+ Sería paradójico que los supuestos defensores de la ley fueran aliados de S22
Ante la posibilidad de que ya exista un dictamen sobre las iniciativas de ley educativa que han sido presentadas ante la LXII Legislatura, y que ese dictamen provoque nuevas acciones legales por parte de los poderes públicos involucrados en su creación, promulgación o implementación, vale la pena analizar los escenarios. Hay uno muy particular, que es el incluye la posibilidad de que todo termine en medio de una controversia constitucional. Vale la pena revisarlo, porque en él, quizá el PRI termine en una alianza rara con sus adversarios.
En efecto, el fin de semana el diputado Félix Serrano Toledo (presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local) dijo en una entrevista con TIEMPO que la posibilidad de contar con un dictamen definitivo y consensado sobre la reforma educativa, estaba trabada porque la fracción priista se había cerrado al diálogo. “Nos hemos entrampado en temas de índole político con respecto a la ley educativa que nos han impedido trabajar con las comisiones unidas para un dictamen conjunto; existen 2 dictámenes, uno que lo firmarían siete y otro que lo firmarían ocho, pero esos tampoco han pasado al pleno”, explicaba, al tiempo de ubicar al PRI como responsable de este excesivo retraso legislativo.
De esa declaración, puede inferirse que el PRI se ha negado a participar en la discusión de las comisiones unidas que tienen la encomienda de emitir un dictamen final, porque esas comisiones pretenderían dictaminar favorablemente, o la iniciativa presentada por la Sección 22, o la presentada por el Titular del Poder Ejecutivo, con las que no están de acuerdo porque aseguran que cualquiera de las dos viola los preceptos de la Constitución federal relacionados con la nueva ley educativa.
De esas dos propuestas, la Sección 22 rechaza la presentada por el Gobernador, porque dice que es su iniciativa, pero mutilada. Y si las comisiones unidas llegaran a dictaminar favorablemente la propuesta de la Sección 22, entonces estaríamos en un escenario de más visos de inconstitucionalidad, porque se supone que lo que el Ejecutivo le mutiló a la iniciativa de los maestros era justamente lo que a su juicio podría generar algún viso de inconstitucionalidad. En cualquiera de los casos, ambas son propuestas que el PRI rechaza, y eso es lo que no debemos perder de vista.
Tomemos como posibilidad que luego de una operación política el Ejecutivo logre un consenso con la Sección 22, y con las fracciones del PAN y PRD, y con los diputados del PDS, Panal, PUP y PT, y logre sobradamente la mayoría de 22 votos que necesita para aprobar la nueva ley educativa. En este escenario, lo natural sería que el PRI presentara algún tipo de acción legal para tratar de revertir esa ley, con la que dice no estar de acuerdo —pero con la que también coincidiría con la Sección 22 en rechazar—. ¿Qué acción legal tendría a la mano? La respuesta está en la acción de inconstitucionalidad.
Según la fracción II del artículo 105 constitucional, las acciones de inconstitucionalidad que tienen por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución, y el órgano facultado para resolverla es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este caso, el inciso d) de ese precepto dispone que dicha acción puede ser intentada “por el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguno de los órganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio órgano”.
Así, esta sería la herramienta de control constitucional idónea que tendría la fracción parlamentaria del PRI para defenderse de un posible mayoriteo respecto a la ley educativa… aunque con ello terminaría defendiendo implícitamente las posiciones de la Sección 22, que se supone que no tiene ningún punto de coincidencia con el priismo local o nacional. Veamos.
DEFENSA IMPLÍCITA
Como el Congreso del Estado de Oaxaca está integrado por 42 legisladores, sólo se necesitaría el apoyo de 14 de ellos para hacer procedente la acción de inconstitucionalidad. La fracción parlamentaria del PRI no tendría problema en conseguirlo, ya que tiene 17 integrantes que, se supone, apoyarían esa acción, independientemente de los legisladores de oros partidos que eventualmente pudieran coincidir con ellos.
El efecto que tiene la acción de inconstitucionalidad es la de dejar sin efectos la norma que fue declarada inconstitucional, aunque para conseguirlo necesita una mayoría calificada de entre los ministros (ocho votos, cuando menos). Así, lo que parecería es que los legisladores priistas habrían de ir a combatir en tribunales la acción de una mayoría que sin embargo es inconstitucional. Esa acción, que es el mecanismo de defensa de las minorías, buscaría tirar dicha norma —que salvo que fuera la iniciativa de la Sección 22 convertida en ley—, también sería rechazada implícitamente por el magisterio democrático.
Las razones de unos y otros, evidentemente, parecen ser distintas. El problema es que los maestros no parecen tener clara una ruta posible en esta vertiente, y de evitar la fracción del PRI la acción de inconstitucionalidad, resulta que el Procurador General de la República también está facultado para presentar dichas acciones en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano.
En el fondo, lo que sigue quedando claro y perfectamente reiterado es que Oaxaca tiene todavía un trecho largo por recorrer en la posibilidad de solucionar —al menos en la ley— el problema que tiene con las normas educativas, y que esas paradojas raras son las que en el último de los casos terminarían hermanando a los adversarios históricos, y llevándolos implícitamente a luchar en la misma trinchera. Insistimos, esos son escenarios. Pero son más posibles de lo que parece. Y aún falta revisar la vía de amparo, como el que recientemente presentó Mexicanos Primero. Aún hay más vetas jurídicas abiertas en torno a este caso.
VIOLENCIA
Es insostenible que hechos de violencia como los ocurridos ayer entre taxistas de la CROC y la CNP, ocurran ante la contemplación y permisividad de las autoridades. ¿Alguien sabe a qué se dedica el flamante nuevo Secretario de Seguridad Pública, que no tiene ni el valor civil de dar la cara a la sociedad por la violencia que permite, y por los hechos que no evita ni en contra de sus elementos?
