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Sección 22 del SNTE: públicamente no participará en comicios

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+ AMLO hará lo mismo… Aunque los dos sí serán determinantes

Entre los resolutivos de su más reciente Congreso Político, la Asamblea General de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, resolvió apegarse a sus principios rectores y no participar en el proceso electoral apoyando a partido político o candidato alguno. Ésta es una determinación particularmente similar a la asumida por el ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador. Ambas ocurren no en función del PRI, sino de la alianza de partidos de oposición, que encabeza Gabino Cué Monteagudo. ¿De verdad no participarán estos dos grupos en las definiciones políticas de Oaxaca?

El asunto no es intrascendente. Porque si bien es cierto que gran parte del proceso electoral se determina a través de las estructuras partidistas y los sistemas de captación de votos, nadie puede desdeñar que los dos bloques más sólidos de la oposición en la entidad se encuentran en manos tanto de López Obrador, como del magisterio aglutinado en la Sección 22. Invariablemente, era determinante conocer qué postura asumiría cada uno de éstos, respecto a lo decidido por las fuerzas políticas con las que simpatizan.

Desde el primer momento, el ex Candidato presidencial se asumió en una postura de rechazo a las alianzas partidistas. Inicialmente, se consideró que la resistencia propia de AMLO impediría la conformación de alianzas electorales. Había razones de sobra para suponerlo: Por lo menos la mitad de la estructura formal del PRD —si no es que más— tiene simpatías directas con el tabasqueño y le profesa obediencia incondicional a su llamado. Además, AMLO tiene el control casi total del PT y Convergencia e, independientemente de los errores que ha cometido, actualmente él es el líder indiscutible de la izquierda mexicana.

Sin embargo, contra todos los pronósticos, lo único que ocurrió fue su resistencia personal. Quienes consideran que la política es una práctica bipolar desprovista de matices y puntos intermedios, consideraron que la negativa de López Obrador a sumarse personalmente a la alianza opositora de Oaxaca, equivaldría al descobijo total de la misma.

Tampoco ocurrió así. AMLO no ha venido, y quizá no venga a Oaxaca a hacer campaña en apoyo a Gabino Cué, por una supuesta convicción personal que en realidad está cargada de conveniencias. Pero paulatinamente se hará evidente que una parte fundamental de las estructuras electorales que trabajaron a su favor en el proceso electoral federal, sí se encuentran en la entidad haciendo campaña a favor del senador con licencia Cué Monteagudo.

Además, hasta en lo formal él sí participa aunque a través de terceros. ¿No fue una definición a nivel nacional, exigida por López, que al menos el PT se abstuviera de participar en los procesos electorales estatales del presente año, en alianza con las fuerzas de derecha? Inicialmente, el PT asumió la determinación. Pero particularmente en Oaxaca, sus instancias políticas decidieron que era prioritaria la “democratización” y la “transición a la democracia” sobre las exigencias del tabasqueño, y decidieron continuar con las alianzas. Finalmente, y como se esperaba, frente a esas decisiones, AMLO no rompió ni con el PRD, ni con el PT ni mucho menos con Convergencia.

S-22, EN ESPEJO DE AMLO

Recientemente, la Sección 22 decidió algo similar a López Obrador. En su II Congreso Político establecieron su rechazo “a todo tipo de control político del estado, partidos políticos o corrientes ideológicas”, y por esa razón decidieron “no sumarse a ningún candidato, Partido o Alianza Partidista”. ¿Esto equivale a que se desentenderán por completo del proceso electoral?

Evidentemente, la respuesta es “no”. La decisión del Sindicato magisterial tiene su origen en la misma razón que López Obrador. Frente a las fuerzas de izquierda, el tabasqueño es el líder icónico que sostiene —no sin desgaste— los principios ideológicos y de congruencia política que no es posible poner en riesgo. En el caso de AMLO, si éste flaquea y externa públicamente su simpatía a posibles alianzas con la derecha, el pragmatismo y el descrédito se desbordaría contaminando todo lo preservado que hasta hoy tienen los partidos de izquierda.

Eso, en su caso, es lo mismo que ocurre con la Sección 22. Éste sindicato ha sido siempre un factor definitorio entre las fuerzas de oposición en Oaxaca, y han participado de un modo esencial en la ideologización y movilización política de amplios sectores de la población, no tanto en apoyo de un candidato como en la defenestración y desgaste de las fuerzas, grupos y partidos políticos que les son adversos.

Si esto es así, entonces ¿por qué no participar del proceso electoral? Porque la acción política de la Sección 22 tiene límites. Pongamos el asunto en perspectiva. El llamado “magisterio democrático” decidió no participar activa y abiertamente del proceso electoral porque su accionar sindical y político es distinto al de las fuerzas partidistas.

Es decir, que independientemente de que apoyen o no con disimulo a tal o cual partido, alianza o candidato, ellos no generarán compromisos incondicionales o de largo plazo. Gane los comicios Gabino Cué o Eviel Pérez Magaña, la Sección 22 continuará siendo una fuerza opositora pujante, que estará dispuesta a todo —y cuando decimos que a todo, es a todo— para ver satisfechos sus objetivos de lucha.

Sin embargo, ¿no es participación activa en política la que han hecho permanentemente? Con el solo paso del tiempo, veremos cómo el magisterio delineará una agenda paralela a la del proceso electoral, y cada que puedan harán sentir su presencia con singular fortaleza. Mayo, que siempre es el mes de algidez por las exigencias de la Sección 22, este año se encontrará particularmente enmarcada por el proceso electoral. Y, lo digan o no, con su trabajo previo de “concientización” y la ejecución de su agenda propia, ellos sí estarán participando del proceso electoral.

DISCURSO ¿CONCILIADOR?

Eviel Pérez Magaña, hoy candidato priista a la gubernatura, ha reiterado su voluntad por la conciliación y el respeto a sus adversarios. ¿Por qué? Porque desde ahora mismo debe comenzar a distender. Y si gana, más. Sabe, con razón, que allende su partido las cosas no se arreglan con disciplina o manotazos, sino con sensibilidad real. ¿Su nueva “burbuja” lo entenderá?

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Oaxaca: los problemas no se arreglan con tener esperanzas

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+ Candidatos: insistir en cuándo escucharemos sus propuestas

Terminaron las precampañas, y los oaxaqueños fuimos nuevamente testigos de cómo un candidato puede hablar mucho sin decir nada. Los discursos dirigidos a las respectivas militancias partidistas se centraron en las necesidades más apremiantes que enfrenta Oaxaca, sus rezagos históricos y los anhelos para el futuro. Pero hasta ahora, sigue siendo prácticamente nada lo que se ha dicho y comprendido sobre el proyecto de gobierno que debía ser la base de la decisión que tome cada ciudadano en relación a su voto.

¿Cómo hablar de una democracia sustentable y de avanzada, cuando todo se sigue definiendo en base a las reglas del pasado? No es responsabilidad de un partido, ni de un grupo de poder, que hoy las campañas proselitistas continúen rigiéndose por el blof, los eslóganes y la demagogia. Es, en realidad, consecuencia de que el entramado político en el que se desarrolla el proselitismo y los intentos de propuesta política, sigue siendo exactamente el mismo del pasado.

Tendríamos que preguntarnos, con más conciencia, por qué —como lo aseguran las mismas fuerzas políticas que hoy se disputan el poder— Oaxaca es el punto emblemático de todos los comicios locales que se avecinan para este año 2010 y los próximos dos años. Sin lugar a dudas, la particular cuestión “emblemática” que atrae a las fuerzas políticas a librar aquí la más enconada de sus batallas, no tiene que ver con la democracia. Sino exactamente con lo contrario.

¿De qué hablamos? De que Oaxaca es un desafío para cualquier fuerza política, no por la limpieza, competitividad, equidad o democracia de sus procesos electorales, sino porque éste continúa siendo uno de los escenarios políticos que presenta mayores atrasos, que tienen mayores posibilidades de ser manipulado con dinero o estrategias de “ingeniería electoral”, y que menos exigencias serias presenta por parte de los ciudadanos a los partidos y sus respectivos candidatos.

Por eso, y no por democrático, es que aquí vienen, por un lado, el Partido Revolucionario Institucional, y por el otro Acción Nacional en alianza con el PRD, PT y Convergencia, a jugarse su futuro. Cada uno viene a demostrar a éstos comicios, que continúa teniendo la posibilidad de ganar todo a pesar de no competir, democráticamente, en nada. Vienen a reiterar a Oaxaca todas las estrategias a través de las cuales se puede intervenir en un proceso electoral, a través del dinero público, las estructuras electorales o la manipulación, sin siquiera preocuparse por hablar de los cambios democráticos que en realidad nadie de ellos parece desear, ni el elector pretende exigir.

¿No es exactamente eso lo que vienen aquí a disputar? Sin lugar a dudas, quien gane los comicios de Oaxaca se sentirá formalmente preparado para las batallas electorales previas a la de 2012, y tendrá la confianza para asistir al proceso electoral federal con estrategias afinadas, que permiten ganar comicios sin hacer propuestas verdaderas, sin establecer al ciudadano común un esquema claro y exigible de cómo será el gobierno, y sin comprometer nada más que no sean los simples capitales electorales. ¿A poco no es eso lo que en realidad se viene a afinar a Oaxaca?

PROPUESTAS NULAS

Unos y otros, los precandidatos a la gubernatura del Estado han enumerado los rezagos históricos de nuestro estado. ¿De qué sirve, por ejemplo, denunciar la pobreza, cuando se pretende hacer creer que ésta se soluciona a través de voluntades, de fórmulas mágicas o en un solo sexenio? ¿Cómo hablar de las grandes transformaciones, cuando lo primero que se ha mantenido en el pasmo es la evolución democrática y de las instituciones, que aquí debió ocurrir desde hace décadas pero se mantiene prácticamente intacta desde no menos de medio siglo? ¿No es todo eso un mero discurso de demagogia?

Más bien, lo que el oaxaqueño serio y comprometido tendría que estar esperando, junto con la estrategia electoral, es esa propuesta y esa honradez —por lo menos discursiva— que nunca llega. Es cierto que todo esto parece ser parte de un idealismo, que se deshace ante la risa burlona de todo aquel que cree entender que el poder es mero pragmatismo. Sin embargo, por considerar que la política es la sola disputa por los cargos, por los privilegios y por el manejo de un presupuesto público, es que nuestro país —y qué decir de Oaxaca— se ha estancado por completo y no encuentra el camino para dinamizar a un Estado que hoy enfrenta una morbidez galopante.

Oaxaca hoy, tendría que estar viviendo una disputa electoral que estuviera fundamentada en mucho más que propuestas fatuas y meros discursos de esperanza. No está mal que un candidato sostenga que con carreteras se soluciona todo, y que su contraparte se jacte de decir que mientras haya una esperanza se va a poder lograr la transformación. Pero, en la realidad de la gran mayoría de los oaxaqueños, hace falta mucho más que eso para transformar las condiciones de vida y la realidad social.

Causa al menos alarma que todo se le fíe a las despensas y a la operación electoral, y que nadie se ocupe de lo verdaderamente sustancial de los procesos políticos. Aquí el poder se sigue disputando como si fuera un mero asunto de simpatías electorales o de compra de votos, para que quien lo gane en las urnas vea después qué hace con él, y si procura —por mera buena voluntad, e incluso para que se le celebre y se le recuerde como un “gran reformador”— alguna mejora al sistema político, a la democracia o a las instituciones.

Lo que parece claro es que nadie desea, ni comprende a cabalidad, cómo enfrentar el enorme reto que representa Oaxaca. Si el cúmulo de rezagos, desatenciones y cambios postergados se mira en perspectiva, podría verse que resolver lo electoral es lo menos complicado. Sin embargo, nadie desea entrar de verdad en esa discusión. Todos prefieren quedarse en el discurso falsamente reformista o esperanzador, que finalmente termina sirviendo para nada.

PRECAMPAÑAS

Las precampañas, que formalmente concluyeron, fueron escenario de todo tipo de excesos, dispendios y transgresiones a las normas electorales. Pero como todos los partidos fueron parte de lo mismo, nadie impugnará nada. Qué democracia la nuestra.

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Reforma a la Ley del Notariado, beneficiará discrecionalidad

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­­+ Modificación urgente, la que clarifique entrega de patentes

A través de un comunicado, el Congreso del Estado dio a conocer la admisión y remisión a análisis, de una propuesta de reforma a la Ley del Notariado, que pretende disminuir la edad mínima para que los profesionales del derecho puedan participar por el otorgamiento de una patente notarial. Esta reforma, de la que no se pone en duda su practicidad y benevolencia, en realidad relega otras modificaciones más urgentes que deberían hacerse a la norma respectiva, para terminar con la corrupción y las manipulaciones —tan conocidas actualmente— que hoy existe alrededor de la actividad notarial en Oaxaca.

¿Qué es un notario? De acuerdo con el artículo 2 de la ley comentada, éste es “es el profesional del derecho investido de fe pública, facultado para hacer constar la autenticidad de los actos y hechos a los que por disposición de la Ley o por voluntad de los interesados, se les deba dar formalidad de carácter público”. En el artículo 12 se establece, entre los requisitos para obtener la patente notarial, que el aspirante debe tener la edad de 35 años cumplidos; y en los artículos subsecuentes se establece el mecanismo a través del cual se otorga, mediante concurso, el fíat correspondiente.

¿Cómo se realiza, en teoría, ese concurso? A través de dos exámenes —uno teórico y el otro práctico— realizados ante un jurado compuesto por cinco integrantes. Uno de los cinco evaluadores, de acuerdo con el artículo 17 de la ley vigente, es un representante del Ejecutivo del Estado; el segundo es el Director General de Notarías. El tercero, el Director Jurídico de la Secretaría General de Gobierno; el cuarto, el Presidente del Colegio de Notarios, y el quinto, un Notario propuesto por el Colegio.

Pongamos el asunto en una perspectiva mucho más amplia, que la del solo rubro de la edad mínima para poder ingresar a dicho concurso. Es loable, y quizá hasta benéfico, que ciertas normas estatales atraviesen por procesos evolutivos para hacerlas más dinámicas y acordes con la realidad social. Sin embargo, es evidente que ante la sola enunciación del proceso para el otorgamiento de patentes notariales, el asunto de la edad se vuelve lo menos relevante de todo.

¿Por qué? Porque según lo que dice la propia norma, todo se ­queda entre ellos. Es decir, que aún cuando la misma Ley del Notariado exige más de una docena de requisitos no dispensables para poder ingresar a un concurso para el otorgamiento de patentes de fe pública, no existe garantía alguna de que el proceso mismo de admisión y competencia son los correctos, o que todo se lleva a cabo como debería.

La sola concurrencia del Poder Ejecutivo y el Colegio de Notarios en este asunto, y según lo visto, no es garantía de que todo ocurra con limpieza e incluso apegado a los principios mínimos que establece la norma. Porque en las condiciones actuales —y más allá de los eufemismos o las presunciones fantasiosas de buena fe—, en realidad todo queda en un alto grado de opacidad y discrecionalidad que no es saludable para nadie.

PROBLEMAS REALES

En diciembre del año pasado, y antes que nadie, en este espacio se establecieron algunos detalles importantes sobre la galopante corrupción que presuntamente existió en el otorgamiento de algunas decenas de patentes notariales, durante la presente administración. Frente a ello, los involucrados en la propuesta de disminución de la edad requerida para aspirar a convertirse en fedatario, tendrían que preguntarse con mayor congruencia cuál de esos dos problemas es más urgente de abordar y resolver.

Teóricamente, no existe más fundamento que el pragmatismo, para tratar de emprender un intento de disminución en la edad mínima para acceder al notariado. Se supone que, al igual que otras figuras como la de la función y experiencia política de los senadores, la del Notario es una función jurídica que corresponde no sólo al profesional del derecho, sino a aquel que cubriendo ese requisito revise ciertas capacidades, experiencia y preparación profesional específica para ser investido nada menos que con la fe pública.

Por eso, anteriormente, la edad mínima exigida tanto para unos como para otros, era no menor a los 35 años. Esto, para presuponer que las capacidades y conocimientos adquiridos se encontraran ya consolidados por la madurez que otorga el paso del tiempo.

Sin embargo, ante la realidad, estos no son más que idealismos. En el caso de los senadores, los requerimientos de la práctica del poder, y los acuerdos políticos entre fuerzas partidistas, llevaron a modificar, hace no más de una década, la edad mínima para acceder a la Cámara alta. Hoy, algo más o menos similar —es decir, fundado en intereses y no en preocupaciones reales por el ejercicio notarial— es lo que pretende positivizar una exigencia que nadie sabe si acarreará los beneficios reales que tanto se pregonan.

Así, parece evidente que lo de menos es que “profesionales jóvenes” puedan acceder a los concursos para el otorgamiento de las patentes notariales. Jóvenes o longevos, lo verdaderamente importante, prioritario y trascendental tendría que ser que sólo les fuera extendido el fíat notarial a quienes cumplieran cabalmente con todos los requerimientos, que fueran los profesionales del derecho mejor preparados, y que de cara a la sociedad —y no sólo ante representantes gubernamentales, y de los colegios notariales, que son una auténtica mafia— demostraran sus conocimientos, a través de exámenes confiables y con posibilidad de ser revisados y corroborados no sólo por los involucrados, sino por cualquier persona.

Un fíat notarial no es una concesión del transporte público. La fe pública reviste importancia trascendental para toda la sociedad. Por eso, si los diputados que integran el Congreso del Estado ya admitieron la propuesta de reforma que aquí se menciona, ahora también deberían preocuparse por las modificaciones que verdaderamente otorgarían certeza jurídica y legitimidad a la actividad notarial.

GRAN NEGOCIO

Modificar la edad mínima para ser Notario, sólo ensanchará las vías para la realización de un amplio negocio de corrupción, discrecionalidad y tráfico de influencias, que es escandaloso y que, por sus propias responsabilidades, la autoridad se niega a indagar.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

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Procuración de Justicia: uno de los más grandes pendientes

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+ Cambios en subprocuradurías: nada bueno puede esperarse

 

Uno de los más grandes fracasos de la presente administración estatal, es el de la procuración de justicia. A pesar de que en los últimos años la institución ministerial ha sido objeto de modificaciones legales para tratar de fortalecer sus tareas y alcances, la incapacidad y la falta de compromiso de quienes la han tenido a su cargo, ha ocasionado que el ciudadano común la perciba más como un ente inoperante, que como órgano garante de la persecución de los delitos, que debería ser y no es.

¿De qué hablamos? De que, por lo menos en los últimos tres años, la Procuraduría General de Justicia del Estado, ha sido una de las dependencias estatales más cuestionadas por su falta de resultados. El problema, sin embargo, no sólo radica en todo lo deficiente y simuladora que fue la actuación de Evencio Nicolás Martínez Ramírez como Procurador, sino que más allá de él, existen hoy poquísimas posibilidades de que, en esa institución, la situación mejore.

¿Por qué? Porque tal parece que Evencio Martínez se fue, pero no se fue de la Procuraduría. Esto porque fue su influencia directa la que determinó su relevo en el órgano de procuración de justicia. El ahora ex Procurador, nunca ocultó la estrecha relación fraternal hacia la entonces subprocuradora de Justicia para Adolescentes, María de la Luz Candelaria Chiñas, a quien trata con la calidad de “comadre” en actividades privadas y públicas. Y desde hace 20 días, ésta despacha como Procuradora, gracias a la intercesión y los buenos oficios de su compadre Martínez Ramírez.

Esto significa, en términos sencillos, que ahí todo parece haberse movido para quedar igual. Más allá de la rotación formal de nombres y cargos, el problema de fondo es que ninguno de estos relevos es garantía de que la actuación de la Procuraduría tendrá cambios positivos, y que ahora sí la ciudadanía podrá sentirse protegida y tutelada por el Ministerio Público del Estado.

María de la Luz Candelaria Chiñas, por la evidente maniobra de influyentismo y compadrazgo por la que accedió a su actual cargo, tiene ya sobre sí fuertes cuestionamientos. Lo previsible —ojalá estemos equivocados—, es que actúe bajo la misma dinámica de desgano, autoengaño y simulación en la que se ha mantenido esa institución, que ha sido manejada con más mortificaciones que determinación por hacer la labor que le corresponde.

¿Cómo pensar en cambios positivos? Podría suponerse, en un primer momento, que el arribo de una nueva titular podría generar actitudes más determinadas. Poco es, sin embargo, lo que en realidad se ha visto al respecto. Del mismo modo, podría suponerse que la Procuradora se habría de rodear de mejores elementos que los que secundaron en sus funciones a Martínez Ramírez. Para no variar, es prácticamente nada lo que se puede decir al respecto.

 

DE MAL EN PEOR

Apenas unos días después de la emigración de Evencio Martínez de la Procuraduría de Justicia a la Secretaría de Gobierno, el subprocurador de Justicia Restaurativa, Pedro Celestino Guzmán Rodríguez, presentó la renuncia a su cargo. Habría de ser nombrado, días después, y en el total sigilo, como coordinador de asesores de la General de Gobierno. Este fue un movimiento que provocó perjuicios en varios frentes.

Primero, porque el nombramiento de Martínez Ramírez, y el posterior de Guzmán Rodríguez, vinieron a romper equilibrios ciertamente delicados que ya se habían logrado en la Secretaría de Gobierno para el desempeño de sus funciones. El arribo de ambos funcionarios generó una tensión particular entre los servidores públicos de la dependencia, que de inmediato provocó efectos negativos en la atención a conflictos que, hasta entonces, no habían dado mayores problemas.

Ambos, Martínez y Rodríguez, llegaron tratando de imponer un nuevo orden, a una dependencia que ni conocían ni mucho menos entendían. El primero, por creer que en la Secretaría de Gobierno las cosas podían resolverse —o sobrellevarse— a través de la simulación. Y el segundo, por considerar que la dependencia encargada de la gobernabilidad estatal, es un despacho jurídico, una mera oficina burocrática, o parte de sus posesiones particulares.

Algunos detalles, que sin ningún problema se pueden corroborar, pintan de cuerpo entero a quienes tienen en sus manos el manejo oficial de la gobernabilidad del Estado. Guzmán Rodríguez abandonó su cargo en la Procuraduría de Justicia dejando, literalmente, nada a su relevo. Fuentes de la dependencia, aseguran que éste continúa ocupando los enseres, vehículos, teléfonos celulares y hasta artículos de oficina que se ha resistido a devolver a la institución a la que desde hace semanas dejó de pertenecer.

¿Y quién ocupa hoy el cargo ministerial al que renunció Guzmán Rodríguez? Una funcionaria de nombre Edna Liliana Sánchez Cortés. De acuerdo al comunicado oficial emitido por dependencia al anunciar su designación, ésta tiene como únicas referencias el haberse desempeñado como abogada postulante y ex diputada local, “entre otros cargos” que no se detallan.

Existen, por lo menos, tres cuestionamientos importantes sobre esta funcionaria. El primero de ellos, es su total inexperiencia en la nada sencilla labor de la justicia restaurativa. Lo que hasta hoy ha dicho a la prensa sobre su nueva encomienda, lejos de beneficiarla deja ver su amplio desconocimiento del tema. El segundo, es que en el Juzgado Segundo Penal se le sigue un proceso judicial, por haber atacado a golpes y lesionado, en julio de 2009, a una mujer en un cine de la capital oaxaqueña.

Un tercer cuestionamiento, no menos grave, es el marcado activismo electoral que trata de hacer a través de su cargo. Hace no más de diez días que arribó a la PGJE, y Sánchez Cortés ha pretendido que los servidores públicos a su cargo asistan, en horas de trabajo, a actos proselitistas del Partido Revolucionario Institucional. 

¿CUÁL CAMBIO?

Con esos funcionarios, ¿qué eficiencia podemos esperar de la Procuraduría? Es alarmante que en esa institución siga reinando la improvisación, la prepotencia y la simulación. Así, ¿cómo quieren “no fallarle” a los ciudadanos? Qué desgracia.

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FCH: México no se arregla con magia

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Adrián Ortiz Romero Cuevas

haz clic aquí para ver la portada de este texto, en la edición impresa de TIEMPO

El pasado viernes, el presidente Felipe Calderón Hinojosa reiteró un llamado exigente que, con reiteración, ha hecho a los mexicanos. Exigió a todos convertirse en “embajadores de México” en el ámbito internacional, y abstenerse de hacer señalamientos negativos o lesivos a nuestra nación. Con esto, el Primer Mandatario considera que es posible superar la imagen de violencia y sinrazón que hoy pesa sobre nuestro país, a causa no sólo de la violencia prohijada por el narcotráfico, sino también por los altos índices de desempleo, inseguridad, pobreza y rezago en la competitividad de nuestra moneda y nuestro país ante el concierto internacional.

En su más reciente llamado a los mexicanos, textualmente, el Presidente dijo: “los mexicanos hablan mal de su país, cosa que no ve de los brasileños, por lo que se vale hablar bien de México en el extranjero.” El llamado tiene un contraste: en los últimos meses, todos los connacionales que públicamente se han atrevido a externar sus verdaderas preocupaciones por el país, han sido duramente reprendidos por el gobierno de la República.

Acaso, el hecho más reciente fue el del seleccionador nacional de futbol, Javier Aguirre, quien en una entrevista a un diario español, a mediados de febrero, aseguró que una vez que termine el mundial de Sudáfrica, buscará nuevamente regresar a dirigir a equipos en la nación ibérica, porque se siente asustado por la violencia y la inseguridad que se vive en el país. Dijo, del mismo modo, que esa es la razón por la que su familia ya no se encuentra en territorio nacional, y por la que nuestro país tiene una imagen tan desgastada.

¿Qué ocurrió entonces? Que fuertes presiones obligaron al técnico mexicano a recular en sus posiciones, y a pedir disculpas. ¿Disculpas por qué, podríamos preguntarnos? En primeras, porque Javier Aguirre fue presentado, en mayo del año pasado, como uno de los “embajadores” de México ante el extranjero. A él, y otras personalidades, se les dio la encomienda de “hablar bien de México” en el extranjero. Y falló. ¿Y a quién le pidió disculpas el ex futbolista? Según que al país. Pero en realidad, le pidió disculpas al Presidente.

Sí, al Presidente, porque en nuestro país esa visión, franca, es ampliamente compartida por todos aquellos que no estamos rodeados ni de escoltas ni de fantasías ni de aduladores. Es decir, todos los que podemos ver una realidad compleja, que se arregla con mucho más que buenos deseos y discursos favorables que no necesariamente pueden hacer que la imagen de México mejore. ¿Cómo hablar bien ante las circunstancias?

DESEMPLEO DISIMULADO

¿Por qué un policía se vuelve secuestrador? ¿Es sólo consecuencia de sus instintos criminales, el hecho de que alguien que se supone está contratado por el Estado para resguardar el orden público y la seguridad de los habitantes, se dedique a delinquir libremente con un arma de cargo y una charola de impunidad? ¿Es esto obra de la casualidad, o más bien es consecuencia de la larguísima desatención que ha habido por parte del poder público a la atención real de los problemas sociales?

Duele, de verdad, pensar y comenzar a creer que México es, y ha sido, un país invadido y dominado no por potencias extranjeras, sino por nuestra propia corrupción. Es un imperativo que reiteradamente nos dicta la historia. Sin embargo, mucha de esa codicia no apareció sola. Y es uno de los tantos rasgos sobre los que podemos hacer mucho, pero que es imposible de negar o esconder.

En innumerables casos, la corrupción partió originalmente de las carencias de las personas. En el fondo, fue lo que motivó a un individuo codicioso a vender la mitad del país a cambio de unas cuantas monedas. Y es lo que, día a día, mueve a más personas a cometer ilícitos, unos famélicos y otros verdaderos actos criminales, para saciar un hambre y unas carencias que más bien parecen ser históricas.

Basta ver las cifras del desempleo en el país, u otros indicadores económicos, para comprender por qué la falta de competitividad de nuestra moneda, la pérdida del poder adquisitivo de nuestros pesos, y la reducción de los espacios legales y libres de trabajo, son también —y de modo preponderante, como debería ser— un tema de seguridad nacional. ¿De qué hablamos?

De que hoy, a pesar de que el Presidente asegura que los empleos se están recuperando, y que el ambiente económico es mucho más favorable que el año pasado, lo cierto es que hoy lo que apenas se ha podido recuperar es una parte de lo que se perdió durante la crisis. Mucho de ese desempleo es el que se convirtió en inseguridad, cuando alguien necesitado de dinero, como todos los mexicanos, perdió su empleo y luego encontró ocupación en la delincuencia común u organizada.

DEVALUACIÓN NEGADA

Para variar, el gobierno federal asegura que la inflación ocurrida en el primer tramo de 2010 fue apenas consecuencia de algunos ajustes que no tendrán mayor impacto para los mexicanos. Esto lo aseguraba, a través de sus Secretarios de Estado, mientras la población volvía a resentir el incremento de impuestos y en el precio de los combustibles. Oficialmente, la inflación sigue siendo casi tan baja como antes… mientras la espiral ascendente en los precios se niega ante la mirada irascible de las mayorías.

El asunto no tendría mayor relevancia si el ingreso promedio de las personas no fuera tan bajo, o si incluso fuera más o menos equiparable al de Estados Unidos de Norteamérica. Mientras el salario mínimo en México en la mejor zona económica apenas si rebasa los 55 pesos diarios, en Estados Unidos el pago por una hora de trabajo es superior a los ocho dólares, como salario mínimo. Esta sola situación, además del costo de la vida en general y el potencial económico nunca semejante entre las dos monedas, deja ver el impacto que tiene para el bolsillo de los mexicanos, la inflación que el gobierno de la República se niega a reconocer.

Por si fuera poco, es evidente que en razón del precio de los combustibles oscilan los precios de prácticamente todos los de más productos de consumo básico. Salvo los que se producen en la región —y en estos también es relativo por la necesidad de transporte que tiene cualquier producto o servicio que se pretenda ofertar—, por todos los productos pagamos siempre un porcentaje de su costo de transporte. Aunque el costo de producción de cualquier cosa no varíe, si se incrementa el precio del transporte de todos modos habrá un incremento en su precio.

En el ejemplo, estos “gasolinazos” son los que recurrentemente han afectado a las familias mexicanas. Aunque el gobierno federal se ha negado sistemáticamente a reconocer la presencia de esta espiral inflacionaria que, desde el primer mes del año rebasó el cinco por ciento que todavía hoy se defiende y que se refleja todos los días en la economía familiar, es evidente que lo que se espera con el incremento en el precio de los combustibles, no es más que un ascenso todavía mayor de la inflación, la continuación en la negación de ésta, y la consecuente perpetuación de la pérdida del poder adquisitivo de los mexicanos.

Sin embargo, el presidente Calderón dice que vamos de maravilla.

DISCURSO CON BALAS

Sin duda, lo que más le preocupa a la administración federal es la violencia originada por los constantes enfrentamientos entre la autoridad y la delincuencia organizada. ¿Cómo negar la realidad y el terror que son hoy ciudades como Monterrey, Juárez, Reynosa y Tampico, en el norte de la República? ¿Cómo negar que, independientemente de ahí en particular haya una alta incidencia delictiva y de violencia, en todo el país se dan, todos los días, ajustes de cuentas, enfrentamientos y demás, que ponen en riesgo no sólo a los involucrados en acciones ilícitas, sino a la población civil, que sin deberla ni temerla, muere a causa del fuego cruzado entre bandas criminales?

México vive un disimulado estado de excepción, que aún con eso, pretende ser negado y escondido, para no ver una cruel realidad que todos los días mata y aterroriza a miles de mexicanos que simplemente no tienen con qué hablar bien del lugar hecho caos en el que viven.

Es cierto que hablar bien del país es un buen paso. Pero esto no debe convertirse en una fantasía a través de la cual se niegue después la realidad. Al dejar de pisar el suelo y ver lo que ocurre sin cortapisas y sin falsos temores, se pueden enfrentar de mejor modo los problemas. Sin embargo, nadie tiene la garantía de que el presidente Calderón esté dispuesto a dejar su mundo de felicidad y bajar a la realidad que todos los días palpamos y sufrimos los mexicanos comunes.


Derechos Humanos: la evolución tiene su origen en las personas

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+ ¿Por qué no pensar en que desaparecieran nuestros derechos?

Hoy es común hablar sin ninguna cortapisa de los que, consideramos, son nuestros derechos humanos. La argumentación llega a ser incluso sencilla, cuando se trata de defender posiciones o situaciones en las que creemos tener razón, basados justamente en la idea de que gozamos de ciertas garantías que, legalmente, nadie nos puede coartar. Sin embargo, no siempre fue así y, más bien, la consecución de los derechos humanos fue producto de una larga lucha de miles de personas, en distintos tiempos, para que se nos reconociera a todos como tales. Es decir, que nosotros somos la medida de nuestros derechos humanos.

Aunque no lo parece, hoy esta discusión debería ser más actual que nunca. Si bien es cierto que en los países medianamente democráticos, derechos fundamentales como el de la vida, la libertad, la seguridad jurídica y el patrimonio, no se encuentran a discusión, también es cierto que mucho de lo que se esgrime alrededor de esos derechos no son más que fantasías. Al menos en lo que toca a naciones como la nuestra, existe un amplísimo desarrollo teórico que no siempre es llevado a la práctica.

¿Por qué? Porque si bien es cierto que en países como México existe un amplio catálogo de derechos individuales y colectivos protegido por la Constitución de la República, y las leyes, también lo es que aquí se siguen cometiendo abusos —por parte de la autoridad y de los particulares en contra de sus semejantes— que bien podrían ser dignos de los años más rancios del siglo XIX, o los de los radicalismos y las utopías de la centuria siguiente.

Veamos si no. En las mediciones internacionales, México tiene siempre malas calificaciones tanto en su sistema de procuración de justicia, como en lo que se refiere a su modelo de impartición de justicia. Las razones no son menores: aquí, además de los atrasos legales que a base de cuestionados esfuerzos, se han ido superando, también continúan ocurriendo graves violaciones de garantías en lo que toca a los derechos de los ciudadanos que se enfrentan a un proceso judicial.

Si lo vemos a detalle, aún hoy, esas violaciones se traducen en hechos que ya no deberían ocurrir. Tortura, incomunicaciones, vejaciones, allanamientos, errores procesales graves y demás, continúan siendo el pan de cada día de miles que se enfrentan al procesamiento ante los órganos de justicia, y particularmente ante las instituciones policiacas y ministeriales que son las que abrevan más vicios que han sido imposibles de erradicar.

Además, allende esas cuestiones hay más. ¿No existe en México, actualmente, un problema gravísimo relacionado con los derechos humanos, en lo que se refiere a las detenciones-desapariciones que han ocurrido en los años recientes? No vayamos a la guerra sucia de los años setentas. Ahora, en esta administración del gobierno federal, ocurrió la desaparición forzada de dos personas que integran un grupo subversivo, y que casi tres años después no han sido localizadas ni se sabe cuál fue su destino final o paradero actual.

Si vemos eso, que deja muy mal parado a nuestro país, a nuestras autoridades y, en última instancia, a nosotros mismos, ¿cómo poder hablar de que derechos más “evolucionados” están garantizados? Podríamos hablar de ello sólo en el ámbito de los idealismos, pero no en base a constataciones reales de que los derechos no sólo existen, sino que se respetan.

¿DERECHOS DESAPARECIDOS?

Quizá, en el último de los casos, lo mejor que podría ocurrir es que, como tal, el catálogo y el concepto de derechos humanos desapareciera. ¿Cómo asegurar tal aberración? Veámoslo no en un sentido negativo, sino más bien al contrario. Lo ideal es que existiera respeto a todas nuestras garantías y libertades, y que por tanto desde la población civil o desde los ámbitos de la autoridad, nos olvidáramos de las enumeraciones relativas a los derechos fundamentales.

¿Esto podría ocurrir? Difícilmente. La propia condición humana impide si quiera suponer que en algún momento pudiéramos llegar a superar todos esos conceptos por los que tanto se ha luchado, y se consiguiera un marco pleno de libertades, derechos y obligaciones que se cumplieran por sí solos, y no por el mandamiento de tratados, constituciones, normas o convencionalismos, o que se hicieran valer luego de presentar recursos legales ante las autoridades encargadas de su tutela y protección.

Sin embargo, más allá de los idealismos, tendríamos que tomar todo esto como un parámetro específico. En la medida en que podamos ser capaces de comprender, como individuos, como sociedad o como nación, todas nuestras igualdades y diferencias, y el ámbito de acción que tiene cada persona junto con sus límites, también tendremos la posibilidad de comprender qué tanto hemos evolucionado en cuanto a nuestro entendimiento práctico de los derechos humanos.

Este tendría que ser un ejercicio propio e individual. En lo colectivo podemos suponer que, mientras otros respeten y tengan nociones claras de qué son y para qué sirven los derechos humanos, nosotros podemos seguir vulnerando esos derechos, y de todos modos las estadísticas se mantienen en niveles “aceptables”. Sin embargo, es evidente que nada de esto es provechoso cuando se piensa que otros pueden cumplir con obligaciones que sólo pertenecen a uno.

Por eso, debemos pensar más en la práctica de los derechos, y posiblemente menos en sus concepciones teóricas. De nada sirve recitar un catálogo de normas como si fuera un catecismo, si finalmente nos resistimos, o no tenemos la capacidad plena de llevar nuestras ideas a la realidad. Si esto permeara de mejor modo en nuestra sociedad, y nos ocupáramos más por estas cuestiones que más bien parecen discusiones bizantinas, tendríamos una capacidad de discernimiento más acabada, más eficaz y, por tanto, una sociedad menos problemática.

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Encuestas, engañosas, por desatender la manipulación rural

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+ Oaxaca de Juárez: verdadera lucha electoral entre partidos

En Oaxaca, tal parece que más se tardan las fuerzas políticas en presentar muestreos estadísticos que supuestamente les dan ventaja, que sus adversarios en desmentir las encuestas y descalificar a los oponentes. Este es parte de uno de los tantos juegos engañosos de la democracia electoral de nuestro país. Sin embargo, es evidente que más allá de los golpes mediáticos que unos y otros pretenden dar, lo que desde ahora puede apreciarse es que la verdadera contienda ocurrirá en Oaxaca de Juárez.

En primer término, tratemos de hacer un ejercicio de memoria. Desde finales del año pasado, los partidos que entonces estaban en vías de integrar la coalición opositora en Oaxaca, presentaron diversos muestreos en los que demostraban la competitividad de sus respectivas fuerzas políticas, y las perspectivas favorables que existían con una posible coalición. Por su parte, en la casa de enfrente, —en el tricolor, que entonces se batía en una desgastante contienda interna por la candidatura a Gobernador—, se aseguraba que con su sola aceptación como partido, el PRI tenía amplias posibilidades de triunfo, a lo cual debían sumarse las preferencias porcentuales de cada uno de sus posibles abanderados.

Lo cierto, en todo esto, fue que en ambos frentes las decisiones se tomaron en base a acuerdos políticos y no con referencia estricta en encuestas. Esa, que es exactamente la misma causa, fue la que llevó a las respectivas candidaturas —aunque hoy, formalmente, aún tienen el calificativo de “precandidatos”— tanto a Gabino Cué Monteagudo como a Eviel Pérez Magaña. Por tanto, en el aspecto verdaderamente objetivo, desde entonces las encuestas dejaron de jugar un papel decisivo, y de referencia, para los partidos políticos en disputa.

Sin embargo, ninguna de las fuerzas políticas ha dejado de usar —y seguramente no lo hará— la difusión de encuestas, como un método efectivo para crear percepciones en el electorado. Unos días antes de que se definiera el rumbo de la candidatura priista, sus adversarios de la Coalición opositora dieron a conocer una encuesta de Parametría que, combinando la aceptación de partidos y candidatos, arrojaba que Gabino Cué tenía una ventaja de cinco puntos sobre el más popular de los priistas. Días después, cuando Pérez Magaña ya era precandidato único a Gobernador, el tricolor dio a conocer otro sondeo —“avalado” por el periodista Carlos Ramírez— en el que, se decía, la superioridad priista sobre la coalición opositora era de 15 puntos.

Esta guerra de números ha continuado su curso normal. Unos y otros se han despedazado por tratar de convencer al elector, y a sus oponentes, que sus respectivos números son los reales y confiables. Aunque, en realidad, ambos podrían estar creando percepciones engañosas para ellos mismos. ¿Por qué?

Porque en Oaxaca, a diferencia de otras entidades, los triunfos y derrotas están determinados por el porcentaje mayor de la población votante. Es decir, por quienes habitan en las zonas rurales. Este núcleo de electores reviste dos características en particular: la primera es que, por su sola ubicación y situación sociopolítica, éstos son prácticamente imposibles de encuestar; y la segunda, y más lamentable, es que éstos son los más susceptibles a cualquier forma de manipulación con fines electorales.

Por eso, la guerra de encuestas es un simple ejercicio mediático, para crear percepciones que no necesariamente reflejan la realidad. Quizá, en realidad, ni los mismos equipos de campaña de los candidatos tienen números exactos sobre su situación particular. Y más bien, la única seguridad que existe, es que ganará los comicios quien tenga las mayores posibilidades de manipular, comprar o coaccionar a los electores, y quien pueda acceder a mayores recursos para alimentar las “tradicionales” prácticas de corrupción relativas a los votantes más marginados. De eso, que no quepa duda.

GUERRA ES GUERRA

Sin embargo, habrá que poner particular atención a los centros urbanos. A diferencia de las amplias zonas rurales que tiene Oaxaca —que son susceptibles y escenarios fértiles para todo tipo de manipulación—, en los espacios urbanos es donde verdaderamente habrá una batalla por las victorias electorales. La capital oaxaqueña será el más formidable de esos escenarios.

Esto, debido a que un simple ejercicio aritmético permite ver que en Oaxaca de Juárez sí es alta, por sí misma, la competitividad de los partidos de oposición en todos los comicios de al menos la última década. Y porque, en la cancha de los priistas, existen varios líderes populares y militantes que representan a porciones importantes de la población votante, pero ninguno tiene un control mayoritario de los factores de decisión en ese partido.

El problema para el priismo, en este caso en particular, es que en los centros urbanos más importantes de la entidad sí han tenido que recurrir a los abanderados más competitivos, y no sólo a los que representan a los más elevados intereses cupulares. Ahí, a diferencia de los espacios rurales, es mucho más complicada la manipulación electoral, y por tanto es menos confiable la perspectiva de contar con márgenes del llamado “voto duro”, o con representantes sectoriales que, por pura disciplina, manifiesten sus respectivas adhesiones a las decisiones del partido.

Así, tanto priistas y opositores sí tendrían que tomar más en cuenta sus resultados estadísticos reales (que no necesariamente son los mismos que hacen públicos) para definir sus estrategias en Oaxaca de Juárez y las ciudades más pobladas de la entidad. Antes que confiar en la “maquinaria”, aquí para el triunfo sí es determinante la decisión sobre el candidato, la conducción de la campaña, y el aprovechamiento de todos los recursos que cada abanderado pueda allegarse. ¿Lo entenderá el priismo?

URBANEROS, IMPUNES

Ayer, el transporte urbano de la capital oaxaqueña cobró una víctima más, en una joven mujer que fue atropellada y muerta por un autobús de la línea TUSUG, en el norte de la capital. Aunque parezca increíble, aquí matan más los camiones que el crimen organizado. ¿Hasta cuándo seguirá esta abominable impunidad? ¿Hasta que linchen a un conductor homicida, o quemen más unidades? Es pregunta.

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Unificación de policías municipales en estatal. ¿Y Oaxaca?

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+ Complejidad territorial: ¿Cómo acordar con 570 municipios?

Anteayer, en la 38 reunión plenaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores se aprobó por unanimidad la propuesta de unificar a las más de dos mil 200 corporaciones policiacas municipales en 32 policías estatales. Dicha propuesta, que ayer mismo fue bien recibida por el Senado de la República y por organizaciones civiles como la del empresario Alejandro Martí, plantea retos importantes y particulares para entidades tan complejas como la nuestra.

El asunto no es menor. Porque si bien es cierto que uno de los más graves problemas que representa la inseguridad en el país, tiene mucho que ver con la incapacidad de las corporaciones municipales y estatales para enfrentar al crimen organizado, también es cierto que México tiene una composición social y territorial fundamentalmente determinada por la diversidad, la pluralidad y, por qué no decirlo, los desacuerdos.

Tratemos de explicar estas dos vertientes. Porque es evidente que los problemas relacionados con la seguridad pública se han multiplicado en el país, en gran medida porque las corporaciones policiacas no han tenido la capacidad de ser “competitivas” frente al crimen organizado (es decir, que no ha podido responder con la misma eficiencia, eficacia, capacitación, número, salarios, y capacidad de fuego ante los criminales); y porque para encabezar la lucha anticrimen, el gobierno federal decidió echar mano de las fuerzas armadas.

Esta, por donde se le vea, parece ser una situación insalvable. En México existen alrededor de dos mil 200 corporaciones policiacas, en los poco más de dos mil 500 municipios en que primariamente se divide el territorio nacional. En ese mismo territorio, existen 32 policías estatales, además de una policía federal. Y ahí mismo, en el combate al crimen organizado, hoy también actúan las fuerzas armadas, a través del Ejército mexicano y la Marina Armada de México.

En este marco de pluralidad, ¿cómo coordinar esfuerzos, información, estrategias y tácticas? Y lo que es peor: ¿cómo poder al menos suponer que todas esas corporaciones tienen las mismas capacidades, preparación, armamento y confiabilidad, como para involucrarlas en la lucha contra el crimen organizado?

En esas dos preguntas, y sus respectivas respuestas, puede explicarse en gran medida por qué quien encabeza la lucha anticrimen es el gobierno federal a través de su corporación policiaca y las fuerzas armadas; y por qué, en todo esto, los municipios y hasta las entidades federativas, para la Federación, parecen más un lastre que una ayuda. Sin duda, en este aspecto, actúa bien y con mayor alcance, quien tiene más recursos.

Tanto la Policía Federal, como la Procuraduría General de la República y las fuerzas armadas, están dotadas de mayores elementos económicos, de armamento y equipamiento, para combatir al crimen. Pero las policías estatales tienen una capacidad por mucho menor a la de sus pares federales. Y, en esto, las policías municipales son las que enfrentan los mayores problemas de falta de confiabilidad, de capacitación y de armamento. Son más de dos mil corporaciones que si, en su mayoría, son incapaces de contener a la delincuencia común, mucho menos pueden —y quieren— hacer algo, lo que sea, por tomar parte en la lucha contra el crimen organizado.

UNIFICACIÓN, ¿Y OAXACA?

Chihuahua, por ejemplo, tiene un territorio que está dividido políticamente en 67 municipios; el estado de Guerrero tiene 76 demarcaciones; Yucatán tiene 106; Baja California Sur tiene 6… y Oaxaca tiene nada menos que 570 municipios, que —sin tomar en cuenta las condiciones particulares de cada una de ellas— en su mayoría cuentan con sus propias corporaciones policiacas.

¿Qué pretendemos ejemplificar con todo esto? Que seguramente en las entidades federativas podría no ser un problema significativo el organizar a sus corporaciones municipales en una sola Policía Estatal, y con ello tener la posibilidad de unificar criterios, estrategias y objetivos, para cumplir con lo que el martes pasado se pactó en la Conferencia Nacional de Gobernadores.

Sin embargo, tendrían que venir a ver el caso particular de Oaxaca. Aquí, más allá de lo que pueda decir la autoridad estatal de la materia (es decir, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado), lo que es evidente es que la coordinación es prácticamente imposible. Se sabe que desde que ocurrió la unificación del mando policiaco estatal, también se emprendieron estrategias de coordinación entre las corporaciones que pertenecen a la veintena de municipios que rodean a la capital oaxaqueña.

En apariencia, la coordinación existe. Sin embargo, más allá de lo que se aparenta, lo que se deja ver es que son más las desavenencias que los logros habidos por esa supuesta coordinación. Y este es un problema que emerge no de la incapacidad de los mandos estatales, o de imposibilidad de unificar corporaciones, sino del hecho mismo de que una entidad como la nuestra conlleva incuantificables discordancias naturales que lo mismo ocurren de colonia a colonia, que de pueblo a pueblo, o entre municipios. Sólo en el caso de los municipios conurbados a la capital oaxaqueña, la coordinación ha tenido amplias dificultades, porque los municipios se resisten a trabajar juntos debido a razones históricas, culturales, políticas, o por conflictos de límites, además de un sinfín de motivos.

Esta circunstancia, que es propia de la región del Valle, se reproduce con mayor intensidad en todo el Estado. ¿Cómo se pondrán de acuerdo las autoridades estatales, para unificar a las más de 400 corporaciones municipales que existen en la entidad? ¿Cómo harán transitar este acuerdo en los municipios que se rigen bajo el sistema de usos y costumbres? ¿Qué tendrán que hacer para que cada uno de ellos ceda en su orgullo, posiciones políticas e intereses, y entregue su mando policiaco y elementos, para integrar una Policía Estatal?

UN VERDADERO RETO

El asunto no parece fácil. Si esta posibilidad se consolida, los mandos actuales —y los de la próxima administración— en la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Estatal, tendrán una tarea titánica que nadie sabe si puedan lograr.

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Violencia en México: cuando no es en el centro, no importa

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+ Indiferencia y alarma federal: dos visiones de la realidad

A pesar de que entidades como Baja California, Chihuahua, y Sinaloa han sido escenarios de la prolongada ola de violencia y criminalidad que azota a esa región del país, no fue sino hasta cuando hubo una explosión de muerte, enfrentamientos y disputas entre el crimen y la autoridad en la ciudad de Monterrey —corazón económico del país—, que el gobierno federal se dio cuenta que en el norte había problemas. Este es un fenómeno harto parecido al que ocurrió hace casi cuatro años en Oaxaca. Ambos, son rasgos fundamentales de ese raro federalismo —si es que podemos llamarlo así— que subsiste en nuestro país.

Es necesario, en primer término, definir los tres aspectos a los que nos referimos. El primero de ellos, tiene que ver con el crecimiento exponencial de la violencia criminal, y el alto impacto que todo esto tiene en la imagen de México como país; el segundo de esos rubros, tiene que ver directamente con lo que podríamos denominar como la “contracara” de las formas como se puede trastocar la paz pública de un territorio: la violencia por motivos sociales. Y el tercero de esos aspectos, tiene que ver con las discordancias entre el tipo de gobierno y organización político-administrativa que supuestamente tenemos en nuestro país, y lo diametralmente distinto que ocurre en los hechos.

¿Qué sucede con el norte del país? Que todo lo que vemos hoy —con los constantes enfrentamientos entres las fuerzas federales y armadas contra gatilleros de las bandas dedicadas al crimen organizado—, no es ni un alarmante descubrimiento ni mucho menos el desbordamiento de una ola de violencia que antes no existía. De hecho, la gran mayoría de los muertos, el terror y la violencia, la han puesto las entidades norteñas de la República, en las que desde hace años se libra una interminable disputa por el control de los territorios, y en la que la población civil es quien ha pagado todos los daños colaterales.

Si esto es así, ¿entonces por qué antes el gobierno federal minimizó y dejó pasar la violencia en ciudades como Juárez y Monterrey, pero hoy son preocupaciones y prioridades de primer orden? Porque tal parece que a pesar del terror y la violencia sembrada en esos territorios, hasta hace muy poco el gobierno de la República sintió los efectos de una presión mediática —nacional e internacional—que desde hace dos o tres años existía, aunque no a los niveles actuales.

Tuvieron que suceder hechos verdaderamente preocupantes en Ciudad Juárez, como el homicidio de varias docenas de jóvenes en lo que pareció ser un ajuste de cuentas entre bandas criminales, o el homicidio de tres personas ligadas al consulado estadounidense en esa ciudad; o la multiplicación de los enfrentamientos en la capital económica de la República, para que el gobierno volteara a ver qué ocurre.

Ante esto, habría que preguntarse con más detalle por qué ahora sí hay preocupación, y antes no. La atención federal, en realidad, poco o nada tiene que ver con la violencia y los muertos en sí —es decir, las bajas que resiente la población civil de origen nacional—; más bien, esto se explica en el desgaste que está sufriendo la imagen internacional del país, y particularmente del gobierno, cuando entre los muertos se comienza a contabilizar a ciudadanos extranjeros, cuando los ataques incluyen a población sensible como niños y jóvenes y, sobre todo, cuando la violencia se incrusta en el sitio en el que los capitales y la inversión son un punto sensible que, al ponerse nervioso, amenaza con buscar escenarios menos problemáticos para asentarse.

OAXACA Y EL NORTE

¿No fue eso, más o menos lo mismo que ocurrió en Oaxaca en 2006? Hace cuatro años, nuestra entidad sufrió un problema harto parecido al del norte de la República, aunque motivado por circunstancias distintas. A diferencia de la violencia por razones estrictamente relacionadas con el crimen organizado, aquí lo que se desató fue una convulsiva revuelta social que lo mismo aterrorizó a la población, que reprodujo la violencia en las calles, para luego provocar bajas humanas —que hasta hoy permanecen en la impunidad—; que a larga alteró el orden y la imagen pública del estado y del país, y que finalmente fue atendida y remediada por el gobierno federal, sólo cuando se involucraron intereses ajenos a los locales.

Aunque parezca ya un ejercicio ocioso, traigamos nuevamente a la memoria los hechos de 2006 en Oaxaca. Aquí, a causa de un conflicto de orden social y político, se contabilizó más de una veintena de muertos, que sigue sin ser aclarada. Durante meses, la población civil vivió —vivimos— asolada por la incertidumbre de salir a las calles, por no poder tener garantías sobre la cotidianeidad de las actividades, de la tranquilidad y de la economía, y por estar a merced de grupos ajenos a la fuerza del Estado. Esto llevó un nivel de zozobra e inseguridad nunca antes visto, que sólo fue atendido y remediado, cuando en un enfrentamiento a balazos entre activistas y elementos policiacos, en el que cayó muerto un ciudadano norteamericano. No importaron las bajas nacionales; la dimensión internacional que dio ese hecho, fue lo que determinó la atención federal.

Ante circunstancias como esas, no estaría de más preguntarnos ¿qué tipo de federalismo se ejerce en nuestro país? Esta no es una discusión meramente teórica, sino que más bien cobra actualidad por la forma en cómo, fallidamente, se pretende abordar los problemas sólo cuando ya están desbordados, y no con una visión auténticamente federalista, que por lo menos tendría que ser global y sensible a lo que ocurre en todo el territorio nacional.

Los hechos que ocurren en el norte de la República, no alarmaron a la Federación por la puesta en riesgo del orden público y la seguridad, sino por el escándalo y el escarnio internacional. Sólo recuerdan que México es todo el territorio nacional, y no sólo el centro de la República, cuando el norte o el sur ya se convirtieron auténticos polvorines.

¿VERBORREA?

Oficialistas y opositores, ahora tratan de convertir en bandera las supuestas injerencias gubernamentales estatales y federales en el proceso electoral. ¿No están para eso los órganos jurisdiccionales locales y federales de la materia? Las acusaciones “políticas” son simple demagogia, cuando no vienen acompañadas de acciones legales que sustenten lo que se dice. Es justo lo que están haciendo ahora.

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Seguridad Pública: ¿Existe blindaje efectivo vs criminalidad?

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+ Extorsión telefónica crece, impunemente, a niveles de alarma

Peca de ingenuo todo aquel que pretendiera asegurar que Oaxaca está libre de los efectos de la onda criminal que afecta al país. Tal y como ocurrió en el pasado, hoy es nuevamente cuestión de tiempo, el que los efectos nocivos de la lucha anticrimen regresen con intensidad a nuestro estado. Habría que ver con exactitud cuáles son, y qué efectos tienen, los problemas relacionados con la criminalidad que aquejan a nuestra entidad. Ésta se encuentra contenida, mas no erradicada. Y por eso, el riesgo de un repunte, en cualquier momento, es exponencial.

En primer término, es evidente que este asunto rebasa por mucho las escalas municipal y estatal, aunque no por ello, estas esferas de gobierno tienen menos responsabilidad con el marcaje a la delincuencia. El reparto del presupuesto destinado a la seguridad pública, es un grave problema para nuestro país. En un primer momento, al analizar más o menos a detalle esta cuestión, se hace evidente por qué, a diferencia de muchos otros problemas, el de la seguridad pública implica una responsabilidad compartida que, valga decirlo, es por mucho engañosa e inequitativa.

¿De qué hablamos? De que, en nuestro país, los problemas relacionados con la seguridad pública parten lo mismo de la galopante corrupción que históricamente se ha anidado en las corporaciones y dependencias encargadas del ramo en sus tres ámbitos de competencia, como en las inequidades presupuestales que, en gran medida, determinaron el abandono de las mismas, y su irremediable cooptación y connivencia con las bandas criminales.

La explicación, en términos generales, es más o menos sencilla. Desde hace más o menos una década, el gobierno federal creó una Secretaría de Seguridad Pública, unificó a sus corporaciones policiacas y las convirtió en lo que hoy se conoce como Policía Federal. El conjunto de las fuerzas federales hoy consume unos 34 mil millones de pesos del presupuesto público de la Federación.

Un monto no mayor a ese, es el que se reparte anualmente a las 32 entidades de la República para la manutención y equipamiento de sus respectivas corporaciones de seguridad estatales. Y es una cantidad muchísimo menor (unos 5 mil millones de pesos) los que se invierten, como recursos extraordinarios,  para la seguridad pública en los municipios más importantes del país.

¿Qué reflejan, por sí solos, esos números redondeados? Que, en nuestro país, existe una grave disparidad entre las posibilidades de inversión y mejoramiento entre las corporaciones policiacas de diversos ámbitos de competencia; y que, por tanto, existen posibilidades marcadamente desiguales en las cuales tanto unas corporaciones, como las otras, pueden y tienen las posibilidades de hacer frente a la delincuencia en sus dos vertientes.

Así, mientras el gobierno federal tiene a una Policía Federal y a una institución ministerial capacitada y con salarios aceptables, las policías locales y municipales del país continúan teniendo graves problemas de corrupción, de cooptación y de atraso, tanto en su número, como en sus condiciones de trabajo, salario, armamento y prestaciones.

¿Y eso qué tiene que ver con Oaxaca?

¿QUÉ SIGUE?

Este asunto, repetimos, no es sólo de interés local. En realidad, el gobierno federal parece estar tan interesado —y desgastado— por toda la violencia que hoy se desborda en el país, que poco es lo que le ha preocupado el blindaje que ya deberían haber emprendido para las entidades del sur de la República. Estamos a nada de volver a resentir los efectos de una guerra que parece no tener fin.

Tal parece que hoy en Oaxaca, las oleadas de violencia aparentemente encabezadas por el crimen organizado, parecen estar apagadas. Entre 2007 y 2009, hubo un periodo de alrededor de 18 ó 20 meses, en el que ocurrió una altísima incidencia delictiva, que parecía tener su explicación en la intensificación de las disputas territoriales y de mercados en otras entidades, las cuales hicieron emigrar u obligaron a extenderse a quienes se dedicaban a actividades ilícitas. Esto fue lo que, en dicho periodo, hizo elevar los niveles de secuestros, ejecuciones, extorsiones y venta de protección a particulares, a niveles que nunca antes se habían visto en la entidad.

Hoy, es imposible asegurar que la incidencia delictiva se encuentre en los mismos niveles. Sin embargo, subsisten problemas graves en las mismas corporaciones policiacas, que en cualquier momento podrían de nuevo combinarse para generar un escenario de riesgo: de nuevo, hoy es prácticamente inexistente la presencia de resguardos federales en los puntos álgidos del territorio, las fuerzas estatales tienen hoy graves problemas hasta para combatir a la delincuencia común.

Y si todo sigue su curso como hasta ahora, no pasará mucho tiempo antes de que Oaxaca —y todo el sur de la República mexicana—, vuelvan a convertirse en territorios de franca disputa entre bandas criminales, o entre éstas y las corporaciones de seguridad, que cuando habrían podido prevenir los riesgos, no lo hicieron.

¿Qué remedio han puesto, por ejemplo, a la altísima incidencia que tiene hoy la serie de delitos que se cometen a través de la extorsión telefónica? Aspectos como ese, revelan los insuficientes alcances de la autoridad, y la facilidad con que una banda criminal puede ponerlos en jaque. Esto porque, para perseguir a una banda de extorsionadores —que normalmente no operan físicamente en el sitio en donde realizan la extorsión—, las corporaciones estatales hacen lo que pueden, las federales se desentienden. Y mientras, todos los días docenas de personas son aterrorizadas por amenazas y mentiras, que no tienen forma de ser impedidas por la autoridad.

Más allá de las denuncias, hoy son abundantes los casos de extorsión que a diario se ejecutan en nuestra entidad. Y si la autoridad se ve impedida para detener esa, que es la forma menos violenta del crimen organizado, ¿qué pasará si de nuevo se desborda ese tipo de delincuencia?

CAMBIOS

Finalmente, se materializaron los cambios que ya se preveían en la estructura gubernamental estatal. El más significativo, es la incorporación de José Antonio Estefan Garfias a la campaña priista, en la elaboración del Plan de Gobierno. Lo releva el hasta ayer director de Recursos Humanos —y reemplazo natural—,  Francisco Márquez Méndez.

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Columna Al Margen. Autor: @ortizromeroc. Espacio para la reflexión y el análisis político. #Oaxaca #AlMargenMX.

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