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+ Solución debe ser del tamaño del problema
Qué bueno fuera que la autoridad obligara a los concesionarios del transporte público a cumplir ciertas condiciones, para luego autorizarles el incremento a la tarifa que de forma crónica exigen. El problema es que en Oaxaca se ha anidado una cultura nociva de la negociación de la ley, y el otorgamiento de privilegios a cambio de nada a cierto sectores, que hoy hace imposible no sólo el cumplimiento del principio básico de autoridad, sino también los compromisos que pactan los concesionarios, y que reiteradamente incumplen. Si la solución al problema del transporte debe ser del mismo tamaño del problema, entonces el Gobierno del Estado debe asumir plenamente su calidad de autoridad y dejar de administrar un problema que tiene décadas sin resolverse.
En efecto, si algo ha lastimado a la ciudadanía usuaria del transporte concesionado, eso es, en primera medida, el debilitamiento que el mismo gobierno ha provocado a las instancias reguladoras del sector. Si, por tomar un parámetro, revisamos las cuatro últimas administraciones estatales fácilmente veremos que en cada una de ellas la instancia encargada del transporte público ha cambiado, y que cada gobierno le ha impreso sus propias características (de acuerdo a sus intereses específicos), pero que todas, sin excepción, han sido siempre para debilitar y menguar, y no para fortalecer a la autoridad y las normas jurídicas que regulan el sector del transporte público.
Veamos si no. En el caso de la autoridad en materia de transporte, ésta ha pasado de ser una simple oficina más de la Secretaría General de Gobierno, a ser una Secretaría, luego una Coordinación, para finalmente regresar a la figura de la Secretaría, aunque con distintas potestades que las que tuvo inicialmente.
Dos cuestiones son dramáticas en este asunto: primera, que el sector del transporte siempre ha sido asumido por la misma autoridad como un tema político y no como un asunto técnico y operativo (por eso, en todos los tiempos el tema de transporte siempre ha estado en manos de la Secretaría General de Gobierno); y segunda, que la “importancia” que le han dado al tema siempre ha sido aparente. En el fondo, cada uno de los gobiernos no ha hecho otra cosa que administrar y aprovecharse de un problema en el que el leitmotiv de todos los problemas existentes, son la anarquía y la desregulación.
Hasta antes de la creación de la actual Secretaría de Vialidad y Transporte, todos los gobiernos habían errado deliberadamente en la conformación de instancias de control político, y no técnicas de regulación y ordenamiento del transporte. Había sido así porque lo relativo a las concesiones, las rutas y la tenencia de unidades de transporte concesionado, había sido parte de las herramientas de pago, control y coacción política del gobernante en turno.
En esas condiciones de discrecionalidad y desregulación, lo que menos convenía era tener una dependencia que operativa y técnicamente marcara las pautas de cómo debía ser el transporte, dónde debía expandirse, dónde regularse y, de plano, dónde coaccionar a quienes no cumplían con las características del servicio. Si todo eso fue un “error voluntario” de los gobiernos anteriores, el problema de la administración actual es que, desde el primer nivel, no se le ha terminado de dar a la Sevitra el respaldo y la fuerza política suficiente y necesaria como para que pueda plantarse frente a los concesionarios y dejar de negociar lo que, se supone que por ley, está obligada a cumplir, y a obligar a que los prestadores del servicio también cumplan.
Por eso hoy, todo el sector del transporte público concesionado (es decir, taxis de la capital oaxaqueña, foráneos, transporte urbano, suburbano y foráneo, mototaxis y demás) vive en una anarquía total. Y por eso mismo, la autoridad debe reducirse a la calidad de simple mediador, para tratar de los concesionarios cumplan voluntariamente lo que se supone que por fuerza debieran estar obligados a hacer.
Pareciera que no se ha entendido que en un servicio concesionado, el Estado es una especie de mandante de los concesionarios; que éstos, como sus mandatarios, reciben la encomienda de otorgar el servicio que el Estado no puede o quiere prestar. Y que finalmente son los usuarios —que son nada menos que consumidores— los que tienen el derecho de recibir el mejor servicio posible, a cambio del precio que pagan por el servicio.
LEY, OTRA EVIDENCIA DE NINGUNEO
Paradójicamente, en Oaxaca el transporte público representa uno de los más profundos problemas públicos, pero no existe una Ley del Transporte, que pueda regular con eficacia los asuntos sencillos y complejos que el sector presenta. Esa es, con seguridad, una de las mejores razones de por qué es válido asegurar que al Gobierno, al Congreso, y a todos los directamente involucrados en este asunto —excepto los ciudadanos, que indebidamente hemos sido testigos silenciosos de este problema—, lo que más han propiciado, y lo que más les ha convenido, es que en el sector del transporte haya desregulación y por tanto anarquía.
Oaxaca no tiene una ley de transporte, y esto es por causas imputables al mismo gobierno. Hace poco más de una década se pensó que con la Ley de Tránsito sería suficiente para regular la actividad. Esto, aunque a lo mucho esa Ley lo más que ha llegado a (medio) reglamentar, es el procedimiento para el otorgamiento de las concesiones, pero nunca la actividad y las responsabilidades y deberes de los concesionarios. A lo largo de toda la administración anterior, se habló de la preparación de esa Ley de Transporte. Pero ésta nunca fue presentada ni exigida, o elaborada, por el Poder Legislativo.
A todos les convino ese vacío, porque al final, funcionarios, diputados, líderes partidistas, caciques, y todos los de siempre, fueron beneficiarios de las concesiones que, una vez más, se otorgaban de manera discrecional como pago de cuotas políticas, y no como respuesta a las necesidades de un sector que, como lo hemos dicho líneas arriba, siempre ha sido visto como parte de los botines y problemas políticos, y no como un asunto operativo y técnico que debe abordarse desde esa perspectiva.
¿BUENOS DESEOS?
Queremos suponer que esta vez los concesionarios sí cumplirán sus promesas. También deseamos que la Secretaría que encabeza José Antonio Estefan Garfias, tenga el respaldo político suficiente para hacer cumplir a los concesionarios. Sin embargo, dados los antecedentes, es casi imposible tener un optimismo fundado.
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