las discordias entre éstos son tan perceptibles, pocas veces los mismos ciudadanos podemos fijar claramente el punto central de nuestra inconformidad. Señalamos, sí, al Presidente de la República o a los Gobernadores de los Estados por sus ineficiencias o el resultado de sus estrategias; pero pocas veces centramos nuestros señalamientos en contra de los demás responsables que, además de agazapados, siempre terminan arrebatándonos nuestras banderas y sacando ventaja de ellas, sin compartirnos —o retribuirnos— ganancia social alguna.

Desde hace algún tiempo, por ejemplo, al Presidente de la República le sobran los calificativos y los cuestionamientos por los resultados de la guerra contra el crimen organizado. Aunque no todo lo que ocurre en el país es responsabilidad del Ejecutivo Federal, en realidad parece que a la mayoría de los mexicanos nos gusta aprovechar el cuestionamiento para hacer también escarnio partidista de asuntos que más bien son de interés público.

¿Por qué asegurar lo anterior? Porque, siguiendo con el ejemplo, al presidente Felipe Calderón se le acusa de ser el responsable de las más de 30 mil muertes relacionadas con el crimen organizado, que han ocurrido en lo que va de la administración. Queda claro que el número es incuestionable y es estratosférico.

Pero una cosa es que todo eso haya ocurrido en el marco de la lucha anticrimen (una “guerra” declarada inicialmente por el gobierno, que está mal planteada desde la estrategia hasta el término “guerra” que legitima a los criminales como fuerza actuante) en un periodo de gobierno determinado, y otra muy distinta que el Presidente fuera directamente responsable de todos esos crímenes, como si él hubiera ordenado que se ejecutaran.

Sin embargo, más allá de los señalamientos o el cuestionamiento por el fracaso de la lucha anticrimen, para muchos mexicanos el presidente Calderón es el único responsable. Y es que en realidad, no es que el Mandatario no sea responsable (de hecho lo es en grado importante); pero también es cierto que no es el único responsable de esos hechos.

No obstante, ese se ha convertido en el señalamiento favorito de los últimos tiempos. Todo aquel que no es panista, ni simpatiza con la causa presidencial, ocupa el tema de los treinta y tantos mil muertos para cuestionar al Presidente, y de paso para socavar la imagen y credibilidad del partido gobernante, para tratar de bajar cualquier tipo de popular o preferencia electoral que pudiera tener.

Sin embargo, a muchos mexicanos que hemos incurrido en esa práctica, se nos ha olvidado hacer un cuestionamiento más “parejo”. Es decir, cuestionar lo mismo a los gobernantes, que a quienes son sus opositores (pues si éste puede fracasar en la conducción del gobierno, los otros también corren ese riesgo al hacer una oposición inoperante, entregada o carente de idea), e incluso la incorrecta apreciación que muchos tienen de los grupos criminales, a quienes ven como héroes, cuando en realidad son los villanos de esta historia, porque son los que matan, extorsionan, secuestran, violan y envenenan a nuestros conciudadanos.

¿Cuándo hemos cuestionado ese aspecto de nuestra realidad? Tal parece que muy poco, o casi nada. Y es que los problemas del país son tan grandes y complejos, que responsabilizar a una sola persona o grupo por un problema tan lleno de aristas, parece cuando menos un grave asunto de reduccionismo o simplismo, que debía tenernos asimismo preocupados a todos.

CUESTIONAMIENTO FUNDADO

Los partidos políticos, particularmente, tienen una actuación en el escenario nacional que, más allá de las fobias y las filias, dejan mucho que desear. Ellos, cuando son oposición, se cargan por completo a favor del supuesto “interés ciudadano”, hasta que sacan alguna ventaja política, y entonces se olvidan tanto del tema como del ciudadano. En este sentido, no tiene desperdicio la crítica que hace el poeta Javier Sicilia en el marco de la Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad, a la que él mismo convocó y que hoy mismo encabeza.

Sicilia dice, en recriminación a los partidos políticos que ahora intentan sumarse a su causa, que “son omisos, en ese sentido el Presidente tiene razón, pero ¿de dónde vienen las omisiones? Pues de los partidos políticos, de los presidentes municipales que están siendo cómplices también del narcotráfico y vienen de los partidos políticos, los partidos políticos tienen una gran responsabilidad en esto”.

“Ahorita sí se montan con nosotros para pegarle al Presidente y tampoco se vale, ellos tienen omisiones muy fuertes porque son los que van a ser Gobierno, fueron Gobierno y están haciendo Gobierno, también ellos tienen una gran responsabilidad con la gente de sus filas que está llegando al Gobierno”.

El problema es muy hondo en el País, señaló el poeta en declaraciones al periódico Reforma, pero la responsabilidad de aportar soluciones es de todos, incluso de los ciudadanos. “Esa responsabilidad también es de los ciudadanos y los ciudadanos ya no vamos a permitir que sigan manejando el País como se les pega la gana a espaldas de nosotros, haciendo pasar leyes sin consensuar a la Nación, leyes que nos afectan a todos”, señaló.

Habría que considerar con mayor detenimiento lo que dice el Poeta. Hasta ahora, vemos una enorme distancia entre la supuesta preocupación de los partidos políticos por los temas ciudadanos, y las posturas que abordan al momento de tomar decisiones para beneficiar, más que a ellos, al país.

¿Cómo olvidar, por ejemplo, que hace apenas unos días la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, aseguró que “no hay prisa” en la aprobación de la reforma laboral, sobre la cual había consenso inicial —y urgencia para el país— pero finalmente resolvieron que no había ninguna necesidad de discutir ahora el tema. Todo esto ocurre, como corolario, mientras el país todos los días pierde competitividad frente a otras naciones.

CENTRAR LA DISCUSIÓN

Los mexicanos comunes debíamos ser más responsables al momento de señalar y exigir. De nada sirve que se nos exalte el priismo, el panismo, o lo que sea, si esto no es en beneficio nacional. ¿Hoy qué partido puede decir que de verdad toma decisiones a favor del país? es claro que la distancia entre el dicho y el hecho no sólo no es corta, sino que cada día es más grande.

Al Margen

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Para el viernes 6 de mayo de 2011

+ Depurar burocracia: ¿abaratar servicio público?

+ Volver al pasado: empleo oficial, el peor pagado

Se dice que en los primeros años de México como nación independiente, los empleados públicos eran los peor pagados, y los que menos certidumbre tenían sobre su empleo. Esto tenía que ver mucho con las inestabilidades políticas y sociales propias de aquella época. Pero también, con una incorrecta valorización de lo que debe ser el trabajo gubernamental. En Oaxaca, el gobierno debiera tener prudencia y cuidado para evitar que, en nombre de la austeridad y la reducción de salarios y personal, vuelva involuntariamente al pasado.

Más allá de la típica visión maniquea —que hoy trata de expulsar del servicio público a todos aquellos que, en mandos medios y superiores, sirvieron a los regímenes del pasado—, hoy para cualquier empleado del Gobierno del Estado es claramente perceptible que tanto su empleo, como su remuneración, dejaron de ser atractivos y competitivos.

Esto, debido a que ante la constante reducción de personal, y la negativa de la administración pública a reconocer la existencia de bajos salarios —que no corresponden al nivel de responsabilidad que implican los cargos—, resulta que paulatinamente el nivel de respuesta y preparación de los funcionarios estatales, ha ido disminuyendo. Esto es grave para una administración que, sin embargo, necesita imprimir mayor dinamismo, competitividad y eficacia a sus resultados.

En ese sentido, parece que la confusión entre el interés laboral y el supuesto “espíritu” del servicio público hoy está más presente que nunca. Esto porque, por un lado, la administración pública aprovecha la innegable realidad de que el gobierno es el mayor empleador de Oaxaca, y por esa razón ofrece empleos que ofrecen cierta seguridad pero, en realidad, salarios bajos y un alto nivel de responsabilidad. Todo eso, además, lo enmarcan en la cantaleta moral de que todos los sacrificios son justificados, cuando se tiene “compromiso” o “vocación de servicio” con el Estado.

Sin embargo, todo esto choca con la otra parte de la realidad: que los empleados públicos, como los de cualquier tipo de giro oficial o privado, trabajan por necesidad, y lo hacen siempre en la medida de las retribuciones y condiciones de trabajo que se le ofrecen. Esto es simple: el empleado trabaja por necesidad, y rinde y entrega resultados en la medida en que es recompensado, tanto económica como moralmente, por su empleador. En esta lógica, el espíritu de servicio o la vocación, evidentemente salen sobrando.

¿Qué pasa cuando estas dos cuestiones no se encuentran equilibradas ni consideradas? Sucede que, evidentemente, lo que se agudizan son las disparidades, y con ello también se inhibe la posibilidad de mejores resultados. ¿Cómo va a trabajar mejor alguien que cada vez tiene mayor responsabilidad (porque gradualmente le incrementan la carga de trabajo respecto a los que son despedidos), y a la par se le regatean mejoras salariales justas y, al contrario, cada vez que se puede le reducen el salario?

Aquí y en China el resultado es exactamente el mismo: los empleados verdaderamente competitivos dejan de ver con atracción el servicio público, y buscan otras opciones de trabajo, en las que sí les ofrezcan las condiciones laborales y el salario que merecen. Y sólo se quedan en esos empleos poco competitivos, aquellos que no tienen posibilidad de acceder a los puestos de trabajo de los primeros. Es decir, que el servicio público tiende a quedarse no con las personas y los perfiles profesionales que requiere, sino con los que no tienen otras opciones, o con los que sí de verdad tienen muy exaltada la vocación de servicio.

Todo esto, sin embargo, es fuertemente contrastante con las propias expectativas que ha generado, para sí misma, una administración como la actual en Oaxaca. Y por eso, deberían tomar con más reserva y cuidado la posibilidad de seguir reduciendo personal, sin basarse en un diagnóstico serio y adecuado sobre las oficinas públicas en las que sí pueden reducir personal sin afectar el trabajo público, y en las que podrían provocar un severo daño en la atención, servicios o procesos que involucran a la ciudadanía.

¿NECESIDAD POLÍTICA?

En términos de imagen y capital político, siempre es provechoso para un gobernante anunciar que reducirá los salarios o privilegios a los empleados públicos, o que reducirá la plantilla de personal para hacer un gobierno ahorrativo, austero y eficiente. Eso es lo que siempre se escucha… pero poco se evalúa lo que sucede en realidad.

Hasta ahora, por ejemplo, se sabe que desde el primer día de este gobierno, la Secretaría de Administración dispuso un primer recorte de personal. Y el problema no es que quisieran despedir a muchos o pocos empleados, sino que nunca existió un criterio claro para hacer esa depuración.

Es decir, que los nuevos funcionarios (Secretarios, directores, coordinadores, etcétera) establecieron como razones válidas para el despido, el haber sido amigo o colaborador cercano del antecesor; el ser militante de cierto partido, el haber participado en la campaña política, o simpatizado con los adversarios políticos, o simplemente por “necesitar la plaza” para colocar a los integrantes del nuevo equipo de trabajo (los cuales, siguen llegando por compromisos, pero no por competitividad o por haberse ganado el puesto demostrando conocimientos o experiencia).

Y el problema es que, eso que ocurría siempre, volvió a suceder ahora. Y otro problema, mucho mayor y derivado del primero, radica en el hecho de que si antes se despedía o contrataba según criterios discrecionales o partidistas, ahora sí debían existir reglas claras para irse o mantener el empleo. Nada cambió. Y ese parece ser el problema de fondo.

Por esa razón, sería bueno que el gobierno estatal explicara cómo, y bajo qué diagnóstico, pretende adelgazar a la burocracia sin provocar problemas. También debieran revisar, razonablemente, el nivel salarial de sus empleados de confianza. Por citar un ejemplo, hoy, paradójicamente, gana más un empleado de base que uno de nivel Jefe de Departamento. Y eso habla muy mal de una administración pública, que se jacta de ser profesional, moderna y competitiva; pero que, en los hechos, desvalora cada día más el nivel de sus trabajadores.

+ Las sanciones a elementos estatales serán indispensables

Alejados de la confianza, de la justificación o minimización de los excesos policiacos e incluso de la absolución en boca propia, los funcionarios estatales encargados de la seguridad pública debieran estar tratando de aprender de sus errores, para aprovechar las oportunidades de reconsideración que el momento político les impone.

Es evidente que en prácticamente cualquier otro momento político de Oaxaca, hechos como el ocurrido el pasado 15 de febrero con integrantes de la Sección 22 del SNTE, y el más reciente en Textitlán, habrían sido claramente considerados, y repudiados, como actos de represión. Hoy, sorprendentemente, eso aún no ocurre. Sin embargo, eso no significa que la actuación de los cuerpos de seguridad sea limpia y correcta, y mucho menos que ésta no conlleve excesos, represión o brutalidad policiaca.

Este es un momento inmejorable para que tanto la Secretaría de Seguridad Pública, y la Policía Estatal, como instancias operativas, y la Oficina de la Gubernatura, la Secretaría General de Gobierno, como instancias de intervención política, ajusten sus criterios y formas de actuación. Queda claro que los errores cometidos hasta hoy en materia de seguridad, los están llevando a gastar indiscriminada, e innecesariamente, el bono democrático que la sociedad depositó en ellos, el cual es generoso, pero no es eterno y tampoco es inagotable.

Veamos si no. Aunque los directamente involucrados en los hechos del 15 de febrero, fueron elementos de la Policía Federal que resguardaban la visita al Palacio de Gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa, es claro que éstos actuaron como último eslabón de una cadena de concertación política y estrategia que debió partir de instancias estatales tanto políticas como operativas.

En aquel momento, rápidamente quedó claro que, sin duda, los elementos federales sí cometieron ciertos excesos y errores en la contención de las protestas magisteriales; pero también quedó perfectamente establecido, que el grupo de profesores que llegó hasta donde estaban los efectivos federales para provocar el choque, lo hicieron como respuesta a la falta de interlocución y acuerdos efectivos entre las instancias políticas del gobierno estatal, y los grupos fácticos que en realidad determinan al sindicato magisterial de Oaxaca.

En aquel episodio, los golpes se los llevaron los elementos federales que fueron agredidos por los inconformes, pero el costo real de todo eso lo terminó pagando el Gobierno de Oaxaca. A nivel de agresión física, el titular de la SSPE sufrió en carne propia las consecuencias. Sin embargo, los yerros que en el fondo provocaron esa trifulca fueron pagados por el propio gobernador Gabino Cué Monteagudo, que fue quien cargó con la acusación de represión no sólo frente al magisterio, sino también frente a la opinión pública estatal y nacional.

Ahora bien, el asunto que verdaderamente debía preocupar, y sacar del pasmo y la minimización, a todos los actores e instancias involucradas en el gobierno estatal, son los actos de brutalidad policiaca cometidos en Textitlán. Aunque tratan de ser catalogados como “hechos aislados” o “algunos elementos que actuaron excesivamente”, lo cierto es que eso mismo en otro escenario pudo haber puesto en riesgo a todo un gobierno. Veamos si no.

En otros momentos, cuando en Oaxaca ocurrían hechos más o menos similares, la ciudadanía y los grupos organizados se volcaban para repudiar tanto la violencia como los excesos cometidos por los elementos y mandos policiacos. Eso es lo que reiteradamente ocurría, frente a casi cualquier intervención policiaca en conflictos sociales existentes en Oaxaca, y en algunos casos ese estruendo —justificado o no— ha hecho tambalear a administraciones gubernamentales enteras.

Si hoy eso no ha ocurrido, entonces propios y extraños deberían de abrirse a la oportunidad de dejar a un lado la soberbia o el auto convencimiento, para tratar de aprovechar el momento y aprender de sus errores.

REALIDAD ESCONDIDA

En un encuentro sostenido por el gobernador Cué Monteagudo y autoridades de Textitlán, el pasado martes, éste prometió a iniciar “las indagatorias para deslindar responsabilidades de la fuerza pública en el operativo del día 28 prosiguen en el ámbito de la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública a fin de castigar los excesos en que hayan incurrido integrantes de la Policía Estatal Preventiva”.

Sin embargo, sólo un día después fue el propio secretario de Seguridad Pública, Marco Tulio López Escamilla, quien anticipadamente exoneró de cualquier posibilidad de castigo a su comisionado de la Policía Estatal, Julio César Alfaro Cruz, al asegurar que “la responsabilidad es de los elementos que actúan, no de sus mandos, porque cada uno es responsable de sus actos.”

¿Qué se desprende de todo esto? Por un lado, que el Gobernador tiene una preocupación genuina por los alcances que podría llegar a tener este conflicto entre pueblos —que ahora está enmarcado en un acto de posible brutalidad policiaca—, y que por esa razón está asumiendo el asunto como prioritario, incluyendo la posibilidad de castigo a quienes se excedieron en el uso de la fuerza.

Y por el otro, que en los mandos policiacos continúa habiendo resistencia a la posibilidad de entrar en un proceso de reconsideración del trabajo que están realizando. Tal pareciera que el Titular de la SSPE está más preocupado por no someter a investigación a su Comisionado, que por llegar al verdadero fondo del asunto, y castigar a los abusivos antes de que sean otras instancias las que revelen lo que verdaderamente ocurrió, y obliguen al gobierno de Oaxaca —con el consiguiente costo político— a tomar cartas en el asunto.

El momento político para reencauzar las cosas, es inmejorable. De lo que no hay garantía, es que los funcionarios involucrados tengan la claridad para entenderlo antes de provocar un conflicto de consecuencias graves.

DENUNCIA

Ayer mismo, el diputado federal Jorge González Ilescas presentó una denuncia ante la CNDH por los hechos de Textitlán. El ombudsman nacional, Raúl Plascencia, se comprometió a indagar los hechos a través de una Comisión, a ponerlos en el contexto nacional, y a emitir una recomendación en breve término. A ver si pasando el asunto por ese tamiz, podemos conocer qué fue lo que realmente ocurrió la semana pasada en aquella comunidad de la Sierra Sur de Oaxaca.

+ Saldo a favor, revertido por errónea concertación

Queda claro que una de las cuestiones que, hasta hoy, ha afectado en mayor medida al Gobierno del Estado, es el mal manejo de la expectativa ciudadana sobre sus alcances iniciales y resultados en el corto plazo. Aunque las premisas básicas de esa esperanza ciudadana parecen ser fáciles de plantear y alcanzar, todo esto se convirtió en un auténtico búmerang para quienes perdieron la prudencia en los momentos determinantes, y ahora no pueden resolver un problema que a todas luces parecería innecesario.

En primer término, habría que definir dos cuestiones. La primera, respecto al significado del término “expectativa”; y el segundo, en relación a los alcances que posiblemente habría de tener este factor en una sociedad políticamente tan particular como la nuestra, para funcionar efectivamente a favor de un gobierno, y no terminar siendo un auténtico dolor de cabeza, como lo es hoy para el gobierno de Oaxaca.

En el primero de los aspectos, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra expectativa tiene tres acepciones. La primera de ellas, se refiere a “la esperanza de realizar o conseguir algo”; la segunda, a la “posibilidad razonable de que algo suceda”. Y la tercera, alude a la “posibilidad de conseguir un derecho, una herencia, un empleo u otra cosa, al ocurrir un suceso que se prevé”.

Lejos de cualquier intento de teorización o conceptualización, queda claro que en una sociedad como la nuestra la expectativa ciudadana real, se funda en un puñado de cuestiones que no tendrían por qué ser difíciles —o imposibles— de alcanzar para un gobierno legitimado que, además, se jacta de contar con el respaldo ciudadano.

En ese sentido, queda claro que la ciudadanía común tiene expectativas sencillas pero importantes, las cuales apuntamos y definimos en este espacio desde hace ya bastante tiempo. En relación a ello, desde noviembre pasado —antes de que el actual gobierno asumiera su mandato— aquí consideramos que más que grandes obras o cambios radicales, la sociedad oaxaqueña tenía, y sigue teniendo, una altísima expectativa, más allá de las promesas de quienes estaban a punto de asumir como gobernantes, respecto a que ahora sí se hiciera efectiva la justicia, el orden y el cambio de actitud en el ejercicio del poder.

Apuntamos, particularmente, que “contrario a las expectativas fantásticas, e imposibles de cumplir en el corto plazo, que fomentan erróneamente los gobernantes, la ciudadanía continúa esperando el momento en que pueda ver que las promesas de cambio se reflejan verdaderamente en la realidad. Una de esas promesas, dijimos desde entonces, radica en que el gobierno se ejerza de un modo menos excesivo. Pero otra tiene que ver no con venganzas, sino con el cumplimiento de ciertos estándares de legalidad y honestidad, que inician por demostrar que no hubo pactos de impunidad entre las dos administraciones.”

¿Este mensaje ha sido comprendido por quienes se supone que hoy ya detentan plenamente el poder? Y sobre todo, ¿la expectativa —o esperanza, o posibilidad razonable de conseguir un derecho cuando suceda algo que se prevé— ha sido bien manejada por el régimen gobernante para actuar a su favor? Es claro que de la respuesta a esos cuestionamientos, se desprenden muchas de las decisiones y hechos que involucran (y desgastan) a la administración estatal, las cuales pudieron ser evitadas al hacer una lectura e interpretación correcta de lo que la ciudadanía esperaba de ellos.

ATENCIÓN TARDÍA

Tal y como fueron lo apuntaron los vaticinios, el amplio margen con el que ganó los comicios el actual gobierno, y la importante expectativa ciudadana (con la consiguiente aceptación) que generaron, hicieron a los integrantes del actual gobierno, llegar al poder con la soberbia que se esperaba.

Como sentían que ganaron a pesar de muchos (personas, grupos, factores, camarillas, etcétera), y que tenían un respaldo popular sin precedentes, también creyeron que podían hacer su gobierno, sin atender los rasgos sensibles de la esperanza ciudadana. Aquí y en China, es imposible pensar que alguien puede hacer con el poder lo que le venga en gana (mucho o poco), y que todo eso no tendrá consecuencias.

Ese fue el rasgo con el que, en alguna medida, inició la presente administración estatal. Consideraron que a pesar de la altísima expectativa que generaron, podían seguir replicando prácticas de poder propias del pasado, y que eso no habría de tener efectos colaterales. Olvidaron, en términos sencillos, que la Tercera Ley de Newton también aplica en cuestiones políticas. Ésta, recordemos, dice que con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria.

Hasta hoy, alcanzan a ser apenas destellos los logrados para satisfacer la expectativa ciudadana. Hay, apenas, algunas cuestiones bien conseguidas respecto a la procuración de justicia; pero la seguridad pública sigue siendo un tema pendiente; lo mismo que la concertación política y la solución pacífica de las controversias sociales. Incluso, tampoco ha habido contrastes —simples o sustanciales— relacionados con la interacción que cotidianamente tiene el gobierno estatal con las personas.

Hoy, sin embargo, parece ser que al menos en el terreno de las percepciones, el gobierno estatal comienza a reaccionar tomando cartas para “explicar” a la ciudadanía algunas de las medidas tomadas. Comienza a haber, por ejemplo, una aparición recurrente de explicaciones oficiales sobre el cobro de impuestos estatales, sobre la aplicación de la fuerza pública, o sobre decisiones importantes relacionadas con los conflictos sociales. Todo esto se aparece, más que como un acto de voluntad, como una especie de control de daños.

Con algo de tardanza, comienzan a entender que el gobierno no se hace a partir de la soledad del gobernante. Pero de haber comprendido esto a tiempo, y de haber establecido los canales de comunicación oportunamente, el tiempo que hoy gastan en componer los platos que ya están rotos bien podrían ocuparlo para afianzar una expectativa ciudadana que hoy ya se nota algo maltrecha.

RECICLAJE

Por cierto, en el IEBO dicen que luego de tanta persecución contra los priistas de la administración anterior, ahora les dan más de lo mismo. Miren si no: recientemente nombraron a Luis Víctor Ortiz Bautista como director de Planeación de ese Instituto. Sólo que éste era, hasta hace poquísimo tiempo, presidente de la Liga de Economistas Revolucionarios del PRI. ¡Cuántas convicciones y congruencia! Ver para creer.

+ Tema ajeno, que por error dejaron en su cancha

Más allá de los lugares comunes, se supone que en una democracia madura y consolidada como la que busca representar el primer gobierno estatal de alternancia en Oaxaca, sí se debía comenzar a gobernar “escuchando a la ciudadanía”. Esta, que es una premisa que más que otra cosa lo que implica es sensibilidad por parte del gobernante, no fue atendida en una de las primeras pruebas que representó el tema de la tenencia vehicular. Por haber reaccionado tarde, y mal, el gobierno estatal hizo suyo un tema en el que, en realidad, bien pudo haber sacado provecho político.

Hoy la historia de esa disputa es conocida por todos. A mediados de diciembre, cuando se aprobó la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio 2011, se contempló la continuación del cobro del impuesto sobre la tenencia y uso de vehículos, ya como un gravamen de carácter estatal. En aquella sesión legislativa, no estuvo presente la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, que era única que podía controvertir la inclusión de un asunto como el del referido impuesto vehicular.

Hoy queda claro que el gobierno estatal, ya bajo el mando del gobernador Gabino Cué Monteagudo, incluyó el cobro de la tenencia vehicular no por gusto o porque fuera una forma de molestar o cobrar afrentas a la ciudadanía, sino porque existen necesidades presupuestales importantes y, además, porque —como él mismo lo señala— los recursos provenientes del cobro de derechos vehiculares sí fueron comprometidos por la administración de su antecesor, el gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

Como es evidente, más que una bandera política o una decisión avasallante de su gobierno, el cobro de la tenencia vehicular en realidad parece haber sido decidido por el gobierno actual, en función de las necesidades y la imposibilidad de conseguir mayores márgenes de maniobra, en ese momento, para obtener recursos económicos frescos para ejecutar su programa de gobierno. Y con todo eso queda claro, pues, que pudo no haber sido de su interés cobrarlo; pero que, por las circunstancias, de todos modos se vería obligado a hacerlo.

¿Y por qué, entonces, si este no era un asunto de su interés, sino una decisión necesaria, el gobierno estatal decidió hacer suyo este asunto? Tal parece que tomó el tema no por decisión, sino más bien por un evidente error de cálculo y visión política. Existen, por lo menos, tres razones que pudieron haber sido esgrimidas por el gobierno estatal antes de cualquier polémica, para evitar los cuestionamientos y señalamientos negativos de que hoy son objeto.

El primero de ellos —que sí ha esgrimido, pero tardía y deficientemente— es el relativo a que si alguien es responsable por el cobro de la tenencia hoy en Oaxaca, esos son ex funcionarios emanados de gobiernos del Revolucionario Institucional, que contrajeron créditos dando como garantía de pago, a un plazo de una década, los recursos obtenidos por los derechos vehiculares cobrados a los ciudadanos.

El segundo de esos argumentos —que nadie ha tomado en cuenta— es la ausencia de la fracción priista en la sesión donde se aprobó el Paquete Fiscal para 2011. No se trataba de que el PRI fuera el “gran salvador” de la ciudadanía (porque por sus antecedentes negros está lejos de serlo), y tampoco que “frenara” la aprobación de un impuesto tan rechazado como ese (porque no le alcanzan ni la representación ni los votos en el Congreso), pero sí que por lo menos estuviera ahí para brindar alternativas al gobierno estatal para que obtuviera los recursos que necesitaba, sin necesidad de seguir cobrando derechos vehiculares a la ciudadanía.

(Incluso, debió haber acudido a esa sesión el dirigente estatal, y ex candidato a la Gubernatura, Eviel Pérez Magaña, para dar luz sobre qué decisiones alternativas habría tomado él para desaparecer el gravamen, ya que fue él quien estableció, como una de sus promesas de campaña, eliminar el impuesto).

El tercer argumento, pudo haber sido el del establecimiento del destino específico que tendrían los recursos obtenidos del cobro de ese impuesto, junto con el otorgamiento de facilidades para que la ciudadanía regularizara la situación legal de sus vehículos ante la Secretaría de Finanzas.

OPORTUNIDAD PERDIDA

Quizá respecto a la tenencia, el PRI de Oaxaca dio una primera muestra de lo que deben ser las fuerzas de oposición. Cuando hace un mes el dirigente estatal de la CNOP, Jorge Toledo Luis hizo el llamado a la derogación del impuesto, lo hizo dejando voluntariamente (o descaradamente) de lado toda la responsabilidad que tiene su partido en este asunto. Más bien, tomó la bandera y comenzó a explotarla, como siempre hacen en otros ámbitos las fuerzas de oposición para atacar a sus adversarios del oficialismo, independientemente de si fueron o no parte de las causas que originaron el problema.

Queda claro que argumentos había de sobra para atacar las exigencias del priismo. Sin embargo, también queda claro que por no tener la sensibilidad suficiente, en el momento preciso, el gobierno estatal dejó pasar una oportunidad inmejorable para establecer que si ese impuesto se cobra no es porque ellos quieran, sino porque los priistas comprometieron los recursos, y luego fueron mezquinos al no establecer qué posibilidades había de eliminar ese cobro sin que las arcas estatales dejaran de percibir esos recursos.

Parece claro que, más bien, el gobierno estatal tomó el asunto por el lado partidista, y decidió resistir para no dar gusto a sus adversarios. Lo que no calculó, es que detrás de esa bandera hay miles de ciudadanos que, independientemente del partido político, lo que quieren es no seguir pagando ese gravamen, o cuando menos tener una alternativa al cobro que tradicionalmente se ha realizado.

YA PARA QUÉ

Por eso hoy le sirve políticamente de poco al gobierno estatal, el haber emitido un decreto para pagar hasta en 12 parcialidades tanto la tenencia 2011, como la regularización de los adeudos anteriores de los vehículos de motor. Las alternativas llegan tarde por un error de visión y cálculo, y por tomar del lado partidista un asunto que más bien se inscribía en el interés ciudadano. Y por eso mismo, aún con todo el control de daños que ya aplican en estos momentos para apaciguar este asunto, será el gobierno estatal quien cargue con el costo de un asunto que originalmente no era suyo, y al que sí le pudo haber sacado importantes ventajas políticas.

+ Institución, sujeta al interés y vaivén partidista

Más allá de la polémica por la forma en cómo fue realizada la conformación del nuevo Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, quedó claro que tanto los diputados que integran la coalición legislativa en el Congreso del Estado, como en el propio grupo gobernante, no existe visión de largo plazo. Tal y como está, el órgano electoral quedó, además de cuestionado, sujeto a todos los vaivenes políticos, electorales y hasta de coyuntura, a los que esencialmente no debía estar condicionado.

Constitucionalmente, el Instituto Estatal Electoral es uno de los órganos a los que se les brindó autonomía y “ciudadanización”, justamente para que tanto su integración como sus determinaciones fueran ajenas a todo partidismo, y por tanto no estuvieran influenciadas por quienes detentan el poder.

Para reforzar esa aspiración, la elección de sus integrantes está determinada por la no pertenencia a partidos políticos y la no participación en el ejercicio público en el pasado reciente (esto es lo que da la certidumbre de la integración ciudadana). Y por esa misma razón, la elección de los integrantes del Consejo General del órgano electoral está encomendada a los representantes del pueblo en el Poder Público, que son los integrantes del Congreso local.

En ese sentido, se supone que éstos salvaguardan el interés de la mayoría, y que al ser sólo ellos quienes eligen a los integrantes del IEEPC, sin la intervención del Gobernador del Estado, garantizan que el órgano electoral no responda a los intereses del poder gobernante. Y, en todo esto, la autonomía del órgano electoral se refuerza con la disposición de que sus integrantes tendrán un periodo de funciones estable y firme, no sujeto a los cambios de gobierno.

Esos son, en esencia, los planteamientos de fondo que caracterizan al órgano electoral. Ahora bien, frente a ellos, preguntémonos: ¿De verdad están garantizados los principios de autonomía y ciudadanización requeridos para el funcionamiento no sólo legal, sino legítimo, estable y reconocido del órgano electoral? Tal parece que en el terreno de lo estrictamente formal, sí; pero si vamos más allá, a una cuestión de mera práctica política y de ejercicio del poder, veremos que las cosas son mucho menos halagüeñas de lo que hoy parecen.

Formalmente, ni el consejero Presidente, Alberto Alonso Criollo, ni alguno de los integrantes del Consejo General del IEEPC, tiene cuestionamiento alguno. Todos cumplieron con el perfil profesional y ciudadano que se requería; todos comparecieron ante el Congreso local, y la única cuestión que queda pendiente es que los tribunales jurisdiccionales de la materia convaliden, o manden a reponer, la elección de uno o todos los integrantes del Consejo General. Sin embargo, aún con eso el órgano electoral podría funcionar plenamente.

Sin embargo, más allá de esa situación —legalmente superable o corregible— habría que preguntarse qué pasará en el terreno de la legitimidad y la estabilidad de un órgano como este, no ahora, sino dentro de un tiempo cuando posiblemente cambie la integración del Congreso del Estado, o simplemente cuando se disuelva la coalición legislativa que hoy existe entre los diputados integrantes de los partidos que apoyan al gobernador Gabino Cué Monteagudo.

Es posible que en ese punto quede en evidencia que no todo radica en el estricto cumplimiento de los requisitos legales, sino que también es necesaria una alta dosis de legitimidad política para que un órgano como el IEEPC pueda funcionar plenamente, para que pueda fungir como árbitro en los procesos electorales, y para que pueda llevar a término el programa de trabajo que tienen sus integrantes actuales. Este asunto, pues, rebasa la simple polémica legal, o jurisdiccional, sobre su integración.

ESCENARIO INESTABLE

Pensemos, por ejemplo, qué podría pasar si en los comicios locales intermedios de 2013, el PRI obtiene mayoría simple o calificada de diputados locales en el Congreso, y por un ánimo de venganza o de demostración de fuerza, decide ir a reformar el IEEPC.

También es posible un escenario como el de la elección federal de 2006, en el que la competencia política fue tan ríspida, y como al árbitro electoral le faltó sustento y legitimidad para fungir como regulador y garante democrático, entonces al primero que todos los partidos decidieron cobrarle la afrenta fue precisamente a éste, renovándolo en un proceso que dejó profundamente lastimado al IFE.

Veamos, particularmente, lo que pasó con el IFE después de la elección federal de 2006. Luego de éstos comicios, todos los partidos coincidieron en que al órgano electoral le había faltado sustento para evitar que ese proceso electoral terminara en crisis. El IFE, según ellos, no pudo garantizar la ausencia de inequidad, excesos, violaciones a la ley, y demás; por eso, por todo lo que ellos habían cometido, decidieron “renovar” al Consejo General de ese instituto.

A Luis Carlos Ugalde nadie puede negarle sus credenciales como profesional, como académico y como representante del interés ciudadano. Sin embargo, nada de eso le bastó para ser removido de su cargo. Finalmente, como consecuencia de una negociación política se decidió su salida (así como fue una decisión política carente de legitimidad plena la que lo llevó, de la mano de la entonces priista Elba Esther Gordillo, a la presidencia del Instituto). Y hasta hoy, no ha habido poder humano que impida que sean las decisiones políticas las que prevalezcan frente a los órganos autónomos.

Como en política nada está escrito, esos son escenarios posibles que, independientemente de sus particularidades, serán de alto riesgo para una institución que hoy carece del sustento político que requería para funcionar plenamente. Nadie puede hoy asegurar que en el futuro próximo el PRI seguirá siendo minoría, o que al pasar a ser mayoría legislativa siga respetando la integración de un órgano en el que, sea como sea, éste no está representado.

RIESGO REAL

Si el escenario hoy tan favorable para la coalición legislativa cambia, entonces los primeros que estarán en problemas son los integrantes del IEEPC; todo eso no habría ocurrido si su integración hubiera estado legitimada, políticamente, por todos los integrantes del Congreso del Estado. Y finalmente, en el mediano plazo esta vulnerabilidad afectará a los partidos, pero será mucho más riesgosa para la aún incipiente democracia electoral que hoy prevalece en Oaxaca.

+ El miedo a Franco los domina; esa, no es política

Conforme se acerca el mes de mayo, el oaxaqueño común comienza a sentir ya la resaca de lo que fue nuestra propia versión de la borrachera democrática del año pasado, la cual culminó con la alternancia de partidos en el poder.

Cuando se hace inminente el momento clímax de la algidez política en Oaxaca —por la revisión anual de los asuntos magisteriales— todos nos preguntamos en dónde está el gobierno, pero también dónde están las fuerzas de oposición que, se supone, debían robustecer en conjunto esa democracia que nos permitiría un mejor nivel de vida. La respuesta a esa doble pregunta, constituye una verdadera incógnita.

Habríamos de preguntarnos, en un primer momento, dónde se encuentran los hombres y mujeres que integran el gobierno estatal. A Oaxaca, la seguimos viendo como la ínsula en la que todos los problemas pueden convivir sin que sea necesario resolverlos. Propios y extraños, no se han cansado —o no nos hemos cansado— de señalar que los retos siguen siendo exactamente los mismos, al igual que los problemas y las afectaciones que día a día sufrimos los ciudadanos; y que por eso puede decirse que la alternancia de partidos en el poder no nos vino ni mejor ni peor de como estábamos.

Todo eso, aunque parece ser un problema grave, en realidad no lo es tanto: aún hoy, y durante todo el primer año de ejercicio, a estos señalamientos puede oponerse la justificación de que las personas que gobiernan están apenas tomando las riendas de su labor, y que será sólo cuestión de tiempo que puedan encauzar tanto la administración como la atención a los problemas que afectan a los oaxaqueños.

Y aunque objetivamente ésta no es una justificación (porque los ciudadanos no tenemos por qué pagar el alto costo del “curso propedéutico”, ya en funciones, de quienes detentan el poder), sí resulta ser una práctica moral y políticamente recurrentemente aceptada en nuestro entorno local.

No obstante, algo en lo que la mayoría de los oaxaqueños hemos fallado, es en preguntarnos dónde está la otra mitad del ejercicio público. Es decir, dónde se encuentran las fuerzas de oposición que debían estar siendo el principal acicate, para que quienes detentan el poder hicieran una labor más eficaz en el servicio público.

Y es claro que si nos deshacemos en cuestionamientos por las fallas del Gobernante, también debíamos hacer lo mismo con las fallas, y la ausencia, de los opositores. Y es que si bien dice el refranero que “tanto peca el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata”, entonces debíamos comenzar a ser parejos y exigir lo mismo a quienes se supone que luchan por lo mismo. Esto es, que buscan el bien común a través de la lucha por la detentación del poder público.

La pregunta, y el señalamiento, no parecen ser ociosos. Es claro que si en Oaxaca el gobierno está lejos de lo que merecemos, en lo que corresponde a las fuerzas de oposición esto se encuentra en iguales o peores circunstancias. Y no hay nada peor, que tener un gobierno titubeante, que además juega solo en una cancha en la que, por una total ausencia, no existe un competidor que le obligue a elevar su nivel de juego, y a demostrar que tiene tácticas dignas de su categoría.

OPOSICIÓN AUSENTE

Parte del comenzar a sentir esta resaca, tiene su origen en la superación de la borrachera democrática relativa al proceso electoral. Esto es que, para los ahora detentadores del poder, deben comenzar a dejar atrás todo lo relativo a su victoria en las urnas, y concentrarse en el trabajo que les corresponde. Pero algo similar, en toda la extensión de la palabra, debía ocurrir para sus opositores.

Ahí es donde, sin embargo, se encuentra el mayor cuestionamiento al PRI de Eviel Pérez Magaña, que hace todo menos ser una oposición verdadera en la escena pública de Oaxaca.

Expliquémonos: pareciera ser que, en primer sitio, son ellos quienes no han podido superar los dolores de la derrota electoral; que son ellos quienes no pueden ver más allá de sus intrascendentes disputas internas y de sus enemigos de papel; y que son quienes no han entendido que el papel de oposición es tanto o más constructivo que el de oficialismo. Al no poder ver todo eso, están echando por la borda la oportunidad inmejorable que hoy tienen, de reconstituir su presencia como partido determinante y protagonista de la actividad política de nuestro estado.

El PRI oaxaqueño se encuentra en una situación de extravío total. Una forma sencilla de “medir” el nivel de debate e intervención de la dirigencia priista en los asuntos públicos, es a través de los medios de información. ¿Qué dice Eviel Pérez en la prensa de por lo menos uno de todos los asuntos que están en la agenda pública de Oaxaca? ¿Cuál es la participación constructiva del PRI, más allá de la actividad de sus diputados o sus representantes sectoriales? ¿Cómo incide para mejorar, el otrora “partidazo” en los asuntos en los que se supone que el gobierno falla, y sus opositores se lo deben señalar?

Es claro que, frente a todo eso, la Dirigencia Estatal del PRI debía dejar de hacer su tema principal —o su único tema— la disputa entre Eviel Pérez y Jorge Franco Vargas. Es verdaderamente lamentable para la vida pública, y para todos los problemas que tiene Oaxaca, que mientras la entidad sigue esperando el momento de la reconstrucción y la mejora en el nivel de vida, el gobierno se la pase dando bandazos, y los opositores desperdicien su tiempo —el tiempo de todos los oaxaqueños— en “dirimir” cuestiones (una dirigencia partidista, que además no está en juego) que en realidad preocupan e interesan a muy pocas personas.

Por eso, esta resaca democrática debía ser también un llamado a la recuperación de la noción de lo que es, o debería ser, el interés público. Dejar de lado esa idea, equivale a sacrificar el interés de todos, en aras de la atención a los temas que sólo benefician o perjudican a unos cuántos. Quienes tienen al PRI en las manos debían dejar atrás sus fantasmas y ponerse a hacer algo por Oaxaca. De no hacerlo, perderán ellos pero esencialmente perderá el interés de la mayoría que, siendo priista o no, espera tener una mejor calidad de vida.

OPORTUNIDAD PERDIDA

¿Qué pierde el priismo por sus extravíos actuales? Nada menos que la oportunidad de revertir la situación de derrota y arrinconamiento en que se encuentran. Es decir, que en la elección intermedia puedan volver a ser mayoría en el Congreso del Estado. Esa posibilidad envidiable se aleja hoy aceleradamente.