+ Repercusiones no sólo deportivas: son para todo el país

Alrededor de las 6 de la mañana del lunes, en todos los medios informativos del país comenzó a circular información escalofriante: uno de los jugadores estrella del club América de futbol había sido baleado una hora antes, en un bar de la ciudad de México. De inmediato, se dio un despliegue informativo que lo mismo fue del registro puntual de hechos a la especulación; de la consternación al más crudo de los amarillismos; y del punto central de lo que implicaba el hecho, a la manipulación informativa que, finalmente, ha impactado lo mismo en la develación de más situaciones de corrupción —que no son raras en el país—, que en el golpeteo político de oportunidad que, curiosamente, tampoco es raro en México.

A lo largo de la semana que concluye, el disparo de arma de fuego que recibió el paraguayo Salvador Cabañas ha ido de extremo a extremo. Una de las tantas discusiones, por ejemplo, comenzó en el delicadísimo estado de salud en que se encuentra el jugador como consecuencia del ataque, y terminó en un durísimo cuestionamiento sobre qué hacía dicho personaje, en una madrugada de lunes, en un bar en el que aún a las 5 de la mañana se continuaban ingiriendo bebidas embriagantes.

Esa, entre muchas otras, es una discusión de extremos que finalmente no redunda en nada. En efecto, lo más probable es que, como consecuencia de ese hecho, Cabañas quizá no vuelva a ser el mismo de antes, e incluso nunca vuelva a figurar en el futbol de primera división de México. Es la consecuencia, indeseable pero natural, de un hecho como este.

Sin embargo, el otro extremo de la discusión es el más interesante: ¿qué hacía Cabañas, en la farra, al filo del amanecer? Hacía lo que cualquier otro individuo —sea deportista, empresario, estudiante o desempleado— cuando tiene el tiempo, la oportunidad y el dinero para ir a pagarse una buena juerga en un antro de moda.

Es cierto que siendo un deportista de alto rendimiento, un referente para niños y jóvenes, y una estrella a la que idolatran miles de personas, ese no es el mejor ejemplo que podía dar. Pero antes y después de este hecho, la vida deportiva —como cualquier otra en la que corre el dinero y la fama a raudales— ha sido así, porque finalmente más allá de que uno sea jugador, entrenador o demás, todos son hombres y mujeres con aficiones, defectos y hábitos que no necesariamente son, o deberían ser, un referente sobre la moral o la buena conducta para la sociedad.

No obstante, cuestionamientos como este ocuparon buena parte del espacio que, durante los primeros dos días, se dio al caso Cabañas en no pocos medios informativos, en los comentarios deportivos, y hasta en los “análisis políticos” que se han hecho sobre el asunto. Todo esto se vino a aderezar con la difusión de una imagen tomada al jugador minutos después del ataque, en el que se le ve tirado, con el pecho descubierto y manchado de sangre.

¿Tenía algún valor todo esto? Tal parece que no. Y es así porque si el primer extremo del cuestionamiento reprobaba con dureza que el paraguayo y su esposa estuvieran en la parranda en lugar de en su casa, como dicen que debería ser, en el otro extremo se encontraba una difusión “informativa” de una imagen escalofriante que no tenía más razón para aparecer en la prensa de todo el país, que el alimentar el morbo de la sociedad y darle los elementos para corroborar que, en efecto, Cabañas había sido herido y que estaba grave. Nada sustantivo en un asunto que, por sus propias características, tenía todos los elementos para consternar, como lo fue, a toda la nación mexicana, a la afición al futbol y a los seguidores de Las Águilas.

¿CORRUPCIÓN? POR FAVOR

Sin embargo, junto con la consternación y la tristeza genuina que provocó en muchos el lamentable ataque a Salvador Cabañas, también surgió otra polémica que, aunque es escandalosa, está lejos de ser nueva en el país: la simulación y la falta de respeto hasta a algunas de las normas de convivencia más elementales.

El asunto tiene bastante de fondo: hace menos de un año, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal determinó reducir el horario de apertura y venta de bebidas embriagantes de todos los centros de diversión de la capital del país. Se supone que con las nuevas disposiciones, ningún centro nocturno podía vender bebidas alcohólicas a sus clientes después de las 2.30 de la mañana, y que ninguno podría continuar operando una hora después. El caso Cabañas puso en evidencia que esas reglas de operación de bares y centros de diversión, fue una discusión estéril que se apagó en los amplios mantos de la corrupción.

Si recordamos bien, cuando la ALDF dispuso todo lo anterior para las discotecas, bares y restaurantes, todas las organizaciones del ramo se manifestaron en contra de las nuevas reglas y aseguraron que eso les afectaría gravemente en sus ganancias y operaciones, y que incluso se pondría en riesgo la permanencia de miles de empleos que tienen que ver con esas actividades. El gobierno y la Asamblea del DF aseguraron que era para normar las actividades de esos establecimientos y ceñirlos a un orden más estricto. Pero sus detractores incluso dijeron que era una contradicción profunda el hecho de que el gobierno más progresista del país estuviera tomando ese tipo de medidas que restringían las libertades de las personas y minaban una actividad tan productiva como la del esparcimiento nocturno.

Hoy está claro que todas esas escaramuzas no tuvieron efecto alguno. Unos y otros asumieron sus posiciones y todos se cobijaron en la corrupción. El gobierno, según ellos mismos, habría logrado meter en cintura a quienes siempre se habían escabullido de las reglamentaciones que imponía la autoridad; y los dueños de esos establecimientos prefirieron no volver a referirse al tema, e invertir más en la compra de inspectores y autoridades delegacionales, para poder continuar con sus operaciones habituales pero ahora ya no cobijados en la ley, ni en algo más que la corrupción pura y llana.

EFECTO INTERNACIONAL

Finalmente, ayer se dio a conocer que el presidente Felipe Calderón había prometido a su homólogo paraguayo, Fernando Lugo, esclarecer completamente el ataque al futbolista y seleccionado nacional de ese país. La razón es evidente: aunque le inviertan millones de dólares en promoción turística a nuestro país, un hecho de esa naturaleza destruye lo que tanto ha costado edificar. Ante ello, ¿qué hacer? Darle a todo esto el carácter de pleito de cantina, o aparentar que la ley se cumple y que no hay impunidad. Nada, en realidad, está resuelto de fondo.

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Adrián Ortiz Romero Cuevas

+ FPAR: ¿por qué es tema de cuidado para PGJE?

Hace cinco días, el Ejército Popular Revolucionario emitió un comunicado a través del cual, se congratula por el reinicio de los trabajos de la Comisión de Mediación con el gobierno federal, para lograr la presentación con vida de sus dos integrantes desaparecidos desde mayo de 2007 en Oaxaca. Sin embargo, en la misiva vierten señalamientos directos en contra del comandante Pedro Hernández Hernández, en los cuales lo acusa ante diversos organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, de comandar un nuevo grupo paramilitar del Gobierno del Estado, con el que ha realizado los más recientes actos de represión policíaca que han ocurrido en la entidad. ¿Qué hay alrededor de todo esto?

Es evidente que la historia y las relaciones entre los cuerpos policiacos de Oaxaca y dicho grupo armado, no son nuevas. De hecho, como bien debe recordarse, luego del conflicto magisterial y popular ocurrido en Oaxaca de mayo a diciembre de 2006, quedaron pendientes abundantes señalamientos hechos por las organizaciones inconformes, sobre transgresión a los derechos humanos. Sin embargo, uno de los puntos más álgidos de esta cuestión, se dio en mayo de 2007, cuando el EPR denunció la desaparición de dos de sus militantes, y acusó que todo eso había ocurrido aquí en la capital oaxaqueña.

Desde que ocurrieron los hechos, el EPR sostuvo que había sido un grupo paramilitar del gobierno de Oaxaca, el que había ubicado y aprehendido ilegalmente a sus compañeros. Ante las denuncias, el grupo armado no reparó en aceptar no sólo en revelar públicamente la identidad de los dos desaparecidos —Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya—, sino también en aceptar que ellos, como muchos otros de sus integrantes, tomaron parte del movimiento magisterial del año previo, en su calidad no de guerrilleros sino de luchadores sociales.

En un primer momento, tanto el gobierno federal como el de Oaxaca se negaron a realizar una investigación verdaderamente sustantiva sobre los hechos, y no fue sino hasta cuando el EPR inició acciones de sabotaje a instalaciones estratégicas de Petróleos Mexicanos, que el gobierno del presidente Felipe Calderón accedió a iniciar una indagatoria real sobre las desapariciones.

Mientras ello ocurría, también se daban una serie de desencuentros de orden político entre los gobiernos de Oaxaca y federal, y particularmente entre algunos funcionarios estatales y representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional en el Estado, que comenzaron una guerra mediática de filtraciones, acusaciones y descalificaciones, que tenían como leit motiv la desaparición de los dos eperristas.

¿Qué ocurrió entonces? Que el 25 de abril de 2008, una cuadrilla del Ejército Mexicano, acompañada por elementos de la Policía Federal y de la entonces Agencia Federal de Investigación, se apersonó en las instalaciones de lo que era la Policía Ministerial del Estado, para aprehender al comandante Pedro Hernández Hernández y al elemento Ángel Reyes Cruz, bajo acusaciones de ser los presuntos responsables materiales de la detención y desaparición de los dos eperristas.

¿Qué ocurrió entonces? Que ese intento de venganza orquestado por tres instancias federales —la Secretaría de Seguridad Pública, la de Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República— en contra de funcionarios estatales por algunos de los agravios derivados de la crisis popular y magisterial, simplemente falló.

Esto porque, vencido el término constitucional del arraigo que se le impuso a los dos detenidos, éstos fueron liberados por no habérseles acreditado las acusaciones que se les habían formulado. Ambos regresaron a sus funciones. La investigación sobre los eperristas volvió prácticamente a su punto de inicio. Y hasta ahora es mínimo lo que públicamente se sabe sobre posibles avances en la investigación sobre su paradero.

ATENCIÓN, EN

OTRO ASPECTO

Hoy, Pedro Hernández Hernández funge como comandante de la Fuerza Policial de Alto Rendimiento (FPAR). Particularmente, esa corporación llama la atención porque fue la única que no le fue retirada de la potestad directa del procurador Evencio Nicolás Martínez Ramírez, para ser transferida a la cadena de mando de la Policía Estatal y la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Qué tiene eso de raro?

En apariencia, nada. Incluso, podría considerarse que una instancia como la de procuración de justicia, necesariamente debe de contar con ciertos elementos policiacos bajo la orden directa del Ministerio Público del Estado, para que realice funciones que especialmente le encomiende la instancia ministerial. Todo esto puede entenderse, debido a que la antigua Policía Ministerial —que era un órgano de la Procuraduría estatal— pasó a ser Agencia Estatal de Investigaciones y se adscribió a la SSPE.

El problema para la FPAR, en realidad, tiene poco o nada que ver con la represión policiaca hacia grupos o manifestaciones sociales, y más bien se inscribe en otros ámbitos. Esto porque, de un tiempo a la fecha, en todas las actuaciones policiacas que ha habido para hacer frente a disturbios o inconformidades sociales, no ha quedado duda de quiénes son los que actúan, cuál es el resultado de esas intervenciones de fuerza, y a qué mando e instancia pertenecen. Hoy, a diferencia del pasado, sobre el sector público de Oaxaca no pesan las acusaciones por violaciones a los derechos humanos que antes abundaban.

Más bien, sobre la FPAR pesan hoy una fama pública que, si bien no tiene que ver con la represión, tampoco es digna de presumirse. Quienes conocen la cotidianeidad de la Procuraduría, saben que el mejor camino para ejecutar una orden de aprehensión en términos específicos, se encuentra en ese grupo.

No es raro, por ejemplo, que dicho grupo sí utilice violencia innecesaria en el momento de las detenciones, o que éste actúe en asuntos sobre los que tienen particular interés algunos funcionarios de la PGJE. Vamos, hoy es casi indisoluble la asociación de FPAR con términos inadmisibles como “sabadazo” o “brutalidad policiaca”, cuando de ejecutar órdenes de aprehensión o atender asuntos de particular relevancia.

ASUNTO IGNORADO

Lo peor del asunto, es que a temas como este en la Procuraduría parecen no tener importancia. Los señalamientos que realizan la sociedad o los medios de información, son tomados como asuntos de saña e inquina, y no como reflejo de lo que en realidad sucede, y que debería ser considerado por el procurador Evencio Nicolás Martínez Ramírez. No le convendría estar rodeado de represores, pero tampoco de transgresores a la legalidad.

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+ Haití: ¿No habrá sido los Estados Unidos quien los devastó?

Adrián Ortiz Romero Cuevas

Es curioso ver cómo el ser humano siempre encuentra modos distintos de comprender un hecho, que bien podría tener sólo una explicación. Así es conocida la siempre presente teoría del conspiracionismo, que lo mismo ha estado presente en los conflictos sociales y políticos que ocurren en el mundo, que en los diversos desastres humanos que acontecen con cierta recurrencia. ¿Por qué recurrir a esos locuaces intentos, que casi siempre enredan las explicaciones que, en otro sentido, serían muy sencillas de plantear y comprender?

El asunto no es ocioso. Si recordamos, cuando ocurrió el huracán Gilberto, en septiembre de 1988, grandes extensiones del Caribe y Golfo de México fueron devastadas como quizá nunca antes había ocurrido. De acuerdo con Wikipedia, Gilberto provocó en total 318 muertes: 202 en México, 45 en Jamaica, 30 en Haití, 12 en Guatemala, cinco en Venezuela y la República Dominicana, tres en Estados Unidos y dos en Costa Rica y Nicaragua. Incluso señala que aún cuando no se tiene una cifra exacta del daño total causado por Gilberto, se estima que el total para todos los territorios afectados sería de 5 mil millones de dólares, según estimaciones realizadas en 1998.

Aparentemente, Gilberto fue consecuencia de un violento efecto climatológico que, como en otras ocasiones (el huracán Paulina, que azotó las cosas de Oaxaca y Guerrero en octubre de 1997), provocó estragos en amplias regiones de la República mexicana, y que ocasionó pérdida de vidas humanas y quebrantos económicos importantes. Era, como comúnmente lo dicen, un “desastre” de la naturaleza incontrolable.

Sin embargo, en aquellos años, si se recuerda, hubo una teoría conspiracionista, que aseguraba que el Ejército de los Estados Unidos de Norteamérica había desarrollado armas climatológicas, a través de las cuales podía provocar efectos meteorológicos de grandes magnitudes, para que azotaran regiones en las que ellos tuvieran intereses geopolíticos o económicos que preservar o atacar.

Quienes defendían dicha teoría, señalaban que Gilberto no había sido una eventualidad de la naturaleza sólo que en una magnitud mayor a las normales, sino que éste había sido parte de un experimento realizado por las fuerzas armadas norteamericanas, que se había salido de control.

Evidentemente, ese fue el punto para culpar —como siempre— a nuestro vecino del norte de esa y todas las tragedias que han ocurrido en nuestro continente en el último siglo. Y evidentemente, nunca hubo una sola prueba —ni siquiera cercana— de que algún experimento de tipo nuclear o climatológico influido por la mano del hombre, había sido el provocador de la tragedia en que desembocó el furioso paso del huracán Gilberto por diversos países de la región.

Algo parecido es lo que hoy, ante el terremoto que devastó Haití hace unos días, ya se están comenzando a tejer nuevas teorías no sólo sobre el control que pretendía tomar Estados Unidos sobre aquella isla, sino también sobre el origen de ese terremoto que, en estimaciones actuales, ha provocado unas setenta mil muertes y la devastación total de esa lastimada nación caribeña.

¿CONSPIRACIÓN

ESTADOUNIDENSE?

“Un reporte preparado por la Flota Rusa del Norte estaría indicando que el sismo que ha devastado a Haití fue el ‘claro resultado’ de una prueba de la Marina Estadounidense por medio de una de sus ‘armas de terremotos’. La Flota del Norte ha estado monitoreando los movimientos y las actividades navales estadounidenses en el Caribe desde 2008 cuando los Estadounidenses anunciaron su intención de restablecer la Cuarta Flota que había sido disuelta en 1950, a lo que Rusia respondió un año después con una flota rusa encabezada por el crucero nuclear ‘Pedro el Grande’, comenzando sus primeros ejercicios en esta región desde finales de la Guerra Fría.”

Ese es un fragmento de un “reporte” que circula ampliamente por diversos sitios de Internet desde hace una semana. Llama la atención no sólo la fragilidad de las afirmaciones hechas por quienes signan este documento (un sitio web denominado “aporreo.org” de origen venezolano), sino también por la insistencia casi machacona respecto a la reaparición de lo que bien podría ser una nueva Guerra Fría y hostilidades entre Rusia y los Estados Unidos.

“El informe compara además la experimentación de la Marina Estadounidense de dos de estas armas de terremotos la semana pasada, cuando la prueba en el Pacífico causó un terremoto de magnitud 6.5 azotando el área alrededor de la ciudad de Eureka, en California sin causar muertes, pero con su prueba en el Caribe que causó ya, la muerte de al menos 140 mil inocentes”. Este informe, completo, puede ser consultado en nuestro blog.

¿Algo de veracidad? A la luz de los hechos, ninguna. ¿Algo de mito y conspiracionismo ramplón? Prácticamente todo. Lo cierto es que esta tragedia de Haití tiene otro causante y otras circunstancias. El causante se llama “naturaleza” y las circunstancias se llaman “pobreza”, “marginación” y “descuido gubernamental”, pero no de un año ni de una década, sino algo que bien podría ser ancestral.

Carlos Aguilar Jiménez, articulista de este diario, en sus entregas cotidianas subraya dos cuestiones muy particulares: los desastres no son de la naturaleza, sino de los seres humanos, porque la naturaleza siempre se ha desenvuelto del mismo modo y porque ésta siempre se reconstituye para continuar con sus ciclos naturales. La segunda cuestión que señala, es que no sólo son los eventos de la naturaleza los que causan desastres humanos, sino sobre todo la falta de precaución, de prudencia y de regulación en los asentamientos humanos.

DESASTRES HUMANOS

Es decir, que la gente construye, por poner un ejemplo, casas en los lechos de los ríos, en zonas montañosas o de características que, por sí mismas, ponen en riesgo los asentamientos humanos. Y cuando llega la naturaleza y cumple con sus ciclos de viento, agua, movimientos telúricos o sequía, y con ello provoca desgajamientos de cerros, crecidas de ríos o la caída de casas, para nosotros ésta se vuelve la responsable de que haya lesionados, muertos y daños materiales, y el gobierno es quien tiene que venir al rescate de toda esa población que exige ayuda, pero que antes no escuchó a quienes le advirtieron sobre los riesgos que correrían al asentarse en esos sitios. Ese ha sido, recurrentemente el caso mexicano ante los desastres provocados por la naturaleza, y fue lo que provocó esa devastación sin precedentes en la isla haitiana.

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