+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Más allá de la pose, en Oaxaca es urgente el relevo generacional

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+ Candidatos, conminados a no continuar la ruta de los cacicazgos


 

Uno de los imperativos que tienen los aspirantes a la gubernatura en Oaxaca, es la de romper con la inercia de los cacicazgos. En la entidad, a lo largo de las últimas tres décadas han sido apenas un puñado de personas las que han detentado el poder en distintos momentos. Y esta parece ser una de las cuestiones que más aleja a la política de las nuevas generaciones, que no ven la expectativa, o el espacio necesario, para tratar de participar en las tareas públicas.

En efecto, estamos en un momento determinante de la vida pública de Oaxaca, porque ahora como nunca es demandado el relevo generacional en las esferas del poder. Hoy como nunca son persistentes los señalamientos respecto a que cada proceso electoral se resume en el reciclaje cíclico de personajes y grupos. Todos los que sean candidatos se enfrentarán a ese imperativo de la ciudadanía. Y por eso es tan importante tener presente todo lo que puede significar este aspecto en las campañas proselitistas y el apoyo que logren los aspirantes a la gubernatura de aquellos votantes que no dependen de una estructura electoral.

En ese sentido, es claro que en 2010 Gabino Cué representaba esa aspiración del relevo generacional, que pronto se vio copada por la presencia de varios de los grupos que persistían en la oposición, y que llegaron al poder no para compartir las responsabilidades del gobierno, sino para lucrar con sus espacios. Por un lado, dicho grupo fue copado por el ex gobernador Diódoro Carrasco Altamirano, que tenía una fuerte ascendencia sobre el nuevo gobierno, y cobró con creces las facturas de su apoyo. En el otro extremo estaban las estructuras fundamentalmente perredistas, que también exigieron su parcela dentro del gobierno.

Ante tantas exigencias y amagues, la actual administración pareció nunca encontrar el espacio y la condición para debutar a un nuevo grupo político que fuera parteaguas para su propia sucesión. Por eso, hoy el futuro del grupo en el poder se encuentra en manos de dos personajes que, aunque tienen un fuerte enfrentamiento entre sí, en el fondo resultan ser parte de la misma estructura que no logró trascender y que, por ende, está peleándose entre sí para los años que vienen.

Los nombres y las ascendencias así lo indican. José Antonio Estefan Garfias es un político producto de diversas circunstancias pero con un cuño diodorista y ulisista perfectamente identificable. Por su parte, Benjamín Robles Montoya enfrenta un problema todavía mayor: su único antecedente está en el grupo de Gabino Cué, con el que —ya en el poder— generó más enfrentamientos que sinergias, y al que no pudo aglutinar a su favor para ser garante de ese cambio generacional. Por eso, hoy Estefan está atenido al respaldo cupular del grupo que lo impulsa, y Benjamín le apuesta a las estructuras clientelares que formó con el apoyo de varias organizaciones sociales, en su larga campaña para comprar el apoyo electoral que no pudo conquistar entre los ciudadanos.

Al final, ninguno de los dos ha logrado dar una pauta concreta de la garantía de “no repetición”, que sí espera la ciudadanía de cualquiera que aspire a ser Gobernador de Oaxaca. Esa “no repetición” es, básicamente, relativa a los errores, a la corrupción, al empecinamiento con los cargos públicos y al reciclaje que, de una u otra forma, representan ambos personajes, por los grupos que los respaldan. Ambos, hoy, frente al electorado son víctimas del riesgo de la continuidad… pero, justamente, de esa continuidad oprobiosa que la ciudadanía ya no quiere ver —de ninguno de los grupos— en las tareas de gobierno.

EL RIESGO TRICOLOR

Esa misma inquietud priva del lado priista. Pues resulta que como hacía mucho tiempo no ocurría, en el Revolucionario Institucional hay una verdadera expectativa de que la candidatura de Alejandro Murat Hinojosa marque el relevo generacional no que anhelan los priistas, sino que necesita Oaxaca. Los riesgos, en ese extremo, también están presentes y saltan a la vista.

Pues resulta que, sin ambages, el Abanderado priista ha delineado la distancia que habrá con los grupos políticos tradicionales de Oaxaca. Eso se respalda con la carrera política y en la administración pública que lo antecede, e incluso con los orígenes de su candidatura, que en ningún sentido se encuentran en Oaxaca, y que más bien pueden encontrarse dentro del gobierno federal. El problema es que a pesar de todos esos activos —junto con la juventud y la frescura de su imagen, que constituyen un valor agregado propio del candidato— existe el riesgo de que los pactos políticos al interior de su partido, también terminen diluyendo ese imperativo de cambio. ¿De qué hablamos?

De que, por ejemplo, el viernes pasado se conoció el acuerdo alcanzado por el Candidato con el grupo del ex gobernador Ulises Ruiz, que personifica el senador Eviel Pérez Magaña. En la imagen del encuentro, aparecían diversos personajes que en ningún sentido representan lo que se supone que será el relevo generacional en Oaxaca. Había un cúmulo de personas que, además de acumular derrotas electorales, representan al sector más cuestionado y desprestigiado del priismo en Oaxaca, con el ex gobernador Ulises Ruiz a la cabeza. Y es que el senador con licencia Pérez Magaña llevó a dicho encuentro —y se supone que los presentó, porque son parte del acuerdo político— a personajes como Beatriz Rodríguez Casasnovas, José Escobar, Carolina Aparicio, y varios otros, que no resultan ser sino una garantía de continuidad de las prácticas y los grupos políticos, que las nuevas generaciones de votantes no quisieran ver regresando a los espacios de poder.

Y si bien resulta que la política implica necesariamente los acuerdos, más bien lo que se tendría que valorar es el costo de los mismos en la administración estatal —sopesando “eficiencia” versus corrupción— y, sobre todo, el nivel de empatía o rechazo que eso puede generar ante la ciudadanía, y los mensajes de largo plazo —sobre la continuidad, que evidentemente ya no es un activo político en Oaxaca— que se mandan con decisiones como esas.

FEMINICIDIOS

Sólo en alguien totalmente extraviado de la realidad, puede caber la idea de aspirar a un cargo de elección popular, teniendo como “activo político” su supuesto trabajo por los derechos de la mujer, en un estado —Oaxaca— en el que los feminicidios alcanzan niveles escalofriantes. ¿De verdad es lo que pretende Anabel López Sánchez?

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