+ Costo del pasaje en transporte urbano, es referencial para la economía
Luego de sitiar por más de ocho horas la capital oaxaqueña, los concesionarios del “pulpo camionero” decidieron darle una soberbia “tregua” al gobierno estatal, para que en un lapso de 48 horas resuelva el incremento de un peso a la tarifa del transporte urbano. Además de ilegal, esta tregua de los transportistas al gobierno resulta ominosa. Pues si finalmente —como parece— el gobierno decide concederles el incremento, estará no sólo premiando a los concesionarios por su beligerancia, sino que además estará abriendo la puerta a una escalada de precios que hasta hoy no ha sido correctamente dimensionada.
En efecto, al concluir —en los primeros minutos de este martes— una mesa de diálogo entre transportistas y funcionarios del gobierno de Oaxaca, surgió un primer acuerdo de “analizar la petición de los empresarios”. Y es que según los concesionarios del transporte urbano, el Gobierno de Oaxaca debió autorizar el aumento de la tarifa a 7 pesos en la ciudad, a partir de la premisa de que la Ley de Transporte establece una revisión cuando menos una vez al año y ésta no se ha dado en lo que va de la presente administración. El gobierno pidió tiempo para analizar la petición de incremento y en su caso, “otorgarlo con base en un estudio socioeconómico”. Es decir, que lo que pareciera es que lo único que falta es el elemento de forma para legitimar esta decisión.
Esta no es buena noticia para nadie. Pues en un primer momento, habría de quedar nuevamente reiterado que no hace falta más que presionar al gobierno, y lastimar a la ciudadanía, para obtener prebendas y beneficios que terminan revictimizando a los afectados, y legitimando acuerdos inicuos que ya existían sólo que a espaldas de la ciudadanía.
Pues resulta que —tomando como base este chantaje de los concesionarios al gobierno— este paro de actividades, y bloqueo de arterias viales, protagonizado ayer por el pulpo camionero no sólo le habrá jodido la vida a todos los que por esa causa dejaron de hacer sus actividades, de ganar el dinero que tenían planeado o de simplemente gozar del derecho inherente al uso libre de la vía pública, sino que además todo esto habría servido para legitimar el acuerdo bajo la mesa entre los funcionarios de la Sevitra y los concesionarios, y para asestar un golpe artero a la economía de los oaxaqueños.
Y es que de entrada todos sabían que no sería fácil que la ciudadanía aceptara el incremento, cuando todas las promesas de mejora al servicio han sido incumplidas. Esto, además, se agrava por el hecho de que este es un año electoral, en el que el gobierno busca todo menos echarse encima a la ciudadanía o con nuevos impuestos, o con nuevas medidas que impliquen una sangría al bolsillo familiar.
El problema es que en medio de todo esto hubo un acuerdo pactado en silencio entre gobierno y concesionarios, que cuando se abrió a la ciudadanía encontró un enorme rechazo, y por eso hoy parece estarse haciendo la pantomima —que sólo se desmentirá con la renuncia del secretario Carlos Moreno Alcántara, como resarcimiento de sus posibles decisiones equivocadas— de que hay diálogo entre el gobierno y los concesionarios, para que de ahí salga una decisión sobre qué hacer con la demanda del incremento a la tarifa.
Así, si no ocurre la renuncia o separación del cargo de Moreno como titular de la Sevitra, y finalmente el gobierno le concede a los concesionarios el incremento de un peso a la tarifa del transporte urbano y suburbano, entonces se confirmará que todo fue un montaje para legitimar el incremento. De no ocurrir cualquiera de estos dos supuestos, entonces se confirmaría que sí hubo un acuerdo particular entre la Sevitra y los concesionarios, y entonces de todos modos Moreno tendría que irse por haber creado un problema al gobierno y la sociedad oaxaqueña por los acuerdos —o complicidades— que él tomó con el pulpo camionero sin haberle consultado al Titular del Poder Ejecutivo.
GOLPE MULTIDIMENSIONAL
Otra de las cuestiones que quién sabe si el gobierno esté considerando al tratar de empujar el acuerdo para el incremento a la tarifa del transporte, es que en buena medida ésta es referencial para el precio de un conjunto enorme de servicios que —se supone— dependen directa o indirectamente del transporte de pasajeros. En Oaxaca la mayor parte de la economía se basa en los servicios que prestan personas que viven de un salario, y que en gran medida se trasladan en transporte público. Si sube el pasaje, entonces, sube todo (y esto también sirve de ocasión para muchos vivales, que con el pretexto del alza al pasaje aprovechan para incrementar el costo de lo que venden, o del servicio que prestan).
De cuestiones como éstas es de donde debería partir el supuesto estudio socioeconómico que pretenden hacer, para legitimar el incremento a la tarifa del transporte público. Pues en realidad lo que se estaría provocando es una nueva espiral de precios al alza que finalmente no es tan medible para el gobierno, pero que sí impacta de manera importante a la mayoría de las familias oaxaqueñas que no viven en una situación de holgura económica. Esa es una cuestión que parece no provocar mucha preocupación al gobierno y los concesionarios, pero que debiera ser uno de los temas considerados como centro de la discusión en la que el usuario es lo más importante, y no el más ignorado —como hoy ocurre—.
Quisiéramos ver todos un gobierno más sensible a los problemas de la gente, y menos dispuesto a satisfacer a los grupos de poder. Es inadmisible que siendo genuina o montada la inconformidad y los actos de presión de los concesionarios al gobierno, finalmente todo quede en un triunfo liso y llano de quienes rompen el orden para conseguir sus intereses.
PARO EN SECULTA
A nadie debiera sorprender el paro de labores realizado ayer por trabajadores de la Seculta. Francisco Martínez Neri —actual candidato del PRD a una diputación federal por el distrito VIII— no hizo sino continuar la inercia de carencias y rezagos en la dependencia. Él, como sus antecesores, nunca pudo delinear el proyecto que definiría su gestión al frente de esa Secretaría, y se fue por la puerta de atrás después de dos años que bien pueden considerarse como una derrota. ¿Hubo respaldo al sistema cultural del Estado, como las casas de la cultura, casas de pueblo y bibliotecas? Eso debiera explicar Martínez Neri como razón para ahora merecer la candidatura que ya ostenta.
