+ Estado, ¿pierde ante dilema de actuar o negociar?
Contra los pronósticos, ayer un grupo de profesores de la Sección 22 del SNTE —cabeza de playa de las acciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación—, cumplió su tercer día consecutivo de paro de labores, y a partir de hoy el Estado mexicano se enfrentará a la disyuntiva de despedirlos, de tolerarlos en silencio, o de cumplir sus demandas. No es un reto sencillo. A partir de este jueves, serán cruciales las acciones y las decisiones que se tomen frente al desafío de la Coordinadora.
En efecto, ayer profesores disidentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) retaron al secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, a que “desde hoy envíe a ese ejército de 26 mil maestros que dice tener para sustituirnos (…) ya los están esperando los padres de familia para decirles que ninguno de ellos entrará a las escuelas”, afirmaba José González Figueroa, quien fungía como vocero improvisado de la Coordinadora.
Éste individuo, además, lanzó una advertencia que, dadas las circunstancias, no debería pasar inadvertida para el gobierno federal no por su riesgo, sino por el arrojo a la amenaza —y al arrojo, en una vertiente superior— que demuestran los profesores. Según una nota de La Jonrada, el vocero de la CNTE afirmaba: “si Nuño Mayer se atreve a cesar a casi 25 mil docentes en paro estará creando un verdadero ejército de maestros que acudirán ante la SEP a exigir su derecho a un trabajo digno, a no vivir en permanente psicosis laboral y su incansable persecución administrativa. Si los da de baja, vendremos a exigir nuestros derechos y será él quien no dure ni un día en su cargo”.
¿Qué significa esto? Que, de entrada, los profesores que respondieron al llamado del paro de la Coordinadora sí están dispuestos a ensayar nuevas formas de lucha, a partir de poner a prueba al sistema. Ellos —como lo dijo Rubén Núñez, y como lo están repitiendo en la Ciudad de México— están dispuestos a ver si el gobierno federal les aplicaría la ley. Legalmente esto puede ocurrir a partir de hoy jueves, cuando se rebase el umbral de las tres inasistencias consecutivas. Y a partir de ahora el gobierno federal tendría que valorar las medidas que tome, considerando que cualquiera por la que opte representa un grado distinto de complejidad que deberá enfrentar.
CALLEJÓN SIN SALIDA
Ayer en su columna de Excélsior, el investigador en temas educativos Carlos Ornelas, resumía con precisión este dilema al que se enfrentará el gobierno federal a partir de hoy, cuando se vea obligado a tomar alguna acción para enfrentar este abierto desafío de la Coordinadora y su paro indefinido de labores.
El gobierno enfrenta un dilema —apuntaba el investigador—: si la SEP, siguiendo la letra de la ley, destituye a, digamos, cinco mil maestros, le redituará bonos en credibilidad ante ciertos sectores. Pero esa acción rigurosa provocará descalabros a las escuelas. Los simpatizantes de la CNTE dirán que este hecho lastima a alumnos y padres de familia. Pero los críticos de la Coordinadora argüirán que los estudiantes y sus familias son agraviados por maestros irresponsables que, cuando no hacen huelga, de igual manera no trabajan.
“Los días que restan de esta semana serán cruciales. Si el gobierno deja impunes a los docentes que paren por más de tres días, la ceremonia de Los Pinos no le redituará. Le irá peor si acepta negociar en la Secretaría de Gobernación. Si consiente la instauración de una mesa de entendimiento, significará el final de la carrera política del secretario Nuño.
“También dará alas a la CNTE para seguir bregando contra la reforma constitucional y la evaluación docente. Tomará aire e insistirá en la asignación de plazas en automático a los egresados de sus normales y, ¿por qué no?, que persista le herencia y venta de plazas. Si hay despidos masivos, los disidentes representarán sus papeles de víctimas. Ahora sí, parafraseando a Saddam Hussein, la movilización de esta semana es la madre de todas la batallas.”
A esas afirmaciones habría que agregar otras, que son de particular importancia en Oaxaca: un escenario de alguna forma similar al actual, fue el que se vivió en el 2006, cuando un mal manejo político de una decisión bravucona del magisterio de la Coordinadora, desató un conflicto social y político de grandes magnitudes. Ocurrió, igual que ahora, en el contexto de una elección decisiva para las relaciones políticas e intereses del magisterio en general, y de la CNTE en particular, y frente a la tentación gubernamental de resolver por alguna vía de fuerza un problema que tiene diversas implicaciones violentas.
En el fondo, no se trata de pensar en que el gobierno deba acceder a las pretensiones magisteriales, o tolerarle sus bravuconadas. Más bien, lo que parece es que a partir de ahora la SEP, Gobernación y el gobierno de Oaxaca deberán enfrentar la situación con una dosis mayor de eficiencia y capacidad política, para que por un lado no deponga su promesa de no negociar con quienes abandonan las aulas; pero para que, en el lado opuesto, no acelere una solución de fuerza que pudiera resultar contraproducente para la ya de por sí tensa situación política que se vive en Oaxaca. Y en el país.
POCOS, ¿PARA QUÉ?
Las autoridades se ufanan que sólo alrededor del 10 por ciento de la membresía sindical atendió al paro. Ese porcentaje, sin embargo, significa un llamado de casi 10 mil personas. ¿Qué ocurriría con esos 10 mil —que estarían decididos a perder su empleo— causando desmanes? Eso cambia la perspectiva. No lo perdamos de vista.
