Home Blog Page 255

Reconoce la UNESCO al Poder Judicial por la conservación de su acervo histórico

0

El Titular del Poder Judicial de Oaxaca, Magistrado Raúl Bolaños Cacho recibirá este reconocimiento en el marco de la XXXIX Feria Internacional del Libro, en el Palacio de Minería.

En reconocimiento al destacado trabajo que realiza el Poder Judicial del Estado, en la preservación y conservación de valiosos documentos que conforman su acervo histórico, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a través del Comité Mexicano Memoria del Mundo, hará entrega al Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, Magistrado Raúl Bolaños Cacho, de un diploma que certifica esta distinción, en el marco de la XXXIX edición de la Feria Internacional del Libro que se realizará en marzo próximo en la Ciudad de México.

A través de un comunicado, la Maestra Catherine Bloch Gerschel, presidenta del Comité Mexicano Memoria del Mundo, de la UNESCO, informó que de acuerdo con la recomendación de los expertos que revisaron la propuesta presentada por el Poder Judicial del Estado de Oaxaca, se decidió incluir en el Registro Memoria del Mundo de México, la colección de 305 expedientes con manuscritos coloniales en lenguas indígenas de las secciones de Teposcolula y Villa Alta, del Archivo Histórico del Poder Judicial de Oaxaca (1570-1816).

“La inscripción de este patrimonio documental en el Registro Memoria del Mundo, refleja su valor excepcional y el compromiso de protegerlo para beneficio de la humanidad, difundirlo y asegurar su acceso a toda persona interesada”, señala Catherine Bloch Gerenchel.

El Poder Judicial, pionero en la preservación y conservación de uno de los legados más importantes del país, resguarda en su Archivo Histórico, 139 mil documentos trascendentales, generados por las instituciones de impartición de justicia del Estado, desde su creación hasta 1949, lo que constituye un patrimonio histórico-jurídico de los oaxaqueños.

Con el objeto de compartir con el mundo esta riqueza histórica, en octubre de 2017, el Poder Judicial presentó su postulación ante el Comité Mexicano Memoria del Mundo, para que una colección de 305 expedientes con manuscritos coloniales en lenguas indígenas de las secciones Teposcolula y Villa Alta, fuera inscrita en el Registro Memoria del Mundo de la UNESCO.

Dentro de los ejemplos de la diversidad de estos documentos que conforman esta colección, se encuentran: un testamento escrito en mixteco, un pedimento escrito en náhuatl, un censo del pueblo de San Juan Yalahui, escrito en zapoteco, así como una nota de cabildo de Coixtlahuaca, escrita en chocholteco, entre otros.

El programa “Memoria del Mundo” fue establecido por la UNESCO en 1992, con el objeto de proteger y promover el patrimonio documental mundial, a través de la preservación y el acceso a dichos documentos. Este programa surgió como medida de prevención ante las diversas causas naturales (incendios, inundaciones, temblores, etc.) que provocan el deterioro o pérdida del patrimonio documental.

Aún con AMLO en la Presidencia, no sería fácil derogar la reforma educativa

0

Andrés Manuel López Obrador prometió echar abajo la reforma educativa si llega a la Presidencia, y en alguna medida para eso se alió con la opositora primigenia de esos cambios constitucionales: Elba Esther Gordillo. Su alianza es electoral porque una parte importante del magisterio nacional —SNTE y CNTE— trabajarán a favor del Movimiento de Regeneración Nacional, y de López Obrador; pero también es de fondo porque en ambos sectores quisieran ver desaparecida la reforma de marras. Lo cierto es que más allá de las promesas electorales, la derogación de la reforma educativa implicaría mucho más que promesas de campaña o la sola voluntad de un eventual Andrés Manuel Presidente.

En efecto, la reforma educativa fue la primera de las grandes reformas constitucionales que consiguió el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Lo hizo en los primeros meses de su gestión, cuando contaba con importantes simpatías entre la ciudadanía y con el respaldo en pleno de los principales partidos políticos entonces aglutinados en el Pacto por México. Dicha reforma estableció el mandato constitucional de la evaluación docente como mecanismo de ingreso, promoción y permanencia en el sector educativo.

Asimismo, la reforma constitucional en materia educativa sentó las bases para la elevación a rango de autonomía constitucional al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), así como para la emisión de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que tiene como objetivo someter a todos los docentes de educación pública básica, media básica y media superior del país, a procesos periódicos de evaluación como criterio fundamental para conservar su empleo y sus funciones como personal docente.

Derivado de esa reforma fueron emitidas diversas leyes, y fueron modificadas sustancialmente otras como la Ley General de Educación, para establecer parámetros distintos y hacerlos acordes a los requerimientos de la reforma educativa. A partir de entonces, el INEE inició los procesos de evaluación, que a la fecha han modificado sustancialmente la situación laboral de miles de maestros en el país, y también les ha permitido promociones y cambios de actividad según fuere el caso.

De hecho, desde el primer momento dicha modificación constitucional fue atacada a partir del argumento de que en realidad no era una reforma educativa, sino que sólo se reducía a una reforma laboral y administrativa al régimen de trabajo de los profesores del país. El tiempo ha demostrado la razón que tuvieron quienes aseguraron lo anterior.

Sin embargo, también es cierto que cualquier reforma debe pasar desde el inicio por la revisión del desempeño de sus operadores, en añadidura a la modificación sustantiva, que en éste caso debió haber sido también a otros rubros además del régimen laboral de los trabajadores de la educación. Hasta ahora, nada más que las propias circunstancias políticas han impedido que esa reforma perfectible pueda dar los pasos siguientes en la búsqueda de una mejor redacción y mayores alcances.

En esa perspectiva, habría que ver en términos legales cuál sería el camino hacia la derogación de la reforma educativa.

CAMINO INTRINCADO

En varias cuestiones, López Obrador ha demostrado su desconocimiento de las leyes que rigen al país —y su funcionamiento—. Fue así, por ejemplo, cuando dijo a quiénes propondría él como posibles integrantes de la terna para la elección del Fiscal Anticorrupción, cuando la Constitución establece que dichas propuestas deben emanar del Senado. Ese, si bien puede ser un error menor, sí puede ser ilustrativo de cómo una persona puede seguir suponiendo que con el hecho de llegar a la Presidencia podría gobernar por decreto, o al margen de lo que dice la legislación vigente.

Lo anterior lo aseguramos porque Andrés Manuel López Obrador puede tener la mejor intención, e incluso la convicción de derogar la reforma educativa. No obstante, él estaría obligado constitucional y moralmente a no dejar nuevamente a los niños y jóvenes del país que reciben educación en instituciones gubernamentales, sin procesos de evaluación para quienes imparten clases. Esto porque si bien ello implica un proceso administrativo, queda claro que en su ámbito de protección éste es también parte del derecho fundamental a la educación, que está determinado por el principio de la progresividad.

Por eso, de entrada López Obrador podría derogar esta reforma pero emitir otra según criterios distintos —según él más democráticos o más apegados a la realidad educativa del país—, pero no dejar al sistema educativo sin el único proceso de evaluación que ha tenido en los últimos tiempos. Así, podría pensarse en la derogación del sistema actual pero con el establecimiento de un nuevo proceso de evaluación. No hacerlo constituiría una regresión constitucional que podría a México en conflictos internos y de cara al derecho internacional de los derechos humanos.

Ahora bien, si aún así intentara hacerlo, tendría que modificar la Constitución, y para ello debería generar consensos que quién sabe si logre. En los últimos veinte años, el congreso mexicano no ha tenido mayorías definidas. Incluso en las dos últimas legislaturas, las mayorías que ha construido el PRI han sido ligeramente superiores a la necesaria para la emisión de la modificación a una ley ordinaria (para la que se necesitan la mitad más uno de los miembros presentes de la Cámara de que se trate, al momento de la votación).

El propio sistema constitucional de las mayorías en la integración de las cámaras legislativas, impide que un solo partido tenga la mayoría necesaria como para modificar la Constitución. Morena no va aliado más que con fuerzas minoritarias, y en caso de mantener su coalición después de 2018 (en el escenario en el que López Obrador fuera presidente), de todos modos no tendrían todos los votos suficientes para derogar el contenido reformado del artículo tercero constitucional, y tendrían que aliarse o con el PRI-Verde, o con el PAN-PRD para conseguirlo, lo cual resulta improbable porque ambos bloques se han manifestado totalmente en contra de la intención de López Obrador de derogar la reforma educativa.

NO AL OSCURANTISMO

Al final, queda claro que el camino constitucional no sería tan fácil como lo ve López Obrador. Bajo ninguna circunstancia podría derogar la reforma constitucional por decreto; y, de hecho, sólo podría hacerlo en los términos simplistas en los que lo ha esbozado, si se decide a violar la Constitución. En cualquier escenario, lo más deseable es que si van a modificar el régimen de la evaluación docente, lo hagan para perfeccionarlo y no para devolvernos al oscurantismo en que ha tenido a la educación pública del país, el SNTE, la CNTE y las concertacesiones con los gobiernos priistas, que ahora pretenden revivir con AMLO.

Mikel, o cómo la falta de principios políticos lleva a algunos a convertir atavismos en banderas de campaña

Quién sabe en qué estaba pensando —o qué tan mal asesorado está— el candidato priista a jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Mikel Arriola Peñalosa, cuando decidió lanzarse, en su cierre de precampaña, en contra de algunos de los temas más sensibles para los habitantes de la Ciudad de México: los matrimonios entre personas del mismo sexo, la adopción por parejas homosexuales y la posibilidad de legalización de algunos usos de la marihuana, entre ellos el recreativo. Quizá Arriola quiere ser un pequeño Donald Trump intentando decir lo que algunas personas quieren escuchar, para cautivarlas como votantes. El problema es que no es lo mismo hablar de economía que de derechos humanos.

En efecto, Mikel Arriola dejó clara su postura en su cierre de precampaña y unción como candidato del PRI a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México: está en contra de los matrimonios entre parejas del mismo sexo y que estos puedan adoptar, así como del uso recreativo de la marihuana.

“Nuestros gobernantes han promovido la ruptura del núcleo familiar y el desprecio, profundo desprecio, por los valores, y esto nos ha llevado al caos en que hoy estamos metidos [en la capital del país]. Como ejemplo, los gobiernos del PRD y Morena han impuesto la idea de que la legalización de la marihuana para fines recreativos va a ayudar a los jóvenes, postura que nosotros habremos de combatir bajo un principio de prevención de las adicciones y blindar al núcleo familiar. No a la marihuana para el uso recreativo, sí a la medicinal.

“La familia será mi prioridad, la Ciudad de México será la Ciudad de los valores, de la familia. Claramente les digo: Mikel Arriola está en contra de la adopción entre parejas del mismo sexo”; y dijo que de ganar las elecciones, en su primer día como jefe de Gobierno, someterá a consulta pública “todos los temas que nos dividen como ciudadano, como son la marihuana recreativa, el aborto, la adopción y el matrimonio entre parejas del mismo sexo, para que ahora sí todas las voces sean escuchadas”.

De entrada, Arriola es un pequeño Andrés Manuel y puede convertirse en un émulo mexicano de Donald Trump, ¿por qué? Respecto al primero, porque el único en México que ha propuesto que algunos temas sensibles relacionados con derechos de las personas sean sometidos a consulta pública, fue López Obrador —y eso ocurrió antes de que fuera promulgada la Constitución de la Ciudad de México, en la que están establecidos algunos de esos derechos sin haber sido controvertidos por nadie.

En algún momento, cuando se le pidió al tabasqueño su opinión respecto al llamado matrimonio igualitario, o sobre la legalización del aborto, éste dijo que serían temas que se someterían a la opinión de los ciudadanos. Luego vino Marcelo Ebrard Casaubón —un verdadero, y quizá el único, gobernante de espíritu verdaderamente progresista en México— que reconoció la vocación de avanzada de la Ciudad de México y empujó temas sustantivos como la legalización del aborto voluntario, el llamado divorcio exprés, o el reconocimiento a los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Luego vino el gobierno de Miguel Ángel Mancera, en el que varios de esos derechos se llevaron de manera expresa a la Constitución de la Ciudad de México que, además, hizo suyos los principios generales que rigen a los derechos humanos incluyendo otros como el de la no regresividad y el de la integralidad, que complementan a los de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad ya contemplados en la Constitución federal.

DERECHOS

Además, la Constitución de la CDMX reconoció expresamente los derechos que ahora fallidamente pretende controvertir Mikel Arriola: en el numeral 1 del apartado F del artículo 6 de la Constitución capitalina (sobre el derecho de las mujeres a abortar libremente), se establece: “Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, voluntaria e informada tener hijos o no, con quién y el número e intervalo entre éstos, de forma segura, sin coacción ni violencia, así como a recibir servicios integrales para acceder al más alto nivel de salud reproductiva posible y el acceso a información sobre reproducción asistida.”

Sobre el reconocimiento de todas las formas de familia, incluyendo las conformadas por personas del mismo sexo, la Constitución de la CDMX, establece: Todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar son reconocidas en igualdad de derechos, protegidas integralmente por la ley y apoyadas en sus tareas de cuidado (numeral 2, apartado D, artículo 6).

Luego, sobre los derechos de las parejas del mismo sexo, los numerales 1 y 2 del apartado H del artículo 11, dispone: 1. Esta Constitución reconoce y protege los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travesti, transexuales e intersexuales, para tener una vida libre de violencia y discriminación. 2. Se reconoce en igualdad de derechos a las familias formadas por parejas de personas LGBTTTI, con o sin hijas e hijos, que estén bajo la figura de matrimonio civil, concubinato o alguna otra unión civil.

Con todos estos derechos reconocidos en la Constitución de la CDMX, podemos estar de acuerdo o no. Lo que no podemos contravenir es el hecho de que ya son derechos expresamente reconocidos en una Constitución, y que éstos se encuentran sujetos a los principios de progresividad, integralidad y no regresividad, que harían no sólo inconstitucional cualquier tipo de consulta respecto a ellos (de hecho, ni siquiera podría realizarse una consulta ciudadana con valor legal, por la naturaleza de esos temas), sino también controvertible cualquier tipo de reforma que pudiera realizarse a la propia Constitución de la CDMX, a la luz de los principios establecidos en ella misma, en la Constitución federal, y en los tratados internacionales firmados y ratificados por México, que prohíben cualquier tipo de modificación regresiva a los derechos fundamentales.

Por eso quizá puede ser que Mikel Arriola pretenda cautivar a los núcleos conservadores de la Ciudad de México, a pesar de manifestar una postura francamente reaccionaria, desinformada (quizá, de forma deliberada) o abiertamente populista por irrealizable. Aunque pudiera lograr ese primer cometido y llegar a la jefatura de gobierno (algo que se ve muy lejano, en el contexto electoral de la capital del país), lo cierto es que no podría en automático cumplir con nada de lo que ahora sugiere. Más bien, está tratando de decir lo que algunos quieren decir, a ver si con eso le roba un poco de votos a los panistas que ahora se sienten “progres” al aliarse con el PRD.

TIP DEL VERDE

¿Por qué no también hace suya aquella vieja campaña del Partido Verde: “pena de muerte a secuestradores”? Va en la misma sintonía de los dislates lanzados el domingo, y tendría también su mismo destino. En fin…

Recorre Bolaños Cacho CENDI del PoderJudicial

0

El presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia verificó las condiciones del inmueble

Para conocer las necesidades del Centro de Desarrollo Infantil “Margarita Maza de Juárez” donde son atendidos los pequeños hijos de los trabajadores  del Poder Judicial, y darle pronta solución, el presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia, magistrado  Raúl Bolaños Cacho recorrió este martes ese inmueble.

Ahí fue recibido por la directora de esa institución que se localiza en Ciudad Judicial, Rita Antonio Luis, quien le agradeció los apoyos recibidos para el  correcto funcionamiento de ese Centro.

Los niños son una prioridad, de ahí mi preocupación porque los hijos de los empleados reciban la mejor atención en todos los aspectos para su buen desarrollo, precisó Bolaños Cacho  quien también presenció una obra teatral sobre mediación escolar.

Durante esta visita al Centro de Desarrollo Infantil, el presidente del H. Tribunal Superior de Justicia fue acompañado por el director de Administración, Antonio Díaz Aragón, así como por la directora del Centro de Justicia Alternativa, Betzzaida Cruz Mendoza.

 

Elba Esther, Sección 22 y CNTE, juntos de nuevo en contra del PRI

No es la primera vez que se alían, pero quizá sí sea la primera ocasión en que lo hacen de forma tan abierta. Igual que en los albores del conflicto magisterial del 2006 en Oaxaca, hoy las fuerzas magisteriales leales a Elba Esther Gordillo se manifestaron a la par de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y de la Sección 22 del SNTE, por un objetivo común: rechazar la convalidación de Juan Díaz de la Torre en la presidencia nacional del sindicato magisterial. Ajenos a la historia, y echados en brazos del pragmatismo y la coyuntura, hoy esos sempiternos grupos antagónicos están nuevamente unidos.

En efecto, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha sido el grupo históricamente opositor a los que ellos mismos han denominado como el “charrismo”, o el oficialismo en el sindicato magisterial. Desde el surgimiento del movimiento magisterial en Oaxaca, en 1980, y su identificación con la Coordinadora, una de sus principales banderas ha sido la de rechazar las prácticas de entreguismo y clientela electoral que el SNTE significaron para el PRI-gobierno en aquellos años.

De hecho, la CNTE tomó fuerza y presencia en el sureste mexicano al sumar a la mayoría de los grupos radicales de la izquierda magisterial, que habían simpatizado con la lucha armada de organizaciones como la Liga Comunista 23 de Septiembre o el Partido de los Pobres, comandados en su tiempo por los maestros rurales Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos. Por eso, en Oaxaca, Chiapas y Guerrero, la Coordinadora ha sido la bisagra de todas esas organizaciones, teniendo siempre como común denominador la oposición al SNTE, a quien siempre han considerado como un aliado del PRI.

Lo cierto es que esa historia aparentemente lineal, ha estado llena de matices. Uno de ellos, acaso de los más visibles, ocurrió en 2006 en el contexto de la elección presidencial, la feroz batalla entre la maestra Gordillo y Roberto Madrazo, y la orden dada por el entonces gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz —uno de los principales operadores electorales de Madrazo— de desalojar a los maestros del plantón que mantenían en las principales calles del Centro Histórico de la capital oaxaqueña.

Quizá haya poca memoria al respecto. Pero en un hecho inédito, SNTE responsabilizó inmediatamente al gobernador Ruiz por la represión contra el magisterio oaxaqueño, y lo acusó de avivar la radicalización del movimiento para provocar una crisis mayor, al tener una actitud de “torpeza” e “irresponsabilidad”. El entonces dirigente del SNTE —y principal lugarteniente histórico de la maestra Gordillo—, Rafael Ochoa expresó que el conflicto era una apuesta a la ingobernabilidad. Y es por “un partido del viejo registro que presume tener voto duro”, remarcó.

Ese mismo 14 de junio de 2006, por la noche, en un comunicado, el SNTE condenó la violencia contra los docentes y, pese a las diferencias que sostiene con los maestros disidentes, les expresó su solidaridad “frente a la brutalidad policiaca y la insensibilidad del gobierno estatal”, y responsabilizó a Ulises Ruiz de la represión y de las consecuencias que ésta tenga en cuanto a la integridad física de sus compañeros, como en el deterioro de los servicios educativos y en la estabilidad social y política de la entidad. Incluso, en una nota de aquellos momentos del periódico La Jornada, se puede leer que Rafael Ochoa señaló que “el viejo partido aferrado al voto duro quiere provocar el voto del miedo o bien desalentar a la gente para que no salga a emitir el sufragio”.

¿Qué significaba todo eso? Un paso sustantivo en la venganza que entonces fraguaba la maestra Gordillo en contra de Roberto Madrazo. En los años previos, como líder nacional del PRI, Madrazo había expulsado del partido a la maestra Gordillo, aún siendo ésta la Secretaria General del mismo. Para su expulsión, fueron fundamentales el gobernador Ruiz, a través de varios personajes formados en Oaxaca. Por eso, el desalojo abrió un espacio de oportunidad para la maestra Gordillo, que luego cristalizó no sólo en la derrota de Madrazo, sino en el mayor descalabro electoral que ha sufrido el PRI de Oaxaca… ayudada por la Coordinadora y la Sección 22, con los que ya había trabado alianza en contra de sus adversarios en común.

ELBA Y CNTE, VS PEÑA NIETO

La historia es, contextualmente, similar. Elba Esther Gordillo fue encarcelada por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, que hoy es su enemigo igual que como en 2006 lo fue Madrazo, e incluso peor. Por eso hoy la maestra es aliada de Andrés Manuel López Obrador, y está buscando los vasos comunicantes con sus viejos aliados de oportunidad para cumplir objetivos comunes. Uno de ellos es desestabilizar a Juan Díaz de la Torre, quien la traicionó respaldado por Peña Nieto, en la presidencia nacional del SNTE.

Esto explica una movilización singular de la Sección 22: para ayer lunes convocó al 20 por ciento de sus agremiados para movilizarse en la Ciudad de México y el resto en las regiones de Oaxaca. En sintonía con Elba Esther Gordillo, la CNTE en Oaxaca fustigó la posibilidad de que el Congreso Nacional elija en asamblea a Juan Díaz de la Torre como su dirigente nacional.

De acuerdo con una nota de Quadratín Oaxaca, en la región Mixteca, los maestros comenzaron un bloqueo en ambos carriles de la carretera 135-D, a la altura de Nochixtlán. Los maestros oaxaqueños programaron una marcha en el Istmo de Tehuantepec, saliendo de tres puntos: del Canal 33 en Juchitán, de frente al Tecnológico y frente a la Biniza. En la Cuenca del Papaloapan, la marcha será del Cecyte de Tuxtepec, rumbo al centro de la ciudad. En la Costa, los docentes convocaron a la toma de plazas comerciales.

De nuevo, buscan lo mismo: la 22 ha sido una aliada silenciosa de Andrés Manuel López Obrador, a quien abiertamente no apoyan pero tampoco cuestionan. Son también coincidentes en su postura de rechazo a la reforma educativa. Y con esos dos planteamientos se ha sumado el sector que sigue siendo aliado de la maestra Gordillo, que sin aceptarlo a título personal, ya ha enviado a sus principales representantes —su yerno y su nieto— a sumarse al trabajo político en las campañas electorales de Morena en el país.

APUESTA A LA DESMEMORIA

Al final, todos buscan que pierda el PRI de Peña Nieto, y quizá con ello se cumplan las venganzas personales pero también los objetivos de largo plazo de la Coordinadora, respecto a la abrogación de la reforma educativa, que ya les dejó ver López Obrador. Para conseguirlo, queda claro que no han importado las ideologías ni los antecedentes de las viejas aversiones. Es pragmatismo puro llevado al límite, con el provecho de la falta de memoria entre la mayoría de los votantes.

El clasismo mexicano normaliza a los ‘prietos’ y los ‘fifís’, pero inhibe el auténtico intercambio de ideas

El pasado lunes, el precandidato único de Morena a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, llamó ‘pirrurris’ y ‘fifís’ a dos intelectuales mexicanos que previamente le habían criticado su renovada proclividad a las alianzas y los perdones con políticos encumbrados en escándalos de corrupción. En este ayuno de ideas, no existen debates ni argumentaciones, sino sólo adjetivos en contra del adversario. Y en este tenor, lo mismo hizo este fin de semana el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, que descalificó a los ‘prietos’ de Morena ‘porque ya no aprietan’. ¿A ese nivel de bajeza llega nuestro intercambio público?

OCHOA Tuitazo

En efecto, a López Obrador lo rebasó la crítica y el rechazo social a sus expresiones en contra de quienes ejercen, igual que él, su libertad constitucional para decir y escribir lo que piensan. Obrador se defendió diciendo que él había también ejercido su derecho a criticar a los dos intelectuales que le habían cuestionado su decisión de ‘perdonar’ a sus ex adversarios y sumarlos a su campaña (a pesar de que varios de ellos están involucrados en escándalos de corrupción), sin considerar que, si bien como ciudadano sí puede y debe tener su criterio con respecto a las demás personas, pero que su posición de aspirante presidencial lo hace distinto a la de los intelectuales, que entre sus tareas ejercen el oficio periodístico.

Como potencial gobernante —máxime, como Presidente de la República—, López Obrador sí podría quebrantar los derechos de esas dos, y todas las demás personas que pudieran tener una opinión en contra, ya que sus facultades en el ejercicio de sus responsabilidades públicas, y su poder material como Titular del Poder Ejecutivo Federal, sí podrían ser suficientes para frenar o menoscabar el ejercicio libre de un derecho constitucional, como lo es el de la libertad de expresión, y las libertades y garantías relacionadas con el ejercicio periodístico.

Quizá por ello, pocos repararon en que los ataques lanzados por López Obrador en contra de Jesús Silva-Herzog Márquez y el historiador Enrique Krauze, envolvían ese profundo desprecio y clasismo que tanto daño nos hace como mexicanos. A ambos los llamó “pirrurris’ y ‘fifís’, como tratando de establecer que desde la clase alta, la de los ‘pirrurris’ y los ‘fifís’, se le estaba intentando frenar en sus aspiraciones y en su ruta hacia la Presidencia de la República. Inmediatamente después fue más allá, asociando esos calificativos con el hecho de que ellos eran, además, ‘agentes de la mafia en el poder’.

Algo similar, aunque en su propio contexto, ocurrió este fin de semana con el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza. Tratando de ubicar la clásica posición entre buenos y malos  —como es muy común en la política nacional, aunque ello sea un sofisma eficaz pero riesgoso—, Ochoa dijo que los ‘prietos’ de Morena ‘ya no aprietan’.

Evidentemente, no se refería a los tránsfugas priistas, sino que la esencia de su comentario iba a la descalificación común entre los mexicanos, al de color de piel más oscura. Dijo ‘prietos’ por la alusión al partido de López Obrador, aunque ese descalificativo también pudo haber sido hacia los ‘indios’, hacia los ‘yopes’, o hacia los de ‘tez humilde’, como dice la gente coloquialmente refiriéndose a que los de piel oscura son más pobres, más segregados, más marginados y menos aceptados que los de tez blanca, que evidentemente es entendido, socialmente hablando, como lo contrario a quienes son por definición la clase baja por ser de piel oscura.

Así, casi de inmediato Ochoa se disculpó aunque no logró desvirtuar el hecho de que su afirmación había sido profundamente clasista, en un país que se caracteriza justamente por su enorme proclividad a la discriminación por razón de clase, aunque ello pareciera ser una forma de racismo que, paradójicamente, tiene como origen el mestizaje y nuestro reiterado afán de repudiar nuestra realidad común —para los ‘güeros’ de otros países, todos en México somos morenos, aunque con distintas tonalidades de piel—, y las circunstancias históricas sobre el origen de nuestra sociedad, que evidentemente no podemos cambiar.

CLASISMO

En primer término, vale la pena revisar qué entendemos por racismo y qué por clasismo. En el primero de los conceptos, podemos entender que racismo es la defensa del sentido racial de un grupo étnico, especialmente cuando convive con otro u otros, así como también se designa la doctrina antropológica o la ideología política basada en este sentimiento. Clasismo, por su parte, podemos entenderla como la actitud de quienes defienden la discriminación por motivos de pertenencia a otra clase social

Ahora bien, en México el clasismo es para nosotros cosa de todos los días, tanto que en muchos casos damos por sentado que la gran mayoría de las inconformidades y desencuentros que se dan en nuestra sociedad tienen como punto de partida las desigualdades sociales. Vamos, en el caso de la protesta de una comunidad en Puebla en 2014, en la que murió un menor supuestamente por una bala de goma lanzada por elementos policiacos, uno de los temas que se encuentran en el fondo es la noción de que esas, y muchas otras personas, luchan y se inconforman por pobres, y esa es la misma razón por la que las autoridades las desprecian y en lugar de atender sus problemas, deciden mandarles a la policía para que disuelva las manifestaciones.

Así, ese que es un ejemplo grave se manifiesta en otros, que son menos elevados. Nosotros los mexicanos a diario hacemos chistes, mofas, burlas y escarnio de todas aquellas personas que no pertenecen a nuestro círculo social, ya sea porque son de estratos superiores o inferiores. ¿A poco no para nosotros es cosa de todos los días burlarnos de quien tiene más, o de quien tiene menos, y por ese solo hecho nos sentimos con derecho de afirmarlo incluso públicamente? Ese clasismo es tan nocivo, al final, como el racismo que sigue prevaleciendo en otros países.

Al final, lo que queda claro es que, además de ser prácticas inaceptables entre los políticos, y entre todas las personas, esto nos revela cuán degradado está el intercambio público. Al no haber capacidad de argumentar de manera sustantiva, se recurre a las falacias ad hóminem que no tienen otra finalidad que descalificar al adversario como persona. Este es un artificio más que nos distrae del fondo de una contienda tan importante como en la que se definirá la Presidencia de la República.

DESCALIFICACIONES MORENAS

Lo curioso es cuando los militantes disfrazados del llamado ‘pueblo bueno’ también ejercen esas prácticas: ¿cuántos apodos, comparaciones, burlas y descalificaciones se ha llevado José Antonio Meade por el vitíligo que padece? ¿A poco por ser priista no tiene derecho a no ser discriminado? Eso es tan grave, y tan cotidiano y vilmente aceptado, como los que le dicen ‘fifís’ a sus adversarios, o los que intentan descalificarlos diciéndoles ‘prietos que no aprietan’. Prácticas miserables.

Reelección de alcaldes y legisladores: un primer corte de caja en los comicios de 2018

0

Aunque ha sido poco comprendido, el mayor aliciente para la apertura a la reelección inmediata de legisladores y autoridades municipales, es que éstos ejerzan su cargo con mayor diligencia y eficacia que cuando no podían reelegirse de manera consecutiva. A pesar de esa intención, en realidad hay pocos indicios aún de cuán efectivo fue esa invitación a una mayor eficacia y honestidad, en un contexto en el que el país entero está inundado por la corrupción, y en el que en realidad tampoco existen antecedentes de una evaluación ciudadana a la gestión, traducida en votos.

En efecto, la última reforma político electoral nacional, estableció como uno de sus principales temas la posibilidad de que los legisladores y los alcaldes pudieran reelegirse de forma inmediata. Esto generó un falso debate respecto a si esa modificación constitucional en realidad era el preámbulo para una reforma posterior en la que se estableciera la reelección consecutiva de gobernadores y Presidente de la República, cuando lo importante era que dicha modificación fuera vista y entendida como una conminación a la eficacia en las tareas de gobierno y legislativas, ya que esta sería la mejor puerta para una reelección inmediata.

Dicha intención en realidad ha permeado muy poco, a partir de que en México no tenemos una cultura política sólida respecto a la reelección; porque más bien estamos acostumbrados a tratar ese tema como un fantasma sombrío para el sistema político, y no como una de las muchas herramientas de las que se puede allegar la democracia para fomentar ejercicios de gestión pública más eficaces y menos demagogos; e incluso, esta idea ha sido poco difundida porque en realidad la mayoría de los partidos y candidatos quisieran seguir teniendo los amplios márgenes de libertad y de evasión a la evaluación, gracias a la prohibición de la reelección inmediata.

Por si todo esto fuera poco, la democracia representativa en general, se ve permanentemente asediada por las diversas prácticas de corrupción que rondan alrededor de los procesos electorales, y del ejercicio del sufragio. Existe una larguísima —y oprobiosa—tradición en México de que toda votación está siempre sometida a la posibilidad de que se realicen prácticas de compra o cooptación del voto. Incluso en los procesos electorales más vistos y vigilados ocurren este tipo de prácticas. Y en ese contexto de amaños y torceduras electorales, resulta una doble tentación viciar el resultado de una votación cuando existe el aliciente —en este caso convertido en un incentivo perverso— de la reelección consecutiva para algunos cargos.

Por eso, en dicho contexto, el establecimiento de la reelección consecutiva de alcaldes y legisladores debiera haber sido un acicate para el fortalecimiento de los procesos electorales y la cultura democrática, y no para la perpetuación de los vicios particularmente conocidos entre las autoridades municipales, que son de las más cuestionadas y corruptas que existen en el país. En el caso de los legisladores, éstos han mantenido una fama sostenida como improductivos y costosos. Cambiar eso pasa por el fortalecimiento de la cultura del sufragio, y sobre todo por el “temor” a la evaluación inmediata que los propios ciudadanos pueden hacer sobre su gestión.

¿TRIUNFO DE LOS BRIBONES?

La prohibición de la reelección consecutiva de legisladores, fue parte de un círculo vicioso cuidadosamente calculado por el régimen priista desde los tiempos de su conformación. Pues si revisamos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tal y como fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917, podremos darnos cuenta que ahí no venía contenido el principio de la irrelegibilidad relativa que hasta hace unas semanas pesó sobre los legisladores federales y locales.

Más bien, ese principio de la irregilibilidad relativa de los legisladores fue establecido hasta 1933, ya en los tiempos del priismo hegemónico. Las razones del establecimiento de dicho principio para los diputados y senadores las daba, en un artículo publicado en El Universal en diciembre de 2009, el ahora presidente del INE, Lorenzo Córdova. El también académico de la UNAM apuntaba: “Esa prohibición (…) en vez de tener una justificación democrática, buscó entonces fortalecer el poder de la omnímoda figura presidencial, incrementando las capacidades de decisión y de control que le daba el ser el ‘jefe nato’ del partido oficial y por ello la prerrogativa de ‘palomear’ a los candidatos a cargos electivos postulados por el mismo. En efecto, la imposibilidad de reelección sucesiva, además de inducir un forzado recambio en la élites gobernantes, permitía al presidente controlar el destino de prácticamente todos los políticos que, lejos de deberle el encargo a sus electores, se debían a la generosa y magnánima voluntad presidencial (detrás de la que se escondía un férreo control político).”

Hoy dicho principio está relativamente derogado. Sin embargo, ante la apertura de la reelección legislativa tenemos que ver si ese no es en realidad el triunfo de los bribones. Sí, de todos aquellos que le apuestan a la ingeniería electoral y a la debilidad institucional que permite que una elección se decida a través de maquinaciones que generan votaciones artificiales. Si a nivel federal la conversión del IFE en INE tiene como uno de sus objetivos de fondo que dé a la ciudadanía la certeza de la erradicación de dichas prácticas, eso se multiplica en los escenarios locales.

Aquí en Oaxaca, como en todo el país, el reto fundamental radicará en no permitir que los bribones sean los que se sirvan de la reelección consecutiva, sino que verdaderamente sean los hombres y mujeres que demuestren trabajo y voluntad en el Poder Legislativo. Para eso, un reto previo es que todos incrementen su productividad, pues aunque no lo creamos hay diputados que sólo han presentado una o dos iniciativas por la buena colaboración de su fracción parlamentaria, e incluso hay casos de diputados que no han subido a la tribuna ni siquiera para un posicionamiento.

QUE LOS DERROTE LA EVALUACIÓN

Por esa razón, si algo debiera derrotar a los malos legisladores y a los alcaldes ineficientes y corruptos, en este nuevo contexto, esto tendría que ser la propia evaluación de los ciudadanos manifestada en las urnas. Es un tema de la mayor trascendencia para hacer que esta importante reforma valga y no sea, como hemos apuntado, el triunfo de los bribones que se aprovechan de la manipulación del voto para hacer de la reelección, un coto oprobioso de poder en contra de la democracia.

Bolaños cacho visita los juzgados de Tlacolula y Centro de Justicia de Tanivet

0

Exhorta al personal a sumarse a los cursos de capacitación que imparten la Escuela Judicial para formar nuevos cuadros en  oralidad civil, familiar y laboral que entrarán en operación este año

El Poder Judicial de Oaxaca requiere de infraestructura humana para enfrentar los nuevos sistemas que entrarán en operación este año, como lo es la oralidad civil, familiar, así  como laboral, dijo el H. Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Raúl Bolaños Cacho al exhortar al personal de los juzgados Civil y Penal que se ubican en Tlacolula de Matamoros a inscribirse en los cursos de capacitación  que imparte la  Escuela Judicial.

Bolaños Cacho recorrió este jueves el juzgado Civil  y el juzgado Penal en donde también hizo acto de presencia la titular del juzgado Mixto de Yautepec. De igual forma visitó el Centro de Justicia que se localiza en  Tanivet, próximo a entrar en operación.

El Magistrado Presidente inició su visita en el Juzgado Primero Civil donde fue recibido por la jueza, María de Lourdes Hernández Enríquez. Ahí, Bolaños Cacho los invitó a conocer las bondades de la oralidad mercantil que entró en operación el 25 de enero y anunció que en fecha próxima se instalarán salas en la materia en Salina Cruz, Huajuapan y Puerto Escondido. En Oaxaca ya existe una sala oral en los juzgados civiles y familiares del ExMarquesado, señaló.

Luego de externar las necesidades de ese juzgado, la titular María de Lourdes informó al Presidente que dos de sus compañeros están tomando cursos de capacitación en la Escuela Judicial y ella hace lo propio en la oralidad mercantil.

Más tarde, en el juzgado Penal, el juez Manuel Chávez Aguilar y la titular del Juzgado Mixto de Yautepec, Adriana Méndez Cervantes agradecieron la visita de Bolaños Cacho y le expusieron sus necesidades, como equipos de cómputo nuevos.

A su vez, Bolaños Cacho les reiteró su llamado para que formen  parte de los nuevos cuadros de abogados que a través de la capacitación, escalen para ocupar cargos en el Poder Judicial.

Finalmente, Bolaños Cacho recorrió el Centro de Justicia que se ubica en Tanivet el cual entrará en operación en fecha próxima. El inmueble de dos niveles tiene ocho salas de oralidad penal, área administrativa, sala de junta y está considerado como uno de los complejos de primer orden.

En este recorrido acompañaron al magistrado Raúl Bolaños Cacho,  el director de Infraestructura Judicial, Rafael Vergara Rodríguez y el Visitador General, Roberto López Sánchez.

¿Por qué seguimos sin ver a la capital oaxaqueña como una auténtica zona metropolitana?

1

Algunos toman como anécdota un estudio publicado recientemente en el que se señala que Oaxaca es la ciudad con la velocidad promedio de tránsito de vehículos más lenta del mundo. Quién sabe si en realidad nuestra capital ocupe ese sitio en una escala mundial, pero lo que sí es cierto es que enfrenta graves problemas de movilidad debido a la falta de la visión y el proyecto para ser considerada —y sus problemas abordados— como una zona metropolitana. Mientras esto no ocurra, no sólo la movilidad sino todas las condiciones de la capital continuarán deteriorándose.

En efecto, el martes el periódico Milenio publicó una nota en la que se refiere que, de acuerdo con el índice global Inrix, Oaxaca es la ciudad con la velocidad promedio más lenta en el mundo en horas pico, con 5.9 kilómetros por hora, similar a la velocidad promedio de una persona al caminar, cuando el promedio del resto de ciudades se ubica en 14.4 kilómetros por hora.

Según la publicación, el Índice Inrix es el mayor estudio de su tipo en el mundo, elaborado con big data para analizar el impacto de la congestión en 38 países en cinco continentes y mil 360 ciudades, de las cuales 82 son mexicanas. El estudio también destacó que entre 2016 y 2017 la Ciudad de México mejoró cuatro posiciones y repitió como la cuarta con peor tráfico en América Latina. El promedio de tiempo pasado en las horas pico al año también descendió al pasar de 61.5 a 58 horas. Atrás de la capital del país siguen Matamoros, Guadalajara, Tijuana, Tula y Monterrey como las más congestionadas.

Ahora bien, esta información es relevante por la trascendencia que tiene la capital oaxaqueña no sólo para sus habitantes, sino para todos los que, o vivimos o trabajamos o transitamos, diariamente por ella. Y es que si una capital es la ciudad que tiene la preeminencia en los campos social, cultural, económico o de otra índole en un Estado, en nuestro caso Oaxaca de Juárez es la ciudad más importante de la entidad no sólo porque aquí se concentra la mayor actividad administrativa, económica y política de la entidad, sino también porque a diferencia de casi todos los demás estados (en los que existen por lo menos dos o tres ciudades de similar importancia que su capital), en Oaxaca no existe otra población con un nivel de desarrollo similar al de la capital.

Esto significa un reto de multiplicadas dimensiones para la capital oaxaqueña. Pues en primer término, el hecho de que en la entidad no haya otra ciudad con un desarrollo e importancia similar al de Oaxaca de Juárez, no significa que ésta última sea una ciudad desarrollada o con sus problemas urbanos, sociales, económicos y administrativos ya resueltos.

Y si esto es en sí mismo grave, todo se acentúa cuando reparamos en el hecho de que hoy el rumbo que lleva toda la zona metropolitana de Oaxaca es de total abandono e indolencia frente a sus problemas. Hace muchísimo tiempo que la capital no cuenta con un proyecto urbano, con obras de gran calado, e incluso con orden. Y ese es el ingrediente fundamental de los problemas agravados que hoy enfrenta.

NO HAY PROYECTO

En Oaxaca de Juárez no ha habido proyecto, y por eso todos los que han sido presidentes municipales en los últimos lustros han venido a hacer únicamente lo que se les ha ocurrido. Cada uno de ellos, al margen de su extracción partidista, su formación personal o profesional o sus intereses políticos, ha prometido reinventar la capital, sacarla de sus problemas y llevarla a una situación de mejoría, aunque lo único que han logrado es profundizar los conflictos que aquí se padecen.

Y es que Oaxaca enfrenta problemas muy concretos. Por ejemplo, tiene graves problemas de inseguridad que siguen sin ser resueltos. Tiene también un grave problema de rezago en su planeación urbana y en el desarrollo de alternativas para las vialidades, peatones, ciclistas y automovilistas. El transporte público es una asignatura prácticamente anulada; hay un conjunto enorme de problemas de salud pública que a nadie le importa resolver. Y, por la combinación del desinterés, la incapacidad y la desidia a la hora de enfrentar a los poderes fácticos, aquí los giros negros, el ambulantaje, la pillería y hasta la delincuencia organizada han tomado el control de la vía pública en casi todas sus vertientes.

Es gravísimo, por ejemplo, que en Oaxaca de Juárez no haya control de las zonas públicas, los parques, los jardines, las banquetas, las plazas públicas y hasta las calles. Unas pertenecen a los ambulantes, otras a la prostitución, algunas más a los giros negros. Y qué decir de todos los espacios que se encuentran en manos de grupos o personajes oscuros que quieren todo menos el imperio del orden.

El otro gran problema que enfrenta Oaxaca es que sus problemas se han extendido en la misma proporción que ha crecido la capital y se ha ido internando en los mal llamados municipios conurbados. Hoy muchos de esos problemas antes descritos son una preocupación ya no sólo de quienes habitan la capital, sino también de quienes viven en los más de veinte municipios que son considerados ya como parte de lo que debería ser una zona metropolitana de Oaxaca, pero que por la misma visión corta de las autoridades (y la mediocre exigencia de los ciudadanos) no han dejado de ser sino anexos a la ciudad, que bien podrían ser su patio trasero.

¿A poco no Xoxocotlán, Santa Lucía del Camino, Yatareni, Tlalixtac o San Jacinto Amilpas, tienen una importante “actividad económica” basada en todo lo que no puede hacerse de forma abierta en la capital? ¿A poco no en muchos de esos municipios se encuentran muchos de los problemas de prostitución, giros negros, venta de sustancias prohibidas y demás que no pueden existir de forma franca en Oaxaca de Juárez?

Sobre todo esto, ¿qué propuesta de solución tienen los que aspiran a ser autoridades municipales tanto en la capital como en los municipios “conurbados”? Porque lo fácil es decir que “Vamos por Oaxaca” (o alguna de esas frases cargadas de demagogia, aunque vacías en cuanto a contenido) pero sin tener una noción clara de qué se debe hacer para resolver sus problemas.

DEMAGOGIA

De hecho, se dijo que uno de los problemas más graves de movilidad de la capital se resolverían con el sitibús, y sin embargo éste es otro proyecto que está detenido y en el que una inversión millonaria parece estar condenada al fracaso. Y aunque es útil el distribuidor vial de Cinco Señores, su construcción significó un trauma tan profundo para la ciudadanía, que nadie quiere intentar una obra como esa. Así, si no hay interés ni capacidad de generar proyectos viables, entonces sí encuentra explicación el hecho de que Oaxaca es la ciudad con el tránsito vial más lento del país, y quién sabe si del mundo.