+ Tema de gobernabilidad estatal, no de autonomía universitaria
Uno de los temas ineludibles de la agenda política de 2017 en Oaxaca, es la atención y resolución, al más alto nivel, del conflicto por el que atraviesa la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UABJO. El tema es tan relevante, por lo sintomático que resulta de la situación política que prevalece en la Máxima Casa de Estudios. Ahí, el conflicto intrauniversitario están contenido circunstancialmente, y sólo falta algún motivo coyuntural para reactivarse. En el momento que vive Oaxaca, y el país, el dejar desatendido ese conflicto equivale convalidar la existencia de una bomba de tiempo de resultados impredecibles para la gobernabilidad de Oaxaca.
En efecto, en este inicio de año el país entero pasa por un momento crítico en cuanto a la gobernabilidad y la paz social. En ese contexto, es muy importante no generar —o nutrir— problemas añadidos a los que ya existen. En general, la ciudadanía se siente abandonada y agraviada no sólo por el gasolinazo, sino por varias situaciones del sector gubernamental que se han hecho públicas —bonos excesivos, aguinaldos estratosféricos, nombramientos controvertidos, verdades a medias, etcétera— y que reflejan una enorme contradicción entre lo que hacen y los sacrificios que le piden hacer a la población para ajustarse a las nuevas reglas de mercado en el sector energético, que impacta en todos los rubros de la economía.
Esa discordancia ha provocado enojo, malestar y desánimo; pero también ha sido el caldo de cultivo para el oportunismo que se ha manifestado a través de las protestas violentas, los saqueos y las amenazas, de las cuales hemos visto ya diversas expresiones en la última semana. Afortunadamente, hasta ahora los factores que en Oaxaca sirven de indicador para el termómetro social se han mantenido prudentes: por un lado, el gobierno estatal, el IEEPO, y el gobierno federal, han invertido tiempo y recursos valiosos para dialogar con la Coordinadora, y establecer un marco de entendimiento que permita márgenes de gobernabilidad para la entidad. Por eso, incluso frente al llamado ‘gasolinazo, la CNTE ha mantenido en Oaxaca una actitud prudente, que ha impedido la acción de grupos que se montan en sus protestas para generar disturbios.
El otro factor de ese termómetro social, es la Universidad. La UABJO, nos guste o no reconocerlo, refleja la mayor concentración de pluralidad y crítica dentro del sector educativo no controlado por la Coordinadora, y es también un reflejo del estado de ánimo colectivo de los oaxaqueños.
La diferencia entre la atención gubernamental que ha tenido el conflicto magisterial en el sector de la educación básica y media básica, y los problemas universitarios, es que los primeros han sido atendidos con prontitud; y el conflicto universitario continúa prácticamente al garete, esperando sólo alguna circunstancia para reactivarse. La situación real así lo indica, y por ello resulta grave la poca atención que se le ha puesto al emblema del conflicto universitario, que es la crisis de la Facultad de Derecho.
CONFLICTO LATENTE
El conflicto actual en la UABJO no inició cuando se realizó la elección de director de la Facultad de Derecho en noviembre pasado, sino que data de la solución de fuerza que aplicó el gobierno de Gabino Cué a la elección de rector, en el mes de mayo del año pasado. En aquella ocasión, la llamada ‘familia real’ —la que gobierna la universidad desde tiempos de Francisco Martínez Neri, que llegó a su clímax con Eduardo Martínez Helmes, y que busca perpetuarse a través del rectorado actual de Eduardo Bautista—, aplastó a todos sus opositores a través de una elección plagada de irregularidades, y que luego fue respaldada por el Gobierno del Estado, que lejos de buscar algún tipo de concertación intrauniversitaria, arrinconó a las expresiones perdedoras para afianzar el control de la administración universitaria a favor de la ‘familia real’.
La elección de la Facultad de Derecho fue algo así como el ‘segundo round’ de esa contienda. De nuevo, la familia real derrotó a sus opositores pero en una elección mucho más compleja y competida, y utilizando como principal maniobra para asegurar el triunfo, la descalificación del adversario principal de la contienda, el mismo día de la elección.
Eso dividió a la Universidad, y fue lo que a la postre provocó el enfrentamiento que derivó en la quema de la puerta lateral del Edificio Central Universitario. Aún así, el rector Bautista Martínez se ha negado a entablar cualquier tipo de diálogo con los grupos que buscan la fundación de una nueva Facultad de Derecho, e insiste en reducir una inconformidad que dividió a la escuela más grande de la UABJO, a las acciones de un grupo de agitadores.
En esas condiciones, lo único que queda claro es que la administración universitaria no tiene interés ni capacidad —ni legitimidad— para avenir una solución razonada a ese conflicto. Más bien, ha seguido presionando a sus adversarios al punto de tratar de ahogarlos, a pesar de la capacidad de convocatoria y resistencia que han demostrado.
PROBLEMA DE GOBERNABILIDAD
¿Van a esperar hasta que haya otro acto de provocación, de cualquiera de los bandos, para intervenir? ¿O van a seguir negando la existencia de una discordancia que tiene enconada a la Universidad desde hace casi un año, hasta que la presión sea incontenible y explote? Este es un tema del que no deben ser ajenos ni la administración de Eduardo Bautista, ni el Gobierno del Estado: al final, el día que haya otra crisis, otro incendio, o muertos, heridos o descalabrados, la opinión pública nacional sólo hablará de la negligencia del Rector, y de la desidia e incapacidad de quienes tienen bajo su responsabilidad la conducción de la política interna en el Estado.
