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Lo previsible: Sección 22 toma natural distancia de Gabino

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+ Alianza, sólo marginal; año 2011 no será distinto al pasado

El discurso oficial previo a los comicios, y aún ahora, ha tenido un particular ingrediente de miedo: aseguran a quien quieren escucharlos, que con Gabino Cué Monteagudo habrían de figurar en cargos relevantes del gobierno estatal, personajes y grupos que participaron de hechos violentos, revueltas y radicales protestas, en contra de los gobiernos priistas. Uno de esos “villanos favoritos” es Flavio Sosa Villavicencio. Y otro, de primer orden, es la Sección 22 del SNTE.

En más de una ocasión, seguramente cualquier oaxaqueño ha escuchado cuestionamientos como estos: “¿Te imaginas a Azael Santiago Chepi como director del IEEPO? ¿O a Flavio Sosa como secretario de Gobierno, o jefe de la Policía?” Argumentos así, en realidad, sólo los esgrimen quienes buscan sembrar el miedo a partir de inducciones tendenciosas, o quienes, por ingenuidad, desconocen las posturas e intereses reales tanto del grupo que gobernará la entidad a partir del mes de diciembre, como de esos personajes y grupos que se aparecieron como sus aliados de coyuntura en el pasado proceso electoral.

Ocupémonos particularmente de la Sección 22. Desde hace 30 años, esta organización ha transitado desde la lucha estrictamente gremial, hasta asumirse como un grupo social y político, que busca transformaciones e intereses más profundos que los de sus solos integrantes. En función de ello, sus planteamientos están enfocados no sólo a participar de sus procesos y luchas internas por cuestiones laborales o económicas, sino también a ser un participante activo, y decisivo, en las decisiones y rumbo político de la entidad. De ahí parte la participación política y electoral que han tenido en Oaxaca en los últimos años.

Particularmente, en este proceso comicial se le trató de vincular tanto al priismo como a la oposición. En las semanas previas a la jornada electoral, se aseguraba que el magisterio mantendría sus acciones de protesta por lo menos hasta el día de los comicios, porque esa era su forma más activa de participar en el proceso democrático. No obstante, el argumento que más permeó entre la población, y que es también el más cercano a sus planteamientos, es el relativo a que apoyarían a las fuerzas de oposición, con tal de lograr la alternancia de partidos en el Gobierno del Estado.

Ese apoyo no declarado a la causa de Gabino Cué Monteagudo, seguramente sí ocurrió dentro del magisterio. Sin embargo, aún frente a esa posibilidad, es erróneo suponer que dicha alianza será duradera, y que a partir del año próximo el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca será totalmente entregado a la 22; o que, por el contrario, para 2011 ya no habrá marchas, plantones, paros o manifestaciones radicales por parte de los profesores democráticos. Quien supone eso, simplemente está equivocado.

Era previsible que la posible alianza entre el magisterio y la Coalición opositora fuera sólo coyuntural. Los unía el adversario común —en el caso de la 22 no sólo de la disidencia, sino de la mayoría de sus integrantes— que es el PRI y la actual administración estatal. Pero si el objetivo de los partidos es llegar al poder, el de un grupo como la 22, es luchar por sus intereses sin crear alianzas incondicionales, y sin importar que quien gobierne sea de ideologías o postulados cercanos a los suyos.

Así, una vez que asuma el cargo de gobernador, por naturaleza Gabino Cué buscará preservar el poder que le fue conferido; y la 22 volverá a sus prácticas naturales de disidencia, cuestionamiento, crítica y exigencia. Y como los democráticos tienen aún muchas demandas pendientes, poco a poco irán marcando su distancia, y los cuestionamientos que tengan hacia el nuevo gobierno.

POSTURA CRÍTICA

De acuerdo con la vieja usanza, era práctica común que al iniciar las negociaciones anuales entre el Gobierno del Estado y la dirigencia de la Sección 22 del SNTE, unos y otros establecían las peticiones que eran posibles de cumplir, pero que al mismo tiempo los representantes oficiales cooptaran, por medio de sumas millonarias de dinero o concesiones de impunidad, a los líderes sindicales. Con esto, respondían a algunas demandas magisteriales, y la misma dirigencia de la Sección 22 se encargaba de evitar que las movilizaciones y acciones de presión se radicalizaran.

Esa “tradición” hoy parece estar agotada. Aún ahora, es común saber que en cada negociación entre el gobierno estatal y la dirigencia de la Sección 22, existen sobornos y compra de conciencias. Sin embargo, la posibilidad de que esa cooptación cupular desactive el radicalismo magisterial, es mínima. La razón está en que hoy, los democráticos tienen sus verdaderos órganos de dirección en los grupos que controlan la Asamblea Estatal, y no en la dirigencia formal.

De este modo, Azael Santiago Chepi puede o no tener tratos con el gobierno estatal, o incluso servir a él. Sin embargo, más allá de sus posturas e intereses particulares, las brutales inercias internas de la 22 lo están llevando a fijar una postura crítica tanto hacia el gobierno actual, como respecto al de Cué Monteagudo.

En recientes declaraciones, Santiago Chepi ha dicho, por ejemplo, que “somos ajenos al tema de transición, al gubernamental, a las estructuras de gobierno, a los temas administrativo, económico, jurídico y de procuración de justicia. Y somos ajenos porque nuestro movimiento es autónomo, porque la Sección 22 ya cumplió, ya impulsó el voto. Ya la voluntad del pueblo está resguardada (…) Seguiremos manteniendo la misma relación que hemos mantenido desde nuestra conformación hace 30 años: de lucha, exigencia ante las injusticias, demandas y con la voluntad de construir los acuerdos para que atiendan nuestros rezagos que en varias materias, nuestro compromiso es que educación sea libre (…) Hay mucho por hacer y el movimiento magisterial seguirá con su lucha (…) nuestras jornadas son permanentes e independientes de lo político.”

¿Qué pensar frente a ello? Que para la 22, la alianza sí fue meramente coyuntural; y que por eso, nada garantiza que en 2011 no se repitan las historias de radicalismo, protestas y acciones de presión por parte de la Sección 22 al nuevo gobierno. Ya lo veremos.

ECONOMÍA UABJO

Aseguran que no por ser una escuela discreta, la de Economía en la UABJO está exenta de problemas y posibles actos de corrupción. Es, dicen, una pequeña cloaca que no podrá estar sellada para siempre. Pronto abundaremos.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

De 3 mil 300 mdp, no de 2 mil, déficit del IEEPO: Samael Hernández

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Adrián Ortiz Romero C.

Alejado del alarmante discurso político, el investigador sobre temas educativos, Samael Hernández hace una disección exacta del problema presupuestal que enfrenta el rubro educativo en Oaxaca. Asegura que aún cuando el déficit del IEEPO es mayor al que hasta ahora se ha manejado en la prensa oaxaqueña, la solución no necesariamente se encuentra en recortes salariales o despidos entre el magisterio, sino en que el gobierno federal tenga la voluntad política para reconocer las necesidades económicas reales del rubro educativo. Apunta que este problema creció por las negociaciones paralelas que desde hace dos décadas entabla la Sección 22 con los gobiernos estatal y federal, pero advierte que la nuestra, no es la única entidad que enfrenta este tipo de problemas. Regularizar el presupuesto educativo, dice, es la tarea principal de la nueva administración estatal.

-¿A cuánto asciende el déficit que enfrenta el Instituto Estatal de Educación Pública?

De acuerdo a nuestras estimaciones, y a la proyección de cierre que se hace del presupuesto por parte del IEEPO, el monto real asciende a 3 mil 337 millones, además de 300 millones de pesos de lo que se denomina “adeudo histórico del SAR”; lo que hacen un déficit estimado de unos 3600 millones de pesos, al finalizar el presente año.

-¿En qué año se registra por primera vez este déficit?

En el año de 1994, por una causa en particular. Desde mediados de los años ochentas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público canceló toda posibilidad de abrir nuevas plazas de Personal de Apoyo a la Educación, en todo el sector educativo. Este tipo de plazas, son las que corresponden al personal administrativo y de apoyo a la labor docente, que labora en las instituciones educativas pero no frente a grupo. Año con año, la demanda educativa aumentó junto con el número de escuelas que se ponían en funcionamiento. Eso hacía necesario que junto con el personal docente, fuera necesario seguir contratando a nuevos trabajadores para que cubrieran las labores administrativas.

Hasta antes de 1994, el presupuesto educativo estatal, tenía la capacidad de cubrir las plazas de personal de apoyo, que se creaban por el IEEPO al margen de las disposiciones del gobierno federal, para satisfacer las necesidades del sector que, junto con la demanda educativa, continuaba creciendo. Así, este primer déficit que se registró en el año de 1994, durante la gestión del gobernador Diódoro Carrasco Altamirano, fue resultado de las disposiciones de austeridad decretadas años antes por el gobierno federal, que no atendían el crecimiento y las necesidades reales del rubro educativo en las entidades federativas.

-¿Y cómo fue entonces que dicho déficit fue aumentando hasta llegar a sus niveles actuales?

Este problema se fue incrementando, conforme la Sección 22 del SNTE comenzó a plantear demandas más elevadas al gobierno de Oaxaca. Esto fue parte de las pugnas que surgieron entre ellos. Y fue cuando comenzó la crisis presupuestal de la educación en la entidad. Una de las demandas más recurrentes del magisterio oaxaqueño, en los años siguientes a 1994, fue la de incrementar el número de plazas de apoyo a la educación para satisfacer las necesidades de personal en las escuelas. En menos de una década, ese déficit inicial de 300 millones de pesos, se incrementó hasta alcanzar los 800 millones.

-¿En todo este tiempo se han intentado soluciones?

Sí, claro. Por ejemplo, en el año de 1999 se firmó una nota técnica —que fue en su momento muy comentada en la prensa oaxaqueña— entre representantes de las Secretarías de Hacienda y Educación Pública, por parte del gobierno federal, y del Instituto Estatal de Educación Pública y la Secretaría de Finanzas, del gobierno de Oaxaca, en la que se acordó la realización de una revisión escrupulosa al número y situación de plazas docentes y de apoyo que existían en Oaxaca, para iniciar también un proceso de regularización del presupuesto que recibía la entidad para la educación. Lamentablemente, faltó voluntad política posterior para cumplir con esos objetivos.

-¿De dónde surge esta negociación anual que entablan la Sección 22 del SNTE y el gobierno de Oaxaca, cuando a nivel federal también el SNTE y la SEP hacen lo propio, y esa negociación tendría que ser la única?

Fíjate que no ha quedado claro legalmente, hasta ahora, qué implicaciones laborales tiene hecho de que el que el gobierno de Oaxaca aparezca como “patrón sustituto” del gobierno federal frente al magisterio. Esto significa que la Secretaría de Educación entrega los recursos para que sea el gobierno estatal quien pague a los profesores, pero también para que sea quien negocie con el sindicato magisterial.

Así, cuando esto ocurre, el gobierno estatal negocia en representación de la SEP, pero también la Sección 22 lo hace en nombre del titular de su gremio, que es el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE. Esto generó un problema interno en el magisterio, porque al haber una pugna entre la Sección 22 y el Comité Nacional del SNTE, no existió la posibilidad de acuerdo entre ambos grupos. De este modo, cuando el gobierno estatal alegó al magisterio oaxaqueño que los titulares de la relación laboral (es decir, la SEP y el SNTE) ya habían acordado, éstos obviamente no aceptaron, porque la Sección 22 no reconoce al CEN del SNTE.

Así, lo que la Sección 22 planteó es que se tenía que hacer una negociación independiente. ¿Por qué? Porque el magisterio oaxaqueño asumió que el nuevo patrón era el gobierno estatal, lo cual no es del todo cierto. Por eso, bajo esa presunción, presentaba un pliego petitorio adicional al que presentaba el SNTE al gobierno federal. Había así, dos pliegos petitorios. Pero eso ocurrió en todo el país, no sólo en nuestro estado. Y cabe decir que de eso, todos los gobernadores se quejan, pero todos terminan negociando.

-¿Y de dónde obtiene recursos el gobierno estatal para esas negociaciones extraordinarias con la 22?

El gobierno de Oaxaca mantenía comunicación con el federal. Éste fijaba un monto límite para que la administración estatal negociara con la Sección 22; los maestros oaxaqueños lo que siempre exigían era un incremento adicional a lo logrado en la negociación federal. Así, por política sindical, si el SNTE había logrado un incremento del 4 por ciento, ellos exigían a Oaxaca dos o tres puntos adicionales, como para demostrar que eran más eficaces que la dirigencia nacional, con quien tienen pugnas. Entonces, entre gobiernos se acordaba un margen posible para esta segunda negociación. Y el objetivo central de la Sección 22 era el incremento extra.

El problema es que aquí entra un problema legal. Porque existe un cuadro de prestaciones para los trabajadores de la educación, que es imposible de modificar tanto por el gobierno de Oaxaca, como por la Sección 22. Entonces se comenzó a negociar fuera de dicho marco. Es decir, fuera del salario y prestaciones que fija el gobierno federal. Por eso estos acuerdos son de otra naturaleza. Porque para eso se acuñó el concepto de los bonos de productividad, que no corresponden más que a los famosos “días adicionales”, que recibe el magisterio oaxaqueño independientemente del salario que fija el gobierno federal.

-¿En qué consisten esos bonos?

Bueno, en realidad se han armado varios “paquetes” de bonos. Uno fue el del día del maestro, y gradualmente se fue incrementando hasta llegar al monto actual, que son 15 días adicionales de salario; se estableció otro bono como complemento al aguinaldo, que también se fue incrementando paulatinamente hasta llegar a los 50 días que actualmente se les pagan entre diciembre y enero, independientemente del aguinaldo de 40 días que fija el gobierno federal. Así es como se forman los famosos 90 días de aguinaldo, que recibe actualmente el magisterio oaxaqueño. Esos 50 días son complementarios; pero formalmente no son parte de dicha prestación.

-¿Y económicamente, cómo se solventaron estos compromisos?

En un principio, anualmente se comunicaba a la Federación el monto de lo negociado, y éste entregaba los recursos extraordinarios, bajo el concepto de “apoyo a cierre de ejercicio”, para poder cumplir durante todo el año. Y repito, todos los estados de la República ocupan este mismo esquema. Así ocurrió hasta 1999. Pero al año siguiente, cuando llega el PAN a la Presidencia, este esquema se complica. Esto porque la nueva administración foxista se negaba a entregar dichos recursos bajo el concepto de “apoyo al cierre”. Y optaron por los “anticipos de calendario”, que es una aberración, porque eso sí crea un pasivo a la Federación, al ser una deuda no autorizada.

Así ocurre desde entonces. El problema es que el monto del déficit crece cada año, en la misma proporción en que aumentan los salarios y los compromisos de pago del gobierno estatal con el magisterio. Y por esa razón, el monto del famoso “adelanto de calendario” que cada año extiende el gobierno federal, va también en aumento.

-¿Y cómo solucionar de fondo este problema?

El déficit no sólo tiene que ver con los incrementos salariales que recibe el magisterio oaxaqueño —que sí están muy bien pagados—, sino con la voluntad política del gobierno federal para reconocer que las necesidades presupuestales son mayores a las que cada año se asignan a Oaxaca. Es decir, que si sumamos a los 12 mil 800 millones de pesos que la Federación contempla, los 3 mil 337 millones de déficit, el presupuesto total para la educación tendría que ser de unos 16 mil millones de pesos.

Por todo ello, se equivocan quienes sostienen, en la retórica política, que el déficit educativo en Oaxaca es de 2 mil millones de pesos, y que es necesario ir a pedir esos recursos a la Federación. El IEEPO siempre ha cumplido en tiempo y forma con sus deberes; no es necesario “conseguir” el dinero, porque éste siempre lo ha aportado el gobierno federal. El problema que deben atacar, es que esos recursos ya no sean transferidos como “apoyos a cierre” o como “anticipos a calendario”, y se revise y regularice el presupuesto del sector educativo. Esa es la tarea.

A Felipe Calderón, con su gabinete, se le cae el panorama

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+ Críticas a sus decisiones, signo de un país menos resignado

Casi a la mitad de la semana, el presidente Felipe Calderón Hinojosa decidió hacer tres ajustes a su equipo principal de trabajo. Removió a Fernando Gómez Mont de la Secretaría de Gobernación, a Patricia Flores Elizondo de la Oficina de la Presidencia, y a Gerardo Ruiz Mateos de la Secretaría de Economía. Haciendo uso de sus facultades constitucionales, recibió acaso una de las más severas andanadas de crítica. No sólo por sus decisiones, sino por lo achicado que, deja ver, está su gobierno; y por el costo que esto puede representar, en todos los sentidos, para un país tan desgastado por su política presidencial, como México.

En efecto, el 14 de julio hubo nuevos secretarios de Gobernación y Economía, y nuevo Jefe de la Oficina de la Presidencia. En el primero de los cargos, el presidente Calderón nombró a José Francisco Blake Mora; en Economía a Bruno Ferrari García de Alba, y en la Oficina de Presidencia, a Gerardo Ruiz Mateos. Los tres cambios, constituyeron ajustes no en la búsqueda de un mejor desempeño, sino como una suerte de control de daños ante las insuficiencias del mismo. En el caso particular del ex secretario Gómez Mont, éste había sido sometido a un proceso brutal de desgaste orquestado desde la misma presidencia, debido a las diferencias que sostenía con el Presidente de la República en el desempeño de sus funciones.

El mismo 14 de julio, un artículo del periódico Reforma cimbró al gobierno federal, motivó especulación respecto al origen, firmante y destinatario; y, por si fuera poco, provocó también una rara carta aclaratoria por parte de la coordinación de comunicación social de la Presidencia de la República. Dicho artículo estaba firmado por el mismísimo Claudio X. González Guajardo, presidente de Fundación Televisa y personaje de amplia ascendencia en el mundo empresarial del país.

En el texto, que puede ser consultado en el sitio web de Reforma, González hace un recuento del pasado político de Calderón, de su obsesión por alejar al PRI del poder político, y de su camino hacia la Presidencia. Pero una vez asumido en el cargo, sostiene lo siguiente:

“Inicia su Presidencia en medio de presiones inmensas y en un periodo relativamente breve, pierde a su hombre de mayor confianza, Juan Camilo Mouriño, y se desacelera la economía mundial de la que México es tan dependiente (a partir de mediados del 2008). Eso limita su accionar. Por otro lado, Felipe, siempre profundamente desconfiado (marca del opositor a ultranza) elige mal a su gabinete. Calderón es un árbol bajo cuya sombra no crece nada. Su decisión de combatir a la delincuencia organizada vinculada al narcotráfico, correcta y valiente, cerca la posibilidad de atender otros temas torales. Su mejor hombre, y el único con autonomía en el gabinete, Fernando Gómez Mont, presenta una iniciativa política de primera importancia. Otro allegado, Lozano, prepara una valiosa propuesta de reforma a nuestras anquilosadas leyes y prácticas laborales-sindicales. Pero ambas iniciativas son ‘boicoteadas’ por un Felipe Calderón que ante el panorama de las recientes elecciones en 14 estados y obsesionado por marginar al PRI del poder evacúa la Primera Magistratura para asumir las riendas de su verdadero amor: el PAN. No nos engañemos, César Nava no dirige nada -es el operador de Felipe Calderón.”

FCH: LÍDER PANISTA

Claudio X. González continúa asegurando, en otra parte de su texto que “dejar la Presidencia de la República y optar por la presidencia del PAN es muy costoso para México y los mexicanos. Pero es en el PAN donde Felipe Calderón manda y está a sus anchas. Lástima por el país que necesita profundas reformas en los ámbitos educativo, político, de seguridad, laboral, fiscal, energético y en tantos otros. Su obsesión por evitar que el PRI regrese al poder en el año 2012 ha llevado a Calderón incluso a pactar alianzas con el PRD y otras fuerzas políticas que desdibujan la propuesta y programa de gobierno de aquellos estados en donde la alianza resultó triunfante en las recientes elecciones. Pero lo más oprobioso, deja en el limbo las reformas que como Presidente de México debería encabezar.

Y concluye: “Ha terminado la etapa de Felipe Calderón como Presidente de México y comenzado la segunda etapa de Felipe Calderón como presidente del PAN. Lástima. De ahora en adelante, con la connivencia de Felipe Calderón habrá que esperar al año 2012 para ver avances en lo que a los mexicanos nos interesa: reformas que nos den mayor preparación, competitividad, equidad, justicia, movilidad social, desarrollo y seguridad. Quizá Felipe Calderón, presidente del PAN, se salga con la suya y evite que el PRI regrese al poder en el año 2012. Ese desenlace, incierto, podría parecerle positivo a muchos. ¿Pero qué va a ser de la administración pública durante los próximos 2 años? A México le urge moverse para adelante pues la inercia y mediocridad en la que estamos nadando de poco o nada nos sirve. ¿O me equivoco?”

Esto provocó, de entrada, que el columnista Miguel Ángel Granados Chapa asegurara que Televisa destronaba a Calderón. Esto por la relación que tiene el autor de dicho texto con el consorcio televisivo, y el claro mensaje institucional que se estaría enviando a través de él. A esto, González exigió a Granados que “no le quite la palabra”, y dijo que esto no era “destronar” a nadie, sino la exigencia de un ciudadano a su gobierno. Más raro aún, que la misma presidencia de la República enumerara, en una carta aclaratoria, los puntos en los que considera erróneos los planteamientos antes citados.

¿Qué revela eso? Que esta inconformidad, es apenas un ápice de la crítica ciudadana por los bajos perfiles y las malas decisiones que el presidente Calderón está incluyendo en su gobierno. Es cierto que está dentro de sus facultades constitucionales, la de remover a sus colaboradores. Pero el México de hoy, no es el del pasado que asumía a pie juntillas cualquier determinación por cuestionable que ésta fuera.

SIGNO POSITIVO

No necesariamente debemos transitar por la ruta de que el Congreso tome el control del Ejecutivo, ratificando a todos los Secretarios de Estado. No nos confundamos. Lo que es dignamente exigible es que el Presidente no haga, como ahora, las dependencias federales en el asiento de todos sus amigos, independientemente de la eficiencia de cada uno de ellos. La crítica no es por sus facultades, sino por lo poco conscientes que son sus decisiones.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

La crispación innecesaria, puede llevar los ánimos políticos al límite

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+ Confrontación entre Ulises y Gabino, ya parece innecesaria

Hoy en Oaxaca, parece innecesaria una confrontación abierta entre adversarios políticos, cuando la más importante de las batallas, la electoral, está prácticamente definida, y los riesgos de la violencia, asimismo conjurados. En efecto, una vez que pasó lo más álgido del proceso electoral para renovar la gubernatura del Estado, parecen estar resurgiendo y avivándose los ánimos de confrontación entre el gobernador Ulises Ruiz, y el mandatario electo, Gabino Cué Monteagudo. En ambos grupos, y en ambos personajes, debe caber la mesura y el entendimiento, porque si antes no lo fue, éste tampoco debe ser momento para la riña.

El proceso electoral actual, comenzó no sólo entre signos claros de inestabilidad entre las fuerzas políticas, sino que, sobre todo, éste arrancó amenazado por el fantasma de la inconformidad y la violencia. Desde el inicio, entre los grupos de oposición, se alinearon diversos factores que en otro momento encarnaron la violencia, y se hicieron de un discurso en el que aseguraban que en esta ocasión no permitirían “un nuevo robo” del triunfo que les pertenecería; y que, por tanto, habrían de defenderlo no sólo a través de las vías institucionales, sino también de la movilización social.

Por el lado del oficialismo, el fantasma de la violencia también parecía latente. No por sí, sino a través de otros grupos paralelos, en más de una ocasión se amagó con la siembra de la incertidumbre entre la población, a partir de métodos como la colocación de artefactos explosivos que eran hallados antes de detonar, o las amenazas de que si resurgían grupos como la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, se contrarrestarían sus acciones a través de los mismos métodos que ellos ocuparan.

Era también común escuchar entre los oficialistas, la versión de que ante una inminente derrota, buscarían “reventar” la elección. Es decir, provocar un conflicto violento que hiciera imposible la celebración de los comicios. En aquella lógica, esto daría más tiempo al priismo para replantear su estrategia y buscar conseguir un triunfo que no habría logrado en el primer intento.

Como esas, versiones corrieron en grandes cantidades en el escenario político local, antes y durante los meses de campañas proselitistas. En algunos momentos, ocurrieron confrontaciones violentas entre grupos de militantes de fuerzas políticas distintas, o en ámbitos paralelos al del proceso electoral formal. Finalmente, ninguno de los vaticinios achacados a la oposición y el oficialismo en Oaxaca se cumplió, y ocurrió una contienda electoral marcada por una civilidad que por momentos parecía hasta increíble.

El ánimo violento que se esperaba de ciertos grupos de oposición, nunca ocurrió. Del mismo modo, aquellos vaticinios que aseguraban que el priismo buscaría reventar la elección, también resultaron ser falsos. Incluso, el día de la jornada electoral hubo un clima predominante de calma, que permitió que los votantes tuvieran la confianza de acudir a las urnas.

Lo más increíble de todo, y para bien de Oaxaca, es que una vez conocido el resultado de los comicios, el candidato ganador, es decir, Gabino Cué Monteagudo, remarcó una actitud de prudencia frente a la tendencia que le era favorable; en esa misma lógica, fue ejemplar el modo en cómo Eviel Pérez Magaña demostró su vocación democrática y de civilidad, al reconocer, pocas horas después de los comicios, que sus posibilidades de triunfo eran inalcanzables.

Había, incluso para el día y la noche de la jornada electoral, temores por una posible explosión de la violencia, generada por una inconformidad en los resultados. Pero los mismos números conjuraron cualquier posibilidad de confrontación. Pero hoy, cuando todos los riesgos importantes de inestabilidad habrían sido superados con éxito, los grupos de poder parecen estar elevando, innecesariamente, su nivel de confrontación.

RIESGO INNECESARIO

Apenas unos días después de haber ocurrido la jornada electoral, el candidato ganador, Gabino Cué Monteagudo, comenzó a lanzar dardos, que quizá habrían sido innecesarios, a la administración estatal. En uno de sus mensajes, aseguró que su gobierno no se hará cargo de ninguna obra que no esté concluida y que presente irregularidades; en otra, aseguró que el gobierno estatal preparaba una basificación masiva de unos cinco mil trabajadores de confianza, para provocar un daño a las finanzas estatales futuras; la cuestión más compleja —más allá de los nombres de los integrantes y las tareas encomendadas a cada uno de ellos— tiene que ver con la conformación de su llamado “equipo de transición”, con el que pretendía comenzar con el proceso de entrega-recepción de la administración gubernamental estatal.

El problema, en este asunto, no está en la enumeración de errores, en la denuncia, o en los intentos por comenzar la “mudanza” entre administraciones. No. El problema está en que esos puntos han sido puestos con poca mesura en la escena local, y están sirviendo para generar confrontación en donde no debería existir. Veamos dos de los tres casos que mencionamos en líneas anteriores.

La denuncia sobre la basificación masiva de trabajadores de confianza, generó ya un foco de inestabilidad, que lo mismo puede ser genuino que inventado. Anteayer mismo, unos doscientos trabajadores de las Unidades Móviles para el Desarrollo, bloquearon los accesos al estado Benito Juárez, en demanda del otorgamiento de 200 bases, a través de las cuales ellos tuvieran estabilidad laboral.

Aseguramos que lo mismo es una protesta real, que algo orquestado desde el oficialismo, porque tal protesta resulta de un señalamiento vertido por quienes están tratando de tomar acciones sobre una administración que, les guste o no, aún no está en sus manos. Tal protesta, en esa lógica, podría ser una “constatación” al público de que la imprudencia genera una inestabilidad social, y protestas, que ya nadie desea.

TRANSICIÓN RETARDADA

En esa lógica, está también generando fricciones los llamados a iniciar el proceso de entrega-recepción. Independientemente de que cualquiera de las partes tenga o no razón, lo que parece claro es que cada una, por su lado, debe comenzar los preparativos para las tareas que les corresponde. Esa cuestión, no debe ser motivo para la trifulca. El gobierno saliente debe poner en orden la entrega; y el entrante, establecer las prioridades, el plan de desarrollo, sus políticas públicas y mucho, mucho, antes de la entrega-recepción.

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PRI: ¿porqué pese a votación histórica, perdieron comicios?

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+ Autoexamen de sus prácticas a ras de tierra, explicaría todo

En medio del desconcierto por la derrota, en el Partido Revolucionario Institucional ahora tratan de justificar sus buenos resultados, en una poco limpia operación de sus adversarios, y en un ejercicio electoral inusitado por parte de ciertos sectores de la ciudadanía. En efecto, contrario a lo que pudiera pensarse, al seno del tricolor niegan el rechazo ciudadano, el voto de castigo, e incluso el fracaso de su operación de ingeniería electoral. Impermeables a la autocrítica, e instalados aún en la soberbia, aseguran que todo fue consecuencia de factores externos y no de sus fallos.

De acuerdo con el resultado final de la jornada para elegir Gobernador, la Coalición Unidos por la Paz y el Progreso (PAN, PRD, PT y Convergencia) obtuvo 733 mil 783 votos, mientras que la Coalición por la Transformación de Oaxaca (PRI-PVEM) captó una votación de 613 mil 651 votos. La diferencia entre uno y otro es insuperable. Nada menos que 120 mil 132 sufragios. Los opositores ganaron de modo irrebatible, a unos priistas que aún no alcanzan a comprender cabalmente la derrota.

A nivel de la ciudadanía, este resultado rápidamente encontró explicaciones. Un poco por sentido común, y otro por coincidir y secundar el discurso de los partidos de oposición, en muchos corrillos no políticos se dijo que todo eso era el resultado de lo convulsionado que habían sido los últimos años para Oaxaca; se dijo también que esto era también un cobro de facturas por los agravios inferidos a la población por el conflicto magisterial de 2006; por la impunidad, por la corrupción, por los excesos en que incurrieron ciertos personajes de la alta cúpula del tricolor; por las traiciones, y por la soberbia que predominó en no pocos de ellos.

Esto parecía lógico. En la reciente votación ocurrida en Oaxaca era evidente que había salido a votar mucho más electores de los previstos; que esa gran masa de potenciales votantes que nunca se reflejó ni en las encuestas ni en las previsiones de los partidos, fue la que inclinó la balanza a favor de los opositores; y que, seguramente, todos esos votantes emitieron su sufragio a favor de la coalición opositora.

Además, también se estableció en las trincheras no políticas, que al interior del tricolor habían costado caro las trifulcas internas, la forma tan dolorosa en cómo los priistas “parieron” a su candidato a Gobernador; la negativa sistemática de éste a desmarcarse tajantemente de sus antecesores; y el modo tan poco aseado y cercano a la gente en cómo, en procesos meramente cupulares, designaron a sus candidatos a diputados y ediles.

Así, en la lógica del ciudadano común, lo que quedaba claro es que fueron éstos quienes le cobraron las facturas al gobierno y al partido gobernante a través del voto de castigo, y no un fallo en la operación electoral del tricolor, lo que lo llevó a la derrota. Por eso, más allá de las estructuras formales de las fuerzas opositoras y del posible “acarreo” postelectoral, muchos espontáneos salieron a festejar el triunfo opositor desde la misma noche del 4 de julio.

SOBERBIA TRICOLOR

Sin embargo, en el tricolor no piensan así. Para ellos, aún en la derrota, el PRI de Oaxaca demostró la efectividad de su operación de ingeniería electoral; reiteró que tiene la capacidad de obtener los márgenes de votación que se proponen; e incluso se dicen satisfechos e integrados a las próximas tareas de su partido en otras entidades federativas en las que habrá comicios en 2011. Estos argumentos son parcialmente ciertos, aunque aún cargados fuertemente del tufo de soberbia y suficiencia que tanto daño les ha provocado a los priistas en los últimos años.

Así, por ejemplo, los tricolores de cúpula niegan tajantemente la posibilidad de que en Oaxaca haya ocurrido un voto ciudadano de castigo. Aseguran que eso es imposible, porque el voto de castigo ocurre, y se demuestra en los resultados, cuando una votación posterior, es menor a la anterior inmediata. Es decir, que para ellos, el voto de castigo hubiera ocurrido en el caso de que en la votación de 2010 hubieran obtenido menos votos que en la de 2004. Para fundar ese dicho, aseguran que mientras hace seis años obtuvieron 534 mil votos, en la presente llegaron a más de 610 mil sufragios.

Del mismo modo, aseguran que para ellos el resultado de los comicios no es un fracaso, porque su piso de votación era de alrededor de 460 mil votos. Es decir, que para sus cálculos, obtuvieron más de 150 mil votos de lo mínimo que esperaban obtener. Dicen que todos sus asesores les indicaban, a través de cálculos matemáticos, que con 600 mil votos sería suficiente para ganar la elección, y que eso fue lo que obtuvo la operación de su estructura territorial. No contaron con los votantes indecisos, que sólo resolvieron acudir a las casillas electorales, en el momento mismo de la jornada electoral.

Y por si fuera poco, aseguran ¡que la oposición los superó en las prácticas de ingeniería electoral! Aceptan en lo privado que, como siempre, ellos establecieron una estructura electoral que funciona con dinero, y que tiene como objeto la compra del voto; pero señalan que ahora los operadores de la Coalición opositora traían más dinero y más margen de maniobra que ellos, y que por esa razón incluso se pudieron agenciar —es decir, comprar— “casillas zapato” en las que el tricolor no obtuvo un solo voto.

Es posible que parcialmente tengan razón. Sin embargo, junto a esos argumentos tendrían que preguntarse por qué esos más de cien mil electores indecisos, que los hizo perder esta elección, prefirió a la Coalición que abanderó a Gabino Cué Monteagudo; por qué su candidato, Eviel Pérez Magaña, no logró generar un capital político propio para no dejar todo el trabajo a la estructura de su partido. Es grave que frente a las circunstancias, los priistas asuman posturas chovinistas que sólo los llevan al autoengaño, y a mantenerse en el error, por soberbia, voluntariamente. Algo por demás grave.

¿VANDALISMO TRICOLOR?

En varias zonas de la ciudad, han aparecido pintas exigiendo que “la burbuja” no tome el control del PRI. Esto pareciera una reedición de los peores tiempos del priismo juvenil, que estaba más cerca del porrismo y vandalismo, que de las propuestas. ¿Es coincidencia? ¿O será que el líder del FJR, Francisco Ángel Maldonado Martínez, está recurriendo a las prácticas sucias que hace poco criticaba?

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Para la procuración de justicia, 2006 en Oaxaca es un tema que duele

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+ Garantizar la no impunidad: una expectativa casi imposible

El nuevo gobierno deberá ser cuidadoso en cuanto a las expectativas que está creando sobre la procuración de justicia. El gobernador electo, Gabino Cué Monteagudo, ha reiterado que no permitirá más actos que queden en la impunidad, y para muestra dijo que se reactivarán las investigaciones sobre los hechos presuntamente constitutivos de delitos, relacionados con la revuelta magisterial y popular ocurrida en 2006. Debe haber cuidado y cautela para establecer qué hechos emblemáticos serán indagados, cómo se abatirá la impunidad, qué medidas se tomarán para reforzar a la Procuraduría estatal, y sobre todo, qué relación establecerán con los grupos sociales con quienes históricamente el gobierno ha negociado la impunidad.

El asunto no es menor. Hoy, a través del tantas veces citado “bono democrático” —que no es más que la aceptación popular que tiene un gobierno en ciernes, basada en las expectativas de que logrará grandes beneficios sociales y políticos, y un cambio respecto a sus antecesores—, el gobernador electo Cué ha establecido algunas de las directrices sobre las cuales arrancará su gobierno, y que en realidad no corresponden más que a diversos reclamos abanderados en los últimos años por los grupos sociales que apoyaron su candidatura, y por los partidos que lo postularon.

De ahí que si uno de esos reclamos es el de la impunidad que la permitido y fomentado la actual administración, y el punto emblemático de ese aspecto son algunos hechos ocurridos durante el conflicto social y político 2006, entonces ese binomio es el que habrá de representar el cambio en la postura gubernamental respecto a la procuración de justicia. El problema, en realidad, es que satisfacer la expectativa del cumplimiento de la ley, y el castigo puntual a quienes delinquieron y reprimieron los movimientos sociales, conlleva altísimas complejidades para su cumplimiento, que no deben ser pasadas por alto.

Vayamos por partes. En realidad se equivoca, o se engaña sola, la procuradora María de la Luz Candelaria Chiñas. Aún cuando asegura que para la Procuraduría General de Justicia del Estado, los episodios presuntamente constitutivos de delitos relacionados con la revuelta magisterial de 2006 son un caso cerrado, porque fueron investigados y concluidos en las instancias correspondientes, lo cierto es que, en sentido contrario, ha sido prácticamente nada lo que se ha investigado al respecto.

En este sentido, la procuradora Candelaria Chiñas pretende evadir la discusión de fondo: para asegurar lo anterior, dice que “los excesos en los que se haya incurrido se investigaron en su momento y se abrieron las indagatorias correspondientes, pero han concluido”. Esto, únicamente en relación a los ex mandos policiacos José Manuel Vera Salinas y Manuel Moreno Rivas. Pero más allá de ellos —cuya participación resulta ser sólo una de las aristas de un conjunto de episodios violentos como los del 2006—, queda una larga estela de agresiones, muertes, persecuciones, desapariciones y hostigamiento sobre los cuales nada ha resuelto positivamente el Ministerio Público del Estado.

En esta lógica, si el nuevo gobierno tiene voluntad para investigar los hechos del 2006, tendrá que llamar a cuentas de nuevo no sólo a quienes fungían entonces autoridades ordenadoras y ejecutoras de los operativos y las acciones imputadas al Gobierno del Estado.

Pero sobre todo, deberá desempolvar todos los expedientes por los delitos cometidos en aquellos meses aciagos, y directamente relacionados o conexos con la revuelta magisterial, para dar respuesta puntual de justicia no sólo a quienes desean ver sujetos a proceso a ciertos ex servidores públicos, sino también a todos los que aprovecharon el vacío de autoridad y la percepción de ingobernabilidad, para cometer otros delitos que igualmente agraviaron y movieron a la sociedad a exigir justicia, sin que hasta ahora hayan tenido respuesta.

MUCHO QUÉ INDAGAR

Si la voluntad es genuina, y no existen pactos oscuros para mantener en la impunidad ciertos hechos o a ciertos personajes, entonces el gobierno del gobernador Cué tendría que crear una instancia ministerial que, como ha ocurrido en numerosos gobiernos de transición, son conocidas como “comisiones de la verdad”. A partir de ello, podría reescribirse y comprenderse un episodio convulsivo de la historia reciente de nuestra entidad, y se podrían establecer con puntualidad los testimonios, los hechos constitutivos de delitos, y los responsables civiles y gubernamentales de cada uno de ellos, para luego ser llamados a cuentas, y procesados conforme a derecho.

Durante el conflicto magisterial y popular de hace cuatro años, hubieron más de dos decenas de muertos. De ellos, sólo el homicidio de Lorenzo San Pablo Hernández, ocurrido el 21 de agosto de 2006 en las inmediaciones de la barricada que se ubicaba en la calle de Nezahualcóyotl, en la colonia Reforma de esta capital oaxaqueña, es probadamente responsabilidad de agentes ministeriales, que entonces participaban en un operativo de limpieza de calles, y que por ese hecho fue luego denominado por los grupos inconformes como “caravanas de la muerte”.

Fuera de aquel homicidio, existe otra veintena que no ha sido indagada ni procesada ministerialmente; además de ello, existen varios miles de expedientes que contienen acusaciones de civiles respecto a daños, quebrantos y agresiones sufridas durante el conflicto; existen también procesos judiciales respecto a diversos participantes en el movimiento social, que ni han sido sobreseídos ni han sido concluidos, y que más bien se mantienen congelados gracias a acuerdos políticos. Todos esos hechos, incluido el de Lorenzo San Pablo, se mantienen en la más abominable de las impunidades, gracias a que nadie ha tenido la voluntad para reactivarlos.

Por eso, el nuevo gobierno debe tener cuidado con las expectativas que crea sobre la impunidad, sobre la procuración de justicia, y sobre estos hechos. Como en los otros casos, del tamaño de la promesa, debe ser la respuesta. Si no, incluso en esto, el desencanto les cobrará facturas costosas.

¿PREMIO A QUÉ?

Por cierto, hace dos días una barra de Abogados otorgó un reconocimiento “al mérito” al secretario General de Gobierno, Evencio Martínez Ramírez. ¿Mérito? ¿A qué? Como procurador, lo único que fomentó fue la impunidad sobre todo lo antes comentado; ahora, en su nuevo encargo, sigue la encomienda de negociar la ley. Cuánto mérito.

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Gabino Cué: el reto social de Oaxaca no tiene precedentes

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+ No dar la razón a gobiernos endebles: el mayor de sus retos

El domingo, Gabino Cué Monteagudo recibió su constancia de mayoría, que formalmente lo acredita como gobernador electo de Oaxaca. En dicho documento, se asienta que fue respaldado por alrededor del 54 por ciento del total de votantes que acudieron a las urnas. Es decir, que unos 730 mil electores lo favorecieron con su voto. Ante el triunfo inobjetable de su causa política, y la legitimidad que le brinda un triunfo de esas características, dos preguntas son fundamentales de responder ante el planteamiento de su programa de gobierno: ¿cómo diferenciarse, para bien, de las gestiones anteriores? Y sobre todo, ¿cómo cumplir las expectativas que generó su candidatura, y su propuesta democrática y de gobierno?

De acuerdo con las cifras registradas en la jornada electoral del pasado 4 de julio, resulta evidente que Gabino Cué obtuvo el triunfo debido no sólo al trabajo electoral —limpio y sucio— que el bloque de partidos de oposición pudiera haber realizado para apuntalar su candidatura, sino también porque un sector determinante del electorado (el llamado voto volátil, o indeciso) resolvió sí salir a votar el día de los comicios. Más allá del llamado “voto duro” que trabajó cada una de las fuerzas políticas, fue claro que esa franja de electores fue la que marcó la diferencia en el resultado electoral.

En este sentido, aseguran quienes conocen el comportamiento de los procesos electorales, que de acuerdo con la experiencia internacional, cuando en un régimen se disputan el poder la continuidad frente a la posibilidad de un cambio, y la franja de electores indecisos resuelve acudir a las urnas, normalmente éstos votan a favor de la alternancia, y son quienes determinan el sentido del resultado. Eso fue lo que, en una de las vertientes, ocurrió en Oaxaca. Es lo que ha pasado en otros escenarios de México y varios países de América Latina, en los que se llega a la alternancia a través de los cauces institucionales, y no de la violencia como ocurría en el pasado.

No obstante, más allá de ese comportamiento de un sector del electorado, tendríamos que preguntarnos por qué los indecisos deciden votar por la alternancia. La respuesta está lejos de ser un descubrimiento: la gran mayoría de ese voto volátil llegó a esa categoría, luego de desencantarse del partido gobernante, y tomar conciencia de que los cambios son saludables, cuando existen opciones alternativas viables.

El problema, en realidad, no llega cuando el votante no comprometido con cierta causa política, decide votar por una alternancia que en realidad no está bien sustentada. En la experiencia mexicana y latinoamericana, se tienen registros precisos de que el agotamiento de los regímenes alineados a los llamados “designios estadounidenses”, a las políticas económicas internacionales, y a los modelos más identificados con los partidos de centro y de derecha, fue lo que abrió la puerta a gobiernos de alternancia, pero que no por ello fueron mejores que los anteriores.

Así, en innumerables casos el desencanto con esos gobiernos permitió que sus adversarios vendieran ilusiones irrealizables, a través de promesas de gobiernos de izquierda no alineados, que en realidad explotaron exitosamente el desánimo y la inconformidad del electorado con sus gobiernos, y se convirtieron en opciones políticas exitosas a través del uso del populismo como herramienta de legitimación. En el ámbito internacional, el caso de Venezuela, con el presidente Hugo Chávez, acaso es el mejor ejemplo de esta situación. Y en México, existen también no pocos casos de gobiernos de alternancia que, por la preservación de sus vicios e ineficacia, resultaron ser mucho más nefastos que sus antecesores.

GOBIERNO DIFERENTE

En Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo tendrá la nada sencilla tarea de cumplir con las expectativas que generó como candidato a Gobernador, pero sin caer en los extremos antes mencionados. No deberá convertir su administración en una copia al carbón de las anteriores, pero tampoco aferrarse a posiciones populistas, que lejos de resolver los rezagos, en realidad generen más problemas sociales y políticos de los que ya existen en la entidad.

En ese sentido, deben ser claras y precisas las respuestas que brinde a los ciudadanos. Por citar un ejemplo, si el Gobernador electo ya se comprometió a que su gobierno estará integrado por los hombres y mujeres mejor calificados que tiene la entidad para la gestión pública, debe dar pasos sustanciales no sólo para establecer reglas y requisitos claros para realizar esas nuevas contrataciones, sino también para regular la situación laboral de los miles de trabajadores de confianza que hoy tiene la administración estatal.

Veamos el asunto a detalle. Aquí, cualquier persona que ha laborado en alguna dependencia municipal y estatal, sabe que los requisitos de contratación son esencialmente discrecionales, en cuanto a los trabajadores de confianza. Es decir, que independientemente de que existan algunos criterios, esto, en todas las dependencias estatales, queda casi por completo al arbitrio del titular de la misma.

Esto genera, por un lado, un alto grado de inestabilidad laboral para esos trabajadores, que conservan su trabajo muchas veces en función de circunstancias ajenas a su desempeño laboral; y por el otro, esa discrecionalidad también alimenta algunas de las prácticas que tanto reprueba la sociedad no sólo en Oaxaca, sino en el país. Es decir, que las personas sean contratadas por amistad o por compromiso, pero no por tener experiencia y capacidad probada en las tareas públicas a desempeñar.

Así, en Oaxaca debería existir un servicio profesional de carrera que regulara toda esa situación. Y, sobre todo, debería existir un compromiso firme del nuevo Gobierno para cumplir cabalmente con esas regulaciones. El mejor ejemplo de que por sí solo el establecimiento del mecanismo no funciona, se encuentra en el gobierno federal, en el que el presidente Felipe Calderón está rodeado, en los más altos cargos del gobierno federal, no de los mexicanos más eficientes y preparados, sino de sus mejores amigos.

RESPUESTAS CLARAS

Las expectativas deben ser satisfechas con respuestas claras y puntuales, no con espejismos. Un gobierno diferente sólo se logrará con la materialización de las promesas hechas en campaña. Es decir, que esas promesas se conviertan en leyes y prácticas. Si no, del tamaño de la expectativa habrá de ser el fracaso.

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Eviel a dirigencia priista: tras él, consolidación de lo peor

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+ Tricolores no entienden el fondo del castigo de ciudadanos

Acostumbrados a torcer y manipular sus estatutos y normas internas, ahora mismo un grupo de priistas va tras una nueva empresa cuestionable en Oaxaca. Un sector del PRI —importante pero descalificado por los resultados de la elección del 4 de julio pasado— pretende imponer al ex candidato a Gobernador como nuevo dirigente estatal del tricolor. Esto, independientemente de las cuestiones estatutarias, se convierte en un verdadero problema cuando se calcula el futuro desalentador que le esperaría a un tricolor convertido en partido opositor y sin gobierno.

En efecto, durante a lo largo de la semana anterior creció la versión, en los más altos círculos del poder, que una vez concluido formalmente el proceso electoral, el aún Jefe Político de los priistas buscaría consolidar un enroque importante en las estructuras partidistas, para que el senador Adolfo Toledo Infanzón abandonara la dirigencia estatal del tricolor y le entregara la estafeta al diputado federal con licencia, Pérez Magaña. La justificación sería sencilla: si éste fue respaldado en las urnas por un importante número de oaxaqueños, aún en la derrota, tendría la legitimidad suficiente como para asumir el liderazgo tricolor y encabezar los trabajos para reestructurar el partido y organizar los procesos electorales siguientes.

Esa decisión, a simple vista, parecería hasta positiva. No así que, en primer término, los priistas de nuevo tuvieran que torcer sus estatutos y forzar la toma de decisiones internas que se basan en cálculos infundados y caprichos; y que, en segundo término, fueran los grupos y “líderes políticos” más descalificados y cuestionados —y que en gran medida son los responsables de la desgracia priista— quienes estuvieran prestos para tomar el control del partido.

Ambas vertientes, que son las que se tratarían de satisfacer con ese cambio, no harían más que minar al tricolor más de lo que ya está. Porque para efectos prácticos del grupo gobernante, la cuestión estatutaria es lo de menos. A lo largo del presente sexenio, cuando menos en siete ocasiones hemos visto cómo, más que reglas que deben cumplirse, los estatutos partidistas han sido un traje a la medida de las decisiones del Jefe Político, lo mismo que la voluntad de los emisarios que han fungido como dirigentes del PRI en los términos, ritmos y circunstancias que la decisión de una sola persona ha marcado.

Así, ninguna de las dirigencias priistas en los últimos años, ha satisfecho a cabalidad los requisitos y métodos que marcan los documentos básicos del tricolor, para renovar la dirigencia estatal. Las elecciones, y prelaciones, no han sido más que una grosera pantomima, en la que todos han jugado a una democracia de pésimo calado.

En estas circunstancias, lo que realmente minaría al priismo sería el nuevo acto de avasallamiento. El senador Toledo Infanzón asumió la dirigencia priista como parte de los arreglos posteriores a la designación del candidato a Gobernador; a pesar de ser el más aventajado en las encuestas, fue marginado y desacreditado en dicho proceso, y sólo aceptó la dirigencia priista para, hasta ahora, cargar con las peores prácticas y los peores resultados que se han visto en el priismo.

Independientemente de su voluntad, decisión e intereses, él como dirigente permitió y legitimó innumerables imposiciones y decisiones erróneas en cuanto a la definición de candidatos a diputados y presidentes municipales; permitió que dichas postulaciones se “jinetearan”, se negociaran, y se comercializaran, para ser entregadas —como en el caso de la propia candidatura a gobernador— no al mejor prospecto, sino a quien mejor respondía a los intereses del grupo, aún siendo el peor candidato.

Hoy, las nuevas circunstancias (es decir, la derrota electoral y el fin del sexenio) paulatinamente harán disminuir la influencia avasalladora del Jefe Político. No obstante, éste continúa tratando de imponer implacablemente sus decisiones. Pero será decisión del senador Toledo permitir o no que, en menos de cinco meses, lo dobleguen de nuevo para imponer a un nuevo líder priista.

IMPONER LO PEOR

Si Toledo Infanzón se resiste a abandonar su cargo partidista actual, y lo doblegan, eso podría provocar la ruptura que no ocurrió en febrero pasado, cuando le pasaron por encima, y luego él lo legitimó, para imponer al candidato a Gobernador. Lo acepten o no, moral y políticamente eso sería fatal para un PRI que hoy de por sí se encuentra cuestionado y debilitado.

Pero si, independientemente de que Toledo ceda o lo dobleguen, llega el diputado Pérez Magaña a la dirigencia priista, con él arribará a la estructura formal de ese partido, un grupo de personajes que, al ser perfectamente conocidos, se sabe que aportaron muy poco a la edificación de un PRI fuerte, pero mucho a la desacreditación profunda de las prácticas y la fama pública del tricolor entre los electores oaxaqueños.

En efecto, el plan inmediato de lo que se conoce como “la burbuja”, consiste en colonizar y adueñarse del priismo local y sus sectores. Por eso, estarían buscando que el ex candidato Pérez asumiera la dirigencia priista: para que sus principales operadores, consejeros y manejadores, asimismo asumieran las respectivas dirigencias de los sectores y organizaciones del tricolor, y desde ahí continuaran “teniendo presencia” en la escena política, ejerciendo los recursos económicos que se les transfirieran desde alguna otra entidad priista, y controlando “los destinos” de ese partido.

Esos personajes son, en buena medida, los que con su soberbia, corrupción e ineptitud, llevaron al PRI a la debacle actual. Son los mismos que “coordinaron” sin eficacia alguna la campaña proselitista, los que se impusieron como caciques regionales para imponer a sus incondicionales en candidaturas; los mismos que por unos meses se creyeron faraones y dueños del futuro de Oaxaca… y que fueron regresados a su disminuido tamaño real, al calor de la voluntad popular y los resultados electorales. En esas manos quedaría el priismo. Ese es su plan.

EJERCER LIDERAZGO

Eviel Pérez Magaña, y sus principales incondicionales, tienen un compromiso importante en la diputación federal oaxaqueña. Que demuestren ahí su arraigo con Oaxaca y su liderazgo político. Lo mismo el senador Toledo en sus funciones legislativas. Ninguno tiene sustento suficiente como para asumirse como “salvador” del priismo oaxaqueño.

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Insensibilidad con militancia, otro factor negativo de PRI

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+ Militancia agredida: algo que tricolores no pueden negar

Uno de los problemas que más se acusa en la derrota del Partido Revolucionario Institucional del pasado 4 de julio, es la insensibilidad de sus líderes y dirigentes para atender y procesar los llamados a la cordura y a la reconsideración que, en más de un caso, lanzaron a gritos sus militantes. Antes y durante las campañas proselitistas, hubieron numerosas voces de inconformidad, que constituían señales de alerta que nadie pareció ver, hasta que fue tarde.

¿Por qué estas señales de inconformidad y enojo que nadie atendió en el PRI? porque tal parece que en los últimos años, el PRI mantuvo intacta aquella vieja tradición que lo hacía ser un partido de verticalismos, en el que manda una sola persona y todas las demás atienden disciplinadamente sus designios. El problema, en todo esto, es que si dicho partido mantuvo intactas sus prácticas y verticalismos, la sociedad no se mantuvo en esa dinámica, y más bien ha buscado formas distintas en el ejercicio de la política.

Habría que concatenar dos preguntas: ¿Por qué ese triunfo tan contundente, que no se esperaba ni se vaticinaba, del candidato de la Coalición Unidos por la Paz y el Progreso, Gabino Cué Monteagudo? Y ¿Por qué tan honda y tan contundente la tendencia negativa del priismo? La respuesta está en el mensaje enviado, recurrentemente, a los electores. Gran parte de la respuesta a estos cuestionamientos, se encuentra en el control, y el descontrol, en el manejo de la suficiencia y la soberbia.

No sería exacto decir, en términos de polarización, que quienes integraron la coalición opositora no pecan de soberbios de cuándo en cuándo; o que todo lo hecho por el priismo estuvo plagado de soberbia y de indiferencia hacia la opinión real de los electores militantes, y de quienes definieron su voto hasta el momento de estar en la casilla. El problema es que mientras la soberbia de los primeros, es decir, de los hasta ahora opositores, no fue más que un asunto dirimido y exhibido entre particulares, los segundos dejaron ver en toda su magnitud que lo que menos les importaba era la opinión del voto incondicional y del volátil, que decidió el sentido de su voto al momento de encontrarse en la casilla o de marcar la boleta.

Ejemplos hoy, a la distancia, pueden verse en abundancia. Sólo en algunos municipios como Santa Cruz Xoxocotlán, Santa María Huatulco y el mismo Oaxaca de Juárez, dejaron ver que el sentir de los electores, para ellos, era lo de menos. En cada una de esas demarcaciones, hubo manifestaciones claras de rechazo a la imposición. En Huatulco, por ejemplo, debido a que el candidato elegido por el PRI para representarlos, era el que menos trabajo de bases y aceptación popular tenía; aún contra todo, lo impulsaron gracias a un engañoso acuerdo cupular que luego trataron de replicar con los demás aspirantes, que aparentemente se disciplinaron, aunque en nada abonaron a la posible victoria de un hombre sin posibilidades.

Algo similar pasó en Xoxocotlán. Ahí, los arreglos turbios, los intereses económicos y las actividades poco claras que ocurren todos los días al amparo de la autoridad municipal, desplazaron a cualquier forma de democracia interna. A todos los de la cúpula priista con algún interés en dicho municipio, les convenía que el sucesor de Argeo Aquino fuese alguien del grupo y no un ajeno. Eso determinó una candidatura que, para todos menos para ellos, era inviable. Y los resultados están a la vista.

De Oaxaca de Juárez ni se diga. Beatriz Rodríguez nunca figuró entre las personas que hicieron permanentemente trabajo social y político en las bases del priismo de la capital oaxaqueña. La decisión a su favor, fue una más de las emitidas por los verticalismos. Nadie se explicó cómo la postularon, por qué, y para qué. No se rodeó de las personas ni de las estrategias correctas. Además, no tenía el sustento necesario como para pensar que podría lograr un extra en la votación. Todo lo hicieron a nivel de cúpula, acuerdos y declinaciones. Pero muy poco en cuanto al trabajo territorial. Y el resultado está a la vista.

CRÍTICA CIUDADANA

Hace unos días, en el blog de esta columna (http://wp.me/IlC9), un lector dejó un comentario (el cual se puede revisar, en su redacción original, en la dirección electrónica http://wp.me/pIlC9-bx) que vale la pena reproducir porque, a nuestro juicio, representa el sentir de muchos priistas que fueron marginados del trabajo político, y desoídos en sus consideraciones. Lo asentado, no dista mucho de lo que cualquiera de nosotros escucha cotidianamente sobre la derrota priista.

“Creo que Oaxaca merecía un cambio en la gubernatura y con lo que sucedió en días anteriores y las noticias de hoy en todos los medios, dieron vista de que realmente la gente común como nosotros o ‘el populacho’ dijo en las urnas lo que no podía hacer en la vía pública porque luego interviene la ‘ley’”

Muchos Priistas apoyamos este cambio de estafeta, porque la burbuja que traía Eviel manoseo las candidaturas a concejales y diputaciones en el estado, dejando muchos cuadros valiosos que saben sudar la camiseta en el trabajo de campo en las comunidades, dícese dirigentes natos en las regiones, dirigentes partidistas y los mismos cuadros que están dentro del mismo partido que no fueron llamados para hacer un trabajo real. Solo los tenían abandonados y sumidos en las oficinas sin margen de maniobra para resolver los diferentes problemas que tenía la ciudadanía que llegaba al partido revolucionario, quizás porque los encasillaron con un jefe al que los mismos priistas hicieron a un lado al no jugar de manera limpia a la hora de tomar decisiones, cuando eran 6 los candidatos y que este último no participó mas en estas elecciones al hacerse a un lado por la traición, sabe a quién me refiero.”

ESCARMIENTO

“Bueno Lic., leyendo sobre la “Titis” creo que no tenemos nada porqué que estar tristes el que haya perdido una persona que no representa a los que vivimos en la capital, llevando dentro de la planilla a un individuo como Israel Ramírez Bracamontes, quien es el que invadió las calles con los ambulantes y si eran gobierno, “regularía” a los comerciantes callejeros, ¡Por favor! Es esto una burla a la inteligencia a los que sufrimos por esta invasión callejera. Me alegro que no estén festejando el triunfo que esperaban.” Hasta ahí el comentario, que tiene nombre y firma, aunque para este efecto lo reservamos, pero que pudo haber redactado casi cualquier priista oaxaqueño.

“Rebelión” en el PRI: a nadie debería sorprender los roces

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­+ Cambio de actitud: legitimación no llegará por inmovilismo

Más de uno se sorprendió cuando Javier Villacaña Jiménez exigió hace dos días que la coordinación de la próxima bancada del Partido Revolucionario Institucional, recaiga en alguno de los ahora diputados electos que obtuvieron su curul por el principio de mayoría relativa, y rechazara con ello que el edil citadino con licencia, José Antonio Hernández Fraguas, encabece la bancada. Independientemente de cualquier conflicto personal que exista entre ambos personajes, es evidente que ahora, ante las circunstancias, el tricolor sí debe modificar sustancialmente las formas en que toma sus decisiones importantes.

Una de las bases en que se sustenta el principio de la representación proporcional, dice que los candidatos a diputados por ese principio constituyen los intereses que la cúpula del Partido desea involucrar en el trabajo legislativo. Es decir, que si los candidatos propuestos por el principio de mayoría relativa —que son los que ganan los comicios a través del trabajo territorial en el distrito respectivo que representan— llevan consigo la voluntad y la aceptación directa de la población votante, los llamados “plurinominales” son quienes materializan la posibilidad de que las bases ideológicas del instituto político sean plasmadas en el trabajo legislativo que se realice.

Se entiende, teóricamente, que si los diputados de mayoría no necesariamente deben tener un alto grado de preparación y sustento académico, político y de la ideología del partido que representan, los de representación proporcional sí están obligados a ello. Los primeros, pues, tienen la legitimidad directa de los electores; y los segundos serían quienes complementarían la labor, con las propuestas y el “trabajo legislativo fino” que los primeros naturalmente no tendrían capacidad de hacer, pero que el partido espera de sus diputados para hacer válidos sus postulados.

De este planteamiento —que no es el todo, pero que sí representa una parte de los argumentos en que se basa la existencia de la representación proporcional—, parecería que ya nadie se acuerda. Según lo que hemos visto desde hace décadas en el sistema político no de Oaxaca, sino del país, es que la representación proporcional asegura las cuotas para las cúpulas, y los grupos y factores de poder y decisión dentro de cada partido, pero que muy pocas veces esas curules de representación proporcional son entregadas a personajes verdaderamente preparados o de amplia trayectoria dentro del partido, y que por esa razón serían garantía de un trabajo legislativo y de un debate de altura dentro de la Cámara en la que participaran.

Esa es una práctica que, en buena medida, el priismo no ha podido desterrar de sus tradiciones políticas: no sólo la de entregar las curules de representación proporcional en base a criterios de grupo y de reparto de cuotas, sino también la de definir los liderazgos en base a las conveniencias del grupo, pero no de la trayectoria y el verdadero consenso interno entre quienes integran el grupo a representar.

Es decir, que lo predominante es una práctica abierta de verticalismos y decisiones no consensadas. Eso se entiende y se explica, sin embargo, en medio de un sistema en el que una sola persona tiene todas las riendas del grupo; pero no en un escenario en el que el poder y el grupo quedaron maltrechos y cuestionados, y en el que existen voces que llaman no a mejorar o empeorar las prácticas prevalecientes, sino simplemente a cambiarlas.

Todos los que en algún momento se quejaron, por ejemplo, del verticalismo en el que se eligió a Francisco Rojas como coordinador de la bancada priista en la Cámara baja del Congreso de la Unión, ahora tampoco deberían sorprenderse de que, en un escenario totalmente distinto, surja una voz que llama a tomar en consideración no sólo las decisiones impuestas, sino los liderazgos reales que podrían existir dentro de ese partido.

ESCENARIO INÉDITO

Ciertamente, José Antonio Hernández Fraguas representa un liderazgo importante dentro del priismo; pero para efectos del escenario que tiene ante sí el tricolor y la próxima bancada priista del Congreso del Estado, ese liderazgo es simplemente inexistente y carente de cualquier grado de legitimidad. Recuérdese que la posibilidad de que él encabezara no sólo a la bancada, sino que fungiera como Presidente de la Gran Comisión, surgió a raíz de un acuerdo cupular, y particularmente en la negociación para el otorgamiento de la candidatura a gobernador.

¿Qué significa esto? Que independientemente de cuáles hayan sido los acuerdos previos, el resultado de la elección deslegitimó a todos los que ocuparon sitios de relevancia en la coordinación de la campaña, y que por tanto se debe hacer una nueva evaluación de la correlación de fuerzas, y una nueva redistribución de los espacios de decisión. En ese contexto, los liderazgos hechizos o consensados cupularmente, pero no legitimados por la fuerza de los votos, tendrán poca cabida y poca utilidad para el PRI de los próximos tres años.

Nadie duda, en ese sentido, que Hernández Fraguas pueda hacer un trabajo excepcional al frente de la bancada, y más cuando lo que habrá de definir el funcionamiento y el éxito de la próxima Legislatura, son precisamente los consensos y la posibilidad de generar acuerdos. Sin embargo, independientemente de que recaiga o no en él la posibilidad de la coordinación de la bancada, lo que es necesario es que esa decisión sea consensada y no reproduciendo los vicios y los verticalismos que los llevaron a la derrota.

Villacaña Jiménez propuso que la coordinación de los priistas recayera en Martín Vásquez Villanueva o en David Mayrén Carrasco. Los tres, al igual que Hernández Fraguas, han demostrado ser sólidos cuadros del priismo con capacidad para emprender esa misión. Pero sea cual sea la decisión y el método, lo que deben demostrar es que tienen la capacidad de ponerse de acuerdo más allá de las decisiones de un jefe político. Como en todos los demás casos, si logran convertir la crisis en una oportunidad, pero no en oportunismo, entonces habrán de tener un escenario más equilibrado y claro para el futuro.

COORDINACIÓN FEDERAL

Si Eviel Pérez Magaña está dispuesto a retornar a su curul, sería ideal que lo hiciera y que demostrara que la derrota no lo demuele. En las dos ocasiones que ha sido diputado, ha tenido intermitencias que no hacen más que poner en duda su trabajo y representación. Este sería el momento de demostrar lo contrario.

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