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No extraña que la nueva presidenta de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura, la diputada panista Natividad Díaz Jiménez, tenga ánimos francos por investigar el destino de los recursos públicos que ha ejercido el Congreso local en los últimos dos años. No parece ser una cuestión de transparencia y tampoco un asunto de moral o ética como representantes populares. Más bien, parece ser el miedo a la responsabilidad y el señalamiento que pesaría sobre ella, en el momento más complicado para cualquier político: enfrentar las responsabilidades una vez dejado el cargo.
En efecto, en los últimos días Díaz Jiménez ha reiterado su petición para que la Auditoría Superior del Estado (ASE), la Contraloría Interna y un despacho de auditores externos realicen una revisión financiera a todas las áreas del Congreso local “para conocer el destino del presupuesto asignado este año a la Cámara de Diputados”. Lo que concretamente se investiga, es un “subejercicio” de 152.7 millones de pesos, luego de que se confirmara que del presupuesto superior a los 777 millones de pesos que se asignó al Poder Legislativo sólo se justificaron, en los primeros 9 meses del año, 438 millones 426 mil 638 pesos con 31 centavos. El “subejercicio” en realidad parece dinero perdido, sobre el cual la nueva Presidenta de la Junta pretende esclarecer su destino.
Vale la pena entender la inusitada preocupación de Natividad Díaz Jiménez más allá del pleito político y de intereses que ha sido permanente en la LXII Legislatura. En la “grilla” podría explicarse que el presupuesto del Congreso se lo han repartido “equitativamente” todas las fuerzas políticas, y que finalmente la exigencia de transparencia de Díaz Jiménez podría verse ahogada por los intereses. Eso puede ocurrir. No obstante, parece que a la panista la embargan más preocupaciones que el solo conflicto por el reparto del dinero, o por los comunes pleitos entre bancadas. ¿Qué parece?
Parece que a Natividad Díaz Jiménez le preocupa el llamado “cuarto año”. Es decir, ese momento en el que la LXII Legislatura haya concluido, en que habrá nuevos diputados en el Congreso local, en que habrá también una nueva correlación de fuerzas en el panorama político, un nuevo Gobernador, y sobre todo, ese momento en el que ella ya no tenga el fuero que la proteja frente a posibles responsabilidades administrativas o legales, derivadas de su paso por la Junta de Coordinación Política en la inercia actual.
Esa inercia actual es la que todos conocemos: un desenfrenado gasto repartido discrecionalmente entre los legisladores, y decidido desde la Junta de Coordinación Política, en un marco en el que la Tesorería ha utilizado diversos mecanismos financieros para justificar el gasto, pero sin atender a la debida comprobación por la que tendría que pasar el destino real de los recursos.
Así, a través de la compra de facturas, de la fabricación de expedientes y demás esquemas de comprobación, se ha podido utilizar discrecionalmente el presupuesto legislativo. Los anteriores presidentes de la Junta nunca estuvieron preocupados porque sabían que su paso por la Presidencia de la Jucopo podía ser negociado, y limpiado, en una mesa de negociación, por la sencilla razón de que son ellos mismos los que se revisarían el ejercicio de sus recursos.
Este no será el caso de Natividad Díaz. Además de que la revisión del ejercicio de la actual Legislatura ya será realizado por la siguiente camada de diputados locales, también pende como Espada de Damocles las nuevas facultades que están a punto de entrar en vigor respecto al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y el ensanchamiento del poder de las auditorías bajo ese nuevo esquema.
NUEVA FISCALIZACIÓN
Es relevante el hecho de que la reforma que estableció en la Constitución federal el Sistema Nacional Anticorrupción, modificó sustancialmente las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación, y dispuso que las legislaturas de los estados deberán adecuar sus legislaciones domésticas a la nueva arquitectura de la fiscalización superior, así como adecuarse a los mecanismos propios del SNA. Si Natividad Díaz, y todos los integrantes de la Junta, aún no están preocupados por eso, deberían comenzar a estarlo.
¿De qué hablamos? De que, para el caso de la ASF —que es el modelo establecido para las auditorías locales— se eliminaron principios como el de la anualidad y la posterioridad. Esto significa que a partir de ahora se podrán auditar legalmente ejercicios previos al inmediato anterior, cuando ahora únicamente es posible auditar el ejercicio anterior al año corriente. El principio de posterioridad consiste en que sólo se pueden revisar periodos concluidos pero no el del año que está corriendo. Al eliminarse estos dos principios se abre la puerta para que la ASF audite libremente ejercicios de varios años atrás al actual, y que también pueda hacerlo respecto del año corriente.
Lo relevante es que ese modelo es el establecido para que sea adoptado por las auditorías estatales, con un añadido: el SNA ancla la decisión de iniciar una investigación —federal, estatal o municipal— a más elementos que la sola voluntad del gobierno federal, de los gobernadores o de las legislaturas locales.
Crea, por ejemplo, un Comité de Participación Ciudadana que tiene como una de sus misiones, establecer mecanismos de coordinación para la determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno; y para el establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos.
¿QUÉ SIGNIFICA ESTO?
Que en términos simples, la fiscalización de un ente auditable ya no quedará a la discrecionalidad y la “secrecía” de las autoridades locales, ya que todo el sistema está anclado para que no haya potestades absolutas en las labores de fiscalización y control de los recursos públicos. Por eso Natividad Díaz debe estar preocupada por limpiar el ejercicio de los recursos, o debería, porque ella —más que los demás integrantes de la Jucopo— quedará expuesta a las nuevas reglas de fiscalización. Por eso, con esta reacción pareciera que, como dice el refranero, se está amarrando el dedo antes de la cortada.
