+ Concursos se han aplicado desde hace tiempo; falta marco jurídico
Ayer finalmente ocurrió sin incidentes la aplicación de la evaluación a profesores oaxaqueños. Antes había ocurrido una serie de escarceos entre el gobierno y la Sección 22, que había amagado con boicotear la jornada de aplicación de exámenes a los docentes. El gobierno de Oaxaca respondió amagando con la utilización de la fuerza pública si la 22 insistía en su intención. ¿Está en riesgo la evaluación? No, porque ésta ya se aplica en la entidad de diversas formas; la disputa más bien radica en cómo se presenta públicamente —si como victoria o como derrota— lo que ya ocurre.
En efecto, ayer ocurrió formalmente la primera evaluación aplicada a los docentes oaxaqueños en el marco de lo que disponen la Ley General de Educación, y la Ley del Servicio Profesional Docente. Ésta, como lo dispone la ley, tiene como objeto que los trabajadores de la educación dejen testimonio de sus propias capacidades, y puedan participar en los mecanismos de estímulo y ascenso salarial según sus resultados, o recibir capacitación para elevar los resultados de sus evaluaciones. Todo esto es lo que ha sido rechazado por el magisterio oaxaqueño, pero sin siquiera entrar a una discusión seria sobre el fondo de la evaluación, sino por un criterio político impulsado por la Sección 22 del SNTE.
Pues resulta que en el fondo, la aplicación y la resistencia a la evaluación a cargo del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE) está centrada en una cuestión política, y además en la negativa, por una parte del gobierno federal, de ceder ante la exigencia del magisterio de la CNTE de no aplicarles la evaluación a sus militantes; y por la otra, la resistencia de la propia Coordinadora, de aceptar que fueron derrotados en la medición de fuerzas relacionada con el cambio de modelo educativo, y en la implementación de la evaluación como el mecanismo de mejora salarial de los maestros, ya sin la participación del criterio político del sindicato para su otorgamiento.
Lo cierto es que, en los hechos, esta no es la primera evaluación que se aplica a los trabadores de la educación en la entidad. La CNTE no lo reconoce, pero tampoco está en posibilidad de negarlo. Pues de hecho a los profesores se les ha venido aplicando un proceso gradual de implementación de las evaluaciones, que al menos en la entidad ya era muy urgente debido a que desde hace al menos ocho años se dejó de aplicar todo lo relacionado con el programa de carrera magisterial, y sólo se podría reactivar cuando los profesores decidieran participar en los procesos de evaluación que primero tuvo la extinta Alianza por la Calidad de la Educación en el gobierno del presidente Felipe Calderón, y en la actualidad con la reforma constitucional en materia educativa, que le transfirió todas las facultades de evaluación al INEE.
Otro de los procesos en los que la evaluación está formalmente presente al menos desde el año pasado, es en la asignación de nuevas plazas. ¿Qué ya no se recuerda que desde que Azael Santiago Chepi, se inició el proceso de someter a concurso las plazas que se ofertaban a los normalistas?
Oaxaca es de las entidades en donde menos se han otorgado nuevos espacios de trabajo a los normalistas recién egresados. Sin embargo, eso no significa que no haya habido el otorgamiento de nuevas plazas, o que las que se han otorgado se hubieran seguido dando bajo el criterio de participación político-sindical impuesto por la Sección 22, o a través de la llamada “contratación automática” que operó por décadas en la entidad, y que atiborró la nómina magisterial estatal, únicamente para alimentar las bases de movilización del sindicato magisterial.
ACEPTAR LA DERROTA
La Sección 22 no dejó de manifestar su rechazo a la evaluación, pero ya no hicieron nada para impedirla. Hace algunos meses todavía fueron a aplicar la fuerza para boicotear la aplicación de los exámenes, cuestión que ahora ya no ocurrió. ¿Qué sigue? El último reducto que les queda está en tratar de impedir que, algún día, el Congreso del Estado decida subir a su agenda de trabajo la aprobación de la legislación en materia educativa. Ese será otro golpe determinante a la “moral” magisterial que aún cree que puede revertir las decisiones tomadas y mantener el coto de poder que tuvo por años entre los trabajadores de la educación.
Hay varios aspectos que deben considerarse alrededor de esto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio hace algunas semanas, un plazo de seis meses para que el Congreso del Estado culmine el proceso de armonización de las normas educativas estatales. Dicho plazo está corriendo en contra de la parsimonia legislativa. Irremediablemente, los diputados se verán obligados, a más tardar en el los dos primeros meses de 2016, a establecer como parte de su agenda la legislación en materia educativa para finalmente tener una ley aprobada antes de que venza el plazo que les concedió el Alto Tribunal para cumplir con ese deber.
El problema que existe es que el Congreso no es homogéneo. Es decir: a pesar de que la reforma educativa federal fue impulsada por el presidente priista Enrique Peña Nieto, y que hoy dicha legislación cuenta con todo el respaldo del gobernador Gabino Cué, que decidió romper con el magisterio, ello en ningún sentido significa ni que toda la bancada priista en la LXII Legislatura local esté a favor de la reforma, y mucho menos que los partidos que respaldan al gobernador Cué en el Congreso estén también a favor de la armonización lisa y llana de la normatividad educativa.
Al final, parece que la Sección 22 podría utilizar con inteligencia esa heterogeneidad legislativa para incidir en la discusión. ¿Lo harían? Si deciden intercambiar los gritos y la protesta callejera por un verdadero cabildeo entre los diputados, quizá lograrían algo. El problema es que no lo harán, y eso servirá de ocasión para el oportunismo de diversos legisladores que, sin considerar algún otro criterio, decidirán si apoyan al gobierno a la Sección 22 según intereses, y no según lo que pudiera ser lo mejor para la educación en Oaxaca.
FIN DE SEMANA NEGRO
Sí: pocas veces en nuestra ciudad hemos tenido un fin de semana tan trágico como éste. Lo peor es que son ciudadanos comunes los involucrados en varios homicidios. ¿Tan mal estamos como sociedad que somos capaces de comenzar a ver eso como “normal”?
