+ Zozobra proporciona márgenes de gobernabilidad
Se equivoca cualquiera que suponga que la lucha contra el crimen organizado, anunciada y emprendida por el gobierno federal en los últimos días de diciembre de 2006, fue una simple estrategia policiaca y militar que no tenía más objetivos que los visibles. Se equivoca, también, quien pretenda asumir hoy los primeros signos de inestabilidad social en Oaxaca, como parte de una estrategia emprendida por los grupos opositores —o beligerantes— ante el proceso electoral que se avecina. Ante este escenario, es necesario comprender qué efectos tiene la inestabilidad social, y a quién beneficia en realidad.
En el ámbito federal, el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa, comenzó en un riesgoso marco de inestabilidad, y con una falta indiscutible de legitimidad frente a amplios sectores de la población. Si bien se recuerda, después de los comicios federales de julio de 2006, el gobierno del entonces presidente Vicente Fox vio desdibujadas todas sus posibilidades de diálogo y concertación con los partidos de oposición, y la transmisión de poderes —ocurrida el 1 de diciembre de ese año— se dio en un contexto excepcional de incertidumbre, en el que nadie podía asegurar si quiera que el Mandatario entrante podría rendir la protesta constitucional correspondiente ante el pleno de la Cámara de Diputados.
Aunque en esos momentos la inestabilidad parecía encontrarse en la sede de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, en realidad los riesgos se hallaban en otros lados. La toma de la tribuna de la Cámara baja, la manifestación y el plantón emprendido por Andrés Manuel López Obrador durante varias semanas en el Paseo de la Reforma, y los llamados a la resistencia civil, eran apenas un reflejo de la inestabilidad social que sufría el país. ¿De qué hablamos?
De que, entonces, como nunca antes en las últimas décadas, se vivió un riesgo inminente de estallido social por conflictos político-electorales. Existía una percepción, no del todo errada, de que el entonces recién ungido “gobierno legítimo” de López Obrador, los grupos más radicales que daban fuerza a dicho movimiento, y amplios sectores de la población civil inconformes con el resultado de la elección, pudieran en cualquier momento transformar la lucha política en inestabilidad, o confrontación armada, para tratar de deponer por la vía de la fuerza al gobierno recién instituido.
Existían razones fundadas para considerarlo. Fueron los grupos más representativos de la izquierda nacional, un importante sector de la ciudadanía, e integrantes de los grupos de lucha social más duros, los que apoyaban la causa del derrotado candidato presidencial tabasqueño del PRD-PT y Convergencia. Había, por esa y otras razones, posibilidad de que la efervescencia social se desbordara, y entonces se generara un caos político en el país.
Esa fue una de las razones de fondo por la que el gobierno federal emprendió la lucha contra el crimen organizado. Si se revisa el discurso y las promesas del entonces candidato presidencial del PAN, Felipe Calderón, éste nunca sostuvo como uno de sus ejes de campaña, o sus propuestas de gobierno, la de la seguridad pública y el combate al crimen organizado.
¿Para qué, entonces, asumir una tarea que no figuraba entre sus planteamientos iniciales? La respuesta está en la desmovilización ciudadana que esto creó: a partir del lanzamiento de la lucha anticrimen, el Ejército salió a las calles, la fuerza policiaca se incrementó, y se tornó en un riesgo la posibilidad, en amplias regiones del país, de erigirse en grupos ciudadanos inconformes con el gobierno.
Es cierto que, en todo esto, a la distancia el gobierno parece estar perdiendo más de lo que ganó. Su victoria consistió en desmantelar un riesgo de inestabilidad social que lo aquejaba y que cuestionaba su legitimidad en los momentos de mayor debilidad. Su derrota, en que esa guerra se tornó en una carnicería que hoy le ha cobrado facturas electorales. Aunque en realidad, lo “importante” radica en que la población sigue aterrorizada, y continúa prefiriendo la vía política o electoral, que salir a las calles.
CASO OAXACA
Existe la posibilidad de que en la entidad pudiera estar ocurriendo algo equiparable. Con el inicio del proceso electoral, comenzó también un oleaje de zozobra e intentos de atemorización de la ciudadanía, a través de la extorsión, las amenazas de bomba, e incluso la colocación calculada de artefactos explosivos para que la autoridad los localice antes de provocar algún daño.
La lectura corta de los hechos, ha pretendido achacar este asunto a los opositores que, en 2006, incendiaron Oaxaca. Es posible que esto pueda ser así. Sin embargo, más allá de las especulaciones sin sustento, lo que es evidente es que si esta es una estrategia política o electoral de las fuerzas opositoras o de grupos beligerantes, que buscan lastimar las posibilidades de triunfo del partido y el grupo en el poder, tal estrategia sería no sólo equivocada sino incluso contraproducente.
¿Por qué? Porque en una entidad en la que el voto la determinan las estructuras electorales disciplinadas, por encima del voto ciudadano (llamado “voto volátil” o “útil”, según sea el caso), lo que más conviene al partido que maneja esas estructuras, es precisamente que quienes representan el voto volátil, no salgan a votar. Así, en una lógica sencilla, las estructuras aseguran márgenes de votación superiores, que no encuentran competencia o equilibrios frente al sufragio común, y así pueden obtener ventajas irreversibles en los procesos electorales.
No tiene lógica alguna, como estrategia, que sean los opositores quienes se aventuren a generar la inestabilidad como un factor electoral benéfico a su causa. Más bien, en la mayoría de los periodos de incertidumbre, ganan los que la saben manejar a su favor. Y es evidente que hoy no es el momento excepcional para la oposición que fue 2006, en el que arrasaron electoralmente Oaxaca. Más bien, esta posible estrategia de inestabilidad, parece estar ligada con una intención de lograr la desmovilización ciudadana.
¿MANO DURA?
Como ocurre cada que las manifestaciones, el cierre de calles y las marchas se desbordan en la capital, la IP exige al gobierno que atienda los problemas y que, de ser necesario, aplique la mano dura en contra de quienes lastiman los derechos de la mayoría. La primera exigencia tendría que ser a la Secretaría General de Gobierno para que busque los mecanismos efectivos de concertación. Evencio Martínez, en este sentido, comenzó mal su gestión. Lo cual, frente a sus antecedentes en la PGJE, no es una novedad.
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