Adrián Ortiz Romero Cuevas

La agenda de los medios de comunicación en Oaxaca no sólo está determinada por las constantes e impunes agresiones de las que cotidianamente son objeto compañeros reporteros y fotógrafos que cubren casi cualquiera de las fuentes informativas; también está delineada por la falta de claridad —que ya no se resolverá en esta administración— respecto al gasto en publicidad gubernamental. Hoy los medios informativos oaxaqueños no sólo viven bajo las amenazas constantes, sino también en una condición de precariedad que ha sido promovida desde el propio gobierno. La agenda de medios, por tanto, es de dos temas y no sólo de uno, como perniciosamente se intenta enmascarar desde la vocería gubernamental.

En efecto, desde antes del 10 de febrero —fecha en que fue arteramente asesinado el reportero Heber López en el puerto de Salina Cruz— ya había una preocupación clara respecto al clima de impunidad que impera no sólo en contra de los comunicadores sino de todos los oaxaqueños. Cuatro homicidios más perpetrados en contra de comunicadores son el contexto por el que alzó la voz el gremio periodístico oaxaqueño: el 10 de enero fue privado de la vida José Luis Gamboa, en Veracruz; los días 17 y 23 del mismo mes, fueron ultimados Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado, respectivamente, en Tijuana, Baja California, y el 31 de enero, en Zitácuaro, Michoacán, se perpetró el homicidio de Roberto Toledo.

Ante este panorama funesto, los periodistas oaxaqueños espontáneamente se manifestaron. Organizaron diversas protestas en espacios públicos y las agrupaciones de comunicadores —con la histórica Asociación de Periodistas de Oaxaca (APO) como punto de referencia de las expresiones, no obstante que otras organizaciones y comunicadores en solitario hicieron sus propias demostraciones de indignación— hicieron patente su preocupación e indignación por los constantes hechos de violencia y delitos que se cometen en contra de periodistas. La tenue respuesta gubernamental a todas las expresiones de irritación, fue convocar a una reunión a algunos comunicadores en particular, que sin menoscabo de su presencia en medios, por la propia naturaleza heterogénea del sector no constituyen una representación del gremio periodístico.

¿De qué se habló en esa reunión? Básicamente, de dos cuestiones: primero, la largamente esperada ley de protección a periodistas; y segundo, la posible creación de un fondo o fideicomiso de protección al gremio. Nada más. El Ejecutivo del Estado no se refirió en concreto a la necesidad urgente de que las instancias de procuración de justicia den seguimiento y concluyan las diversas carpetas de investigación que están abiertas en la Fiscalía por agresiones a periodistas. 

Tampoco hubo manifestaciones concretas sobre la necesidad de terminar, en general, con el clima de impunidad que invita a casi cualquier persona a cometer delitos en contra de los comunicadores al ver que la autoridad —estatal, federal— tolera actos de violencia en prácticamente todos los casos. El gremio periodístico es también objeto de las agresiones que impunemente todos los días se cometen en todos los contextos. Si los agresores no tienen miedo por las consecuencias por atentas en contra de la vida o integridad de cualquier persona, tampoco la tienen de ejercer algún acto violento en contra de algún periodista. 

Por eso se dice que, para terminar con las agresiones contra periodistas, antes que cualquier ley nueva para crear un marco específico de protección, lo primero que debe ocurrir es el combate frontal y real a la impunidad que asola día a día a la ciudadanía. Pero sobre eso no se dice, ni se dijo, absolutamente nada.

¿Y EL GASTO PUBLICITARIO? 

La discusión sobre la violencia e impunidad que priva contra el gremio periodístico pasa por otro tema: la precarización de los medios informativos y del trabajo de los comunicadores oaxaqueños en general. Hoy en día no queda claro cómo y bajo qué premisas se decide el ejercicio del presupuesto destinado a la publicidad gubernamental, y por qué se prefiere a los medios de la capital del país sobre los locales. Se pretende crear un fondo de protección a periodistas, pero en general al gremio oaxaqueño se le ha dejado al garete al cortar la gran mayoría de los recursos destinados a publicidad gubernamental —de los que depende en gran medida la subsistencia de la mayoría de los medios, independientemente de la latitud de que se trate.

En esa lógica, el Estado no ha querido comprender —porque no le importa; porque no le conviene a sus intereses— reconocer que la publicidad gubernamental ya no debiera funcionar bajo la lógica del “no te pago para que me pegues”, sino para garantizar la subsistencia mínima de todas las expresiones relacionadas con la libertad de expresión, independientemente de si son afines o no a los intereses o a la línea gubernamental. A eso se ha sumado el afán de figurar siempre en la capital del país, en detrimento de lo que se puede y debe hacer respecto a los medios informativos oaxaqueños, que en el contexto real —aquí y en todas las sociedades del mundo— necesitan de la publicidad gubernamental para subsistir.

Pero ¿qué ha pasado en Oaxaca? Que antes había medios informativos ricos y periodistas pobres, en algunos casos. Hoy unos y otros están en la misma situación —de crisis—, porque no hay una preocupación real del gobierno sobre cómo subsisten no los dueños de los medios, sino los comunicadores. Con su política de “campañas publicitarias”, concedida discrecionalmente a cada medio por la vocería gubernamental, lo que ocurre hoy es el premio y castigo según la afinidad o rebeldía del medio. Al que publica todo y se pliega al gobierno, se le concede todo; pero al que no, simplemente se le cierra la llave de la publicidad, como un castigo por tener una agenda independiente a la de la comunicación o los intereses gubernamentales. Y en todos los casos, el problema es que en medio de la transición digital, en la que siempre se apela al “todo gratis” entre medios y consumidores, al comunicador/empleado que recibe —o que debería percibir— un salario a cambio de su labor, se le pone a sufrir permanentemente porque hoy ya no tiene seguridad sobre su ingreso mínimo. 

Eso ha generado un clima de informalidad en el trabajo periodístico que, en cualquiera de sus aristas, es nocivo para la libertad de expresión. Porque, de entrada, todo buen periodismo cuesta; y dejar de reconocer eso implica un quebranto no sólo para el gobierno o el gremio, sino también para la sociedad que ve mermada la calidad del periodismo que se le pone al alcance, y que consume. Hoy, por ejemplo, muy pocos comunicadores cuentan con seguridad social porque los medios están cada vez más pulverizados; y mientras, el gobierno vive de guiños discretos —con los que disfrazan la amenaza— a los comunicadores para pagarles para que no les peguen, pero sin la preocupación real de si tienen o no medios mínimos de subsistencia en un contexto de respeto mutuo.

EPITAFIO 

¿Por qué este tema es fundamental, en el contexto de las agresiones? Porque para garantizarle la seguridad al gremio, lo primero que tendrían que hacer es estimular sus medios de subsistencia. Sin embargo, lo que priva hoy es la informalidad y la coacción disfrazada de premios o castigos. Ningún medio o periodista debería prestarse a ese juego de juego de incentivos perversos en el que quien siempre pierde es el comunicador. Por eso, si no existe un periodismo sólido e independiente, ¿cómo pretenden hablar de impunidad, de fideicomisos o de fondos de protección, si no existe un piso mínimo de dignidad promovido a partir del uso correcto de los recursos públicos destinados para la publicidad gubernamental? 

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