+ Además de inaceptable, militarizar evaluación es una táctica errónea
Ayer el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, afirmó que el Gobierno Federal está listo para transitar por el camino que los maestros disidentes deseen: el diálogo o la firmeza en la aplicación de la ley. Esto, en el contexto de la aplicación de la primera evaluación a los profesores oaxaqueños, que será vigilada por alrededor de 10 elementos de corporaciones policiacas de los tres ámbitos de gobierno en la entidad. ¿Es en verdad una buena estrategia cerrar de esa forma el diálogo, amagar con la aplicación de la fuerza, y utilizar la intimidación como forma de aceptación de la reforma educativa?
En efecto, el secretario Nuño Mayer expresó ayer que la gran mayoría de los mentores están dispuestos al cambio, y apuntó que la resistencia se centra en los liderazgos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que no quieren el cambio. Hay dos caminos, dijo, y ellos tienen la opción de escoger por cualquiera de ellos: el de mantener escuelas sin clases y querer presionar a los maestros que sí se quieren evaluar. Si persisten en este camino se van a encontrar un gobierno muy firme en la aplicación de la ley. Pero existe otro camino, es el camino de que acepten la reforma educativa y caminemos juntos”, expresó.
¿De verdad está el gobierno federal en la posición de condicionar de esa manera el diálogo con la Coordinadora magisterial? Evidentemente, las posiciones de la CNTE no han sido precisamente amigables y de hecho pareciera que el gobierno está respondiéndole a las secciones sindicales radicales con la misma moneda de la política que ellos han ejercido durante años para presionar al Estado mexicano al diálogo. No obstante, es claro que ni el secretario Nuño Mayer, ni el gobierno federal, entienden que ellos no son un grupo de presión más, ni una organización que se dedica a la industria del chantaje, sino que son nada menos que el Estado mexicano ejerciendo sus potestades, pero en el marco de un estado democrático.
¿Qué significa esto? Que en una sociedad civilizada, como la que se supone que somos, el Estado no le puede responder de forma iracunda a un grupo de presión. Dicho de otro modo, no está en condiciones de aplicar una política como la demostrada por el Titular de la SEP porque eso significaría la institucionalización, la aceptación —y quizá hasta una “constitucionalización” fáctica, por la búsqueda de una forma legal para legitimar la fuerza— del “plata o plomo”, que es tan conocido entre las organizaciones que desarrollan actividades lucrativas y que tienen como elemento de coacción a la amenaza.
Evidentemente este tipo de cuestiones no pueden pasar inadvertidas, máxime cuando lo que está en juego es no sólo la evaluación educativa sino las demostraciones de que el Estado tiene los elementos —todos— para hacerle frente a este tipo de situaciones, pero de la forma más civilizada posible y no únicamente utilizando la política del sometimiento o la trifulca.
Esto demuestra la incapacidad y la ineptitud de las instancias federales encargadas de la gobernabilidad, y la urgencia por aplastar un movimiento con el que, les guste o no, tendrían que aprender a convivir aún en la subsistencia de las nuevas circunstancias impuestas a los trabajadores de la educación con la reforma educativa.
En ese sentido, preguntémonos: ¿en un Estado democrático deben o no existir las voces disidentes? ¿En un Estado democrático, el gobierno está o no obligado a convivir y tolerar a todas las expresiones, aún las más radicales?
Evidentemente, todo esto tiene límites. Pero bajo ninguna circunstancia podríamos negar el derecho de subsistencia a la CNTE equiparándola al extremismo o al terrorismo. Esas son las formas de lucha que cualquier Estado —democrático o no— combatiría. Pero fuera de ellas, se supone que el Estado debe buscar la forma —porque por eso es el Estado— de convivir, y no de aplastar, a los grupos organizados que no están de acuerdo con sus políticas, con su régimen o quizá sólo con el gobernante.
TÁCTICA IMPRÁCTICA
Lo apuntábamos hace apenas unos días, y hoy reiteramos esta duda genuina: ¿Qué va a pasar después de la evaluación de este fin de semana? Porque si algo queda claro, dijimos en nuestra entrega del 25 de noviembre pasado, es que no habrá posibilidad, ni una sola, de que cada evaluación que se realice en las entidades federativas “problemáticas” como Oaxaca o Michoacán, sea resguardada por miles de elementos policiacos, o amenazadas por profesores iracundos que se oponen a la implementación de la reforma educativa. Evidentemente, tanto el Estado, como los profesores de la CNTE, deberán buscar sus respectivos cauces de entendimiento y lucha, para darle viabilidad de mediano plazo a sus derroteros, y para no anclarse a un escenario que en sí mismo no tiene futuro.
Evidentemente, el mismo Estado ha demostrado que su capacidad de movilización está siendo costosa no sólo en términos políticos, sino que también le está generando una fuerte presión al presupuesto federal destinado a la seguridad pública. ¿Qué revela todo esto? Que además de ser una táctica políticamente inviable la de militarizar las evaluaciones, e insistir en su llamado al “plata o plomo” frente a la CNTE, la SEP está optando por una estrategia que también es poco práctica, de muy corto alcance, y muy costosa para las arcas federales y para las mismas fuerzas federales que están haciendo una abierta labor de contención política y no las tareas de seguridad pública para las que fueron creadas.
Por esa razón resulta hasta machacón el cuestionamiento sobre la urgencia de ubicar rutas alternas a la de la presión actual que ejerce la SEP. Ésta, en el mejor de los casos, debe ser una política momentánea, únicamente utilizada como una especie de “botón de pánico” frente a las circunstancias. Al final, si el gobierno federal no establece los cauces necesarios para entablar un diálogo útil con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, dentro de muy poco tiempo su táctica actual se desfondará y terminará ocurriendo un efecto rebote, de consecuencias muy lamentables para la educación pública en nuestro país.
LOS MÁS CONTENTOS…
Son los empleados del gobierno estatal, que desde ayer tienen días de descanso obligatorio. Al menos los que laboran en Ciudad Administrativa, que toda la semana estuvo ya resguardada y confinada, y que —dicen— este fin de semana será un verdadero bunker.
