Mes: mayo 2015

No hay forma de que la Sección 22 deje de ir al paro nacional

Paro Nacional

+ La inercia llevará al magisterio, aunque sea testimonialmente

Estamos a escasos días de que estalle el paro nacional al que convocó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y son muy pocas las posibilidades de que la Sección 22 de Oaxaca no participe en éste. La falta de respuesta federal a su pliego de demandas, y la cercanía con la jornada electoral, serán determinantes en la agenda magisterial de las próximas semanas. En esa lógica veremos cómo estalla el paro nacional, y sólo después de los comicios habremos de ver si las instancias estatales y federales entablan una negociación exitosa con el magisterio.

En efecto, en los resolutivos de su asamblea del pasado miércoles 27 de mayo, la Sección acordó, entre otras cosas, estallar la movilización nacional masiva el 1 de junio “como resultado de la consulta a las bases por la defensa de los derechos laborales de los trabajadores de la educación y en contra de la evaluación punitiva, en perspectiva de la acumulación de fuerzas rumbo a la huelga nacional”.

También ratificó el acuerdo de boicot a lo que ellos denominaron como “la farsa electoral federal” con las regiones movilizadas en la toma del distrito electoral central hasta el 31 de mayo; acordó la concentración, clausura, toma permanente e instalación del plantón en los 11 distritos electorales de la entidad “y sus correspondientes acciones complementarias sincronizadas y contundentes del 1 al 7 de junio”. Finalmente, la Asamblea Estatal de la Sección 22 ratificó las actividades para el boicot del proceso electoral federal emanados del menú de acciones que, según dice, ha propuesto la base.

¿Qué significa todo esto? Que al menos de aquí al 7 de junio no habrá posibilidad de arreglo. Pareciera que contrario a lo que dice el Director General del IEEPO, Moisés Robles Cruz, en el sentido de que aún puede evitarse que el magisterio vaya al paro nacional y al boicot electoral, lo que el magisterio intentará es hacer la presencia política necesaria en dicho periodo. A partir de eso puede entenderse lo que dijo el gobernador Gabino Cué, en el sentido de que la resolución del magisterio sobre el boicot a los comicios “es una posición política, que respetamos, pero que no pone en riesgo la elección en Oaxaca”.

A la par de todo esto, vale la pena entender una situación paralela: el boicot de la Sección 22 es más declarativo y testimonial, que real. Esto se evidencia cuando finalmente su resolución es la de únicamente ir a plantarse en las oficinas del INE en los once distritos electorales federales de la entidad, pero no tomar ninguna otra acción con capacidad real de impedir que ocurra la jornada electoral.

De nueva cuenta, se hace evidente el sentido simbólico de la presencia en el momento en que la ciudadanía emite su voto, aunque en este caso llama la atención que la Sección 22 no se haya pronunciado en contra de algún partido o candidato en específico, como sí acostumbra a hacerlo casi en cada periodo electoral, en el que toma partido llamando al voto de castigo, o manifestando su repudio en contra de alguna fuerza política en específico. En este caso no ocurrió. Y queda claro que es por los equilibrios que intenta seguir guardando por la negociación pendiente que tiene con los gobiernos estatal y federal, que involucran a las fuerzas políticas más importantes del país.

LAS INERCIAS

La Sección 22 no puede desligarse de las inercias nacionales, y tampoco se ve con muchas ganas de hacerlo. El paro nacional al que ha convocado la CNTE tiene un simbolismo particular, porque constituye un momento determinante en la lucha por la preservación de sus derechos. La 22 tiene su propia agenda política y sus temas a negociar, pero aún así no puede apartarse de la agenda nacional de las organizaciones disidentes porque esto le restaría fuerza y credibilidad a todos.

En ese sentido, la Sección 22 actúa bajo la lógica de los momentos en los que son muy determinantes para su lucha, o que son representativos de un periodo específico. Así, por ejemplo, no tuvo empacho en movilizarse dentro de periodos vacacionales cuando se iban a aprobar las normas relacionadas con la reglamentación de la reforma educativa, aún cuando sus movilizaciones son impactantes políticamente cuando ocurren en periodos en los que el ciclo escolar está en curso y se abandonan las aulas para ir tras un objetivo político.

Este no parece el caso. A la 22 parece interesarle hacer una presencia fuerte sólo hasta el 7 de junio en la jornada electoral, pero después de eso continuar con su agenda propia de temas negociando, y quizá sólo manteniendo una presencia testimonial en las acciones nacionales. Por eso quizá después de la jornada electoral se abra la posibilidad de que haya una negociación y vuelvan a las aulas. Pero en este momento lo único que está a la vista es la determinación de parar labores y unirse a la huelga nacional, por un lado, e implementar las acciones de protestar rumbo a los comicios, por el otro.

Hasta ahora, el magisterio oaxaqueño ha dado muestra de ir avanzando en el diálogo y la distensión de sus posiciones. Fue sintomático que durante la visita a Oaxaca del líder nacional del PRI, César Camacho Quiroz, la Sección 22 no se movilizara ni hiciera pronunciamientos importantes. Ello no revela la posible vena priista del magisterio sino la fructificación de los acuerdos y el diálogo político que tiene con el gobierno federal, en el que podría estar intentando demostrar que también pueden cumplir acuerdos y ser serios en el contenido de sus protestas.

Finalmente lo único que el gobierno tendría que estar cuidando es justamente que no ocurra nada antes, durante y después de la jornada electoral, para que existan las circunstancias de paz que se requieren para que el magisterio democrático regrese a clases.

REPUDIO AL PRI

De forma escondida y casi sin decirlo, el pronunciamiento número tres de la asamblea magisterial es el siguiente: Pronunciamiento en contra del regreso del priismo a la gubernatura del Estado y de los partidos que han alterado los derechos elementales del pueblo de México. Sólo que en público la Sección 22 nada dice de esto, porque parece saber perfectamente que en el rejuego de la negociación y el cálculo de las posiciones futuras, va a necesitar tanto al partido que hoy repudia, aunque ya sólo de ladito.

¿Volverán a esperar a que explote de nuevo el tema del transporte?

Transporte público

+ La autoridad debe anticiparse y ofrecer alternativas a la ciudadanía

Seguramente ya se nos olvidó. Pero nos quedan sólo dos o tres semanas de tranquilidad —cuando mucho— antes de que los concesionarios del transporte público en Oaxaca vuelvan a salir a las calles a exigir el aumento a la tarifa, luego de que hace dos meses la autoridad los convenciera de posponer la exigencia hasta después de los comicios. Faltan 10 días para ello. Y lo único cierto es que la autoridad sigue sin ofrecer alternativas no a los concesionarios, sino a la ciudadanía.

En efecto, el pasado 31 de marzo, en las redes sociales comenzó a circular un documento interno de la Cooperativa Choferes del Sur, en el que se anunciaba que había quedado “confirmado y en firme” el aumento de la tarifa. En dicho documento, también daba la indicación a todos los concesionarios para que “pasaran a recoger los tarjetones indicativos de la nueva tarifa” para colocar en las unidades del transporte urbano, y que se informara a los conductores que evitaran la confrontación con las personas que, por lo abrupto del anuncio, no llevaran el dinero completo para pagar la nueva tarifa de siete pesos. Incluso decía que “gracias a Dios” se había hecho posible el incremento a la tarifa.

Ante el intento de albazo de los concesionarios, ocurrieron dos cosas: primero, la Secretaría de Vialidad y Transporte del Gobierno del Estado tardó casi 24 horas en desmentir que había dado su anuencia para el incremento; y ante el silencio sospechoso de Sevitra, fue el propio Titular del Ejecutivo quien, a través de la vocería estatal, se deslindó abiertamente de haber apoyado el alza a la tarifa. La respuesta de los concesionarios fue la de salir en protesta a bloquear calles, avenidas y accesos a la capital oaxaqueña, argumentando que ese era un acuerdo tomado con el secretario del ramo, Carlos Alberto Moreno Alcántara, y que la negativa del Gobernador a reconocerlo constituía una traición al gremio del transporte concesionado.

La crisis duró tres días, y fue sólo después de que una comisión de transportistas se entrevistó con el gobernador Gabino Cué, que se logró el acuerdo de realizar un estudio de factibilidad sobre el posible incremento a la tarifa y sus consecuencias, así como de revisar todo el asunto hasta tres meses después. El plazo fatal, aunque no lo dijeron, era el de pasar el umbral de la jornada electoral del siete de junio, que está a 10 días de cumplirse.

Seguramente los concesionarios están esperando cumplir su parte del acuerdo, en aras de que la contraparte oficial haga lo mismo. El gobierno estatal, mientras se ha dedicado a torear los problemas que existen en otros sectores, y a hacer los preparativos para los comicios. Nadie parece haberse acordado, ni tomar en cuenta, que en el centro de esta discusión debiera estar el ciudadano de a pie, a quien no le han ofrecido ninguna alternativa posible, y sobre el que tampoco se han tomado la molestia de considerarlo.

Simplemente dejaron que el tiempo y la inercia social de la entidad —y la ramplona euforia por el proceso electoral— dejaran atrás el asunto. El problema es que los concesionarios no tardarán mucho en volver a intentar que les sea autorizado un incremento, o de nuevo tratarán de hacerlo de motu proprio, para luego pelear con la autoridad para que lo avale. En esa lógica todos pretenden continuar trepados en la dinámica del pésimo servicio, y del alto costo de la tarifa ofertado al usuario —como un verdadero castigo— a cambio de nada.

¿Qué de verdad no hay alternativa para el transporte público en Oaxaca?

LAS ALTERNATIVAS

La Ciudad de México tiene tantos o más problemas de movilidad que Oaxaca, pero esto es por sus dimensiones y no sólo por la calidad del transporte público que ofrece a la ciudadanía. Tienen transportes como el Metro o el Metrobús, que a un precio similar o menor al que existe en Oaxaca, ofrece un servicio monumentalmente más eficiente que el desordenado y arcaico transporte público de la entidad.

Y no. No se trata de comparar a la capital de Oaxaca con la Ciudad de México. La zona metropolitana de Oaxaca quizá alcanzaría a ser equivalente a una o dos delegaciones de la capital del país, y por ende sus problemas no son comparables. Más bien, de lo que debiera tratarse es de captar soluciones a problemas equivalentes. Y si algo se ha intentado en esa y otras ciudades, y en algunas se ha logrado con éxito, es ordenar lo que ya tienen para hacerlo más eficiente.

Eso es en lo que nadie piensa en Oaxaca. Resulta que aquí desde antes que se creara la Secretaría de Vialidad y Transporte, ya se hablaba de diagnósticos muy concretos respecto a los problemas que presenta el transporte público, y las vías para solucionarlos. Hasta hoy, nadie ha querido tomar la iniciativa para emprender la nada sencilla labor de iniciar la revisión integral de cómo funciona el transporte público en la capital oaxaqueña y la zona conurbada, y comenzar a establecer nuevas reglas de funcionamiento, nuevas rutas y nuevas condiciones de servicio.

En esas resistencias, son los concesionarios los primeros en resistir. Y lo hacen por una razón que es de todos conocida: ellos quieren mantener el estado de cosas, en el que gozan de todos los privilegios, no son molestados por autoridad o disposición alguna, y cada que el negocio se hace menos rentable, exigen incrementos a la tarifa para solventar su ineficiencia. Por eso no quieren nada que tenga que ver con el reordenamiento. Y por eso siempre anteponen el argumento de que primero les autoricen el incremento a la tarifa para que después ellos vean si le entran o no al reordenamiento del transporte.

El problema es más complejo de lo que parece. Hay total oposición al Metrobús pero tampoco quieren ser ellos parte de la alternativa. A todas luces se ve que el transporte público en sus condiciones actuales no es rentable, ni viable, ni atractivo para la ciudadanía. Pero sólo se ha pospuesto la discusión, hasta que cualquier día de estos, luego de los comicios, vuelva a explotar como una crisis, y cause nuevos perjuicios a la ciudadanía.

¿Y LOS DOS MILLONES?

Lo cuentan los propios concesionarios del “pulpo camionero”: que en marzo, cuando acordaron con Moreno Alcántara el incremento a la tarifa, los concesionarios hicieron una “vaquita” de 2 millones de pesos para —práctica común— “apaciguar” a los grupos porriles que seguro les tomarían camiones. El incrementó se cayó. Pero dicen —con genuino pesar— que ese dinero no tuvo “v” de vuelta.

La estrategia de largo aliento del EPR, es la de la denuncia

EPR

+ Ocho años de sus desaparecidos; los 43 amplían su lucha

En el marco del octavo aniversario de la detención-desaparición de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, el Ejército Popular Revolucionario ha refrendado su voluntad por continuar por la ruta de la denuncia y el trabajo político, antes que la lucha armada. Esta definición nunca antes había sido tan trascendente como ahora, porque el contexto político del país nunca había puesto al Estado mexicano en una verdadera situación de entredicho frente a las denuncias de grupos y organizaciones sobre la desaparición forzada de personas.

En efecto, si alguien tiene claramente definido que la ruta de la denuncia es la idónea, ese es el EPR. Esta vía, la de la denuncia nacional e internacional, por sí sola implica una estrategia política de largo plazo y amplio alcance. Esto lo apuntábamos seis años, cuando el EPR resolvió que la ruta de la denuncia era la más efectiva, aunque era una definción de muy largo plazo.

Y es que desde entonces, el EPR parecía tener claro que estos son tiempos en los que resulta tanto o más eficaz el diálogo entablado a través de la Comisión de Mediación (integrada por varios personajes de la vida social y académica ya fallecidos) combinado con la denuncia a nivel nacional e internacional. El EPR fue el primero en entender, hace años, que la guerra política tiene posibilidades de hacer tanto o más daño a las oligarquías y grupos de poder que persigue, con el inicio de una bien delineada estrategia política basada en la denuncia. Poco a poco se están allegando de las armas para fortalecer esa estrategia. Pronto veremos cómo se desarrolla.

Hoy todo eso queda refrendado con las posiciones que en primer término asume el EPR frente a la disyuntiva de qué hacer frente a las desapariciones forzadas de personas ocurridas en México en los últimos tiempos (las de sus militantes, pero también las de otras miles de personas, incluyendo a los 43 normalistas de Ayotzinapa, que están cumpliendo a su vez ocho meses desaparecidos), pero también asumiendo una posición proactiva y propositiva frente a la situación, en medio de un escenario en el que el encono sigue siendo la constante incluso en los grupos que coinciden en el contenido y trascendencia de las demandas que plantean, también por los desaparecidos.

Y es que resulta que hace ocho años, la voz del EPR se alzó solitaria en un contexto en el que parecía que nadie quería hermanarse con ellos. En mayo de 2007, el EPR denunció la detención-desaparición en Oaxaca de dos de sus militantes, y desde entonces convocó a todas las organizaciones defensoras de los derechos humanos, a los gremios, y a quienes coincidían en la necesidad de cambios profundos para el país, que alzaran juntos la voz por sus desaparecidos. Fueron algunas organizaciones las que se unieron a su llamado. Pero en realidad hubo una actitud pasiva, testimonial y disimulada, de muchas de las organizaciones que hoy impulsan ese mismo llamado, pero que en aquel momento hicieron como que no escuchaban, y por ende no atendieron el llamado del eperrismo.

Ese llamado no tenía otro fondo, más que el de la unificación de la lucha, a través de la vía política. Seguramente de ahí es de donde resulta la parte más trascendente del llamado que hoy hace nuevamente el EPR de cara a la necesidad de la denuncia de la altísima incidencia de desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad.

Y aún así, no queda del todo claro si otros grupos organizados, como el normalismo del país, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la Sección 22 del magisterio de Oaxaca, y otras organizaciones, tengan verdadera convicción por dejar la conveniencia de la denuncia coyuntural, y se unan en un verdadero trabajo político en contra de las desapariciones forzadas en el país.

EL LLAMADO

“La lucha contra el terrorismo de Estado —dice el comunicado que emitió ayer martes el EPR en el marco del octavo aniversario de la detención-desaparición de sus dos militantes en Oaxaca— es una necesidad imperiosa que todos debemos enarbolar y asumir, pero ésta hay que organizarla, estructurarla y generalizarla antes de ser víctimas; los detenidos-desaparecidos de ayer y hoy son hijos del pueblo, pertenecen al pueblo, son del pueblo, por tanto nos corresponde a todos enarbolar la exigencia de su presentación con vida.

“Los detenidos-desaparecidos no son ni uno, ni dos, tampoco decenas, son cientos de miles y nuestra lucha es por todos ellos, porque es la lucha de nuestro pueblo contra sus opresores que trasciende las afinidades sanguíneas y los estandartes políticos, las posiciones sectorialistas, localistas y sectarias sólo facilitan el cometido de más crímenes de lesa humanidad e impiden la unidad del pueblo, única arma político-organizativa en la lucha contra el terrorismo de Estado.”

Antes, en un comunicado fechado apenas el 5 de mayo pasado, y refiriéndose a este mismo tema, la Comandancia General del EPR había escrito: “Las tareas son muchas y tal vez los años que tendrán que pasar para ver liberado a nuestro pueblo de la explotación y opresión sean también muchos, por consecuencia, muchas son las batallas que habrán de librarse. Un saludo revolucionario a todos los que militan, combaten y colaboran en nuestras filas; un reconocimiento al militante que desarrolla su acción constructora en las masas, en las trincheras de nuestro ejército y las estructuras del PDPR. La consigna es ¡A seguir desarrollando las tareas estratégicas y tácticas de la presente etapa!”.

Vale la pena resaltar algunas cuestiones. Primera, que el llamado a la unificación de luchas es particularmente claro cuando señala que “la lucha de nuestro pueblo contra sus opresores que trasciende las afinidades sanguíneas y los estandartes políticos”. Y el llamado a seguir desarrollando las tareas estratégicas y tácticas de la presente etapa, no resulta ser otro que el de la denuncia. Esa es la etapa que están viviendo, porque como se veía desde entonces, esta es una forma de lucha trascendental que hoy tiene más posibilidad que nunca de prosperar ante la incapacidad del Estado de frenar y esclarecer la incidencia de este delito de lesa humanidad.

LA DEBILIDAD DEL INE

No son hechos aislados. La debilidad que enfrenta hoy el INE como autoridad electoral se enlaza perfectamente en este contexto de la búsqueda de cambios. Hoy la pregunta que debe ocuparnos es “¿cómo?”. Queda claro que hay mecanismos trascendentes, y hay otros que sólo llenan de oprobio el escenario y no provocan ninguna modificación de fondo.

¿El caso Bronco obligará a partidos a replantear sus estrategias?

El Bronco

+ La siguiente batalla será en 2016, con Oaxaca, Puebla y Sinaloa

El inusitado crecimiento electoral de Jaime Rodríguez Calderón, en Nuevo León, irremediablemente obligará a los partidos políticos a replantear sus estrategias de cara a los procesos electorales que se avecinan. El llamado Bronco, es hoy un inminente gancho al hígado para el priismo nacional, en un estado clave para el régimen priista como Nuevo León. Ésta fue una entidad recientemente recuperada por el PRI y el gobernador saliente, Rodrigo Medina. Pero si pierde el tricolor la gubernatura entonces tendrá que replantear qué sigue en su estrategia para 2016, en donde hay estados tan particularmente llamativos —también por sus respectivas alternancias— como Puebla, Sinaloa y Oaxaca.

En efecto, la candidatura independiente a Gobernador de Rodríguez Calderón, es un hecho relevante que rebasa por mucho la calidad o los antecedentes de la persona. En realidad, ese fenómeno es llamativo por ser el primer candidato independiente que se ubica entre las posibilidades de triunfo en las urnas. Si eso ya es relevante, lo es mucho más que esto ocurra en el centro político del norte del país, y que esté pasando en el contexto del llamado “regreso priista” con el presidente Enrique Peña Nieto a la cabeza.

Así, si esto está ocurriendo en las narices del Presidente, que según llegó para reimplantar el viejo régimen sobre las nuevas bases democráticas de México, y que hasta hace poco había demostrado absoluta eficacia electoral, entonces el problema es más grave de lo que inicialmente hubiera parecido una simple reedición del llamado “fenómeno Fox” hace quince años.

Es interesante ver cómo el panorama nacional ha variado tanto, que mientras se juega la supervivencia del régimen para los tres años que le restan al sexenio federal —proceso en el que se supone que tendría que estar echando toda la carne al asador—, ocurre que un candidato sin partido le disputa palmo a palmo el triunfo electoral a la fuerza política que inicialmente parecía dominante. Ello es muestra de madurez democrática, pero sobre todo del crítico momento por el que pasa el régimen priista, que se supone que iría a afianzarse en las entidades donde ya gobierna, para ir a tratar de recuperar los espacios perdidos.

Rodrigo Medina fue un gobernador de claroscuros en Nuevo León, al que hace cuatro años le explotó en las manos la crisis generada por la inseguridad y la disputa del territorio entre bandas rivales, y contra todos los pronósticos no sólo soportó la situación sino que salió avante presumiendo hoy a una de las mejores policías del país. Nuevo León no dejó de ser la entidad pujante de la economía nacional.

Pero aún así —con las aparentes buenas cuentas— resultó que el Gobernador, y el Presidente, no pudieron conseguir que el proceso electoral fuera un día de campo para su candidata. Lejos de eso, la campaña ha sido una tormenta que pareciera no tener para cuándo tocar fondo, y en la que ninguno de los capitales políticos federales ha tenido la posibilidad de permear. El activo que era hasta hace poco tiempo Enrique Peña Nieto hoy parece intrascendente en la batalla por la gubernatura, y por momentos hasta pareciera ser un lastre. El partido gobernante —es el mismo (el PRI) a nivel local y federal— no consigue afianzar ninguna posibilidad de ventaja. Y mientras eso pasa, el Bronco continúa creciendo en términos electorales.

Esto, independientemente del resultado, tendrá que dejarle diversas lecciones al partido gobernante, para las elecciones futuras. Una de ellas, fundamental, es que como partidos no podrán continuar tomando decisiones indefinidamente sin tomar en cuenta a la ciudadanía. Otra, que no podrán seguir engañando eternamente a los electores con demagogia. Y quizá la tercera gran lección radicaría en que las elecciones anteriores habrían dejado de ser antecedente para las posteriores. A partir de eso tendrían que construir sus escenarios electorales, en tres de las entidades que cambian de Gobernador en 2016, y que presentan escenarios tanto o más interesantes que el actual de Nuevo León en este proceso electoral.

COMICIOS 2016

Veamos el asunto en perspectiva. Oaxaca, Puebla y Sinaloa cambiaron de Gobernador en 2010. Las tres eran entidades gobernadas por el PRI, y en las tres ocurrieron sendas alianzas de partidos para ganarle la gubernatura al partido tricolor. Esto ocurrió a manos de tres ex priistas. Hoy, el escenario particular radica ya no únicamente en cómo cada uno de éstos gobernadores buscará retener las gubernaturas para sus propios grupos o los partidos con los que hoy se identifican, o en cómo el PRI intentará recuperar para sí estas entidades. En el fondo todos tendrán que buscar la forma de no abrir espacios inexplorados a través de las candidaturas independientes.

Esto, de alguna forma, pareciera un escenario de sobrevivencia de la partidocracia. Pues es evidente que no existe ninguna garantía de que no pudiera llegar a existir una candidatura independiente, como tampoco de que cualquiera de esos tres gobernadores —o el gobierno federal priista, en su propia trinchera— tenga el siguiente triunfo electoral en las manos. Si ese ya es un problema grande entre oficialismo y oposición, lo siguiente que tendrían que comenzar a pensar es en candidatos legitimados, en plataformas políticas reales y posibles, y en la necesidad de refundar la alianza que dicen que tienen con la ciudadanía, pero que nadie ha visto en los hechos en las últimas décadas.

Hoy ya no sólo se enfrentan a las calamidades propias de un proceso electoral. El PRI, en una de las trincheras, se enfrenta a sus adversarios naturales de las otras fuerzas políticas, pero ahora también tendrá que enfrentar a los que no tienen partido. Esta cuestión es particularmente llamativa porque en términos de estados gobernados, había una expectativa inicial de que el PRI podría retener los estados que gobierna, y comenzar a recuperar los perdidos. Hoy vemos que está pasando lo contrario. Y entonces comienza a verse que las fisuras que presenta el régimen de partidos son mucho más profundas de lo que hasta hoy todos han querido aceptar.

EL PARTIDO CRISTIANO

Quienes conocen la operación del Partido Encuentro Social, dicen que tienen genuina confianza en ganar por lo menos una diputación federal a través de la estructura que dicen tener en los feligreses de los templos cristianos que hay en la entidad. Es un contrasentido pensar en un partido político cristiano. La separación Iglesia-Estado vive tiempos aciagos.

Candidaturas ciudadanas: ¿dejaremos que partidos las colonicen?

Jaime Rodríguez Calderón

+ Defender la ciudadanía: ir contra la mentira, el encono y coacción

Las candidaturas independientes a cargos de elección popular son un hito en el escenario político actual de nuestro país, y por eso los ciudadanos debemos defender con todo denuedo su intención y su importancia. En Nuevo León existe una primera expresión importante de la competitividad de una candidatura independiente, y por eso dicha figura política será de particular atractivo para los partidos políticos. Si no cuidamos, desde la ciudadanía, a las candidaturas independientes, pronto serán colonizadas —y anuladas— por la partidocracia.

En efecto, el candidato independiente de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, es el primero que logra convertirse en un potencial gobernante surgido desde fuera de los partidos. Ex priista, Rodríguez Calderón reunió los requisitos para acceder a una candidatura independiente, que al inicio no le hacía ninguna mella a la candidata del PRI, Ivonne Álvarez, que se sentía segura en el triunfo.

Hace tres semanas, cuando los tricolores repararon en el crecimiento de Rodríguez como candidato, e iniciaron una fuerte campaña de guerra sucia en su contra. Intentaron exhibirlo como mentiroso y corrupto… en un escenario en el que lo único que estaban haciendo era tratar de bajarlo al nivel de la reputación que tienen los candidatos de los partidos políticos. ¿El resultado? Una mella menor, que no sólo no lo bajó de la contienda, sino que lo relanzó a tal grado que ya otro candidato (Fernando Elizondo, de Movimiento Ciudadano) declinó a su favor, con lo que ahora sí se abren las posibilidades de que gane los comicios y se convierta en Gobernador.

Todo esto, tiene mucho de significativo, y rebasa a la persona de Rodríguez Calderón. Es decir, que las mayores expectativas de la ciudadanía en la primera candidatura independiente que puede llegar a ganar unos comicios, no debiera centrarse en la persona del llamado Bronco. No es aún posible saber qué tan buen gobernante será, o si será un demagogo como lo han sido otros en el contexto de que son populares pero ineficaces, o incluso si se convertirá en un estruendoso fracaso como en su tiempo lo fue Vicente Fox, que llegó con una legitimidad afianzada y la perdió cuando se reveló su extravío mental y su incapacidad como figura de gobierno.

Por eso, más bien lo que debemos buscar es la defensa de las candidaturas independientes, como una forma de expresión política auténtica que rompe con el monopolio del acceso al poder público, que hasta hace muy poco tiempo tenían los partidos políticos. Aunque esto último suena a lugar común, es trascendental que los partidos hayan finalmente abierto el abanico del acceso al poder, que tuvieron en posesión durante décadas. No era posible pensar si quiera en convertirse en candidato a algún cargo de elección popular si antes no se contaba con el respaldo de una fuerza política, que irremediablemente terminaba alineando a la persona a los intereses del partido.

¿Cuántas veces no vimos a hombres de la vida cultural, académica, social y científica del país —que se supone que eran ciudadanos invitados por las fuerzas políticas a integrar y enriquecer la labor pública—, o convertirse en defensores a ultranza de los intereses de su partido, o rebelarse a las decisiones tomadas desde la cúpula partidista, pero terminar siendo expulsado no del partido o del cargo, sino del futuro político porque finalmente la partidocracia no acepta mentes libres o personas con convicciones, sino que por lo general demanda lealtades absolutas e inopinadas, e individuos con amplia capacidad de ejercer sus cargos con pragmatismo.

A DEFENDER LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

En ese contexto, el éxito —quién sabe si triunfo en los comicios, pero hasta ahora éxito— de la candidatura del Bronco, irremediablemente va a generar al interior de los partidos, la búsqueda de lobos con piel de oveja. Rodríguez Calderón no alcanza a serlo, pero nadie duda que dentro de poco tiempo surjan personajes que desde los partidos políticos busquen “colonizar” las candidaturas independientes para ponerlas, como una vía alterna, a favor de los intereses de la partidocracia.

No es extraño que algo así pueda pasar, porque finalmente no es orgullo ni honradez lo que está en juego, sino grandes capitales políticos y económicos, así como el elemental mecanismo de control a través de estructuras, que las fuerzas políticas buscan siempre tener a través de los gobiernos, como una forma simbólica del poder que tienen dentro de un territorio controlado.

Por eso, frente a un candidato independiente, que buscaría ejercer el poder al margen de las lealtades y los intereses de los partidos, y que buscaría implantar una lógica distinta dentro de la relación del poder con los momentos electorales, los partidos finalmente buscarán hacerse de esos espacios para ponerlos a su servicio. Frente a eso, a los ciudadanos no nos queda más que defender las candidaturas independientes, y sólo avalar a quienes verdaderamente tengan una intención relacionada con servir a la ciudadanía, antes que a los partidos.

No hay otra forma de presionar a que eso pase, por un lado demandándole —con votos en contra— a los partidos que eliminen el encono y la división que siempre tratan de sembrar en la ciudadanía para desalentar la participación ciudadana; y por el otro respaldando sólo a las verdaderas candidaturas ciudadanas que den certidumbre de que no terminarán convertidos en satélites al servicio —o como verdaderas comparsas— de los partidos políticos.

Eso es muy importante. La ciudadanía ya no tiene por qué necesariamente soportar la situación de tener que elegir a un partido, o anular su voto. Pero esa defensa vigorosa no puede darse más que de la forma conocida y legal: es decir, rechazando las malas prácticas de los partidos, y alentando la participación de la ciudadanía cuando pueda darse. Algo fundamental es rechazar a los mimetizados que buscarán colonizar y anular las candidaturas ciudadanas. Se puede hacer, no vendiendo la firma de respaldo, no votando por ellos, y no alentando un vicio que sólo le hará más daño —y le causará más desilusión— al ya de por sí lastimado sistema democrático de nuestro país.

AQUÍ NO HAY

Es lamentable, pero en Oaxaca no existen aún esas expresiones de ciudadanía que ya quisiéramos ver. Mientras, habrá que ver si alguno de los candidatos rescata un poco de la dignidad e inteligencia con que se deben hacer propuestas en una campaña. Aunque no estamos seguros que pase.

¿Lorenzo Córdova debe renunciar al INE?… ¿Sí, no y por qué?

Córdova

+ No buscan que se vaya, buscan derrotar a institución electoral

En torno a la filtración de una conversación telefónica entre el Consejero Presidente, y el Secretario Ejecutivo del INE, hay dos perspectivas que, en cualquier caso, constituyen un golpe fatal para el Estado de Derecho y la democracia en México. En la primera, los personajes exhibidos deben abandonar sus cargos; en la segunda, deben permanecer en ellos, a partir de la ilegalidad del recurso utilizado para exhibirlos, e incluso del contenido de la conversación, por parecer ésta una comunicación privada. Vale la pena repasar, y repensar con seriedad, estos dos escenarios.

En efecto, tal y como lo apuntábamos en nuestra entrega de ayer, el martes fue subido a la página de videos Youtube, un audio en el que se escucha una conversación telefónica, obtenida ilegalmente, entre el Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello, y el secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina. En la conversación se escuchan diversas expresiones burlonas y sarcásticas dichas por el propio Córdova, respecto a una reunión que acababa de sostener con representantes de algunos pueblos indígenas. En su charla, se escucha al Titular del INE burlarse de las expresiones de uno de los personajes con quien acababa de entrevistarse. Y esto fue tomado de inmediato como una demostración de su doble moral, y de la vena racista y clasista que nunca había demostrado en público.

El asunto de inmediato se convirtió en un escándalo, y en las redes sociales rápidamente escaló la tendencia a exigir su renuncia. Momentos después, el INE aceptó la autenticidad de la grabación y condenó la intervención de comunicaciones telefónicas privadas, además de anunciar que presentaría una denuncia penal ante la PGR por esta franca violación al principio constitucional contenido en el artículo 16, en el sentido de que todas las comunicaciones son en esencia privadas, y sólo pueden ser intervenidas mediante una orden judicial.

A partir de esto hoy en día es intensa la polémica entre quienes acusan la ilegalidad de la intervención telefónica como base de la discusión, y quienes simplemente exigen que Córdova renuncie. Es indispensable detenerse a analizar con más detalle cualquiera de estas intenciones, porque en ellas —y así lo asegurábamos en nuestra entrega anterior— existe la intención de fondo de dañar a la institución electoral llevando a Lorenzo Córdova como vehículo e incluso como daño colateral. Veamos por qué.

Quienes acusan la ilegalidad de la intervención, se resisten a aceptar que de fondo Lorenzo Córdova hoy no enfrenta un cuestionamiento de orden jurídico o político, sino social, y que éste lo acompañará durante el tiempo que dure su encargo como Titular del órgano garante del ejercicio de la democracia representativa en el país. El desgaste político que enfrenta Córdova irremediablemente le será extensivo al INE, y esto le provocará un perjuicio aún mayor del que hasta ahora ha enfrentado.

El problema de aceptar, por esta vía, la renuncia de Córdova, o su permanencia en el cargo a partir de la ilegalidad del medio por el que fue exhibido, es que en cualquiera de los casos el derrotado es el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque si se queda, irremediablemente el INE pagará el costo generado por los dichos de Córdova.

Y porque, en el otro extremo, si se va, entonces en México se aceptará y se institucionalizará —de facto, pero con toda la fuerza que eso implica— la posibilidad de que un acto ilegal impacte en la vida pública de tal manera que se pase por alto la forma en aras de centrarse en el contenido de fondo de lo que se exhibe. En cualquiera de los casos pierde la legalidad, pierde la institucionalidad, y pierde el Estado de Derecho en México.

¿Y SI CÓRDOVA SE QUEDA?

No podemos pasar por alto que la postura de Córdova es la de permanecer en su cargo, y que posiblemente esto es lo que quieran aquellos que hicieron pública la conversación telefónica intervenida ilegalmente.

¿De qué hablamos? De que la democracia electoral en México tiene hoy adversarios más añejos y radicales que el envalentonado Partido Verde, y que quien filtró la charla bien pudo haber ocupado como contexto de oportunidad los diferendos y las sanciones que el INE le ha impuesto al PVEM, como forma de disimular el verdadero origen y la intención de la filtración.

Este cálculo, claramente perverso, tendría como finalidad que Córdova decidiera —como lo ha manifestado— continuar en su cargo, y entonces ocupar esta circunstancia como una forma de continuar lastimando al INE. ¿Cómo? Justamente, generando desgaste a partir del hecho de que Córdova no deja su cargo. Según esta lógica, Córdova está totalmente desacreditado y deslegitimado como persona, como académico, como servidor público y sobre todo como cabeza de la autoridad electoral nacional, que por mandato constitucional ahora también tiene atribuciones en los procesos electorales estatales y municipales.

Al estar Córdova desacreditado y deslegitimado, pero siguiendo en su cargo, entonces le transmitiría el descrédito al INE, a quien tratarían de presentar como una institución electoral sin calidad moral, social y política para fungir como árbitro en los procesos electorales… y esta sería una vuelta más a la tuerca de la presión política que se ha ejercido desde hace algunos años en contra de la institución electoral, a manos de los propios partidos políticos que al no tener capacidad de autorregularse y de asumir con responsabilidad sus compromisos democráticos con el país y los electores, optan por la argucia de desacreditar al Frankenstein que hoy intenta regularlos.

En el fondo lo terrible es que quien pierde, y mucho, es el país. El análisis simplón lleva a suponer que fue el Partido Verde el único que pudo haber filtrado la conversación de Córdova. Sí pudo haber sido éste en respuesta a las sanciones impuestas, como también pudieron haber sido otros, que han sido adversarios del INE de más largo aliento y que así como han denunciado fraude sin haberlo nunca podido comprobar, hoy estarían intentando esta maniobra como una nueva ruta para lograr su cometido.

TODOS PUEDEN “ALAMBREAR”

Lo que de verdad resulta alarmante es la recurrencia de las grabaciones telefónicas ilegales en México. Los llamados audioescándalos se dan a plena luz del día, casi todos los días, sin que haya capacidad del Estado para impedirlo o investigarlo. Esa es también una forma de complicidad y, según vemos, de canibalismo.