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Lucha magisterial: sólo inocentes creyeron en negociación

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+ Juanito, PRI y el dizque “war room” desastroso de campaña

Ayer, la dirigencia de la Sección 22 del SNTE, dio un paso más no en sus negociaciones, sino en su plan de acción electoral. Quienes consideran que en estos días puede haber “solución” a las demandas económicas, sociales y políticas que plantean, están equivocados. Los profesores democráticos oaxaqueños no hacen hoy más que seguir sus propios métodos de lucha electoral. Sería inaudito creer en la no participación del magisterio en las definiciones  políticas del Estado.

Desde hace un mes y medio, cuando comenzó la jornada anual de lucha de la Sección 22, por la revisión del pliego petitorio que entregaron a los gobiernos federal y de Oaxaca, la dirigencia del magisterio democrático reiteró, en el ámbito de lo formal, que ellos no tendrían participación en el proceso electoral, por considerar que ninguno de los partidos o candidatos representan soluciones reales a los problemas y necesidades magisteriales y del pueblo oaxaqueño. Sin embargo, también desde entonces, ellos mismos reiteraron que este año sus jornadas de lucha serían prolongadas, y que no descartaban el estallamiento de un paro indefinido de labores, para lograr el cumplimiento total de sus demandas.

¿Por qué hacer esas dos determinaciones? Porque, como ha venido quedando claro, la Sección 22 sí tiene una participación determinante en el proceso electoral, aunque no por los métodos ortodoxos que comúnmente conocemos, o que esperaríamos ver. ¿Qué significa eso? Que, en sus propios métodos, modos y justificaciones, los “democráticos” sí jugarían, y ya lo están haciendo, su papel particular en el proceso electoral que ahora ocurre.

Parecería un planteamiento trillado. Pero hoy, ante las circunstancias, nuevamente vale la pena preguntarnos el por qué de nuestra afirmación, relativa a que los profesores de la Sección 22 sí participan del proceso electoral, si ellos mismos resolvieron no participar en el proceso electoral.

Esto parecería una contradicción, aunque en realidad no lo es. En realidad, el magisterio reiteró una no participación abierta y formal en el proceso electoral, a favor de un partido o candidato. Esto, para no tener que involucrarse en activismos, ni en apoyos incondicionales. Al final de cuentas, sea quien sea el próximo Gobernador del Estado, éste pronto se convertirá en adversario de la Sección 22.

¿Y por qué advertir, desde entonces, sobre lo prolongada que sería esta jornada anual de lucha? Porque desde entonces necesitaban una justificación puntual para sus acciones. Digámoslo de otra forma: Los profesores de la Sección 22 anunciaron, desde el 1 de mayo, que en Oaxaca “habría bronca”, independientemente de las ofertas o respuestas que le diera el gobierno estatal y la Secretaría de Gobernación, a cada una de sus demandas.

¿Alguien sabe, por ejemplo, qué están negociando la 22 y los dos ámbitos de gobierno ahora mismo? Salvo algunos directamente involucrados, es evidente que no. Y es que el proceso de negociación alcanzó ya un nivel de alta complejidad, pues las resistencias magisteriales a aceptar las ofertas oficiales, ya no se inscriben en el puro ámbito del acuerdo, sino en un objetivo político.

Aunque, por ejemplo, hoy la Sección 22 asegura que el gobierno federal se niega a entregar los recursos para la rezonificación salarial, es evidente que este es un esquema ya previamente etiquetado y presupuestado, que ni siquiera tendría que estar hoy sujeto a ninguna negociación. Pero como no existe claridad ni apertura sobre los puntos que se están negociando, todo se queda en el ámbito de la especulación. Y eso permite que los profesores digan verdades a medias, oculten información, o se valgan de meras justificaciones sin sustento, para continuar con sus jornadas de lucha.

LUCHA POLÍTICA

La Sección 22, por tanto, tiene ya definido un calendario de acciones que irá respetando conforme se den los tiempos. Ahora mismo, por ejemplo, se negó a estallar el paro indefinido de labores, como una más de sus tácticas de dilación. Bajo el argumento de la consulta a las bases, y la continuación de las mesas de trabajo con la Secretaría de Gobernación, decidieron únicamente incrementar el número de trabajadores con presencia en el plantón establecido en el primer cuadro de la capital oaxaqueña. Así buscan ganar tiempo, para seguir empatados en el tema electoral que, contrario a lo que dicen, sí les ocupa.

¿Por qué se negaron a estallar ahora mismo el paro indefinido? Porque una decisión de esa naturaleza habría acelerado el final, o por lo menos el punto en el que fuere insostenible la falta de justificación, de sus jornadas de lucha actuales. Se negaron al plantón masivo y paro indefinido, y sólo decidieron incrementar la presencia, para una intensificación gradual de sus acciones. El objetivo es llegar al umbral del proceso electoral, es decir, a la víspera de los comicios, con el anuncio del paro indefinido de labores.

Será entonces cuando, seguramente, ellos decidan desplegar todo el potencial de su membresía, para tratar de influir en el resultado de la jornada electoral. Ahora mismo, ya están anunciando algunas de las directrices que habrán de seguir antes, durante y después de la jornada electoral. Es decir, que desde ahora están previendo que a lo largo de la quincena restante del mes de junio, no habrá arreglo con las instancias negociadoras locales y federales.

Todo esto debe entenderse en un estricto sentido político y electoral. Nos guste o no, la 22 es un factor determinante en la gran mayoría de los procesos políticos que ocurren en la entidad; y por tanto, sería absurdo considerar que no se involucrarían en los comicios. No lo hacen con banderines y promoviendo a partidos y candidatos. Pero sí lo hacen, y puntualmente, a través de sus propios mecanismos de lucha.

“VERGÜENZA ROOM”

La tarde del sábado, Rafael Acosta, Juanito, esperaba a hacer su debut como priista, afuera del restaurante Colibrí, dentro de una lujosa camioneta tapizada con propaganda priista. “Manos invisibles” llamaron a los reporteros al encuentro. Y como vieron la reacción adversa de la opinión pública, ayer recularon deslindándose de aquel personaje. ¿Todo esto es obra de un “war room”? Por favor. Más bien, ¿Saben en el PRI lo que es un “war room”? Tal parece que no. Le queda grande, enorme, el término, a esa cofradía tricolor en la que toman decisiones en base a ocurrencias.

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Cuatro años de crisis magisterial, y Oaxaca carece de una agenda legislativa para la transición

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+ Juanito, ahora priista; ¿Esperan ganar algo con lastres?

Han pasado exactamente cuatro años, desde que el gobierno estatal realizó aquel fallido operativo de desalojo, que desató la furia magisterial y provocó un conflicto social y político de grandes magnitudes en Oaxaca. Para mal de todos, la oportunidad de cambio que significó aquella crisis, se perdió en medio de una cadena interminable de intereses que, en conjunto, buscaban el inmovilismo. Sin embargo, esa pasividad no podrá ser eterna, y desde ahora, quienes aspiran a cargos públicos, deben entenderse no sólo como representantes populares, sino como potenciales agentes políticos de cambio.
¿De qué hablamos? De que, dejando de lado los simplismos, parece claro que el conflicto magisterial y popular de 2006 significó no sólo la escalada de violencia y choque entre grupos políticos, sino también una oportunidad inmejorable, a partir de la cual se pudieron haber sentado las bases de un cambio sólido en las estructuras jurídicas y sociales en que se fundamenta el ejercicio del poder.
Sin embargo, éste último parece un tema vedado entre quienes hoy buscan cargos públicos en la entidad. Todos, hoy, en medio del proceso electoral se lanzan recíprocas acusaciones respecto a la responsabilidad por el conflicto magisterial, por las escaladas de violencia, y por los desmanes y destrozos que se provocaron al calor del enfrentamiento; todos, en realidad cargan con la responsabilidad de los cambios políticos y jurídicos que se negaron a provocar en Oaxaca.
Si se recuerda, hace cuatro años, los grupos que encabezaron la revuelta, exigieron al gobierno federal, y al de Oaxaca, el cese de las prácticas antidemocráticas, del ejercicio excesivo del poder, de la opacidad en el manejo de los recursos, y de la falta de rendición de cuentas; y argumentaron, también, que era urgente la necesidad de que las leyes locales contemplaran mecanismos más eficaces para controlar al poder y los gobernantes, y para hacer más democráticas y consensadas las decisiones gubernamentales que afectarían a la mayoría. Eran, en resumen, banderas que exigían democracia, equilibrios, transparencia, rendición de cuentas, y causas más específicas, como la inclusión del referéndum, el plebiscito y otras figuras de control, en el marco jurídico local.
Todos esos cambios democráticos bien pudieron haber ocurrido al calor del 2006. Fue entonces, como nunca antes, que la sociedad no sólo oaxaqueña, sino de todo el país, se encontraba altamente concientizada sobre la urgencia de esos cambios democratizadores en una entidad tan atrasada como la nuestra.
Habría sido ese el momento perfecto para que los grupos que encabezaban la revuelta social, se lanzaran también a consolidar esos cambios en el marco jurídico, y dejarlos no sólo como la consolidación de un triunfo presente, sino también como un legado trascendental para el futuro.
Incluso, el propio grupo gobernante en Oaxaca pudo haber sido el impulsor real de algunas de estas banderas. Y si algo como eso hubiere ocurrido, se habría consolidado en la entidad una suerte de transición democrática, que no necesariamente tendría que haber pasado —porque no es una regla, y tampoco es un requisito indispensable— por la alternancia de partidos en el ejercicio del poder.
Lamentablemente, este no fue el interés real del conflicto magisterial y popular de 2006. A pesar de todos los argumentos de la Sección 22, éste sindicato se replegó una vez que consiguió sus demandas salariales; la APPO nunca tuvo el potencial como para articular una propuesta seria de reformas legales; y el gobierno estatal no hizo más que tomar la bandera para “cumplirla” sólo en el marco de lo aparente.
Hoy, la llamada “reforma del Estado” no es sólo más que una apariencia dizque democrática, a través de la cual el grupo gobernante simplemente congeló la discusión sobre los cambios necesarios. Sin embargo, como lo apuntamos al principio, el inmovilismo no puede ser eterno. Y por eso, si los hoy aspirantes a diputados desean adquirir un compromiso verdadero con Oaxaca y dejar de lado la demagogia que los envuelve, deberían tener en su conciencia algo más que las propuestas fatuas de siempre.

¿POSIBILIDAD DE CAMBIO?
Salta a la vista, el predominante bajo perfil de quienes aspiran a integrar la próxima Legislatura del Congreso del Estado. Se ha vuelto una práctica común, que casi en la totalidad de los casos, los partidos políticos prefieren los liderazgos sociales a los cuadros preparados, en el momento de plantear sus postulaciones. Salvo unas cuantas excepciones de candidatos ordenados y bien preparados, el Poder Legislativo del Estado corre el riesgo de continuar siendo una entidad gobernada por los asesores, por las injerencias del Poder Ejecutivo, y por las estruendosas reyertas entre diputados, que son escandalosas, pero que aportan nada al verdadero debate legislativo.
Ese parece ser el caso del priismo, que tendrá mayoría en la próxima Legislatura. Porque al hacer la revisión puntual de cada uno de sus 25 candidatos a diputados locales, podremos encontrar que, salvo uno o dos casos, los abanderados tienen poquísimas posibilidades de aportar seriedad y altura al Poder Legislativo.
Seguramente, los dos polos se encuentran en César Rivera Beltrán y Martín Mathus Alonso; porque mientras el primero tiene una dudosísima reputación, y una carrera política basada en la compra de cargos y postulaciones, el segundo es, sin duda, un sólido cuadro priista —el único de los candidatos con grado de doctor, y vasta experiencia en el sector público— que ha hecho una campaña ordenada y basada en propuestas. Seguramente, ambos llegarán al Congreso aunque con distintos grados de conciencia sobre la importancia de su labor legislativa.
Todos deberían tener claridad sobre su potencial como agentes de cambio. Es lamentable que el Legislativo sea un poder domado, carente de propuesta y sentido, y predominantemente entendido como un órgano de “levantadedos”. En ellos está la responsabilidad de generar las condiciones de una transición. ¿Tendrán conciencia, o seguirán siendo parte, todos, de la demagogia? Pronto lo sabremos.

LAMENTABLE
¿A quién se le habrá ocurrido el disparate de traer a Rafael Acosta Ángeles, Juanito, a pronunciarse a favor del PRI y su candidato a Gobernador? Un personaje exhibido, obtuso y vilipendiado, para nadie decoroso es una buena compañía. No se ayudan.
almargen@tiempoenlinea.com.mx
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Tarjetas de crédito: Usuario, víctima de la crisis… y de los abusos de la banca

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Hoy, es quizá más común que nunca en la última década, que millones de mexicanos tengan problemas para afrontar el gasto y la liquidación de sus tarjetas de crédito. Más allá del problema actual respecto a la creciente cartera vencida, parece claro que el origen de esta situación no sólo tiene que ver con la irresponsabilidad de quien emite una línea de crédito y del que la ocupa; también, en esto, se añaden los interminables abusos y excesos que comete la banca al momento en que uno de sus usuarios adquiere la calidad de cliente moroso.
En el último año, según reportes del Banco de México, la llamada “cartera vencida” relativa a tarjetas de crédito, llegó solamente por ese rubro, a unos 20 mil millones de pesos. Ese monto, equivale a la cantidad de pagos que la banca realizó en nombre de sus usuarios, y que independientemente del cobro de intereses y gastos de ejecución, no ha podido recuperar.
El drama, en realidad, no es para las instituciones bancarias. Aunque en realidad mucho podría cuestionarse respecto al modo tan “blando” en cómo la mayoría de los bancos emitieron, a lo largo de más de un lustro, líneas de crédito prácticamente sin realizar investigación alguna a quienes potencialmente convertiría en sus usuarios y clientes, lo cierto es que la irresponsabilidad en el manejo del crédito bancario es compartida entre quien lo usó y quien lo emitió.
Sin embargo, existen diferencias sustanciales entre la situación de la banca y la situación del usuario. Ésta última tiene, en última instancia, ciertas garantías de que el dinero prestado de todos modos será recuperado. Sólo con el acumulado en el pago de intereses en las tarjetas bancarias, habría llevado a cada uno de los usuarios a liquidar los montos prestados. Sólo que, justamente, ese es el negocio del banco. Y por ello, para sus finanzas, independientemente de la cantidad de dinero que un deudor haya pagado por concepto de intereses antes de caer en mora, de todos modos la deuda subsiste.
En este sentido, la situación del usuario es la realmente preocupante. Aunque es responsabilidad de éste el usar correctamente el crédito bancario que se le otorgó, lo cierto es que la emisión de líneas de deuda en personas con dudosa capacidad de pago, y asimismo dudosa cultura y conocimiento sobre cómo funciona el sistema bancario y sus riesgos, equivale a lo mismo que dotar de un arma a un niño para que juegue.
Millones de personas enfrentan hoy no sólo sus deudas, sino también una serie de acosos y abusos que, paradójicamente, no se terminan cuando manifiesta expresamente su voluntad de arreglo y pago. La banca comercial, prácticamente ha dejado en estado de indefensión a los usuarios, que no tienen formas eficaces de evitar los abusos, el engaño y los excesos de una banca que, por su naturaleza capitalista, pretende no sólo cobrar, sino hacerlo con las mayores ventajas posibles.

CRÉDITO, SIN CIUDADO
A raíz de la crisis del sistema bancario, ocurrida exactamente a la mitad de la década anterior, la banca comercial prácticamente cerró las nuevas líneas de crédito a los usuarios, tanto de tarjetas bancarias, como a los solicitantes de créditos hipotecarios o automotrices. No fue sino hasta cuando comenzaron a ser negociables los pagarés validados que emitió el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, que la banca comercial tuvo nuevamente liquidez para emitir créditos y tener capacidad de endeudamiento.
Eso ocurrió a principios de la década que está por concluir. A partir de entonces, la emisión de créditos se flexibilizó con tal de alentar el uso de las tarjetas de crédito. Cualquier persona con un empleo más o menos estable, o con formas de demostrar ingresos económicos, se hizo de los plásticos bancarios que quiso.
Las limitaciones se relajaron por completo, y por esa razón había quien acumulaba varios millones de pesos en crédito, gracias al conjunto de tarjetas de crédito que las distintas instituciones bancarias le emitían. Ahí comenzó gran parte de este problema. Durante varios años, fue regla que un banco emitía una línea de crédito, cuando el usuario presentaba otra tarjeta bancaria vigente.
Como un gancho comercial, la institución otorgante de la segunda o sucesiva tarjeta, emitía un límite de crédito mayor a la anterior, como una forma de ganar la preferencia en el usuario. No se exagera, en razón de ello, cuando se afirma que había personas con una capacidad de pago mediana, que acumulaban líneas de endeudamiento por más de uno, o por varios millones de pesos.
Y mientras la consigna fue la de gastar y promover el endeudamiento, las instituciones bancarias fueron las más satisfechas con la forma en cómo se repartió, irresponsablemente, el crédito entre los usuarios.

LA CRISIS Y LA MORA
Hasta hace algunos años, los problemas de la cartera vencida no representaban mayor relevancia en el país. Han sido, particularmente, los últimos dos años, en los que los usuarios de servicios financieros han acumulado una tendencia sostenida a caer en mora. En la gran mayoría de las ocasiones, esa fala de pago tiene que ver directamente con la falta también de liquidez, y no con la renuncia a afrontar las obligaciones financieras.
Las causas de este problema, evidentemente, son variadas. Sin embargo, para efectos prácticos todas caen en la misma situación: que el mexicano común, cada vez tiene menos capacidad económica, y por tanto, más dificultades para hacer frente a sus pagos. Ahí es cuando, en realidad, comienza el vía crucis de quien se convierte en un cliente moroso de la banca comercial.
Ante el incremento de la cartera vencida, las instituciones de crédito comenzaron a vender sus respectivas deudas, o a contratar a despachos de cobranza, para que lograran la mayor cantidad posible de créditos recuperados. Así, se volvió práctica común que cualquier deudor comenzara a recibir llamadas de todo tipo, haciendo invitaciones, o exigiendo de forma violenta el pago. Tuvieron que pasar bastantes meses, antes de que la Comisión reguladora de las instituciones de crédito, tomara cartas en el asunto y tratara de regular ese tipo de maniobras.
Sin embargo, eso no significa que los abusos se terminaron. Hoy es también una práctica común que terceros llaman a nombre de las instituciones bancarias; en las conversaciones pactan arreglos con los deudores, y los invitan a pagar directamente en la institución. Incluso, hacen valer propuestas por escrito sobre los descuentos en la liquidación de los créditos.
El problema, en realidad, no se da en esas negociaciones, sino en los engaños e incumplimientos que las mismas instituciones bancarias, hacen de los convenios que terceros signaron en su nombre, con los usuarios morosos. Hoy, es una historia que se repite todos los días, la de personas que pagan montos para liquidar deudas, y semanas, o meses después, se enteran que dichas deudas subsisten, nuevamente cargadas de intereses, y que tienen sendos reportes en el Buró Nacional de Crédito, como usuarios altamente morosos, o que incluso provocaron defraudaciones al sistema bancario nacional.

EL USUARIO, EN INDEFENSIÓN
El Buró Nacional de Crédito, es una de varias instituciones que existen para registrar el historial crediticio de los alrededor de 20 millones de usuarios de servicios financieros del país. Dicha institución privada, dice llevar el registro puntual que las instituciones crediticias les proporcionan respecto a sus usuarios. ¿Qué ocurre en realidad?
Ocurren, en la mayoría de los casos, abusos. El Buró Nacional de Crédito contempla por lo menos dos mecanismos de defensa para los usuarios que estén inconformes con sus registros. Sin embargo, lo cierto es que esa institución brinda a la banca comercial, todas las posibilidades de confirmar datos irreales, o que fueron asentados en niveles altamente negativos, como una forma de resarcimiento frente a los arreglos privados, en los que los usuarios terminaron pagando, aparentemente, montos menores a los que debían. El problema, en realidad, no radica en el Buró, sino en quienes le allegan datos que ésta no puede corroborar, pero que sí determinan los registros del usuario para el futuro, y también perjuicios que éste podría resentir.
Evidentemente, quien debe y no paga debe asumir las consecuencias. Sin embargo, aún frente a las deudas, todos deberían tener la posibilidad de aportar elementos a su favor, y defenderse conforme a las reglas mínimas del derecho. En este sentido, es también claro que las instituciones bancarias actúan arteramente en contra de quienes, en efecto, tuvieron problemas de liquidez, pero también tuvieron voluntad de pago e hicieron esfuerzos importantes por limpiar su nombre y su historial crediticio. Hoy, sin embargo, en este ambiente de aridez y posibilidades de defensa que no siempre se encuentran al alcance o la sencillez que requieren los usuarios de servicios financieros, el mayor amague y la mejor herramienta de las instituciones de crédito, se llama Buró de Crédito.

¿Por qué habría que estar a favor de la Iniciativa (Gobierno de) México?

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+ La conciencia cívica supera “percepciones” presidenciales

Finalmente, esta semana fue presentada la Iniciativa México. En lo que se denominó una “cadena nacional voluntaria”, las dos empresas televisivas más importantes del país “unieron esfuerzos” para emprender una misión de aliento a favor de la sociedad mexicana. Más allá del discurso formal y los lugares comunes, es evidente que esta se aparece como una más de las estrategias que buscan cambiar la dinámica de la percepción de ciertos núcleos de la población nacional, que ahora sólo tienen ante sí una realidad desesperanzadora. No buscan arreglar los problemas más sentidos del país, sino cambiar la perspectiva. Es decir, que tratarán de sacar esperanza exprimiendo hasta a las piedras.

En un primer momento tendríamos que hacernos una pregunta básica: ¿Por qué estar a favor, o necesariamente creer en la Iniciativa México? Atendamos al discurso: porque es urgente cambiar la perspectiva del derrotismo y la desesperanza que equivocadamente inunda al país; porque muchos de nuestros males como nación, parten de la falta de conciencia cívica y de la pésima actitud que se tiene en la sociedad; porque es necesario no sólo ver lo malo, sino comprender que en el país también ocurren muchas cosas buenas, que no se ven porque son silenciosas. Porque, como dijera el Vasco Aguirre, “es necesario pasar del México del sí se puede, al México del ya se pudo”. Ajá, sí.

Ahora bien, ¿Por qué no estar a favor de la Iniciativa México? Una primera prevención apunta, y la compartimos, no a tratar de decir que estamos del lado de quienes quieren que a México se lo lleve el carajo, o de los que en todo buscan lo malo. No. El problema, en realidad, es que dicha campaña mediática no resulta ser sino más que parte de una estrategia del gobierno federal, en alianza con algunas empresas de amplio poder e influencia en la población, para buscar un cambio en la percepción no hacia el “México bueno”, sino hacia el “México apaciguado”.

En ese sentido, tendríamos que preguntarnos, y respondernos con la suficiente honestidad cívica e intelectual, si estrategias como la de la Iniciativa México tienen como finalidad real atender hasta abatir algunos de los problemas más graves del país, o si simplemente busca generar expectativas que sólo terminen en eso: en ideas que pueden ser realizables, pero que no por ello necesariamente tienen que llegar a serlo.

El momento en que esto ocurre es, evidentemente, crucial. México, nos guste o no, y compartamos o no dicha idea, se encuentra en el umbral de un momento emocional e históricamente determinante. Al igual que en los dos siglos pasados, la nación llega a una celebración trascendental en condiciones altamente complejas y desesperanzadoras: al pasar del tiempo, no se han podido atender problemas y rezagos por los que se pelearon en el país hace cien y doscientos años. Y existen núcleos sociales preocupados por la posibilidad de que esta desesperanza trascienda a otros riesgos mayores. Uno de ellos, el más extremoso, es el de un nuevo alzamiento popular armado.

Por eso, acciones como la Iniciativa México buscan incentivar, pero también buscan desmovilizar. Buscan cambiar la percepción de todos aquellos que a diario perciben las adversidades e injusticias que ocurren en el país; que no encuentran hoy muchos motivos para celebrar; que ven una nación caótica y un gobierno cerrado y atribulado, que no entiende que las mayorías sufren por las decisiones de unos cuantos; que, como dijera en su momento Luís Donaldo Colosio, continúan viendo, al correr de los años, a un México con hambre y sed de justicia.

La Iniciativa México —a la que, más bien, deberíamos calificar como la Iniciativa del Gobierno de México— busca desactivar, que no atender, ese sentimiento social, adverso pero genuino, que indica que en este país es mucho más lo que está mal, por encima de lo que está bien.

ASUNTOS SIN RESOLVER

¿Qué cambia entre “el México del sí se puede”, y “el México de ya se pudo”? En realidad, lo único que cambia es el enfoque. Porque, en realidad, tendríamos que ver qué asuntos están en manos de quién, y entonces, quién es el que dice “ya se pudo” y quién continúa diciendo “sí se puede”. Evidentemente, en un desglose completo de las dos acepciones, los promotores de la Iniciativa son quienes quedarían peor parados.

Sobrevivir en México, hoy, es una tarea del país “que ya pudo”. No necesitamos adherirnos a quienes siempre machacan al gobierno la responsabilidad de todos los males que aquí ocurren. Sin embargo, es evidente que más allá de todas las fobias y filias políticas hacia el gobierno y sus grupos detractores, la gran mayoría de las actividades económicas del país sobreviven frente a grandes adversidades. Veamos:

Somos un país de pequeñas y medianas empresas, que sobreviven frente a esquemas fiscales complejos y adversos, que siempre están dispuestos a cobrar a quien ya paga, y a preservar los privilegios de quienes están al margen de la ley. Vivimos en un México en el que amplísimos porcentajes de la riqueza se concentran en menos de 100 familias, pero en el que amplísimos sectores de la población (quizá un 70% de ella) vive en condiciones de alta marginación.

Sobrevivimos en un país que, independientemente de la causa, presenta gravísimos problemas de inseguridad, violencia y falta de cumplimiento y respeto por las leyes. Vivimos en un país en el que, en más de un caso, predomina abiertamente la ley del más fuerte, sin que éste tenga la posibilidad de ser recriminado, sancionado o acotado. Vivimos en una nación, en la que más de 20 millones de personas viven con el equivalente a menos de dos dólares diarios. ¿A poco no, seguir vivos en estas condiciones, es una tarea del México en el que ya se pudo?

¿QUIÉN NO CUMPLE?

¿Y de quién es el México del sí se puede? Es, precisamente, de todos aquellos que generan expectativas, que se valen de la esperanza, de la confianza y la ingenuidad de las personas, para hacerlas creer que podrán hacer mucho a cambio de un voto, para finalmente terminar haciendo nada. El México del “sí se puede”, es de quienes prometen y no cumplen. Es decir, del sector público que ni siquiera puede ponerse de acuerdo, y mucho menos actuar. A muchos funcionarios locales y federales, deberían sentarlos a ver día y noche Iniciativa México. Quizá así cambien la visión de su trabajo, y del país en el que viven.

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UABJO: sigue la violencia, porque a nadie interesa su rescate

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+ Ataques a balazos: ¿Y si alguien hubiera muerto en refriega?

Ayer, nuevamente la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) se vio envuelta en episodios de violencia. Una enésima disputa por el control físico y político de la dirección de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, motivó un enfrentamiento entre grupos contrarios. La disputa fue violenta, y en ella resultó herida de bala una persona, como si la Máxima Casa de Estudios de los oaxaqueños no tuviera gobierno, como si tampoco tuviera autoridad, como si ese no fuera un espacio privilegiado para el diálogo y la pluralidad; y, sobre todo, como si no existiera una autoridad estadual capaz de hacer valer el orden y, más allá de la fuerza policiaca, atender por lo menos algunos de los más graves problemas de la Universidad.

La Facultad de Derecho, se encontraba ocupada desde hace algunas semanas por un grupo de alumnos, en demanda del reconocimiento de la validez de los estudios que éstos realizaron en base a un plan de estudios desfasado del actual. La demanda, que parecía ser algo nimio de una posible resolución simplemente apegada a trámites administrativos ante la autoridad académica, se convirtió en un nuevo problema político ante la interminable disputa que ahí existe por el control de la dirección de la Facultad.

Fue así como la ocupación de las instalaciones de esa Facultad, condujo a un intento para lograr la destitución, por parte del Consejo Técnico, del director Noé Matus Romualdo. Este fue el preámbulo para la violencia. Porque de todos modos, independientemente de que se hubiera logrado o no tal finalidad, dentro de unos días se lanzará la convocatoria formal para la elección del nuevo directivo.    Y eso, que es lo realmente importante que está en disputa, es lo que vino provocando toda esta cadena de intentos por la desestabilización y la toma de control de esa tumultuosa facultad.

Ante todo esto, cabe preguntarse: ¿Qué ocurrió ayer? Que ante la toma de la Facultad, por parte de grupos identificados con quienes en su momento apoyaron a la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, el ex rector y actual operador político del rector Rafael Torres Valdez, Abraham Martínez Alavés, intentó recuperar el control. La justificación de esa misión, era la de tener una Facultad pacificada y ordenada, en la que existieran las condiciones necesarias para la emisión de la convocatoria referida. El problema fueron los métodos, de sí “naturales” en la UABJO, que utilizaron para lograr dicha acción.

Martínez Alavés se valió del porrismo, que tantas veces le ha ayudado a la actual administración universitaria a medio sostener la “gobernabilidad” de la Casa de Estudios, para tratar de recuperar la Facultad de Derecho. Así, un grupo violento de porros, comandado por Rubén Marmolejo Maldonado, alias “El Dragón”, trató de ingresar a Derecho y Ciencias Sociales, y ahí se desató la trifulca.

En la refriega salieron a relucir las armas comunes de los enfrentamientos de la universidad, tales como palos, piedras y bombas molotov; también se hicieron disparos de arma de fuego. En el encontronazo, resultó lesionada la corresponsal de un medio informativo electrónico de la capital del país; y más tarde ingresaron a la Casa de Estudios, elementos de la Policía Estatal, quienes realizaron aprehensiones y lograron restablecer el orden en esta maltrecha Casa de Estudios.

Ante los hechos, más que preguntarnos quién es el responsable o cuál fue la causa —o la disputa— específica que derivó en este episodio de violencia, deberíamos tener ante nosotros la duda de si, a partir de ahora, todos los conflictos universitarios habrán de dirimirse a balazos; si la administración universitaria hará lo que le toca a base de porrismo; y si la actuación del gobierno estatal en todo esto se limitará únicamente a la acción policiaca.

NADIE SE RESPONSABILIZA

En el enfrentamiento resultó herida, de un disparo de arma de fuego que le impactó una pierna, la reportera de Multivisión, Ixtlixochitl Martínez. Hubo otros lesionados menores. La Policía Estatal logró la aprehensión de alrededor de cuarenta jóvenes que participaron en la refriega. Y, como siempre, los verdaderos responsables de este episodio de violencia nuevamente quedaron en la impunidad.

Este asunto debería tener preocupado a más de uno. ¿Por qué, si es del dominio público qué grupo era el responsable del enfrentamiento, y a qué intereses sirve, nadie cuestiona a los autores intelectuales del hecho?

Marmolejo Maldonado es un individuo que durante años ha vendido sus servicios de porrismo a las sucesivas administraciones universitarias; éstas, han ocupado a las huestes de El Dragón, para chocar en contra de quienes pretenden enturbiar la Universidad; Marmolejo, del mismo modo, tiene un largo historial de servicios al gobierno estatal durante y después del conflicto magisterial de 2006; en todos lados se sabe que, particularmente en este enfrentamiento, el interés que pretendía salvaguardar era el del rector Torres Valdés; y que el operador directo de este choque fue el ex rector Martínez Alavés. ¿Por qué, si en todos lados se tenía noticia de este hecho, nadie ha hecho nada para reprochar la vocación violenta no sólo de los paristas, sino también de la autoridad universitaria?

Y es, en este sentido, igualmente grave que las autoridades estatales sigan haciendo presencia en la Universidad sólo para aplicar la dureza policiaca. El operativo implementado ayer por la Policía Estatal logró, con limpieza y sin dilaciones, el objetivo de restituir la paz en las instalaciones de Ciudad Universitaria. Pero hubiera sido deseable que más allá de la acción de la fuerza pública, la Secretaría General de Gobierno, que es encabezada por un “universitario” como Evencio Martínez Ramírez, estableciera mejores canales de interlocución con los actores universitarios, para impedir que las disputas de orden política terminen en hechos de violencia y, mucho menos, en balaceras. Pero al gobierno estatal, la UABJO simplemente no importa.

RIESGO REAL

La agresión en contra de nuestra compañera Ixtli Martínez nos lastima y agravia a todos los que integramos el gremio periodístico. Sin embargo, preocupa mucho más que esa bala pudo haber impactado en cualquier persona, y en cualquier sitio. Nadie parece dimensionar el tamaño del problema que se hubiera ocasionado si alguien hubiese muerto en la refriega. Sobre eso, todos callan.

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Copala: conflicto que sirve para hacer circo a los partidos

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+ “Ayuda humanitaria” y “cerco”: nada para proveer a víctimas

El pasado martes, una “caravana humanitaria” cargada con más de 20 toneladas de víveres, provisiones  y medicamentos, se dirigió a la comunidad autónoma de San Juan Copala, para tratar de hacer entrega de esos productos, a unas 700 familias que se encuentran en una suerte de estado de sitio, por parte de un grupo paramilitar. El grupo que organizó la brigada, fue acompañado por representantes gubernamentales con el objeto de garantizar su integridad. Aún con la presencia policiaca, y las banderas de paz, nadie pudo ingresar a la zona de conflicto. Esto es que, además de ser un conflicto grave el de Copala, también resultó ser el escenario perfecto para la materialización de un grosero circo entre dos fuerzas políticas adversas.

Como bien se sabe, San Juan Copala se erigió en municipio autónomo desde 2007. El rompimiento con el esquema institucional habido en dicha comunidad, fue una de las tantas secuelas que dejó el conflicto magisterial y popular ocurrido el año previo, pero también se incrustó como un punto particular de algidez entre los grupos que, añejamente, se han disputado el control territorial y los recursos económicos y naturales de la zona triqui.

Así, ante el avance de los grupos de influencia contrarios al gobierno estatal y al priismo, que tomaron como bandera política la de la autonomía de Copala, la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui —organización plenamente identificada con el Partido Revolucionario Institucional— implementó una suerte de “estado de sitio” en la comunidad referida. Esto incrementó gravemente el nivel de violencia en la zona. Esa circunstancia, a la luz de los hechos, se convirtió en un evidente foco de atracción no para quienes buscan ejercer la labor de ayuda humanitaria, sino también para los grupos que buscan lucro político.

El pasado 28 de abril, un primer grupo trató de romper el cerco paramilitar a través de una caravana con ayuda humanitaria. En ésta, viajaban activistas sociales, observadores de grupos civiles de derechos humanos, y representantes de algunos medios informativos. Más que el llevar consigo ayuda humanitaria, su objetivo era el de recabar información y testimonios sobre la violencia en la zona, para hacerlos públicos a través de la prensa mexicana y extranjera, y agregarlos así a la larga lista de focos rojos que hacen llamativa a Oaxaca para ciertos sectores “alternativos” de la comunidad internacional.

Lo que ese grupo encontró, fue una lluvia de balas. A pesar de los riesgos advertidos en la zona, los integrantes de la caravana se enfilaron hasta las inmediaciones de Copala, donde fueron emboscados. Ahí, cayeron muertos dos activistas, la mexicana Beatriz Cariño Trujillo, y el ciudadano finlandés, Jyri Jaakkola.

Este hecho multiplicó la preocupación y la atención nacional e internacional sobre Copala. La agresión se inscribió también en el proceso electoral que ocurre en Oaxaca. Y más allá de las acusaciones múltiples sobre la falta de medidas de seguridad que hicieron posible el ataque a aquellos misioneros, y las raíces ancestralmente desatendidas de esas afrentas entre los triquis, lo que se dejó ver de inmediato fue el interés político que el hecho despertó en grupos políticos que hasta entonces seguramente ni siquiera tenían conocimiento de la problemática real que prevalece en la comunidad de San Juan Copala.

UN CIRCO

¿Por qué asegurar que lo ocurrido el pasado martes no fue más que un circo? Porque de antemano se podía prever que el resultado, y sus efectos, serían justamente los que ocurrieron. Apenas unas semanas después de ocurrido el ataque contra los misioneros humanitarios, el coordinador de los diputados federales por el Partido de la Revolución Democrática, Alejandro Encinas Rodríguez, anunció que encabezaría una segunda caravana a esa región, para “romper el cerco paramilitar que desde hace meses -el gobierno estatal- mantiene alrededor de dicha comunidad”.

En efecto, lo que buscaba el diputado Encinas Rodríguez, era justamente no llegar a su destino. Lo que, por su parte, se buscaba desde el oficialismo, era lo mismo. Y todos jugaron a un mismo y perverso juego. ¿Por qué? Porque la Ubisort, que es la organización que se mantiene posesionada paramilitarmente de la zona, tiene una entera identidad con el priismo y, por ende, con el gobierno estatal.

Así, de haber querido lograrlo, los representantes gubernamentales podrían haber emprendido las tareas necesarias para desarticular el cerco y permitir el paso de dicha caravana. Del mismo modo, si la comisión humanitaria hubiese querido verdaderamente traspasar las barreras de violencia que existen en la zona y cumplir la finalidad aparente —y loable—, de llevar ayuda a quienes permanecen en estado de sitio, se habría valido de otros mecanismos. Nadie hizo nada. Porque todos querían circo.

El oficialismo quería circo, porque tanto desde las instancias de seguridad pública y procuración de justicia, se valieron de todas las circunstancias para demostrar a los misioneros, que la zona en conflicto es impenetrable e insegura. Y la instancia encargada de la política interna del Estado, se desvivió “recomendando” la no incursión en la región.

Pero el grupo del diputado Encinas también fue a buscar una bandera política a costillas de una misión humanitaria. A nivel internacional, se entiende que ante conflictos en los que corre peligro la vida de personas por falta de alimentos, agua o medicamentos, se puede acudir a diversos mecanismos de intermediación —la Iglesia Católica, la Cruz Roja, etcétera— que tienen un alto grado de legitimidad en esas tareas. Los marchantes decidieron no buscar la interlocución de nadie (y quizá incluso, ante lo evidente de la causa política, ninguno de los organismos mencionados se habría prestado a tal labor) e ir solos a conseguir sus recompensas políticas.

AYUDA ARRUMBADA

Al final, el resultado fue nada. Los marchantes, en efecto, no pudieron llegar a la zona de conflicto. Y desde el gobierno estatal se hizo nada para contener la violencia y permitir su arribo. Los vaticinios políticos se cumplieron. Y la ayuda humanitaria fue entregada a la representación católica de Huajuapan de León. Así, si el objetivo era el envío de la ayuda humanitaria, bien pudieron haber hecho eso desde el principio, y evitarse el viaje y la bulla. Pero los triquis no interesan a nadie. Lo que importa es la ganancia política que se pueda seguir obteniendo, o medrando, a través de ellos.

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Oaxaca: aquí ocurre elección no de Estado, sino “de Estados”

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+ Comicios decisivos para 2012, por afinar esquema electoral

En los últimos días, se han incrementado de modo sustancial los señalamientos respecto a que en Oaxaca ocurre lo que se conoce como “una elección de Estado”. Desde las trincheras del PRI, se señala el activismo y la utilización de recursos públicos por parte de agentes del Partido Acción Nacional, que trabajan electoralmente desde el gobierno federal. Lo aparentemente paradójico, es que desde la Coalición opositora, acusan al Gobierno del Estado, exactamente de lo mismo. ¿Qué ocurre entonces?

Aquí en Oaxaca se libra una de las batallas electorales más importantes de los últimos tiempos. Esta, como se ha dicho, es una elección a partir de la cual se establecerán diversos parámetros respecto a las posibilidades de triunfo de cada una de las fuerzas políticas en los comicios presidenciales, a ocurrir en el mes de julio de 2012. Aunque no lo parezca, esa circunstancia se liga estrechamente con las acusaciones sobre malversación de recursos y utilización de los mismos para fines electorales.

¿Por qué? Porque en Oaxaca no ocurre una elección de Estado. En todo caso, ésta podría ser una elección “de Estados”, o más bien, “de gobiernos”. Es decir, que tanto el priismo, como Acción Nacional, y el PRD en menor medida, están viniendo a Oaxaca a medir sus potencialidades en la ingeniería electoral, y en la manipulación de recursos y votantes a su favor. Así, nada tiene que ver en estos comicios la lucha electoral, la alternancia o la transición democrática. Aquí lo que ocurre es una simple y pura medición de fuerzas, que inicia en lo legal y termina en lo inconfesable.

Oaxaca es el escenario perfecto de esa elección “de Estados” o “de gobiernos”. Aquí, nos guste o no reconocerlo, prevalece uno de los regímenes políticos más autoritarios y menos evolucionados de todo el país. La nuestra, es una de esas raras entidades federativas en las que el poder de un solo partido, y del grupo que gobierna, resultan ser avasalladores; en las que, mientras se tiene el poder, se ejerce a plenitud y con un bajísimo nivel de competencia; es una de esas entidades, en donde los contrapesos democráticos son solamente aparentes, y con altísimos niveles de acotación y limitaciones.

Sin embargo, es evidente que el partido que gobierna a nivel federal, no ha demostrado mejores prácticas que las antes dichas. A pesar de que el proyecto y la bandera electoral que llevó a Acción Nacional hace diez años a la Presidencia de la República, fue justamente el del cambio y la transición a la democracia, los blanquiazules no sólo han demostrado haber aprendido a ejercer las mismas prácticas antidemocráticas e inconfesables del priismo para la manipulación electoral. Sobre todo, han demostrado haber aprendido mal a llevar a cabo ese tipo de acciones.

Así, en esas condiciones, es como están llegando esos dos bloques a las elecciones previas a las presidenciales. Oaxaca ha sido un territorio permanentemente disputado, no por razones de gobierno o democráticas, sino porque nuestra entidad representa un polo fundamental para el activismo político y electoral, y porque éste ha sido uno de los escenarios en donde mejor se pueden poner en práctica las estrategias de manipulación y aventajamiento de tipo electoral.

Es decir, que aquí, a lo que vienen los partidos es a demostrar quién tiene una mayor capacidad de movilización, cooptación y manipulación de los electores. No importa cuánto cueste, ni cómo tenga que aplicarse, con tal de ganar. Y se están enfrentando bloques económicos, estructuras electorales, y programas sociales utilizados con fines electorales. Todo, construido desde y gracias a los recursos del Estado. Por eso, aunque teóricamente no encaja por completo en el término de “elección de Estado”, aquí sí ocurre, y en toda la extensión de la palabra, una elección conducida por dos ámbitos de gobierno.

GOBIERNOS INJERENCISTAS

El lunes pasado, representantes del PRI presentaron algunas denuncias en contra del presidente Calderón, por estar entrometiendo activistas y empleados públicos para la promoción del voto a favor de la Coalición opositora. La paradoja, en todo esto, es que el día previo había estado en Oaxaca el gobernador priista del Estado de México, Enrique Peña Nieto, haciendo franco proselitismo a favor del abanderado del tricolor a la gubernatura, Eviel Pérez Magaña.

¿No son, de algún modo, equiparables los señalamientos? Tal parece que sí. Porque a diferencia de un empleado público cualquiera, el cargo y la responsabilidad que ejerce un gobernante no disminuye o se suspende en ningún momento del día, ni frente a las vacaciones y mucho menos durante los fines de semana. En esto, los priistas se quejan por la presencia de personajes ampliamente ligados al panismo, pero aún ante el intento de guardar ciertas formas políticas, ellos incurren exactamente en las mismas prácticas que no son del todo claras, ni del todo legales.

Algo similar ocurre con los recursos públicos. Nadie se escandaliza cuando en la prensa, o en los corrillos políticos, se apologiza la comisión de delitos al afirmar que algún personaje, independientemente del partido al que pertenezca, “le va a poner recursos” a una campaña electoral. ¿A poco creen que el presidente Calderón, el gobernador Peña, o cualquier otro personaje, “le va a poner” de su dinero a las campañas? Por favor. Es una disposición grosera y abierta de los recursos del Estado, sobre los cuales a nadie le interesa responder.

De este modo, seguiremos viendo de todo en Oaxaca. Los comicios, con la injerencia directa, ocurrirán con aparente normalidad. Y seguirán apareciendo las acusaciones sobre injerencismos o elección de Estado. Todos ven la paja en el ojo ajeno. El “referente” que es Oaxaca para el 2012, se entiende sólo en el perfeccionamiento de la alquimia y la ingeniería electoral. No en la democracia.

¿Y EL EDIL?

Parece que ya nadie se acuerda. Pero hace tres años, José Antonio Hernández Fraguas prometió concluir su gestión como presidente Municipal, y no dejarse llevar por las efervescencias electorales. Deberíamos recordar eso, para también exigir el cumplimiento de aquella promesa de acabar con el ambulantaje. La capital es un caos. Y aquellas promesas —que ahora volveremos a escucharlas, en una voz femenina— duermen el sueño de los justos.

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PRI: Si ganan en Oaxaca, ¿Abordarán transición democrática?

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+ Presupuesto no debe ser más, un arma de utilidad partidista

El pasado viernes, de visita en Oaxaca, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Francisco Rojas Gutiérrez, prometió que, ante la victoria de su partido en los comicios locales, para los dos años siguientes el Gobierno del Estado contará con altos presupuestos, para poder cumplir con los compromisos pactados en campaña. Esta afirmación, entendida en sentido contrario, apuntaría a un grave castigo presupuestal a Oaxaca ante un posible triunfo opositor. Ante ese dilema, el PRI se encuentra en el límite entre la actuación facciosa, y el impulso a reformas profundas que le urgen no sólo a esta entidad, sino al país entero.

Reiteradamente, hemos visto cómo al menos en la última década, en México el uso y el reparto de los recursos públicos se realiza mediante un visible esquema partidista. Hasta antes de que el PRI fuera expulsado de la presidencia de la República, en el año 2000, el gasto federal se decidía fundamentalmente en el gobierno federal, y las negociaciones y pujas que existían alrededor del mismo, eran de orden estrictamente político.

En la última década de gobiernos panistas, lo más cercano a una mayoría legislativa, es la que existe justamente ahora en manos del priismo en la Cámara baja. Esta pluralidad parlamentaria permitió que la propuesta de gasto del Ejecutivo, pudiera libremente ser modificada en el Legislativo, y votada en base a alianzas generadas entre fuerzas políticas. Así, como nunca antes, los diputados y senadores pudieron disponer de grandes cantidades de recursos para reencauzarlos y destinarlos a entidades federativas con amplia representación, o peso político específico, en el Congreso federal.

Sin embargo, si los oaxaqueños tenemos memoria, bien podremos darnos cuenta que no todas las historias relativas al presupuesto público estatal, han sido felices. Al contrario. Baste regresar la mirada al resultado de los comicios federales de 2006 habido en la entidad, y la patética actuación que tuvo la mayoría de los diputados federales y algunos senadores por Oaxaca, justamente ante la disyuntiva de actuar con visión de Estado, o en base a visiones cortoplacistas y plagadas de fantasmas facciosos y partidistas.

Quizá ahora ya no se recuerda, pero producto de la convulsión política que justo entonces ocurría en la entidad, en los comicios federales de 2006 resultaron ganadores 9 de los 11 candidatos a diputados federales, y la fórmula de senadores, por los partidos de oposición. Esta turba de individuos —que llegaron circunstancialmente al Congreso de la Unión—, se dedicó únicamente a abanderar las acciones y exigencias que entonces (en los últimos meses de aquel convulsionado año) aún tenían los grupos inconformes que encabezaban la revuelta magisterial y popular en Oaxaca.

De aquel tiempo, sólo se recuerdan las peroratas lanzadas por Othón Cuevas al entonces secretario de Gobernación, Carlos María Abascal; a Carlos Altamirano Toledo alzando pancartas a favor de la no militarización en Oaxaca; o a varios de esos diputados opositores, disputando violentamente espacios durante la toma de la tribuna legislativa, con lo que querían impedir que Felipe Calderón Hinojosa tomara posesión como Presidente Constitucional de México.

Aquellos diputados federales nunca brillaron por gestión presupuestal alguna a favor de Oaxaca. Su lógica los llevó a pensar que cualquier peso que éstos llegasen a gestionar para el presupuesto estatal, quedaría en manos de sus contrincantes. Y todos, en conjunto, prefirieron mejor abocarse a gestiones directas de menor envergadura, pero nada que tuviera que ver con beneficios que también pudieran aprovechar sus adversarios. Aplicaron, pues, una extremosa política de cerrazón partidista a beneficios que pudieron ser para Oaxaca.

Y entonces, el gobierno de Oaxaca —que sólo tenía dos diputados y un senador por el PRI— tuvo que buscar la gestión presupuestal a través de la bancada priista, de algunas negociaciones, y del apoyo de las fracciones legislativas tricolores de otras entidades de la República. ¿Esta historia se repetiría, pero ahora ante los bloqueos priistas?

VISIÓN DE ESTADO

A pesar de lo lógica que parece la promesa del diputado Rojas, y la interpretación en sentido contrario que puede hacerse de la misma, tal parece que una actitud de cerrazón sería abominable. Sería tanto como trasladarle a los oaxaqueños, los costos de una derrota partidista. Y, lo peor, equivaldría a dejar en el inmovilismo a todo un gobierno, que no podría atender no sólo a los de su partido, sino a toda una población urgida de atención y servicios públicos.

Si cerrar la llave de los recursos es una salida posible a nivel partidista, pero traidora a nivel de Estado, ¿qué hacer entonces? La respuesta está en la posibilidad de comenzar a impulsar las reformas legales que tanto se han postergado, para verdaderamente obligar a los gobernantes estatales a rendir cuenta puntual de todos los recursos —estatales y federales— que utilizan.

Esa sería, sin duda, una salida no facciosa ni de corta visión partidista, que sin embargo no parece posible. La mayoría de los gobernadores priistas, son quienes controlan a sus bancadas en el Congreso federal. Eso es lo que les permite obtener grandes recursos, pero en un marco débil y sólo aparente de rendición de cuentas, que les da amplias posibilidades de utilizarlos discrecionalmente. Una reforma amplia en ese sentido, eliminaría las decisiones excluyentes o vengativas, que tanto daño le hacen al país.

Finalmente, el interés de fondo es por Oaxaca. El priismo actúa y promete con confianza, como a sabiendas que tiene en la bolsa un triunfo que, aún hoy, es una auténtica moneda en el aire. Si las predicciones les fallan, el desquite sería no con las fuerzas o gobernantes opositores, sino con Oaxaca. Y un Estado como el nuestro, independientemente de las decisiones que se tomen, no lo merece.

PRESIÓN EN AUMENTO

Paulatinamente, los profesores de la Sección 22 han ido intensificando sus acciones de presión, que no afectan al gobierno sino a la ciudadanía. Este proceso gradual, no beneficia a nadie más que al gobierno. Deberíamos no acostumbrarnos a todo lo que hoy ocurre en Oaxaca y, al contrario, exigir resultados a la Secretaría de Gobierno. Si Evencio no puede, que renuncie.

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Partido del Trabajo: el llamado a no votar por ellos mismos

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+ Objetivo: contener impacto de la candidatura de Flavio Sosa

La candidatura a diputado local de Flavio Sosa Villavicencio, por la vía plurinominal del Partido del Trabajo, se convirtió en una suerte de Caballo de Troya para la Coalición Unidos por la Paz y el Progreso. Ante la imposibilidad de detener la embestida del grupo lopezobradorista que impulsó al otrora Dirigente de la APPO, y de revertir tal decisión, hoy la única salida que tiene la alianza opositora, y la fuerza política directamente involucrada, es la del auto boicot.

Habíamos reseñado, en nuestra entrega del pasado 31 de mayo, que la decisión de impulsar a Sosa como candidato a diputado, contravino los acuerdos iniciales que se tomaron entre las fuerzas que integraron la alianza opositora. Dijimos, en base a lo consultado con una fuente de primer nivel en la coalición opositora, que fue un grupo de perredistas que ahora militan en el PT —Salomón Jara, César Mateos y Otilia Galindo, entre otros— quienes gestionaron ante la Comisión Ejecutiva Nacional petista, a favor del ex dirigente de la APPO, asegurando que las dirigencias estatales de los partidos coaligados habían dado ya su anuencia para que éste encabezara la lista plurinominal del PT. Éstas, sin embargo, ni siquiera estaban enteradas de tales maniobras. Así, una vez conseguida la anuencia del PT nacional, realizaron de inmediato el registro de Sosa ante el IEE, en una especie de “albazo” a las demás fuerzas opositoras.

El impacto fue brutal en todos los frentes. A nivel de la relación entre las fuerzas coaligadas, esto generó fricciones importantes, por la violación del acuerdo inicial de que todas las decisiones, y más una tan importante como esa, tendrían que ser consensadas. En el ámbito de la aceptación ciudadana, de inmediato se prendieron todas las alarmas, pues las mediciones más moderadas reconocían un impacto negativo de más de un punto porcentual directamente sobre la candidatura de Cué; otras encuestas, cuya realización se ordenó desde instancias federales, reconocían que el rechazo del electorado podría afectar hasta en cuatro puntos porcentuales la causa opositora por la Gubernatura del Estado.

Todas esas razones, fueron las que llevaron a emprender un poco efectivo control de daños. Tres días después de anunciada la candidatura de Sosa, tres de los cuatro dirigentes de los partidos coaligados salieron a exigir que el personaje en cuestión reconsiderara la decisión de aceptar esa candidatura, y lo llamaron a hacer eco del sentir (rechazo) ciudadano retirándose de la lista de candidatos plurinominales por el PT.

Por esos mismos momentos, desde la dirigencia estatal del PRI se lanzó un “emplazamiento” de ese mismo tipo. Los priistas trataron de provocar el efecto contrario al de su llamado. Es decir, que exigiendo el retiro de Sosa, querían que éste se aferrara a su candidatura, bajo la peregrina idea de no “darles gusto” a los adversarios que desearían no verlo integrando el Congreso del Estado. Así, casi al momento Flavio Sosa desestimó los llamados a la cordura de los dirigentes de la oposición, y trató de fustigar a los priistas asegurando que él no tenía como opción el renunciar a la posición que le había dado el PT.

¿LÍO SIN ARREGLO?

Las fuerzas de oposición, y el mismo PT local, prácticamente se quedaron atados de manos frente a la decisión de Sosa. La ley electoral estatal indica que una postulación sólo puede ser revertida mediante la renuncia expresa del candidato, o por fallecimiento del mismo. Evidentemente, ninguna de esas opciones está en las manos de los dirigentes tanto del PRD, como del PAN, Convergencia o el mismo PT. Es, para efectos prácticos, un hecho consumado. ¿Qué hacer, entonces? La respuesta está en el auto boicot respecto a la causa petista.

Desde hace algunos días, circulan en internet diversas invitaciones, en diversos tonos, para no votar por el PT. Lo curioso, y llamativo, en todo esto, es que son los mismos militantes de las fuerzas opositoras quienes se han encargado de difundir estos llamados, a través de correos cadena o diapositivas, que seguramente pronto se extenderán a otros medios con mayor alcance de propagación.

¿Qué buscan esas invitaciones al auto boicot? La idea central de este llamado, radica justamente en diferenciar el voto sin que éste deje de beneficiar a la causa de la coalición opositora y al candidato Cué. Como en las boletas electorales cada partido opositor conservará su individualidad y contabilizará sus propios votos, entonces la invitación a los potenciales votantes por las fuerzas opositoras que están en desacuerdo con la candidatura de Sosa, a votar a favor de Cué por cualquiera de las opciones que no sean el PT.

¿Por qué hacer esto? Porque ante la ineficacia de los anteriores llamados, lo que ahora buscarán es que el PT no alcance el porcentaje mínimo de votación que se requiere para tener representación en el Congreso del Estado. Si el objetivo es votar por Cué pero no por Sosa, pueden hacerlo a través del sufragio por el PC, PAN o PRD. Eso beneficiaría las posibilidades de representación del partido por el que se vote, no de todos en conjunto, como ocurría antes de las reformas legales que ahora rigen este proceso electoral.

Así, si esto les funciona, entonces el petismo quedará marginado de la integración legislativa, y con ello se habrá logrado hacer eco, desde la propia Coalición, al rechazo que el electorado les manifiesta, y les cobra electoralmente hablando, por la postulación de Sosa. Es evidente que la jugada de los lopezobradoristas le está costando mucho a los opositores. Este es, sin duda, el peor error de cálculo que ha ocurrido en el proceso electoral que se desarrolla en Oaxaca. A ver si este control de daños, ahora sí les funciona.

ENRARECIMIENTO

De acuerdo con reportes de prensa difundidos el fin de semana, la madrugada del sábado fue baleada la casa de campaña de la candidata a Gobernadora del PUP, María de los Ángeles Abad. Este hecho se suma a otros intentos de intimidación, que han ocurrido en contra de la más modesta, pero no por ello menos importante, aspirante a la gubernatura. Las autoridades estatales deben indagar a fondo esos hechos, por la sola promesa de no dejar en la impunidad la violencia que ha ocurrido en la región triqui, y porque a nadie menos que al gobierno estatal, le conviene una desgracia que enrarezca más el clima electoral de Oaxaca.

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Encuestas: espejismo, no referencia, de resultados electorales

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Adrián Ortiz Romero Cuevas

El pasado 16 de mayo, se celebraron comicios para renovar las presidencias municipales y diputaciones locales en el estado sureño de Yucatán. Las previsiones que tenían las respectivas fuerzas políticas, basadas en cifras arrojadas por casas encuestadoras, preveían un triunfo holgado del Partido Revolucionario Institucional en una plaza que parecía emocional y moralmente importante para la competencia: Mérida. La capital yucateca, llevaba casi dos décadas siendo gobernada por Acción Nacional. E independientemente de los demás resultados, el obtener ese daba una ascendencia distinta, y superior, a la fuerza que lo lograra.

Y aunque el resultado final fue el esperado, algo raro ocurrió en el camino. Prácticamente todas las empresas encuestadoras habían previsto que el partido tricolor ganaría la alcaldía meridana con más de diez puntos de ventaja sobre el panismo. Esta previsión parecía brutal. Los albiazules ubicaban a Mérida como el principal centro de sus victorias morales. Y el priismo se regodeaba argumentando no sólo que expulsaría a sus adversarios derechistas del poder municipal en esa demarcación, sino que lo haría de forma determinante.

Toda esta guerra previa a los comicios ocurrió por una causa perfectamente focalizada: todos, sin excepción, hicieron caso a las percepciones que crearon las casas encuestadoras con sus respectivos estudios. Ninguna atinó a establecer, ni siquiera cercanamente, que al final si bien el triunfo sí sería para el priismo, éste no tendría no doce ni diez ni quince puntos de ventaja sobre el panismo: sólo un apretado tres por ciento superior, en el margen de votación.

Ante ese resultado, todos los involucrados se quedaron viendo mutuamente, como preguntándose si eso era posible. En otras palabras, que fuera posible que todas las casas encuestadoras se hubieran equivocado; que todas hubieran establecido parámetros o metodologías erróneas; o que, como se atrevió a decir algún periodista, “en el último momento” los panistas meridanos hubieran decidido salir a votar, para evitar que el priismo se llevara el triunfo arrasador que, según las encuestas, ocurriría.

A reserva de que líneas más adelante hagamos referencias a argumentos de expertos en relación al caso Mérida, y frente al ejemplo, tenemos necesariamente que preguntarnos si lo que las encuestadoras están haciendo es lo correcto. Algo así como preguntarnos si es adecuado que el ambiente electoral se crispe con la difusión imparable e incontrolable de cifras hechas pasar como “encuestas serias”, pero que no siempre son tomadas a través de metodologías serias y reconocidas; que se hacen con sesgos metodológicos o por consignas o intereses económicos o políticos preestablecidos. Incluso, debemos preguntarnos en qué abonan, más allá de la creación de percepciones, aquellas encuestas que son “levantadas” por empresas que ni siquiera tienen la infraestructura, y no digamos la capacidad técnica y los recursos suficientes, como para emprender una misión de tal envergadura.

En realidad, frente al cúmulo de intereses políticos, y efectos emocionales que se crean en las campañas, las encuestas perdieron su valía, utilidad y trascendencia inicial. Es decir, que, independientemente del modo en cómo se realicen, su grado de eficacia y el reconocimiento de quien la realiza, las encuestas hoy, en manos de los partidos y equipos de campaña, desvirtuaron por completo su finalidad. Pasaron de ser una herramienta esencial para la toma de decisiones, para ser parte de un sucio juego de afrentas y percepciones que sólo crean confusión en el electorado, que engañan a quienes las tienen en las manos, y que nublan la capacidad de los actores políticos para tomar decisiones adecuadas.

CASO MÉRIDA, A DETALLE

A pesar de la victoria priista, el resultado en Mérida no fue el esperado. Todos se preguntan por qué. Y sobre todo, encuentran ahí un referente de lo que puede ocurrir en realidad en los comicios que próximamente se celebrarán en doce entidades de la República, para elegir a sus respectivos gobernadores.

En este sentido, el director de la casa encuestadora Parametría, Francisco Abundis, en un artículo publicado en el periódico El Universal, el pasado 18 de mayo, que “Si lo que pasó este domingo en Yucatán pasara en las 14 restantes elecciones locales, en lo que se refiere a diferenciar entre las mediciones preelectorales y los resultados finales, significa que estamos sobreestimando al PRI. Si esto fuera así, la supuesta ventaja que lleva este instituto político en la mayor parte de las 12 elecciones de gobernador estaría cuestionada. Por ello el escenario para el próximo 4 de julio podría ser mixto o no de dominancia priísta como se venía perfilando.”

¿Por qué asegurar lo anterior? Porque hasta ahora, prácticamente todas las referencias sobre el triunfo o derrota de un candidato, emergen fundamentalmente de las encuestas. El resultado de Mérida, independientemente de que la ahora alcaldesa electa, Angélica Araujo, tuviera o no el arrastre suficiente como para lograr una victoria incuestionable, demuestra que el trabajo de gurú estadístico no siempre tiene buenos resultados; deja en claro, además, que no todo lo político es medible. Y sobre todo, debe convertirse en un referente para que el ciudadano, y los partidos y candidatos, dejen un poco de lado esa excesiva confianza u obsesión por las mediciones.

EL CASO COLOMBIA

El pasado 1 de junio, el internacionalista Jordy Meléndez Yúdico, analizaba en un texto publicado en El Universal, un curioso fenómeno ocurrido en Colombia los días previos, que tenía ciertas similitudes con lo que denominaremos como el Caso Mérida. En su análisis, el especialista dilucidaba sobre los atípicos resultados de la primera vuelta en los comicios presidenciales de aquel país sudamericano. Igual, contra todos los pronósticos y encuestas, el candidato oficialista Juan Manuel Santos, había vencido con casi 25 puntos a su más cercano oponente, Antanas Mockus.

Meléndez, en esto, señala lo siguiente: “La incertidumbre sobre los resultados de una elección es, por lo general, muestra de un sistema democrático plural y competitivo. Sin embargo, pocas veces hay resultados que sorprendan tanto, por inesperados, como los de este domingo en Colombia, donde prácticamente nadie imaginó que el candidato del oficialismo uribista, Juan Manuel Santos, obtendría una victoria tan amplia sobre el candidato del Partido Verde, Antanas Mockus, en la primera vuelta.

“Con 99.7% de las mesas computadas, la Registraduría Nacional informó que Santos logró captar 46.6% de los votos contra 21.5% de Mockus. Una diferencia de 25 puntos porcentuales. Pero la sorpresa no viene de que Santos haya vencido en esta etapa, ni de que Mockus haya quedado segundo, sino de la abismal diferencia entre uno y otro. Hasta hace una semana, todas las encuestadoras anticipaban una votación cerrada entre los punteros. Si revisamos los resultados de Datexco (21 de mayo 2010), ésta pronosticaba 35% para Santos y 34% para Mockus; el estudio de la Universidad de Medellín (20 de mayo 2010) daba 37% Mockus y 32% Santos.”

Lo primero que se previó, en todo esto, es que ante los resultados imprevistos, podría haber existido una falla en las encuestas, debido a que la mayoría habían sido levantadas por vía telefónica. Luego se dieron cuenta que las recabadas a ras de suelo tenían resultados parecidos. Lo que no se tomó en cuenta, en realidad, fue que la elección se realiza no sólo en zonas urbanas accesibles, sino en un conjunto de sectores poblacionales distintos —muchos de ellos rurales— que, sin embargo, tienen percepciones y preferencias bien determinadas.

Por eso, Meléndez agrega: “Una pista la da Santos mismo al declarar: ‘Este es su triunfo, presidente Uribe’. La popularidad del mandatario saliente, que se mantiene aún en niveles altísimos, no sabe de clases ni de sectores urbanos o rurales. Un ejemplo claro es que Mockus no pudo ganar ni siquiera en Bogotá ni Medellín, dos plazas que se creía podían favorecer al Partido Verde dadas las excelentes gestiones de Mockus, Enrique Peñalosa y Lucho Garzón, todos ex alcaldes de la capital colombiana, y de Sergio Fajardo, fórmula vicepresidencial de Mockus, ex alcalde de Medellín y uno de los artífices de la transformación social y educativa de dicha ciudad.”

De nuevo, en este caso, las encuestas resultaron ser más un espejismo que un parámetro referencial y confiable, sobre los resultados electorales.

CASO OAXACA

Hasta hoy, en nuestro entorno, hemos visto cómo las encuestas se banalizan cada día más. Existen, por un lado, galopantes sospechas de que la Coalición Unidos por la Paz y el Progreso de Oaxaca, tiene a su servicio una casa encuestadora que siempre lo ubica como ganador. Pero le ocurre exactamente lo mismo a la Coalición por la Transformación de Oaxaca, con otras empresas competidoras de la primera.

Ambos bloques políticos, pagan amplias inserciones de prensa y anuncios, para dar a conocer las mediciones que, respectivamente, les dan ventaja. Esto busca, en todos los casos, tener más efectos morales y emocionales, que verdaderamente ser referentes sobre el proceso electoral que se desarrolla. Quizá, ya pocos toman en cuenta la utilidad real de las encuestas en este tipo de procesos.

Al final, lo que queda en todo esto es una amarga lección. Hoy, ese instrumento loable pasó a ser uno más de los mecanismos de descalificación y diatriba en los procesos electorales. Ojalá que cada uno de los partidos, con sus respectivas encuestas cuestionadas o irreales, no se estén auto medicando tranquilizantes que luego les resulten contraproducentes.

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Columna Al Margen. Autor: @ortizromeroc. Espacio para la reflexión y el análisis político. #Oaxaca #AlMargenMX.

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