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Durante el evento conmemorativo del 25 aniversario de la Sedesol en Oaxaca, el gobernador Alejandro Murat se comprometió a hacer lo necesario para concretar la reestructura administrativa de la UABJO, y devolverla a los primeros lugares en el ranking de las universidades públicas en México. Este anuncio deberá hacer eco en varias dependencias, comenzando por la Secretaría General de Gobierno, que insisten en mantener los cacicazgos universitarios que quieren todo, menos que la promesa del Gobernador se cumpla.
En efecto, el gobernador Alejandro Murat anunció que hace unas semanas se reunió con representantes de los seis sindicatos de la UABJO que, encabezados por el rector Eduardo Bautista, le plantearon una reestructura administrativa de la institución. El Gobernador dijo que esta reestructuración fue aceptada por todas las fuerzas sindicales que confluyen en la Máxima Casa de Estudios, y que él como Gobernador del estado se declaró dispuesto a entrarle juntos para resolver los problemas, y a devolver a la UABJO al primer lugar de importancia en el país.
Este compromiso del Gobernador es importante y, según lo que parece, es resultado de un primer consenso entre todos los grupos universitarios de relevancia, comenzando por el propio rector Eduardo Bautista Martínez. Es evidente que si el Gobernador de verdad quiere entrarle a resolver el largo y complejo conflicto universitario, lo primero que debe hacer es impulsar un pacto social, político y académico de la mayor relevancia, para que todos cedan algo en aras de rescatar la Universidad.
¿En qué temas, todos deberían ceder? Deberían ceder, de entrada, en la derogación del voto universal como mecanismo de elección de su Rector, y de los Directores de las Escuelas y Facultades de la Máxima Casa de Estudios; deberían también ceder, para lograr el establecimiento de una reforma administrativa profunda que termine con el enorme desorden administrativo con el que las escuelas universitarias administran buena parte de los recursos con discrecionalidad y opacidad; tendrían que ir también a una reforma profunda a su sistema de pensiones y a los privilegios que, como trabajadores y académicos de la universidad, han ganado a través de sus sindicatos.
Y también, como remedio contra el porrismo, deberían eliminar la laxitud en los requisitos de ingreso y permanencia de los alumnos, para evitar la muy conocida fosilización de estudiantes y la pervivencia de ‘oyentes’ que tienen años rondando la Universidad pero sin ningún propósito académico, sino más bien para hacer cualquier cantidad de negocios a partir de las necesidades de los universitarios.
Esos son sólo algunos de los temas en los que debería ya existir un consenso mínimo para el rescate de la universidad. Esto pasa, además, por la necesidad de que el actual Rector, y los subsiguientes, no pretendan seguir tomando a la Universidad como un escaparate de ambiciones políticas, ni como plataforma electoral.
Lo hemos dicho en este espacio, y lo reafirmamos: uno de los mayores daños que le han provocado a la política universitaria actual, se lo hizo Francisco Martínez Neri al “demostrar” —es un decir— que después del rectorado hay futuro en la política estatal. Esto porque, además de querer convertirse en dueños de la Universidad, la familia real del también ex rector Eduardo Martínez Helmes ahora quiere incursionar en la política estatal, utilizando a la UABJO —o queriendo utilizarla— como plataforma electoral para convertirse, según sus cálculos, por lo menos en diputado federal por Morena.
¿QUIÉNES NO QUIEREN EL RESCATE UNIVERSITARIO?
Esa pregunta deberían hacérsela a varios funcionarios de la administración estatal, que siguen seducidos con la posibilidad de tener injerencia en la vida universitaria. Uno de ellos es el Secretario General de Gobierno, Héctor Anuar Mafud Mafud que hoy en día hace todo para que ninguno de los factores universitarios opaque el brillo del jefe de la ‘familia real’, Abraham Martínez Alavés, y sus hijos.
¿Qué busca don Abraham? Evidentemente, con su anquilosado discurso sobre la defensa de la vida académica de la Universidad, pero con sus hechos —en los que ha demostrado una enorme proclividad por el porrismo y por los métodos violentos de preservación de sus dominios universitarios—, ha demostrado que en realidad no busca otra cosa sino la conservación de su cacicazgo universitario basado justamente en los privilegios, o en la violencia.
A sus hijos, y a sus protegidos, los ha coronado no sólo con cargos en la administración universitaria, sino también con acciones que dañan mucho más el futuro de la Máxima Casa de Estudios. Pues por años, Abraham Martínez y su grupo han mantenido su poder con base en el otorgamiento discrecional de plazas, horas/clase, tiempos completos, y un sinfín de cargos que han servido para mantener aceitada su influencia. A sus favoritos, y a sus parientes, además, los ha hecho directores, coordinadores y funcionarios universitarios, y todo lo ha hecho al margen de cualquier otra explicación racional, que no sea la de la conservación de sus cotos políticos.
¿Qué han hecho en la Segego, tanto en la pasada administración como en la actualidad? Proteger abierta y denodadamente el poder y el cacicazgo ominoso de los Martínez Helmes. Han cerrado los ojos a los conocidos actos de corrupción cometidos durante el rectorado de Eduardo Martínez; intentan, desde el gobierno, apagar las expresiones de inconformidad y disidencia al poder de los Martínez; y no sólo no cuestionan, sino que privilegian, la preservación del poder de Abraham Martínez, como si fuera él, y no el consenso universitario, el único y verdadero factor de gobernabilidad de la Máxima Casa de Estudios.
Al final, por eso algunos funcionarios deberían escuchar y atender con atención lo que dice el Gobernador. Si Alejandro Murat quiere contribuir al rescate de la Universidad, primero debe meter orden en los funcionarios e instituciones estatales que están haciendo todo para remozarle el abollado trono de cacique a Abraham Martínez Alavés.
ROMPIERON LA LEY
Aquí dijimos el viernes 4 de agosto que, en cualquier escenario, para la aprobación del PED los diputados terminarían violando la ley. Hubo quien se escandalizó, pero al final ocurrió tal cual. Ya luego tendrán tiempo para corroborar, en tiempo real, las deficiencias de ese documento. Una verdadera lástima para Oaxaca.
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