+ Carlos Moreno debe dejar complicidades y aplicar sanciones
Es absolutamente reprobable el intento de los concesionarios del transporte público de incrementar unilateralmente la tarifa del transporte público. Sea por motu proprio, o con la complicidad o venia de la autoridad del ramo, este intento constituye un nuevo golpe al bolsillo de los ciudadanos, que ocurre además a cambio de nada. Los transportistas deberían comenzar a mejorar el servicio, y a permitir el reordenamiento, para luego pedir con legitimidad una mejora a la tarifa.
En efecto, desde la tarde del martes en las redes sociales comenzó a circular un documento interno de la Cooperativa Choferes del Sur, en el que se anunciaba que había quedado “confirmado y en firme” el aumento de la tarifa. En él también daban la indicación a todos los concesionarios para que pasaran a recoger los tarjetones indicativos de la nueva tarifa para colocar en las unidades del transporte urbano, y que se informara a los conductores que evitaran la confrontación con las personas que, por lo abrupto del anuncio, no llevaran el dinero completo para pagar la nueva tarifa de siete pesos. Incluso decía que “gracias a Dios” se había hecho posible el incremento a la tarifa.
De ese documento se desprenden varias cuestiones. La primera, y más llamativa, es que se refiere a la existencia de un presunto acuerdo entre la autoridad y los concesionarios. No puede pensarse otra cosa cuando dicho documento comenzaba asegurando a los integrantes de la Cooperativa Choferes del Sur, que el incremento a la tarifa había quedado “confirmado y en firme”. Aunque evitaron nombrar expresamente a la Secretaría de Vialidad y Transporte, es evidente que con nadie más tenían que consensar una decisión como esta.
Una segunda cuestión, es que nuevamente los dueños de las unidades de transporte público presentaron como un logro, y como una concesión graciosa, que se hubiera pactado una tarifa al transporte público. Tal y como ha ocurrido en otros momentos, los concesionarios evitaron hablar de la posible contraprestación que ofrecerían a los usuarios a cambio del incremento de la tarifa, así como de cualquier otro tipo de compromiso. Es decir, que como siempre, el aumento a su favor fue únicamente visto como un bocado más dispuesto para ellos, que no tendría ningún efecto favorable sobre la mejora a las condiciones del servicio que prestan.
Esto es particularmente grave, pues hoy los concesionarios del transporte público ven los incrementos a la tarifa del transporte público como una forma de aliviar su propia crisis, pero no de mejorar el servicio que ofrecen, y tampoco de materializar una verdadera modernización y reordenamiento integral del sector. Para ellos, pues, esto ha sido simplemente un respiro a su propia situación (que para la mayoría de ellos es una situación crítica, porque según ellos esta actividad “ya no es negocio”) y por eso ya ni siquiera consideran la posibilidad de entrar en un proceso real de reordenamiento.
TARIFA SIN LEGITIMIDAD
Cualquier incremento a la tarifa del transporte, necesariamente tendría que pasar por un proceso de modernización y reordenamiento. El problema es que son los mismos concesionarios quienes se resisten a ello. Pues tal y como lo apuntábamos hace algunas semanas, seguramente la parte menos compleja del reordenamiento del transporte urbano y suburbano es la de la renovación de la flota vehicular. Esto es lo que realizó en los últimos años la Secretaría de Vialidad y Transporte, que se dedicó casi de lleno —en este rubro— a gestionar el otorgamiento de líneas de crédito para que los concesionarios “deschatarrizaran” el servicio.
Lo que nunca hicieron en Sevitra, fue entrar a la revisión de las condiciones en que se presta el servicio, y a la revisión ya en los hechos del funcionamiento del transporte urbano. Por eso, el caos que antes eran diversas zonas de la ciudad por un excesivo y anárquico número de autobuses viejos y contaminantes, sólo se cambió por ese mismo caos y anarquía pero ahora con unidades de modelo reciente.
Esta es una cuestión por demás relevante, pues resulta que como todos se han resistido al reordenamiento del transporte, entonces en ciertas zonas de la ciudad existe una competencia feroz por el pasaje, mientras que en otras hay una bajísima afluencia de autobuses perjudicando con ello a los usuarios, que ven retrasados sus tiempos de recorrido, y que además deben viajar hacinados y en condiciones de riesgo para su integridad. La autoridad del transporte, en todos estos años, ha sido incapaz ya no de establecer e implementar un programa de reordenamiento integral del transporte público, sino hasta de regular el funcionamiento de las líneas camioneras.
Por eso mismo, es fácil ver que en ciertas rutas hay un número excesivo de unidades de transporte; que en otras hay una carencia evidente de servicio; y todo eso revela que una de las principales razones por las que el transporte público ya no es negocio, es porque los mismos concesionarios han estimulado el caos que es hoy el sector; y ese desorden termina perjudicándolos a todos y provocando quebrantos que ahora quieren que cubra —nuevamente— el público usuario.
Lo más grave es que los concesionarios no quieren abandonar su zona de confort. Se han resistido de todas las formas posibles a un posible reordenamiento, y sólo piden y piden como si fuera deber de la autoridad solventar sus resistencias, y obligación del usuario costear su mal servicio. En esa lógica, los concesionarios tienen el descaro de asegurar que la posibilidad de introducir el Metrobús, y otras formas de transporte, sería una “competencia desleal”, como si entonces todos los usuarios tuviéramos que aguantarnos a sólo utilizar su servicio que es deficiente, caro, contaminante y anticuado, y a no tener opciones (competencia) de utilizar el servicio que ofreciera mejores condiciones.
¿Y SEVITRA?
El gobierno estatal, a través del vocero del Poder Ejecutivo, Miguel Muñoz, se deslindó oficialmente de cualquier autorización al alza de la tarifa. Lo que ahora el gobierno debe indagar, y castigar si es debido, es si hubo algún pacto interno entre el secretario Carlos Moreno Alcántara y los concesionarios, para darle a los usuarios, y al propio gobierno, un albazo con este incremento sorpresivo. Sevitra titubeó varias horas ante la exigencia de que confirmara o rechazara el incremento. Y eso abre la posibilidad de que ahí haya habido una complicidad que finalmente no tuvo el resultado deseado.
