+ Medios legales con fines políticos, signo de gobiernos antidemocráticos
En menos de un año, la Sección 22 del SNTE pasó de la mayor posición de fuerza, a la máxima situación de crisis por el encarcelamiento de sus dos dirigentes más visibles. Vale la pena preguntarse cómo un movimiento social —tan amplio como el magisterial— pasó de un extremo a otro en tan poco tiempo, y cómo el gobierno federal decidió aplastar a un grupo al que primero estaba dispuesto a entregarle, en bandeja de plata, la claudicación de la reforma educativa. Pues si México es un país de contrastes, éste es uno de ellos.
En efecto, el fin de semana fueron aprehendidos Rubén Núñez Ginez y Francisco Villalobos Ricárdez, secretario General y de Organización, de la Sección 22 en Oaxaca. Estas dos detenciones no son sino parte de la cadena de desmantelamiento que inició el gobierno federal desde noviembre del año pasado, cuando detuvo a seis dirigentes magisteriales de mediano nivel. Luego, en abril pasado puso en prisión al secretario de Finanzas de la Sección 22, Aciel Sibaja; y en una historia previamente anunciada —desde hace más de 20 días el gobierno federal dijo que existían órdenes de aprehensión contra los dirigentes magisteriales—, finalmente cayeron el fin de semana los dos dirigentes principales de la 22, que también eran elementos morales determinantes para la CNTE.
¿Cómo pasó la disidencia magisterial, del dominio casi total del panorama político frente al gobierno federal, a esta situación crítica? Para entender toda esta situación, es indispensable recordar varias maniobras previas que revelan la magnitud de la oportunidad histórica que perdió la Sección 22, como elemento más visible de la CNTE, de cara a su resistencia con el gobierno federal.
Primero, previo a la jornada electoral federal del cinco de junio de 2015, la Sección 22 implementó en Oaxaca un programa de acción específicamente encaminada a orillar una acción de fuerza con el gobierno federal. En la semana previa a la jornada comicial, el gobierno federal dio por terminada una larguísima mesa de negociación que se había instalado entre el magisterio disidente de Oaxaca y la Secretaría de Gobernación, en la que los profesores ya habían conseguido la cancelación indefinida de los programas de evaluación y la implementación de los nuevos términos administrativos de la reforma.
Lo que pretendía el gobierno federal en aquel momento, era que la 22 tomara una actitud responsable a cambio de aceptar lo que les ofrecía. Pero el magisterio asumió la más histórica de sus posturas erróneas, al asumir frente al gobierno federal que su logro único aceptable debía ser la abrogación de toda la legislación constitucional y legal inherente a la reforma educativa.
Así, cuando llegaron a una posición límite, el gobierno federal se retractó en todos sus ofrecimientos, concluyó la mesa de diálogo en Gobernación, y envió a la Policía Federal a desalojar a los profesores oaxaqueños, que por disposición de la Sección 22 tenían tomadas instalaciones estratégicas para la vida cotidiana de la ciudadanía, como la Terminal de Abasto y Reparto de Pemex en la zona conurbada de la capital oaxaqueña, que surte de combustibles a varias regiones del Estado, y que ya para entonces la ciudadanía había entrado en una severa crisis —real y emocional— por no poder acceder a los combustibles que son indispensables para la movilidad y las acciones económicas de todas las personas.
EL GOLPE DE MUERTE
Una vez que el gobierno federal envió a la Policía Federal a restablecer el orden en la capital oaxaqueña, se pensó que todo continuaría en el enfriamiento de una relación que irremediablemente tendría que retomarse. No fue así. El 21 de julio, el gobernador Gabino Cué anunció la desaparición del IEEPO con la conformación y los privilegios concedidos a la Sección 22 para la integración orgánica del Instituto, y anunció la creación de una nueva dependencia estatal encargada de la educación, con el mismo nombre pero con total independencia de la Sección 22.
Este fue un primer paso que la Sección 22 pensó que no ocurriría. Ya para entonces, habían perdido interlocución con el gobierno federal, y ahora perdían el control administrativo de los trabajadores de la educación en la entidad. En noviembre se llevó a cabo la primera evaluación en Oaxaca, aún con una resistencia nutrida de los integrantes de la Coordinadora, que aún asumían con fuerza los mandatos de su dirigencia. Luego de eso, el gobierno estatal y federal, iniciaron una fuerte campaña de concientización sobre los mitos y realidades de la reforma educativa. Este ha sido un elemento importante de desmovilización, que paulatinamente ha venido mostrando sus resultados en la disminución del número de personas que asisten a las movilizaciones por mandato, dejando sólo a quienes lo hacen por convicción con la lucha de la Sección 22.
PERDERLO TODO
Igualmente, la 22 pensó que el gobierno federal no se atrevería a echar mano de sus herramientas judiciales para combatir a la disidencia. El fin de semana, la federación lo hizo lisa y llanamente asumiendo como un triunfo la aprehensión de los dos líderes de la Coordinadora. Nadie vio que esto significó una derrota para la capacidad del Estado mexicano de hacer valer coercitivamente sus decisiones, porque castigó a los líderes como mecanismo para redoblar la implementación de la reforma. Pero también —y sobre todo— es una derrota para el movimiento magisterial, que lo tuvo y lo perdió todo por su radicalismo, y por su incapacidad de mantener y controlar la relación con sus adversarios políticos.
