El Congreso viola flagrantemente la Constitución con consejo indígena

Consejo Estatal de Sistemas Normativos Electorales Indígenas

+ Consejo de Sistemas Normativos viola la autonomía y rompe principios


La noche del viernes, 24 legisladores de la LXII Legislatura aprobaron la terna, y le tomaron protesta, a los integrantes del Consejo Estatal de Sistemas Normativos Electorales Indígenas (CESNEI),  Jorge López Carreño, Raciel Cabrera García y Joel Isidro Inocente. Este acto provocó un duro comunicado por parte del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), que reclamó al Congreso la flagrante violación a la autonomía de la autoridad electoral. Esto se enmarca, además, en el hecho de que el Congreso no observó las normas que éste mismo aprobó la semana previa, y que está rompiendo abiertamente un principio constitucional federal, por el que todos esos actos carecen de validez.

En efecto, dicha sesión ordinaria, programada para el medio día del viernes, y que sólo logró reunir el quórum correspondiente después de las 21 horas, fue conducida por la diputada María Luisa Matus Fuentes, del PRI, en ausencia de la presidenta de la mesa directiva, la panista Leslie Jiménez Valencia. A la sesión acudieron mayoritariamente legisladores priistas y blanquiazules, ante un intento de que no hubiera el suficiente número de legisladores para que pudiera iniciar la sesión. Finalmente se reunieron 24 de los 42 que integran la Legislatura, y así pudieron iniciar una sesión que duró apenas unos minutos.

En la sesión se integró el CESNEI y se eligió al Secretario Ejecutivo del IEEPCO, figura que sustituyó a la de la Dirección General del órgano electoral. Específicamente, la creación del Consejo Estatal de Sistemas Normativos generó un fuerte rechazo porque no sólo significaba una intromisión abierta en la conformación y autonomía del órgano electoral, sino que además constituía un acto impositivo para los pueblos y comunidades indígenas, que ahora quedarán fuertemente sujetadas a un control político ejercido desde el Congreso del Estado a través del Consejo, bajo figuras tan controversiales y cuestionables como la terminación anticipada de mandato de cabildos indígenas, o la calificación que hará el Congreso del Estado de la situación política de una comunidad y el nombramiento, casi en automático, de la legaloide figura de los administradores municipales.

De hecho, había duda de que, una vez emitida la ley del CESNEI, el Congreso del Estado la publicara y estableciera un artículo transitorio en el que intentara ponerla en vigor inmediatamente después de su publicación, ya que de entrada lo que estaría ocurriendo es una flagrante y gravísima violación al principio constitucional establecido en el artículo 105 de la Constitución General de la República que, a la letra, dice: “Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”.

Seguramente en el Congreso local consideraron que la norma que aprobaron hace dos semanas, que creaba el CESNEI y modificaba la Ley Orgánica Municipal y la Ley de Instituciones y Partidos Políticos del Estado de Oaxaca, era de carácter indígena y no electoral. Estruendosa equivocación, cuando en el nombre mismo de la norma, y del Consejo, se establece que es una norma de carácter electoral.

Por si eso fuera poco, hubo más: El Congreso del Estado nombró a los integrantes del citado Consejo, desoyendo las consideraciones que ellos mismos habían aprobado hace apenas unos días. Según, en las disposiciones que rigen la conformación del Consejo, se pedía que los integrantes fueran preferentemente integrantes de una comunidad indígena, que demostraran conocimientos en la materia y que además no tuvieran ligas partidistas.

Sin embargo, lo que ocurrió fue exactamente lo contrario: nombraron a Joel Isidro, un panista que fue diputado local y que ha sido dirigente de ese partido en los últimos años; a Jorge López Carreño, que fue abiertamente respaldado por la fracción priista como una cuota y no por su experiencia en temas electorales; y a Raciel Cabrera García que, según versiones periodísticas, es esposo de la diputada Vilma Martínez Cortés.

LA RESPUESTA DEL IEEPCO

Anteayer sábado, el IEEPCO publicó en su página de internet un comunicado, en forma de entrevistas a Roberto Heycher Cardiel Soto, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE y a Gustavo Meixueiro Nájera,  Consejero Presidente del IEEPCO, en el que estruendosamente reprochan la injerencia del Congreso en asuntos que no debieran ser de su competencia, y que violan la autonomía de la autoridad electoral nacional.  

“Las autoridades electorales condenan aspectos de la nueva Ley de Sistemas Electorales Indígenas pues vulneran la autonomía del órgano local electoral y socavan los principios democráticos de la reforma Constitucional de 2014”, puede leerse, al tiempo de que, en voz de ambos representantes de la autoridad electoral, éstos “coincidieron que con esta ley, el Congreso del Estado atenta contra la autonomía del órgano local pues al crear el Consejo Estatal de Sistemas Normativos Indígenas se vulnera al órgano local electoral al establecer un órgano descentralizado dentro de uno autónomo. Aún más, cuando los integrantes de este consejo -que fueron propuestos por la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura- ya han sido designados sin que el Congreso del Estado tenga atribuciones sobre un órgano autónomo como es el IEEPCO”, apuntaron.

“Esta afectación a la autonomía del instituto, lastima también al régimen de sistemas normativos indígenas (…) Ese es el camino que todos debemos seguir y no uno donde se atente contra la independencia y autonomía de dichas instituciones”, señalaban.

¿QUÉ SIGUE?

Varias acciones de inconstitucionalidad, que tienen mucho por delante, y en las cuales tarde o temprano el Congreso del Estado terminará exhibido por sus abiertos intentos de agandallarse el control político de asuntos electorales que, constitucionalmente, ya no están en su competencia. Con estos actos, los diputados demuestran haber perdido ya la razón y la dimensión de su responsabilidad institucional, e incluso demuestran también haber perdido el sentido de la ley y de los límites que no debieran traspasar. Mientras, lo que se aprecia es una enorme tensión entre el órgano electoral y el Congreso, por una ley, y un Consejo, que ni siquiera cumplen con los principios establecidos en la Constitución.