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+ Oaxaca, otro espacio crucial para López Obrador
La controversia por la titularidad de la delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México, es paradigmática para los llamados “partidos de izquierda” en el país, pero también para las entidades federativas en las que se acercan los procesos electorales. Es posible prever que, independientemente del desenlace que tenga la controversia entre Rafael Acosta Naranjo, Clara Brugada, Marcelo Ebrard y Andrés Manuel López Obrador, todo esto debería convertirse en un parteaguas para comprender de modo distinto los conceptos tradicionales de representación, legalidad y legitimidad, entre quienes buscan detentar el poder.
La historia de Rafael Acosta, el popular “Juanito” de Iztapalapa es, quizá, una de las más conocidas en este momento. Hasta antes de figurar como el “plan B” de López Obrador para aquella demarcación del Distrito Federal, dicho personaje era conocido por su activismo político, y por su prestancia a participar en las ruidosas manifestaciones que encabezaba el ahora diputado federal Gerardo Fernández Noroña. Acosta, pues, no contaba con capital, credibilidad como posible gobernante, o proyecto político alguno.
Fue el dedo divino de López Obrador el que lo puso en el sitio que ostenta. El tabasqueño fue quien propuso a Acosta como la alternativa ante la degradación de Clara Brugada como candidata a delegada por el lopezobradorismo. Fue AMLO quien, en nombre del pueblo bueno y la democracia, llamó a los electores a votar por Acosta. Éstos respondieron y crearon el Frankenstein que es hoy el pintoresco Juanito.
Sin embargo, junto con Acosta Naranjo existen una serie de problemas graves que no sólo lo afectan a él y a López Obrador, sino a la democracia misma que se ejerce en México. Nadie hubiera considerado que una cadena de razones de hecho, generara tantas tentaciones e inducciones al quebranto de la ley y las normas que rigen a los procesos electorales, a la representación política, y a la democracia. Eso es lo que seguramente ocurrirá con Juanito.
¿Por qué? Porque pase lo que pase, cualquier maniobra para derrocar a Acosta Naranjo de la titularidad de la delegación Iztapalapa, estará afectada lo mismo por la ilegalidad que por la ilegitimidad. ¿Por qué? Porque por increíble que parezca, la constitucionalidad y la ley, en este caso, están del lado de Juanito. Y no se puede determinar, aún, si la legitimidad también lo acompaña o si, por el contrario, está del lado de sus oponentes.
En el caso de la Asamblea Legislativa y el Gobierno de Marcelo Ebrard, tienen argumentos para pensar en su destitución “legal”. Sólo que ninguna de esas explicaciones es legítima. ¿Por qué? Porque hasta ahora, Acosta no ha quebrantado la ley. Y el pensar en el desastre que será su “gobierno” en Iztapalapa, en la deslealtad a AMLO, o en el cisma que generó en el PRD y PT, no son razones suficientes para legitimar su destitución, y pasarlas con éxito por la criba de la democracia. Hacerlo, en cualquiera de los escenarios, sería tanto como agredir abierta y veladamente la legalidad que tanto dicen defender.
Lo mismo ocurre frente a las intenciones de Brugada y López Obrador. La primera, no demostró tener un esquema de gobierno eficaz, o mejor que el de Juanito. Ella iba a ser la figurilla manipulable de López Obrador, que pronto se negó a ser Acosta. Por eso, nadie le cree —ni a ella ni al tabasqueño— que la lucha política que comenzarán a dar por la titularidad de esa demarcación está dotada de la legitimidad que tanto divulgan.
El problema no se encuentra en el hecho de que Iztapalapa sea o no lopezobradorista, o que la mayoría de sus ciudadanos esté de acuerdo en las maniobras para detener o impulsar al locuaz Juanito. El problema es que todos juntos no tienen argumentos ni bases sólidas para hacer a un lado legal y legítimamente, a un personaje al que ellos mismos le dieron acceso al poder, lo empoderaron y lo dotaron de las herramientas legales suficientes para resistir largamente a toda posibilidad de ser destituido.
La gente de esa demarcación votó por Juanito. Es delegado cons-ti-tu-cio-nal. Y no ha violado ninguna ley. Las ambiciones, las traiciones y la ignorancia, son todo menos un delito. Por eso, si lo dejan, Iztapalapa (y AMLO y Ebrard y todos los demás) pierde. Pero si lo dejan, también.
MUCHOS “JUANITOS”
Es casi seguro que López Obrador no se encuentre en su camino con otro Juanito. Las circunstancias en las que apareció Rafael Acosta fueron no sólo particulares, sino extraordinarias. Sin embargo, si alguien ha sido el promotor de los candidatos aparentemente manipulables y hechizos —que son “Juanitos” en potencia— para ocupar altos cargos en ámbitos de gobierno como los municipales o estatales, ese ha sido el propio López Obrador.
El tabasqueño parece lejos de estar protagonizando una gesta democrática. En el caso de Iztapalapa, el clientelismo y el manejo feroz de las estructuras electorales por parte de los grupos obradoristas, han sido un factor determinante para sus reiterados triunfos. La intención del arribo de Brugada a esa delegación, era hacerse de los recursos públicos y los capitales políticos de esa demarcación, para impulsar su segunda carrera presidencial en 2012. Todo eso, a la luz de los hechos, no tiene sustento democrático real alguno: es una simple ambición de poder.
Ese esquema es el que pretende repetir López Obrador en todo el país. Ha puesto particular atención en Oaxaca. Su intención, más allá del discurso democrático de la alternancia, la justicia y el pueblo bueno, es la de tener un nuevo trampolín que lo impulse en sus nuevas aspiraciones presidenciales, con dinero, votos y apoyos políticos. Para ello, López está utilizando a los personajes que considera más manipulables para promoverlos a los cargos que el próximo año estarán en disputa.
FOCO ROJO
Así, Oaxaca se convierte en uno de los escenarios principales para la potencial reproducción de “Juanitos”. Si cada uno de esos alfiles potenciales ganara y luego de ello sostuvieran sus lealtades hacia AMLO, le serían muy útiles para sus intenciones presidenciales. Lo grave está en que los principales personajes a los que impulsa el tabasqueño en la entidad, tienen antecedentes negros en la gestión pública, y también sendos historiales marcados por la simulación, la traición y el engaño. Si este escenario se reprodujera aquí, la desgracia para Oaxaca se multiplicaría.
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