Adrián Ortiz Romero Cuevas 

Miércoles 28 de junio de 2023

Sólo quien esté ciego no puede ver que uno de los temas más urgentes del Gobierno del Estado en Oaxaca, radica en la necesidad de emprender una reforma profunda a la administración pública estatal. Dicho apremio se ve cotidianamente en la disparidad salarial entre la burocracia basificada y la de confianza; en la ausencia de linderos claros entre las responsabilidades mínimas y máximas de unos y de otros; y en las constantes y recíprocas acusaciones de corrupción, de improductividad y de apatía que se lanzan desde el interior del aparato burocrático. Si realmente se quiere cambiar el estado de cosas, deberían dejarse de lado los discursos tronantes y los señalamientos, y buscar en conjunto un replanteamiento de fondo al paquidérmico aparato gubernamental estatal.

En efecto, en los primeros meses de la administración del gobernador Salomón Jara se han tomado diversas acciones respecto a la estructura gubernamental, aunque queda claro que hasta ahora ninguna ha sido de fondo. Primero, con el decreto de austeridad republicana —luego convertida en ley— se impuso un nuevo esquema de austeridad para la burocracia de confianza; luego, el Gobernador anunció que entraría al estudio de los procesos de otorgamiento de plazas de base en el último periodo de la administración anterior. 

A la par de ello se anunciaron medidas francamente draconianas para la ministración y uso de los bienes e insumos del aparato gubernamental. Incluso, en las últimas semanas el propio Mandatario lanzó diversas acusaciones en contra de trabajadores de diversas dependencias, señalándolos como responsables de presuntos actos de corrupción, de obstaculización a las tareas gubernamentales; de colusión con servidores públicos de la anterior administración para la comisión de presuntos delitos. E incluso dijo que estudiaba la posibilidad de emitir un decreto, o de enviar al Congreso una iniciativa de reforma, para “congelar” el otorgamiento de nuevas plazas y revisar las ya otorgadas. 

Pareciera, pues, que el Gobernador tiene ganas de emprender una revisión de fondo a la burocracia estatal, pero no ha encontrado o no le han proveído la ruta adecuada. Necesariamente, tendría que pasar por medidas más acordes a la realidad, y que tuvieran como objetivo no el choque con la propia burocracia —de base y de confianza— de la que él es titular. Si no ubica exactamente cuáles son esas coordenadas indispensables, entonces se pasará los siguientes meses —y años— lanzando acusaciones y medidas paliativas, sin dar con las cuestiones de fondo que verdaderamente sangran al presupuesto estatal con una burocracia que se actualmente encuentra en un pernicioso callejón sin salida.

LAS COORDENDAS 

Primero, se debe hacer una revisión a fondo, y apegada a la realidad, de los salarios de toda la burocracia estatal. Es inaudito que a los trabajadores de confianza se les sigan recortando los salarios como si ellos fueran los responsables de los excesos y dispendios de la alta burocracia. Los salarios actuales del personal de confianza son insuficientes, indignos y por su precariedad constituyen una evidente fuente de susceptibilidades a la corrupción. Si se quiere acabar con ese cáncer burocrático, debería comenzarse por revisar con apego a la realidad los salarios de la burocracia de confianza y reconocer las recurrentes injusticias que se han cometido en su contra. 

Segundo, debería establecerse una definición clara respecto a quiénes son los mandos medios, y quiénes los mandos superiores en la administración estatal. Es igualmente injusto que se tase igual a un jefe de departamento —que tiene inmensas responsabilidades, y que no gana más de 12 mil pesos mensuales— con un Subsecretario o Secretario del gobierno, que además de tener mucho mejores sueldos, tiene acceso a prestaciones y beneficios discrecionales. Hoy no existe en la administración estatal una definición precisa de quiénes son mandos medios, y quiénes mandos superiores, y por eso se perpetra reiteradamente la injusticia de tasarlos a todos por igual, aunque a todos queda claro que existe una distancia enorme entre un jefe de departamento o de unidad, con la de un secretario o subsecretario, cuya naturaleza es más política que administrativa.

Tercero, por ende, se deben establecer con claridad cuáles son los ámbitos de atribuciones de cada esfera burocrática. Hoy tanto el personal basificado como el de confianza se encuentran en el limbo jurídico porque en ambos sectores desconocen cuáles son los límites inferiores y superiores de sus responsabilidades. Por eso, mientras al personal de confianza, entendido como mandos medios —jefes de oficina, de departamento, de unidad—, se le carga la mano con trabajo y responsabilidades sin límite, al personal de base se le releva —y muchas veces ellos mismos así lo provocan— de toda función o responsabilidad en sus tareas cotidianas. Ello debería cambiar. 

Cuarto, debería establecerse un servicio civil de carrera. Ello clarificaría las decisiones que se toman respecto al escalafón de niveles en la burocracia basificada; daría más o mejores elementos para la contratación, permanencia y remoción en el personal de confianza. Y, en general, le daría mayor certidumbre a toda la administración pública estatal, porque habría control sobre quién, cómo y bajo qué condiciones y requisitos profesionales y de experiencia se contrata a nuevo personal, definitivo o eventual. Implementar un servicio de carrera implicaría inversión, pero, sobre todo, una profunda voluntad administrativa y política del Gobernador del Estado para implementarlo y consolidarlo. 

Quinto, la relación con el sindicato de burócratas debería de dejar de ser vista como un espacio para el botín político y económico, y de la colusión entre funcionarios y dirigentes sindicales, a través de la clarificación total en los procesos para la asignación de nuevas plazas. 

¿Alguien sabe hoy dónde, cómo, y bajo qué requisitos, se concursa por una plaza en el gobierno estatal? Evidentemente, no. La discrecionalidad es la constante de dichos procesos. Y de ello son corresponsables tanto la Secretaría de Administración como el Sindicato de Burócratas. Porque nadie sabe cómo y en qué condiciones se contrata al personal de base y confianza. Y ese es uno de los problemas de fondo de toda la administración estatal.

Sexto, debería darse un proceso de armonización administrativa entre los sectores burocráticos. Hoy tanto el personal de base como de confianza son dos polos alejados y confrontados. Son dos sectores que actualmente no se hablan, no se involucran y no hacen ni el más mínimo intento por compartir responsabilidades. Eso debe cambiar. Y es una premisa indispensable. 

Séptimo, debe haber mayor claridad sobre los actos de privación que podría estar cometiendo el Gobierno en contra del personal basificado con derechos adquiridos, y reconocer el costo y las consecuencias administrativas de esos actos. Debe ser la Secretaría de Administración la que dé la pauta de las consecuencias de las acciones que está implementando. La relación de supra a subordinación en la relación patrón-empleado en la administración pública estatal, está delimitada por el derecho y los procedimientos administrativos. Eso, más allá de la estridencia de las acusaciones, no deben dejar de observarse.

Octavo, y más importante: La reforma administrativa debería planearse con visión de Estado. Este es otro de los rubros no abordados desde hace al menos cinco administraciones estatales en Oaxaca. El desarrollo administrativo en el ámbito federal comenzó desde finales de los noventa. Pero en Oaxaca todo sigue igual que desde los tiempos del gobernador Diódoro Carrasco. Hoy, dadas las condiciones políticas, el gobernador Salomón Jara tiene la inmejorable oportunidad de impulsar una reforma consensada y de largo plazo, a la administración pública estatal. Debe dejar atrás la estridencia de las acusaciones y trabajar en un proyecto de fondo. Con ese solo cambio en la administración pública podría dejar una huella indeleble, y amplios beneficios para toda la burocracia estatal, que trascienda a las décadas siguientes. 

EPITAFIO 

¿Alguien sabe en dónde está, en el contexto de todo lo que hemos planteado en líneas anteriores, el titular de la Secretaría de Administración Antonino Morales Toledo? Nadie. 

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