+ Conflicto educativo resalta en agenda de la gobernabilidad para Oaxaca
La Secretaría de Educación Pública, y el IEEPO, lograron encauzar una de las principales demandas de la Sección 22, pero ahora debe ser tarea del gobierno estatal conseguir que ese avance se consolide en la agenda de la gobernabilidad. Ello pasa no sólo por la capacidad de seguir dando respuesta a las demandas magisteriales, sino también de incidir en el rumbo que tome el movimiento permanente de la Sección 22 en Oaxaca.
En efecto, aunque se ha entendido poco la dimensión del acuerdo tomado el 2 de diciembre entre el gobernador Alejandro Murat e integrantes del Comité Ejecutivo de la Sección 22, este fue un paso muy trascendente en el cumplimiento de la agenda de demandas del magisterio ya no al gobierno de Oaxaca, sino a la SEP y de cara a la implementación de la reforma educativa. ¿Por qué?
Porque lo que hicieron tanto la SEP como el IEEPO y la Sección 22, fue avalar un acuerdo que tiene un costo anual superior a los mil 200 millones de pesos. Eso es lo que cuesta la regularización de las más de cuatro mil plazas docentes y administrativas que demandaba la Sección 22, y por eso este acuerdo era también muy importante para la dirigencia magisterial que aún encabeza Rubén Núñez Ginez. Es, de hecho, es más grande acuerdo que se ha alcanzado desde que se rompió el diálogo previo a los comicios federales de 2015, cuando Gobernación dio por concluidas las negociaciones de orden político con el magisterio oaxaqueño, y canalizó todas las demandas a la autoridad administrativa en la Secretaría de Educación Pública.
En este sentido, para la SEP y el IEEPO era muy importante avanzar en esta negociación, así tuviera que generar cuatro mil plazas más con cargo al presupuesto educativo federal, y permitir que éstas fueran un logro político de la Sección 22, y no del gobierno de Oaxaca. Esa importancia radicó siempre en el hecho de que asegurar esas plazas significaba, primero, desactivar la principal demanda magisterial de los últimos años; y, segundo, afianzar la realización de los procesos de evaluación, a los que quedarán supeditadas esas nuevas plazas ya regularizadas.
De hecho, si se revisa el pliego de demandas de la Sección 22 en el último año, la regularización de esas más de cuatro mil plazas era la que estaba a la cabeza, de entre todo lo que sí podía ser alcanzable. Es decir, que al margen de las demandas políticas (como la abrogación de la reforma educativa, la libertad de los presos políticos y algunas otras), la exigencia de la regularización de dichos trabajadores es para la 22 oxígeno puro en su necesidad de demostrar que sigue teniendo capacidad para avanzar en sus demandas sustantivas, como las salariales y de condiciones de trabajo de sus agremiados.
Para el IEEPO y la SEP, avanzar en esa negociación era también importante porque lo que han buscado es la implementación gradual de la reforma educativa, y el establecimiento de una relación más civilizada con las secciones integrantes de la Coordinadora. En esencia, eso es lo que explica por qué el acuerdo del 2 de diciembre fue tan trascendente, por qué lo llevó de inmediato la dirigencia a su Asamblea Estatal; y por qué, aunque la propuesta haya sido inicialmente rechazada por la Plenaria del magisterio oaxaqueño, de todos modos sí es un avance que ahora debe también impactar en la gobernabilidad de Oaxaca.
AVANCES GRADUALES
Una de las cuestiones que está en medio del juego de palabras que decidieron ocupar tanto la dirigencia magisterial, como los representantes del Gobierno del Estado y de la SEP para la firma de la minuta del 2 de diciembre, es que la regularización de esas plazas no está sujeta a la aprobación de la Asamblea Estatal de la Sección 22, y que ello tampoco pasa el condicionamiento de la evaluación docente tanto para los regularizados, como para los demás trabajadores de la educación que están en proceso de ser evaluados. Fue así, porque todos quisieron bordear los términos concretos justamente para que los vacíos dieran pie a la posibilidad de arreglos en el mediano plazo.
¿De qué hablamos? De que inicialmente, la Asamblea de la Sección 22 rechazó el contenido del acuerdo, y reiteró que eso no los condiciona a la aceptación de la evaluación. Sin embargo, lo que se espera en el mediano plazo es que haya una aceptación paulatina por la magnitud del acuerdo y la posibilidad de poder agenciarse políticamente el padrinazgo de esa conquista para cuatro mil nuevos trabajadores que recibirán una plaza de trabajo.
INTERROGANTES
En todo eso, el reto ahora será del gabinete estatal que deberá procesar la parte política para que ese costo económico se traduzca en una mejor gobernabilidad. Así, en el entendido que el IEEPO ahora depende de la autoridad federal, la interrogante recae sobre quién será el encargado, a nivel del gobierno estatal, de entablar interlocución política con la Sección 22.
Hasta ahora —y así lo hemos remarcado— no parece haber nadie con la ascendencia y la capacidad de interlocución que se necesita ante una situación como ésta. El propio Secretario General de Gobierno se nota ajeno a la problemática, porque este ya no es un tema de influenciar a facciones magisteriales sino de generar certidumbre política a partir de ese acuerdo. Ese es el reto en el corto y mediano plazo. Si no, terminará ocurriendo que, como en otras ocasiones, le habrían obsequiado a la 22, un costoso acuerdo a cambio de nada.
