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Informe EPM: primer termómetro de la sucesión

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+ Ausencia de aspirantes: porque no existe acuerdo

 

La noche del pasado martes, el diputado federal Eviel Pérez Magaña presentó un informe de actividades, a nombre de la bancada oaxaqueña del PRI en la Cámara baja del Congreso de la Unión. El acto, en sí mismo, estuvo cargado de mensajes para la clase política priista, pero también para los demás actores y fuerzas que participarán en el proceso electoral estatal de julio próximo. Fue una muestra de las más importantes flaquezas y fortalezas que tiene el tricolor frente a sí mismos, y ante sus competidores.

Es evidente que, por las circunstancias y el momento en que ocurre, el informe legislativo del diputado Pérez se inscribe no sólo en la dinámica parlamentaria o aún electoral, sino que ocurre en el umbral de una definición partidista —la más importante del sexenio— que, de acuerdo con todas las señales, es favorable a su causa. En ese contexto, dicho evento contó con todos los elementos —buenos y malos— de la práctica política que es “tradicional” en el priismo de Oaxaca. ¿Por qué?

Porque ahí, nuevamente se dejó ver que la institucionalidad del priismo continúa siendo superior a los cuestionamientos por su verticalidad y antidemocracia; y más bien, en la clase política actual, parece seguir existiendo un férreo sentido de disciplina en el que, a muchos, independientemente que les guste o no que un diputado federal organice inusitadamente un informe de labores —o que dicho acto sea el contexto en el que se aparece como el potencial candidato a la gubernatura del Estado—, se alinean a los designios de su partido y de quien sería su candidato.

Eso fue exactamente lo que ocurrió la noche del martes. Un número importante de servidores públicos, representantes populares, líderes partidistas y demás, acudieron arropar a quien el Jefe Político escogió para sucederlo en el cargo. Es decir, todos los que han comprendido a cabalidad, no sólo que la militancia política en un partido significa congruencia e institucionalidad, sino también que este es el momento adecuado para sumarse a un proyecto que, independientemente de las preferencias y las lealtades, significa la continuidad de las oportunidades, el empleo, y el acceso al poder.

Así, lo que se dejó ver en dicho informe, es la consumación de un proyecto político en el que nunca estuvo en duda el apoyo de las fuerzas disciplinadas e institucionales, pero que ahora tendrá que buscar la porción de legitimación que le hace falta entre todos aquellos grupos que no sólo responden a la institucionalidad sino que, aún siendo parte esencial de ese partido —y de quienes han acompañado al gobernador Ulises Ruiz en su liderazgo político—, tienen convicciones, proyectos y definiciones distintas.

Ahí es donde radica el mayor de los retos para la empresa electoral del diputado Pérez: hacer patente que su proyecto político es verdaderamente extensivo hacia todas las corrientes de su partido, y que tiene la voluntad no de continuar avasallando en las definiciones, sino de conciliar y construir un bloque que pueda ir unido a enfrentar a sus adversarios reales, que se encuentran en la oposición.

Hasta hoy, no son del todo tangibles las muestras de esa voluntad y de esa vocación por la unidad y la conciliación entre sus mismas filas. Si bien es cierto que aún faltan muchos capítulos por escribirse, ahora sí el diputado Pérez debía comenzar a comprender seriamente que, en su voluntad y más allá de ella, no es la soberbia lo que construye.

Para ellos mismos, sería un error considerar que por la concurrencia y las muestras de adhesión, el evento del martes fue la confirmación de su triunfo al interior y que, a partir de ello, no son necesarias las muestras de voluntad de conciliación entre los sectores que se habrían quedado en el camino. El informe, así, fue una muestra representativa de los dos polos del priismo: el que ya sabe para dónde va; y el que estuvo ausente y que, ante las circunstancias, es indispensable para todos sumar. No olvidemos que ninguno de los otros cinco aspirantes, acudió al evento.

SUMA PAREJA

¿Por qué no acudió a dicho evento el senador Adolfo Toledo Infanzón, el edil José Antonio Hernández Fraguas, el diputado federal Jorge Franco Vargas y los secretarios José Antonio Estefan Garfias y Martín Vásquez Villanueva?

En un primer momento, podría considerarse que por una cuestión de salvaguarda del decoro y la dignidad, en un momento crítico del proceso para elegir al candidato a Gobernador en el PRI. Sin embargo, esas ausencias son, sobre todo, una muestra clara de cómo las complejidades en la negociación esa candidatura, han superado por mucho la disciplina que ya mostraron algunos grupos y sectores del priismo.

Hasta donde es posible establecer, por menos cuatro de los cinco personajes antes mencionados, se han resistido a aceptar las decisiones que ya prácticamente ha tomado el Jefe Político del priismo. Gran parte de esa resistencia, tiene que ver con la exigencia de que el proceso interno del tricolor sea una auténtica contienda interna. Pero también, en realidad, esa aparente incomodidad radica en que no se han utilizado los canales adecuados para hacer llegar esa decisión a los destinatarios.

Más allá de la distancia normal que debe existir entre los que participan en una competencia como esta, lo que parece es que esa falta de conciliación adecuada es lo que ha llevado a varios de los aspirantes a la resistencia. Mientras desde el más alto nivel no se construya esa “operación cicatriz”, y se continúe en la lógica de primero decidir para después arreglar los quebrantos, las brechas se seguirán ensanchando y las posibilidades de una auténtica cohesión se irán disminuyendo.

No denota simulación, o decoro político, la ausencia de los cinco aspirantes en el informe del diputado Pérez Magaña. Si con alguien le falta construir la llamada “unidad priista”, es con ellos. Solo, quiera o no reconocerlo, y sea o no él el candidato, no tendrá todas las posibilidades de afianzar el triunfo en las urnas.

 

ALGUNOS DETALLES

Al evento acudieron prácticamente todos los diputados federales del PRI por Oaxaca, excepto Jorge Franco, Manuel García Corpus, y Jorge González Ilescas. Durante el desarrollo del mismo, quienes trataron de hacerse notar en todo momento, con risas burlonas y actitudes imprudentes, fueron el diputado local Antonio Amaro Cansino y el coordinador de Delegaciones de Gobierno, Alejandro Avilés. También, fue de llamar la atención la presencia del subsecretario de Administración, José Villalobos Gallegos. Ver para creer.

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AMLO: a favor y en contra de alianza en Oaxaca

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+ Doble discurso: lo más normal para los partidos

Sólo quienes no entienden que la lucha electoral en Oaxaca nada tiene que ver con las ideologías, y que más bien es una abierta guerra por la obtención —o conservación— del poder, veían como una posibilidad que la alianza opositora se rompiera por las resistencias del ex candidato presidencial perredista, Andrés Manuel López Obrador. Esto no ocurrió cuando la coalición opositora era un simple proyecto; no ocurrió cuando formalmente se gestaba. Y no ocurrió ayer, cuando todos los partidos de la izquierda y la derecha mexicana le alzaron la mano, como virtual candidato, a Gabino Cué Monteagudo.

La actitud de López Obrador, según los hechos, no es el destello de oportunismo ni mucho menos de la “incongruencia ideológica” que pudiera tener un líder partidista de su categoría, o un dirigente opositor como él. Éste, en realidad, ha sido congruente con el deseo que tiene su grupo político de obtener el poder político en Oaxaca. Y para eso ha hecho todo lo que hasta ahora.

En primer término, ¿por qué asegurar que este no es un destello de oportunismo? Porque en la oposición, como en el oficialismo del Partido Revolucionario Institucional en Oaxaca, todos los grupos y los intereses se han alineado a partir de la obtención del poder. Los tricolores, en su trinchera, aseguran que las decisiones que hasta ahora han tomado respecto de la sucesión, tienen como origen la preservación de los intereses que mueven al grupo que gobierna y administra el dinero público en la entidad. Es exactamente lo mismo que ocurre en la oposición.

¿Por qué? Porque tanto el Partido Acción Nacional, como el De la Revolución Democrática, Convergencia y el PT, tienen fijada la meta de obtener el poder a costa de lo que sea. Lo primero, y lo más importante que sacrificaron, fue justamente su legitimidad como fuerzas disímbolas. Aquí comprendieron, en toda la cabalidad, que la ideología y los principios partidistas palidecen totalmente ante el pragmatismo que justifica la lucha por el poder, independientemente de los actores y de las circunstancias.

Por esa razón, no tendría que provocar sorpresa alguna que un personaje como López Obrador diga lo que no hace, o repruebe públicamente lo que en privado avala y recomienda. Sólo quien no conoce la naturaleza misma de los institutos políticos, podría creer que éstos ponderan lo ideológico y los principios políticos, por encima de sus fines materiales. Así, una fuerza electoral que sostiene valores y fundamentos, pero que no compite verdaderamente por alcanzar o preservar el poder, es una fuerza que simplemente no existe.

Por eso aquí la alianza opositora ha sido prácticamente indestructible. El Partido Nueva Alianza se desmarcó de la coalición, como en un intento por desestabilizarla. López Obrador, por su parte, ha sido un crítico sistemático de las decisiones tomadas por los partidos que lo apoyan, y por las fuerzas políticas que lo vencieron en los comicios presidenciales de 2006. Al final de cuentas, ninguno de esos intentos ha sido suficiente para desmantelar dicha organización, porque todos tienen claro que los objetivos van mucho más allá de los idealismos y se inscriben en la urgencia de obtener un poder, que lo mismo puede servir a las mayorías, que convertirse en un botín político y económico para unos cuántos.

EL DECORO Y

LA INCONGRUENCIA

Ayer, los dirigentes nacionales del PAN, PRD, Convergencia y PT, vinieron a Oaxaca a levantarle la mano a Gabino Cué Monteagudo como candidato. Casi al unísono, López Obrador descalificaba la alianza. Parece una incongruencia que unos hagan, y otros deshagan sobre un tema en particular, pero que al final todos coincidan. Eso es lo que ocurre entre los opositores.

¿Por qué AMLO descalifica lo que muchos de sus seguidores avalan? Porque este es un intento mínimo por sostener una congruencia ideológica que, sin embargo, se ve descalificada por un doble discurso galopante, que hoy domina a todas las fuerzas políticas con presencia en Oaxaca.

Así, si López Obrador validara públicamente la alianza opositora que contenderá en Oaxaca, en los comicios de julio próximo, estaría también desmantelando sus propias banderas políticas, por las que recorre el país denunciando el fraude, el mal gobierno y la ilegitimidad del presidente Felipe Calderón. Al avalar una alianza como la que aquí existe, él mismo quedaría atrapado en las banderas a las que por tres años ha dado causa. Por eso, se ha negado —y así lo seguirá haciendo indefinidamente— a avalar de palabra la alianza en Oaxaca.

Sin embargo, ¿Esa palabra se honra en los hechos? Evidentemente no. Y es así porque es él mismo quien ha puesto todos los elementos, y ha dado todas las anuencias, para que la alianza opositora se construya en la entidad. Su aportación ha sido de casi nada: para su conformación, construyó y cedió a un abanderado (Gabino Cué), cedió a todos los operadores electorales de primer nivel que, de todo el país, vendrán a hacer el trabajo electoral para la unión PAN-PRD. E incluso, puede contabilizarse como un gesto importante, el hecho de que sólo descalifique de palabra la unión de partidos ideológicamente contradictorios, pero sin romper un solo tejido de la estructura política de los partidos que comanda.

Esta, por tanto, es una muestra más del doble discurso que hoy inunda a las fuerzas políticas. Los de la casa de enfrente, en el priismo, no pueden hablar ni de congruencia ni de compromiso con el país, cuando por sus manos han pasado, y han avalado, las negociaciones más aberrantes; en el tricolor, también existen contradicciones importantes y acciones fundamentalmente antidemocráticas en las cuales están anclando su estrategia electoral. Pero, al final, todos hablan de democracia y de legitimidad, porque —en esa lógica particular que ellos ocupan— toda lucha por el poder es democrática y legítima, por definición.

SINVERGÜENZAS

¿No les dará pena a quienes, desde el PRI y el PAN, hacen correr versiones sobre la supuesta negociación que ocurrió a finales del año pasado, en la que los tricolores condicionaron la aprobación de nada menos que el Paquete Económico —es decir, uno de los motores esenciales de la nación—, a cambio del compromiso azul de no realizar alianzas partidistas en algunas entidades federativas? por eso está tan devaluada la política en México: porque en su reducida visión, los representantes populares y líderes políticos, intercambian asuntos de Estado, que son fundamentales para la nación, por temas de política que debían dirimirse en las arenas electorales.

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Franco: cuestionamientos sobre calidad profesional

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+ Responsabilidad por usurpación: ¿En quiénes recae?

A lo largo de varias semanas, en diciembre pasado, se criticó duramente al diputado Federal, Jorge Franco Vargas, por haber ocupado el cargo de secretario General de Gobierno al inicio de la presente administración, sin contar con el título de licenciado en Derecho. La andanada de críticas surgió a raíz de una filtración a la prensa —realizada, presuntamente, desde círculos cercanos al gobierno estatal— sobre los detalles de su examen de recepción profesional, ocurrido el 17 de diciembre de 2009, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UABJO.

Los cuestionamientos, en apariencia, tenían una razón de fondo: importantes sectores de la sociedad, del gobierno y de la misma prensa, aseguraban que el diputado federal Franco Vargas, había violado lo establecido en la Constitución local, al haber ocupado un cargo para el que se requería, necesariamente, el título profesional de licenciado en Derecho, y que por esa razón todos los documentos y actuaciones administrativas en las que había estampado su firma, u obrado como legítimo representante del Gobierno del Estado, estaban afectados de nulidad.

Esto, en realidad, no es así. Y aunque, en esencia, la falta más grave del ahora Diputado Federal —y de quién sabe cuántos funcionarios y ex funcionarios más, sobre los que no se tiene conocimiento específico sobre su estatus académico y profesional— se encuentra en el ámbito de lo ético, lo cierto es que sobre una situación de esa naturaleza sí existen algunas responsabilidades administrativas, que ahora tendrían que ser reclamadas a servidores públicos que —como quienes cometen las faltas— aparentan hacer un trabajo pulcro, aunque en realidad se vuelven cómplices por omisión de quienes usurpan funciones o un título profesional que en realidad no obtuvieron.

Para entender este asunto, es necesario ir por partes. El artículo 83 de la Constitución del Estado, establece que para ocupar el cargo de secretario General de Gobierno, se requiere ser mexicano por nacimiento, tener por lo menos 25 años de edad en el momento de su designación, estar en pleno goce de derechos políticos y civiles, no haber sido condenado por delito intencional, y tener un modo honesto de vivir.

Cumplidos esos requisitos —que son extensivos a los titulares de todas las dependencias estatales, y no limitativos al cargo de Secretario General de Gobierno—, aún cuando la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo contemplara mayores requerimientos, de todos modos habría que ceñirse a lo establecido en la Constitución del Estado, porque ésta es la norma de mayor jerarquía en el ámbito estatal.

¿Y qué pasa con las diligencias, documentos y demás actuaciones en las que un funcionario firma, ostentándose con una profesión para la que en realidad no está autorizado? Que, en efecto, existe no sólo una falta administrativa sino la comisión de un delito. Pero, en el caso que nos ocupa, esta inconsistencia no reviste mayor trascendencia, justamente porque no es requisito esencial del cargo, que quien lo ocupe tenga la patente respectiva. A nivel local, al único que se le exige el título profesional de licenciado en Derecho, es a quien el Legislativo elija como Procurador General de Justicia del Estado.

DELITOS Y FALTAS

ADMINISTRATIVAS

Sin embargo, en el caso que nos ocupa sí existe, cuando menos, la comisión de un delito, y la existencia de responsabilidades que, en su momento, debieron ser documentadas no sólo en el entonces Servidor Público, sino en la misma dependencia encargado de vigilar un aspecto como este. Veamos por qué.

La fracción segunda del artículo 233 del Código Penal del Estado señala que “Al que se atribuye el carácter de profesionista sin tener titulo legal y ejerza los actos propios de la profesión” será sancionado con prisión de un mes a cuatro años, y multa de seis a treinta y cinco días. Tal precepto es el que, en su caso, habría sido aplicable a Franco Vargas como secretario de Gobierno, aunque en realidad habría que determinar si, como dice el precepto, ejerció actos propios de la profesión o si éstos fueron propios de la responsabilidad pública que entonces ocupaba. Frente a algo así, podría considerarse que el asunto es prácticamente imposible de perseguir y sancionar por parte de la autoridad judicial.

Sin embargo, junto a todo esto habría que ver por qué la Secretaría de la Contraloría nunca hizo algo para sancionarlo. Hasta donde se sabe, la revisión de la correcta integración de los expedientes en toda la administración pública local, es una de las tareas encomendadas a esa dependencia encargada del control interno del sector público, justamente para evitar que cuestiones tan simples como esas dejen cabos sueltos que luego se conviertan en problemas de mayor índole para el gobierno.

¿Irma Piñeiro Arias, secretaria de la Contraloría entre 2005 y 2006, estaba enterada que Franco Vargas no contaba con título profesional de licenciado en derecho? ¿Qué hizo para invitar al entonces funcionario a conducirse correctamente en su calidad profesional? ¿Este es, tan sólo, uno más de los rasgos en los que se definía la imposibilidad de contradecir al otrora poderoso Secretario General de Gobierno? La responsabilidad administrativa primaria, es cierto, recae en quien comete la falta. Pero también en quien la detecta y no exige que se corrija. ¿O a poco la Contraloría nunca estuvo enterada de esto?

El problema, en realidad, es que existen no pocos funcionarios que se conducen con calidades profesionales que en realidad no tienen. Es una muestra tangible de la falta de ética, responsabilidad y, sobre todo, control y autocontrol, que existe en la administración pública del Estado. Habría que preguntarse, más allá de los enconos y las filias o fobias sin fundamento, ¿cuántos casos más como éste, existieron y existen dentro de la administración pública, que hasta el momento siguen sin ser corregidos? En la respuesta a esa pregunta, podremos encontrar buena parte de la respuesta sobre el tipo y la calidad de servidores y de servicio público que tenemos en Oaxaca. Para llorar.

DOS TEXTOS

Ayer, en el diario Reforma, la periodista Denise Dreser disecciona con pulcritud excepcional la cuestión de fondo sobre los pactos entre el gobierno federal y el PRI sobre las alianzas. Un texto que no tiene desperdicio, y que valdría la pena revisar con detenimiento. Por otra parte, habría que revisar, en El Universal, otros elementos sobre la Alianza en Oaxaca, que aporta Manuel Camacho Solís. Estos textos son esenciales para un debate que, hasta ahora, ha sido de bajísimo nivel.

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Sucesión tricolor: ¿qué anuncios se esperan?

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+ Problema real: que de verdad todos se sumen

A partir de hoy comenzará a verse en qué condiciones se realizará la elección del candidato a Gobernador por el Partido Revolucionario Institucional. Las señales dadas hasta el momento, dejan ver que, si bien la decisión ya está tomada y que el proceso tendrá una apariencia democrática, en el fondo la interrogante de mayor peso se encuentra en la incertidumbre sobre la verdadera participación de todos los actores y factores de poder del tricolor, en la construcción del triunfo en los comicios de julio. En las condiciones actuales, la unidad priista podría ser declarada pero simulada. Y ese es el riesgo más alto para los tricolores.

Es evidente que, hoy, el proceso político y formal del priismo sobre la elección de su candidato a Gobernador, se juega por lo menos en dos bandas. En la primera, se encuentran todos los mensajes relativos a que la crítica y el análisis son parte de la democracia tricolor, que la unidad y la equidad están garantizadas, y que el proceso se realiza en un marco de plena legalidad, y sin mayores contratiempos.

Sin embargo, en la segunda banda se encuentra todo lo que los priistas, al menos en el ámbito formal, se niegan a reconocer: por un lado, que es un solo grupo el que ha recibido todo el apoyo gubernamental para la construcción de su candidatura, y su abanderado es quien eventualmente habrá de ser favorecido con la cargada tricolor, y la unción como candidato; y en la contraparte, se encuentran todos los agravios, los intentos de imposición, y la segregación, que hoy denuncian los otros involucrados en este proceso interno. Finalmente, todo este asunto puede terminar en fracturas reales, o en declaraciones simuladas de unidad, que engañen con la verdad y los conduzca a la derrota.

Hasta el momento, los priistas que aspiran a obtener la candidatura a Gobernador, han buscado mantener en una relativa “buena apariencia” sus posiciones. Cada uno de los señalamientos que, por separado, han realizado tanto el edil José Antonio Hernández Fraguas, como el senador Adolfo Toledo Infanzón, el ex dirigente priista Jorge Franco y el secretario de Administración, José Antonio Estefan Garfias, sobre los intentos de imposición y la inequidad que ha prevalecido, se ha tratado de contextualizar en el marco de la libertad democrática, la autocrítica y la tolerancia que prevalece en el priismo.

Sin embargo, es evidente que más allá de esas “formas políticas”, es muy poco lo que se ha podido construir verdaderamente en los campos de la tolerancia, la autocrítica y, sobre todo, la democracia. En proceso interno del tricolor ha seguido una dinámica que, en muy poco, ha podido ser modificada por los señalamientos críticos de los aspirantes, y que finalmente estará determinada fundamentalmente por la decisión del Jefe Político del priismo, y no por la competencia o cualquier rasgo de auténtica democracia que pudiera haber en dicho partido.

Ahora, cuando la convocatoria para el proceso de selección de candidato ha sido publicada —y con ello se entiende que la contienda interna está formalmente iniciada— son algunas señales claras las que dejan ver que los priistas no abandonan sus dos bandas: quien está favorecido con las preferencias del Jefe Político, ya anunció que sí se inscribirá en el proceso; y los demás, han reiterado que se encuentran “analizando” la convocatoria, y que a partir de hoy lunes, o mañana, anunciarán sus respectivas decisiones sobre su incursión en la contienda formal.

¿Qué significa eso? Que, mesuradamente, cada uno de los aspirantes que hoy “analiza” la convocatoria, está considerando lo mismo romper, que alinearse… o simular. En esas circunstancias, todo puede ocurrir.

UNIDAD EN RIESGO

¿Por qué asegurar lo anterior? Porque si bien son reales, las posibilidades de una ruptura no siempre son las más altas en una militancia como la del tricolor. Las decisiones de éstos, en la contención de su “institucionalidad” casi siempre resultan ser menos beligerantes y arrebatadas que las tomadas en otras fuerzas políticas. Sin embargo, ello no significa que la institucionalidad sea, necesariamente, sinónimo de inclusión y tampoco de disciplina. Por eso, aún con las aseveraciones sobre la “unidad del priismo” los riesgos hoy más que nunca son altísimos para ese partido.

A partir de hoy, cada uno de los aspirantes tricolores comenzará a manifestar sus respectivas decisiones. Independientemente de cuál sea el sentido de la misma, lo cierto es que entre ellos no prevalece el mejor de los ánimos. En el peor de los casos, más de uno podría anunciar su separación del priismo; en otro escenario, alguno —o todos— podrían externar su decisión de no participar en la contienda interna; en una tercera posibilidad, podrían anunciar su declinación a favor de alguno de los aspirantes; y, en el último de los casos, habrían de decidir su permanencia en el proceso para tratar de lograr la mayoría en la Convención de Delegados.

En lo objetivo, parece que no existe mayor contratiempo: se está en la víspera de un proceso legal y legitimado. Pero en el subjetivo, todos los escenarios son de riesgo: hasta donde puede percibirse, no ha habido un convencimiento claro hacia los no favorecidos, que permita suponer que finalmente éstos se sumen a quien resulte candidato. Y en esa situación, lo importante será no la postura política que finalmente asuman, sino lo que aporten a favor del candidato de su partido.

Esto último es lo que aún no ha podido construirse aún en el tricolor. Nadie puede garantizar hoy, que más allá de las declaraciones, existe un ánimo real de cada uno de los aspirantes, por sumarse al trabajo político del priismo, independientemente de que sea favorecido —y respetado— o no. Y si la toma de decisiones incluye una aplanadora que arrolle sin conciliar, en el ambiente quedará flotando siempre la duda sobre la aportación real de todo el priismo a una sola causa. Al tiempo.

APORTACIÓN CIVIL

Hoy se presentará una asociación ciudadana denominada “Oaxaca con rumbo”, que pretende proponer debates, análisis y políticas que contribuyan a mejorar la participación ciudadana en los asuntos públicos, pero sin ligarse a partidos o campañas electorales. Su directiva la integran ciudadanos oaxaqueños: Mariana Teresa Gijón Tello, abogada y ama de casa; Gerardo S. Canseco Velásquez, empresario; Miguel Ángel Morales Amaya, notario; Armando Arturo Mac Beath Amor, ingeniero, jubilado de la CFE; y Horacio Mendoza Valeriano, maestro en ciencias.

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Adopción por matrimonios gays: ¿discutir la moral?

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+ Controversias rechazadas, algo que ya se veía venir

 

Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó, por notoriamente improcedentes, tres demandas de controversia constitucional presentadas por los gobiernos de Morelos, Guanajuato y Tlaxcala, en contra de la aprobación hecha en diciembre pasado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de una reforma legal que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, y la adopción de menores por parte de éstos. Es necesario comenzar a ver, más allá de los atavismos, que la ley siempre tiene una carga moral, pero que ésta debe ser discutida en base a criterios jurídicos, y no a ideologías ni formas particulares de pensamiento.

Aunque tradicionalmente se entiende que nada ni nadie existe por encima de la ley, y que ésta no puede definirse en función de criterios morales, religiosos e incluso de ideologías o facciones (entendidas éstas como grupos, y no como camarillas). Sin embargo, es evidente que la creación misma de las normas sí está determinada por criterios morales, que se ven representados en las tradiciones que luego se convierten en normas de carácter positivo.

El matrimonio es un ejemplo perfecto. Antes de que hubiera instituciones y leyes civiles, las uniones entre hombre y mujer se encontraban encomendadas a la Iglesia Católica. Ésta era la que determinaba la mayoría de los actos civiles de las personas, y por tanto fue ésta la que estableció muchas de las reglas que hasta hoy, en todas las entidades federativas distintas al Distrito Federal, rigen a esa institución jurídica esencial en el derecho mexicano.

Veamos punto por punto. Los textos religiosos establecen que el matrimonio sirve para la perpetuación de la especie; por tanto, establecen que éste debe realizarse entre un solo hombre y una sola mujer; establece también el rechazo y la penalización religiosa del adulterio; según los criterios católicos, el matrimonio sólo se disuelve por la muerte de uno de los desposados. E incluso, fue la religión la primera que estableció condenas y segregaciones a los homosexuales, a pesar de que éstos existen desde que la humanidad se reconoce como tal.

¿Qué se desprende de todo esto? Que esas son las bases de la institución civil del matrimonio. Si acudimos al texto del Código Civil de Oaxaca, por citar un ejemplo, encontraremos que el matrimonio, por definición, es un contrato civil que se celebra entre un solo hombre y una sola mujer, con el objeto de perpetuar la especie (es decir, tener hijos) y proporcionarse ayuda mutua en la vida. El adulterio, civilmente, está penado; el divorcio es una institución relativamente novedosa, que no reconoce el derecho religioso. Y por todas esas razones, y condenas morales y religiosas, es tan chocante la posibilidad de que se puedan establecer legalmente como esposos, dos personas que tienen las mismas características sexuales físicas.

Esta podría ser una explicación —poco acabada, si se quiere— de por qué las instituciones jurídicas sí tienen una ascendencia moral importante, pero por qué ésta no es determinante para reformas como la que ocurrió en el DF sobre los llamados matrimonios gay. ¿Qué impide una reforma de este tipo? No es la naturaleza, porque como tal, la figura jurídica, social y hasta religiosa del matrimonio es una creación del hombre, a través de la cual reglamentó la convivencia y sus relaciones afectivas y reproductivas. No existen, del mismo modo, cuestiones insuperables: si bien no hay procreación natural, en los matrimonios gay sí hay ayuda mutua en la vida. Por tanto, no es viable que una simple cuestión moral limite una reforma de este tipo.

 

CONTROVERSIA RECHAZADA

Sin embargo, ningún argumento de este tipo sirvió a la Suprema Corte para desechar las controversias constitucionales presentadas en contra de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Los ministros del Máximo Tribunal establecieron que la aplicabilidad de esas normas del Distrito Federal, no tienen repercusión alguna en las entidades federativas, de cuyos gobiernos presentaron las respectivas demandas.

Ante esto, tendríamos que preguntarnos, ¿qué es una controversia constitucional? La respuesta, en sentido llano, es la siguiente: son juicios que se llevan a cabo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los cuales los poderes del Estado, y los tres ámbitos de gobierno, dirimen sus diferendos jurídicos y constitucionales, cuando consideran que una de ellas invade la competencia o las funciones de otra, y ésta se inconforma ante el Alto Tribunal.

Particularmente, en el caso de las controversias sobre los matrimonios gays, que presentaron los gobiernos panistas de Tlaxcala, Guanajuato y Morelos, parecía evidente que no había motivo para que éstas procedieran: cualquier argumento que buscasen los gobiernos de esas entidades sería poco sostenible, pues las leyes civiles del Distrito Federal sólo rigen para los actos que se celebren en su jurisdicción. Es decir, que no se puede controvertir un acto que no afecta a la esfera jurídica de quien promueve la acción.

Esa fue la razón, en realidad, por la cual la Corte dejó de lado esos juicios. En éstos, sí se pudo haber establecido ciertos criterios sobre la necesidad de revisar ciertos esquemas, como el de las adopciones. Quienes se dicen en contra de esta posibilidad, y argumentan razonadamente, aseguran que se transgreden ciertos derechos de los niños, y que se violentan pactos internacionales suscritos por México.

La única posibilidad que existe de que la Corte revise este esquema, es la Acción de Inconstitucionalidad que presentó el gobierno federal a través de la Procuraduría General de la República. Habrá de ser fundamental que el Alto Tribunal revise cuidadosamente no sólo el esquema legal, sino las implicaciones que tiene una cuestión como ésta.

Fueron altamente controvertidos los criterios emitidos cuando se revisó el tema del aborto. Aunque la controversia social también surgió por los atavismos, y no por los argumentos razonados que llevaron a los ministros a determinar que, en aquel caso, la práctica legal del aborto no era inconstitucional.

¿ROMPIMIENTO EN PUERTA?

Es ridículo que quienes han tratado de imponer sus decisiones sobre la sucesión, en el priismo oaxaqueño, ahora se asustaran por los amagos de rompimiento. Ese tipo de amenazas era la consecuencia natural al intento de aplanadora que están intentando aplicar a todos los que pretendían participar del proceso interno para la elección de su candidato a Gobernador.

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PRI y su convocatoria: expectación sin novedades

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+ “Clase política”: los dos polos de la praxis, unidos

 

Ayer, finalmente, fue emitida la convocatoria para el proceso de elección de candidato a Gobernador en el Partido Revolucionario Institucional. Dicho documento no contiene cuestiones relevantes ni estipulaciones álgidas. Más bien, corresponde a la institucionalidad del priismo. Porque dentro del tricolor, uno es el proceso en el que se establecen las formalidades, y otra la arena donde se dirimen las controversias y se llega a las definiciones sobre el rumbo del grupo en el poder. Aunque llama la atención la guerra interna que hoy está desatada en el priismo, lo que en realidad debía tenernos atentos son los resultados, y el modo en cómo se llega a éstos. Ese es el quid de esta contienda que, sin embargo, muy pocos parecen tomar realmente en consideración.

¿Por qué hablar de factores formales y materiales de poder? Porque una de las características esenciales del priismo, ha sido la de dotar de democracia las decisiones que se toman en función del poder. En este sentido, el documento que contiene la convocatoria para la elección de su candidato a Gobernador, estableció una serie de criterios que, sin ningún problema, pueden ser adoptados por cualquier militante que se sienta con los derechos partidarios suficientes como para inscribirse en el mismo. Ante su emisión, no hubo discordia alguna porque ningún punto del documento fue hecho para dar pie a las inconformidades.

Sin embargo, tomar este hecho como sinónimo de democracia, sería tanto como pecar de ingenuos. En realidad, ninguna de las formalidades esenciales de los procesos priistas tiene cuestionamiento alguno, sobre su democracia y su forma libre de determinación. De cabo a rabo, los documentos básicos del tricolor, son un ejemplo de la igualdad y la tolerancia que debía prevalecer en todos sus procesos democráticos. El problema, en realidad, se encuentra en una viciada práctica política que, ni al menos en el decoro, alcanza para honrar lo que establecen sus normas y principios políticos.

Así, hasta la tarde de ayer, y contrario a lo que se esperaba, no ocurrió ningún cisma o algún anuncio importante que contribuyera a desmantelar la “unidad” del priismo, que hoy se sostiene pero también se cuestiona. Sería absurdo que cualquiera de los aspirantes a la candidatura a Gobernador se rebelara en contra de un documento y un proceso interno que tendrá, a los ojos de la ley y la autoridad electoral, todos los elementos necesarios para darle la denominación de “democrático”.

Así, cualquier ruptura que pudiera haber en el priismo, tendría que ocurrir en otro momento, pero no el día de la emisión de la convocatoria, ni cuando se dé el registro de los aspirantes e incluso ni siquiera durante el tiempo que transcurra hasta el instante de la unción de su candidato. Incluso, cabe la posibilidad de que para entonces ya se haya construido la unidad que hoy parece imposible.

¿Por qué decir esto, si todos los días cinco de los seis aspirantes a la candidatura priista, acusan antidemocracia, inequidad y cargadas? Porque esa es una práctica que está ocurriendo en el límite, pero aún dentro de la ley. Y porque, finalmente, la institucionalidad de los priistas los lleva lo mismo a sostener su cohesión frente a sus aliados, que a preferir la disciplina sobre la rebelión en momentos determinantes.

 

NINGUNA SORPRESA

Hoy, todo lo que ocurre en la arena priista, sorprende a los espectadores: por un lado, ocurre un intento de avasallamiento, que cada vez es más claro a favor de uno de los aspirantes; por el otro, ocurre una auténtica competencia, y una fuerte disputa, entre los grupos de poder priistas, que lo mismo buscan imponerse que acusar a sus adversarios, y sobre todo no permitir que todo se defina en función de lo que decida un solo individuo. Nadie debería sorprenderse, porque tanto la disputa democrática, como la imposición, son dos rasgos característicos de nuestra democracia.

¿De qué hablamos? De que, en primer término, nadie debería sorprenderse que las decisiones políticas más trascendentales del tricolor, hoy continúen tomándose en función a verticalismos, y no a la democracia que todos pregonan. Ahora, como nunca antes, los Gobernadores —priistas y de la oposición— no se enfrentan a los diques que antes significaban las dirigencias nacionales, los grupos regionales de poder y, sobre todo, la hegemonía partidista del Presidente de la República.

En esas condiciones, el Gobernador de una entidad federativa —que tiene los hilos del poder y el dinero con el que se hace la política— tiene todas las posibilidades no sólo de tener un candidato favorito para sucederlo en el cargo, sino de imponerlo sin importar quiénes se sumen, quiénes se queden en el camino, o qué factores pretendan influir en sus decisiones. Para bien o para mal —de los gobernantes, los grupos de poder, y los partidos— esto es, en este primer aspecto, justo lo que está ocurriendo en Oaxaca.

¿Y por qué sorprenderse de la discusión, la competencia y hasta la disputa por una candidatura? Se supone que todos estos, son rasgos esenciales de cualquier democracia en la que todos tienen posibilidades de acceder a cargos públicos. El problema es que en Oaxaca esto genera tanta expectativa, porque justamente el priismo no tiene en su vocación real, ni en sus prácticas particulares, algún antecedente que demuestre que una competencia existe y que puede determinar el sentido de una decisión trascendental para el partido o sus grupos de poder.

Así, este es un problema de práctica política. En los días siguientes, veremos cómo los procesos internos continúan su curso, y la competencia, los señalamientos y las especulaciones, también. Nadie debería sorprenderse que hubiera los jaloneos actuales en el priismo, porque aún cuando aquí se practica de una forma particularmente arcaica, así es la democracia. Del mismo modo, nadie debía sorprenderse del verticalismo y las imposiciones que ocurren en ese partido. Sería raro, en realidad, que abandonaran las prácticas que para ellos han prevalecido por décadas, y se aprestaran a jugar a una democracia civilizada, de la que precisamente no han sabido dar los mejores ejemplos.

MAL RECIBIMIENTO

El nuevo secretario General de Gobierno, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, fue recibido con una semana completa de caos y bloqueos, a manos de distintos grupos sociales. Ayer no fue la excepción. Ahora sí debería comenzar a honrar su promesa (esa de “no fallarle a la sociedad”, que aparece siempre en sus comunicados) y redoblar esfuerzos por atender sus tareas, que tanto le urgen a Oaxaca.

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Martínez Moreno: su inocencia y las injusticias

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+ Caso Brad: el móvil aclarado; ¿Y su homicida?

 

La tarde de ayer, el Tribunal Colegiado de Circuito especializado en materia Penal y Administrativa de Oaxaca, ordenó la liberación inmediata de quien hasta ahora aparecía como presunto responsable material del homicidio del camarógrafo estadounidense, Bradley Roland Will. Para mal de la justicia, y bien de la impunidad, por segunda ocasión este asunto volvió a su punto de inicio. Algo excepcionalmente grave para los sistemas de justicia de Oaxaca y del gobierno federal.

Por principio de cuentas, es necesario recordar el contexto de este asunto. Brad Will, camarógrafo de la agencia alternativa estadounidense de noticias e investigación, Indymedia, cayó abatido de un disparo de arma de fuego la tarde del 27 de octubre de 2006, en medio de un enfrentamiento que ocurría entre activistas de la APPO y policías municipales de Santa Lucía del Camino. Ese hecho significó un parteaguas en el tratamiento gubernamental al movimiento magisterial y popular que entonces ocurría en Oaxaca.

Sin embargo, más allá de los efectos políticos y policiacos que provocó aquel homicidio (como el envío, por parte del gobierno de la República, de 5 mil elementos de la PFP a reestablecer la gobernabilidad en la capital de Oaxaca), de inmediato se acusó que los elementos municipales habían sido los responsables de ese crimen. Una circunstancia, particularmente, daba indicios sobre la veracidad de los señalamientos: en imágenes de ese enfrentamiento, publicadas en medios informativos del Distrito Federal, se daba cuenta de la portación de armas por parte de los efectivos de la Policía Municipal de Santa Lucía del Camino.

No obstante, más allá de las suposiciones, dos eran los ejes fundamentales sobre los que tendría que versar cualquier investigación sobre ese crimen: el primero, relativo al móvil del disparo; y el segundo, respecto de la identidad de quien disparó el proyectil que mató al Reportero de Indymedia.

En un primer momento, las inconsistencias habidas en esos puntos, derribaron las acusaciones realizadas por la Procuraduría de Oaxaca en contra de los efectivos de la Policía Municipal… y hoy, casi tres años y medio después, también hicieron sucumbir la investigación y las imputaciones formuladas ¡por la Procuraduría General de la República!

¿En dónde ha fallado la “investigación”? Hoy, según las circunstancias, más allá del peritaje, las autoridades fallaron en todo. Porque, sin duda, lo único que parece haber quedado más o menos claro (porque aún existen quienes disienten), es que el disparo que recibió el Cámara estadounidense fue realizado a corta distancia, y no a más de 35 metros. Fuera de ese punto, todo podría resumirse en la palabra “incertidumbre”.

Los Policías Municipales que inicialmente fueron aprehendidos como posibles autores del homicidio, fueron liberados semanas después ante la comprobación, entre otras cuestiones como el inexistente ángulo de tiro, de que ninguno de ellos portaba un arma del calibre y características similares al disparo recibido por Brad Will.

Meses después, cuando la PGR atrajo la investigación, sus peritajes coincidieron con los de la Procuraduría de Oaxaca, en lo relativo al modo en cómo fue disparada el arma homicida. Tras un señalamiento directo, Martínez Moreno fue detenido el 16 de octubre de 2008. Con ello, la Procuraduría General de la República pretendió dar por terminada una investigación que, hoy, nuevamente se desmanteló para volver a su punto de inicio.

¿CUÁL JUSTICIA?

Esta debería ser una preocupación importante para la PGR. La orden dada por un Tribunal Colegiado de Circuito, de liberar inmediatamente a Martínez Moreno, deja ver por qué, más allá de los peritajes, la verdadera investigación ministerial está por los suelos. Si se quiere ver de otro modo, la PGR tendría que estar preocupada por esta demostración de cómo no se deja de fomentar la impunidad, y el daño a particulares inocentes.

Cuando Martínez Moreno sea liberado, quedará en claro —por segunda ocasión— que ninguna instancia ministerial del país ha podido establecer la identidad del homicida del camarógrafo. En esas condiciones, de poco sirve que existan estudios periciales tan sofisticados, si finalmente las instancias van a fallar de manera escandalosa al momento de fincar responsabilidades.

¿Cómo explicar que, por segunda ocasión, esta investigación vuelve a su punto de inicio? ¿Cómo justificar que, de nuevo, se acusó y encarceló a una persona, que ayer fue declarada judicialmente inocente? ¿Cómo no decir, ante todas esas evidencias, que aquí la verdadera investigación de los delitos, y la persecución de los criminales son una tomadura de pelo, y un auténtico peligro para la sociedad?

Lo que parece claro, en realidad, es que ante algo como esto no sólo tendríamos que cuestionarnos sobre el verdadero móvil y los verdaderos responsables del homicidio del camarógrafo de Indymedia, sino sobre todo corroborar lo profundamente ineficiente que es el sistema de justicia. Sus peritajes son lo más sustentable que tienen, aunque en realidad no generan la confianza suficiente ni siquiera entre organismos de la misma naturaleza. Y si eso está mal, sus hechos consumados son todavía peor. La prueba está en que Martínez Moreno ya fue declarado inocente.

El asunto, al final, deja en una posición muy cuestionable a la justicia local, pero también a la federal. La Procuraduría de Oaxaca prefirió desentenderse del asunto, antes que continuar resintiendo el desgaste que este asunto le generaba. Y la procuraduría federal, según parece, “resolvió” el asunto en base a criterios políticos y la urgencia de legitimarse como un órgano investigador eficaz, y no a investigaciones reales y sustentables con las que pudiera señalar culpables.

Hoy, de nuevo las cosas vuelven a su punto de inicio. Nadie está en prisión por el homicidio del camarógrafo. Sin duda, de nuevo arreciará la crítica internacional no por la liberación en sí de Martínez Moreno, sino porque ello demuestra que aquí se investiga, consigna y juzga por interés o conveniencia, pero no en estricto apego a la justicia. Qué grave.

 

“USTED DISCULPE”

¿Cuántas veces al año, al mes, o al día, le dicen eso las autoridades que persiguen o juzgan la comisión de delitos, a ciudadanos inocentes que son acusados y procesados judicialmente sin responsabilidad? El caso de Martínez Moreno es uno de muchos. Y si esos errores ocurren en un asunto tan controvertido, ¿qué no pasará con delitos y acusados que no revisten trascendencia política alguna?

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PRI-Gómez Mont: la negociación por nada

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+ Reforma fiscal e IVA: todo benefició a PRI

 

Hasta parecería que la inconformidad manifestada en septiembre pasado por los diputados federales del PRI por Oaxaca, en contra de la potencial formación de una alianza opositora en la entidad, es un tema agotado. Sin embargo, nada parece más novedoso, ante la aceptación expresa tanto del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, como del coordinador de la bancada priista en la Cámara baja, Francisco Rojas, de que para la negociación del paquete económico federal del presente año, sí se negoció el tema de las alianzas opositoras en entidades como la nuestra. El asunto, nuevamente, cobra relevancia por las particulares condiciones políticas y económicas que prevalecen en Oaxaca, y en el ámbito nacional.

De entrada, es necesario ver en retrospectiva qué fue lo que pasó en septiembre de 2009. Si bien se recuerda, fue a finales de ese mes, cuando por primera vez los dirigentes nacionales del PAN y PRD, César Nava y Jesús Ortega, aceptaron que sostenían pláticas en las que exploraban la posibilidad de coaligarse para algunos procesos electorales estatales que se realizarían en 2010. Mencionaron, particularmente, las altas posibilidades de ir juntos a la elección de Gobernador en Oaxaca.

Cuando esto ocurrió, un importante grupo de diputados federales por Oaxaca, encabezados por Eviel Pérez Magaña, convocaron a conferencia de prensa en la Cámara baja del Congreso de la Unión, para condenar la posible conformación de una alianza opositora, y por esos mismos días hicieron trascender la versión, supuestamente desmentida días después, de que rechazarían el paquete económico propuesto por el presidente Felipe Calderón, si el PAN no declinaba a ir en comunión con las fuerzas de izquierda para los comicios estatales que se avecinaban.

Algunos puntos, que en su momento fueron negados, ahora resultan ser ciertos y trascendentales en el presente: el primero de ellos, fue que el interés real de los diputados federales al rechazar las coaliciones entre el PAN y las fuerzas de izquierda, no sólo tenía que ver con Oaxaca sino sobre todo con lo que pudiera ocurrir, en 2011, en el Estado de México; otro punto que fue negado, pero que ahora se sabe que también es real, fue el condicionamiento priista al paquete económico. El más trascendental, quizá, fue la negociación que sí existió entre el gobierno federal y sectores priistas, para la aprobación de un paquete económico, que no fue el enviado por el presidente Calderón al Congreso.

Hoy, la realidad se impone por sí misma. Aún con el rechazo de la diputación federal priista a las alianzas, éstas sí ocurrieron. Los tricolores en el Congreso mintieron al asegurar que, contrario a lo que habían hecho trascender, ellos no habían condicionado el paquete económico al compromiso expreso del gobierno federal, de que el PAN no se coaligaría con el PRD para futuros comicios estatales. Y lo más revelador de todo este asunto, resulta ser el grave aprieto en el que metieron al Secretario de Gobernación, que hoy ya no es un interlocutor creíble y convalidado, gracias a un acuerdo por el que en realidad fue engañado.

Veamos en qué radica el engaño.

 

NEGOCIACIÓN FALLIDA

En agosto de 2009, el gobierno federal adelantó que, en la presentación del paquete económico para el año siguiente —que por norma constitucional debe ocurrir en los primeros días de septiembre—, propondría la creación de un impuesto general de 2 por ciento al consumo. Dicho gravamen, dijo, tendría como objetivo el combate a la pobreza y sería etiquetado expresamente para que la Sedesol incrementara la capacidad y el monto de los programas sociales, y —como en el slogan oficial— se beneficiara más a los que menos tienen.

Cuando ocurrió el anuncio de las alianzas electorales, en el Congreso se discutía la posibilidad de establecer ese impuesto general. Sobre ese punto, particularmente, fue sobre el que amagó el PRI al gobierno federal: Si el PAN insistía en las alianzas, los tricolores rechazarían cualquier incremento a los impuestos y, por tanto, cualquier posibilidad de incrementar el ingreso público.

Finalmente, el gobierno federal propuso, y el PRI hizo suya, una propuesta alternativa a la del 2 por ciento al consumo: se planteó el incrementar un punto porcentual al IVA. La justificación del gobierno federal era aceptable: así se incrementaría la recaudación. Y la del PRI era inmejorable: apoyarían un incremento a impuestos, que no tocaría el emocional gravamen a los alimentos y medicinas. Así, todos parecieron quedar contentos.

Hoy se sabe, en base a la aceptación hecha tanto por el secretario Gómez Mont, como por el coordinador de los diputados priistas, Rojas Gutiérrez, que sí hubo una negociación: el PRI apoyó el incremento al IVA, ante la promesa del negociador federal de que el PAN no entablaría alianzas electorales. Con ello, sus respectivas posiciones partidistas estarían a salvo, y el tema del gasto público —que es un asunto de Estado— también estaría resuelto.

Sólo que todos parecieron, al final, haber engañado a Gómez Mont. El PRI salió altamente beneficiado con el incremento al IVA, porque éste es un impuesto distribuible en las entidades federativas, mientras que el 2 por ciento sería manejado directamente por el gobierno federal. Por eso, entidades como Oaxaca o el Estado de México fueron de las más beneficiadas en sus presupuestos.

Pero además de ese altísimo beneficio económico para los gobiernos priistas, éstos hicieron pactar a Gómez Mont la no conformación de alianzas entre el PAN y el PRD. Si éste no pudo lograr que esas alianzas fallaran, de todos modos dejaría de ser un interlocutor válido. Sólo le quedaría renunciar a Gobernación, o renunciar a su partido. Esto último fue lo elegido. Mientras los priistas se llevaron la mayor parte del dinero obtenido del alza de impuestos, y metieron al gobierno federal en un brete, por la disposición de su Secretario de Gobernación para transigir sobre asuntos partidistas en una mesa de negociación formal entre los Poderes del Estado.

 

COMPETENCIA REAL

En un artículo publicado ayer en El Universal, Francisco Abundis, director de Parametría, explica con detalle por qué la alianza del PRD y PAN inquieta tanto a los priistas. Pone el ejemplo de Oaxaca, y dice que mientras el PRI aventaja en las preferencias del electorado, cuando a las alianzas se les pone candidato, Gabino Cué rebasa por más de cinco puntos a cualquier aspirante priista. Ese texto completo, puede leerlo haciendo clic aquí. Un análisis interesante.

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Franco, fuera del PRI; ¿se allana camino del “delfín”?

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+ ¿Y qué pasa si se judicializa proceso interno del PRI?

Esta será la semana crucial en la definición de la candidatura priista al Gobierno del Estado. Ayer ocurrió el primer hecho trascendental de esta recta final de la contienda: Jorge Franco Vargas anunció su separación de la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional. En los corrillos políticos del tricolor, se establece como un hecho que antes del fin de semana se emita la convocatoria para el proceso formal de elección del Candidato. Y con ese solo hecho quedará en claro cuál es el destino elegido por el priismo sobre su posible abanderado. Aún con ello, subsistirán riesgos importantes que los tricolores no deberían dejar de considerar.

La renuncia de Franco Vargas a la dirigencia priista es un hecho trascendental, pero no inusitado. De hecho, esa dimisión era un requisito fundamental, que necesariamente tenía que ocurrir para la continuación de la dinámica sucesoria en el Revolucionario Institucional. ¿Por qué? Porque, al final, tenía que prevalecer la máxima de que es imposible fungir como juez y parte, en un proceso en el que se pretende ser árbitro pero en el que también se tienen inmiscuidos intereses.

De hecho, en la lógica formal del proceso interno —es decir, más allá de las exigencias, las rebeliones y la beligerancia que tanto se acusa—, la posición de Franco Vargas como dirigente del priismo era cada vez menos sostenible. Si otras hubieran sido las circunstancias, y el proceso interno no hubiera alcanzado el grado actual de complejidad y polarización, éste tendría que haber dimitido a su cargo desde finales de 2009 o, a más tardar, en la primera quincena del mes de enero del presente año.

¿Por qué no lo hizo antes? Justamente porque las circunstancias no habían sido idóneas ni para lograr un acuerdo común que verdaderamente lograra conjuntar a todos los aspirantes en torno de una sola candidatura; ni tampoco para establecer un plazo para el desarrollo del proceso formal.

Es decir, que una cosa no pudo llevar a la otra: hasta ayer por la tarde, nadie había sido ungido como candidato realmente de unidad en el priismo oaxaqueño; y por esa razón, el tiempo para desdoblar el proceso formal para la designación de su candidato a Gobernador se vino aplazando hasta estos momentos, que ya se aparecen como los momentos límites en los que todo puede ocurrir sin transgredir los tiempos internos del priismo, y los periodos que marcan las leyes electorales.

Así, lo que parece claro es que el momento y las circunstancias en que ocurre la dimisión de Franco Vargas a la dirigencia priista, sólo es una muestra sintomática más de la incertidumbre que ocurre hoy en el grupo en el poder. Más allá de las especulaciones, queda claro que si aún hoy el PRI de Oaxaca no tiene candidato a Gobernador, no es por un asunto de estrategia o de manejo de tiempos: es porque no se ha podido lograr un consenso, y porque los manejadores reales del proceso interno están llevando el asunto al límite, para tratar de ceñirse no a las negociaciones sino a la presión y el intento de avasallamiento.

Franco Vargas, al final de cuentas, lo que está haciendo es cumplir con los tiempos. Si se tiene fresca la memoria, se habrá de tener bien en cuenta que la primer fecha límite que todos se impusieron para comenzar a desincorporarse de sus tareas en el servicio público y en el partidismo. El primero que tenía que marcar la pauta, era justamente el entonces Presidente estatal del priismo, que no podía aparecer como garante de un proceso en el que él participaría.

Así, el momento verdaderamente revelador ocurrirá cuando se dé a conocer la convocatoria para el proceso interno del priismo. Si a partir de ese documento ocurre la adhesión de la mayoría de los aspirantes a la candidatura a Gobernador, entonces todavía quedará posibilidad de consensar un abanderado de unidad. Si, por el contrario, quienes deben separarse de sus cargos no lo hacen, y declinan a participar en el proceso, entonces se tendría una precandidatura única, pero seguramente también en solitario. Es decir, que aún sin una ruptura manifiesta, la “unidad del priismo” quedaría pospuesta indefinidamente.

RUPTURA FÁCTICA

La no participación en el proceso interno de la mayoría de los seis aspirantes a la gubernatura por el PRI, sería el equivalente inmediato a una fractura no declarada, pero sí materializada. ¿Con qué grado de legitimidad asumiría la candidatura, un aspirante único, que primero compitió con cinco o siete contendientes, pero que al final se quedó solo? La respuesta estaría, mejor que en ningún otro sitio, en la carencia de respaldo político sólido de todos los que, les guste o no aceptarlo, representan eso que denominan “unidad del priismo”.

En esta dinámica, se tendrían que comenzar a vislumbrar otros escenarios. ¿Qué ocurre ahora mismo en el proceso interno priista de Puebla? Que el tricolor, dominado por la decisión del gobernador Mario Marín Torres, negó la posibilidad de participar en el proceso interno a un aspirante que no es su favorito. Enrique Doger, el perjudicado, acudió a las instancias jurisdiccionales en materia electoral federal, para defender sus derechos político electorales con amplias posibilidades de obtener una victoria legal.

Aquí no ha ocurrido nada de ello, simplemente porque el proceso interno del priismo no ha iniciado formalmente. ¿Podría ocurrir? Dependiendo de los términos en que sea emitida la convocatoria, y de las resoluciones que tome la Comisión de Procesos Internos de ese partido, probablemente sí.

¿Por qué asegurarlo? Porque ni el edil José Antonio Hernández Fraguas, ni los secretarios José Antonio Estefan Garfias y Martín Vásquez Villanueva, han decidido moverse de sus cargos. Esperan a la emisión de la convocatoria, justamente para conocer los términos de la misma, y decidir en consecuencia. El riesgo no calculado, hasta ahora, es el de las impugnaciones que pudieran terminar en los tribunales federales; pero también el relativo a que todo se reduzca a una precandidatura única, pero que no tenga los consensos necesarios para que la unicidad pueda ser sinónimo de unidad.

EVENCIO, A SEGEGO

Evencio Nicolás Martínez Ramírez, en la Procuraduría estatal, fue sinónimo de justificaciones sobre sus malos resultados, e inoperancia infinita. Ahora asume la responsabilidad de Secretario General de Gobierno. Habrá que ver quién ocupa su lugar y cómo se realizan los enroques que sigan en los próximos días. Ese también será un signo del rumbo que decida el priismo sobre su candidato.

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Laicidad: innecesaria en Constitución de Oaxaca

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+ Congreso del Estado: un ente sin rumbo definido

 

Los diputados de la LX Legislatura del Congreso del Estado, bien podrían ser como aquel personaje de la televisión que “como dice una cosa, dice otra”. Hace apenas cinco meses, el bloque de legisladores del Partido Revolucionario Institucional, y Acción Nacional, movidos no se sabe por qué grupo fáctico de poder, votaron una reforma constitucional que “consolidaba” el derecho a la vida. Hoy, sin embargo, pretenden modificar otro artículo de la Constitución local, el 29, para establecer entre los principios de la organización política, que Oaxaca es un estado “laico”, y hacer enmendar su “casta” juarista.

Esas decisiones, tomadas desde el Congreso y respaldadas por el Ejecutivo, lejos de dar muestra de patriotismo, laicismo, de vocación por la vida o de preocupación por la reafirmación del principio histórico de la separación de la Iglesia y el Estado, lo único que denota es su falta de sustento como legisladores, la dominación de decisiones “políticamente correctas” como esa y muchas otras que han tomado en los últimos dos años, y la ausencia de un rumbo definido —que por el momento se encuentra en sus manos— para el Estado. Sus incongruencias, y su desfachatez, no tienen límites.

Hace apenas cinco meses, el 9 de septiembre de 2009, la LX Legislatura del Estado aprobó, por una amplia mayoría, una reforma al artículo 12 de la Constitución local, en la que se estableció que en Oaxaca “se protege y garantiza el derecho a la vida”, y que “todo ser humano desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales hasta su muerte natural”.

¿Qué significaba esa reforma? Fue, sin dudas, el establecimiento de un candado para que en la entidad no se legisle en materia de despenalización del aborto; y también fue un claro mensaje de rechazo a diversas políticas y proyectos legislativos a través de los cuales el PRD y las fuerzas de izquierda, han tratado de cambiar algunos de los paradigmas más conservadores en entidades como el Distrito Federal, y que podrían reproducirse en el interior de la República.

Sin embargo, es bien sabido dentro del Congreso del Estado, que dicha reforma al artículo 12 constitucional, fue lograda gracias al arreglo habido entre el grupo gobernante y ¡la Iglesia Católica!, no sólo para tratar de atajar el camino a las fuerzas de izquierda, sino también —en el caso del grupo gobernante— para congraciarse con los grupos eclesiásticos que antes habían criticado duramente las decisiones del Gobierno del Estado, y habían simpatizado con los grupos políticos y de lucha social, opositores al PRI y al gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

El problema es que el encargado de materializar dicho pacto, fue el Congreso del Estado. Eso fue lo que hicieron el miércoles 9 de septiembre, cuando la diputada panista Perla Woorlich Fernández presentó en tribuna, una iniciativa de reforma constitucional que había sido elaborada por los asesores de la bancada priista. Esa propuesta contenía la modificación del artículo 12 en los términos antes señalados. Y al votarse, en la fracción priista no aceptaron ninguna disidencia, y todos, azules y tricolores, se pronunciaron a favor de esa modificación que, en realidad, fue pactada entre el Estado y la Iglesia Católica.

¿MUY JUARISTAS?

Así, ¿cómo queda quien ayer pactó con Dios, y ahora quiere refrendar su vena juarista? Queda, por decir lo menos, como un mentiroso. Y, sobre todo, como un obtuso. Son los mismos diputados, de la misma Legislatura que ayer coronaron un deseo de la Iglesia Católica, los que hoy pretenden “consolidar”, de nuevo, una reforma que refrende el laicismo del Estado en Oaxaca y que haga manifiesta la separación de la Iglesia y el Estado.

¿Cómo puede tomarse esto? Primero, como la más absurda de sus incongruencias, dados los antecedentes inmediatos de lo que ha realizado, en ese sentido, la presente Legislatura. Y, segundo, como una reiteración meramente coyuntural, que es innecesaria, y que revela la mezquindad de los legisladores y del grupo político al que pertenecen. Veamos por qué.

Hace unas cuantas semanas, las fracciones parlamentarias de los partidos de izquierda en la Cámara de Diputados federal, presentaron una iniciativa de reforma al artículo 40 de la Constitución de la República, para establecer la laicidad del Estado mexicano; para sustentar su propuesta, argumentaron la excesiva injerencia que hoy tiene la Iglesia en los asuntos políticos del país, y la necesidad de remarcar los límites que el Estado impone a las organizaciones y grupos religiosos. Citaron como ejemplo, justamente la injerencia católica en las reformas constitucionales antiaborto, que han ocurrido en por lo menos 18 entidades federativas, incluyendo Oaxaca.

Es evidente que, si tomamos en cuenta esto, lo que hoy están tratando de hacer los diputados oaxaqueños, es seguir un asunto meramente coyuntural. Sólo que carecen de toda calidad moral para siquiera abordar un asunto de ese tipo: ellos mismos, parecen estarse imponiendo candados y reprobaciones, por lo que hicieron hace cinco meses. ¿Muy laicos? Digan lo que digan “a favor de la vida”, esa laicidad no la demostraron hace cinco meses, cuando atendieron el interés de la Iglesia por reformar el artículo 12 de la Constitución local.

Además, una reforma de ese tipo sería innecesaria: la laicidad, aún en la Constitución federal, está garantizada por los artículos 3, 24 y 130, que tienen observancia en toda la República mexicana, que garantizan la no injerencia de la religión en los asuntos del Estado, y que imponen a al poder público como un ente superior a cualquier organización de tipo religioso. Además, la legislación de esa materia es exclusiva del orden federal.

Así, los diputados de Oaxaca podrán establecer, si quieren, la laicidad entre los principios en que se funda la organización política del Estado. Sólo que ni eso, ni ningún otro acto de simulación, será suficiente para garantizar la independencia del Estado, mientras ellos mismos sigan respondiendo con sumisión a intereses y decisiones que, sólo demuestran lo disminuido de su juarismo e independencia como legisladores.

¿LEGISLAR POR PACTOS?

Las reformas antiaborto eran una demostración del pacto PRI-PAN a nivel nacional. ¿Estas nuevas iniciativas pro laicidad son signo del divorcio entre esas dos fuerzas políticas? Es altísimo el riesgo de legislar a nivel constitucional en base a pactos e intereses mezquinos, como los que demuestran nuestros representantes populares.

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