+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

Negociación partidista de asuntos de Estado, reprobable

Date:

+ Hoy, día importante por registro de aspirantes en priismo

 

Aunque fragmentada, se ha conocido buena parte de la historia sobre las negociaciones y los pactos realizados entre el gobierno federal y el Partido Revolucionario Institucional, en relación al paquete económico del presente año, y la conformación de alianzas electorales en entidades como Oaxaca. Parece raro, pero en nuestro país causó poca sorpresa lo que, en cualquier otro, habría sido un escándalo de grandes magnitudes y daños para los involucrados.

Hace unas semanas, cuando la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional presentó al ex senador Gabino Cué Monteagudo como su inminente candidato a gobernador de Oaxaca, las turbulencias se dejaron sentir en diversos frentes. Dentro de la misma coalición opositora, diversos personajes que aspiraban a obtener la candidatura a Gobernador, manifestaron su molestia por la estrategia panista de presentar inusitadamente a quien sería su abanderado.

Sin embargo, esa fue la menor de las turbulencias. En la casa de enfrente, en el Revolucionario Institucional, hicieron revivir una disputa que había comenzado desde septiembre del año pasado, cuando Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática aceptaron públicamente, por primera vez, que estaban explorando la posibilidad de unirse para participar en comicios estatales, como el de Oaxaca.

En aquellos momentos, el anuncio provocó una fuerte declaración de rechazo en la bancada priista, a lo que consideraron como “alianzas contradictorias”. Desde entonces se deslizó el amague de que la bancada tricolor condicionaría la aprobación del Paquete Económico para 2010 del gobierno federal, al compromiso de que el partido que gobierna en el ámbito federal no entablara alianzas ni para los comicios de Oaxaca, Puebla, Veracruz y otras entidades, en 2010, ni para el proceso electoral de 2011 en el Estado de México.

Tal versión, fue rápidamente desmentida por los propios priistas. En aquellos momentos, los tricolores parecían comprender que la exteriorización de un amague, y un pacto de esa naturaleza, haría cimbrar no sólo al panismo gobernante en el ámbito federal, sino también a ellos.

Y no era para menos. El solo supuesto de que se entablara una negociación a partir del presupuesto público y las alianzas electorales, entrañaba cuestionamientos que iban más allá del partidismo, y se inscribía en los asuntos de Estado. Nunca, en ningún país del mundo —y menos en las naciones que se dicen democráticas— se transigen públicamente temas eminentemente partidistas, poniendo como moneda de cambio algo tan esencial como el gasto público de la Federación.

Por eso, en un primer momento el priismo decidió mantener esa negociación, ante los ojos del público, como un mero chisme que no tenía fundamento alguno, y que más bien había sido inventado como un infundio que lo mismo trataba de amagar al Partido Acción Nacional, que de descalificar la vocación de Estado que siempre aseguran tener los tricolores. Sin embargo, es evidente que los pactos sí existieron, las consecuencias también. Y ni se diga las penalizaciones. Si todo camina como hasta ahora, el país —y no sólo priistas o panistas— se mantendrá en un estado de paralización que, incluidos azules y tricolores, pagaremos todos los mexicanos.

¿NEGOCIAR EL

GASTO PÚBLICO?

En cualquier familia, o sociedad, es una acción doblemente reprobable que una persona apueste el dinero que tiene, y el que aún no gana, en una partida de póquer, o en un juego de azar. Eso es justamente lo que hicieron, a partir de septiembre, panistas y priistas en una —aparentemente inconfesable— mesa de negociación en la que se hizo transitar el paquete económico del presente año, en un marco de relativo consenso, acuerdo y confianza del Poder Legislativo.

Cada uno tuvo sus razones. En primer término, los tricolores han utilizado con eficacia la mayoría legislativa que hoy tienen en la Cámara baja. Saben que, fundamentalmente, esa mayoría sirve para determinar el rumbo del Gasto Público de la Federación. Saben también que esa mayoría es hoy su principal herramienta de acción y negociación electoral. Y saben que el único dique al que se podrían enfrentar en su proceso de reconquista del poder federal, es el de la unión de los partidos que le son opositores, así como el intento de ganarles las batallas previas (los comicios estatales) a la gran guerra electoral de 2012.

¿Por qué, en el ámbito priista, los gobernadores Enrique Peña Nieto, del Estado de México, y Ulises Ruiz, de Oaxaca, fueron determinantes? Porque son los dos líderes regionales del priismo, que más allá de sus demarcaciones, apostaron por apoyar a más aspirantes a cargos legislativos en entidades federativas donde el priismo no es fuerte, y que por tanto tienen el control de importantes bloques parlamentarios que rebasan las solas fracciones legislativas de sus entidades federativas. Esto, además de que en Oaxaca y el Estado de México, es donde se libran las batallas electorales locales que tienen más peso moral, emocional y político, para los partidos políticos nacionales.

Empero, el panismo también tuvo sus razones para la negociación. El gobierno del presidente Felipe Calderón vio reducidos sus márgenes de maniobra, y por esa razón tuvo que llegar al extremo de pactar alianzas a cambio de la aprobación del Paquete Económico 2010. No cumplió. Y los priistas se lo han reprochado a grado tal, que dicen estar dispuestos a mostrar los documentos y demás elementos que muestran que, en efecto, el Secretario de Gobernación comprometió las alianzas, a cambio del apoyo al paquete económico.

¿Cuál es la consecuencia? Que más allá del partidismo, lo que queda en mal —y mucho— es la imagen de México. ¿Con qué confianza se ve México desde el exterior, cuando en guerras partidistas se transige con algo esencial como el gasto público? Es lo mismo, o casi, que si quisieran negociar a partir de los derechos humanos, la democracia constitucional, o las garantías mínimas de seguridad jurídica existentes. Al final, no pierde o gana el PRI o el PAN: pierde el país.

 

PRIISTAS DECLINAN

El sábado, tanto el ex dirigente priista Jorge Franco, como el edil citadino, José Antonio Hernández Fraguas, declinaron a continuar con sus aspiraciones por la candidatura a Gobernador del PRI. Ayer, hizo un anuncio similar el secretario de Administración, José Antonio Estefan Garfias. El senador Adolfo Toledo sigue en silencio. Se allana el destino de la candidatura priista.

almargen@tiempoenlinea.com.mx

almargenoaxaca.wordpress.com

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