El pasado lunes, fuentes desconocidas hicieron llegar al programa radiofónico de la periodista Carmen Aristegui, cuatro grabaciones de conversaciones telefónicas entre el gobernador Ulises Ruiz con algunos personajes de su grupo político. Estas revelaciones, se sumaron a otras que previamente se habían realizado, con el mismo modus operandi, respecto al gobernador de Veracruz, y otros mandatarios de entidades federativas en las que se desarrollan procesos electorales.

Ante esta nueva fase de filtraciones y golpeteos derivados de las guerras entre grupos de poder, bien vale la pena preguntarnos: ¿A quién beneficia la guerra sucia en los procesos electorales? Porque lejos de ser una herramienta “dura” para revertir tendencias, esto más bien parece un cáncer que arrasa con todo lo que se cruce en el camino.

En un primer momento, estas filtraciones llevaron inmediatamente a la reedición de varias discusiones antiguas que, sin embargo, no dejan de ser actuales por el choque entre los idealismos y la realidad prevaleciente entre quienes ejercen el poder: la primera de ellas, tiene que ver con las actitudes, lenguajes y posibles cuestiones en las que se encuentran involucrados todos aquellos que aparecen en las filtraciones.

Pero junto a eso, existen otros puntos de debate no menos importantes: ¿Quién tiene la capacidad de transgredir de modo tan flagrante las leyes vigentes, y ejecutar una de las acciones que se encuentran expresamente prohibidas por la Constitución y las leyes ordinarias? ¿Esto se realiza desde el Estado? E incluso: ¿Debemos dar validez plena a contenidos que se revelan para cumplir con un fin eminentemente político-electoral, y desestimar el origen ilegal de las mismas? Son aspectos que no sólo tienen que ver con la contienda política actual, sino con las formas mismas en las que se está delineando nuestra democracia actual.

Además, aún cuando eso podría parecer lo determinante, existe más. Esto es, qué pasará con la relación institucional entre las fuerzas que hoy están chocando frontalmente, luego de que ocurran los comicios, alguien gane y alguien pierda, y todos juntos tengan que regresar a la nada sencilla labor de ejercer las diferentes funciones y modalidades del trabajo público. El asunto no es menor. El futuro inmediato del país no depende solamente de lo que ocurra el 4 de julio en las urnas, sino del modo en que puedan entenderse los diversos ámbitos de gobierno, y de cómo en esa medida puedan o no ponerse de acuerdo para generar dinamismo o, en sentido contrario, el inmovilismo que tanto daña a la nación.

En la medida que respondamos a esos cuestionamientos, podremos ver cómo no es una apreciación errada, la relativa a que la guerra sucia electoral ni beneficia ni construye, sino que más bien es un cáncer que rompe y enturbia todo lo que encuentra a su paso. Como bien lo dice el refranero: cuando la perra es brava, hasta a los de la casa muerde. Así funciona la guerra sucia con fines electorales.

FIN POLÍTICO

El argumento principal de las fuerzas políticas con el que presentaron las grabaciones, era el relativo a que su validez es incuestionable por el contenido de las mismas. Aseguraban que en esas intercepciones telefónicas, se escuchaba al gobernador Ulises Ruiz inmiscuyéndose en asuntos electorales, sosteniendo conversaciones en las que disponía de recursos oficiales –como la televisión del Estado- para beneficiar al candidato de su partido, o revelando ciertas cooptaciones relativas al órgano electoral.

Lo cierto, en todo esto, es que si nos guiáramos sólo por los argumentos opositores, en efecto, los priistas involucrados no tendrían ninguna excusa para escabullirse de las responsabilidades que se les endilgan. No obstante, si nos atenemos a un principio estrictamente legal, es evidente que más allá de lo inmoral o antiético que pudiera desprenderse de las conversaciones, ninguno de los involucrados estaba cometiendo lo que expresamente puede considerarse como un delito.

Sin embargo, es evidente que lo que se buscó es el impacto político. Para fines estrictamente jurídicos, toda prueba obtenida por métodos que transgreden la ley, carecen de toda fuerza probatoria. Es decir, que aún cuando los involucrados estuviesen cometiendo delitos, éstos no podrían acreditarse a través de las grabaciones no autorizadas de comunicaciones privadas porque éstas se encuentran expresamente prohibidas, para los servidores públicos y para los particulares, por la Constitución federal y las leyes ordinarias del país.

Ese es, seguramente, uno de los puntos álgidos de toda esta discusión. Las grabaciones obtenidas por vías ilegales, están, por ese solo hecho, completamente desacreditadas como un medio de prueba ya ante los tribunales jurisdiccionales, ya frente al juicio implacable de la opinión pública. Pero esto último, es algo que los opositores no revelan de su sedicente moral y calidad ética, y prefieren centrar todos sus argumentos en el contenido de las grabaciones.

CHOQUE DE FUERZAS

La difusión de grabaciones provocó otro irremediable choque entre el Partido Revolucionario Institucional y Acción Nacional. A los azules se les acusa de recibir apoyos y de utilizar el aparato gubernamental federal no sólo para promocionar el voto a su favor, sino también para realizar todo tipo de tareas, incluidas las ilícitas. Todo parte de que el panismo hoy tiene el control del gobierno de la República.

Pero los panistas acusan a sus pares tricolores de lo mismo, sólo que en las entidades federativas. Para ellos, los mandatarios estatales no son más que virreyes que ejercen poder a plenitud, sin contrapesos y con pocas capacidades de ser fiscalizados o frenados en la disposición de los recursos públicos a su alcance.

Lo cierto es que en ambos frentes se cometen excesos. El gobierno federal se convirtió rápidamente en el principal sospechoso de interceptar las conversaciones de los mandatarios tricolores, de realizar las grabaciones, y de utilizar los canales y recursos oficiales para hacerlas públicas.

Pero desde el gobierno federal se acusa de algo parecido a los tricolores. En el caso particular que nos ocupa, ellos manifestaron que las filtraciones pudieran tener un origen y finalidad distinta a la que hoy se sospecha. Desde el panismo, acusaron al gobierno del Estado de México, encabezado por el priista Enrique Peña Nieto, de ser el orquestador de esta campaña sucia.

En este contexto, casi al finalizar la semana el gobernador Ulises Ruiz acusó directamente al presidente Felipe Calderón de ser el responsable de estas acciones. Ayer viernes, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, reprochó al mandatario por sus acusaciones y deslindó al gobierno de la República de la responsabilidad por esas acciones. Lo cierto es que, al final, nadie cree fehacientemente los dichos y los deslindes de cada uno de esos y todos los personajes involucrados, y esta guerra sucia los está afectando gravemente a todos por igual.

¿’BAJAR LA CORTINA’ DEL PAÍS?

Quizá unos y otros no reparan en que el panismo detenta el poder federal, pero que el priismo tiene también en sus manos nada menos que el control del Congreso de la Unión. A nivel presupuestal, son los tricolores, y no el presidente ni sus aliados, quien tiene la última palabra en la Cámara de Diputados. Esta afrenta, irremediablemente, habrá de enturbiar y enrarecer la relación entre ambos bloques. Y el país, les guste o no, es mucho más que las guerras electorales, que los partidos políticos, que los procesos comiciales, e incluso que las personas y los intereses que están hoy puestos en juego.

El gobierno federal, y los priistas, olvidan que el país no se detiene, y que México enfrenta grandísimos retos que no pueden esperar a que los partidos y los grupos de poder se pongan de acuerdo. Existen reformas legales importantísimas, que hoy mismo se dan como canceladas no porque sean inviables, sino porque son los instrumentos de venganza entre las fuerzas políticas con representación en el Congreso.

Así, si los azules golpean a los tricolores, éstos amagan con “no dejar pasar sus leyes”. Como si la regulación y el marco legal fuera propiedad, victoria o rango de aplicación para un solo partido o grupo de poder.

Queda claro, entonces, que el país no se detiene. Pero tal parece que todos están ya “bajando la cortina” de los procesos políticos, de la interlocución legislativa, de la administración pública consensada, y de la concordia entre grupos de poder. Esta guerra sucia electoral pareciera que está cancelando el futuro y la construcción de acuerdos en nuestro país. Si las cosas siguen como hasta ahora, lo que podremos esperar de aquí al 2012, es más inmovilismo, más trabas y menos acuerdos.

Finalmente nadie más pierde que el país y los mexicanos. Las afrentas políticas, la falta de acuerdos, los incorrectos ejercicios de la “pluralidad política”, y las vendettas entre grupos, llevan poco más de una década de ejercicios duros de política que no han redundado en ningún beneficio para el país. Puede ser que el país tenga un poco más de democracia; pero de nada nos sirve que esta democracia no nos sirva para ponernos de acuerdo, para eliminar las prácticas ilegales en los procesos electorales, o para ponernos a trabajar, todos juntos, alrededor de un solo proyecto de nación.

La revelación de grabaciones conseguidas ilegalmente, sólo confirma una guerra sucia, que finalmente destruirá todo lo que toque, incluyendo a sus orquestadores. Nadie ganará más de lo que todos juntos perdamos.