+ Todas las formas de lucha, potencialmente enlazadas

 

La situación crítica que vive el país, por los diversos y varios brotes de violencia, no debe tomarse como un asunto a la ligera; del mismo modo, en este contexto es hasta insuficiente, y hasta riesgoso, tomar todos estos asuntos como temas aislados que no tienen conexiones entre sí. Si en Oaxaca el propio régimen reconoce que al interior del magisterio de la Sección 22 pudieran existir grupos ligados a organizaciones insurgentes, y si éstas son quienes de diversas formas están llamando a la organización popular para responder a las acciones del Estado, entonces el panorama es mucho más complejo de lo que parece. Es necesario analizar el contexto para ver la dimensión de esta crisis.

En efecto, en Oaxaca no es nueva ni desconocida la relación entre el magisterio democrático y organizaciones como el Ejército Popular Revolucionario. Históricamente, esa cercanía se ha explicado a partir del estrecho contacto social que tiene un gremio como el magisterial con las más precarias condiciones sociales de pobreza, marginación e injusticias que existen en las zonas rurales alejadas de los centros urbanos, y de la conciencia social de los profesores para buscar las formas (incluso las violentas) de combatir esas injusticias sociales. Así puede explicarse, en términos simples, el surgimiento de líderes guerrilleros como Lucio Cabañas o Genaro Vásquez. Y quizá también esa explicación pudiera ser parcialmente útil en la relación existente entre sectores magisteriales y grupos guerrilleros en la entidad.

Ya en el pasado reciente, los movimientos armados en México dieron señales de que sus movimientos habían dejado de ser los propios de organizaciones con presencia rural, para demostrar que podían tomar acciones en centros urbanos. La cúspide de esas demostraciones la dieron en 2006 cuando el EPR envió a un número indeterminado de sus militantes para participar en la revuelta magisterial y popular de aquel año en Oaxaca –como ellos públicamente lo han aceptado- en su calidad de “luchadores sociales”.

­Por eso, y por muchas otras razones, antecedentes, señales y demostraciones, hoy en día en Oaxaca es imposible tanto para el régimen gobernante, como para las instituciones federales de seguridad, negar que organizaciones armadas como el EPR, tienen presencia e influencia en algunos de los sectores magisteriales más radicales de la Sección 22 del SNTE, que en los meses recientes hicieron presencia en la Ciudad de México en el plantón masivo que instalaron contra la reforma educativa, y que eran quienes incitaban a la toma de acciones radicales para la toma de centros estratégicos para la capital, como para los enfrentamientos con las fuerzas policiacas federales y del Distrito Federal que intentaban contenerlos.

Por eso, aún cuando el magisterio democrático de Oaxaca (que representa el 80 por ciento de la membresía total de la CNTE) distendió sus acciones en la capital del país, no pudo evitar que sobre ellos se centrara la atención respecto a sus ligas con organizaciones armadas, y que temas como esos que ya eran conocidos en Oaxaca, fueran difuminados por la prensa de la capital del país, generando nuevas preguntas sobre la forma en cómo actúa el magisterio, y sobre lo que pudo llegar a pasar si en la Ciudad de México no se hubieran impuesto los sectores moderados de la CNTE sobre los radicales, y si la policía y los gobiernos capitalino y federal no hubieran actuado con la prudencia y tolerancia que demostraron ante las acciones magisteriales.

 

LOS LLAMADOS

Desde agosto el magisterio hizo presencia en la Ciudad de México, y uno de los temas que fue colateral al proceso de desgaste que les indujo el gobierno federal, fue el de sacar a relucir sus presuntas conexiones con grupos armados. Fuera ese o no un tema importante, lo cierto es que la CNTE demostró disciplina, capacidad de movilización y eficacia en el cumplimiento de sus objetivos a ras de tierra.

Éstos regresaron a Oaxaca. Pero por cuerda separada comenzaron a ocurrir otros hechos aparentemente inconexos. Los más relevantes son los ocurridos este fin de semana en Michoacán. Pero podrían ser también otros “accidentes” que últimamente han ocurrido en instalaciones de Petróleos Mexicanos en varias entidades de la República. E inusualmente, el EPR ha emitido dos comunicados, en un lapso sorprendentemente corto de tiempo, en el que hace llamados concretos que pudieran explicar algunas de las relaciones existentes entre hechos aparentemente desligados.

¿Cuál pudiera ser la conexión? En un primer comunicado fechado el 21 de octubre y firmado por la Comandancia General del EPR, consignan: “Ante la escalada de la violencia contra el pueblo el principio de la justicia popular es legítimo, necesario e imprescindible; a organizar y generalizar la autodefensa popular, hagamos efectivo el principio de la justicia popular, ningún crimen de Estado debe quedar impune; que la acción política de masas atruene en todo el país y confluya en una acción política conjunta multisectorial a nivel nacional contra el régimen. Cada quien en su sector y trinchera de lucha, a ubicar a los enemigos del pueblo y a actuar en consecuencia. A nuestros militantes y combatientes, ¡Atención! Activen todos los mecanismos de autodefensa.”

Y luego, en otro comunicado fechado el 28 de octubre, y emitido por el Comité de Prensa, el EPR dice: “Esta es una lucha de todos donde se debe defender escuela por escuela, padres, alumnos y maestros resistiendo y rechazando todas las imposiciones que implica la privatización de la educación (…) ante la represión que cada quien proceda atendiendo al principio de la defensa de los derechos del pueblo. Para lo cual es inaplazable: la unidad popular nacional entorno al movimiento magisterial-popular en lucha; los trabajadores de la educación en resistencia a constituirse en una sola representación nacional; llevar la lucha jurídica al plano internacional; y a retomar el corazón político-económico de la República.”

 

SEGURIDAD, EN VILO

Nada es casualidad en un asunto como éste. Queda claro que, o los grupos armados tienen una presencia relativamente importante en cada uno de los movimientos que están intentando enfrentar al Estado en diversas partes del país, o está buscando acuerpar y unificar, así como dar contenido político y sustento ideológico a lo que otros están haciendo, quizá con diversos métodos, pero estableciendo que en la búsqueda de los mismos fines que ellos.

El gobierno federal no debe ceder ante el chantaje magisterial

Date:

Evaluación Docente

+ EPN ya pagó costo político; CNTE será referente en reformas


La jornada electoral en Oaxaca, fue el escenario de las percepciones en la medición de fuerzas entre el gobierno federal y la Sección 22 del SNTE. En éste, el magisterio presionó al gobierno federal hasta lograr una acción de fuerza, pero no calculó correctamente los efectos de la presencia policiaca durante los comicios.

En efecto, hoy el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto debe aprovechar a plenitud la oportunidad inusitada de frenar a la disidencia magisterial, ante el hecho de que el costo político por sus titubeos frente a la CNTE ya fue pagado —para bien o para mal— en las urnas; y de que el éxito o fracaso de la implementación de la reforma educativa será referente para la puesta en marchas de las demás reformas estructurales.

Es bien conocida la forma en que el magisterio de la Sección 22 del SNTE presionó al gobierno federal para que derogara de facto la reforma educativa y la evaluación a los docentes del país. Hasta hace una semana éste había sido el principal éxito de la CNTE. Pero como le ha ocurrido en otras ocasiones, el no haber calculado correctamente la cantidad de fuerza aplicada terminó poniendo al magisterio disidente en la posición inminente de convertir su victoria en derrota.

¿Qué pasó? Que hace diez días el gobierno federal había decretado la suspensión indefinida (la SEP usó, en el comunicado en que lo anunció, la palabra “indefinida”, y no “temporal” o “momentánea”, que habría dado otra idea sobre una breve temporalidad de la determinación federal) de la evaluación a los profesores del país, y esto había ocurrido luego de la realización de diversas rondas de negociación con la Coordinadora. Nunca lo dijo, pero se entendía que el gobierno federal cedía en esa posición, a cambio de que la CNTE desactivara las protestas que había anunciado para todos los días previos a la realización de los comicios, y el boicot formal de la jornada electoral.

La CNTE no lo hizo, a partir de un argumento lógico pero desproporcionado: la dirigencia magisterial asumió que el anuncio federal de suspender indefinidamente la evaluación, era un signo de debilidad y no de buena voluntad. Por eso, de inmediato al anuncio de la SEP, ocurrido el viernes antepasado, la Coordinadora dijo que no aceptaba el ofrecimiento de la suspensión de la evaluación, porque lo que ellos exigían era su cancelación definitiva, y la derogación de la reforma educativa. Consultaron a sus bases. Y como suele ocurrir, ganó la posición radical de ir de frente al boicot. Por eso en Oaxaca tomaron instalaciones de Pemex y bloquearon las sedes del INE, generando una reacción contraria a la presión que intentaron ejercer.

Y es que frente a esas acciones, el gobierno federal —que había sido ingenuo en sus ofrecimientos iniciales— se vio obligado a responder con fuerza. En la víspera de la jornada electoral desplegó a 14 mil elementos federales y militares en la entidad, y con esa sola medida prácticamente desactivó las medidas magisteriales para boicotear los comicios. Paralelamente a eso, el magisterio pareció no reparar en que el abstencionismo generalizado que intentaba generar, no ocurrió. A las urnas acudió el porcentaje de votación que desde antes se había previsto por la autoridad electoral (que ya era de por sí pobre, de entre 36 y 40 por ciento del total de electores).

Y finalmente en entidades como Oaxaca ocurrió un inusitado resultado electoral de pluralidad política, que no fue lo suficientemente claro como para definir si ganó el gobierno estatal, el federal, o la Sección 22, o terceros. Finalmente en los comicios todos se llevaron una tajada más o menos similar del pastel electoral. Y eso, combinado con los resultados de otras entidades, sirvió de base para que el gobierno federal asumiera que el costo político estaba pagado, y que ahora sí podría ir de frente contra los poderes fácticos que intentaban menguar la reforma educativa.

PROTESTA DE EFECTOS MARGINALES

Ninguno de los resultados electorales segmentados fue inesperado para el PRI y el gobierno federal. No hubo sobresaltos, porque las definiciones en el número total de diputaciones federales, gubernaturas y congresos locales, ya estaban previstas. En esa lógica, Oaxaca sólo participaba en la elección de diputados federales.

En esos comicios en específico, para el PRI y el gobierno federal era irrelevante qué distritos electorales que se ganaran, mientras se juntara el número de curules necesarias para mantener la estabilidad de la administración federal. Eso ocurrió finalmente (la alianza PRI-Verde tendrá 248 diputados, y conseguirá una mayoría holgada si mantiene su alianza de facto con Nueva Alianza, que tendrá 10 diputados en la LXIII Legislatura). Eso dio la pauta al gobierno federal para entender que el magisterio no había movido los números que ya tenía pronosticados, y que si algún costo político había pagado por su debilidad ante el magisterio, ése se vería reflejado el domingo 7 de junio en las urnas.

Así, los comicios ocurrieron, y lo que sigue es lo que estamos viendo. Ayer el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez Hernández, dijo que el gobierno de la República no negociará las leyes constitucionales con la CNTE. Al mismo tiempo, la SEP anunció la reanudación de las evaluaciones al magisterio. La Coordinadora respondió anunciando protestas masivas en la capital del país. Pero tanto el gobierno federal como el del DF dijeron de inmediato que no permitirán disturbios ni daños a terceros en la Ciudad de México.

¿QUÉ SIGUE AHORA?

Que el gobierno federal no ceda. Tiene una oportunidad —que ya parecía perdida, y que sólo le regresó la exagerada beligerancia magisterial, y los daños provocados en Oaxaca en las últimas semanas— de agotar las vías de diálogo sin claudicar al nuevo mandato constitucional, ahora que la Coordinadora ya no tiene cómo presionarlo. Además, con su incapacidad de modular la intensidad de sus protestas, la misma CNTE le dio al gobierno federal los argumentos necesarios para cerrarle la puerta a la negociación de la ley. Sólo falta que el gobierno lo entienda, que no termine cediendo al primer chantaje que intente la CNTE, y que asuma que este será el principal referente para demostrar su fortaleza y capacidad de recuperación, pues la implementación de las demás reformas estructurales, en sus propios ámbitos también está amenazada por otros poderes fácticos tanto o más fuertes que la CNTE.

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