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SSPE y PGJE: errores contribuyen a impunidad

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+ Caso de Clínica Aquino: lo que mal comienza…

La mañana del pasado 1 de diciembre, ocurrió un violento asalto en una clínica situada en las inmediaciones del Palacio Municipal de Oaxaca de Juárez. En el atraco, fueron ultimados con disparos de arma de fuego la doctora Alejandra Sandoval, el recepcionista Daniel Porras, y el guardia de seguridad, Teódulo Martínez. Tres días después, el comisionado de la Policía Estatal, Jorge Quezadas Jiménez, presentó a tres individuos, acusados de ser los presuntos responsables de ese hecho. Argumentó que había certeza sobre su responsabilidad. Hoy, todos los señalados se encuentran en libertad.

El comienzo del mes de diciembre, fue complicado para la seguridad pública y la procuración de justicia en Oaxaca. En un mismo día ocurrió el asalto a la Clínica Aquino, y unas horas después la ejecución del dirigente de tianguistas del Mercado de Abasto, Roberto Mendoza. Dichas situaciones, según lo que hoy puede verse, se complicaron aún más por la actuación de las autoridades tanto de la Secretaría de Seguridad Pública, como de la Procuraduría de Justicia del Estado. Pero vayamos por partes.

De acuerdo con las explicaciones dadas por el comisionado Quezadas en el momento de presentar a tres de los presuntos responsables del asalto y homicidios ocurridos en la Clínica Aquino, existía un alto grado de certeza de que esos individuos eran los responsables, debido a que su identificación había partido de una grabación en video, obtenida a través del circuito cerrado de televisión que estaba instalado en el lugar de los hechos.

Luego se supo que el móvil más probable del ilícito tenía que ver con el robo violento de una fuerte suma de dinero en efectivo y medicamentos controlados, ya que los individuos detenidos presuntamente tenían problemas de adicción a ciertas drogas, y porque en esa clínica —y particularmente en el consultorio y las personas sobre quienes ocurrieron los hechos— se atendía a ese tipo de pacientes.

Días después, se especuló sobre las posibles actividades ilegales que ahí podrían ocurrir en relación al suministro y posible venta irregular de esos medicamentos controlados (particularmente, un opioide cuya sustancia activa es la metadona, que tiene efectos similares a la morfina), aunque ya nada fue lo que se investigó y estableció con claridad al respecto.

Casi de inmediato, familiares de los tres detenidos, Leonardo Ramírez, Miguel Ángel Vásquez, José Alfredo Jiménez, aseguraron que sus familiares eran inocentes, que su aprehensión fue arbitraria, que habían sido torturados y forzados a aceptar sus responsabilidades, y que luego del arraigo judicial al que fueron sometidos, recobrarían su libertad por falta de elementos para procesarlos. Como era evidente, nadie tomó en consideración sus alegatos ni los señalamientos hechos sobre los cuerpos policiacos sobre los posibles excesos cometidos en su detención.

Lo cierto es que, sean responsables o no por esos hechos, los tres individuos recobraron su libertad; el arraigo al que fueron sometidos no le permitió a la autoridad reforzar el soporte probatorio con el que los acusó ante los tribunales judiciales. Y, en su conjunto, la investigación sobre el homicidio múltiple y el hurto de más de 120 mil pesos en efectivo regresó a su punto de inicio. Es decir, al estado en el que formalmente nadie sabe qué pasó, ni quién fue el responsable, ni por qué ocurrieron los hechos.

OMISIONES OFICIALES

Señalábamos en líneas anteriores, que la detención de los tres individuos se llevó a cabo partiendo de una grabación obtenida del sistema de circuito cerrado instalado en la Clínica Aquino. Hoy, por el resultado de las actuaciones judiciales, queda claro que ni el video de los hechos fue suficiente para establecer con verdadera claridad que los detenidos eran los autores de los crímenes; y que no hubo mayor trascendencia en las investigaciones, para abordar otras posibles rutas de indagación sobre lo ocurrido y la autoría de los delincuentes.

¿Por qué pudo haber ocurrido eso? Porque los investigadores de la SSPE decidieron soportar su investigación en una grabación. Es decir, que no pudieron o quisieron ahondar las pesquisas; y que para establecer la identidad de los presuntos responsables no hubo más argumento e investigación, que lo captado por el circuito cerrado de televisión. Todo eso, por lo que toca a la Policía Estatal que fue quien logró la captura y presentó a quienes ellos consideraron como los autores de ese robo y triple homicidio.

En la Procuraduría estatal no fueron más eficientes. Sólo algunos perspicaces se percataron que aquel 1 de diciembre, tanto en los hechos ocurridos en la Clínica Aquino, como horas después en un hotel de la periferia en el que ejecutaron a mansalva al dirigente de mercados Mendoza López, nunca se apersonó —como sí acostumbra hacer, por lo menos para tomar conocimiento ocular de los acontecimientos— el procurador General de Justicia del Estado, Evencio Nicolás Martínez Ramírez.

Dicho funcionario nunca se apareció en los sitios donde ocurrieron esos dos hechos, porque no se encontraba en Oaxaca. Ni siquiera estaba en el país. El procurador Martínez Ramírez, acompañado de algunos funcionarios de la dependencia —todos acompañados por sus respectivos cónyuges—, y el presidente de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos de Oaxaca, Heriberto Antonio García, se encontraban en Colombia. Por eso, sólo funcionarios ministeriales de rango menor, fueron los que tomaron conocimiento de los hechos y condujeron el crucial inicio de las investigaciones.

Los resultados, hoy, dejan ver que nadie supo quién, y motivados por qué, ocurrieron tales hechos. Ya no causa extrañeza de la Procuraduría estatal, pues se encuentre o no en Oaxaca el procurador Martínez, las promesas siempre son de justicia y los resultados siempre son de fracaso. Sorprende, más bien, por la SSPE, la Policía Estatal y la AEI, que prometieron nuevas técnicas de investigación. Y, al menos en este caso, fallaron.

CARRASCO ¿UN PRÓCER?

La Secundaria Técnica 6 es un ejemplo de lo que puede estar ocurriendo en muchas escuelas públicas de Oaxaca. Ahí, su director depuesto, Miguel Ángel Carrasco Orozco, es un radicalizado miembro de la UTE, que tiene amplias cuentas pendientes y desfalcos documentados. Ahora, como la suerte se le acabó, acusa a la Sección 22, al IEEPO y a sus compañeros, de ser parciales y de actuar en su contra. ¿A poco todos son malos y él el único bueno? Abundaremos.

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Técnica 6: un espejo de corrupción e intolerancia

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+ Una disputa laboral que puede llegar a violencia

 

Prácticamente todo el mes de diciembre, la Escuela Secundaria Técnica número 6 —una de las de mayor tradición y prestigio en la capital oaxaqueña—, se vio envuelta en un agrio conflicto laboral entre su propia planta administrativa y docente que la mantuvo paralizada y asediada, que llegó a involucrar a los alumnos y padres de familia, y que intermitentemente la llevó a detener sus actividades. Será hoy cuando se reanuden las labores en esa institución, y con ella también se reavivará una disputa que en cualquier momento podría llevar a una inadmisible confrontación violenta.

Todo aquel que conoce la historia reciente de esa institución educativa, sabe que desde el 2006 la llamada Técnica 6, no ha tenido estabilidad ni descanso. Entre el propio magisterio, son famosas las historias oscuras que existen sobre la utilización de las instalaciones de esa escuela, para diversos fines relacionados con la revuelta magisterial y popular ocurrida aquel año.

Luego, al año siguiente, en 2007, un grupo de profesores fue expulsado de dicha institución, en buena medida por cuestionar al director de la Técnica 6, Miguel Ángel Carrasco Orozco, respecto de la autorización que él dio durante aquellos aciagos días, para que las aulas sirvieran para dichos fines, nada apegados a los principios educativos.  El argumento de la traición al movimiento magisterial utilizado por el profesor Carrasco —un distinguido simpatizante y protegido de la radicalizada Unión de Trabajadores de la Educación—, fue suficiente para que dichos profesores fueran finalmente removidos de sus funciones en esa institución, y ubicados en otros centros de trabajo.

Hoy, nuevamente el profesor Carrasco Orozco pretende resolver sus problemas, manipulando a padres y alumnos, victimizándose, y valiéndose de verdades a medias. Sólo que si antes fue un mero asunto de intolerancia, hoy lo que pesa en su contra son graves —y probados— señalamientos de corrupción, extorsiones, y manejo discrecional e irregular de los recursos económicos, de la que resulta ser la secundaria pública más grande y numerosa del Estado.

En los casi doce años que lleva al frente de dicha institución, el director Carrasco Orozco ha mantenido en la total secrecía el millonario manejo de recursos que se genera a partir de las cuotas entregadas por los padres de familia —inscripciones, fichas para acceder al proceso de admisión y demás—, por el manejo de la cooperativa escolar, y por el redituable negocio que le había resultado comerciar con calificaciones, con la aprobación de alumnos irregulares, la manipulación de listas de asistencia e incluso la expedición de certificados de estudio, de alumnos que hoy cursan educación preparatoria pero que no concluyeron legalmente su instrucción secundaria.

 

NIDO DE CORRUPCIÓN

Todo comenzó a principios de 2009, cuando un grupo de jóvenes que vestían uniformes de una preparatoria de la UABJO ingresaron a la Técnica 6 a mofarse de algunos profesores. Esto porque en el ciclo escolar anterior, esos jóvenes habían sido sus alumnos y no habían aprobado ciertas materias. Según los profesores, esos alumnos no habían presentado exámenes extraordinarios, y sin embargo habían conseguido sus respectivos certificados de estudio, que ya les permitía estar inscritos en una institución de educación media superior.

Ese hecho llevó a algunos catedráticos a hacer ciertas indagaciones que los llevaron a la conclusión de que, en efecto, la Técnica 6 les había extendido certificados de estudio. Se descubrió, con eso, que más de 40 listas de calificaciones habían sido manipuladas, y que algunos catedráticos habían sido presionados para modificar el resultado de las evaluaciones que ya habían aplicado, para beneficiar a ciertos alumnos.

Así, en marzo de 2009, un grupo de profesores solicitó por escrito al director Carrasco, que explicara el motivo por el que había alteración de calificaciones y, sobre todo, cómo varios ex alumnos irregulares ya habían conseguido sus certificados. El directivo nunca ofreció explicación alguna. Más bien, simuló el inicio de una investigación que, al final, exoneró a Martha Cruz Díaz —la supuesta responsable de la alteración de las listas— y no arrojó resultado alguno sobre esos actos de corrupción —que ya para entonces estaban plenamente documentados.

Tal antecedente, llevó a la Junta de Directivos de esa institución, a exigir a Carrasco la total clarificación del proceso de admisión de alumnos para el ciclo escolar 2009-2010. Hasta entonces, éste se encontraba bajo un esquema discrecional de recepción de aspirantes, el cual se prestaba a jugosos negocios relacionados con la venta de los espacios. Para transparentar dicho proceso, se nombró una comisión de profesores para encabezar esos trabajos.

Eso desató la ira del director Carrasco, que ya no pudo incidir en los resultados, ni tener acceso a las listas de admisión. Es decir, que le arrebataron un negocio en el que la admisión de un alumno se vendía en montos superiores a los 10 mil pesos. A partir de entonces, comenzó a hostigar a quienes integraron la Comisión, y éstos solicitaron al IEEPO una investigación sobre las múltiples irregularidades que pesaban en su contra.

El resultado no le fue benéfico: el 18 de diciembre, la comisión del IEEPO que revisó la documentación y finanzas internas de la Técnica 6, determinó responsabilidad sobre 17 administrativos y catedráticos —incluyendo a Carrasco y a tres de los seis integrantes de la Comisión que denunció tales irregularidades— que ya quedaron separados de esa institución.

 

FOCO ROJO

Sobre Carrasco Orozco pesa un millonario desfalco derivado del manejo de la Cooperativa Escolar. En 10 años, a nadie entregó cuentas de ese rubro. Quedó también en evidencia la red que tejió para sostener sus negocios, haciendo cómplices a profesores y administrativos, que hoy lo defienden para no perder algunos privilegios obtenidos por esa vía. Pero la realidad le pesa: 14 de sus coautores están separados de sus labores. Y él pretende sostenerse ocultando todas esas irregularidades, y manipulando cobarde y engañosamente hasta a los alumnos. Así, hoy que reinician las clases, será presentado el sustituto del director Carrasco. Y éste no escatimará esfuerzos —incluida la violencia, el paro de labores o el atrincheramiento— para sostener su cargo, su corrupción, y a sus cómplices. Qué lamentable por la Técnica 6, que hasta antes de Carrasco Orozco, era modelo de pulcritud, competitividad y hasta elitismo en la educación pública de la capital oaxaqueña.

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Crisis: el gobierno la hace, y el pueblo la paga

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                                 En septiembre de 2008, cuando la financiera mundial Lehman Brothers quebró, en los Estados Unidos, y se comenzó a ver el tamaño de la crisis que se avecinaba, el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno de México, Agustín Carstens, aseguró que por primera vez en décadas, la crisis estadounidense no impactaría en la economía mexicana, rompiendo el malamente popular argumento de que, en términos económicos, “cuando a Estados le da gripe, a México le da pulmonía”. Carstens dijo que esto sólo sería un “catarrito”.

El tiempo ha puesto las cosas en su sitio: la caída de la economía nacional no tiene precedentes. Si bien las finanzas nacionales se han mantenido con cierta estabilidad, esto ha sido a costa del sacrificio excepcional de la mayoría de los mexicanos. Esta es una doble realidad, llena de apariencias, en la que mientras el gobierno federal asegura que las cosas van bien y que la recuperación es sólo cuestión de tiempo, los mexicanos resentimos decisiones trascendentales que todos los días nos afectan.

El alza de impuestos, inflación no reconocida, incremento en el costo de la vida, la pérdida del poder adquisitivo y el incremento —sólo representativo— al salario mínimo, hoy son circunstancias que tienen el vilo, y costeando la crisis, a quienes no fueron —fuimos— responsables de crear este fenómeno económico negativo, sin precedentes, en el México de hoy. Nadie, desde el sector público, acepta las responsabilidades de una caída en el ingreso nacional, que tuvo sus orígenes en México y no en la recesión internacional, como tanto ha tratado de justificarse.

Hoy, ninguno de los indicadores económicos en México es alentador. A pesar de que el presidente Felipe Calderón asegura que este 2010 será el año de la recuperación económica, es evidente que el boquete económico dejado por la crisis es mayúsculo, y que dicha recuperación será mínima si se pasa por el tamiz del tamaño de las pérdidas que hubo durante el último periodo de 15 meses.

Por ejemplo, es cierto que algunas cifras relativas al desempleo comienzan a ceder. Pero también lo es que en dicho periodo se perdieron casi 600 mil empleos que no se podrán recuperar en el mediano plazo. Lo mismo ocurre con la economía familiar. El gobierno federal, en conjunción con el Banco de México, determinaron que la inflación total durante 2009 sería de alrededor del 4 por ciento; en esa proporción se dio el incremento al salario mínimo.

Sin embargo, esa parece ser una realidad no compartida por el grueso de la población: Mientras el gobierno dice que todo se encuentra bajo control y que esas escaladas alcistas de precios son sólo “impactos menores”, el mexicano común ha encontrado todos los productos de consumo básico a un mayor costo. Comenzando por los combustibles… y siguiendo con todos los productos que necesitan ser transportados o conservados con medios directa o indirectamente relacionados con los energéticos. Esa es una inflación, que para el gobierno resulta ser… simple, pero deliberadamente invisible.

A todo esto, debe sumarse el hecho de que a partir del primer día de 2010, los mexicanos estamos pagando más impuestos. Sólo para el presente año, se incrementaron las tasas porcentuales del Impuesto al Valor Agregado (uno por ciento); Sobre la Renta (dos por ciento); al Especial sobre Producción y Servicios (en términos variables según los productos); y al de Depósitos en Efectivo (tres por ciento sobre depósitos bancarios mayores a 15 mil pesos en efectivo). Esto, además de los incrementos programados al Impuesto Empresarial de Tasa Única. Por si fuera poco, también se anunció que a partir de ahora, tanto los combustibles, como la electricidad y el gas doméstico dejarán de tener los controles que los habían sujetado, y comenzarán a incrementarse en la misma proporción que lo haga la inflación.

 

CRISIS ¿INTERNACIONAL?

Esta gran crisis comenzó a gestarse, ciertamente, en los Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, esto no necesariamente debe entenderse como que nuestro vecino del norte sea el responsable de nuestra crisis. En realidad, ellos atravesaron por un fuerte colapso económico que en nada se compara al que ocurre en el país. ¿Por qué si se supone que México tiene ya una economía sana y robusta, la crisis de allá nos afectó en una escala mucho mayor a la de cualquier país del mundo?

La respuesta es sencilla: por la excesiva dependencia que tiene la economía mexicana respecto a la estadounidense. Expliquémonos: todos los países, sin excepción, basan una parte importante de su economía en las exportaciones. La gran mayoría de las naciones, abren canales de exportación de sus productos a varias naciones, para así lograr una diversificación de mercados y productos. México, sin embargo, no hizo nada de eso.

La razón es simple: siendo el vecino sureño del país económicamente más poderoso del mundo, no era necesario buscar más o más importantes socios que el que tenemos al lado. Así, la economía exportadora mexicana se sostuvo en bonanza lo mismo de vender mucho petróleo barato, que centrando su venta al exterior de materias primas y no productos terminados, y casi en su totalidad a un solo mercado, que es el estadounidense.

Así, cuando el ciudadano norteamericano entró en crisis y dejó de adquirir ciertos productos que tenían como origen México, las exportaciones se frenaron y aquí la industria —que normalmente vivía de las exportaciones— simplemente comenzó a colapsar. Se contrajo la economía, se perdieron empleos y se encarecieron productos que antes tenían menores precios, debido a los efectos adversos que tiene, para el valor de su moneda, que un país importe más productos de los que exporta, y pague al exterior más dinero del que recibe por lo que éste comercia.

Por eso, si bien al principio se pensó que la economía mexicana no sería afectada por una crisis que venía del exterior, lo cierto es que México fue el país más golpeado por este fenómeno. No tuvo que ver directamente la desaceleración económica estadounidense ni mucho menos: lo directamente responsable fue un prolongado mal manejo de las finanzas públicas, una visión corta de lo que debería ser el comercio y la economía hacia el exterior de nuestro país, y un manejo de la crisis que se ha cuidado de privilegiar a la economía de los grandes capitales, por encima del bienestar de la mayoría de la población.

 

SALARIO MÍNIMO,

PARA VIVIR PEOR

Es posible asegurar que el gobierno mexicano ha privilegiado a la economía de los grandes capitales, por encima de la de la mayoría de la población, cuando acudimos a ejemplos sustanciales que dejan ver que el castigo al salario, para impedir que la inflación crezca, no siempre es el mejor camino para sortear una crisis controlando los vectores principales que la determinan.

Para el investigador Alberto Aziz, “en otros países el aumento salarial ha sido la base para empezar a modificar la grave concentración del ingreso que padece América Latina. Por ejemplo en Brasil, al contrario de México, la política salarial en esta época de crisis se ha convertido en un importante estímulo para fortalecer el mercado interno y frenar los efectos más graves de la falta de crecimiento. El consumo interno en Brasil se ha ampliado y para ello el aumento al salario mínimo ha sido una pieza clave. También en los últimos años los beneficios de estos aumentos al salario mínimo han contribuido a disminuir la desigualdad del ingreso. Los países que más rápido se han empezado a recuperar de la crisis han puesto en operación políticas que impulsan el salario y estimulan sus mercados internos. En México se hace todo lo contrario, se debilita año con año el salario y el mercado interno se fragmenta y se adelgaza.”

Las contrariedades son evidentes: en el último lustro, el salario mínimo en Brasil casi se ha duplicado, y no por ello el Estado carioca ha dejado de ser fuerte: al contrario. Hoy, Brasil es un referente internacional sobre el éxito de un país con economía emergente, que continúa creciendo a pesar de la fuerte crisis a la que se enfrentó en el ámbito internacional.

México, en contraposición, se ha encargado de seguir un camino exactamente inverso: aquí se han postergado las grandes decisiones que podrían determinar la economía a niveles superiores; se ha privilegiado la supresión de los factores que podrían generar dificultades a la estabilidad macroeconómica del país; se ha preferido castigar a la población con incrementos acumulados a prácticamente todos los medios necesarios para la vida; se ha echado mano de los impuestos; y, en general, no se ha logrado poner en salvaguarda a todos aquellos millones de pobres e integrantes de la llamada “clase media”, que hoy somos los que pagamos los costos más altos de esta crisis económica.

 

LAS PARADOJAS

Para 2010, el salario mínimo se incrementó en 4.8 por ciento. Unos dos pesos diarios, efectivos en el bolsillo de los trabajadores. ¿Qué legitimidad tiene eso, cuando sólo por cada litro de gasolina Magna, los mexicanos pagamos hoy 16 centavos más respecto al precio de hace menos de 30 días? ¿Cómo justificarlo ante la escalada de impuestos y retiros de subsidios, que están sirviendo al gobierno para sortear su crisis y no optar por medidas reales de austeridad y control del gasto público? ¿Cómo pensar que este será un mejor año, cuando cada vez queda más claro que ni en 2010, ni en los que siguen, se podrán recuperar la economía, el poder adquisitivo y los empleos que se perdieron sólo entre 2008 y 2009? ¿Cómo pensar que vamos para adelante, cuando todos nuestros indicadores, y la percepción ciudadana, dicen lo contrario?

Tal pareciera que, en todo esto, el gobierno mexicano le aplica a su pueblo una de las viejas sentencias de guerra que tanto determinaron la historia: “si la guerra está perdida, no me importa que mi pueblo sufra, no derramare una sola lagrima por él. ¡No merece nada mejor!”. La frase se la atribuyen a Adolfo Hitler, cuando estaba a punto de ser derrotado en la Segunda Guerra Mundial. Ante esta descomunal crisis económica —que parece una batalla perdida para el Estado—, bien podría quedarnos a los mexicanos.

Transparencia: todos faltan a ella

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+ Unos van adelante, pero no todos

 

En un estado idealmente democrático, el ejercicio de la transparencia tanto por parte de la autoridad como de los ciudadanos, no debería ser un tema discutible: ésta tendría que cumplirse naturalmente por todos, y punto. En México, sin embargo, la opacidad en el manejo de los recursos del Estado, y la discrecionalidad en las decisiones de quienes detentan el poder público, son discusiones interminables, que siempre han venido acompañadas de acusaciones recíprocas sobre las fallas en el cumplimiento de los deberes con la rendición de cuentas y el acceso a la información.

En la semana que termina, hubo una nueva reedición tanto de la discusión por el cumplimiento de los órganos del Estado de sus obligaciones con la transparencia, como también de las acusaciones que reiteradamente se realizan entre los diversos órdenes de gobierno por su falta de voluntad en la satisfacción de esta garantía constitucional de que gozamos todos los ciudadanos. Todas esas reyertas están cargadas de verdades a medias y paradojas que debemos analizar detenidamente. Pero, vayamos por partes.

Hace unos días, el presidente Felipe Calderón acusó a los gobiernos estatales y municipales del país, de resistirse a cumplir con sus tareas relativas a la transparencia y la rendición de cuentas. La primera de esas obligaciones, podemos entenderla como las facilidades y la disposición que tienen los órganos del gobierno para que el ciudadano pueda acceder a la información oficial de cómo se ejerce el servicio público y cómo se gasta el dinero del erario.

La segunda, es decir, la rendición de cuentas, podemos entenderla, en este sentido, como la disposición que tienen los entes públicos, para que otros órganos fiscalizadores del mismo Estado tengan acceso a sus cuentas, y puedan corroborar que el uso que se les dio a los recursos asignados fue correcta, eficiente, eficaz y apegada a los lineamientos para los que dichos recursos fueron otorgados. Según el presidente Calderón, tanto las entidades federativas como los municipios no cumplen con estos deberes, que están plasmados en la Constitución federal como obligatorios en su observancia.

En tal puntualización, no le falta razón al Titular del Poder Ejecutivo Federal. De hecho, esa fue una de las más profundas polémicas que generó la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente año, en el que se acordó incrementar los recursos públicos a las entidades federativas, e incrementar la carga tributaria a los contribuyentes cautivos de siempre, pero sin elevar las obligaciones de los poderes públicos respecto a la fiscalización y la rendición de cuentas, y tampoco sobre los mecanismos de control sobre esos recursos.

Es decir, que a las entidades federativas —como Oaxaca— se les expidió desde el Congreso, un atractivo cheque en blanco para hacer de esos millonarios recursos una jauja que en poco corresponde a la pobreza de la mayoría de los ciudadanos, y a la debilidad y presiones que hoy soportan las disminuidas finanzas nacionales.

¡Vaya! Podríamos decir que éste es un acto de congruencia y rectitud ejemplar del Presidente de la República. Pero no. Si recordamos bien, el Presupuesto de Egresos, con los millonarios recursos que se aprobaron para las entidades federativas, fue impulsado y controlado por la Secretaría de Hacienda. Finalmente, en el momento de las decisiones sobre el gasto público para 2010, la bancada panista —al igual que la priista, que no deja de darse baños de pureza— eludió en todo momento abordar de forma seria el tema de la rendición de cuentas y la opacidad.

Todos juntos prefirieron no abordar esa discusión. Porque en este país, tal pareciera que a nadie le conviene que se sepa cómo se gastan el dinero todos aquellos que tienen un pedazo de poder y recursos para ejercer.

 

LO QUE NO DICE

EL PRESIDENTE…

 Apenas unos días antes, en esta misma semana, un diario editado en la capital de la República —El Universal— documentó algunos fallos importantísimos del gobierno federal en materia de transparencia. Durante los primeros días de enero, ese medio informativo documentó la tendencia de las entidades federativas a seguir trabajando en medio de la opacidad; que algunas entidades del gobierno federal acuden cada vez más a la salida fácil, ante las solicitudes de información que presentan los ciudadanos ante el Instituto Federal de Transparencia, de responder que lo solicitado es “información no disponible”. Y que, por si fuera poco, en la Secretaría de Gobernación se trabaja en una iniciativa para imponer al IFAI, un órgano jurisdiccional que revise sus resoluciones y se convierta en una especie de medio de control para la actuación de dicho órgano autónomo.

¿Qué buenos ejemplos de transparencia, no? Es evidente que si las entidades federativas y el Distrito Federal bien pueden reprobar en materia de transparencia, el gobierno federal no tendría mucho que presumir en ese rubro. Es cierto que para todos resulta una incomodidad —y hasta un riesgo—, el tener que abrir todas sus cuentas y archivos al escrutinio público, y mucho más que ese deber sea nada menos que una garantía constitucional que se tiene que cumplir.

Sin embargo, sin justificar a nadie, las paradojas son mucho mayores para el gobierno federal. La ley federal de acceso a la información, es un referente que ha sido tomado en consideración por muchos países, como un modelo eficaz de acceso a la información. En contraparte, las leyes estatales de la materia se han ido construyendo en adversidad, por las fuertes resistencias que los cacicazgos y grupos de poder locales han opuesto a la rendición de cuentas. ¿Cuál es la diferencia?

Que en la mayoría de las entidades federativas, se tiene la percepción de que los órganos de transparencia deben ir ganando paulatinamente su fuerza, autonomía real y capacidad de gestión y decisión ante el poder público; y que en el gobierno federal existe una normatividad con muchos más mecanismos y posibilidades de ejercicio del derecho a la información, que ahora se están intentando sobre regular y disminuir en detrimento de los ciudadanos.

 

CAMINOS ENCONTRADOS

Es decir, que todo es desafortunado; las entidades federativas avanzan en materia de transparencia con un tortuguismo, por las resistencias antes mencionadas. Se tiene la percepción de que los órganos y normas son “Elefantes blancos”, que un día dejarán de serlo. Un lentísimo camino hacia delante. Pero en la Federación las cosas parecen ir exactamente en el camino contrario. Vaya contradicciones.

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2010: Asonadas por pobreza, no por bicentenario

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+ Rebelión: por agotamiento de sistema democrático

Uno de los temas más recurrentes durante el año que comienza a transcurrir, sin duda será el de un posible alzamiento armado. La llegada de 2010 trae consigo una sensación de incertidumbre por las posibilidades de que, como hace 100 y 200 años, éste sea el principio de un nuevo alzamiento armado, para tratar de cambiar al régimen y al modelo político que actualmente gobierna al país. Es aventurado y poco exacto suponer que por la sola llegada de 2010 algo de eso pudiera ocurrir. Pero si se toma en cuenta el complejo contexto social, económico y político del país, las cosas cambian radicalmente. ¿Podría ocurrir, en el futuro inmediato, una asonada importante en el país?

La pregunta no es ociosa, y va más allá de la sola explicación cíclica de por qué sí podría haber una nueva rebelión en 2010. En realidad, si únicamente se tratara de intentar explicar hechos presentes o futuros, en base a la incidencia de acontecimientos similares en tiempos pasados que ocurrieron en lapsos más o menos parecidos de tiempo, estaríamos frente a argumentos altamente vagos e imprecisos, que nunca han podido ser sustentados a través de métodos e instrumentos comprobables.

Así, no sería extraño llegar a dos conclusiones sobre la explicación “cíclica” sobre las posibilidades de una nueva rebelión armada. La primera de esas conclusiones tendría que ver con el hecho de que si la independencia de México inició en 1810 y la Revolución 100 años después, fue porque en esos momentos ocurrieron hechos determinantes —muchos de ellos meramente circunstanciales o de absoluta praxis política generada en el momento— para definir los alzamientos, y que cada uno de ellos tuvo sus propias circunstancias y derivaciones. Prácticamente nada de eso tuvo que ver con los ciclos.

En esa lógica, nada tendría de raro considerar que si el contexto para el inicio de la guerra de Independencia se hubiera dado en otro momento, éste podría haber ocurrido una década antes o una después de cuando fue, y no necesariamente en 1810; lo mismo, exactamente, ocurriría con el inicio de la Revolución Mexicana. Fueron las circunstancias y no los ciclos los que determinaron esos alzamientos armados.

La segunda de las conclusiones, en esa lógica, tiene que ver con la llegada de 2010. Del mismo modo, nada relativo a este año se encuentra, o tendría por qué encontrarse, determinado por los ciclos históricos. Hoy el entramado institucional del país es mucho más sólido que hace 100 ó 200 años; las condiciones políticas son distintas; y el contexto internacional es diametralmente opuesto al del pasado. Es decir, que si fuera sólo por los ciclos no habría motivación alguna para que éste año tuviera que ocurrir algo excepcional respecto a los potenciales alzamientos armados.

Sin embargo, esta explicación que parece desvirtuar la posibilidad de una asonada en 2010, también da pie a considerar que, al contrario, algo de esa magnitud sí puede ocurrir. Es cierto que México tiene una solidez nada comparable con la del pasado; pero vemos también que continúan existiendo importantes circunstancias que hacen posible que la inconformidad social escale, y que eso pueda llegar a convertirse en un movimiento de magnitudes hasta ahora poco visualizadas.

2010 Y SUS CONDICIONES

Más allá de los ciclos, tenemos que ver que 2010 presenta dos problemas graves que pueden desencadenar una insurrección popular o armada. El primero de ellos, es el de las gravísimas condiciones de desigualdad social, pobreza e injusticia que existen en el país; y el segundo de esos problemas, consiste en el profundo desgaste que presenta el modelo político y democrático del país.

La nuestra, al llegar a su fin la primera década del siglo XXI, es una sociedad lastimada por dolorosos flagelos sociales como la pobreza, y también agraviada profundamente por un sistema político, democrático y electoral que no ha alcanzado a tener la suficiente transformación y evolución, como para dar garantías a la sociedad de que está verdadera y correctamente representada, y de que tiene un gobierno eficaz y legitimado.

En este sentido, no deja de llamar la atención que dentro y alrededor de las principales fuerzas insurgentes, haya una claridad —hasta deslumbrante— de mucho de lo que ocurre en el país, y de las adversas circunstancias propias de nuestro tiempo, que cultivan la inconformidad y que podrían dar pie a un alzamiento más o menos similar a los ocurridos hace 100 y 200 años, respectivamente, en nuestro país.

Las siguientes, son consideraciones de la ex dirigente del ERPI, Gloria Arenas Agis, expuestas en una entrevista concedida a un diario guerrerense, y reproducida por el sitio www.cedema.org; vale la pena comprenderlo y no echarlo en el saco del desperdicio. “El concepto de democracia en este sistema se reduce a las elecciones, la democracia consiste en que haya partidos y entre ellos se elija quién va a gobernar, y el papel de la demás gente es escoger a uno entre esa clase política. Ese concepto de democracia es un distractor para que la sociedad no vea que ella puede construir otra cosa, otro tipo de poder, lo que nosotros llamamos poder popular o poder desde abajo, que no consiste en elegir a alguien de una clase política que ya es corrupta.

“Entonces ese concepto que conocemos de democracia es la parte política que sostiene al capitalismo, si queremos otra cosa diferente y si nos consideramos izquierda anticapitalista, ese concepto de democracia tiene que cambiar. Tiene que ser otra cosa en lo que pueda participar la sociedad, que no esté excluida, porque ahora se llama democracia pero se excluye a la mayoría de las decisiones.”

COCTEL PELIGROSO

Su concepción es importante no porque justifique un alzamiento, sino porque establece lo que debería ser, pero no es, dentro de nuestra sociedad y nuestro sistema democrático. Ahí es donde se encuentra, y donde se ha encontrado, uno de los más grandes y recurrentes males de nuestra nación. Revisemos la historia, sólo para corroborar que México siempre ha “cojeado” de ese mismo pie, independientemente del tiempo y los momentos históricos. Así, es cierto que el modelo político da reiteradas muestras de agotamiento; pero también es palpable que si en ese contexto se combinan la inconformidad por motivos políticos y la incertidumbre por el crecimiento exponencial de los problemas sociales, lo que tendremos enfrente, es un coctel explosivo para una potencial nueva rebelión.

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Conspiración de fuego, Oaxaca y el eco del 2006

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+ Bicentenario: temor por guerrilla ¿y anarquismo?

 

Al arrancar el presente año, ocurrieron varias explosiones con petardos y materiales explosivos de fabricación casera, en una decena de puntos dispersos de varias entidades de la República mexicana. La acción fue reivindicada por una organización anarquista denominada “Conspiración de fuego”, que dice tener presencia en algunas regiones del país, entre ellos Oaxaca. Casi de inmediato, comenzaron las especulaciones sobre el impacto que podría tener nuestra entidad en todo ese asunto, y de nuevo se agudizaron algunos de los fantasmas de la insurrección social que rondan sobre el año que transcurre. Es necesario comprender a cabalidad esta situación.

Oaxaca ha tenido una presencia destacada en cuanto a la insurrección social. De aquí han surgido líderes sociales históricos, que en su momento emprendieron la lucha no sólo por la vía política, sino también por la vía armada y también por el anarquismo. No es casualidad que de Oaxaca emergieran algunos de los más acendrados cuadros de los grupos subversivos que existieron en los años de la llamada “guerra sucia”, ni de que el anarquismo aquí tenga una figura icónica en los hermanos Flores Magón, a principios del siglo XX. Incluso, el referente más próximo se encuentra en el conflicto magisterial y popular de 2006, en el que todos esos grupos tuvieron presencia física, y contribuyeron de modo importante en la determinación el rumbo de la revuelta y la agitación social.

Sin embargo, así como nuestra entidad se aparece como un potencial foco rojo en las advertencias de los grupos anarquistas que desde septiembre del año pasado se hicieron presentes en el país, es necesario comprender que anarquismo no es lo mismo que guerrilla, ni que tampoco es una condición indispensable que la ejecución de actos de propagandismo convierta a toda una entidad, o a todo un país, en un inminente escenario de riesgo para las acciones de los grupos armados. Es necesario, pues, ubicar las cosas en sus dimensiones justas y no en incertidumbres infundadas.

A grandes rasgos, los grupos subversivos como los conocemos en México, tienen no sólo finalidades armadas, sino que más bien sus objetivos y sus estructuras son de tipo político, pero contando con brazos ejecutores que adquieren la calidad de “ejército”, “milicias insurgentes”, “comandos” o “brigadas”. Además de ello, todo grupo armado tiene una estricta formación militar, pero sobre todo ideológica, fines políticos, postulados ideológicos bien delineados y encaminados, elementos de investigación e inteligencia, y relaciones de fraternidad y camaradería con núcleos sociales y con sus propias estructuras políticas y de acción armada.

En ese sentido, es necesario comprender al anarquismo no con descalificaciones y mucho menos con contrasentidos, sino como grupos que tienen una estructura política, ideológica e incluso de organización para fines de propagandismo y autodefensa armada, mucho menos elaborados que los de la guerrilla.

A diferencia de los grupos subversivos —que buscan instaurar un modelo de Estado y una forma de gobierno distintas a las existentes, tomando el poder por la vía violenta y no a través de las vías institucionales—, los grupos de anarquistas simplemente buscan extinguir al gobierno, pero sin plantear formas o esquemas específicos que pudieran regir a la sociedad en el momento en que ellos alcanzaran sus objetivos.

Así, en lo general, podría pensarse que, con los alzamientos que cada uno de esos grupos propone, esas dos tendencias buscan el mismo objetivo, que es el de declararle la guerra al Estado. En lo particular, es evidente que, independientemente de las relaciones que pudieran existir entre la guerrilla y el anarquismo, sus objetivos son ampliamente distantes entre sí.

 

Y OAXACA, ¿QUÉ?

La pregunta es pertinente. Porque aquí manifiestan tener presencia importantes grupos subversivos, y ahora también la organización anarquista de la que ahora hacemos mención. Para nadie es oculto, que esas dos tendencias tuvieron presencia en Oaxaca durante el conflicto magisterial del 2006, y que fueron las principales estrategas de las acciones de autodefensa que entonces emprendieron —y, en muchos casos, lograron con éxito— los grupos que encabezaban la revuelta.

Es evidente que independientemente de sus diferencias y afinidades, esos grupos tenían fines paralelos. Podría decirse, incluso, en un sentido más específico, que los anarquistas que se apersonaron en Oaxaca durante el conflicto magisterial —junto con los profesores radicales, algunas organizaciones de defensa de los hechos humanos que participaron activamente, y otros núcleos sociales como los panchosvillas o los atencos— eran algún tipo de grupos periféricos de la guerrilla.

¿Por qué? Porque dichos grupos buscaron, por distintas vías y con distintos métodos, un mismo resultado. Dicho resultado, era en primera instancia lograr el derrocamiento del gobernador Ulises Ruiz, y después buscar la instauración de un régimen afín a sus intereses. Evidentemente fallaron. Y fue así no sólo porque, todos juntos, no lograron la caída del gobernador Ruiz, sino porque tampoco fueron capaces de conducir su esquema de lucha más allá de la momentánea confrontación violenta, y porque no tuvieron la capacidad suficiente para sostener sus bases más allá del momento excepcional de insurrección que fue el 2006 en Oaxaca.

Nadie puede negar que grupos como el EPR tienen presencia en Oaxaca; del mismo modo, sería imposible sostener que Conspiración de fuego, u otras organizaciones están ausentes del Estado. Sin embargo, tales circunstancias no necesariamente deben llevar a pensar que su presencia tiene potencial para convertirse en una nueva cuna de la insurrección.

 

SENSACIONALISMO

Sin duda, alguno de esos grupos podría, en cualquier momento, manifestar su presencia en el Estado a escalas importantes. Sin embargo, los antecedentes más bien apuntan a que aquí su presencia es disimulada, o de acciones de orden político pero no de sabotaje o propagandismo. Desde agosto de 2007, no ha habido en la entidad manifestación física alguna (petardazos, bombazos o algo similar) por parte de la guerrilla. En el inter, se les ha querido responsabilizar por la ejecución de algunos ex jefes policiacos (Alejandro Barrita Ortiz y Aristeo López Martínez) aunque éstos han negado toda relación con los hechos. Así, Conspiración de fuego debería ser entendida como lo que es, pero sin ser convertida en vehículo de especulaciones o sensacionalismos que no tienen fundamentos sólidos sobre nuestro Estado.

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Gasto familiar, bajo las ruedas del transporte

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+ Voracidad, no necesidad: razón de incremento

 

Dice el refranero que cuando el río suena, es porque agua lleva. Si desde hace semanas se ha venido anunciando disimuladamente la posibilidad de un incremento a la tarifa del transporte urbano, es porque, en efecto, está podría estar en vías de ocurrir. La razón es la de siempre: el alza en el costo de los insumos, los altos precios del combustible y la incosteabilidad de las operaciones de las unidades.

Entre los quejosos, nadie se acuerda de las jugosas ganancias, intocadas, de los concesionarios; del pésimo estado en el que se ha prestado el servicio a los usuarios; ni mucho menos de la situación real de inseguridad e incertidumbre que prevalece en todos los aspectos que se relacionan con el transporte urbano. Pero vayamos por partes.

Hace dos años, en diciembre de 2007, el transporte público concesionado de Oaxaca —autobuses urbanos y suburbanos de pasajeros, taxis citadinos y foráneos, y demás— se vieron beneficiados con un incremento sustancial a sus tarifas, que casi alcanzó el 30 por ciento. En aquellos momentos, tanto los concesionarios como el Gobierno del Estado justificaron ese incremento, en dos circunstancias particulares: la primera, los más de cinco años que llevaba vigente la tarifa de tres pesos con cincuenta centavos por viaje; y segunda, por los daños y pérdidas que había resentido el sector durante el conflicto magisterial y popular ocurrido en Oaxaca en 2006.

En aquellos momentos, si se recuerda, algunos grupos estudiantiles fueron los únicos que intentaron oponerse al incremento. Sólo unas organizaciones de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca —que buscaban otros fines, y que tomaron esta bandera como un mero pretexto para generar inestabilidad— emprendieron la lucha aunque luego se diluyeron. La Coordinación de Transporte, encabezada por Gonzalo Ruiz Cerón, decidió autorizar dicho incremento justo en la víspera de las fiestas decembrinas. Cuando en enero de 2008 el grueso de la población reaccionó del letargo navideño, las decisiones estaban consolidadas y no tenían posibilidad de que se les diera marcha atrás.

Entonces, ante los cuestionamientos, la Cotran actuó como defensora y tuteladora del interés de los concesionarios, pasando por encima del interés de los usuarios. Para justificar la medida, el coordinador Ruiz Cerón aseguró que los concesionarios se habían comprometido a realizar una serie de mejoras al servicio, las unidades y el medio ambiente, a cambio de verse beneficiados con el incremento a la tarifa. Se habló de seguro del usuario y las unidades, capacitación de los conductores, retiro de la circulación de las unidades que rebasaran la antigüedad que ellos mismos fijaron, y mejoramiento de rutas y la atención al usuario. Absolutamente nada de eso ha ocurrido.

Nada ha dicho la autoridad de esto, por dos razones: ninguno de los servidores públicos de alto nivel —y tampoco los concesionarios— son usuarios regulares del servicio de transporte urbano. Nadie de ellos, ni siquiera por una actitud “políticamente correcta”, sabe en qué condiciones se transportan todos los días decenas de miles de oaxaqueños. Así, no tienen ni la calidad moral, ni la experiencia, para asegurar que el transporte se ha enmendado o no luego del incremento. Y la población —a la que nadie le ha pedido su opinión—, seguramente podría dar un amplio diagnóstico, aunque negativo, de lo que han sido las “mejoras” al servicio en los últimos dos años.

Y segunda, porque las mejoras que prometieron los dueños de las unidades a cambio del incremento, fueron meramente potestativas. La autoridad cayó en el garlito, deliberadamente, de aceptar simples ofrecimientos no coactivos, a cambio de extender a los concesionarios el cheque en blanco que significó para ellos dicho incremento a la tarifa.

¿Y LOS CONCESIONARIOS?

Nadie, nunca, se pregunta si en realidad el del transporte público es un buen negocio. Evidentemente lo es. Por ello, bien dice, también el refranero, que lo que se ve no se juzga. ¿Por qué entonces tantas quejas de los dueños de las unidades y, sobre todo, por qué tantos argumentos vagos de justificación para el incremento a las tarifas que hoy codician?

Vayamos punto por punto. Hace dos años, el costo del pasaje era de 3.50 pesos. Hoy es un peso más caro. En aquel entonces, el del transporte era un buen negocio. Hoy lo es mucho más. Todo esto, a pesar del incremento a los insumos, combustibles y demás. El razonamiento es harto sencillo: si ser propietario de una concesión y de un autobús de pasajeros fuera un mal negocio, o de plano no lo fuera, la ciudad de Oaxaca no estaría saturado con más de mil unidades que todos los días provocan accidentes viales, dejando a su paso muertos, heridos y millonarios daños materiales —por los que, valga decirlo, nunca responden.

Si existe la capacidad de incrementar el número de unidades, es porque éste es un negocio que se realiza siempre al margen de la regulación y auténtica autoridad de las instancias encargadas de regularlo. ¿Qué contraprestación están obligados a dar los concesionarios por el servicio que les delegó el gobierno en Oaxaca? Ninguna. Al contrario: mientras los dueños de las unidades viven como auténticos jeques y gozan de la impunidad que les da el dinero, la administración estatal no puede meterlos en cintura, no tiene capacidad de reordenar las rutas, y mucho menos tiene el peso, los recursos y la fuerza suficientes como para establecer nuevos criterios que rijan el servicio.

La Cotran ha dicho en reiteradas ocasiones, que no existen los recursos para reordenar al transporte. Esos dineros no existen, porque el concepto de “concesionario” lo han entendido como garantía de salvaguarda de la coerción de la autoridad, y no como un deber que implica derechos pero también obligaciones no sólo con el usuario final, sino también respecto al Estado.

 

CODICIA

Los concesionarios no tienen solidaridad con Oaxaca, ni con los usuarios, porque a ellos lo que les interesan son las libertades absolutas y la voracidad. El gobierno nunca les ha hecho ver —porque quienes los regulan son iguales o peores que aquellos— que el servicio que se les delegó también les implica deberes. Y mientras todos evaden dicha discusión, los dueños de las unidades están aprovechando esta avalancha alcista de precios, para sacar más provecho de los oaxaqueños. Si este del transporte es un mal negocio, ¿por qué no comenzar, ahora sí, a retirar las unidades chatarra y las que están de sobra en la ciudad? Lo que aquí reina es la voracidad, no la inflación.

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Molestia, característica de aspirantes priistas

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+ Hablar de ruptura: ¿por qué ahora sí ocurre?

 

En los últimos días, dos de los aspirantes a la gubernatura por el Partido Revolucionario Institucional, han hecho posicionamientos sobre el proceso que, hasta ahora fácticamente, se sigue dentro del tricolor para designar a su abanderado. En ese sentido, es importante descifrar y comprender los mensajes y las advertencias que, cada uno en su tono, han lanzado en los últimos días tanto el senador Adolfo Toledo Infanzón, como el presidente Municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas.

Ambos personajes han concedido sendas entrevistas a publicaciones de la capital de la República que, sin embargo, no se caracterizan por ser las de mayor circulación ni influencia en la política local o de la Ciudad de México. Eso, por tanto, coloca sus declaraciones en el marco justo no de la información, sino del “recadeo” que ocurre entre las principales fuerzas priistas desde hace algunas semanas.

En sus declaraciones, publicadas ayer en El Sol de México, el edil Hernández Fraguas establece su posición en esta carrera por la gubernatura. Asegura que el senador Gabino Cué no logrará conjuntar todos los elementos a su favor para lograr la Coalición opositora y convertirse en su abanderado; y enumera lo que, según él, son las principales virtudes y desaciertos de los otros aspirantes a la gubernatura por el priismo.

Sin embargo, eso no parece ser lo verdaderamente importante de su mensaje. La advertencia del edil Hernández sobre la tolerancia y disciplina priista en este proceso interno, es sustantiva. A saber: “(En la oposición) le están apostando al rompimiento del PRI, y si no hay condiciones de equidad, sí se puede dar una fractura y entonces pudiera darse una alianza con alguno de los aspirantes (priístas) que pudiera sentirse muy lastimado (porque) no tiene la oposición suficientes balas propias.”

La claridad del Munícipe citadino debería ser alarmante para quienes le apuestan a la “institucionalidad” a toda prueba de los priistas que participan en este proceso interno. Es la primera vez en todo el trecho que llevan recorrido, que uno de ellos habla abiertamente de una ruptura, si se continúa sin privilegiar la exigencia común de que la competencia interna se conduzca con equidad para todos los que participan.

Hoy en día, es bien sabido que el más irreverente de todos los aspirantes a la gubernatura por el tricolor, es el edil Hernández Fraguas. Y aunque al principio se notaba más bien como una actitud de cierta soberbia o intolerancia, parece ir quedando claro que, ante las circunstancias, es una actitud no sólo comprensible sino que, quizá, hasta relativamente “adecuada” para el avasallamiento del que unos están tratando de hacer objeto a los otros, dentro de las filas del priismo.

Así, si hoy uno de los participantes ya habla sin disimulos de las posibilidades de rompimiento, todos los demás —y quienes tienen en sus manos la decisión— deben entender que las disparidades del proceso interno (justificadas en los intentos por “hacer crecer” y posicionar electoralmente a todos los aspirantes, para fortalecer con esto a su partido) están generando más enconos que sustento real para el priismo. Los rasgos de enojo y molestia comienzan a ser perceptibles a simple vista. Y el enfado y las contrariedades nunca son buenos consejeros.

LLAMADO A DISCIPLINA

Hace seis días, el periódico El Financiero, también de la Ciudad de México, dio cuenta de las consideraciones del senador Adolfo Toledo Infanzón respecto al proceso sucesorio de Oaxaca, en el que él participa. No obstante el haber externado un posicionamiento mucho más mesurado, el Legislador federal no distó mucho en sus declaraciones a las del Edil de la Verde Antequera. Veamos por qué.

En las declaraciones hechas al diario mencionado, aseguró que sólo unido el PRI podrá lograr el triunfo tanto en la gubernatura, como la mayoría en el Congreso del Estado y las Presidencias Municipales. Para eso, el senador Toledo estableció que para lograr ese objetivo “sólo depende de que los órganos de dirección de ese instituto político y de que quienes, en su calidad de priistas y que al mismo tiempo tienen cargos en la administración pública estatal, se comporten con actitudes prudentes y sin ‘falsas cargadas’” (…) “Puntualiza que en el proceso de selección del abanderado del tricolor tampoco deben crearse ‘espejismos’ o expectativas para tratar de apoyar a algún precandidato, ya que —advierte— ‘mantener la prudencia y la paciencia permitirá al partido conservar este bastión histórico’”.

El senador Toledo no habla de rupturas, pero sí las previene. ¿Por qué hablar, por un lado, de los espejismos y las falsas cargadas; y por el otro exigir que quienes tienen cargos públicos se abstengan de participar del proceso? Obvio, porque los señuelos lanzados desde uno de los frentes de la competencia interna, provocó justamente que personas ligadas al servicio público se ligaran a precampañas proselitistas, que se generaran los primeros intentos de apoyar “en cascada” a uno de los aspirantes, y generar la perspectiva de que, con ello, había ya una determinación oficial sobre quién sería el Candidato a Gobernador por el PRI.

Así, parece evidente que las señales no son de sosiego ni de prudencia. Lo que más bien se deja ver, es que el forcejeo entre los posibles abanderados está subiendo rápidamente de nivel, y que si el Jefe Político de los priistas en el Estado (es decir, el Gobernador) no encuentra pronto una vía de despresurización y homogeneización de este proceso, pronto las cosas podrían salirse de control.

Finalmente la responsabilidad de todo esto no se encuentra únicamente en el aspirante que está siendo el mayor beneficiario de los intentos de cargada, el apoyo económico y de logística, sino en quienes en el intento por fortalecerlo y posicionarlo a un nivel más o menos similar al de quienes tienen las mejores expectativas (justamente Hernández Fraguas y Toledo Infanzón), quebrantaron las reglas que ellos mismos habían fijado. Ahora, los riesgos de rupturas parecen estarse aparejando a los intentos de cargada. Si las reglas no se replantean y ahora sí se respetan, cualquier cosa podrá suceder.

COLUMNA EN LÍNEA

Desde hace un par de meses, esta columna cuenta con un espacio en el que usted, apreciable lector, puede opinar, disentir y debatir libremente. Nuestro blog se encuentra en la dirección http://almargenoaxaca.wordpress.com; la tecnología nos ofrece múltiples opciones. Lo invitamos a visitarlo. Es gratuito y libre de todo lucro económico.

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Guerra de guerrillas: ¿Ahora por crimen organizado?

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+ México: 2009 fue el más violento… y lo que nos falta

 

Durante toda la última semana del agonizante 2009, hubo una doble tendencia en el tipo de información que manejaron los medios de comunicación en el país, respecto a la guerra contra el crimen: por un lado, establecieron que por las acciones policiacas y militares contra la criminalidad, el año que terminaba era el más violento de la década; y vaticinaron, según reportes extranjeros, que en 2010 podría acentuarse un cambio de estrategia en las acciones de defensa y ataque por parte del crimen organizado. Se vaticina una ola de terrorismo y de guerra de guerrillas. ¿Por qué?

En el primero de los aspectos, las propias cifras oficiales dejan ver el tamaño de la violencia que se ejerce alrededor de la criminalidad. Según el periódico El Universal, de la Ciudad de México, en 2009 se contabilizaron 7 mil 724 muertes relacionadas con enfrentamientos entre criminales y fuerzas federales, y en disputas entre los propios grupos delincuenciales antagónicos. En el recuento, el diario citadino apuntaba que “en 2005 se contabilizaron mil 573 muertos; en 2006 sumaron 2 mil 221; al siguiente año fueron 2 mil 673 homicidios, y 2008 cerró con 5 mil 630”. Esto es, que la violencia criminal se ha ejercido a ritmos sostenidos de crecimiento en los últimos años.

Toda esa violencia tiene una explicación: en cuatro años, ni la autoridad ha podido imponerse sobre los grupos criminales que existen en el país; pero que, tampoco, en sus pugnas internas, ninguna de las organizaciones delincuenciales ha podido imponerse sobre las demás; por eso, esta guerra genera enfrentamientos y ajustes de cuentas que sólo en 2009 generaron más de 21 muertes violentas por día, en alguna de las distintas regiones y entidades de la República mexicana.

En todo esto, es imposible subestimar el poder de fuego y la capacidad económica que, hoy día, continúan teniendo todos los grupos criminales del país. Durante los últimos años, el gobierno federal —a través de la Policía Federal, y las fuerzas castrenses y navales— han enfrentado a la criminalidad sólo en el ámbito de la acción policiaca y las disputas territoriales. El grado de violencia que se ha ejercido entre todos los involucrados, deja ver feroces intentos —mutuos— de desmoralización.

En todo esto, las cifras oficiales dejan ver que de 2005 a la fecha, en la sumatoria de ejecutados el crimen organizado ha tenido alrededor de 20 mil bajas, y que éste se sigue reabasteciendo de elementos humanos y capacidad de fuego, gracias al enorme potencial económico que continúa ostentando. Sin embargo, todos saben que sostener indefinidamente una guerra de esa naturaleza, tendría altos costos. Por eso hoy se habla de la búsqueda de “variaciones” en los frentes de guerra de los grupos criminales.

Esas variaciones, evidentemente, tienen que ver con la “sustitución” del enfrentamiento directo, por la emboscada, el terrorismo y la manipulación social para incrementar la reprobación ciudadanas a toda acción anticrimen emprendida por el Estado. Ahí es, justamente, donde se inscriben las “nuevas estrategias” que en los últimos han venido reportando los medios informativos del país.

 

CAMBIO DE ESTRATEGIA

En una definición sencilla, citada en Wikipedia, la guerra de guerrillas “es una táctica militar de conflictos armados, que consiste en hostigar al enemigo en su propio terreno con destacamentos irregulares y mediante ataques rápidos y sorpresivos, voladuras de instalaciones, puentes y caminos o secuestros de armas y provisiones”. Es justamente lo que en otros tiempos utilizaron los grupos políticos que optaron por la vía armada, para tratar de conseguir los cambios democráticos que exigían. En buena medida fue de esas estrategias que éstos fueron motejados como “guerrilla” o “guerrilleros”.

Sin embargo, es evidente que si el objetivo es hostigar y menguar a las fuerzas del Estado, una estrategia de esa naturaleza bien podría ser utilizada por otros grupos que, teniendo propósitos distintos al de las organizaciones clandestinas de finalidades políticas, adoptaran formas de lucha armada relacionadas con la guerra de guerrillas. Esa, por tanto, podría ser la nueva estrategia de los grupos criminales. Y la más clara muestra de todo ello, son las emboscadas y ataques sorpresivos con armas de alto poder, en los que recientemente han causado docenas de bajas a las fuerzas federales.

Junto a ello, los grupos criminales bien podrían estar optando por las estrategias relacionadas con formas de terrorismo. Eso era previsible desde antes de los eventos trágicos ocurridos en Morelia, Michoacán, la noche del 15 de septiembre de 2008, en los que emisarios de la criminalidad lanzaron tres granadas de fragmentación en contra de la población que se había congregado en la Plaza Melchor Ocampo para escuchar el tradicional Grito de Independencia. El saldo final de ese ataque, fue de 8 civiles muertos y más de 140 heridos.

Esos ataques fueron perpetrados para atemorizar a la población y para intimidar al gobierno. Fue una reacción “natural” del crimen organizado, ante el incremento de la violencia y el acoso gubernamental en su contra; pero además, todo eso constituye intentos claros por parte de la criminalidad, de hacer ver a la población que el Estado ha fallado en su tarea de protegerlos y erradicar la violencia, así como de combatir eficazmente a los criminales. Es decir, que todo esto es un intento clarísimo de desmoralización, para que la sociedad deje de respaldar la lucha anticrimen y, al contrario, asuma una posición de rechazo y condena por sus fracasos e ineficacia.

Todo esto es lo que podríamos ver en este año. El peligro inminente de todo esto, es que esas nuevas formas de violencia implicarían, ahora sí, de modo importante, a la población civil. Siendo realistas, este podría ser el riesgo más alto para este 2010, incluso por encima de cualquier levantamiento armado relacionado con sublevaciones o revoluciones.

 

EN FAMILIA

Cuando a finales del mes pasado fue anunciada la designación de Ricardo Ruiz Zaragoza como nuevo Consejero Jurídico del gobierno estatal, se establecieron como sus principales datos curriculares que éste es abogado por la UNAM, y que ha desempeñado varios cargos en la PGR y el Instituto de la Defensoría Pública Federal. Pero más allá de su experiencia profesional, éste es yerno del abogado Jorge Franco Jiménez. ¿Para su designación fue determinante la trayectoria o el parentesco? Es pregunta.

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Otro año de problemas: la crisis es permanente

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+ Ciudadanía: urge fomentar más sociedad civil

 

Cuando termina el año, llega el momento de hacer los recuentos. Al revisar los archivos y las publicaciones, podemos darnos cuenta que desde hace bastantes años, todos han sido calificados como “críticos”, “fatalistas”, “caóticos” y demás. Es decir, que no sólo 2009 fue un año fatídico —pues igual, o peores, fueron los anteriores—, sino que toda la década podría haberlo sido. Incluso, este año que termina, bien podría ser nada menos que la continuación de la llamada “generación de la crisis”. Urge, por tanto, que como ciudadanos comencemos a comprender nuestro papel en este caos recurrente y casi permanente.

2009 fue un año cargado de crisis y problemas. Desde el año previo —2008— podíamos prever que la crisis económica que entonces nos enseñaba su feo rostro, era apenas el comienzo de un periodo mayor de incertidumbre, que se dejaría ver en toda su magnitud durante este año que culmina. Desde hace más de doce meses, apuntamos que los problemas financieros reales no se verían únicamente en el momento en que la economía estadounidense —e irremediablemente la mexicana— parecía estar a punto de colapsar, sino que esto tendría efectos extensivos hacia todos los meses siguientes.

Pudimos ver que eso fue lo que pasó: a finales de 2008 el gobierno federal echó a andar un plan anticrisis que, se suponía, ayudaría a paliar los efectos de la crisis internacional. En Oaxaca —como en las 32 entidades de la República— se adoptaron sendos planes del mismo tipo para que los gobiernos estatales hicieran lo propio estimulando a la economía y el empleo.

Hoy, al finalizar el año, los silenciosos resultados de esos programas, pueden verse simplemente en el fracaso y el disimulo. Ningún gobierno —ni el federal ni los estatales, incluido Oaxaca— hizo un balance de cuáles habían sido los resultados de sus programas anticrisis. Esto porque el gobierno federal falló en su labor de sostener el empleo y la economía en medio de una crisis mal manejada y mal comprendida; y porque los gobiernos estatales —como el de nuestro estado— aprovecharon la crisis para adoptar nuevos impuestos —como el del reemplacamiento vehicular— y nuevos programas de inversión sobre los que nadie supo cuál fue su destino, ejecución y resultado. Mucho de eso, al final, más bien resultó ser de acciones coyunturales y de mera simulación.

Luego, México se enfrentó a un problema de salud pública que, desde un principio, muchos se negaron a comprender. Ese problema se llamaba Influenza porcina —luego denominada Tipo A o Humana. El pánico general por la enfermedad se propaló, y rápidamente las precauciones extremas, y las medidas sanitarias, también se convirtieron en pérdidas económicas para una sociedad que durante una semana dejó de funcionar casi por completo.

Se supone, en la explicación oficial, que el problema de la influenza vino a degenerar todos los buenos resultados que se esperaban de los programas anticíclicos emprendidos por el gobierno federal. Lo cierto, de todo esto, es que de todos modos nuestra economía se encontraba en un estado de debilidad importante, y que todos esos fueron factores que únicamente se sumaron a una crisis que de por sí habría sido desastrosa, como lo es, para la mayoría de los mexicanos.

 

SOCIEDAD CIVIL

Sin embargo, pareciera que de todo esto es responsable el gobierno. Se le culpa de las violaciones a los derechos humanos, del mal manejo de la economía, de la inmovilidad política, de la falta de acuerdos, de la corrupción, de la impunidad, del cambio climático y demás. Es decir, que para el buen mexicano, el gobierno tiene la culpa de todo, y la sociedad es la víctima eterna que resiente todos los efectos de su mal gobierno, pero nunca puede ni debe hacer algo para contribuir en la búsqueda de remedios a los grandes males del país.

Se acusa al partidismo, al yunque, a la derecha, a la izquierda, al PRI, al PAN, a Andrés Manuel López Obrador; a Estados Unidos, la Influenza, y así, seguido de un largísimo “etcétera”. En realidad, todos somos responsables. Y es así porque México es un país que tiene muy poca sociedad civil. Sí. Tiene muy poca de esa población organizada, a la que muchos tachan incluso de ser algo inexistente o un mal chiste que no contribuye en nada a mejorar al país.

Tendría que haber más personas, grupos, asociaciones u organizaciones, con o sin nombre, que —como lo hemos señalado en diversas ocasiones— pudieran tener la capacidad de organizarse y actuar razonadamente frente a los problemas del Estado. Si los entes de gobierno no tienen la posibilidad de interactuar verdaderamente con la sociedad, y ésta no tiene la capacidad de hacerle ver a los gobernantes todos o algunos de los errores que cometen, entonces es evidente que no hay posibilidades de entender globalmente los problemas nacionales, y hacer planteamientos serios para resolverlos.

Debe haber una conciencia clara de cuáles son los problemas nacionales, y la claridad meridana para dilucidar cuáles deben ser las soluciones y los planteamientos de fondo. Mientras la sociedad y el gobierno se asuman como dos entes, o bloques, que en nada pueden interactuar ni correlacionarse, todos seguiremos dando vueltas alrededor de los mismos problemas, planteando las mismas soluciones bipolares e inoperantes que hasta el momento, y viendo con desánimo que los problemas no se resuelven. Debemos terminar, entre todos, con este círculo vicioso que nos llevará a nada bueno.

Sin duda, esa es nuestra propuesta de reflexión social para el año que termina, y el nuevo que comenzará a partir de mañana. No podemos exigirnos ser un mejor país, si quienes integramos la sociedad, más allá de los partidos, los gobiernos y los grupos aparentemente “de poder”, únicamente levantamos los hombros ante los problemas y optamos por el camino fácil de las lamentaciones y la victimización. ¿Cómo hemos contribuido al mejor país que queremos? Deberíamos comenzar a hacerlo. Deberíamos comenzar a poner a prueba el sistema, para ver que desde la sociedad sí se puede hacer más de lo que normalmente se hace.

FELIZ AÑO 2010

Deseamos que a nadie gane la desesperanza, y veamos este 2010 como el inicio de un nuevo ciclo que abrirá retos y oportunidades. Agradecemos, como cada año, a nuestros queridos lectores siguieron la aventura diaria de este espacio. A todos, sin distingos, les enviamos un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos de salud, paz y trabajo para la avalancha que nos espera en el año que inicia. Nos leemos el próximo lunes. ¡Felicidades!

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