Adrián Ortiz Romero Cuevas

Nuevamente, el país se enfrenta a una importante crisis de credibilidad respecto a sus instituciones políticas y democráticas. El gobierno federal, al enfrentar sus responsabilidades de Estado, puso sobre la mesa de las negociaciones diversos asuntos que no sólo revelan su falta de compromiso con el país, sino también que la agenda personal del presidente Felipe Calderón, y sus intereses políticos, se encuentran por encima de las necesidades y urgencias de la nación. Tal parece que, como en antaño, se pretende que la decisión, y el capricho presidencial, sean el eje de movimiento de los hilos del poder y la política electoral en el país.

En los últimos años, la práctica política en México no sólo ha cambiado, sino que ha sufrido modificaciones sustanciales. Durante el largo reinado del Partido Revolucionario Institucional en el poder presidencial, se pasó del más absoluto dominio del poder presidencial —por encima de los poderes constituidos y los fácticos— al ejercicio de un poder más o menos equilibrado, que abrió las posibilidades serias de debate y oposición al otrora poder omnímodo del presidente en turno.

A diferencia de otros países, que a mediados del siglo XX transitaron de gobiernos emanados de procesos más o menos democráticos, y luego se consolidaron dictaduras, para finalmente ser derrocadas en su mayoría por la fuerza y el accionar de grupos armados, en México luego de la Revolución se vivió un proceso pacificador y estabilizador, que no por ello se tradujo en una práctica democrática.

A diferencia de nuestros vecinos latinoamericanos, aquí el proceso de democratización del poder comenzó a darse en un marco de paz, hasta llegar a la situación actual. Sólo que en este punto, más bien parece que el devenir democrático del país comienza a padecer un estancamiento y ciertos visos de regresión al pasado. Esto lo demuestra la aberrante práctica política que está habiendo en el país, y que en buena medida ha sido impulsada y solventada por dos de las fuerzas nacionales más importantes, pero sobre todo por el mismísimo Presidente de la República.

¿A qué nos referimos? A que no sólo de ahora, sino en todo lo que va de la presente administración en el gobierno federal, la agenda electoral es la que ha marcado los tiempos y los ritmos en cuanto a la aplicación de la ley, la celebración de pactos e incluso la gobernabilidad del país. Luego de 2006, todos los comicios importantes han estado marcados por un intervencionismo nocivo por parte del gobierno de la República, que utiliza sus recursos y sus medios legales para influir en las decisiones que sólo deberían tener cabida en la democracia.

LEGITIMIDAD MINADA

El presidente Felipe Calderón Hinojosa asumió su gobierno en medio de un creciente clima de riesgos. Tal situación poco tenía que ver con los problemas actuales, y más bien se asemejaba a una crisis institucional del sistema democrático. Habiendo ganado la Presidencia de la República por un margen que ni siquiera rebasó un punto porcentual, la legitimidad fue una de sus primeras preocupaciones. Ésta trató de obtenerse a través de los golpes de timón y las demostraciones contundentes de que en México había gobierno y que éste haría valer la ley y el orden por encima de cualquier interés o presión de grupos o fuerzas políticas.

Mal que bien, el gobierno de Calderón supo sortear esos primeros retos. En su primer año de gestión consiguió incrementar sus márgenes de aprobación, y las nutridas protestas por los resultados electorales se vinieron apagando paulatinamente. Andrés Manuel López Obrador, en este sentido, contribuyó en mucho a la disminución de la fuerza de su movimiento. Y los pactos con el Partido Revolucionario Institucional permitieron al presidente Calderón sortear algunos de los más importantes diques a los que se enfrentó en el gobierno.

Desde los frentes priista, perredista e incluso panista, se pensaba que la solidificación de los acuerdos traería como resultado una gobernabilidad más pareja para todos. Parecería, en aquellos momentos, que el PRI encontró en el PAN a un gobierno aliado con el que tratarían de caminar juntos para detener el avance de una izquierda entonces radicalizada que conducía el ex candidato López Obrador.

Todo el panorama cambió el día de los llamados comicios federales intermedios. En aquel momento, el Revolucionario Institucional, que era la tercera fuerza política en el Congreso de la Unión, casi logra ganar la mayoría absoluta de las curules en la Cámara de Diputados. Acción Nacional, que en 2006 se había alzado como la primera fuerza, cayó al segundo escaño, y el PRD también perdió posiciones para colocarse como la tercera fuerza.

Cuando eso ocurrió, quedó claro que para el PAN, ahora el enemigo a vencer ostentaba un escudo con los tres colores de la bandera nacional; que el PRD tendría necesariamente que dejar de ser su enemigo para convertirse en su aliado, y que el dique se tendría que construir para detener al priista que pretendiera disputar la presidencia de la República al candidato del presidente Felipe Calderón.

No obstante, en esta recomposición de fuerzas e intereses, el PAN ya había hecho de las suyas durante la campaña. El maridaje con el priismo lo terminó ante el resultado de los comicios. Pero mientras, ya había enrarecido el panorama con sendas estrategias de hostigamiento a priistas y perredistas en las entidades federativas.

HOSTIGAMIENTO

Apenas unas cuantas semanas antes de los comicios federales de 2009, la Procuraduría General de la República consignó una treintena de expedientes judiciales abiertos por investigaciones relacionadas con delincuencia organizada, que devinieron en la detención de igual número de autoridades municipales y funcionarios estatales del estado de Michoacán.

Aunque se estableció formalmente que las detenciones eran resultado de investigaciones, de inmediato todo esto dejó ver que la tendencia era claramente electoral: el gobierno de la República, trataba de ayudar a los candidatos del Partido Acción Nacional a través de una campaña negativa en la que se utilizó la actuación de las instancias ministeriales y judiciales. Y lo peor: tal estrategia no funcionó. En los comicios, los perredistas fueron fustigados por las estrategias panistas, pero éstas beneficiaron al priismo, no a los azules. Y de todos modos, por un capricho que pretendía consolidar el poder en la figura del presidente, el país se vio envuelto en un indecoroso escándalo de persecución judicial por consigna, y por motivos distintos a los de la justicia.

PRI-PAN: MAL Y DE MALAS

Una vez erigidos en primera fuerza política, los priistas presionaron al gobierno federal para que el ejercicio del poder fuera compartido y acorde a su representación legislativa. Ante los efectos de la crisis económica, el gobierno determinó impulsar un alza de impuestos para solventar los faltantes en el gasto público. Tal incremento, necesariamente tendría que ser aprobado en el Congreso, por una mayoría que el PAN no tenía.

¿Qué hicieron? Pactar con el PRI. Éste partido, que también antepuso la agenda electoral a la de los asuntos de Estado, puso como condición que el panismo no erigiera alianzas electorales en las entidades federativas de las que los diputados priistas apoyarían el incremento de impuestos. Este acuerdo se firmó verbalmente entre el Secretario de Gobernación y varios gobernadores priistas, y por escrito ante los representantes del gobernador Enrique Peña Nieto.

¿Qué ocurrió entonces? Que el priismo impulsó un incremento al Impuesto al Valor Agregado, que dio los recursos frescos que necesitaba el gobierno federal. Y el PAN, previsiblemente, habría de respetar las abstenciones a las que se comprometió. Sólo que hubo un inconveniente: los azules siguieron adelante en su intención de coaligarse con las fuerzas de izquierda en las entidades federativas en las que habrá comicios en el presente año. Esto terminó de corromper una relación ya de por sí tensa, y finalmente estallaron las acusaciones y las descalificaciones que, de nuevo, tuvieron como punto de origen el capricho y los incumplimientos del Presidente.

PRESIDENTE CAPRICHOSO

Felipe Calderón se ha impuesto a las circunstancias, en sus decisiones. Si sabía de los efectos del quebranto del acuerdo con el priismo, era previsible que también asumiera las consecuencias. Sólo que hoy él llama a un entendimiento y conciliación que su gobierno y su partido mismos no fomentaron.

La nueva crisis en la que está sumido el país tiene que ver con la desmoralización total de la política, y el predominio de los intereses de grupo respecto a los asuntos que son prioridad para la nación. Tal pareciera que la ruptura de acuerdos y el choque impulsivo por motivos electorales, se están convirtiendo en las constantes de este gobierno federal, que cada vez busca con más desesperación las fuentes de poder que no puede obtener por la vía democrática.

Es cierto que en las guerras de poder todo se vale. Sin embargo, es aberrante que la agenda nacional esté hoy condicionada a los designios de un solo hombre, y que por la contraparte esté también adherida al calendario electoral de las fuerzas políticas. Por eso México tiene pocas posibilidades de avanzar. Porque los hombres de Estado escasean, y los hombres de partido abundan. Bien dicen, ante ello, que los llamados “políticos profesionales” en los últimos años le han hecho mucho daño al país.