+ El gobierno y los partidos deben dejar la abulia y generar ya sus propuestas
Al asumir su cargo, el gobernador Alejandro Murat anunció que todos los integrantes de su equipo de gobierno, habían recibido la instrucción de presentar la llamada declaración “3 de 3” en los noventa días siguientes a haber asumido sus respectivos cargos. Dicho plazo feneció junto con el mes de febrero. Hoy, a la luz del anuncio de que los integrantes del gabinete legal ya cumplieron con dicha instrucción, el cuestionamiento —importante— que prevalece, es por qué nadie del equipo jurídico del gobierno estatal se interesó en que eso superara el ejercicio potestativo, para llevarlo a las leyes estatales de la materia.
En efecto, a través de un comunicado el gobierno estatal anunció que de acuerdo a lo establecido por el gobernador Murat, el total del gabinete legal que conforma su estructura de gobierno ha cumplido a esta fecha (28 de febrero), dentro del plazo conferido de 90 días, con su declaración patrimonial dentro de la plataforma denominada 3 de 3., programa que incluye no solo la declaración patrimonial como tal, sino la de conflicto de intereses y la fiscal.
Como si eso fuera justificación, el titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, José Ángel Díaz Navarro dijo que el portal que concentra toda la información “es totalmente ajeno al control administrativo del Estado de Oaxaca, por lo que los procedimientos, formatos, y protocolos que determinan el tiempo y forma en que se publica la información, dependen enteramente de dicha plataforma”. Con ello, justificó un posible retraso en la publicación de la información entregada por los funcionarios estatales al portal de la plataforma 3de3.
Con ello, parece quedar a salvo la palabra del Ejecutivo estatal, que desde diciembre estableció dicho compromiso como una demostración de voluntad con la transparencia. El problema es que si el ejercicio es loable, también es cierto que es insuficiente porque el ejercicio de la declaración tres de tres no vino acompañado de las iniciativas de ley correspondientes para llevar dicho compromiso al marco jurídico estatal, y no dejar todo en la plataforma tres de tres, que es la base de un importante ejercicio ciudadano, pero que no deja de ser un espacio potestativo que, además, ya está demostrado que también es insuficiente para generar los controles adecuados en los bienes, intereses y deberes fiscales de las figuras públicas, como políticos, representantes populares y servidores públicos.
En esa lógica, debemos recordar que la llamada declaración tres de tres ya demostró sus lagunas cuando se estableció que el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, llevaba un estilo de vida que no correspondía a los ingresos que había declarado como líder partidista y legislador federal en los últimos años, y que a pesar de haber cumplido con el deber —políticamente correcto— de presentar su declaración tres de tres, había aspectos de su patrimonio y de sus relaciones con ciertas empresas, que había decidido no incluir en su declaración.
Al final, los impulsores de la Plataforma Tres de Tres, terminaron reconociendo que según las propias reglas del ejercicio, Anaya nunca había tenido la obligación de incluir los aspectos que le permitían un tren de vida mucho más ostentoso al de sus ingresos actuales, y que esa era una ‘laguna’ por la que el Líder panista se había colado para no declarar todos sus bienes e intereses.
¿Y LA CONSEJERÍA JURÍDICA?
Qué bien que los funcionarios estatales hayan cumplido con su 3de3. Pero qué mal que la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo haya dejado pasar la oportunidad de presentar, en ese marco, las iniciativas que impulsaran que la presentación de las tres declaraciones, por parte de los nuevos funcionarios estatales, pasara del ejercicio potestativo al deber establecido en la ley. ¿Por qué no lo hizo? Sólo el consejero jurídico, Ángel Alejo Torres lo sabe.
Pues resulta que hasta ahora en el Congreso del Estado no ha cobrado relevancia la necesidad de la discusión de iniciativas relacionadas con el establecimiento correcto y completo tanto del Sistema Estatal Anticorrupción, como de las nuevas obligaciones en materia de responsabilidades de los servidores públicos. De forma relevante, la declaración tres de tres, resulta ser un nuevo parámetro de certidumbre sobre el correcto desempeño de los servidores públicos, pues ya no sólo implica la declaración patrimonial inicial, periódicas, y final, sino también las respectivas declaraciones de posible conflicto de interés, y de cumplimiento de las obligaciones fiscales.
A nivel federal, esa iniciativa ciudadana quedó mocha cuando los legisladores decidieron que las tres declaraciones de los servidores públicos podían quedar supeditadas al principio de confidencialidad de las relaciones. El caso de Oaxaca es aún más grave en la actualidad, porque a pesar de lo encomiable que resulta el ejercicio de la tres de tres por parte de los integrantes del gabinete legal estatal, éste no pasa de ser eso: un ejercicio, realizado ante una plataforma particular, y ajeno por completo a cualquier disposición jurídicamente vinculante para efectos de responsabilidad.
De este modo, dicha omisión se suma a la cadena creciente de acciones fallidas que ha emprendido la Consejería Jurídica, que no parece encontrar el rumbo y que sólo se ha dedicado a enredar algunos de los temas que en apariencia le interesan a la administración estatal, como las iniciativas de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, el desastre que terminó siendo la modificación del andamiaje jurídico de la atribulada Secretaría de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable, y en general los temas que la Consejería presenta ante el Congreso a nombre del Ejecutivo, y con los que ha hecho quedar mal al gobernador Alejandro Murat, gracias a la ineficiencia y errores de los empleados de la Consejería.
Así, todos siguen sin saber exactamente cuál será la agenda de las responsabilidades de los servidores públicos estatales, porque ni del lado de la Consejería Jurídica, ni de la Secretaría de la Contraloría, han establecido los parámetros mínimos de lo que el Ejecutivo propondrá al Congreso para tener una nueva legislación en la materia. Tanto es así, que ni siquiera se sabe si la Constitución y las leyes estatales se ajustarán al marco mínimo de la Constitución federal, o si en Oaxaca se buscarán mecanismos vanguardistas de control y de rendición de cuentas por parte de los servidores públicos, y en qué podrían consistir dichos controles.
Al final, todo ese silencio propiciado por funcionarios que no están concentrados en su trabajo, que no demuestran el compromiso de ayudar al Gobernador, y que no tienen altura de miras para aprovechar las oportunidades de su propia función, provoca que, primero, temas como éste terminen siendo menos trascendentes de lo que pudieron haber sido; y segundo, que sean otros grupos los que ganen espacio tratando de incidir en esas discusiones en las que la administración pública simplemente no ha participado. De este modo, pudiera ser reconocible, aunque parcialmente, el cumplimiento de la declaración tres de tres de los funcionarios estatales. Nada más.
AGENDA, UNA BURLA
Ayer presentaron en el Congreso local una agenda legislativa que, de veras, resulta una auténtica tomadura de pelo para los mismos diputados. Dicen en su agenda, sin exagerar, que van a enderezar Oaxaca. Sin embargo, habría que ver, por ejemplo, cuántas iniciativas sustantivas y relevantes ha rechazado el PRI en estos tres meses y medio, sólo porque han supeditado a su conveniencia, lo que le pudiera ser útil a Oaxaca; y en cuántas, el PRD ha sido, y seguirá siendo, esquirol del priismo. Sus aparentes ‘buenas intenciones’ son una burla para Oaxaca.
