+ Medios-Estado: la relación debe subir su nivel

Hoy, no parece más que un mero lugar común aquel que dice que la prensa es “el cuarto poder”. En los últimos años, el gremio periodístico ha —hemos— sido de los más golpeados no sólo por las agresiones físicas, de presión o de intimidación por parte del poder, sino que también la prensa ha sido presa de una de las mayores voluntades por la impunidad de que se tenga memoria. Hoy, más allá de los actos de victimización, es evidente que la relación entre el poder y la prensa está descompuesta, y que las soluciones no llegarán mientras los hacedores del periodismo nos mantengamos cruzados de brazos.

¿Por qué asegurar que existe una relación tirante? Porque hoy en día, el ensanchamiento democrático del país, trajo como consecuencia un México en el que, a diferencia de antes, ahora sí es posible hablar, denunciar y criticar con más libertad, desde los medios de información, a quienes materializan las funciones del Estado. Esa libertad parte de una de las garantías fundamentales de toda persona que se encuentre en territorio nacional: la libertad de expresión, que no tiene más límites que el ataque a la paz pública, la moral o el derecho de terceros.

Al estar garantizada esa libertad, sería de suponerse que también debería estar protegida por las leyes y las instituciones del Estado. Es decir, que tanto por mandato constitucional y legal, como también por la salvaguarda de las garantías constitucionales a que están obligadas las autoridades competentes, todo aquel que vulnerara la libertad de expresión —a través de agresiones físicas directas, chantajes, actos de intimidación o incluso de presión por medio de cualquier tipo de acciones coactivas— tendría que ser castigado con todo el peso que la misma norma jurídica señala para tal efecto.

En la realidad, el problema es que, aún cuando sí existe un amplio margen para ejercer la libertad de expresión, también existe un margen tanto o más ancho para vulnerar impunemente esa garantía. De ahí que, al hacer su trabajo periodístico de investigación, reseña y denuncia, el llamado “cuarto poder” sea también objeto de todo tipo de presiones, chantajes o agresiones que, por la vía de hecho, limitan y vulneran ese derecho a expresarse, y a escribir y publicar artículos, que se supone que tiene garantizados por la Constitución de la República.

En este sentido, la inacción de la autoridad es poco más que abominable. En los últimos años, ningún país del continente americano, e incluso prácticamente ninguno del mundo, ha sido tan violento en contra de la prensa como México. Es alarmante que, aquí, se cuenten por decenas la cantidad de trabajadores de la información que cada año son amenazados, intimidados, agredidos e incluso asesinados; y que también se cuenten prácticamente todas esas agresiones, en las dolorosas y agraviantes cuentas alegres de la impunidad.

Esto revela, pues, que a las autoridades de los tres órdenes de gobierno lo último que les importa, es investigar sobre los delitos que se cometen en contra de quienes, desde los medios de información, se dedican —nos dedicamos— a ser los mayores fiscalizadores y revisores de la función pública en el país.

Hasta ahora, ninguna de las instancias creadas por el mismo poder público para frenarse y contrarrestarse a sí mismo, ha sido tan efectiva como la acción de la prensa. De ahí que —seguramente por esa vocación excesiva en el ejercicio del poder que hay entre quienes detentan la función pública del Estado y el gobierno, y las incomodidades que recurrentemente les generan los medios de información, el último de los puntos que tienen las autoridades en su agenda para atender y esclarecer durante sus tareas públicas—, sean las agresiones a quienes hacemos la prensa.

RELACIÓN POLARIZADA

En México, la subcultura del caudillismo, del partido hegemónico, o de los gobernantes todopoderosos, crearon una idea equivocada sobre la relación entre la prensa y el poder público, que ha prevalecido por décadas. Movidos siempre por aquella vocación por el culto a la personalidad, y el control ejercido sobre la prensa a través del dinero o de las acciones violentas, los hombres de poder se acostumbraron a que ésta fuera condescendiente, cómplice y alabadora de una función de gobierno que, ni en el mejor de los casos, fue del todo pulcra como para no merecer ciertas críticas.

Por décadas la prensa fue sumisa al poder, por la alta concentración de potestades —todas— que tenía el gobernante en turno. Sólo que en algún momento el Estado cambió, y giró hacia formas más democráticas de determinarse. Ahí fue donde el poder tuvo que comenzar a reconocer el papel social que debía representar la prensa. Y ésta misma, paulatinamente, comenzó también a asumir su posición de fiscal y denunciador, y no de lacayo o palero del gobernante en turno.

Sólo que las formas de relacionarse entre unos y otros no varió. Si antes el Gobierno tenía el control de la prensa a través de la comercialización del papel, o de las acciones violentas de censura, hoy lo tiene por medio de los presupuestos publicitarios. El gobernante en turno, decide discrecionalmente a qué medios les compra publicidad, asimismo negocia con secrecía cuánto paga por ésta, y las condiciones de no agresión que impone para continuar ejerciendo el gasto publicitario en beneficio de ciertos medios. Es decir, que el gobernante ocupa como suyo, y en buena medida para fines personales, el dinero del Estado, que está destinado para la promoción de las obras del gobierno, no del gobernante.

Eso ocurre hoy en todo el país, y atenta contra las libertades fundamentales de todos los que hacemos la prensa. El gasto publicitario es del Estado, no del gobierno, y mucho menos del gobernante en turno. Por tanto, ese gobernante debía ejercer esos recursos basado en reglas claras, firmes y equitativas con todos los medios; es decir, que debía desaparecer, por completo, aquella antidemocrática idea del “no te pago para que me pegues”, que tanto daño le ha hecho a la democracia actual, y a la relación entre la prensa y los gobiernos que se dicen democráticos.

CONVENIO

Hoy se anunciará la firma de un convenio de colaboración entre la CNDH, la CEDH y los representantes principales de la prensa oaxaqueña, para fortalecer la legislación y las acciones que protejan a los periodistas. En ese marco, el quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Fernando Batista, dictará una conferencia en el Hotel Fiesta Inn, a las 11 horas.

+ Garante social en riesgo, por el estancamiento

Como casi siempre ha sido, el Instituto Mexicano del Seguro Social se volvió tema de interés, sólo cuando el gobierno federal puso sobre la mesa las alarmantes cifras sobre su grave estado de salud financiera. Poco se había atendido el pasivo económico que enfrenta la institución, pero es menos aún lo que se ha entendido sobre la importancia que tiene ese Instituto para el país, y lo grave que puede costarnos a todos los trabajadores del país, el seguir teniendo una economía deprimida a la que le es imposible crecer.

Por lo menos desde hace quince años, el Seguro Social enfrenta una situación caótica. Fue a mediados de la década pasada, cuando se hizo ver con alarma que la situación de esa institución era ya insostenible en las condiciones en que se encontraban. Su ley, que databa de la década de los setentas, contemplaba una serie de garantías y derechos para los trabajadores afiliados al IMSS, que ya para entonces no podían seguir siendo costeadas frente a una masa laboral que crecía exponencialmente, y que lejos de inyectar recursos se los absorbía al hacer uso de los servicios médicos y todas las prestaciones sociales que otorgaba la institución.

Hasta entonces, por ejemplo, un trabajador podía tener derecho a jubilación al haber cotizado únicamente quinientas semanas al IMSS (algo así como unos diez años de trabajo con prestaciones sociales); y era éste, directamente, quien a partir del retiro del trabajador otorgaba una pensión que erogaba de su presupuesto; para mediados de los años noventas, sostener el régimen de jubilaciones en estas condiciones, haría inviable la posibilidad del coste de las mismas en el corto plazo.

Fue entonces que se impulsó una nueva Ley del Seguro Social, en la que se fijaban nuevas reglas para, entre muchos otros tópicos, hacer viables y costeables los derechos a futuro de los trabajadores. Se abandonó el régimen de las quinientas semanas, y se sustituyó por otro en el que se estableció la necesidad de haber aportado al Seguro Social durante mil quinientas semanas (algo así como treinta años de trabajo) para poder tener derecho a un haber por retiro, que sería costeado por los fondos personales que cada trabajador acumulara en su Administradora de Fondos para el Retiro. Con ello, se suponía, el IMSS haría viable su existencia en el largo plazo.

A la par de ello, se establecieron otras modificaciones en cuanto a los seguros que otorga a los trabajadores, y las prestaciones que incluye en cada uno de ellos. Esto fue trascendental para las millones de personas que cotizan al IMSS, o que son beneficiarias de sus servicios a través de sus familiares trabajadores, porque sólo así fue como esa institución pudo salvarse de la quiebra. Aunque en muchos sentidos, los usuarios soslayamos al Seguro Social por su recurrente atención médica poco humana, o por la masificación en sus hospitales, clínicas y centros de atención, es evidente que éste representa la materialización de una de las garantías sociales más necesarias e indispensables para todas las personas, que tiene además su origen en las exigencias del sector obrero que dieron vida y fundamento ideológico y político a la Revolución Mexicana. El IMSS representa, sin duda, la materialización de una de las garantías sociales más anheladas por los mexicanos, independientemente de nuestra condición social.

IMSS, POR QUÉ EN QUIEBRA

Hace más o menos una semana, el presidente Felipe Calderón reconoció que el IMSS se encuentra en una situación crítica, que hace necesaria una nueva reforma de fondo. Para el gobierno federal, la responsabilidad de dar viabilidad social y económica al Instituto tiene que ver con una serie de reformas que dependen de quienes conforman el Poder Legislativo. Para éstos, a su vez, el problema se encuentra en otros rubros como la corrupción. Una corrupción que, si se denuncia, es porque parece ser asimismo vista por todos; pero sobre la cual nadie hace algo efectivo para eliminarla de verdad.

Ante esa realidad, tanto diputados del Partido Revolucionario Institucional, como del PRD y otras fuerzas políticas distintas al PAN, dejaron ver la consideración de que, para ellos, primero se debe limpiar al IMSS de la corrupción, para después pensar en una nueva cadena de reformas que restrinjan aún más los derechos de los nuevos trabajadores. Incluso, esa fue la dinámica en la que “manos extrañas” hicieron llegar al noticiero nocturno de la cadena Televisa, unas grabaciones en las que supuestamente se escucha a un alto funcionario del IMSS haciendo una negociación ilegal con un ejecutivo de una firma farmacéutica, para que se le compraran medicamentos de bajo costo a cambio de compartir las ganancias de esas facturas infladas en cuanto a los costos reales de lo vendido.

¿De verdad el problema está en la corrupción? Seguramente una parte importante sí. Estudios internacionales han revelado que los mexicanos perdemos cantidades exorbitantes de dinero en la manutención de la corrupción, y que ésta se encuentra incrustada firmemente en la gestión pública que no puede abandonar sus vicios de corrupción y extorsión.

Pero evidentemente, esa no es la única arista de dicho problema. El conflicto más grave a que se enfrenta el IMSS, más que la corrupción que le desvía recursos que bien podrían utilizar para mejorar la calidad de la atención que prestan, se encuentra en la necesidad de que el país y el empleo crezcan a un ritmo más acelerado.

Hasta hoy poco se ha dicho al respecto. De eso, sin duda, son responsables tanto el gobierno federal, como el Congreso de la Unión, porque en ambos recae el señalamiento por no poder procurar los acuerdos y las medidas necesarias que hagan crecer al país. Por eso, todos en conjunto pretenden responsabilizar a la corrupción —que es infame— por otros vicios que más bien tienen que ver con la falta total de impulsos reales a la economía.

CRECIMIENTO NEGADO

El país necesita crecer a un ritmo más acelerado y consistente para poder dar viabilidad al IMSS. Apretar a quienes ya cotizamos, es tanto como querer tener una mayor recaudación sin extenderse antes a ampliar la base de contribuyentes, y por tanto seguir cobrando todavía más a los mismos que ya pagan. Algo así ocurre aquí. Mientras no haya honestidad en esa visión y afirmación por parte de quienes integran los poderes públicos, se seguirán diciendo las mismas verdades a medias de siempre.